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  "id": "nexus-sen-1-0004-1246448",
  "citation": "Res. 01079-2024 Sala Primera de la Corte",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Improcedencia de indemnización en limitaciones a propiedad por zona de protección de naciente",
  "title_en": "No Compensation for Property Restrictions Due to Water-Spring Protection Zone",
  "summary_es": "La Sala Primera rechaza de plano el recurso de casación por falta de fundamentación y técnica casacional. La actora solicitó indemnización por limitaciones a su propiedad derivadas de una zona de protección de naciente, que impedía construir. El Tribunal Contencioso Administrativo declaró sin lugar la demanda, considerando que las restricciones ambientales son legítimas, de orden público y no generan derecho indemnizatorio. La Sala Primera confirma que los propietarios deben soportar las limitaciones ambientales, sin que corresponda indemnización.",
  "summary_en": "The First Chamber summarily dismisses the cassation appeal due to lack of proper legal argumentation. The plaintiff sought compensation for property restrictions resulting from a water-spring protection zone that prevented construction. The Administrative Court denied the claim, holding that environmental restrictions are legitimate, of public order, and do not give rise to a right to compensation. The First Chamber affirms that property owners must bear environmental limitations without indemnification.",
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  "date": "14/08/2024",
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    "Ley Forestal Art. 33",
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    "orden público ambiental"
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    "Municipalidad de Montes de Oca",
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  "excerpt_es": "Luego, citó con amplitud, el tema de la limitación del derecho de propiedad derivada de la protección forestal a la luz del numeral 33 de la Ley Forestal, la cual establece una limitación de alcance general al derecho de propiedad, que instituye una afectación derivada de la necesidad de conservar un radio de cien metros de toda naciente. Resaltaron los jueces, es la protección superior del medio ambiente, lo que genera la limitación al derecho de propiedad, norma que es de orden público y pesan por encima de cualquier interés individual y por ello deben ser soportadas por todo propietario.\n\nAl existir una identificación técnica de la naciente de agua, respecto de la actora, estimaron los jueces, las limitaciones impuestas se encuentran justificadas; de ahí que la denegatoria no lleva aparejado un derecho de indemnización. Tampoco es procedente la orden de inicio de diligencias expropiatorias, debido a que se trata de extremos que escapan de la potestad jurisdiccional; al estar reservado a la discrecionalidad administrativa que goza la municipalidad.",
  "excerpt_en": "The judges then broadly addressed the issue of the limitation of property rights arising from forest protection under Article 33 of the Forestry Law, which establishes a general limitation on property rights by requiring conservation of a 100-meter radius around any water spring. They emphasized that the superior protection of the environment gives rise to this limitation on property rights, a norm of public order that prevails over any individual interest and must therefore be borne by every property owner.\n\nSince there was a technical identification of the water spring affecting the plaintiff, the judges found the imposed limitations justified; therefore, the denial does not entail a right to compensation. Nor is an order to initiate expropriation proceedings appropriate, because such matters fall outside the court's jurisdiction and remain within the administrative discretion of the municipality.",
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    "summary_es": "La Sala Primera rechaza de plano el recurso de casación por deficiencias de técnica casacional, confirmando la improcedencia de la indemnización y del permiso de construcción en zona de protección de naciente."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Primera de la Corte\n\nResolución Nº 01079 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 14 de Agosto del 2024 a las 14:00\n\nExpediente: 17-012363-1027-CA\n\nRedactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga\n\nClase de asunto: CONOCIMIENTO\n\nAnalizado por: SALA PRIMERA\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 17-012363-1027-CA\n\n \n\nRes. Nº 001079-S1-2024\n\n \n\nSALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cero minutos del catorce de agosto de dos mil veinticuatro .