{ "id": "nexus-sen-1-0004-1273341", "citation": "Res. 00009-2025 Sala Primera de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Responsabilidad patrimonial del Estado por conducta lícita al anular viabilidad ambiental", "title_en": "State liability for lawful conduct in revoking an environmental feasibility permit", "summary_es": "La Sala Primera de la Corte conoce un recurso de casación interpuesto por Marina and Resort Moín S.A. contra dos resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo que declararon sin lugar una demanda de nulidad de actos administrativos y daños y perjuicios. La empresa había obtenido en 2008 una viabilidad ambiental de SETENA para un proyecto inmobiliario y marina en Moín, pero el MINAE, la Contraloría y SINAC emitieron una serie de actos que culminaron con la anulación de dicha viabilidad. La parte actora reclamó la nulidad de esos actos y, subsidiariamente, el resarcimiento de daños por la supresión de derechos adquiridos de buena fe, bajo la confianza legítima. El Tribunal de instancia rechazó la demanda porque los actos impugnados no eran susceptibles de anulación o los vicios alegados no se probaron, y desestimó los daños ligándolos exclusivamente a la nulidad fallida. La Sala Primera detecta incongruencia por infrapetita, pues el Tribunal omitió analizar la pretensión subsidiaria de responsabilidad patrimonial por conducta lícita. Consecuentemente, anula las resoluciones y ordena el reenvío para que se dicte un nuevo fallo que aborde dicha pretensión.", "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court hears a cassation appeal by Marina and Resort Moín S.A. against two rulings from the Administrative and Tax Court that dismissed its lawsuit seeking annulment of administrative acts and damages. The company had obtained an environmental feasibility permit from SETENA in 2008 for a real estate and marina project in Moín, but the Ministry of Environment, the Comptroller General, and SINAC issued a series of acts that eventually revoked that permit. The plaintiff claimed annulment and, subsidiarily, compensation for losses caused by the lawful suppression of rights acquired in good faith, relying on the principle of legitimate expectations. The lower court dismissed the claims because the challenged acts were not annullable or the alleged flaws were unproven, and denied damages solely on the basis that the annulment action failed. The First Chamber finds the judgment infra petita (incomplete ruling) because the court failed to address the alternative claim for State liability based on lawful administrative conduct. As a result, the Chamber annuls the rulings and remands the case for a new decision that must address that subsidiary claim.", "court_or_agency": "Sala Primera de la Corte", "date": "16/01/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "environmental-law-7554" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "responsabilidad patrimonial por conducta lícita", "viabilidad ambiental", "confianza legítima", "infrapetita", "SINAC", "Contraloría General de la República (CGR)", "SETENA", "recurso de casación" ], "concept_anchors": [ { "article": "", "law": "Ley 6227" }, { "article": "Arts. 22-24", "law": "Ley 7554" }, { "article": "", "law": "Ley 7575" } ], "keywords_es": [ "responsabilidad del Estado", "responsabilidad patrimonial", "conducta lícita administrativa", "viabilidad ambiental", "nulidad acto administrativo", "incongruencia", "infrapetita", "recurso de casación", "confianza legítima", "Sala Primera", "proyecto inmobiliario", "SETENA", "MINAE", "SINAC", "Contraloría General de la República" ], "keywords_en": [ "State liability", "pecuniary liability", "lawful administrative conduct", "environmental feasibility", "annulment of administrative act", "incongruence", "infra petita", "cassation appeal", "legitimate expectations", "First Chamber", "real estate development", "SETENA", "MINAE", "SINAC", "Office of the Comptroller General" ], "excerpt_es": "III.