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  "id": "nexus-sen-1-0004-1363075",
  "citation": "Res. 00005-2026 Sala Primera de la Corte",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Deber de motivación del acto administrativo que deniega disponibilidad de agua potable",
  "title_en": "Duty to state reasons in administrative acts denying water availability",
  "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia rechaza el recurso de casación interpuesto por un administrado contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que le negó la disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario para un proyecto de vivienda unifamiliar. El recurrente alegó falta de motivación del acto denegatorio, pues consideró que ni el acto preparatorio ni el acto final contenían una exposición suficiente de las razones fácticas y jurídicas. La Sala confirma el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que declaró sin lugar la demanda por falta de derecho. Determina que el acto definitivo —la resolución de la Gerencia General del AyA que resolvió el recurso de apelación— sí amplió debidamente la motivación, al detallar las circunstancias de hecho y de derecho que sustentaban la denegatoria. Sostiene que el superior jerárquico, en ejercicio de sus potestades conforme a los artículos 102, 348 y 351 de la Ley General de la Administración Pública, puede reformar y completar la motivación del acto del inferior al resolver un recurso, sin que ello vulnere el debido proceso. Aclara que el derecho al agua no es absoluto, pues está sujeto al cumplimiento de requisitos técnicos y legales. Finalmente, ratifica la condena en costas al recurrente por ser parte vencida, sin que existiera motivo bastante para litigar.",
  "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court of Justice rejects the cassation appeal filed by an individual against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), which denied water and sewer availability for a single-family home project. The appellant argued that the denial lacked sufficient reasoning. The Chamber upholds the lower court’s dismissal of the claim for lack of right. It finds that the definitive act —the AyA General Manager’s resolution deciding the administrative appeal— adequately expanded on the factual and legal grounds. The Chamber holds that a superior authority, under Articles 102, 348 and 351 of the General Public Administration Act, may reform and complete the reasoning of a lower body’s decision when ruling on an appeal, without violating due process. It clarifies that the right to water is not absolute, as it is subject to technical and legal requirements. Finally, it affirms the imposition of costs on the losing party, finding no sufficient cause for litigation.",
  "court_or_agency": "Sala Primera de la Corte",
  "date": "15/01/2026",
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    "water-law"
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    "motivo bastante para litigar"
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  "keywords_es": [
    "motivación del acto administrativo",
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    "AyA",
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  "keywords_en": [
    "administrative act reasoning",
    "drinking water availability",
    "AyA",
    "cassation appeal",
    "legality review",
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    "procedural costs"
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  "excerpt_es": "VII.- … En el sub júdice, el acto final del procedimiento, denominado “Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado” … la motivación se limitó únicamente a decir que “…le comunico que como resultado de los estudios básicos e informe técnico que consta en el oficio: 2020-00033033-1-AP se determinó lo siguiente: la propiedad esta en un sector donde no existe infraestructura del AYA. …” [Resaltado no es del original]. No obstante, este acto fue reformado por el superior, que en el acto definitivo -que es precisamente el impugnado en esta acción contenciosa- ahondó sobre esta consideración y expuso ampliamente sobre las circunstancias de hecho y Derecho en los que se fundamentó la Administración para la denegatoria de la solicitud realizada por el señor Rodríguez Morales…",
  "excerpt_en": "VII.- … In the case at hand, the final act of the proceeding, called “Certification of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services” … the reasoning was limited to stating that “…I inform you that as a result of the basic studies and technical report contained in document: 2020-00033033-1-AP, the following was determined: the property is in a sector where AyA infrastructure does not exist…” [emphasis not in original]. However, this act was reformed by the superior authority, which in the definitive act —precisely the one contested in this contentious-administrative action— delved deeper into this consideration and broadly set forth the factual and legal circumstances on which the Administration based the denial of Mr. Rodríguez Morales’ request…",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The cassation appeal is denied, and the lower court's dismissal of the claim for lack of right is upheld, with costs imposed on the appellant.",
    "summary_es": "Se rechaza el recurso de casación y se confirma la sentencia que declaró sin lugar la demanda por falta de derecho, con condena en costas al recurrente."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "the superior authority, when resolving an appeal through the definitive act, in its reviewing function to confirm, revoke, or annul, may expand the reasoning of the lower authority's act —when its decision is to confirm it— pursuant to Articles 102.d, 348, and 351 of the General Public Administration Act.",
      "quote_es": "el superior jerárquico, al momento de resolver el recurso de apelación a través del acto definitivo, en su función revisora de confirmar, revocar o anular, puede ampliar la motivación del acto del inferior -cuando su decisión sea confirmarlo- conforme los preceptos 102.d, 348 y 351 de la Ley General de la Administración Pública."
    },
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "access to drinking water is a fundamental right. However, as the Constitutional Chamber has decided, it is not unrestricted either, since it is necessary that the technical and legal requirements for its provision are met.",
      "quote_es": "el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental. No obstante, como lo ha decidido la Sala Constitucional, tampoco resulta irrestricto, ya que es menester que se cumpla con los requisitos técnicos y legales para su prestación."
    },
    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "the rule in both contentious-administrative and civil matters is that costs are imposed on the losing party, which shall be done ex officio.",
      "quote_es": "la regla tanto en materia contencioso administrativa como civil, es la imposición de costas a la parte que resulte vencida en el proceso, lo cual habrá de realizarse de oficio."
    },
    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "the existence of the exemption had to be proven, since condemning the losing party is the rule; failing that, adequate objective support is required, not as the claimant intends based on subjective reasons.",
      "quote_es": "la existencia de la eximente debía acreditarse, pues, la condena al perdidoso es la regla, de no actuarse, se requiere del debido sustento objetivo, no como lo pretende la accionante con base en razones subjetivas."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Primera de la Corte\n\nResolución Nº 00005 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 15 de Enero del 2026 a las 09:04\n\nExpediente: 21-005268-1027-CA\n\nRedactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga\n\nClase de asunto: CONOCIMIENTO\n\nAnalizado por: SALA PRIMERA\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto unánime\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Recurso de casación\n\nSubtemas:\n\nCasación por razones procesales.\n\nAnálisis sobre la falta de determinación clara y precisa en la sentencia de los hechos acreditados por el Tribunal o por haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso (ordinal 137.c Código Procesal Contencioso Administrativo). Ver resoluciones 502-2010, 687-2010, 396-2012, 1710-2020, 785-2021, 2170-2021 y 1290-2023 de la Sala Primera. El yerro no se produce. El Tribunal fundamentó los hechos probados segundo y tercero en la declaración de dos testigos. Empero, el recurrente no arguye se trata de prueba ilegítima o introducida ilegalmente al proceso, pues reclama una circunstancia sin precisar como provoca este vicio procesal. Tampoco puntualiza cuales probanzas fueron introducidas ilegalmente, ni explica en qué consiste el perjuicio. Además, no expone se está frente a una falta de determinación clara y precisa de las situaciones fácticas, en particular, no detalla cómo se da una contradicción en los hechos al punto de que el fallo sea confuso (voto 5-F-2026).  \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto unánime\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Recurso de casación\n\nSubtemas:\n\nFormalidades del recurso.\n\nLa inconformidad en estudio mezcla un yerro adjetivo con uno de fondo. Su disconformidad refiere a la apreciación fáctica y normativa que hicieron las personas juzgadoras, lo cual sobrepasa el ámbito de examen como causal procesal. Aunque el cargo puede ser recalificado, lo reitera en sus reparos de fondo, por lo que se analizará al conocerlos (voto 5-F-2026).\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto unánime\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Elemento del acto administrativo\n\nSubtemas:\n\nMotivo motivación.\n\nTema: Acto administrativo\n\nSubtemas:\n\nActo definitivo.\nActo final.\n\nTema: Urbanismo\n\nSubtemas:\n\nInfraestructura de acueducto y alcantarillado.\n\nTema: Potestad jerárquica administrativa\n\nSubtemas:\n\nConcepto y alcance.\n\nEn el presente proceso en contra del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA en adelante), el actor solicita la nulidad absoluta del acto definitivo -resolución de la Gerencia General-, como de todos los actos administrativos subyacentes que le denegaron la disponibilidad de agua potable y alcantarillado en un nuevo proyecto constructivo de vivienda unifamilar. El Tribunal acogió de oficio la falta de derecho y declaró sin lugar la demanda. Esta Sala observa, ese acto definitivo, en su parte considerativa, modificó el acto final, al brindar con mayor amplitud las razones fácticas y normativas en las que se fundamentó cuando declaró la no disponibilidad de cita. Por ende, bien hizo el accionante en formular lo peticionado, ya que la resolución de la Gerencia General -como acto definitivo- no se circunscribió a confirmar el acto final, sino que además brindó los motivos de hecho y jurídicos del porque de la certificación de no disponibilidad. Por otro lado, el superior jerárquico, al momento de resolver el recurso de apelación a través del acto definitivo, en su función revisora de confirmar, revocar o anular, puede ampliar la motivación del acto del inferior -cuando su decisión sea confirmarlo- conforme los preceptos 102.d, 348 y 351 de la Ley General de la Administración Pública. Ver resolución 878-2024 de la Sala Primera. Por ende, el cardinal 102 citado, faculta a la Administración, aún de oficio, a tomar las acciones indispensables para ajustar -en este caso reformar- la conducta del inferior al ordenamiento jurídico y a una correcta administración. Finalmente, esta Cámara avala lo dispuesto por la mayoría del Tribunal al apreciar que la Administración cumplió a cabalidad con el elemento de motivación del acto al denegar el servicio, pues la zona donde se sitúa el inmueble no cuenta con la infraestructura necesaria para prestar los servicios de acueducto y alcantarillado (construcción que le corresponde al urbanizador) (voto 5-F-2026).\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto unánime\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Agua\n\nSubtemas:\n\nDisponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario.\n\nAnálisis sobre el derecho fundamental del acceso al agua potable, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y legales para su prestación (mandatos 5, 7 y 75.g Reglamento Técnico para la Prestación de los Servicios de Acueductos, Alcantarillado Sanitario e Hidrante AR-PSAYA-2015 de la ARESEP, 6.13 Reglamento para la Prestación de Servicios del AYA). Ver resoluciones 12185-2004 y 14159-2008   de la Sala Constitucional (voto 5-F-2026).\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto unánime\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Costas\n\nSubtemas:\n\nCondena al vencido.\n\nYerra el casacionista al esgrimir que, previo a imponerle las costas, debió analizarse si aplicaba alguna de las eximentes. En materia contenciosa administrativa como civil, la regla general es imponer de oficio las costas a la parte vencida en el proceso, lo cual no significa que se le considere litigante temerario o de mala fe. Se cargan al perdidoso a modo de reconocimiento al vencedor, quien tuvo que erogar gastos para defender su derecho o interés. En todo caso, existen causales que permiten su exoneración, las cuales deben demostrarse (mandatos 193, 194 y 197.b Código Procesal Contencioso Administrativo, 73.1 y 2 Código Procesal Civil). En la especie, el Tribunal acogió la falta de derecho y sin lugar la demanda. Ergo, de modo objetivo, del expediente se constató que el accionante carecía de derecho, por lo que no existió motivo bastante para litigar. Además, los alegatos del recurrente para solicitar se le exima de ese pago son meramente subjetivos (voto 5-F-2026).\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto unánime\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Recurso de casación\n\nSubtemas:\n\nCostas.\n\nSe rechaza el recurso. Se impone las costas al recurrente (ordinal 150.3 Código Procesal Contencioso Administrativo) (voto 5-F-2026).\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-005268-1027-CA\n\n \n\nRes. 000005-F-S1-2026\n\n \n\n SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuatro minutos del quince de enero de dos mil veintiséis.\n\nProceso de conocimiento, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por el señor CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, cédula de identidad número 1-1202-0836, representado por ROBERTO CORDERO BRENES, en su condición de apoderado especial judicial contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA ICAA, o el Instituto), representado por ADILIA CAMPOS  VARGAS Y PAULA GUERRERO DELGADO, la primera, en su calidad de apoderada general judicial y, la segunda, de apoderada especial judicial.\n\n Redacta el magistrado Rivas Loáiciga\n\nCONSIDERANDO\n\n I.