\n\n Proceso de conocimiento establecido ante la sección quinta del Tribunal Contencioso Administrativo, integrado por los jueces Alex Rojas Ortega, Marianella Álvarez Molina y Sergio Mena García. Promovido por la señora Berzabeth Arce Castro, representada por su apoderado especial judicial el licenciado Gerardo Morales Valverde contra la Municipalidad de Montes de Oca, cuya representación la ostenta el señor Marcel Soler Rubio, con la intervención de su apoderada especial judicial la licenciada Sionney Bolívar Wong. Figura como representante de este último, el licenciado Diego Moya Meza. El primero formula recurso de casación en contra de la sentencia no. 104-2020 de las 8:15 horas del 6 de noviembre de 2020.\n\nRedacta el magistrado Rivas Loáiciga\n\nCONSIDERANDO\n\nI.-A la luz de los hechos que se tuvieron por demostrados, consta que, en el año 2006 la señora Berzabeth Arce Castro, por medio de un proceso sucesorio notarial, se adjudicó la finca identificada con la matrícula 486059-000 ubicada en la provincia de San José, cantón de Montes de Oca; en cuyo momento se describió el fundo con una medida de 180 metros cuadrados. Sin embargo, en el año 2008, la señora Arce Castro comparece ante notaría pública, a fin de rectificar medidas y linderos de su inmueble; donde se modifica esa medida a 178,61 metros cuadrados, constando también en el plano catastrado. Posteriormente, mediante certificado de uso de suelo, emitido por la Municipalidad de Montes de Oca, conforme con el Plan Regulador, se declaró compatible con la construcción de vivienda a la finca de doña Berzabeth. Pese a esa posibilidad, a esta última no le fue posible por razones personales construir una vivienda en su fundo. Por ello, en el año 2011, plantea un nuevo trámite, pero esta vez se le comunica, que el uso del suelo no es compatible con la construcción, en razón de que la propiedad se encuentra afectada por los 100 metros radiales de retiro a una naciente. Así lo indicó también, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. Doña Berzabeth, reitera su consulta a la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad sobre el impedimento para construir una casa prefabricada, y esta le explica que no es posible emitir ningún permiso de construcción, en razón de que la propiedad se encuentra afecta a una zona de protección de naciente de carácter permanente. En este caso, la señora Arce Castro, impugna tales decisiones, pero le son rechazadas. Es así que decide plantear un reclamo administrativo, ante el municipio de cita, donde exige ser indemnizada en razón de que se dio un aumento unilateral de dos metros en el área de las aceras, así como por el impedimento para construir dentro del inmueble y gozar de su propiedad. En respuesta a ese reclamo, el Jefe de Catastro y Topografía del referido gobierno local, por oficio de fecha 2 de agosto de 2018, señala que se hizo un estudio histórico del inmueble, con el que se determina que el área de ese fundo, fue rectificada en disminución por la propia actora, mediante escritura pública del 30 de mayo de 2008. Con ese marco referencial, doña Berzabeth, decidió traer a estrados judiciales a la Municipalidad de Montes de Oca, aduciendo que no puede disfrutar de su propiedad pues se le han impuesto limitaciones tanto para construir como para gozar de su inmueble. Exige en lo de interés, se le indemnice por la desposesión y expropiación en su propiedad, que se le otorgue el permiso de construcción pertinente, se le compense por el daño moral que se le ha causado y se le reconozcan las costas de esta litis. El municipio contestó de manera negativa y opuso la excepción de falta de derecho. El Tribunal al resolver ofreció una amplia sustanciación, refiriéndose a las limitaciones al derecho de propiedad en razón del interés social a la luz del numeral 45 de la Constitución Política y de la naturaleza intrínseca de la regulación y modulación de los derechos fundamentales, según lo ha resuelto la Sala Constitucional. Luego, citó con amplitud, el tema de la limitación del derecho de propiedad derivada de la protección forestal a la luz del numeral 33 de la Ley Forestal, la cual establece una limitación de alcance general al derecho de propiedad, que instituye una afectación derivada de la necesidad de conservar un radio de cien metros de toda naciente. Resaltaron los jueces, es la protección superior del medio ambiente, lo que genera la limitación al derecho de propiedad, norma que es de orden público y pesan por encima de cualquier interés individual y por ello deben ser soportadas por todo propietario. En la especie, resaltaron, se trata de un inmueble que se encuentra afectado por la zona de protección de naciente de carácter permanente, según lo indicó tanto la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, cuanto la oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Montes de Oca; y es por ello, que la solicitud de uso de suelo fue declarada incompatible con la normativa del Plan Regulador. Al existir una identificación técnica de la naciente de agua, respecto de la actora, estimaron los jueces, las limitaciones impuestas se encuentran justificadas; de ahí que la denegatoria no lleva aparejado un derecho de indemnización. Tampoco