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  "id": "nexus-sen-1-0006-1229215",
  "citation": "Res. 00324-2024 Sala Tercera de la Corte",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Improcedencia de responsabilidad civil objetiva por falta de nexo causal y prueba en tala ilegal",
  "title_en": "Objective Civil Liability Inapplicable Absent Causal Link and Evidence in Illegal Logging",
  "summary_es": "La Sala Tercera de la Corte, mediante voto unánime, declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República contra la absolución de responsabilidad civil de la imputada en una causa por aprovechamiento ilegal de productos forestales. El tribunal de apelación había revocado la condena civil al constatar: (i) falta de pruebas que vincularan a la acusada con la corta irregular de 16 árboles fuera del permiso administrativo; (ii) ausencia de nexo causal entre su conducta y el daño; y (iii) la demanda civil se basaba en un criterio de imputación dolosa no acreditado. La Sala rechaza el argumento del recurrente de que los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley 7554) establecen una responsabilidad civil objetiva que prescinde de prueba de participación o causalidad, y aclara que ambas normas consagran responsabilidad subjetiva, requiriendo participación en el hecho. Sin elementos probatorios de atribución, no procede aplicar la normativa de fondo.",
  "summary_en": "The Criminal Cassation Chamber of the Supreme Court unanimously dismissed the cassation appeal filed by the Attorney General’s Office against the acquittal of civil liability of a defendant in a case of illegal exploitation of forest products. The appellate court had reversed the civil judgment after finding: (i) no evidence linking the defendant to the unauthorized felling of 16 trees; (ii) no causal link between her conduct and the damage; and (iii) the civil claim was based on an unproven theory of fraudulent intent. The Chamber rejected the appellant’s argument that Articles 98 and 101 of the Environmental Organic Law (Law 7554) create strict liability, obviating the need for proof of participation or causation. It clarified that both provisions establish subjective liability, requiring involvement in the act. Without evidentiary elements of attribution, the substantive law cannot be applied.",
  "court_or_agency": "Sala Tercera de la Corte",
  "date": "12/04/2024",
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    "forestry-law-7575"
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    "nexo causal",
    "aprovechamiento ilegal de productos forestales",
    "tala ilegal",
    "Ley Orgánica del Ambiente 7554",
    "Artículos 98 y 101 LOA",
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    "aprovechamiento forestal",
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  "excerpt_es": "Es decir, estamos ante un problema esencialmente en tres dimensiones; a saber: (a) no hay pruebas que permitan vincular el quehacer de la señora [Nombre 003]  con el daño ambiental (razones ii y iv); (b) a la señora [Nombre 003]  la demanda civil le adjudicó una acción dolosa respecto a los resultados típicos (razón vi); y, (c) no se pudo establecer una relación de causalidad entre el quehacer de la señora [Nombre 003] y ese resultado desvalorado (razón v). Todo lo cual llevaba a que la condenatoria civil de la endilgada (razón ii), fuera insostenible, pese a que legalmente es viable emanar una condena como esa (razón i). Veamos entonces qué importancia revisten ante esos supuestos de referencia, los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente. … En ausencia de esos elementos de prueba y de atribuibilidad, no procede analizar la aplicabilidad o no de la norma de fondo, pues falta la premisa fáctica de la misma.",
  "excerpt_en": "In other words, we are faced with a problem essentially in three dimensions: (a) there is no evidence linking the actions of Ms. [Name] to the environmental damage (reasons ii and iv); (b) the civil complaint attributed a fraudulent intent to Ms. [Name] regarding the typical results (reason vi); and (c) no causal relationship could be established between Ms. [Name]'s actions and that wrongful result (reason v). All of which meant that the civil conviction of the defendant (reason ii) was untenable, even though such a conviction is legally feasible (reason i). Let us then see what relevance Articles 98 and 101 of the Environmental Organic Law hold under these reference scenarios. … In the absence of those evidentiary elements and attributability, it is not appropriate to analyze the applicability or not of the substantive norm, since its factual premise is missing.",
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    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Criminal Cassation Chamber denied the Attorney General's cassation appeal, upholding the civil acquittal of the defendant due to lack of evidence of involvement and causal link in the illegal logging.",
    "summary_es": "La Sala Tercera declara sin lugar el recurso de casación de la Procuraduría, confirmando la absolución civil de la imputada por falta de pruebas de participación y nexo causal en la tala ilegal."