- El Tribunal integrado por las juezas Cynthia Abarca Gómez y Silvia Consuelo Fernández Brenes, así como el juez Daniel Aguilar Méndez, tuvo por probados los hechos que se detallan a continuación. El 27 de agosto de 2020, se recibido en la Agencia de Autofores de la Región Metropolitana del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA o AYA), “el formulario de solicitud y requisitos debidamente completos” correspondiente a una gestión de “Solicitud de Constancia de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, de parte del señor Carlos Alberto Rodríguez Morales, en su condición de propietario de la finca del Partido de San José, matrícula 286.454-000, con plano catastrado no. SJ-03994001980. En dicho documento, el señor Rodríguez Morales, indicó que la petición correspondía a un proyecto para “Fraccionamientos, segregaciones, lotificaciones” y estaba referido a la construcción de un “Nuevo Proyecto Constructivo” de tipo “Vivienda Unifamiliar”. “Viviendas ubicadas en lote individual”. Una vez que el ICAA recibe una solicitud de este tipo, verificado el cumplimiento de los requisitos, el Departamento responsable asigna la petición a un funcionario que realiza un análisis de escritorio, con base en la información otorgada, así como mediante los sistemas y herramientas electrónicas con las que cuenta el AYA “…para poder verificar, …si la disponibilidad donde se ubica cuenta con factibilidad técnica y legal para poder otorgarla…”. Por consiguiente, si del análisis de escritorio resulta alguna duda razonable, se hacen consultas a otros Departamentos y si no se obtiene información, se asigna el caso al “inspector de disponibilidades de agua” para que realice un estudio de campo. Dicho funcionario, al momento de recibir la solicitud, lleva a cabo, primero, un estudio con base en la información aportada, planes reguladores y el Reglamento de prestación de servicios del AYA, así como en los sistemas de información con que cuenta la institución “…como son algunos planos esquemáticos que por años el AyA ha ido levantando sistemas de información en los cuales mantiene tuberías, redes activas, listas de hidrómetros. listas de facturación, entonces yo hago un estudio previo antes de dirigirme al campo…”. Efectuado ese estudio, el inspector se desplaza a la zona y valora ciertos elementos con los que su experiencia le permite determinar la disponibilidad o no de redes de acueducto o alcantarillado. En concreto, “…lo que hacen es verificar si hay medidores al lado de la propiedad que está solicitando ahora, si no hay medidores, si hay… el asfalto se puede ver roto por reparaciones de fugas o porque metieron una tubería; bueno, tal vez puede ser que el asfalto esté nuevo, entonces no lo vean, pero ve si hay medidores, si hay alumbrado eléctrico, si hay ciertas cosas que le digan a él, mira, aquí hay o no hay tubo…”. De existir alguna duda se mantiene, el funcionario consulta al denominado “ingeniero de zona”, “que es el que se encarga de reparar fugas… en todas las tuberías que tenemos”. Este profesional es quien puede aclarar al Inspector, a partir de su experiencia, si en la zona existen o no tuberías. Inclusive, si la duda se mantiene, se puede abrir la calle pública para determinar la presencia o no de las redes de agua del AYA. A partir de toda esta información recabada, el inspector completa la documentación respectiva y la Institución puede finalmente dar una respuesta a la persona usuaria. La solicitud del señor Rodríguez Morales se asignó al servidor David Gamboa Mora, Inspector de Nuevos Servicios y Disponibilidad de Agua Potable en la Zona 3 de la Gran Área Metropolitana (GAM), quien tras realizar un estudio previo de la información aportada, procedió a realizar la inspección de campo en los siguientes términos: -“…Llego a la propiedad en mención, …que al parecer desde ya mi expertise por los años de trabajar ahí, me genera demasiada duda, porque la calle está en muy mal estado. Existen unos portillos en la entrada con un letrero que dice “propiedad privada no pase”. No hay alumbrado público. Ingreso a la propiedad, …No hay vecinos que facturen para acueductos alcantarillados, ni un solo mediador (sic) dentro de esa urbanización, entonces, …me genera la duda. Yo como… soy un simple empleado, tengo que hacer otras consultas para saber si la información que yo estoy viendo realmente es cierta y si ahí hay o no… agua. Le consulto al ingeniero de Zona en ese momento, José Daniel García… y él me dice: “No, David. En esa zona no tenemos agua, no hay agua, allá, no hay ningún servicio que facture ahí y además eso es una urbanización que no está recibida por el municipio”. Entonces yo no puedo pasar por encima a un criterio primero de un superior… ni mucho menos de un criterio municipal, porque tenemos que… apegarnos primero la factibilidad técnica que demanda el Reglamento de Prestación de servicios y también la norma… urbanística de la municipalidad de Santa Ana. Entonces sí, la urbanización no está recibida, yo no puedo otorgar agua […] en esa visita de campo se logran ver, no justamente así como aledañas, tal cual, pero sí hay varias casas más al fondo o incluso en la entrada y ninguna contaba con medidor de Acueductos y Alcantarillados. De hecho, las casas del fondo que, en apariencia, son unos apartamentos, tienen agua por un medidor que se, comúnmente se llama “paja jalada” que está 200 metros y acaso… por dentro de unas fincas, hacia una calle que lleva a la urbanización que se llama “El Triunfo’”[…] pero no está frente a los linderos de esos vecinos que están dentro de esa urbanización, está frente a un lote… lejos y que no pertenece a ese fraccionamiento o a esa urbanización […] sí existe un número de NIS [número de identificación de servicio], pero como le digo, está a 200 metros, lejos de … el número de NIS que abastece esa propiedad… está a 200 metros sobre unas fincas, por una “paja jalada”…”. En documento denominado “Orden de Servicio para Resolución Técnica Nuevo Servicio” del ICAA del 28 de agosto de 2020, suscrito por el Inspector David Gamboa, se levantó un croquis y se hizo constar que, el caso se había consultado con el ingeniero de la zona, quien expresó que, en el lugar no existe infraestructura. De ahí, se dio cuenta de que no hay alcantarillado frente a la propiedad donde se requería el servicio y se declaró negativa la inspección. Mediante documento denominado: “Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado”  número de consecutivo SIGDD-202000033033-1-1-1 del 31 de agosto de 2020, se determinó que no resultaba factible otorgar la disponibilidad solicitada por el señor Rodríguez Morales. En el acto se indicó que el 04 de setiembre de 2020, se recibió un recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el solicitante, donde señaló el correo electrónico “rcordero@faciolegal.com” como medio de notificaciones. Mediante resolución administrativa número NUD-GAM-NOT-2020-0372 del 10 de setiembre de 2020, la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM del ICAA dispuso el rechazo del recurso de revocatoria incoado. Tal acto fue notificado al administrado el 10 de setiembre de 2020. En resolución administrativa de la Gerencia General del ICAA no. GG-2020569 de 7 horas del 11 de setiembre de 2020, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el señor Rodríguez Morales en los siguientes términos: “… POR TANTO: Con fundamento en el expediente administrativo, los informes técnicos que lo conforman y los documentos aportados, el artículo 11 de la Constitución Política, 11 y 16, 272.2 de la Ley General de la Administración Pública; y artículo 6, 13 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA; procede rechazar el Recurso de Apelación presentado por CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES POR DISPONIBILIDAD NEGATIVA SIGDD-2020-00033033-1-1-1. Se mantiene todo lo actuado por la Institución. Se procede a dar por agotada la vía administrativa…”. Dicho acto fue notificado el 23 de setiembre de 2020. El señor Carlos Alberto Rodríguez Morales interpuso demanda contra el AYA donde solicitó se declarara la nulidad absoluta de la resolución GG-2020-569 y todos los actos administrativos subyacentes que le denegaron la disponibilidad de agua; se obligara al Instituto a otorgarle dicha disponibilidad en el inmueble de su propiedad del Partido de San José,  folio real 1-286454-000; y, se condenara al pago de ambas costas a la parte demandada, más sus respectivos intereses. El AYA contestó negativamente la demanda, pero, sin oponer excepciones y solicitó que se condenara al actor al pago de ambas costas. El Tribunal por mayoría, acogió de oficio la falta de derecho; declaró sin lugar la demanda y condenó a la parte actora vencida al pago de las costas. Inconforme el accionante interpone recurso de casación donde desarrolla     agravios adjetivos y        sustantivos.\n\nRecurso de casación por razones procesales\n\n II.- Único: alega, se vulneró el artículo 137, inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), por falta de determinación clara y precisa, en la sentencia, de los hechos acreditados por el Tribunal o por haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. Ello, señala en cuanto a las situaciones fácticas tenidas por probadas segunda y tercera, las cuales reproduce. Expone, estos hechos descritos se tuvieron como probados en la sentencia; sin embargo, tal y como se puede constatar se tienen como comprobados únicamente con base en las declaraciones testimoniales brindadas por los funcionarios David Gamboa Mora y Jose Flores Madrigal, en la audiencia de juicio oral y público. Recrimina, no consta, ni se infiere que lo manifestado en dichas declaraciones conste en el expediente administrativo. De la prueba documental (expediente administrativo), se observa exclusivamente una \"orden de servicio para la resolución técnica nuevo servicio\" (imágenes 94 y 95 del expediente digital); que es a la que se hace referencia en el hecho probado 4. Se extrae, apunta, que se trata de un formulario que contiene los datos del inmueble inspeccionado y la única observación que el inspector hizo constar es: \"(...) El caso se converse (sic) con el Ing. de zona, el mismo indica que no existe infraestructura en el lugar. Negativa”. En este sentido es claro, que no se infiere de esa orden de servicio (la cual constituye un acto preparatorio), la explicación detallada, ni alguna justificación técnica o probatoria de la carencia de infraestructura para brindar el acceso al agua, y es mediante la declaración que brindó el funcionario, que justifican la acreditación del hecho. Asevera, con esto se proporcionó el contenido a la motivación de la que dice, carece el acto administrativo que le denegó su derecho constitucional. Agrega, la jurisdicción contenciosa administrativa, como derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna, ejerce un control de legalidad sobre lo actuado por la Administración, —aquí, el acto denegatorio de acceso al agua—. Insiste, según consta en el expediente administrativo tiene como único sustento, los estudios e inspección efectuados por el servidor David, los que aduce, no detallan, ni explican, ni demuestran, los motivos de la denegatoria. Por lo que acusa el quebranto de los preceptos 133, 162 y 351 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Esto, dado que, mediante la declaración del testigo funcionario, se completa la motivación contenida en el acto preparatorio indicado. Tal testimonio, señala, más que corroborar y aclarar lo ocurrido en el expediente administrativo, introduce los motivos o razones no comprendidas, directa ni indirectamente, en la decisión denegatoria. Adiciona, elementos que de no haber sido aclarados en audiencia no pueden tenerse por comprobados en el expediente llevado a lo interno de la Administración. En consecuencia, arguye, le correspondía al Tribunal cotejar la validez del acto impugnado (como manifestación objetiva de la voluntad administrativa) en los términos que fue emitido; y no como se procedió mediante la las declaraciones de los funcionarios. Acota, la sentencia conculcó los cardinales 133, 162 y 351 de la LGAP, por que sustentó la existencia del elemento motivación del acto administrativo, en lo manifestado en las resoluciones de los recursos ordinarios y en las declaraciones testimoniales brindadas en sede judicial, las que no contenía el acto administrativo final que se acusó de nulidad absoluta, con lo que suplió su falta de motivación.\n\n III.- En cuanto a la causal del inciso c) de la norma 137 del CPCA esta Cámara ha dispuesto que se configura cuando las situaciones fácticas tenidas por comprobadas se sustentan, sea, en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso, o por su falta de determinación clara y precisa, que ocurre cuando el Tribunal redacta una o varias situaciones fácticas de forma imprecisa o discordante. Sobre el particular ver los fallos números: 1290-F-2023, 2170-F-2021, 785-F-2021, 1710-F-2020, 396-F-2012, 687-F-2010 y 502-F-2010. Analizado el reproche, es claro, el yerro acusado no se produce, pues, como el propio impugnante lo expresa en su motivo, el Tribunal fundamentó los hechos probados segundo y tercero en la declaración de los testigos David Gamboa Mora y Jose Flores Madrigal, funcionarios del AYA. Lo expuesto, sin que arguya, se trata de prueba ilegítima o introducida de manera ilegítima al proceso, sino que lo reclamado, es, no se basaron en el expediente administrativo, sin precisar cómo dicha circunstancia provoca el vicio que aduce, al menos no como causal procesal. Tampoco, expone, se este frente a una falta de determinación clara y precisa de tales situaciones fácticas. Al grado, se recalca, que no detalla en el motivo cómo se da esa contradicción en los hechos a tal punto que la sentencia sea confusa y menos, puntualiza cuales medios probatorios fueron introducidos ilegalmente, ni explica en qué consiste el perjuicio, ni lo enmarca de modo correcto en las causales procesales, dispuestas en el CPCA. Por otro lado, se observa, la inconformidad mezcla el yerro adjetivo de cita con uno de fondo, en tanto recrimina, del formulario denominado: “orden de servicio para la resolución técnica nuevo servicio\", no se extrae la explicación minuciosa, así como ninguna justificación técnica o probatoria de la falta de infraestructura para poderle brindar el acceso al agua en el inmueble de su propiedad. Agrega, la jurisdicción contencioso administrativa debe realizar un control de legalidad de la actuación administrativa, y que en el expediente administrativo solo consta como base los estudios e inspección efectuados por el servidor David Gamboa Mora, sin que se detallen, ni expliquen, ni demuestren, los motivos de la denegatoria. Debido a lo cual asevera, su vulneran los preceptos 133, 162 y 351 de la LGAP. De ahí, se denota, la disconformidad del casacionista resulta atinente a la apreciación fáctica y normativa que hicieron las personas juzgadoras en la especie. Lo expresado, se insiste, sobrepasa el ámbito de examen como causal procesal. Aunque, el cargo puede ser recalificado, dado que lo reitera en sus reparos de fondo, se analizaran al conocer de éstos. Consecuentemente procede desestimar el reproche.\n\nRecurso de casación por razones de fondo\n\n IV.- Primero: de acuerdo con lo regulado en el canon 138, inciso c) del CPCA, alega, se infringieron los artículos 50 de la Constitución Política (CP), 133, 136.2 y 158 de la LGAP. Transcribe el Considerando VI de la sentencia en cuanto a lo decidido sobre la motivación. De seguido, refuta, en la sentencia que se reprocha, es claro, se efectuó un indebido o erróneo control de legalidad, sobre el elemento motivación del acto que, efectúa la mayoría del Tribunal en el caso concreto, conculcándose el artículo 133, en concordancia con el 136.2, ambos, de la LGAP, debido a que de conformidad con el artículo 136.2 de cita, regula que consiste en la expresión de las cuestiones de hecho y de derecho que amparan y sustentan la decisión administrativa, y supone la referencia a los hechos probados o no demostrados, las pruebas o elementos de convicción en los que se ampara la deducción lógica de orden factico y la explicación del proceso analítico que condujo a esas derivaciones o inferencias. Por ende, argumenta, es claro que el acto final que le denegó el acceso al agua, no satisface ese elemento. Apunta, se arriba a dicha conjetura debido a que la decisión final se limitó a denegar la solicitud de disponibilidad de agua, con fundamento en las mismas razones indicadas en el acto preparatorio emitido por el inspector. Asimismo, menciona, como se observa en el expediente administrativo en ninguna de esas dos conductas formales existe una exposición clara de los hallazgos relevantes; ni de los hechos determinantes; ni su soporte probatorio; ni el análisis de los elementos de convicción; ni la expresión de los motivos o argumentos jurídicos que permitan subsumir los hechos relevantes en el derecho y concluir con la denegatoria de la disponibilidad de agua. De ahí, aduce, existe una infracción directa del cardinal 158 de la LGAP, pues dispone que ante la falta de alguno de los elementos que componen el acto administrativo, causa un vicio de este. Reclama, en el caso concreto, constituye una nulidad absoluta incuestionable, debido a que la ausencia de motivación afecta de forma directa el principio del debido proceso y el derecho de defensa, tal cual lo ha resuelto de forma reiterada la Sala Constitucional. En este sentido, se violentan tanto el canon 158 de cita como el numeral 50 de la CP, al tener por acreditado el elemento motivación en contra de lo establecido en los artículos 133 y 136.2 de la LGAP. Reprocha, no puede ser subsanada con la declaración rendida en juicio por el funcionario encargado de la inspección, ni en las resoluciones que resolvieran los recursos, porque las razones expuestas en etapa de juicio, debieron estar contenidas en el acto preparatorio que sirvió de sustento a la decisión final, y de ese modo poder tener conocimiento de estos y ejercer su derecho de defensa de forma efectiva y dar garantía a su derecho. De igual forma, en su opinión, lo resuelto se encuentra disconforme con lo regulado en el precepto 136.2 ibid, por falta de motivación, y, señala, por tratarse del derecho de acceso al agua resulta más gravoso. Ello, ya que tal norma estipula que el acto administrativo, debe estar debidamente motivado, sobre todo en aquellos casos en que se limiten derechos. Segundo: reprocha, la motivación del acto impugnado, se efectuó