es procedente la orden de inicio de diligencias expropiatorias, debido a que se trata de extremos que escapan de la potestad jurisdiccional; al estar reservado a la discrecionalidad administrativa que goza la municipalidad. También, se refirieron los jueces a la regulación urbanística, explicando que son de orden público y someten al administrado a ciertas obligaciones, bajo el entendido de que no producen despojo ni privación del atributo de dominio; de ahí que no den cabida a indemnización alguna ni trámite expropiatorio. Con respecto a los certificados de uso de suelo, los jueces hicieron mención del contenido de los artículos 28 y 24 de la Ley de Planificación Urbana; en el entendido de que se trata de un acto administrativo que por su naturaleza incide en la esfera jurídica del administrado, el cual puede enunciar la existencia de limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. En cuanto al fundo en discusión, explicaron los jueces que si bien en el año 2008, se declaró el uso de suelo compatible con la construcción de la vivienda, es claro que tres años después ya habían variado las condiciones y ya existía conocimiento de la existencia de la naciente que afectaba la propiedad de doña Berzabeth. Así, esa variación en el criterio municipal, lo estimó el Tribunal legítimo pues cuando se volvió a pedir la autorización para construir, ya existía una ubicación geo-referenciada de la naciente que afectaba la casa de la actora. En cuanto a un posible trato desigual y existencia de otras construcciones en el lugar donde está la propiedad de la accionante, explicaron que no se cuenta con parámetros objetivos para establecer si estos resultan sustancialmente contrarios a derecho. Tampoco que la municipalidad haya aprobado solicitudes de suelo en esas colindancias o si existen permisos aprobados antes de la existencia de la naciente. Sumado a lo anterior, quedó demostrado que la propia actora rectificó a menos la medida de su propiedad y en ese caso no podría atribuirse responsabilidad alguna a la administración demandada. Por lo tanto, al no acreditarse conducta administrativa discriminatoria, ni ilegítima, ni inconstitucional no hay tampoco nexo causal que justifique el otorgamiento de un daño moral. En esa línea, declaró el Tribunal la falta de derecho incoada, sin lugar la demanda en todos sus extremos y sin especial condenatoria en costas.  Inconforme la actora con lo resuelto, recurre.\n\nII.-Plantea una serie de alegatos que agrupa en una sola censura. De inicio, aduce sentirse inconforme con la manera como el municipio accionado contestó la demanda. En su criterio, la contestación de esta incumple los deberes de una respuesta formal, con lo que se incurre en un quebranto del numeral 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Luego, dice, la sentencia no tiene fundamentación y es contradictoria. Menciona que no fue valorada una prueba fundamental, referida a un reconocimiento judicial, donde podía verificarse que había apartamentos construidos no por fuera de los cien metros de la naciente. Insiste en sentirse discriminada, porque asegura que todos los demás construyeron con  la venia de la Municipalidad. Dice ser la legítima dueña del inmueble en cuestión y asegura que fue ese gobierno local el responsable de la disminución de su área. Todos los deponentes, expresa, indicaron que el único lote sin construir es el suyo. Se refiere al contenido de los numerales 15 de la Ley de Planificación Urbana y 169 de la Constitución Política. Señala,  el lote heredado es uno de los fundos que están frente a la urbanización Andrómeda, lugar que cuenta con un plan de desarrollo urbano, autorizado por todas las autoridades competentes en la materia y es la única en la cuadra que no disfruta de su propiedad. Se le privó del usufructo, reprocha. Critica, la sentencia se queda solo con el enunciado de que el interés supremo está por encima del derecho individual y olvida la parte donde debe establecerse una situación justa de la desposesión o limitación; sea la indemnización. Las acciones que legitimaron las decisiones impugnadas no se aplicaron conforme lo prevé el numeral 14 constitucional, al no aplicarse el procedimiento apropiado. Dice, la sentencia es contradictoria, pues insiste en que debe ser indemnizada. Reprocha, son 16 años de frustración, de no poder desarrollar el potencial de su propiedad, por lo que se ha visto en la necesidad de incomodar a su hermano. Exige se le indemnice por el daño moral subjetivo que le ha sido ocasionado.\n\n III.