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      "context": "Considerando I (Razón ii del tribunal de apelación)",
      "quote_en": "There was no evidence linking the defendant to the irregular felling of the sixteen trees not covered by the issued administrative permit.",
      "quote_es": "No hubo pruebas que vincularan a la encausada con la corta irregular de los dieciséis árboles no cubiertos por el permiso administrativo expedido."
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      "quote_es": "En ausencia de esos elementos de prueba y de atribuibilidad, no procede analizar la aplicabilidad o no de la norma de fondo, pues falta la premisa fáctica de la misma."
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    {
      "context": "Considerando I",
      "quote_en": "It is not true that any of those provisions establish objective civil liability, as the appellant asserts. On the contrary, a simple reading of those provisions suffices to confirm that both refer to subjective civil liability.",
      "quote_es": "No es cierto que alguna de esas disposiciones establezca una responsabilidad civil objetiva, como lo asevera el recurrente. Antes bien, basta una lectura simple de esas disposiciones para constar que ambas se refieren a la responsabilidad civil subjetiva."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Tercera de la Corte\n\nResolución Nº 00324 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 12 de Abril del 2024 a las 09:15\n\nExpediente: 17-000566-0597-PE\n\nRedactado por: Jesús Ramírez Quirós\n\nClase de asunto: Recurso de casación\n\nAnalizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental\n\nTipo de contenido: Voto unánime\n\nRama del Derecho: Responsabilidad Civil\n\nTema: Responsabilidad civil objetiva\n\nSubtemas:\n\nRelación de causalidad necesaria entre la conducta de la persona investigada y los daños acusados..\nAusencia de elementos de prueba y de atribuibilidad, no procede analizar la aplicabilidad de la responsabilidad civil objetiva.\n\nI. \" [...] Es decir, estamos ante un problema esencialmente en tres dimensiones; a saber: (a) no hay pruebas que permitan vincular el quehacer de la señora [Nombre 003]  con el daño ambiental (razones ii y iv); (b) a la señora [Nombre 003]  la demanda civil le adjudicó una acción dolosa respecto a los resultados típicos (razón vi); y, (c) no se pudo establecer una relación de causalidad entre el quehacer de la señora [Nombre 003] y ese resultado desvalorado (razón v). Todo lo cual llevaba a que la condenatoria civil de la endilgada (razón ii), fuera insostenible, pese a que legalmente es viable emanar una condena como esa (razón i). Veamos entonces qué importancia revisten ante esos supuestos de referencia, los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dispone el artículo 98 que “El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que la realicen.”. Por su parte el 101 establece que “Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión. Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los funcionarios públicos que suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un daño al ambiente o a la diversidad biológica.” Para sintetizarlo, en lo que interesa para esta causa, se puede inferir del primero que el daño ambiental puede ser por acción o por omisión. Del segundo, que la responsabilidad civil de los partícipes es solidaria. Pero ni una cosa u otra viene a suplir la ausencia de prueba que constató el tribunal de alzada respecto a que la señora [Nombre 003] participara en la corta o aprovechamiento de la madera. Tampoco resuelve el vacío en lo tocante a la relación de causalidad que debía haber entre la conducta de aquélla y los daños investigados. Esa normativa de fondo puede argüirse como infringida cuando ya se tienen esos dos aspectos cumplidos, mas no antes. Esto es, una vez que hay pruebas contundentes de la actuación u omisión de alguien, que ha llevado a un daño ambiental, se debe aplicar esas figuras sustantivas para establecer las responsabilidades civiles correspondientes. Sin embargo, en ausencia de esos elementos de prueba y de atribuibilidad, no procede analizar la aplicabilidad o no de la norma de fondo, pues falta la premisa fáctica de la misma [...]\"\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 17-000566-0597-PE\n\nRes: 2024-00324\n\nSALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de abril de dos mil veinticuatro.\n\n Recurso de Casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 003], costarricense, cédula de identidad [Valor 002], nacida el 19 de octubre de 1988, hija de [Nombre 001] y [Nombre 002]; por el delito de aprovechamiento ilegal de productos forestales, cometido en perjuicio de la Ley Forestal. Intervienen en la decisión del recurso los magistrados y las magistradas Jesús Alberto Ramírez Quirós, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla y William Serrano Baby, los dos últimos como magistrados suplentes. Además, en esta instancia, el licenciado Randall Aguirre Mena, como Procurador Penal en representación del Estado y el licenciado Frank Mc Kenzie Peterkin como defensor particular de la imputada.