mediante recurso y no en el acto principal. En lo que le interesa, transcribe lo decidido en el considerando VII en cuanto se decidió que la motivación se generó vía recursiva. Recalca, la sentencia contiene un vicio de fondo, en lo tocante a la indebida aplicación de los preceptos 102 y 168 del LGAP, los cuales pese a proporcionar posibilidades al superior jerárquico de ajustar la conducta del inferior y busca mantener el acto administrativo. Sin embargo, se dejó de lado que la ausencia de motivación no puede ser suplida o subsanada en sede recursiva. Lo anterior, debido a que los recursos constituyen un remedio procesal para revisar y cuestionar la legalidad de los actos administrativos, lo que implica que la revisión debe conducir a que se confirme el acto (si resultara legitimo), se anule (si resultara sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico), o se modifique su contenido para ajustarlo a la legalidad. Pero, arguye, dicha revisión no puede de ninguna manera completar elementos sustanciales de validez del acto final que resultan ausentes (elementos que no fueron expresados dentro del acto administrativo, ni se observan en el expediente administrativo). En la especie, apunta, lo seria, que mediante la resolución del recuso, el superior jerárquico, pretendió explicar ampliamente sobre las circunstancias de hecho y derecho en los que se fundamentó la Administración inferior para la denegatoria de su solicitud. De esta manera, acusa, existe una inobservancia a lo señalado en ese mismo cuerpo normativo en los ordinales 162 y 351 de la LGAP, los cuales transcribe. Así, asevera, el fallo recurrido tiene un vicio por el fondo en cuanto a la inaplicación e infracción sustantiva directa de los cánones 162 y 351 mencionados, los cuales expone, se pasaron por alto, con lo que el Tribunal los quebrantó al sustentarse únicamente en los artículos 102 y 168 de la LGAP, para posteriormente declarar de forma oficiosa una falta de Derecho. Tercero: acusa errónea aplicación del precepto 193 inciso b del CPCA, al condenársele al pago de ambas costas, pese, afirma, a que litigó de buena fe. Increpa, se le impuso dicha cancelación, con fundamento en que su causa no es amparable por ninguno de los motivos de exoneración, que dispone el cardinal 193 de cita (incisos a) y b). Reproduce en lo que interesa, lo fallado por las personas juzgadoras sobre el particular. Objeta, le fueron impuestas por lo indicado en la norma en su primer párrafo, sin ingresar a examinar las causales de exención. Eso, expresa, pese a que en todo el expediente no consta la existencia de mala fe, sino que, al contrario, siempre existió motivo bastante para litigar. Incluso, manifiesta, en la propia sentencia se reconocen aspectos, como que la primera resolución administrativa no cuenta con la debida motivación. Además, refuta, se tomó como valida la motivación con base en lo relatado por los testigos, concediéndole un alto valor probatorio, a circunstancias que no constaban en el expediente. Argumenta, de acuerdo con el conjunto de normas y medios probatorios, que aportó a estrados,  hacían posible que el Tribunal contara con una información creíble, al momento de aplicar el canon 193 del CPCA. También, menciona se decidió: \"(...) podemos encontrar en el presente caso tanto la legitimación como el interés actual, en la medida que se evidencia del elenco de hechos probados, la existencia de una relación jurídico administrativa entre el señor Carlos Alberto Rodriguez Morales y el AYA, como resultado de la gestión formulada por el primero en el ano 2020 a fin de obtener una \"Constancia de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario\" respecto de su propiedad, la cual fue denegada por esa Administración mediante conducta administrativa formal emitida al efecto. Por lo cual ambos sujetos poseen legitimación, activa y pasiva, respectivamente, así como se desprende… la necesidad actual de pronunciamiento en relación con las pretensiones esgrimidas en la demanda...\". Agrega, su pretensión descansó en la expectativa, de que los jueces habrían de reconocerle ese derecho; de suerte que sin ese reconocimiento constitucional a la causa del demandante, el pronunciamiento de la sentencia recurrida, de quedar firme, significaría, en la práctica un acto de confiscación de su derecho. Apunta, alega la violación directa del artículo 193 del CPCA, porque el ejercicio obligatorio de la potestad de condenar y su contrapartida facultad de absolver, que concede esta norma a los jueces, debe tener suficiente fundamento en el caso concreto, cuando no se ejercita la facultad de exoneración. Esto con el fin de que ese no ejercicio de esa facultad no sea irrazonable o arbitraria, sino acorde con la naturaleza de las cuestiones debatidas y la convicción del demandante, de que tiene motivos bastantes para litigar, de conformidad con la prueba con la que cuenta. En el presente caso, indica, tuvo motivo bastante para incoar su acción, tutela efectiva del derecho y contenido defensa de su derecho al acceso al agua, toda vez que sustentó su pretensión en la expectativa, de que los jueces tutelarían ese derecho constitucional. Consecuentemente, solicita a la Sala que, ante una eventual desestimación del recurso aquí planteado, estime que existió motivo bastante para litigar, por la naturaleza de lo litigado.\n\nV.- De previo, ha de manifestarse, la falta de motivación fue el único reclamo formulado por el actor en el presente proceso. Asimismo, que entre sus pretensiones pidió se declarara la nulidad absoluta del acto definitivo, que corresponde al no. GG-2020-569 de la Gerencia General del AYA, así como las resoluciones administrativas subyacentes donde se le denegó la disponibilidad de agua. En un primer análisis, pareciera el actor, se equivocó al estimar que, el acto de la Gerencia General corresponde al principal, esto, porque en principio éste debería únicamente determinar si confirmaba, o no, el acto no. SIGDD-2020-00033033-1-1-1. Donde se determinó la no disponibilidad de agua ni alcantarillado, ya que el Instituto no cuenta en el lugar con la infraestructura necesaria para prestar tales servicios. No obstante, como se expondrá más adelante, el acto definitivo, en su parte considerativa modificó el acto final al brindar con mayor amplitud las razones fácticas y normativas en las que se fundamentó el demandado cuando declaró las no disponibilidades de cita. En consecuencia, no se trató de un simple acto confirmatorio de la resolución final. Debido a que los reproches primero y segundo están relacionados —falta de motivación del acto impugnado—, se conocerán en forma conjunta. En la primera de las inconformidades, refuta, en el acto preparatorio y en el final no hubo un desarrollo claro de los hallazgos relevantes; ni de los hechos determinantes; ni de su fundamento probatorio. Ha de recordarse, la pretensión se dirigió de forma directa a solicitar se declarara la nulidad absoluta del acto definitivo, sea, la resolución de la Gerencia General del ICAA no. GG-2020569 de 7 horas del 11 de setiembre de 2020, así como todos los actos administrativos subyacentes que le denegaron la disponibilidad de agua. Por ende, precisamente los últimos, lo constituyen el acto preparatorio, así como el final. De acuerdo con lo expresado supra, bien hizo el demandante en formular lo peticionado como lo hizo, ya que la resolución de la Gerencia General, como acto definitivo del procedimiento administrativo, no se circunscribió a confirmar el acto final, sino que además, brindó los motivos de hecho y jurídicos del porqué de la certificación de no disponibilidad de agua y alcantarillado. El acto preparatorio, corresponde a un informe realizado en el formulario denominado: “Orden de Servicio para Resolución Técnica Nuevo Servicio”, suscrito por el inspector David Gamboa Mora, donde constan los hallazgos de la inspección realizada en el sitio donde se ubica el inmueble para el cual se pidió la disponibilidad de agua potable. En este se aprecia, el levantamiento de un croquis, donde aparece el lugar en que se sitúa la finca del accionante (lote 43), provincia de San José (1), cantón Santa Ana (9), Distrito Piedades (5), sector 4, manzana 00900, propiedad 04300. En lo ateniente al alumbrado público da cuenta que no existe infraestructura que cubra el frente de la propiedad. Por otro lado, en cuanto a tubería hizo constar que no existía de ningún tipo, señaló que la calle era de tierra, y no había ningún tipo de tarifa, y tampoco red de alcantarillado frente al inmueble donde se solicitó el servicio. En el espacio de observaciones, apuntó que, hizo la consulta al ingeniero del AYA de la zona, quien le dijo en esa área no hay infraestructura. De ahí, el resultado fue negativo, y finalmente que la inspección se efectuó el 28 de agosto de 2020. Luego, en lo que constituyó el acto final, mediante documento denominado “Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado”, número de consecutivo SIGDD-202000033033-1-1-1 del 31 de agosto de 2020, se determinó que no era factible otorgar la disponibilidad solicitada por el señor Rodríguez Morales. El acto, en lo que interesa, expresó:  “En atención  a su solicitud de disponibilidad de agua potable / alcantarillado sanitario, presentada ante la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM en fecha 27 de agosto de 2020, …proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, el cual se ubicará en la propiedad matrícula… 1-286454-000 localizada en distrito Piedades, cantón Santa Ana, provincia San José, según Plano Catastrado N°1-0399400-1980 a nombre de CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, cédula 01-1202-0836 para la eventual dotación de 0 servicios con un caudal de 0.00 m3/d, le comunico que como resultado de los estudios básicos e informe técnico que consta en oficio 2020-00033033-1-ap se determinó lo siguiente: la propiedad esta (sic) en un sector donde no existe infraestructura de AYA. Por lo anterior no es factible otorgar la disponibilidad.\n\nNO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA   PROPIEDAD\n\nNO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD\n\nEn caso de inconformidad se le concede un término de tres días hábiles a partir del día siguiente del envío de la presente notificación para que interponga Recurso de Revocatoria ante esta dependencia o Recurso de Apelación ante la Gerencia General de AyA (sic), adjuntado las pruebas que considere oportunas para fundamentar sus alegatos…”. En el primero de los cargos, alega tanto el acto preparatorio como el final conculcaron los artículos 136.2 y 158 de la LGAP. Refiere de acuerdo con el primero, se contempla que la motivación atiende a las situaciones fácticas y normativas base de lo decidido por la Administración. Por ende, indica, comprende la mención de los hechos probados o no acreditados, las pruebas que sirvieron de fundamento a la deducción lógica de orden fáctico y la explicación del análisis realizado. En consecuencia, arguye, resulta diáfano que el acto final no cumplió con la motivación. Ahora bien, pese a que el Tribunal acepta, el acto final no desarrolló ampliamente las razones fácticas y jurídicas, fue subsanado por el acto definitivo dictado por la Gerencia General del ICAA, lo cual se abordará a profundidad más adelante. Por ahora, baste con apuntar, en cuanto a los hechos probados, pese a que no se mencionan como tales, ya desde el acto preparatorio, se obtiene y comprenden las razones por las cuales se rechazaron las disponibilidades solicitadas. Obsérvese, de conformidad con la inspección de campo se denotó que la zona donde se localiza la finca del demandante no cuenta con la infraestructura indispensable para la prestación del servicio de agua, ni de alcantarillado. Aspectos que fueron ratificados, —según se desprende de ese mismo documento—, por el ingeniero a cargo de dicha zona. Así, resulta materialmente imposible su prestación, como la requirió el señor Rodríguez Morales. Ha de agregarse, que la construcción de la mencionada infraestructura le corresponde al desarrollador de la urbanización, por lo que la no prestación de esos servicios no puede achacarse de modo directo al AYA. El acto final de consuno con dichos hallazgos, se limitó a certificar la no disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, al señalar que no existe la respectiva infraestructura para su prestación. De forma concreta, afirmó, no existe disponibilidad de agua potable ni del sistema de alcantarillado al frente de la propiedad del demandante. De igual manera, le otorgó el plazo de tres días hábiles a partir de la notificación, para impugnar vía recursos de revocatoria y de apelación, y con la posibilidad de allegar las probanzas que considerara oportunas con el propósito de sustentar sus argumentos.\n\n VI.- En otro orden de ideas, en lo tocante a lo discutido sobre si el superior jerárquico puede o no ampliar los aspectos de hecho y jurídicos, sea, proceder a ampliar la motivación del acto del inferior. Se tiene que, el Tribunal Transcribió parte de los considerandos de la resolución del superior jerárquico en lo que concierne a la exposición detallada de los aspectos fácticos y de Derecho en los que la Administración se sustentó para denegar la solicitud efectuada por el recurrente. Aludió de modo concreto a que“…el AyA debe atender la normativa técnica y legal existente. En este caso, aplicar lo establecido en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, en donde claramente se establece en los artículos: 06, 07, 11 y 13…” (transcribió el precepto 13). En este punto, es menester, reproducir en lo que interesa, lo decidido por el Tribunal al estimar que, la resolución cuya nulidad absoluta se solicita, si cuenta con el elemento motivación: “VII.- …En el sub júdice, el acto final del procedimiento, denominado “Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado”, con número de consecutivo SIGDD-2020-00033033-1-1-1 y fechado 31 de agosto de 2020, la motivación se limitó únicamente a decir que “…le comunico que como resultado de los estudios básicos e informe técnico que consta en el oficio: 2020-00033033-1-AP se determinó lo siguiente: la propiedad esta en un sector donde no existe infraestructura del AYA. Por lo anterior, no es factible otorgar la disponibilidad. NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD…” [Resaltado no es del original]. No obstante, este acto fue reformado por el superior, que en el acto definitivo -que es precisamente el impugnado en esta acción contenciosa- ahondó sobre esta consideración y expuso ampliamente sobre las circunstancias de hecho y Derecho en los que se fundamentó la Administración para la denegatoria de la solicitud realizada por el señor Rodríguez Morales… se le indicó al aquí actor lo siguiente: …En este caso bien se le indica que el lugar en donde se ubica el inmueble no hay infraestructura del AyA. Ni siquiera hay un sistema cercano de distribución (tubería madre), no se puede otorgar el servicio en el inmueble solicitado frente a calle pública, como se indica en el artículo 15 del Reglamento de Prestación de Servicios… Para el otorgamiento de Disponibilidades de Agua Potable… debe insistirse en que el AyA basado en el Reglamento de Prestación de Servicios, no puede otorgar disponibilidades positivas en sectores donde no existan las condiciones técnicas óptimas para la prestación de sus servicios, con las que se asegure la dotación de un servicio de calidad, cantidad, continuidad y confiabilidad, y en el sector donde se ubica el inmueble, no se está cumpliendo con esas disposiciones indicadas en el reglamento. En el presente caso el recurrente busca una eximente, pero no es posible para AyA (sic) apartarse del ordenamiento jurídico, la ciencia, la técnica y que permita obviar el ordenamiento jurídico para acatar apreciaciones de orden particular y privadas.  En este y otros casos, no es una simple acción de apreciación de un proyecto aquí o allá, o dónde más tenga interés el ciudadano, sino que debe ser sometido al análisis de acuerdo a la ciencia y la técnica.  Los Informes Técnicos están amparados en la ciencia y la técnica, de acuerdo al artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública; y en especial la ciencia de la Ingeniería; revelan que no existe sistema de distribución. Adicionalmente a lo anterior la urbanización donde se ubica el inmueble tiene un problema con la Municipalidad que debe ser resuelto por los propietarios registrales… TERCERO: La Institución mal haría otorgando una disponibilidad contrario al Principio de Legalidad y a la ciencia y la técnica que señalan el artículo 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública. Siendo entonces que AyA (sic) debe respetar la normativa que lo rige a otros, caso contrario AyA (sic) estaría transgrediendo el ordenamiento jurídico. Es claro que debe cumplir los requisitos como todo ciudadano y no es factible otorgar beneficios que el ordenamiento jurídico no le otorga.  