- ... el casacionista señaló incongruencia por infrapetita, pues estima que el Tribunal no resolvió sobre la pretensión subsidiaria en la que se reclama responsabilidad patrimonial por conducta lícita de la Administración, lo cual concuerda esta Cámara... En ulterior audiencia preliminar... se fijó de forma definitiva las pretensiones, admitiéndose el escrito anteriormente señalado, el cual contiene la pretensión subsidiaria ya expuesta. Al interponer la parte actora recurso de adición y aclaración contra lo resuelto, el Tribunal lo rechaza señalando que en el considerando número IX ... se aborda el tema de la responsabilidad. Sin embargo, en dicho considerando se señala únicamente lo siguiente: “... [s]e rechazó la concesión de estos daños y perjuicios debe rechazarse”. Como se ve, lleva razón el casacionista al señalar que el Tribunal no analizó de manera íntegra la responsabilidad administrativa por conducta lícita pretendida... Por lo anterior, se acoge el agravio procesal.", "excerpt_en": "III.- ... the appellant argued incongruence infra petita, claiming that the Court failed to rule on the subsidiary claim seeking State liability for lawful administrative conduct, which this Chamber agrees with... In a subsequent preliminary hearing... the claims were definitively established, admitting the previously filed brief containing the subsidiary claim. When the plaintiff filed a motion for clarification, the Court denied it, stating that section IX... discussed the issue of liability. However, in that section it merely states: ‘... the granting of these damages must be denied.’ As can be seen, the appellant is correct that the Court did not fully analyze the administrative liability based on lawful conduct as claimed... Therefore, this procedural grievance is sustained.", "outcome": { "label_en": "Cassation granted", "label_es": "Casación con lugar", "summary_en": "The First Chamber granted the cassation appeal due to infra petita incongruence, finding the lower court failed to address the subsidiary claim for State liability based on lawful conduct. The challenged rulings are annulled and the case remanded for a new decision.", "summary_es": "La Sala Primera declaró con lugar el recurso de casación por incongruencia infrapetita al omitir el tribunal de instancia analizar la pretensión subsidiaria de responsabilidad patrimonial por conducta lícita, anulando las sentencias impugnadas y ordenando el reenvío del expediente." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "... the appellant argued incongruence infra petita, claiming that the Court failed to rule on the subsidiary claim seeking State liability for lawful administrative conduct, which this Chamber agrees with...", "quote_es": "... el casacionista señaló incongruencia por infrapetita, pues estima que el Tribunal no resolvió sobre la pretensión subsidiaria en la que se reclama responsabilidad patrimonial por conducta lícita de la Administración, lo cual concuerda esta Cámara..." }, { "context": "Audiencia preliminar, 18 de mayo de 2016", "quote_en": "In the remote event that the administrative actions were deemed valid, there has arisen — and I request it be declared — State pecuniary liability for all the injuries (damages and losses) caused by the suppression of subjective rights, previously acquired in good faith...", "quote_es": "Para el remoto caso de que se estimaran las conductas administrativas como válidas, ha operado y pido que así se declare, una responsabilidad patrimonial del Estado a consecuencia de todas las lesiones (daños y perjuicios) ocasionados por la supresión de derechos subjetivos, en su momento adquiridos de buena fe..." }, { "context": "Por Tanto", "quote_en": "The appeal is granted and the rulings No. 66-2022-VIII ... are annulled. The case file is ordered remanded to the originating court for whatever proceedings are legally appropriate.", "quote_es": "Se declara con lugar el recurso y se anulan las resoluciones Nro. 66-2022-VIII ... Se ordena la devolución del expediente al despacho de procedencia, para lo que en derecho corresponda." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1273341", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Primera de la Corte\n\nResolución Nº 00009 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 16 de Enero del 2025 a las 09:24\n\nExpediente: 14-008412-1027-CA\n\nRedactado por: Damaris María Vargas Vásquez\n\nClase de asunto: CONOCIMIENTO\n\nAnalizado por: SALA PRIMERA\n\n\n\nSentencias del mismo expediente\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto unánime\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Incongruencia\n\nSubtemas:\n\nConcepto y alcance.\n\nTema: Recurso de casación\n\nSubtemas:\n\nReenvío.