\n\nResultando:\n\n 1.- Mediante sentencia N° 2023-1016 de las 08:05 horas del 07 de agosto del 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “POR TANTO: Se declara con lugar el recurso de apelación y, sin necesidad de reenvío, se revoca parcialmente la sentencia en cuanto declaró con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República contra la imputada y demandada civil [Nombre 003] y condenó en costas ala demandada para, en su lugar, rechazar dicha demanda civil y resolver sin especial condenatoria en costas. En lo demás, permanece invariable la decisión. - Kathya Jiménez Fernández - Rosaura Chinchilla Calderón - Patricia Vargas González - Juezas de apelación de sentencia penal” (sic).\n\n 2.- Contra el anterior pronunciamiento el licenciado Randall Aguirre Mena, interpuso recurso de casación.\n\n 3.- Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.\n\n 4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Informa el Magistrado Jesús Alberto Ramírez Quirós; y,\n\nConsiderando:\n\n I. En el voto número 4, de las 9:42 horas del 11 de enero del 2024, esta Sala dio curso a la casación interpuesta por el representante de la Procuraduría General de la República, en esta causa sustanciada contra [Nombre 003], por el delito de aprovechamiento de recursos forestales del patrimonio natural del Estado. En esa ocasión, se reseñó el recurso de la siguiente manera: “Indica que el numeral 98 de la citada ley, señala que la responsabilidad civil puede producirse por conductas de acción y omisión, por ello, a su juicio, la responsabilidad civil por daño ambiental no solo obedece a una acción delictiva, sino que puede darse por un comportamiento omisivo desde el punto de vista civil, que puede atribuirse a personas físicas y jurídicas (cfr. folio 46 vuelto). Por su parte, en relación con el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, señala otro criterio por el cual surge la responsabilidad civil, que le es atribuible a los titulares de las empresas o de las actividades donde se causen daños (cfr. ibíd). Con base en dichas normas, explica que en materia ambiental surge responsabilidad civil no solo por omisión, sino además, al ostentar la condición de titular del sitio en el que se realicen las actividades, incluyendo a su criterio, a los propietarios registrales de los bienes inmuebles en que se desarrollen las acciones que ocasione un daño ambiental, como ocurre en el caso bajo examen, que la demandada civil es la propietaria del bien en que se produjo la tala ilegal de árboles. Cuestiona el argumento expuesto por el ad quem, relacionado con la carencia en la demanda civil de “un criterio de imputación más allá de la comisión de un hecho delictivo” (cfr. folios 46 vuelto a 47). Sin embargo, menciona que en la acción civil que presentó, alude a una responsabilidad distinta, que se explica en el apartado titulado «daño cuya reparación se pretende: “así las cosas el daño cuya reparación se pretende es un daño ambiental, en perjuicio de los recursos forestales, al ser que la demandada procedió de manera ilegal a aprovechar 16 árboles de diferentes especies, en completo desapego de lo que tenía permitido de conformidad con la autorización obtenida de parte de la administración forestal del estado…» (cfr. folio 47). Resalta el recurrente, que en la acción civil que presentó, se describe que la demandada civil aprovechó dieciséis árboles en completo desapego a la autorización otorgada por la administración, misma que le fue entregada en condición de propietaria registral del inmueble en que se llevaría a cabo la corta de árboles. Considera que la conducta desinteresada de la demandada civil al no haberse apegado al permiso que se le había otorgado, generó que se cortaran dieciséis árboles en la finca de su propiedad, consecuentemente se materializó una tala de árboles de forma ilegal al no haberse autorizado. Adiciona que, al ponderar la responsabilidad objetiva que deriva de las normas sustantivas citadas (98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente), a su juicio, no es necesario acreditar de manera directa que la demandada civil haya cortado los árboles o bien que los haya sacado de la finca. Ello considerando que, la responsabilidad objetiva deriva no solo de la circunstancia de no haberse ajustado al permiso, sino además, por ser la demandada civil la titular del inmueble (cfr. ibíd). Como corolario de ello, estima que interpretar la aplicación de esas normas de forma contraria, conlleva a exigir la participación directa de la persona demandada civil, más allá de lo que el legislador dejó asentado como una responsabilidad civil objetiva de la persona que solicita el permiso, pero no vela por su cumplimiento y se desentiende de que la corta que se lleve a cabo dentro de los límites autorizados por la administración forestal. Para quien impugna, este comportamiento desinteresado del autorizado, “genera un daño ambiental y detrimento a los recursos forestales, aspectos que determinan no solo el nexo causal, también el vínculo jurídico” (cfr. folio 47 vuelto).” No es atendible el reparo. Al declarar con