- En lo que atañe a la admisibilidad del recurso, esta Cámara ha sido enfática en que el recurrente debe cumplir con una debida técnica casacional al momento de exponer sus argumentaciones; ello al amparo de lo que postula el artículo 139 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Quien recurre, debe explicar con claridad y precisión en qué consiste el agravio. Si hubo quebranto directo de ley, es preciso que exprese no sólo cuál norma se vio indebidamente interpretada o inaplicada, sino que debe combatir jurídicamente la sentencia. Al igual que en el caso anterior, si lo que se acusa son vicios indirectos, el casacionista debe citar la norma de fondo que fue transgredida con la decisión que se impugna, puntualizar cuál fue la incorrección cometida por el Tribunal y la trascendencia de ese yerro en el dispositivo del fallo. A tono con lo dicho, el recurso de casación en general contiene exigencias elementales, sin cuya observancia resulta imposible para esta Cámara ingresar al análisis de los agravios invocados. El recurso debe bastarse así mismo. Ello significa que el objetante debe puntualizar y precisar en qué consiste su reclamo; pues no le corresponde a este órgano colegiado llevar a cabo una labor interpretativa a fin de desentrañar el reparo y establecer que fue lo que quiso decir el inconforme. Así, para que la impugnación sea objeto de análisis, requiere de una explicación puntual de los motivos del recurso acompañada de los correspondientes combates a la sustanciación que contenga la resolución que se impugne; sin ello, resultaría imposible para esta Sala determinar un yerro si no se evidencia con base en la técnica comentada.\n\nIV-En la especie, aprecia esta Cámara que el recurso planteado, a tenor de lo indicado en el considerando anterior, no logra superar la etapa de admisibilidad en razón de que carecen de la fundamentación debida. El recurso es abiertamente informal. El objetante viene a esta sede con una impugnación carente de sustanciación, sin un combate efectivo de la sentencia y sin evidencia alguna de la existencia de incorrecciones en el fallo controvertido. Recrimina aspectos del proceso que se encuentran absolutamente precluidos como las incorrecciones que acusa existieron en la contestación de la demanda. Lo que ofrece es una exposición de corte subjetivo, que impide por completo determinar si hubo o no alguna equivocación con lo decidido. Del resumen que consta en el primer considerando de esta resolución y de los reclamos expresados por la quejosa, resulta evidente el divorcio que existe entre la amplia sustanciación ofrecida por los jueces y los planteamientos esgrimidos en el recurso. Se hace patente la ausencia de referencia y combate por parte de la inconforme, en torno a los planteamientos que hicieron los sentenciadores. Estos últimos fueron claros en explicar las razones por las cuales no procedía la autorización de construcción, la ausencia de prueba para determinar si existió o no una conducta discriminatoria y la evidente participación de la actora en la rectificación a menos de su heredad. Ninguno de esos sustentos, se combaten por parte de la quejosa. Menciona una serie de normas jurídicas que aduce vulneradas, sin explicar qué relación tiene su contenido con lo decidido en sentencia. Cuestiona la revisión de un elemento probatorio, sin mencionar en momento alguno, norma que por el fondo haya sido vulnerada y sin fundamentar debidamente el cargo. Califica el fallo de contradictorio, sin indicar en qué residenció ese vicio. Insiste en que fue discriminada. No se advierte en momento alguno, alegación fundamentada que logre desvirtuar lo decidido. Se presenta a esta sede, un recurso carente de congruencia, argumentación y claridad. Son reiterados los pronunciamientos de esta Sala en torno a que el objetante debe ser claro y preciso en sus planteamientos. Además, que no basta con acudir a esta sede con planteamientos subjetivos inconducentes o críticas en torno a la justicia del caso, los cuales resultan estériles para la verificación de una posible equivocación o vicio en el fallo controvertido. En la especie, no hay forma de determinar error alguno, o al menos determinar que quiso decir la inconforme. Así, se trata de un recurso, sin el más mínimo fundamento que conforme con el cardinal 140.c, debe ser rechazado de plano.\n\nV.- En consecuencia, ante la informalidad evidenciada, lo correspondiente es el rechazo de plano de la impugnación.\n\nPOR TANTO\n\n Se rechaza de plano el recurso.  ATREJOSA\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nLuis Guillermo Rivas Loaiciga\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nRocío Rojas Morales\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Leiva Poveda\n\n\n\n\nCarlos Guillermo Zamora Campos\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nMaria Rosa Castro Garcia\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n BNHWPIPD23I61\n\nTeléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:39:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "*17-012363-1027-CA*\n\nExp: 17-012363-1027-CA\n\nRes. No. 001079-S1-2024\n\nSALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours zero minutes on the fourteenth of August, two thousand twenty-four.