\n\nSe acoge el agravio procesal y declara con lugar el recurso de casación, toda vez que el Tribunal omitió analizar la pretensión subsidiaria alegada por el actor (incongruencia por infrapetita); por lo que se ordena la devolución del expediente al despacho de procedencia, para lo que en derecho corresponda (voto 9-F-2025).\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp. 14-008412-1027-CA\n\nRes.  000009-F-S1-2025\n\nSALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticuatro minutos del dieciseis de enero de dos mil veinticinco .\n\n Proceso de conocimiento interpuesto por MARINA AND RESORT MOIN S.A., representado por Oscar González Camacho, contra el ESTADO representado por la Procuradora Susana Fallas Cubero, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBICA (en adelante CGR) representada por María Calderón Ferrey, y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (en adelante SINAC) representado por Magdalena Melagatti. Se conoce el recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la resolución Núm. 66-2022-VIII de las 13 horas con 30 minutos del 22 de julio de 2022, y Nro. 66-2022-VIII-BIS de las 16 horas con 25 minutos del primero de agosto del 2022, ambas dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava.\n\n Redacta la magistrada Vargas Vásquez;\n\nCONSIDERANDO\n\nI.- La parte actora interpuso proceso de conocimiento en contra del Estado, CGR y el SINAC, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con la finalidad de que se declare lo siguiente: “1. Se acoja el presente PROCESO ORDINARIO DE ANULACION DE ACTO Y LAS RESOLUCIONES: número R-387-2013-MINAE del cuatro de setiembre del 2013 - y de la resolución número R-467-2013-MINAE del ocho de octubre el 2013, tomadas por parte del Estado Costarricense, la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Ambiente y Energía con el consiguiente resarcimiento de los de daños y perjuicios, 2. Se declare con lugar en todos sus extremos el presente proceso de conocimiento, 3. Se declare la revocatoria y nulidad definitiva de las resoluciones: a. El Dictamen de la Contraloría General de la República #DFOE-AE-IF-01- 2011 b. El oficio número CP-138-2011 del 23 de setiembre del 2011 la SETENA. c. El oficio número CP-172-2011 del 28 de noviembre del 201 1 la SETENA. d. El oficio número SG-040-2012-SETENA del 20 de enero del 2012 e.El oficio número DM-165-2012 de fecha 07 de marzo del 2012 f. El oficio número DM-221 -2012 g. La resolución número R-D-329-2012 del 11 de julio del 2012 h. El oficio número 0-D-1-2012 del 28 de agosto del2012 i. El oficio número 0-D-2-2012 del 24 de setiembre del 2012 j. La resolución número R-M-478-2012-MINAET del 02 de octubre del 2012 k. El oficio número 0-D-5-2012 del 16 de octubre del 2012. El oficio número 0 -D-8-2012 del14 noviembre del 2012 m. El oficio número 0-D-9-2012 del10 de diciembre del 2012 n. La Resolución número C-161-2013 del 20 de agosto del 2013 o. La resolución número R-387-2013-MINAE del 04 de setiembre del 2013 p. La resolución número R-432-2013-MINAE del 24 de setiembre del 2013 q. La resolución número R-467-2013-MINAE del 08 de octubre del 2013 4. Se condene al Estado Costarricense al pago de los daños y perjuicios ocasionados con su actuar a mi representada y cuyas sumas serán determinados en la etapa de ejecución de sentencia. 5. Se condene al pago de los respectivos intereses desde el día 07 de octubre del 2010, fecha en que solicitó la prórroga a la viabilidad ambiental- hasta la fecha en que se dicte sentencia por parte del Tribunal Contencioso Administrativo al presente proceso. 6. Se reintegren de los permisos de viabilidad ambiental en todos los extremos establecidos en la Resolución #2902-2008-SETENA del 09 de octubre del 2008. 7. En caso de no prosperar las peticiones anteriores, solicitamos se nos cancelen por daños y perjuicios los montos correspondientes desde que se dio la aprobación la Resolución #2902-2008-SETENA hasta el dictado de la R387-2013-MINAE, tiempo en que la Administración nos indujo a continuar con el proyecto e incurrir en gastos los cuales demostraremos en la ejecución de la sentencia. 8. Se condene al Estado Costarricense, al pago de ambas costas procesales del presente proceso contencioso”. Por su parte, los demandados contestaron de forma negativa la demanda, y en términos generales opusieron las excepciones de falta de derecho y acto no susceptible de impugnación. El Tribunal integrado por la jueza Laura García Carballo, y los jueces Jonatán Canales Hernández y Billy Araya Olmos, mediante resoluciones Nro. 66-2022-VIII de las 13 horas con 30 minutos del 22 de julio de 2022, y Núm. 66-2022-VIII-BIS de las 16 horas con 25 minutos del primero de agosto del 2022, acogieron la excepción de falta de derecho, rechazaron la defensa de acto no susceptible de impugnación, y declararon sin lugar en todos sus extremos la demanda ordinaria. Además, condenaron a la parte actora al pago de ambas costas de este proceso. Inconforme, la parte demandante formula recurso de casación, el cual fue admitido por esta Sala.