No hay ninguna eximente para que no cumpla con los requisitos que se le solicitan. […] AyA (sic) debe ser respetuoso de las normas de Planificación Urbana y del Ambiente, siendo que AyA (sic) no puede ir contra el ordenamiento jurídico vigente… La Sala Constitucional se ha pronunciado en concordancia con los requisitos técnicos y legales que deben tomarse en cuenta para otorgar un nuevo servicio. Así la Resolución 2004-12185 de las trece horas con treinta y un minutos del veintinueve de octubre del dos mil cuatro, la Sala Constitucional resolvió: “Visto el informe rendido bajo juramento por el Sub Gerente del AyA (sic) y la prueba aportada al expediente, la Sala concluye que, en este caso en particular, no se ha lesionado ningún derecho fundamental del recurrente toda vez que, contrario a su dicho, ha sido él mismo quien no ha presentado ante la Institución recurrida los documentos exigidos para la prestación del servicio de agua potable. No es posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir los presupuestos establecidos en su Reglamento de Prestación de Servicios ni en la Ley General de Agua Potable, en el tanto el amparado, por su parte, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, puesto que, si bien es cierto el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona, también es cierto que los requisitos legales y reglamentarios que debe reunir el posible usuario, deben ser satisfechos de acuerdo con la normativa existente...” (destacado no es del original). La Sala Constitucional mediante Resolución Nº. (sic) 2004-12185 de las 13.31 hrs del 29 de octubre del 2004, ha señalado que para optar por un servicio de agua potable el interesado debe reunir los requisitos establecidos en la normativa de AyA (sic). Es así como en el presente caso, la Institución no puede obviar sus propios reglamentos. La Sala Constitucional, en casos similares, resolvió en el Voto Nº (sic) 2008-14159, del veinticuatro de setiembre del dos mil ocho: […] La obligatoriedad por parte del AyA (sic) de revisar lo señalado resulta necesario para dar cumplimiento, en lo que corresponda, a lo señalado en la norma técnica supra señalada. Los artículos 5 y 7 (definición de técnicamente factible) y 75, inciso g) (causales de rechazo de las solicitudes de servicio), del reglamento técnico Prestación de los Servicios de Acueductos, Alcantarillado Sanitario e Hidrante AR-PSAYA-2015-de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), publicado en La Gaceta 69 del 12 de abril del 2016 – Alcance No. 55, así como a lo establecido en los artículos 6,13 del Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA (sic) vigente. Dichas normas establecen como requisito para la prestación de los servicios públicos que ofrece el AyA, (sic) que estos sean legal, ambiental y técnicamente factibles. En particular el artículo 5 del reglamento técnico de la ARESEP (AR-PSAYA-2015) en su definición de “Técnicamente factible” señala: “Se considera que un servicio es técnicamente factible cuando cumple las siguientes condiciones: … d. Es legal y ambientalmente posible y … “. Por su parte el artículo 75 de esta misma norma indica “Artículo 75. - Causales de rechazo de las solicitudes de los servicios. Los prestadores podrán negar un servicio cuando se presente cualquier de las siguientes causales: … g. Que no sea técnicamente factible. En esta misma línea el artículo 6 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA (sic) establece que: “AyA (sic) prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro del área de cobertura, siempre que cuente con factibilidad técnica y legal.”. Mientras que el artículo 13 de este mismo cuerpo normativo indica: “Artículo 13.- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA (sic) prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica y legal en inmuebles… Por criterio de la mayoría de este Tribunal, tal y como se desprende del acto recién transcrito, la conducta administrativa impugnada sí presenta una motivación suficiente y adecuada, que permite la comprensión de las cuestiones de hecho y de derecho que amparan y sustentan la decisión administrativa, esto en la medida que se incorpora en los actos la mención y explicación fundamentada de las razones dadas por el AYA para denegar el servicio, a saber: que el inmueble respecto del cual se solicitó la disponibilidad se encuentra localizado “en un sector donde no existe infraestructura del AYA.”. Se observa de parte de la mayoría de la Cámara que, no obstante, el acto final no entra en un detalle adecuado y profuso, tal y como se esperaría de una decisión técnica, lo cierto del caso es que sí lo hace el superior jerárquico a la hora de resolver el recurso de apelación a través del acto definitivo, lo cual se entiende al amparo de la potestad del jerarca -en términos de la Ley General de la Administración Pública- de controlar los actos de los inferiores, sea por motivos de legalidad u oportunidad, mediante la reforma, confirma o anulación de aquellos, en tanto la norma legal de cita así lo dispone en su literalidad: “Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: […] d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en virtud de recurso administrativo…” (Resaltado no es del original). Esta potestad jerárquica, en criterio de la mayoría, se entiende que engloba la facultad de adaptar el acto del inferior al marco de la legalidad y la buena administración, obviamente en el tanto esto sea posible (es decir, que no nos encontremos ante un supuesto de una nulidad de pleno Derecho), acorde con el marco del principio de conservación de los actos o “a favor acti”, como lo prevé expresamente el ordinal 168 de la misma Ley General…En otras palabras, tratándose el caso concreto de una supuesta falta de motivación del acto, por mayoría, la Cámara comprende que sí se encuentra dentro del marco de acción legítima del superior a la luz de las normas citadas, la posibilidad de reformar por vía de recurso administrativo el acto del inferior, a fin de completarlo y con ello, ajustar el acto, de tal modo que ahora sí permita la comprensión de las razones y el proceso racional por el cual se tiene por acreditado el motivo del acto, así como el análisis de legitimidad que ha llevado a la decisión adoptada; lo cual es, a fin de cuentas, el fin último de la motivación como elemento del acto administrativo. El completar una motivación que, en principio, pudiera aparentar insuficiente, se entiende que también es una consecuencia necesaria del recurso, pues además de servir como medio de defensa del administrado, permite al jerarca detallar acerca de las razones que guiaron en un sentido u otro la decisión de la Administración, al mismo tiempo, que permite a su destinatario adoptar las medidas de impugnación que estime necesarias en la defensa de sus intereses… Valga decir que, en ese sentido, la alegada violación del derecho fundamental al acceso al agua potable es abordado como una consecuencia de la supuesta infundada desestimación de su solicitud, sin embargo, como hemos corroborado -por mayoría- la conducta combatida sí expresa las razones para su rechazo, las cuales denotan que no se trata de un derecho absoluto e irrestricto, en tanto depende de la factibilidad técnica (cantidad, calidad y continuidad) para su prestación, de modo que, tratándose de un servicio público que se realiza a través de una red de infraestructura, si se carece de ésta -por motivos ajenos a la entidad prestataria- resulta materialmente imposible exigirle a la demandada que preste el servicio. Adicionalmente, y no menos importante es que aquella infraestructura es una carga del urbanizador donde se ubica la propiedad del actor, conforme a los artículos 1 y 32 de la Ley de Planificación Urbana, número 4250, obligación que no puede ser trasladada a la entidad accionada”. De lo transcrito, se constata que el Tribunal por mayoría, decidió que el acto definitivo dictado por la Gerencia General del AYA, que es el impugnado de forma directa por el casacionista, se encuentra debida y ampliamente sustentado de hecho y jurídicamente, por lo que contrario a lo acusado por el señor Rodríguez Morales, la Administración cumplió a cabalidad con el elemento motivación del acto. Explicó, aunque el acto final no contó con un desarrollo apropiado y abundante como las cuestiones técnicas lo imponían. Sin embargo, el superior jerárquico —Gerencia General del Instituto—, si lo hizo al resolver el recurso de apelación incoado contra el acto final. Lo anterior, dado que dicha motivación posibilita conocer las razones fácticas y normativas que respaldan y fundamentan lo resuelto por la Administración, en el tanto que incorporó en las resoluciones la cita y explicación sustentada de los motivos brindados por el ICAA a fin de denegar el servicio, a saber, porque técnicamente no resultaba posible dar el servicio debido a que la propiedad del actor está ubicada en una zona que no cuenta con la infraestructura necesaria —ni de acueducto, ni de alcantarillado—. Este Órgano decisor, avala lo dispuesto por la mayoría de los integrantes del Tribunal, en lo concerniente a que el artículo 102 de la LGAP faculta a la Administración, aún de oficio, a tomar las acciones indispensables para ajustar, —en este caso reformar—, la conducta del inferior al ordenamiento jurídico y a una correcta administración. Máxime, en un asunto como el de examen, donde existe un impedimento insalvable (de mera constatación), ya que la zona donde se sitúa el inmueble de don Carlos Alberto Rodríguez, no cuenta con la infraestructura necesaria para prestar los servicios de agua (acueducto) y alcantarillado. Asimismo, porque corresponde al urbanizador, no al AYA su construcción. Al punto, que existen problemas del desarrollador con la Municipalidad de Santa Ana, merced a dicho incumplimiento. También, porque mientras exista un recurso contra la no disponibilidad de agua, no está conformada aún la voluntad final de la Administración, y en consecuencia tampoco el acto final con efecto propio. La Sala en un fallo reciente resolvió que el órgano competente, en la especie la Gerencia General del AYA, como superior jerárquico, despliega una función revisora de la resolución combatida por el administrado. Adiciona, tal ejercicio, cuando se trata del recurso de apelación, puede conllevar que se confirme, revoque o anule. En consecuencia, es claro, dentro de estas facultades está la de modificar el acto impugnado, cuando su decisión sea confirmarlo, —que fue la acaecido en el subexamine—, de conformidad con la relación de los artículos 102, 348 y 351 de la LGAP. Sentencia no. 878-F-2024 de 11 horas 22 minutos del 4 de julio de 2024. Lo expresado hasta aquí sin que el impugnante alegue lesión alguna al debido proceso, ni derecho de defensa, pues, mediante el acto definitivo conoció a cabalidad las cuestiones de hecho y normativas con base en las cuales la Administración le denegó la disponibilidad de agua y alcantarillado. Se insiste, sin que en esta fase procesal, se discuta sobre alguna deficiencia de dicho elemento en cuanto a la resolución de cita, sino, que lo refutado, es que el superior no podía suplirlo al conocer el recurso de apelación. Por otro lado, en lo tocante a que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental, por lo que el actor considera le fue conculcado por el Instituto. Sobre este particular, existe claridad en cuanto a que el alcance a tan preciado líquido constituye un derecho fundamental. No obstante, como lo ha decidido la Sala Constitucional, tampoco resulta irrestricto, ya que es menester que se cumpla con los requisitos técnicos y legales para su prestación. En lo que atiende a lo regulado normativamente, ha resuelto no puede obligarse al ICAA a pasar por alto las condiciones y requisitos regulados en el Reglamento de Prestación de Servicios, y en la Ley General de Agua Potable, dado que de no reunirse no existe posibilidad de brindarlo. Dicha Cámara, ha reiterado que con el fin de acceder al servicio de agua potable es necesario que se cuente con los requisitos dispuestos en la normativa del AYA, al grado que la Institución no puede pasar por alto su propia reglamentación. Adicionó, el Reglamento Técnico para la Prestación de los Servicios de Acueductos, Alcantarillado Sanitario e Hidrante AR-PSAYA-2015 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos preceptos 5 y 7, concernientes a la definición de lo que significa técnicamente factible y 75, inciso g), referido a las motivos de rechazo de solicitudes de servicio; al igual que lo estipulado en el cardinal 6,13 del Reglamento para la Prestación de Servicios del AYA, disponen como requerimiento que los servicios públicos que proporciona el Instituto sean legal, ambiental y técnicamente posibles. Consultar las sentencias números 2008-14159 del 24 de setiembre de 2008 y 2004-12185 de 13 horas 31 minutos del 29 de octubre de 2004. Por ende, se rechazan los motivos.\n\nVII.- En el tercero de los reproches combate la imposición de costas como parte vencida. Acusa vulnerado el inciso b) del artículo 193 del CPCA, ya que en su opinión tuvo motivo bastante para litigar. Ha de iniciarse haciendo notar que yerra el casacionista al esgrimir que, previo a imponerle las costas debió analizarse, si aplicaba alguna de las eximentes. Ello, ya que como lo ha resuelto esta Sala, en cuanto a los efectos económicos del proceso el CPCA en el precepto 193, estipula: “En las sentencias y los autos con carácter de sentencia, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales, pronunciamiento que deberá hacerse de oficio. No obstante lo anterior, la parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando: a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. B) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal motivo bastante para litigar”. Asimismo, cuando la parte vencedora incurrió en “plus petitio” según se regula en el canon 194 ibid. De igual modo, con la salvedad de que exista acuerdo de los contendientes, cuando hubiere desistimiento, allanamiento o satisfacción extraprocesal de la pretendido antes o durante la audiencia preliminar, con excepción de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 197 del CPCA, sea, cuando se origine una vez concluida la audiencia preliminar. Por otro lado, en el Código Procesal Civil vigente, en su canon 73.1, parte de igual modo, de la regla general, que: “En toda resolución que le ponga fin al proceso, de oficio se condenará al vencido al pago de costas…”. Además, en el inciso 2, estipula los casos donde se podrá eximir de forma parcial o total, de manera razonada, como cuando la demanda tenga pretensiones exageradas; en la sentencia se hubieran admitido excepciones relevantes, opuestas por el perdidoso; de haber vencimiento recíproco, en lo tocante a pretensiones o defensas en términos generales; y, si la parte ajustara su conducta a la buena fe, lealtad, probidad y el uso racional del sistema procesal. De lo expresado, es claro, la regla tanto en materia contencioso administrativa como civil, es la imposición de costas a la parte que resulte vencida en el proceso, lo cual habrá de realizarse de oficio. En todo caso, como se expuso, existen causas que permiten la exoneración, en lo que interesa, las personas juzgadoras condenaron a la actora al pago de las costas. Del examen de la sentencia se constata, en sus consideraciones se expresaron de conformidad con lo que esta Cámara ha decidido sobre este tema. De forma concreta, dispusieron: “De conformidad con los artículos 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 73 del Código Procesal Civil (Ley N° 9342) por medio de la condena al pago de las costas se constituye una obligación a cargo de la parte perdidosa por el sólo hecho de serlo-, en beneficio de la vencedora, a fin de que ésta le reintegre las diversas categorías de gastos allí enlistados. Ambos numerales prevén diversas causales de dispensa de esta condenatoria, por lo que en ausencia de alegatos o pruebas que permitan a este Tribunal, en el caso concreto, ponderar y tener por acreditado alguno de estos motivos, no es posible entonces excepcionar total o parcialmente a la parte vencida de la aplicación de dicha máxima, por lo que conforme a las normas de cita, lo debido es imponer la condena a la parte vencida”. Lo así resuelto se explica, al examinar lo dispuesto en cuanto al fondo del presente caso, ya que el Tribunal declaró una falta de derecho. De ahí, no existió el motivo bastante para litigar, porque no consiste en la convicción de la parte vencida ni del Tribunal en lo tocante a que fue así, sino que era menester tuviera fundamento en el expediente.  