\n\nOrdinary proceeding (Proceso de conocimiento) established before the fifth section of the Tribunal Contencioso Administrativo, composed of Judges Alex Rojas Ortega, Marianella Álvarez Molina, and Sergio Mena García. Filed by Mrs. Berzabeth Arce Castro, represented by her special judicial attorney-in-fact, Lic. Gerardo Morales Valverde, against the Municipalidad de Montes de Oca, whose representation is held by Mr. Marcel Soler Rubio, with the intervention of her special judicial attorney-in-fact, Lic. Sionney Bolívar Wong. Acting as representative of the latter is Lic. Diego Moya Meza. The former files a cassation appeal (recurso de casación) against judgment no. 104-2020 of 8:15 a.m. on November 6, 2020.\n\nJudge Rivas Loáiciga drafts.\n\nCONSIDERANDO\n\nI.- In light of the facts that were taken as proven, it is recorded that, in 2006, Mrs. Berzabeth Arce Castro, through a notarial probate proceeding (proceso sucesorio notarial), was awarded the property identified with registration number (matrícula) 486059-000, located in the province of San José, canton of Montes de Oca; at which time the property was described as measuring 180 square meters. However, in 2008, Mrs. Arce Castro appeared before a notary public to rectify the measurements and boundaries of her property; where that measurement was modified to 178.61 square meters, which was also recorded on the cadastral plan. Subsequently, by means of a land-use certificate (certificado de uso de suelo), issued by the Municipalidad de Montes de Oca, in accordance with the Regulatory Plan (Plan Regulador), Mrs. Berzabeth's property was declared compatible with residential construction. Despite that possibility, the latter was unable, for personal reasons, to build a dwelling on her property. Therefore, in 2011, she initiated a new procedure, but this time she was informed that the land use is not compatible with construction, because the property is affected by the 100 radial meters of setback from a spring (naciente). The Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía also stated this. Mrs. Berzabeth reiterated her inquiry to the Municipal Office of Environmental Management (Oficina de Gestión Ambiental) about the impediment to building a prefabricated house, and it explained that it is not possible to issue any construction permit, because the property is affected by a permanent spring protection zone (zona de protección de naciente). In this case, Mrs. Arce Castro challenged those decisions, but they were rejected. She thus decided to file an administrative claim before the cited municipality, where she demanded compensation because there was a unilateral increase of two meters in the sidewalk area, as well as for the impediment to build on the property and enjoy her property. In response to that claim, the Head of Cadastre and Topography of the aforementioned local government, by official letter dated August 2, 2018, indicated that a historical study of the property was conducted, which determined that the area of that property was rectified downwards by the plaintiff herself, by public deed dated May 30, 2008. With that frame of reference, Mrs. Berzabeth decided to bring the Municipalidad de Montes de Oca to judicial court (traer a estrados judiciales), arguing that she cannot enjoy her property because limitations have been imposed on her, both for building and for enjoying her property. She demands, as relevant, to be compensated for the dispossession and expropriation of her property, that the pertinent construction permit be granted to her, that she be compensated for the moral damages (daño moral) caused to her, and that the costs of this litigation be awarded to her. The municipality answered negatively and raised the defense (excepción) of lack of right (falta de derecho). The Tribunal, upon deciding, offered an extensive substantiation, referring to the limitations on property rights (derecho de propiedad) due to social interest in light of article 45 of the Constitución Política and the intrinsic nature of the regulation and modulation of fundamental rights, as resolved by the Sala Constitucional. It then extensively cited the issue of the limitation on property rights derived from forest protection in light of article 33 of the Forest Law (Ley Forestal), which establishes a limitation of general scope on property rights, instituting an encumbrance derived from the need to conserve a radius of one hundred meters from every spring. The judges emphasized that it is the superior protection of the environment that generates the limitation on property rights; a norm that is of public order (orden público) and prevails over any individual interest, and therefore must be borne by every owner. In the specific case, they highlighted that it involves a property that is affected by the permanent spring protection zone, as indicated by both the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía and the Office of Environmental Management of the Municipalidad de Montes de Oca; and it is for this reason that the land-use application was declared incompatible with the Regulatory Plan regulations. Since there is a technical identification of the water spring, with respect to the plaintiff, the judges considered that the imposed limitations are justified; hence the denial does not carry a right to compensation. Nor is the order to initiate expropriation proceedings appropriate, because these are extremes that fall outside the jurisdictional power (potestad jurisdiccional); being reserved to the administrative discretion (discrecionalidad administrativa) that the municipality enjoys. The judges also referred to urban planning regulation, explaining that they are of public order and subject the administered party to certain obligations, under the understanding that they do not produce dispossession or deprivation of the attribute of ownership (atributo de dominio); hence they do not give rise to any compensation or expropriation procedure. Regarding the land-use certificates, the judges mentioned the content of articles 28 and 24 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana); with the understanding that it is an administrative act that by its nature affects the legal sphere of the administered party, which may state the existence of limitations on the exercise of property rights. Regarding the property in dispute, the judges explained that although in 2008 the land use was declared compatible with residential construction, it is clear that three years later the conditions had already changed and there was already knowledge of the existence of the spring affecting Mrs. Berzabeth's property. Thus, the Tribunal considered that variation in the municipal criterion to be legitimate, because when construction authorization was requested again, there already existed a geo-referenced location of the spring affecting the plaintiff's home. Regarding a possible unequal treatment and the existence of other constructions in the place where the plaintiff's property is located, they explained that there are no objective parameters to establish whether these are substantially contrary to law. Nor that the municipality has approved land-use applications in those adjoining properties or whether there are permits approved before the spring's existence. Added to the above, it was proven that the plaintiff herself rectified the measurement of her property downwards, and in that case, no responsibility could be attributed to the defendant administration. Therefore, since no discriminatory, unlawful, or unconstitutional administrative conduct was accredited, there is also no causal link (nexo causal) that justifies the granting of moral damages. Accordingly, the Tribunal upheld the defense of lack of right raised, dismissed the lawsuit in all its extremes, and did not issue a special ruling on costs. Discontented with the resolution, the plaintiff appeals.\n\nII.- She raises a series of arguments that she groups into a single censure. From the outset, she states she is dissatisfied with the manner in which the defendant municipality answered the lawsuit. In her opinion, the response to the lawsuit fails to comply with the duties of a formal response, thereby violating article 70 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Then, she says, the judgment lacks foundation and is contradictory. She mentions that a fundamental piece of evidence was not assessed, referring to a judicial inspection (reconocimiento judicial), where it could be verified that there were apartment buildings constructed not outside the one hundred meters from the spring. She insists on feeling discriminated against, because she claims that all the others built with the municipality's approval. She says she is the legitimate owner of the property in question and claims that the local government was responsible for the reduction of its area. All the deponents, she states, indicated that the only vacant lot (lote sin construir) is hers. She refers to the content of articles 15 of the Urban Planning Law and 169 of the Constitución Política. She points out that the inherited lot is one of the properties facing the Andrómeda urbanization, a place that has an urban development plan authorized by all the competent authorities on the matter, and she is the only one on the block who does not enjoy her property. She was deprived of the usufruct, she reproaches. She criticizes that the judgment stops at the statement that the supreme interest is above individual right and forgets the part where a just situation for the dispossession or limitation must be established; that is, compensation. The actions that legitimized the contested decisions were not applied as provided for by article 14 of the Constitution, as the appropriate procedure was not applied. She says the judgment is contradictory, as she insists she must be compensated. She reproaches that 16 years of frustration, of not being able to develop the potential of her property, have led her to need to inconvenience her brother. She demands to be compensated for the subjective moral damages (daño moral subjetivo) that have been caused to her.\n\nIII.- Regarding the admissibility of the appeal, this Chamber has been emphatic that the appellant must comply with proper cassation technique when presenting their arguments; sheltered by what is prescribed in article 139, subsection 3) of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Whoever appeals must clearly and precisely explain what the grievance consists of. If there was a direct breach of law, it is necessary to state not only which norm was improperly interpreted or not applied, but also to legally combat the judgment. As in the previous case, if indirect defects are claimed, the cassation appellant must cite the substantive norm that was violated by the contested decision, specify the incorrectness committed by the Tribunal, and the significance of that error in the ruling of the judgment. In line with the above, the cassation appeal generally contains elementary requirements, without the observance of which it is impossible for this Chamber to proceed to the analysis of the invoked grievances. The appeal must be self-sufficient. This means that the objector must specify and detail what their claim consists of; it is not the responsibility of this collegiate body to carry out an interpretive task to unravel the objection and establish what the discontented party meant. Thus, for the challenge to be subject to analysis, it requires a detailed explanation of the grounds for the appeal accompanied by the corresponding combats to the substantiation contained in the contested resolution; without this, it would be impossible for this Sala to determine an error if it is not evidenced based on the commented technique.\n\nIV- In the specific case, this Chamber observes that the filed appeal, according to what is indicated in the preceding recital, fails to overcome the admissibility stage because it lacks proper foundation. The appeal is openly informal. The objector comes to this forum with a challenge devoid of substantiation, without an effective combat of the judgment, and without any evidence of the existence of errors in the contested ruling. She recriminates aspects of the process that are absolutely precluded, such as the errors she claims existed in the response to the lawsuit. What she offers is an exposition of a subjective nature, which completely prevents determining whether there was or was not any mistake with what was decided. From the summary contained in the first recital (considerando) of this resolution and from the claims expressed by the complainant, the divorce that exists between the extensive substantiation offered by the judges and the arguments put forth in the appeal is evident. The absence of reference and combat by the discontented party regarding the points made by the sentencing judges is patent. The latter were clear in explaining the reasons why the construction authorization was not appropriate, the absence of evidence to determine whether or not there was discriminatory conduct, and the evident participation of the plaintiff in the downward rectification of her property. None of those foundations are combated by the complainant. She mentions a series of legal norms that she alleges were violated, without explaining what relationship their content has with what was decided in the judgment. She questions the review of an evidentiary element, without at any point mentioning the substantive norm that was violated and without duly founding the charge. She describes the judgment as contradictory, without indicating where that defect lay. She insists that she was discriminated against. At no point is there any observed, properly founded argument that manages to disprove what was decided. An appeal lacking congruence, argumentation, and clarity is presented to this court. This Sala's pronouncements are reiterated regarding that the objector must be clear and precise in their arguments. Furthermore, it is not enough to come to this court with inconsequential subjective arguments or criticisms of the justice of the case, which are sterile for the verification of a possible mistake or defect in the contested ruling. In the specific case, there is no way to determine any error, or at least to determine what the discontented party meant. Thus, it is an appeal without the slightest foundation, which, in accordance with article 140.c, must be rejected outright (rechazado de plano).\n\nV.- Consequently, given the evidenced informality, the appropriate course is the outright rejection of the challenge.\n\nPOR TANTO\n\nThe appeal is rejected outright.\n\nATREJOSA\n\nLuis Guillermo Rivas Loaiciga\n\nRocío Rojas Morales\n\nJorge Leiva Poveda\n\nCarlos Guillermo Zamora Campos\n\nMaria Rosa Castro Garcia\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Verification code --\n\n*BNHWPIPD23I61*\n\nTelephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:39:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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