\n\nII.- El recurrente alega tres motivos por violación a normas procesales. El primero de ellos, aduce, incongruencia por infrapetita. Señala, el Tribunal no resolvió sobre la pretensión subsidiaria en la que se reclama responsabilidad patrimonial por conducta lícita de la Administración Pública. Interpuso adición y aclaración sobre ese extremo, y el Tribunal sentenciador, mediante resolución Nro. 66-2022-VIII-BIS de las 16 horas 25 minutos del primero de agosto de 2022, denegó lo peticionado señalando lo siguiente: “En relación al primer alegato, el Tribunal decanta por rechazar la solicitud de adición y aclaración formulada por la parte actora, porque en el considerando IX de la sentencia existe un pronunciamiento expreso respecto de la pretensión subsidiaria de daños y perjuicios, que se vinculó a la nulidad de la viabilidad ambiental y a la supresión de derechos subjetivos adquiridos de buena fe, y no como daños derivados de una conducta lícita y normal”. Estima, lo anterior es falso ya que el Tribunal denegó siempre los daños bajo el análisis de una conducta administrativa inválida, tal y como fue solicitado en la pretensión principal. Afirma, nunca se analizó la pretensión reparatoria sobre la base de unas conductas administrativas válidas, lesivas de derechos, o bien, de intereses adquiridos de buena fe y bajo el principio de confianza legítima, los cuales a su criterio son indemnizables. Posteriormente, alegó, incongruencia y falta de motivación. Además, argumentó dos motivos por violación a normas sustantivas: preterición probatoria, e incorrecta interpretación y aplicación de la norma.\n\nIII.- Por la forma en que se resolverá, resulta necesario analizar el primer reproche procesal. El casacionista señaló incongruencia por infrapetita, pues estima que el Tribunal no resolvió sobre la pretensión subsidiaria en la que se reclama responsabilidad patrimonial por conducta lícita de la Administración, lo cual concuerda esta Cámara por las siguientes razones: efectuando el contraste debido, se verifica que, en audiencia preliminar celebrada el día 18 de mayo de 2016, la parte demandante presentó en el acto un escrito donde ajusta y amplía sus pretensiones. Expresamente, la parte actora señala que las pretensiones del 1 al 3 se mantienen tal y como fueron interpuestas originalmente (anulatoria y consecuentemente indemnizatoria), en cuanto a la pretensión 4, concerniente a la indemnización de daños y perjuicios, los mantiene y precedió a desglosarlos, indicando que su origen es por las conductas administrativas adoptadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), los cuales dejaron sin efecto mediante anulación, la viabilidad ambiental otorgada para el desarrollo del Proyecto Inmobiliario y Marina Moín, lo cual acarreó lesiones, entre ellos, pérdida del valor del inmueble objeto del proceso, gastos efectuados en el Proyecto como diseños, estudios topográficos, recursos humanos, gastos legales, mercadotecnia, créditos financieros, hipoteca del inmueble, tramitología, inversiones y ventas frustradas, utilidad que hubiese obtenido, pérdida del chance, daño moral objetivo, entre otros. En el mismo escrito, señala como pretensión subsidiaria lo siguiente: “Para el remoto caso de que se estimaran las conductas administrativas como válidas, ha operado y pido que así se declare, una responsabilidad patrimonial del Estado a consecuencia de todas las lesiones (daños y perjuicios) ocasionados por la supresión de derechos subjetivos, en su momento adquiridos de buena fe, que nos llevó, movidos por la confianza legítima y la buena fe, a gastos o costos hundidos muy cuantiosos y por los que sufrimos además perjuicios gravísimos durante todo el periodo de vigencia de la viabilidad ambiental, adquirida por los procedimientos legales, con transparencia y de buena fe”, procediendo a exponer la misma descripción y cuantificación de los daños pretendidos y citados anteriormente. En ulterior audiencia preliminar celebrada el día 17 de noviembre de 2016, se fijó de forma definitiva las pretensiones, admitiéndose el escrito anteriormente señalado, el cual contiene la pretensión subsidiaria ya expuesta. Al interponer la parte actora recurso de adición y aclaración contra lo resuelto, el Tribunal lo rechaza señalando que en el considerando número IX de la sentencia recurrida, los juzgadores abordan el tema de la responsabilidad. Sin embargo, en dicho considerando se señala únicamente lo siguiente: “IX.- SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS RECLAMADOS. La parte actora peticiona el pago de los daños y perjuicios y en su justificación precisa, que los mismos, tienen su origen en conductas administrativas adoptadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, a través de las cuáles se dejó sin efecto (mediante anulación) la viabilidad ambiental otorgada en firme para el desarrollo de un Proyecto Inmobiliario y Marina en Moín Limón, lo cual acarreó a nuestra representada gravísimas y muy cuantiosas lesiones. Para justificar ese daño aportó abundante prueba y se admitió prueba pericial, sin embargo, en este proceso la nulidad de esos actos que se reclamaron bajo los vicios de forma y fondo fueron rechazados, porque se recurrieron actos preparatorios, o porque no se encontró vicio que declarar, y las restantes nulidades de los otros actos impugnados, no pudieron ser analizadas por este Tribunal, porque no se alegaron vicios concretos de nulidad respecto cada una de ellas, que permitieran entrar a analizar su adecuación o no con el ordenamiento jurídico. Por otra parte, el actor nunca logró obtener la concesión de parte de CIMAT, lo que impidió la consolidación de un derecho subjetivo a su favor, que justifique la concesión de los daños reclamados. Con fundamento en lo expuesto la concesión de estos daños y perjuicios debe rechazarse”. Como se ve, lleva razón el casacionista al señalar que el Tribunal no analizó de manera íntegra la responsabilidad administrativa por conducta lícita pretendida, pues en el único considerando que hace referencia a los daños y perjuicios, indica que, el origen de los daños son las conductas administrativas emitidas por el MINAE, los cuales dejan sin efecto la viabilidad ambiental otorgada, lo cual acarreó un detrimento en el actor, sin embargo, en este proceso no prosperó la nulidad de los actos pretendidos. Véase además que, del resto de reparos analizados en la sentencia impugnada, estos hacen referencia a la no valoración de prueba y sus motivos, el procedimiento administrativo, los motivos de nulidad por la forma alegados, los vicios de fondo, excepciones y las costas del proceso; de manera tal que no se analiza expresamente la alegada responsabilidad administrativa por conducta lícita pretendida de forma accesoria por el actor. Por lo anterior, lleva razón el casacionista al señalar que el Tribunal omite analizar la pretensión subsidiaria alegada. En razón de lo anterior, se acoge el agravio procesal. Por la forma en que se resuelve, resulta innecesario analizar el resto de agravios.\n\nIV.- Se declara con lugar el recurso y se anulan las resoluciones Nro. 66-2022-VIII de las 13 horas con 30 minutos del 22 de julio de 2022, y Nro. 66-2022-VIII-BIS de las 16 horas con 25 minutos del primero de agosto del 2022, ambas dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava.\n\nPOR TANTO\n\nSe declara con lugar el recurso. En consecuencia, se anulan las resoluciones Nro. 66-2022-VIII de las 13 horas con 30 minutos del 22 de julio de 2022, y Nro. 66-2022-VIII-BIS de las 16 horas con 25 minutos del primero de agosto del 2022, dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava. Se ordena la devolución del expediente al despacho de procedencia, para lo que en derecho corresponda.JSC\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nLuis Guillermo Rivas Loaiciga\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nRocío Rojas Morales\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nDamaris Vargas Vásquez\n\n\n\n\nJorge Leiva Poveda\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nCarlos Guillermo Zamora Campos\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n DTP1OOBLTOW61\n\n1\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:14:31.