Esta Sala considera, no lleva razón la recurrente por las razones que de seguido se expondrán. En general las causales que facultan la exoneración del pago de las costas, no la habilitan debido a una correcta conducta procesal, sino dado que de acuerdo con la naturaleza de lo discutido permita desprender que el proceso era indispensable para determinar el ordenamiento jurídico le daba la razón. Nótese, arguye: “…tuvo motivo bastante para incoar su acción, tutela efectiva del derecho y contenido defensa de su derecho al acceso al agua, toda vez que sustentó su pretensión en la expectativa, de que los jueces tutelarían ese derecho constitucional”. Sin embargo, como lo expresó el Tribunal ese derecho no resulta irrestricto, sino que el solicitante debe cumplir con las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico, sin que el señor Rodríguez Morales los hubiera satisfecho. En el subexamine, resulta diáfano, los alegatos en que se fundamenta el actor para solicitar se le exima como vencida del pago de las resultas económicas del proceso, es meramente subjetivo. A saber, porque tiene la creencia de que la causa de pedir le proporcionó motivo bastante para litigar, pese a no ser más que una convicción personal, según se señaló. Lo expresado, condujo al dictado de un fallo el cual resultó contraria al demandante, ya que se acogió la falta de interés actual y se declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda. Por otro lado, el que al accionante se le tenga como vencido, no significa se le considere litigante temerario o de mala fe. Según se explicó, en materia contencioso administrativa, entre otras, como, por ejemplo, en civil, las costas se cargan al perdidoso a modo de reconocimiento al vencedor, quien tuvo que acudir a defender su derecho o interés. Así, al haber tenido que litigar y erogar gastos para defender sus derechos, provoca que la vencida asuma, por regla general, las resultas económicas del proceso. Se insiste, la existencia de la eximente debía acreditarse, pues, la condena al perdidoso es la regla, de no actuarse, se requiere del debido sustento objetivo, no como lo pretende la accionante con base en razones subjetivas (creencia y convencimiento de llevar razón, pese a que se resolvió no contaba con derecho). El mencionado canon 193 del CPCA en su inciso b), regula, cabe la exoneración en costas a la vencida cuando del examen de las cuestiones debatidas y la naturaleza de lo pretendido, la persona juzgadora pueda concluir el litigio era necesario para solventar el conflicto, lo cual no sucedió en el subexamine. En el caso de estudio el Tribunal acogió la falta de derecho, y sin lugar la demanda. En consecuencia, de modo objetivo del expediente se constató, el actor carecía de derecho; por lo que la demanda no prosperó, así como tampoco eximirlo del pago de las respectivas costas. Así, se desestima el agravio.\n\nVIII.- Acorde con lo razonado, al no existir mérito en relación con los reparos planteados, el recurso debe ser rechazado. De conformidad con lo que se dispone en el inciso 3) del canon 150 del CPCA, procede imponer las costas al recurrente.\n\nPOR TANTO\n\n Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo del promovente.HBRENES\n\n \n\n\t\n\n\n\n6EZLI9T7QCG61\nLUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\nE437QK7K3XY061\nLINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nKIK2JTU43UYI61\nCARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A\n\n\n\n\n\n\nYZJKK4C3NPA61\nDAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\n91OM8WSFRC861\nJORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRADO/A\n\n \n\nTeléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nClasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:36:39.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\n\nFirst Chamber of the Court\n\nResolution No. 00005 - 2026\n\nResolution Date: January 15, 2026, at 09:04\n\nCase File: 21-005268-1027-CA\n\nDrafted by: Luis Guillermo Rivas Loáiciga\n\nType of matter: COGNIZANCE\n\nAnalyzed by: FIRST CHAMBER\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Unanimous vote\n\nBranch of Law: Administrative Litigation\n\nTopic: Cassation appeal\n\nSubtopics:\n\nCassation for procedural reasons.\n\nAnalysis of the lack of clear and precise determination in the judgment of the facts accredited by the Tribunal or for having been based on illegitimate evidentiary materials or those illegally introduced into the process (ordinal 137.c of the Administrative Litigation Procedural Code). See resolutions 502-2010, 687-2010, 396-2012, 1710-2020, 785-2021, 2170-2021, and 1290-2023 of the First Chamber. The error does not occur. The Tribunal based the second and third proven facts on the testimony of two witnesses. However, the appellant does not argue that it is illegitimate evidence or introduced illegally into the process, as he claims a circumstance without specifying how it causes this procedural defect. He also does not specify which pieces of evidence were introduced illegally, nor does he explain what the prejudice consists of. Furthermore, he does not state that we are facing a lack of clear and precise determination of the factual situations, in particular, he does not detail how a contradiction in the facts occurs to the point that the ruling is confusing (vote 5-F-2026).\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine Related Judgments\nContent of Interest:\n\nType of content: Unanimous vote\n\nBranch of Law: Administrative Litigation\n\nTopic: Cassation appeal\n\nSubtopics:\n\nFormalities of the appeal.\n\nThe disagreement under study mixes a procedural error with a substantive one. Their disagreement refers to the factual and normative assessment made by the judges, which exceeds the scope of examination as a procedural ground. Although the charge can be reclassified, he reiterates it in his substantive objections, so it will be analyzed when addressing them (vote 5-F-2026).\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Unanimous vote\n\nBranch of Law: Administrative Litigation\n\nTopic: Element of the administrative act\n\nSubtopics:\n\nGrounds motivation.\n\nTopic: Administrative act\n\nSubtopics:\n\nDefinitive act.\nFinal act.\n\nTopic: Urban planning\n\nSubtopics:\n\nAqueduct and sewerage infrastructure.\n\nTopic: Administrative hierarchical power\n\nSubtopics:\n\nConcept and scope.\n\nIn this proceeding against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (hereinafter ICAA or AYA), the plaintiff requests the absolute nullity of the definitive act -resolution of the General Management- as well as all underlying administrative acts that denied him the availability of potable water and sewerage for a new single-family home construction project. The Tribunal, on its own motion, upheld the lack of right and dismissed the lawsuit. This Chamber observes that this definitive act, in its recitals (considerativa) section, modified the final act by providing in greater detail the factual and normative reasons on which it was based when it declared the non-availability in question. Therefore, the plaintiff acted correctly in formulating his petition, since the General Management resolution -as a definitive act- was not limited to confirming the final act, but also provided the factual and legal grounds for the non-availability certification. On the other hand, the hierarchical superior, when resolving an appeal through the definitive act, in its reviewing function of confirming, revoking, or annulling, may expand the motivation (motivación) of the inferior's act -when its decision is to confirm it- in accordance with precepts 102.d, 348, and 351 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública). See resolution 878-2024 of the First Chamber. Therefore, the cited cardinal 102 empowers the Administration, even ex officio, to take the indispensable actions to adjust -in this case reform- the inferior's conduct to the legal system and proper administration. Finally, this Chamber endorses the decision of the majority of the Tribunal in finding that the Administration fully complied with the element of motivation (motivación) of the act when denying the service, since the area where the property is located does not have the necessary infrastructure to provide aqueduct and sewerage services (construction that corresponds to the developer (urbanizador)) (vote 5-F-2026).\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine Related Judgments\nContent of Interest:\n\nType of content: Unanimous vote\n\nBranch of Law: Administrative Litigation\n\nTopic: Water\n\nSubtopics:\n\nAvailability of potable water and sanitary sewerage.\n\nAnalysis of the fundamental right of access to potable water, provided that the technical and legal requirements for its provision are met (mandates 5, 7, and 75.g of the Technical Regulation for the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewerage, and Hydrant Services AR-PSAYA-2015 of ARESEP, 6.13 of the Regulation for the Provision of AYA Services). See resolutions 12185-2004 and 14159-2008 of the Constitutional Chamber (vote 5-F-2026).\n\n... See more\nRelated Judgments\nContent of Interest:\n\nType of content: Unanimous vote\n\nBranch of Law: Administrative Litigation\n\nTopic: Costs\n\nSubtopics:\n\nCondemnation to the losing party.\n\nThe appellant errs in arguing that, prior to imposing costs on him, an analysis should have been made as to whether any of the exemptions applied. In administrative litigation as in civil matters, the general rule is to impose costs ex officio on the losing party in the process, which does not mean that they are considered a reckless or bad-faith litigant. They are charged to the loser as a form of recognition to the winning party, who had to incur expenses to defend their right or interest. In any case, there are grounds that allow for their exoneration, which must be demonstrated (mandates 193, 194, and 197.b of the Administrative Litigation Procedural Code, 73.1 and 2 of the Civil Procedural Code). In the present case, the Tribunal upheld the lack of right and dismissed the lawsuit. Ergo, objectively, it was verified from the case file that the plaintiff lacked a right, so there was no sufficient reason to litigate. Furthermore, the appellant's arguments requesting to be exempted from that payment are merely subjective (vote 5-F-2026).\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine\nContent of Interest:\n\nType of content: Unanimous vote\n\nBranch of Law: Administrative Litigation\n\nTopic: Cassation appeal\n\nSubtopics:\n\nCosts.\n\nThe appeal is rejected. Costs are imposed on the appellant (ordinal 150.3 of the Administrative Litigation Procedural Code) (vote 5-F-2026).\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 21-005268-1027-CA\n\nRes. 000005-F-S1-2026\n\nFIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and four minutes on the fifteenth of January of two thousand twenty-six.\n\nCognizance proceeding, established before the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunal by Mr. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, national identity card number 1-1202-0836, represented by ROBERTO CORDERO BRENES, in his capacity as special judicial attorney against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA ICAA, or the Institute), represented by ADILIA CAMPOS VARGAS AND PAULA GUERRERO DELGADO, the first, in her capacity as general judicial attorney and the second, as special judicial attorney.\n\nMagistrate Rivas Loáiciga drafts\n\nRECITALS (CONSIDERANDO)\n\nI.- The Tribunal composed of judges Cynthia Abarca Gómez and Silvia Consuelo Fernández Brenes, as well as judge Daniel Aguilar Méndez, deemed the following facts as proven. On August 27, 2020, the “duly completed application form and requirements” for a “Request for Certification of Availability of Potable Water and Sanitary Sewerage” was received at the Self-Service Agency of the Metropolitan Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA or AYA), from Mr. Carlos Alberto Rodríguez Morales, in his capacity as owner of the property in the Partido de San José, registration number 286,454-000, with cadastral map no. SJ-03994001980. In said document, Mr. Rodríguez Morales indicated that the request corresponded to a project for “Subdivisions, segregations, lotifications (Fraccionamientos, segregaciones, lotificaciones)” and referred to the construction of a “New Construction Project” of the type “Single-Family Home”. “Homes located on an individual lot”. Once the ICAA receives a request of this type, having verified compliance with the requirements, the responsible Department assigns the request to an official who performs a desk analysis, based on the information provided, as well as through the electronic systems and tools that AYA has “…to be able to verify, …if the availability where it is located has the technical and legal feasibility to be able to grant it…”. Consequently, if a reasonable doubt arises from the desk analysis, consultations are made with other Departments, and if no information is obtained, the case is assigned to the “water availability inspector” to conduct a field study. Said official, upon receiving the request, first carries out a study based on the information provided, regulatory plans, and the AYA Service Provision Regulation, as well as the information systems available to the institution “…such as some schematic maps that for years AyA has been developing, information systems in which it maintains pipelines, active networks, lists of hydrometers, billing lists, so I do a previous study before going to the field…”. After completing that study, the inspector goes to the area and assesses certain elements that his experience allows him to determine the availability or not of aqueduct or sewerage networks. Specifically, “…what they do is verify if there are meters next to the property being requested now, if there are no meters, if there is… the asphalt can be seen broken due to leak repairs or because a pipe was laid; well, maybe the asphalt might be new, so they don’t see it, but they see if there are meters, if there is electric lighting, if there are certain things that tell him, look, here there is or there isn't a pipe…”. If any doubt remains, the official consults the so-called “zone engineer,” “who is in charge of repairing leaks… in all the pipes we have”. This professional is the one who can clarify for the Inspector, based on their experience, whether or not pipes exist in the area. Even if the doubt persists, the public street can be opened up to determine the presence or not of the AYA water networks. Based on all this collected information, the inspector completes the respective documentation, and the Institution can finally give a response to the user. Mr. Rodríguez Morales's request was assigned to official David Gamboa Mora, Inspector of New Services and Potable Water Availability in Zone 3 of the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana, GAM), who, after conducting a previous study of the information provided, proceeded to carry out the field inspection in the following terms: -“…I arrive at the property in question, …which apparently, from my expertise due to the years of working there, generates a lot of doubt in me, because the road is in very poor condition. There are some gates at the entrance with a sign that says ‘private property do not enter’. There is no public lighting. I enter the property, …There are no neighbors who bill for aqueducts or sewerage, not a single meter (sic) within that urbanization, so, …it generates doubt in me. I am… a simple employee, I have to make other inquiries to know if the information I am seeing is really true and if there is or isn't… water there. I consult the Zone engineer at that time, José Daniel García… and he tells me: ‘No, David. In that area we don't have water, there is no water there, there is no service that bills there and furthermore that is an urbanization that has not been received by the municipality’. So I cannot override the criterion of a superior… much less that of a municipal criterion, because we have to… first adhere to the technical feasibility demanded by the Service Provision Regulation and also the urban planning… regulation of the municipality of Santa Ana. So yes, the urbanization is not received, I cannot grant water […] in that field visit you can see, not exactly adjacent as such, but yes, there are several houses further back or even at the entrance and none had an Aqueducts and Sewerage meter. In fact, the houses at the back that are, apparently, some apartments, have water through a meter that, commonly called ‘straw pulled’ (paja jalada) that is 200 meters away or so… through some properties, towards a road that leads to the urbanization called ‘El Triunfo’”[…] but it is not located in front of the property lines of those neighbors who are within that urbanization, it is located in front of a lot… far away and that does not belong to that subdivision (fraccionamiento) or that urbanization […] yes, there is a NIS [service identification number], but as I said, it is 200 meters away, far from … the NIS that supplies that property… is 200 meters away over some properties, through a ‘straw pulled’ (paja jalada)…”. In a document called “Work Order for Technical Resolution New Service” of the ICAA dated August 28, 2020, signed by Inspector David Gamboa, a sketch was made and it was recorded that the case had been consulted with the zone engineer, who stated that there was no infrastructure at the site. Hence, it was realized that there was no sewerage in front of the property where the service was required, and the inspection was declared negative. By means of a document called: “Certification of Non-Availability of Aqueduct and Sewerage Services” sequential number SIGDD-202000033033-1-1-1 of August 31, 2020, it was determined that it was not feasible to grant the availability requested by Mr. Rodríguez Morales. The document indicated that on September 4, 2020, an appeal for reconsideration (revocatoria) with subsidiary appeal (apelación en subsidio) filed by the applicant was received, where he indicated the email “rcordero@faciolegal.com” as the means for notifications. By administrative resolution number NUD-GAM-NOT-2020-0372 of September 10, 2020, the ICAA's GAM Systems Management Deputy Management ordered the rejection of the appeal for reconsideration filed. This act was notified to the administered party on September 10, 2020. In administrative resolution of the ICAA General Management no. GG-2020569 of 7:00 a.m. on September 11, 2020, the appeal filed by Mr. Rodríguez Morales was resolved in the following terms: “… THEREFORE (POR TANTO): Based on the administrative file, the technical reports that constitute it, and the documents provided, article 11 of the Political Constitution, 11 and 16, 272.2 of the General Public Administration Law; and article 6, 13 of the AyA Service Provision Regulation; it is appropriate to reject the Appeal presented by CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES FOR NEGATIVE AVAILABILITY SIGDD-2020-00033033-1-1-1. All actions taken by the Institution are upheld. The administrative channel is hereby exhausted…”. Said act was notified on September 23, 2020. Mr. Carlos Alberto Rodríguez Morales filed a lawsuit against AYA requesting that the absolute nullity of resolution GG-2020-569 and all underlying administrative acts that denied him water availability be declared; that the Institute be compelled to grant him said availability on the property he owns in the Partido de San José, registered folio 1-286454-000; and that the defendant be ordered to pay both costs, plus their respective interest. AYA answered the lawsuit negatively, but without opposing exceptions, and requested that the plaintiff be ordered to pay both costs. The Tribunal, by majority, upheld the lack of right ex officio; declared the lawsuit without merit, and ordered the losing plaintiff to pay the costs. Disagreeing, the plaintiff files a cassation appeal where he develops procedural and substantive grievances.\n\nCassation appeal for procedural reasons\n\nII.- Single ground: He alleges that article 137, section c) of the Administrative Litigation Procedural Code (CPCA) was violated, due to the lack of a clear and precise determination, in the judgment, of the facts accredited by the Tribunal or for having been based on illegitimate evidentiary materials or those illegally introduced into the process. This, he points out regarding the facts deemed proven as the second and third, which he reproduces. He states that these described facts were taken as proven in the judgment; however, as can be verified, they are considered proven solely based on the testimonial statements provided by officials David Gamboa Mora and Jose Flores Madrigal, in the oral and public trial hearing. He reproaches that it is not recorded, nor is it inferred, that what was stated in those statements is in the administrative file. From the documentary evidence (administrative file), only a “work order for the technical resolution new service” is observed (images 94 and 95 of the digital file); which is the one referenced in proven fact 4. It can be extracted, he points out, that it is a form containing the data of the inspected property, and the only observation the inspector recorded was: “(...) The case was discussed (sic) with the Zone Eng., who indicates that there is no infrastructure at the site. Negative”. In this sense, it is clear that the detailed explanation, nor any technical or evidentiary justification for the lack of infrastructure to provide access to water, is not inferred from that work order (which constitutes a preparatory act), and it is through the statement that the official gave that they justify the accreditation of the fact. He asserts that this provided the content to the motivation (motivación) which he claims the administrative act that denied his constitutional right lacks. He adds that the administrative litigation jurisdiction, as a fundamental right enshrined in our Magna Carta, exercises a legality control over the actions of the Administration, —here, the act denying access to water—. He insists that, as recorded in the administrative file, it has as its sole support the studies and inspection carried out by the official David, which, he argues, do not detail, explain, or demonstrate the reasons for the denial. He thus accuses the breach of precepts 133, 162, and 351 of the General Public Administration Law (LGAP). This is because, through the testimony of the official witness, the motivation (motivación) contained in the indicated preparatory act is completed. Such testimony, he indicates, more than corroborating and clarifying what occurred in the administrative file, introduces the motives or reasons not included, directly or indirectly, in the denial decision. It adds elements that, had they not been clarified in the hearing, cannot be considered proven in the file kept internally by the Administration. Consequently, he argues, the Tribunal was required to compare the validity of the challenged act (as an objective manifestation of the administrative will) in the terms it was issued; and not as was done through the statements of the officials. He notes that the judgment violated cardinals 133, 162, and 351 of the LGAP, because it supported the existence of the element of motivation (motivación) of the administrative act on what was stated in the resolutions of the ordinary appeals and in the testimonial statements given in court, which the final administrative act accused of absolute nullity did not contain, thereby supplementing its lack of motivation (motivación).\n\nIII.- Regarding the ground in section c) of article 137 of the CPCA, this Chamber has ruled that it is configured when the factual situations deemed proven are based either on illegitimate evidentiary materials or those illegally introduced into the process, or due to a lack of clear and precise determination, which occurs when the Tribunal drafts one or several factual situations in an imprecise or discordant manner. On this matter, see rulings numbers: 1290-F-2023, 2170-F-2021, 785-F-2021, 1710-F-2020, 396-F-2012, 687-F-2010, and 502-F-2010. Having analyzed the reproach, it is clear that the alleged error does not occur, since, as the appellant himself states in his ground, the Tribunal based the second and third proven facts on the testimony of witnesses David Gamboa Mora and Jose Flores Madrigal, officials of AYA. The foregoing, without him arguing that it concerns illegitimate evidence or evidence introduced illegitimately into the process, but rather what is claimed is that they were not based on the administrative file, without specifying how this circumstance causes the defect he alleges, at least not as a procedural ground. Nor does he state that we are facing a lack of clear and precise determination of such factual situations. To the extent that, it is emphasized, he does not detail in the ground how this contradiction in the facts occurs to the extent that the judgment is confusing, nor does he specify which evidentiary materials were introduced illegally, nor explain what the prejudice consists of, nor frame it correctly within the procedural grounds set forth in the CPCA. On the other hand, it is observed that the disagreement mixes the cited procedural error with a substantive one, as he reproaches that from the form called: “work order for the technical resolution new service,” the detailed explanation is not extracted, nor any technical or evidentiary justification for the lack of infrastructure to be able to provide him with access to water on his property. He adds that the administrative litigation jurisdiction must exercise a legality control over the administrative action, and that in the administrative file there is only as a basis the studies and inspection carried out by official David Gamboa Mora, without detailing, explaining, or demonstrating the reasons for the denial. Because of this, he asserts that precepts 133, 162, and 351 of the LGAP are violated. Hence, it is denoted that the appellant's disagreement is pertinent to the factual and normative assessment made by the judges in the case. What has been expressed, it is insisted, exceeds the scope of examination as a procedural ground. Although the charge can be reclassified, given that he reiterates it in his substantive objections, they will be analyzed when addressing them. Consequently, it is appropriate to dismiss the reproach.\n\nCassation appeal for substantive reasons\n\nIV.- First: In accordance with the regulation in canon 138, section c) of the CPCA, he alleges that articles 50 of the Political Constitution (CP), and 133, 136.2, and 158 of the LGAP were infringed. He transcribes Recital (Considerando) VI of the judgment regarding what was decided on the motivation (motivación). He then refutes that in the judgment being reproached, it is clear that an undue or erroneous legality control was carried out on the element of motivation (motivación) of the act by the majority of the Tribunal in the specific case, violating article 133, in concordance with 136.2, both of the LGAP, because according to article 136.2 cited, it regulates that it consists of the expression of the issues of fact and law that protect and support the administrative decision, and it implies the reference to the proven or unproven facts, the evidence or elements of conviction on which the logical deduction of a factual nature is based, and the explanation of the analytical process that led to those derivations or inferences. Therefore, he argues, it is clear that the final act that denied him access to water does not satisfy this element. He points out that this conclusion is reached because the final decision merely denied the water availability request, based on the same reasons indicated in the preparatory act issued by the inspector. Likewise, he mentions that, as observed in the administrative file, in neither of those two formal acts is there a clear exposition of the relevant findings; nor of the determining facts; nor their evidentiary support; nor the analysis of the elements of conviction; nor the expression of the motives or legal arguments that allow subsuming the relevant facts into the law and concluding with the denial of water availability. Hence, he argues, there is a direct infringement of cardinal 158 of the LGAP, since it provides that the lack of any of the elements that constitute the administrative act causes a defect in it. He claims that, in the specific case, it constitutes an unquestionable absolute nullity, due to the fact that the absence of motivation (motivación) directly affects the principle of due process and the right of defense, as the Constitutional Chamber has repeatedly resolved. In this sense, both canon 158 cited and numeral 50 of the CP are violated by having deemed the element of motivation (motivación) accredited against the provisions of articles 133 and 136.2 of the LGAP. He reproaches that this cannot be corrected by the statement rendered at trial by the official in charge of the inspection, nor in the resolutions that resolved the appeals, because the reasons stated in the trial stage should have been contained in the preparatory act that served as support for the final decision, and in that way he could have had knowledge of them and exercised his right of defense effectively and guaranteed his right. Similarly, in his opinion, the decision is inconsistent with what is regulated in precept 136.2 ibid, due to a lack of motivation (motivación), and, he notes, because it concerns the right of access to water, it is more burdensome. This is because that norm stipulates that the administrative act must be duly motivated, especially in those cases where rights are limited. Second: he reproaches that the motivation (motivación) of the challenged act was carried out through an appeal and not in the principal act. As it concerns him, he transcribes what was decided in recital VII regarding the decision that the motivation (motivación) was generated via an appeal. He emphasizes that the judgment contains a substantive defect, regarding the improper application of precepts 102 and 168 of the LGAP, which, despite providing the hierarchical superior with possibilities to adjust the inferior's conduct and seeking to maintain the administrative act, nonetheless overlooked that the absence of motivation (motivación) cannot be supplied or corrected at the appellate stage. The foregoing, because appeals constitute a procedural remedy to review and question the legality of administrative acts, which implies that the review should lead to confirming the act (if it were legitimate), annulling it (if it were substantially inconsistent with the legal system), or modifying its content to adjust it to legality. But, he argues, such a review can in no way complete absent substantial elements of validity of the final act (elements that were not expressed within the administrative act, nor observed in the administrative file). In the present case, he points out, the serious aspect would be that, through the resolution of the appeal, the hierarchical superior attempted to explain extensively the factual and legal circumstances on which the inferior Administration based the denial of his request. In this way, he accuses that there is a failure to observe what is indicated in that same regulatory body in ordinals 162 and 351 of the LGAP, which he transcribes. Thus, he asserts that the appealed ruling has a substantive defect regarding the non-application and direct substantive infringement of the aforementioned canons 162 and 351, which, he states, were overlooked, thereby the Tribunal violated them by relying only on articles 102 and 168 of the LGAP, to subsequently declare a lack of Right ex officio. Third: he accuses erroneous application of precept 193, section b) of the CPCA, by condemning him to pay both costs, despite, he affirms, having litigated in good faith. He rebukes that this payment was imposed on him, based on the fact that his case is not covered by any of the grounds for exoneration provided in cardinal 193 cited (sections a) and b). He reproduces, as relevant, what was ruled by the judges on the matter. He objects that costs were imposed on him for what is indicated in the first paragraph of the norm, without proceeding to examine the grounds for exemption. This, he expresses, despite the fact that the existence of bad faith is not recorded anywhere in the case file, but rather, on the contrary, there was always sufficient reason to litigate. He even states that the judgment itself recognizes aspects, such as that the first administrative resolution does not have proper motivation (motivación). Furthermore, he refutes, the motivation (motivación) was taken as valid based on what was related by the witnesses, granting high evidentiary value to circumstances that were not in the file. He argues that, according to the set of norms and evidentiary materials that he provided to the court, it was possible for the Tribunal to have credible information when applying canon 193 of the CPCA.\n\nIt also mentions that it was decided: \"(...) in the present case we can find both standing and a current interest, insofar as the list of proven facts evidences the existence of an administrative legal relationship between Mr. Carlos Alberto Rodriguez Morales and the AYA, as a result of the application made by the former in 2020 to obtain a 'Certificate of Availability of Drinking Water and Sanitary Sewerage' (Constancia de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario) for his property, which was denied by that Administration through a formal administrative act issued for that purpose. Therefore, both parties have standing, active and passive, respectively, and the current need for a ruling regarding the claims set forth in the lawsuit can be inferred...\". He adds that his claim rested on the expectation that the judges would recognize that right; such that without that constitutional recognition of the plaintiff's cause, the ruling of the appealed judgment, if it were to become final, would in practice mean an act of confiscation of his right. He points out and alleges the direct violation of Article 193 of the CPCA, because the mandatory exercise of the power to condemn and its counterpart power to absolve, which this rule grants to judges, must have a sufficient basis in the specific case when the power of exoneration is not exercised. This is so that the non-exercise of that power is not unreasonable or arbitrary, but rather in accordance with the nature of the issues debated and the conviction of the plaintiff that he has sufficient grounds to litigate, in accordance with the evidence available to him. In the present case, he indicates, he had sufficient grounds to file his action, for the effective protection of the right and defense of his right of access to water, since he based his claim on the expectation that the judges would protect that constitutional right. Consequently, he requests the Chamber that, in the event of a possible dismissal of the appeal filed here, it should consider that there were sufficient grounds to litigate, due to the nature of what was litigated.\n\nV.- Preliminarily, it must be stated that the lack of reasoning was the only claim made by the plaintiff in the present process. Likewise, that among his claims he requested that the absolute nullity of the definitive act, which corresponds to No. GG-2020-569 of the General Management of the AYA, be declared, as well as the underlying administrative resolutions where the water availability was denied. In an initial analysis, the plaintiff seems to have been mistaken in considering that the act of the General Management corresponds to the principal one, because, in principle, it should only determine whether or not to confirm act No. SIGDD-2020-00033033-1-1-1. In which it was determined that there was no availability of water or sewerage, since the Institute does not have the necessary infrastructure in the area to provide such services. However, as will be explained later, the definitive act, in its recitals section, modified the final act by providing more broadly the factual and regulatory reasons on which the defendant based its decision when declaring the non-availabilities in question. Consequently, it was not a simple confirmatory act of the final resolution. Because the first and second complaints are related —lack of reasoning of the challenged act—, they will be addressed jointly. In the first of the objections, he refutes that in the preparatory act and in the final act there was no clear development of the relevant findings, nor of the determining facts, nor of their evidentiary basis. It must be remembered that the claim was directly aimed at requesting that the absolute nullity of the definitive act be declared, that is, the resolution of the General Management of the ICAA No. GG-2020569 of 7:00 a.m. on September 11, 2020, as well as all the underlying administrative acts that denied the water availability. Therefore, precisely the latter constitute the preparatory act, as well as the final act. According to what was expressed above, the plaintiff was right to formulate the request as he did, since the resolution of the General Management, as the definitive act of the administrative procedure, was not limited to confirming the final act, but also provided the factual and legal reasons for why the certificate of no availability of water and sewerage was issued. The preparatory act corresponds to a report made on the form called: \"Service Order for Technical Resolution New Service\" (Orden de Servicio para Resolución Técnica Nuevo Servicio), signed by inspector David Gamboa Mora, which records the findings of the inspection carried out at the site where the property for which drinking water availability was requested is located. In this, the drawing up of a sketch is observed, where the location of the plaintiff's property (lot 43) appears, province of San José (1), canton Santa Ana (9), District Piedades (5), sector 4, block 00900, property 04300. Regarding public lighting, it reports that there is no infrastructure covering the front of the property. On the other hand, regarding piping, it recorded that none of any type existed, it indicated that the street was a dirt road, and there was no type of rate, nor a sewerage network in front of the property where the service was requested. In the observations section, he noted that he consulted the AYA engineer for the area, who told him there is no infrastructure in that area. Hence, the result was negative, and finally that the inspection was carried out on August 28, 2020. Subsequently, in what constituted the final act, through a document called \"Certification of No Availability of Aqueduct and Sewerage Services\" (Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado), consecutive number SIGDD-202000033033-1-1-1 of August 31, 2020, it was determined that it was not feasible to grant the availability requested by Mr. Rodríguez Morales. The act, as relevant, stated: \"In response to your request for availability of drinking water / sanitary sewerage, submitted to the GAM Systems Management Sub-Management on August 27, 2020, ... project for CONSTRUCTION OF A SINGLE-FAMILY DWELLING, which will be located on the registered property... 1-286454-000 located in district Piedades, canton Santa Ana, province San José, according to Cadastral Map No. 1-0399400-1980 in the name of CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, ID 01-1202-0836 for the eventual provision of 0 services with a flow rate of 0.00 m3/d, I inform you that as a result of the basic studies and technical report contained in official communication 2020-00033033-1-ap, the following was determined: the property is in a sector where there is no AYA infrastructure. Therefore, it is not feasible to grant the availability.\n\nTHERE IS NO AVAILABILITY OF DRINKING WATER IN FRONT OF THE PROPERTY\n\nTHERE IS NO AVAILABILITY OF A SEWERAGE SYSTEM IN FRONT OF THE PROPERTY\n\nIn case of disagreement, a period of three business days is granted from the day after the sending of this notification to file a Motion for Reconsideration (Recurso de Revocatoria) before this office or an Appeal (Recurso de Apelación) before the General Management of AyA (sic), attaching the evidence deemed appropriate to support your arguments...\". In the first charge, he alleges that both the preparatory act and the final act violated articles 136.2 and 158 of the LGAP. He states that according to the first, it is contemplated that the reasoning addresses the factual and regulatory situations forming the basis of what was decided by the Administration. Therefore, he indicates, it comprises the mention of the proven or unaccredited facts, the evidence that served as the basis for the logical factual deduction, and the explanation of the analysis performed. Consequently, he argues, it is clear that the final act did not meet the reasoning requirement. Now, although the Court accepts that the final act did not extensively develop the factual and legal reasons, this was remedied by the definitive act issued by the General Management of the ICAA, which will be addressed in depth later. For now, it suffices to point out that regarding the proven facts, even though they are not mentioned as such, from the preparatory act onward, the reasons why the requested availabilities were rejected are obtained and understood. Observe that, in accordance with the field inspection, it was noted that the area where the plaintiff's property is located lacks the essential infrastructure for providing both water and sewerage services. Aspects that were ratified —as can be inferred from that same document— by the engineer in charge of said area. Thus, its provision is materially impossible, as Mr. Rodríguez Morales requested it. It must be added that the construction of the aforementioned infrastructure is the responsibility of the developer of the urbanization, so the non-provision of these services cannot be directly attributed to the AYA. The final act, in accordance with these findings, limited itself to certifying the non-availability of the aqueduct and sewerage services, by stating that the respective infrastructure for its provision does not exist. Concretely, it affirmed that there is no availability of drinking water nor of the sewerage system in front of the plaintiff's property. Likewise, it granted a period of three business days from notification to challenge via motions for reconsideration (revocatoria) and appeal (apelación), with the possibility of providing the evidence deemed appropriate for the purpose of supporting his arguments.\n\nVI.- In another vein, regarding the discussion on whether the hierarchical superior can or cannot expand the factual and legal aspects, that is, proceed to expand the reasoning of the inferior's act. It is noted that the Court transcribed part of the recitals of the hierarchical superior's resolution concerning the detailed exposition of the factual and legal aspects on which the Administration relied to deny the request made by the appellant. It specifically referred to the fact that \"...the AyA must comply with the existing technical and legal regulations. In this case, apply what is established in the Regulation for the Provision of AyA Services, where it is clearly established in Articles: 06, 07, 11 and 13...\" (it transcribed provision 13). At this point, it is necessary to reproduce, as relevant, what was decided by the Court when finding that the resolution whose absolute nullity is requested does indeed have the element of reasoning: \"VII.- ... In the sub júdice case, the final act of the procedure, called 'Certification of No Availability of Aqueduct and Sewerage Services', with consecutive number SIGDD-2020-00033033-1-1-1 and dated August 31, 2020, limited its reasoning solely to saying that '...I inform you that as a result of the basic studies and technical report contained in official communication: 2020-00033033-1-AP, the following was determined: the property is in a sector where there is no AYA infrastructure. Therefore, it is not feasible to grant the availability. THERE IS NO AVAILABILITY OF DRINKING WATER IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO AVAILABILITY OF A SEWERAGE SYSTEM IN FRONT OF THE PROPERTY...' [Highlighting is not from the original]. However, this act was reformed by the superior, who in the definitive act - which is precisely the one challenged in this contentious action - delved deeper into this consideration and extensively set forth the factual and legal circumstances on which the Administration based the denial of the request made by Mr. Rodríguez Morales... the following was indicated to the plaintiff here: ...In this case, it is rightly indicated to him that there is no AyA infrastructure in the area where the property is located. There is not even a nearby distribution system (main pipe), so the service cannot be granted to the requested property in front of a public street, as indicated in Article 15 of the Service Provision Regulation... For the granting of Drinking Water Availabilities... it must be insisted that the AyA, based on the Service Provision Regulation, cannot grant positive availabilities in sectors where the optimal technical conditions for the provision of its services do not exist, with which the provision of a quality, quantity, continuity, and reliability service can be ensured, and in the sector where the property is located, those provisions indicated in the regulation are not being met. In the present case, the appellant seeks an exemption, but it is not possible for AyA (sic) to depart from the legal system, science, and technique to allow the legal system to be bypassed to comply with private and particular assessments. In this and other cases, it is not a simple action of assessing a project here or there, or where the citizen has the most interest, but it must be subjected to analysis according to science and technique. The Technical Reports are protected by science and technique, according to Article 16 of the General Law of Public Administration; and especially by the science of Engineering; they reveal that there is no distribution system. In addition to the above, the urbanization where the property is located has a problem with the Municipality that must be resolved by the registered owners... THIRD: The Institution would be wrong to grant an availability contrary to the Principle of Legality and to the science and technique indicated in Article 11 and 16 of the General Law of Public Administration. AyA (sic) must respect the regulations governing it and others, otherwise AyA (sic) would be violating the legal system. It is clear that it must meet the requirements like any citizen, and it is not feasible to grant benefits that the legal system does not grant it. There is no exemption for not complying with the requirements requested. […] AyA (sic) must be respectful of Urban Planning and Environmental standards, as AyA (sic) cannot go against the current legal system... The Constitutional Chamber has ruled in accordance with the technical and legal requirements that must be considered to grant a new service. Thus, in Resolution 2004-12185 of one thirty-one p.m. on October twenty-ninth, two thousand four, the Constitutional Chamber resolved: 'Having seen the report rendered under oath by the Deputy Manager of AyA (sic) and the evidence provided to the case file, the Chamber concludes that, in this particular case, no fundamental right of the appellant has been harmed since, contrary to his claim, it was he himself who did not submit the documents required for the provision of drinking water service to the appealed Institution. It is not possible to force the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewerage (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) to evade the requirements established in its Service Provision Regulation or in the General Law of Drinking Water, insofar as the petitioner, for his part, does not meet the conditions and requirements demanded therein, since, although it is true that drinking water service must be available to everyone, it is also true that the legal and regulatory requirements that the potential user must meet must be satisfied in accordance with existing regulations...' (highlighting is not from the original). The Constitutional Chamber, through Resolution No. (sic) 2004-12185 of 1:31 p.m. on October 29, 2004, has indicated that to apply for a drinking water service, the interested party must meet the requirements established in the AyA (sic) regulations. Thus, in the present case, the Institution cannot bypass its own regulations. The Constitutional Chamber, in similar cases, resolved in Vote No. (sic) 2008-14159, of September twenty-fourth, two thousand eight: [...] The obligation of AyA (sic) to review what has been indicated is necessary to comply with, as applicable, the provisions of the technical standard indicated above. Articles 5 and 7 (definition of technically feasible) and 75, subsection g) (grounds for rejection of service requests), of the technical regulation Provision of Aqueduct, Sanitary Sewerage, and Hydrant Services AR-PSAYA-2015 of the Regulatory Authority of Public Services (ARESEP), published in La Gaceta 69 of April 12, 2016 – Alcance No. 55, as well as the provisions of Articles 6, 13 of the current Regulation for the Provision of AyA Services (sic). These rules establish as a requirement for the provision of the public services offered by AyA (sic) that they must be legally, environmentally, and technically feasible. In particular, Article 5 of the ARESEP technical regulation (AR-PSAYA-2015) in its definition of 'Technically feasible' states: 'A service is considered technically feasible when it meets the following conditions: … d. It is legally and environmentally possible and … '. For its part, Article 75 of this same standard indicates 'Article 75. - Grounds for rejection of service requests. Providers may deny a service when any of the following grounds exist: … g. That it is not technically feasible. Along these same lines, Article 6 of the Regulation for the Provision of AyA Services (sic) establishes that: 'AyA (sic) will provide drinking water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage area, provided that it has technical and legal feasibility.' While Article 13 of this same regulatory body indicates: 'Article 13.