lugar el recurso de la defensa, absolviendo de toda responsabilidad civil a la señora [Nombre 003], el tribunal de apelación de sentencia penal, tomó en cuenta seis razones de interés, las cuales aparecen en los folios 40 vuelto y 41 frente: i) la absolutoria dictada en favor de la acriminada en el plano penal, no afectaría las pretensiones resarcitorias; ii) no hubo pruebas que vincularan a la encausada con las corta irregular de los dieciséis árboles no cubiertos por el permiso administrativo expedido; iii) la señora [Nombre 003] fue condenada civilmente por explotar la madera, y no por cortar los árboles; iv) pero no se incorporó prueba alguna de que la acusada se hubiera aprovechado de la madera talada ilegalmente; v) no se estableció un nexo de causalidad entre la conducta de la indiciada y el daño, faltando en consecuencia un criterio de atribución; y, vi) que en la demanda civil el criterio de imputación subjetiva fue el dolo de generar el daño forestal que implicaba la corta de esos árboles. Es decir, estamos ante un problema esencialmente en tres dimensiones; a saber: (a) no hay pruebas que permitan vincular el quehacer de la señora [Nombre 003] con el daño ambiental (razones ii y iv); (b) a la señora [Nombre 003] la demanda civil le adjudicó una acción dolosa respecto a los resultados típicos (razón vi); y, (c) no se pudo establecer una relación de causalidad entre el quehacer de la señora [Nombre 003] y ese resultado desvalorado (razón v). Todo lo cual llevaba a que la condenatoria civil de la endilgada (razón ii), fuera insostenible, pese a que legalmente es viable emanar una condena como esa (razón i). Veamos entonces qué importancia revisten ante esos supuestos de referencia, los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dispone el artículo 98 que “El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que la realicen.”. Por su parte el 101 establece que “Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión. Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los funcionarios públicos que suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un daño al ambiente o a la diversidad biológica.” Para sintetizarlo, en lo que interesa para esta causa, se puede inferir del primero que el daño ambiental puede ser por acción o por omisión. Del segundo, que la responsabilidad civil de los partícipes es solidaria. Pero ni una cosa u otra viene a suplir la ausencia de prueba que constató el tribunal de alzada respecto a que la señora [Nombre 003] participara en la corta o aprovechamiento de la madera. Tampoco resuelve el vacío en lo tocante a la relación de causalidad que debía haber entre la conducta de aquélla y los daños investigados. Esa normativa de fondo puede argüirse como infringida cuando ya se tienen esos dos aspectos cumplidos, mas no antes. Esto es, una vez que hay pruebas contundentes de la actuación u omisión de alguien, que ha llevado a un daño ambiental, se debe aplicar esas figuras sustantivas para establecer las responsabilidades civiles correspondientes. Sin embargo, en ausencia de esos elementos de prueba y de atribuibilidad, no procede analizar la aplicabilidad o no de la norma de fondo, pues falta la premisa fáctica de la misma. El petente acude a recriminar una violación indirecta de la ley sustantiva, lo cual no está admitido en nuestra legislación procesal penal. Esta consiste en esgrimir el quebranto de la ley sustantiva por no haberse tenido por acreditados los hechos que le sirven de supuestos. En tales situaciones, lo que cabe en nuestro ordenamiento es discutir el razonamiento probatorio, demostrando en esta etapa extraordinaria que dicho razonamiento sufre de un defecto estructural que lo hace insostenible. Pero no es esa la estrategia recursiva del promovente, ni tampoco documenta un defecto como ése, por lo que no es atendible su reclamo. Finalmente, por las inferencias que se puede hacer del contenido de esas disposiciones, debe decirse que no es cierto que alguna de esas disposiciones establezca una responsabilidad civil objetiva, como lo asevera el recurrente. Antes bien, basta una lectura simple de esas disposiciones para constar que ambas se refieren a la responsabilidad civil subjetiva. El artículo 98 habla de las conductas que se “…realicen…”. El artículo 101 de la causación de infracciones. En ambos supuestos normativos, por ende, se contempla la participación o intervención en el hecho, lo cual se opone a la lectura voluntariosa que hace el recurrente, tratando de prescribir una responsabilidad civil objetiva donde la ley no la contempla.\n\nPor Tanto:\n\n Se declara sin lugar el recurso presentado por el representante de la Procuraduría General de la República. Notifíquese.\n\n \n\n \n\nJesús Alberto Ramírez Q.\n\n\n\n\n \n\n \n\nGerardo Rubén Alfaro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\nSandra Eugenia Zúñiga M.\n\n\n\n\n \n\n \n\nRafael Segura B.\n\nMagistrado Suplente\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\nWilliam Serrano B.\n\nMagistrado Suplente\n\n \n\nRoleon / Int: 836-1/1-1-23\n\nClasificación elaborada por SALA DE CASACIÓN PENALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:50:37.