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nSala Primera de la Corte\n\nResolution No. 00009 - 2025\n\nResolution Date: January 16, 2025 at 09:24\n\nExpediente: 14-008412-1027-CA\n\nDrafted by: Damaris María Vargas Vásquez\n\nType of matter: KNOWLEDGE\n\nAnalyzed by: SALA PRIMERA\n\n\n\nSentences from the same expediente\n\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Unanimous vote\n\nBranch of Law: Contentious Administrative\n\nTopic: Incongruence\n\nSubtopics:\n\nConcept and scope.\n\nTopic: Cassation appeal\n\nSubtopics:\n\nRemand.\n\nThe procedural grievance is upheld and the cassation appeal is declared with merit, given that the Tribunal omitted to analyze the subsidiary claim alleged by the plaintiff (incongruence due to infrapetita); therefore, the return of the expediente to the office of origin is ordered, for what in law corresponds (voto 9-F-2025).\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp. 14-008412-1027-CA\n\nRes.  000009-F-S1-2025\n\nSALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty-four minutes on the sixteenth of January of two thousand twenty-five.\n\n Knowledge proceeding (proceso de conocimiento) filed by MARINA AND RESORT MOIN S.A., represented by Oscar González Camacho, against the ESTADO represented by the Procuradora Susana Fallas Cubero, the CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBICA (hereinafter CGR) represented by María Calderón Ferrey, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (hereinafter SINAC) represented by Magdalena Melagatti. The cassation appeal filed by the plaintiff against resolution No. 66-2022-VIII of 13 hours 30 minutes on July 22, 2022, and No. 66-2022-VIII-BIS of 16 hours 25 minutes on August 1, 2022, both issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava, is being heard.\n\n Drafted by the magistrate Vargas Vásquez;\n\nCONSIDERANDO\n\nI.- The plaintiff filed a knowledge proceeding against the Estado, CGR, and SINAC, before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, with the purpose of having the following declared: “1. The present ORDINARY PROCESS FOR ANNULMENT OF ACT AND RESOLUTIONS be upheld: number R-387-2013-MINAE of September fourth, 2013 - and resolution number R-467-2013-MINAE of October eighth, 2013, taken by the Estado Costarricense, the Procuraduría General de la República and the Ministerio de Ambiente y Energía, with the consequent compensation for damages (daños y perjuicios), 2. The present knowledge proceeding be declared with merit in all its extremes, 3. The definitive revocation and nullity of the resolutions be declared: a. The Dictamen of the Contraloría General de la República #DFOE-AE-IF-01- 2011 b. The official letter number CP-138-2011 of September 23, 2011, the SETENA. c. The official letter number CP-172-2011 of November 28, 201 1, the SETENA. d. The official letter number SG-040-2012-SETENA of January 20, 2012 e. The official letter number DM-165-2012 dated March 07, 2012 f. The official letter number DM-221 -2012 g. The resolution number R-D-329-2012 of July 11, 2012 h. The official letter number 0-D-1-2012 of August 28, 2012 i. The official letter number 0-D-2-2012 of September 24, 2012 j. The resolution number R-M-478-2012-MINAET of October 02, 2012 k. The official letter number 0-D-5-2012 of October 16, 2012. The official letter number 0 -D-8-2012 of November 14, 2012 m. The official letter number 0-D-9-2012 of December 10, 2012 n. The Resolution number C-161-2013 of August 20, 2013 o. The resolution number R-387-2013-MINAE of September 04, 2013 p. The resolution number R-432-2013-MINAE of September 24, 2013 q. The resolution number R-467-2013-MINAE of October 08, 2013 4. The Estado Costarricense be ordered to pay the damages caused by its actions to my represented party, the sums of which will be determined in the sentence enforcement stage. 5. Order the payment of the respective interest from October 7, 2010, the date on which the extension to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) was requested, until the date on which the sentence is issued by the Tribunal Contencioso Administrativo in the present proceeding. 6. The environmental feasibility permits be reinstated in all the extremes established in Resolution #2902-2008-SETENA of October 09, 2008. 7. In the event the previous petitions do not prosper, we request that the corresponding amounts for damages be paid to us from when the approval of Resolution #2902-2008-SETENA was given until the issuance of R387-2013-MINAE, a time during which the Administration induced us to continue with the project and incur expenses which we will demonstrate in the execution of the sentence. 