- On the conditions for the provision of services. AyA (sic) will provide its services once technical and legal feasibility has been verified for properties… In the opinion of the majority of this Court, as can be deduced from the act just transcribed, the challenged administrative conduct does present sufficient and adequate reasoning, which allows the understanding of the factual and legal issues that support and sustain the administrative decision, insofar as the acts incorporate the reasoned mention and explanation of the reasons given by the AYA for denying the service, namely: that the property for which the availability was requested is located 'in a sector where there is no AYA infrastructure.' The majority of the Chamber observes that, despite the final act not going into adequate and profuse detail, as would be expected of a technical decision, the fact of the matter is that the hierarchical superior does so when resolving the appeal motion through the definitive act, which is understood under the power of the superior —in terms of the General Law of Public Administration— to control the acts of inferiors, whether on grounds of legality or opportunity, by reforming, confirming, or annulling them, insofar as the cited legal rule literally provides: 'Article 102.- The hierarchical superior shall have the following powers: […] d) Adopt the necessary measures to adjust the conduct of the inferior to the law and good administration, revoking, annulling, or reforming it ex officio, or by virtue of an administrative appeal...' (Highlighting is not from the original). This hierarchical power, in the majority's opinion, is understood to encompass the power to adapt the inferior's act to the framework of legality and good administration, obviously insofar as this is possible (that is, that we are not facing a case of absolute nullity by operation of law), in accordance with the principle of conservation of acts or 'favor acti', as expressly provided for in article 168 of the same General Law... In other words, in the specific case of an alleged lack of reasoning of the act, the majority of the Chamber understands that the possibility of reforming the inferior's act through an administrative appeal, in order to complete it and thereby adjust the act so that it now allows the understanding of the reasons and the rational process by which the motive for the act is deemed accredited, as well as the legitimacy analysis that has led to the decision adopted, is indeed within the legitimate scope of action of the superior in light of the cited rules; which is, ultimately, the ultimate purpose of the reasoning as an element of the administrative act. Completing reasoning that, in principle, might appear insufficient is also understood to be a necessary consequence of the appeal, since in addition to serving as a means of defense for the administered party, it allows the superior to detail the reasons that guided the Administration's decision in one direction or another, while at the same time allowing its recipient to adopt the challenge measures deemed necessary in defense of their interests... It is worth saying that, in this sense, the alleged violation of the fundamental right of access to drinking water is addressed as a consequence of the supposedly unfounded dismissal of his application; however, as we have corroborated —by majority— the challenged conduct does express the reasons for its rejection, which denote that it is not an absolute and unrestricted right, as it depends on technical feasibility (quantity, quality, and continuity) for its provision, such that, in the case of a public service provided through an infrastructure network, if this is lacking —for reasons beyond the control of the providing entity— it is materially impossible to demand that the defendant provide the service. Additionally, and no less important, is that said infrastructure is a burden of the developer where the plaintiff's property is located, in accordance with Articles 1 and 32 of the Urban Planning Law, number 4250, an obligation that cannot be transferred to the defendant entity\". From what has been transcribed, it is confirmed that the Court, by majority, decided that the definitive act issued by the General Management of the AYA, which is the one directly challenged by the appellant, is duly and broadly supported factually and legally, so contrary to what Mr. Rodríguez Morales alleged, the Administration fully complied with the element of reasoning of the act. It explained that the final act did not have an appropriate and abundant development as the technical issues required. However, the hierarchical superior —General Management of the Institute— did so when resolving the appeal (recurso de apelación) filed against the final act. The foregoing, given that said reasoning makes it possible to know the factual and regulatory reasons that support and underpin what was resolved by the Administration, insofar as it incorporated into the resolutions the citation and supported explanation of the reasons provided by the ICAA to deny the service, namely, because it was technically impossible to provide the service due to the plaintiff's property being located in an area that lacks the necessary infrastructure —neither aqueduct nor sewerage—. This decision-making body endorses the decision of the majority of the Court members, regarding the fact that Article 102 of the LGAP empowers the Administration, even ex officio, to take the essential actions to adjust —in this case reform— the inferior's conduct to the legal system and proper administration. Especially in a matter like the one under review, where there is an insurmountable impediment (of mere verification), since the area where Mr. Carlos Alberto Rodríguez's property is located lacks the necessary infrastructure to provide water (aqueduct) and sewerage services. Likewise, because its construction is the responsibility of the developer, not the AYA. To the point that there are problems between the developer and the Municipality of Santa Ana due to said non-compliance. Also, because as long as an appeal exists against the non-availability of water, the final will of the Administration, and consequently the final act with its own effect, has not yet been formed. The Chamber, in a recent ruling, resolved that the competent body, specifically the General Management of the AYA, as the hierarchical superior, performs a review function of the resolution challenged by the administered party. It adds, such exercise, when dealing with an appeal (recurso de apelación), can entail confirmation, revocation, or annulment. Consequently, it is clear that among these powers is that of modifying the challenged act, when its decision is to confirm it —which is what occurred in the sub examine case—, in accordance with the relationship of Articles 102, 348, and 351 of the LGAP. Judgment No. 878-F-2024 of 11:22 a.m. on July 4, 2024. The foregoing is stated without the appellant alleging any harm to due process or the right of defense, since, through the definitive act, he fully learned of the factual and regulatory issues based on which the Administration denied him the availability of water and sewerage. It is reiterated that in this procedural phase, there is no discussion of any deficiency of that element regarding the cited resolution, but rather, what is refuted is that the superior could not supply it when hearing the appeal (recurso de apelación). On the other hand, regarding the fact that access to drinking water constitutes a fundamental right, which the plaintiff considers was violated by the Institute. On this particular point, there is clarity that access to such a precious liquid constitutes a fundamental right. However, as the Constitutional Chamber has decided, it is also not unrestricted, as it is necessary that the technical and legal requirements for its provision are met. Regarding what is regulated normatively, it has ruled that the ICAA cannot be forced to overlook the conditions and requirements regulated in the Service Provision Regulation and the General Law of Drinking Water, given that if they are not met, there is no possibility of providing it. Said Chamber has reiterated that in order to access drinking water service, it is necessary to meet the requirements set forth in the AYA regulations, to the degree that the Institution cannot overlook its own regulations. It added that the Technical Regulation for the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewerage, and Hydrant Services AR-PSAYA-2015 of the Regulatory Authority of Public Services, precepts 5 and 7, concerning the definition of what technically feasible means, and 75, subsection g), referring to the grounds for rejection of service requests; as well as the provisions of articles 6 and 13 of the Regulation for the Provision of AyA Services, establish as a requirement that the public services provided by the Institute must be legally, environmentally, and technically possible. See judgments numbers 2008-14159 of September 24, 2008, and 2004-12185 of 1:31 p.m. on October 29, 2004. Therefore, the grounds are rejected.\n\nVII.- In the third complaint, he challenges the imposition of costs as the losing party. He alleges that subsection b) of Article 193 of the CPCA was violated, since in his opinion, he had sufficient grounds to litigate. It must be noted initially that the appellant errs in arguing that, prior to imposing costs, it should have been analyzed whether any of the exemptions applied. This is because, as this Chamber has resolved, regarding the economic effects of the process, the CPCA, in precept 193, stipulates: \"In judgments and orders having the character of a judgment, the losing party shall be ordered to pay personal and procedural costs, a ruling that must be made ex officio. Notwithstanding the foregoing, the losing party may be exempted from paying costs when: a) The judgment is handed down by virtue of evidence whose existence the opposing party probably did not know and, because of this, the party's opposition was adjusted. B) Due to the nature of the debated issues, there was, in the Court's opinion, sufficient grounds to litigate\". Likewise, when the winning party incurred in \"plus petitio\" as regulated in canon 194 ibid. Similarly, with the exception that there is an agreement between the parties, when there is a withdrawal, acquiescence, or extra-procedural satisfaction of the claim before or during the preliminary hearing, with the exception of the provisions of subsection b) of Article 197 of the CPCA, that is, when it originates once the preliminary hearing is concluded. On the other hand, the current Civil Procedure Code, in its canon 73.1, starts from the same general rule that: \"In any resolution that puts an end to the process, the losing party will be ordered ex officio to pay costs...\". Furthermore, in subsection 2, it stipulates the cases where a reasoned partial or total exemption may be granted, such as when the lawsuit contains exaggerated claims; when relevant exceptions raised by the losing party were admitted in the judgment; in the case of reciprocal defeat, regarding claims or defenses in general terms; and, if the party adjusted its conduct to good faith, loyalty, probity, and the rational use of the procedural system. From the foregoing, it is clear that the rule in both contentious-administrative and civil matters is the imposition of costs on the party that is defeated in the process, which must be done ex officio. In any case, as stated, there are causes that allow exoneration; as relevant here, the judges ordered the plaintiff to pay costs. From an examination of the judgment, it is confirmed that in its considerations it expressed itself in accordance with what this Chamber has decided on this matter.\n\nConcretely, they provided: “Pursuant to Articles 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 73 of the Código Procesal Civil (Ley N° 9342), by means of an award of costs, an obligation is created against the losing party—by the mere fact of being so—for the benefit of the prevailing party, so that the latter may be reimbursed for the various categories of expenses listed therein. Both provisions provide several grounds for relief from such an award; therefore, in the absence of arguments or evidence that would allow this Tribunal, in the specific case, to weigh and deem any of those grounds proven, it is not possible to exempt the losing party, wholly or partially, from the application of that maxim, and thus, pursuant to the cited norms, an award of costs must be imposed on the losing party.” The ruling is explained by examining what was decided on the merits of this case, since the Tribunal found a lack of right. Hence, there was no sufficient reason to litigate, because that does not consist of the conviction of the losing party or of the Tribunal regarding whether it was so, but rather required a basis in the case file. This Chamber finds that the appellant is not correct, for the reasons set forth below. In general, the grounds that authorize relief from the payment of costs do not enable it due to proper procedural conduct, but because, given the nature of what was argued, it allows one to infer that the litigation was essential to determine that the legal system supported her position. Note that she argues: “…had sufficient reason to bring her action, effective protection of her right, and substantive defense of her right of access to water, since she based her claim on the expectation that the judges would protect that constitutional right.” However, as the Tribunal stated, that right is not unrestricted; rather, the applicant must meet the requirements set forth in the legal system, which señor Rodríguez Morales did not satisfy. In the case under review, it is clear that the arguments on which the plaintiff relies to seek exemption, as the losing party, from the payment of the economic consequences of the proceedings are merely subjective. That is, because she holds the belief that the cause of action provided her with sufficient reason to litigate, despite it being nothing more than a personal conviction, as noted. The foregoing led to the issuance of a judgment that was adverse to the claimant, since the lack of current interest was upheld and the lawsuit was dismissed in its entirety. On the other hand, considering the plaintiff to be the losing party does not mean she is considered a reckless or bad-faith litigant. As explained, in administrative litigation matters, among others, such as, for example, civil matters, costs are charged to the losing party as a form of recognition to the prevailing party, who had to come forward to defend their right or interest. Thus, having had to litigate and incur expenses to defend their rights, the losing party is, as a general rule, liable for the economic consequences of the proceedings. We reiterate that the existence of grounds for relief must be proven, since an award of costs against the losing party is the rule; to avoid it, proper objective support is required, not as the plaintiff seeks, based on subjective reasons (belief and conviction of being right, even though it was determined she had no right). The aforementioned Article 193 of the CPCA, in paragraph b), provides that the losing party may be relieved of costs when, upon examination of the issues debated and the nature of the claim, the judge can conclude that the litigation was necessary to resolve the conflict, which did not occur in the case under review. In the case at hand, the Tribunal upheld the lack of right and dismissed the lawsuit. Consequently, it was objectively verified from the case file that the plaintiff lacked a right; therefore, the lawsuit did not succeed, nor did the relief from the payment of the respective costs. Thus, the grievance is dismissed.\n\nVIII.- In accordance with the foregoing reasoning, since there is no merit in the objections raised, the appeal must be rejected. Pursuant to the provisions of paragraph 3) of Article 150 of the CPCA, costs are to be imposed on the appellant.\n\nPOR TANTO\n\nThe appeal is dismissed. Costs are borne by the appellant."
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