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Tercera de la Corte\n\nResolution No. 00324 - 2024\n\nDate of Resolution: April 12, 2024 at 09:15\n\nCase File: 17-000566-0597-PE\n\nDrafted by: Jesús Ramírez Quirós\n\nType of matter: Cassation appeal\n\nAnalyzed by: SALA DE CASACIÓN PENAL\n\n\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\nContent of Interest:\n\nStrategic Topics: Environmental\n\nType of content: Unanimous vote\n\nBranch of Law: Civil Liability\n\nTopic: Strict civil liability\n\nSubtopics:\n\nA necessary causal link between the conduct of the investigated person and the alleged damages is required.\nIn the absence of evidentiary elements and attributability, it is not appropriate to analyze the applicability of strict civil liability.\n\nI. \" [...] That is, we are faced with a problem essentially in three dimensions; namely: (a) there is no evidence linking the actions of Ms. [Name 003] with the environmental damage (reasons ii and iv); (b) the civil complaint attributed a willful action to Ms. [Name 003] regarding the typical results (reason vi); and, (c) a causal link could not be established between the actions of Ms. [Name 003] and that disapproved result (reason v). All of which led to the civil conviction of the accused (reason ii) being unsustainable, despite it being legally viable to issue such a conviction (reason i). Let us then see what importance Articles 98 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente hold before these reference assumptions. Article 98 provides that \"Environmental damage or pollution may be produced by conduct of action or omission and is attributable to all natural or legal persons who carry it out.\" For its part, Article 101 establishes that \"Without prejudice to liabilities of another nature that may result for them as participants in any form thereof, the perpetrators of infractions of this law or of those regulating environmental protection and biological diversity, whether natural or legal persons, shall be civilly and jointly and severally liable for the damages and losses caused. The owners of the enterprises or activities where the damages are caused, whether by action or omission, shall also be jointly and severally liable. Equal liability shall correspond to professionals and public officials who sign an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) contrary to prevailing legal provisions or technical standards or fail to duly follow up on the process, causing damage to the environment or biological diversity.\" To summarize, to the extent relevant for this case, it can be inferred from the former that environmental damage can be by action or omission. From the latter, that the civil liability of the participants is joint and several. But neither one thing nor the other compensates for the absence of evidence that the appellate court verified regarding whether Ms. [Name 003] participated in the felling or utilization of the timber. Nor does it resolve the void regarding the causal link that should have existed between her conduct and the investigated damages. That substantive regulation can be argued as having been infringed once those two aspects have been fulfilled, but not before. That is, once there is compelling evidence of the action or omission of someone, which has led to environmental damage, those substantive figures must be applied to establish the corresponding civil liabilities. However, in the absence of those evidentiary elements and of attributability, it is not appropriate to analyze the applicability or not of the substantive rule, as the factual premise thereof is missing [...]\"\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 17-000566-0597-PE\n\nRes: 2024-00324\n\nSALA DE CASACIÓN PENAL. San José, at nine hours fifteen minutes on April twelfth, two thousand twenty-four.\n\nCassation Appeal filed in the present case against [Name 003], Costa Rican, identity card [Value 002], born October 19, 1988, daughter of [Name 001] and [Name 002]; for the crime of illegal utilization of forest products, committed to the detriment of the Ley Forestal. Participating in the decision on the appeal are judges Jesús Alberto Ramírez Quirós, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla, and William Serrano Baby, the latter two as substitute judges. Also, at this instance, attorney Randall Aguirre Mena, as Criminal Prosecutor representing the State, and attorney Frank Mc Kenzie Peterkin as private counsel for the defendant.\n\nWhereas:\n\n1.- By judgment No. 2023-1016 at 08:05 hours on August 7, 2023, the Criminal Sentence Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José, resolved: \"THEREFORE: The appeal is granted and, without need for remand, the judgment is partially overturned insofar as it granted the civil action for damages filed by the Procuraduría General de la República against the defendant and civil defendant [Name 003] and ordered the defendant to pay costs so that, instead, said civil complaint is rejected and the matter resolved without a special cost order. In all other respects, the decision remains unchanged. - Kathya Jiménez Fernández - Rosaura Chinchilla Calderón - Patricia Vargas González - Criminal Sentence Appeals Judges\" (sic).\n\n2.- Against the foregoing pronouncement, attorney Randall Aguirre Mena filed a cassation appeal.\n\n3.- Having verified the respective deliberation, the Chamber proceeded to hear the appeal.\n\n4.- The pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\nJudge Jesús Alberto Ramírez Quirós reports; and,\n\nConsidering:\n\nI. In vote number 4, at 9:42 hours on January 11, 2024, this Chamber granted leave to the cassation appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la República, in this case substantiated against [Name 003], for the crime of utilization of forest resources from the State's natural heritage. On that occasion, the appeal was summarized as follows: \"He indicates that numeral 98 of the cited law states that civil liability can be produced by conduct of action and omission, therefore, in his opinion, civil liability for environmental damage does not only result from a criminal action but can arise from an omissive behavior from a civil standpoint, which can be attributed to natural and legal persons (cf. folio 46 verso). For his part, in relation to Article 101 of the Ley Orgánica del Ambiente, he points out another criterion by which civil liability arises, which is attributable to the owners of the enterprises or activities where damages are caused (cf. ibid). Based on said norms, he explains that in environmental matters, civil liability arises not only from omission, but also by holding the status of owner of the site where the activities are carried out, including, in his opinion, the registered owners of real estate where actions causing environmental damage are developed, as occurs in the case under examination, where the civil defendant is the owner of the property where the illegal felling of trees occurred. He questions the argument advanced by the ad quem court, related to the lack in the civil complaint of 'a criterion of imputation beyond the commission of a criminal act' (cf. folios 46 verso to 47). However, he mentions that in the civil action he filed, he alludes to a different liability, which is explained in the section titled «damage whose reparation is sought: \"thus, the damage whose reparation is sought is environmental damage, to the detriment of forest resources, in that the defendant illegally proceeded to utilize 16 trees of different species, completely disregarding what she was permitted in accordance with the authorization obtained from the state forest administration…» (cf. folio 47). The appellant highlights that, in the civil action he filed, it is described that the civil defendant utilized sixteen trees in complete disregard of the authorization granted by the administration, which was delivered to her in her condition as registered owner of the property where the tree felling was to take place. He considers that the disinterested conduct of the civil defendant in not adhering to the permit that had been granted to her, resulted in sixteen trees being felled on her farm, consequently, an illegal felling of trees materialized as they had not been authorized. He adds that, when weighing the strict civil liability derived from the cited substantive norms (98 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente), in his opinion, it is not necessary to directly prove that the civil defendant felled the trees or that she removed them from the farm. This, considering that strict liability derives not only from the circumstance of not having adhered to the permit, but also from the civil defendant being the owner of the property (cf. ibid). As a corollary thereof, he considers that interpreting the application of those norms in a contrary manner entails requiring the direct participation of the civil defendant, beyond what the legislator established as strict civil liability for the person requesting the permit but does not ensure its compliance and disengages from whether the felling is carried out within the limits authorized by the forest administration. For the challenger, this disinterested behavior of the authorized party 'generates environmental damage and detriment to forest resources, aspects that determine not only the causal nexus, but also the legal link' (cf. folio 47 verso).\" The objection is not acceptable. Upon granting the defense appeal, absolving Ms. [Name 003] of all civil liability, the criminal sentence appeals court took into account six reasons of interest, which appear on folios 40 verso and 41 front: i) the acquittal handed down in favor of the accused at the criminal level would not affect the claims for damages; ii) there was no evidence linking the accused to the irregular felling of the sixteen trees not covered by the issued administrative permit; iii) Ms. [Name 003] was civilly convicted for exploiting the timber, and not for felling the trees; iv) but no evidence whatsoever was introduced that the accused had taken advantage of the illegally felled timber; v) a causal nexus between the conduct of the indictee and the damage was not established, consequently lacking a criterion of attribution; and, vi) that in the civil complaint, the criterion of subjective imputation was the willful intent to generate the forest damage implied by the felling of those trees. That is, we are faced with a problem essentially in three dimensions; namely: (a) there is no evidence linking the actions of Ms. [Name 003] with the environmental damage (reasons ii and iv); (b) the civil complaint attributed a willful action to Ms. [Name 003] regarding the typical results (reason vi); and, (c) a causal link could not be established between the actions of Ms. [Name 003] and that disapproved result (reason v). All of which led to the civil conviction of the accused (reason ii) being unsustainable, despite it being legally viable to issue such a conviction (reason i). Let us then see what importance Articles 98 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente hold before these reference assumptions. Article 98 provides that \"Environmental damage or pollution may be produced by conduct of action or omission and is attributable to all natural or legal persons who carry it out.\" For its part, Article 101 establishes that \"Without prejudice to liabilities of another nature that may result for them as participants in any form thereof, the perpetrators of infractions of this law or of those regulating environmental protection and biological diversity, whether natural or legal persons, shall be civilly and jointly and severally liable for the damages and losses caused. The owners of the enterprises or activities where the damages are caused, whether by action or omission, shall also be jointly and severally liable. Equal liability shall correspond to professionals and public officials who sign an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) contrary to prevailing legal provisions or technical standards or fail to duly follow up on the process, causing damage to the environment or biological diversity.\" To summarize, to the extent relevant for this case, it can be inferred from the former that environmental damage can be by action or omission. From the latter, that the civil liability of the participants is joint and several. But neither one thing nor the other compensates for the absence of evidence that the appellate court verified regarding whether Ms. [Name 003] participated in the felling or utilization of the timber. Nor does it resolve the void regarding the causal link that should have existed between her conduct and the investigated damages. That substantive regulation can be argued as having been infringed once those two aspects have been fulfilled, but not before. That is, once there is compelling evidence of the action or omission of someone, which has led to environmental damage, those substantive figures must be applied to establish the corresponding civil liabilities. However, in the absence of those evidentiary elements and of attributability, it is not appropriate to analyze the applicability or not of the substantive rule, as the factual premise thereof is missing. The appellant resorts to reproaching an indirect violation of substantive law, which is not admitted in our criminal procedural legislation. This consists of alleging the infringement of substantive law because the facts that serve as its premises were not deemed proven. In such situations, what is appropriate in our legal system is to discuss the evidentiary reasoning, demonstrating at this extraordinary stage that said reasoning suffers from a structural defect that makes it unsustainable. But that is not the appellant's recourse strategy, nor does he document such a defect, so his complaint is not acceptable. Finally, based on the inferences that can be made from the content of those provisions, it must be stated that it is not true that any of those provisions establishes strict civil liability, as the appellant asserts. Rather, a simple reading of those provisions is enough to verify that both refer to subjective civil liability. Article 98 speaks of the conduct that is \"…carried out…\". Article 101 of the causation of infractions. In both normative scenarios, therefore, participation or intervention in the act is contemplated, which is opposed to the voluntaristic reading the appellant makes, attempting to prescribe strict civil liability where the law does not provide for it.\n\nTherefore:\n\nThe appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la República is denied. Notify.\n\n \n\n \n\nJesús Alberto Ramírez Q.\n\n\n\n \n\n \n\nGerardo Rubén Alfaro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\nSandra Eugenia Zúñiga M.\n\n\n\n \n\n \n\nRafael Segura B.\n\nSubstitute Judge\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\nWilliam Serrano B.\n\nSubstitute Judge\n\n \n\nRoleon / Int: 836-1/1-1-23\n\nClassification prepared by SALA DE CASACIÓN PENAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution on an onerous basis is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 13:50:37.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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