8. The Estado Costarricense be ordered to pay both procedural costs (costas procesales) of this contentious proceeding.” For their part, the defendants responded negatively to the complaint, and in general terms, raised the exceptions of lack of right and act not susceptible to challenge. The Tribunal composed of judge Laura García Carballo, and judges Jonatán Canales Hernández and Billy Araya Olmos, through resolutions No. 66-2022-VIII of 13 hours 30 minutes on July 22, 2022, and No. 66-2022-VIII-BIS of 16 hours 25 minutes on August 1, 2022, upheld the exception of lack of right, rejected the defense of act not susceptible to challenge, and declared the ordinary complaint without merit in all its extremes. Furthermore, they ordered the plaintiff to pay both costs of this proceeding. Disagreeing, the plaintiff filed a cassation appeal, which was admitted by this Chamber.\n\nII.- The appellant alleges three grounds for violation of procedural rules. The first of them, he argues, is incongruence due to infrapetita. He points out that the Tribunal did not rule on the subsidiary claim in which patrimonial liability for lawful conduct of the Public Administration is claimed. He filed an addition and clarification (adición y aclaración) on that point, and the sentencing Tribunal, through resolution No. 66-2022-VIII-BIS of 16 hours 25 minutes on August 1, 2022, denied what was requested, stating the following: \"Regarding the first allegation, the Tribunal opts to reject the request for addition and clarification filed by the plaintiff, because in considerando IX of the sentence, there is an express pronouncement regarding the subsidiary claim for damages, which was linked to the nullity of the environmental feasibility and the suppression of subjective rights acquired in good faith, and not as damages derived from lawful and normal conduct.\" He considers the above to be false since the Tribunal always denied the damages under the analysis of invalid administrative conduct, as was requested in the main claim. He affirms that the reparatory claim was never analyzed on the basis of valid administrative conduct, harmful to rights, or to interests acquired in good faith and under the principle of legitimate expectation (confianza legítima), which, in his opinion, are compensable. Subsequently, he alleged incongruence and lack of motivation. Additionally, he argued two grounds for violation of substantive rules: evidentiary pretermission, and incorrect interpretation and application of the norm.\n\nIII.- Due to the way in which it will be resolved, it is necessary to analyze the first procedural reproach. The cassation appellant pointed out incongruence due to infrapetita, as he considers that the Tribunal did not rule on the subsidiary claim in which patrimonial liability for lawful conduct of the Administration is claimed, with which this Chamber concurs for the following reasons: upon making the necessary comparison, it is verified that, in a preliminary hearing held on May 18, 2016, the plaintiff presented a document at the hearing where it adjusts and expands its claims. Expressly, the plaintiff states that claims 1 to 3 remain as originally filed (annulment and consequently compensatory), as for claim 4, concerning the compensation for damages, it maintains them and proceeded to break them down, indicating that its origin is the administrative conduct adopted by the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), which annulled the environmental feasibility granted for the development of the Proyecto Inmobiliario y Marina Moín, which caused injuries, among them, loss of value of the property subject to the proceeding, expenses incurred in the Project such as designs, topographic studies, human resources, legal expenses, marketing, financial credits, mortgage on the property, paperwork, frustrated investments and sales, profit that would have been obtained, loss of chance, objective moral damage, among others. In the same document, it states the following as a subsidiary claim: \"For the remote case that the administrative conduct is deemed valid, a patrimonial liability of the State has operated and I request that it be so declared, as a consequence of all the injuries (damages) caused by the suppression of subjective rights, at the time acquired in good faith, which led us, moved by legitimate expectation and good faith, to very substantial sunk costs or costs and for which we also suffered very serious damages during the entire period of validity of the environmental feasibility, acquired through legal procedures, with transparency and in good faith,\" proceeding to set out the same description and quantification of the damages claimed and cited above. In a subsequent preliminary hearing held on November 17, 2016, the claims were definitively set, admitting the previously mentioned document, which contains the subsidiary claim already set out. When the plaintiff filed a recourse for addition and clarification against what was decided, the Tribunal rejected it, pointing out that in considerando number IX of the appealed sentence, the judges address the issue of responsibility. However, in said considerando, only the following is stated: \"IX.- ON THE DAMAGES CLAIMED. The plaintiff petitions for the payment of damages and in its justification specifies that they have their origin in administrative conduct adopted by the Ministerio de Ambiente y Energía, through which the environmental feasibility granted in a final manner for the development of a Proyecto Inmobiliario y Marina in Moín Limón was rendered without effect (through annulment), which caused our represented party very serious and very substantial injuries. To justify such damage, abundant evidence was provided and expert evidence was admitted, however, in this proceeding, the nullity of those acts that were claimed under defects of form and substance were rejected, because preparatory acts were challenged, or because no defect was found to declare, and the remaining annulments of the other challenged acts could not be analyzed by this Tribunal, because no specific defects of nullity were alleged for each of them that would allow an analysis of their adequacy or not with the legal system. On the other hand, the plaintiff never managed to obtain the concession from CIMAT, which prevented the consolidation of a subjective right in its favor that would justify the granting of the damages claimed. Based on the foregoing, the granting of these damages must be rejected.\" As can be seen, the cassation appellant is correct in pointing out that the Tribunal did not fully analyze the administrative liability for lawful conduct claimed, because in the only considerando that refers to the damages, it indicates that the origin of the damages is the administrative conduct issued by MINAE, which render without effect the environmental feasibility granted, which caused a detriment to the plaintiff, however, in this proceeding, the annulment of the claimed acts did not prosper. See also that, of the rest of the objections analyzed in the challenged sentence, these refer to the non-valuation of evidence and its reasons, the administrative procedure, the grounds for nullity for form alleged, the defects of substance, exceptions, and the costs of the proceeding; in such a way that the alleged administrative liability for lawful conduct, claimed in an accessory manner by the plaintiff, is not expressly analyzed. Due to the foregoing, the cassation appellant is correct in pointing out that the Tribunal omits to analyze the alleged subsidiary claim. By reason of the above, the procedural grievance is upheld. Due to the way in which it is resolved, it is unnecessary to analyze the remaining grievances.\n\nIV.- The appeal is declared with merit and resolutions No. 66-2022-VIII of 13 hours 30 minutes on July 22, 2022, and No. 66-2022-VIII-BIS of 16 hours 25 minutes on August 1, 2022, both issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava, are annulled.\n\nPOR TANTO\n\nThe appeal is declared with merit. Consequently, resolutions No. 66-2022-VIII of 13 hours 30 minutes on July 22, 2022, and No. 66-2022-VIII-BIS of 16 hours 25 minutes on August 1, 2022, issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava, are annulled. The return of the expediente to the office of origin is ordered, for what in law corresponds.JSC\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nLuis Guillermo Rivas Loaiciga\n\n \n \n\n\n\nRocío Rojas Morales\n\n \n \n\n \nDamaris Vargas Vásquez\n\n\n\nJorge Leiva Poveda\n\n \n \n\n \nCarlos Guillermo Zamora Campos\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n DTP1OOBLTOW61\n\n1\n\n \n\nClassification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:14:31.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }