{ "id": "nexus-sen-1-0007-1003501", "citation": "Res. 21308-2020 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Desafectación de 113 ha de Reserva Biológica Lomas de Barbudal", "title_en": "Disaffectation of 113 ha of Lomas de Barbudal Biological Reserve", "summary_es": "La Sala Constitucional resolvió por mayoría una acción de inconstitucionalidad contra la Ley No. 9610, que modificaba los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para construir el proyecto de abastecimiento de agua PAACUME. El tribunal declaró sin lugar la acción en cuanto a la violación del derecho a un ambiente sano, considerando que la ley contó con estudios previos suficientes, que la desafectación no eliminaba la protección ambiental sino que la transformaba, y que la ejecución del proyecto quedaba supeditada a un estudio de impacto ambiental posterior. Los magistrados disidentes y la Procuraduría General de la República argumentaron que los estudios de compensación fueron insuficientes y que no existió un estudio técnico autónomo que justificara la necesidad de desafectar la reserva biológica, violentando los principios precautorio y de no regresión. La sentencia refleja un profundo debate sobre el estándar constitucional para reducir áreas silvestres protegidas.", "summary_en": "The Constitutional Chamber, by majority, dismissed a constitutional challenge to Law No. 9610, which modified the boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve to allow the construction of the PAACUME water supply project. The majority held that the law was supported by sufficient prior studies, that the disaffectation did not eliminate environmental protection but transformed it, and that the project's execution was conditioned on a future environmental impact study. Dissenting judges and the Attorney General argued that the compensation studies were inadequate and that no independent technical study justified the need to disaffect the biological reserve, thereby violating the precautionary and non-regression principles. The ruling illustrates the constitutional threshold for reducing protected wild areas in Costa Rica.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "04/11/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "biodiversity-law-7788" ], "primary_topic_id": "biodiversity-law-7788", "es_concept_hints": [ "reserva biológica", "desafectación", "área silvestre protegida", "estudio técnico", "compensación ambiental", "principio precautorio", "no regresión", "irreductibilidad del bosque" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 38", "law": "Ley Orgánica del Ambiente" }, { "article": "Art. 58", "law": "Ley de Biodiversidad" }, { "article": "Arts. 71-73", "law": "Reglamento a la Ley de Biodiversidad" }, { "article": "Arts. 13-14", "law": "Ley Forestal" }, { "article": "Arts. 2.5, 4", "law": "Convención Ramsar" } ], "keywords_es": [ "desafectación", "reserva biológica", "Lomas de Barbudal", "PAACUME", "estudio técnico", "compensación ambiental", "acción de inconstitucionalidad", "ambiente sano", "principio precautorio", "no regresión", "irreductibilidad", "objetivación de la tutela ambiental", "Sala Constitucional" ], "keywords_en": [ "disaffectation", "biological reserve", "Lomas de Barbudal", "PAACUME", "technical study", "environmental compensation", "constitutional challenge", "healthy environment", "precautionary principle", "non-regression", "irreducibility", "objectivation of environmental protection", "Constitutional Chamber" ], "excerpt_es": "En relación con la acusada violación al artículo 45 de la Constitución Política, al numeral 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa y al principio de seguridad jurídica, por unanimidad se declara inadmisible la acción... En cuanto a la alegada lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política, por mayoría se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y declaran con lugar la acción por violación a los principios precautorio, no regresión en material ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental.\n\nPor consiguiente, la ley cuestionada no resulta inconstitucional, contó con estudios previos y criterios técnicos expresados por las autoridades competentes a lo largo de las comparecencias legislativas, entre estos SENARA, SINAC, MINAE, SETENA, MAG y OET y, además, dispone la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental, el cual deberá contemplar de previo, todos los impactos y medidas de mitigación que procedan para garantizar que, efectivamente, no sea lesionado el ambiente, así como también, determine que se producirá una compensación, no solo en tamaño, sino de naturaleza ecológica hasta donde razonablemente sea posible en este último supuesto.", "excerpt_en": "Regarding the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution, Article 208 bis of the Regulations of the Legislative Assembly, and the principle of legal certainty, the action is unanimously declared inadmissible... As for the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment under Article 50 of the Political Constitution, the action is dismissed by majority. Judges Cruz Castro, Rueda Leal, and Garro Vargas dissent and would grant the action for violation of the precautionary, non-regression in environmental matters, irreducibility, and objectivation of environmental protection principles.\n\nTherefore, the challenged law is not unconstitutional; it was supported by prior studies and technical criteria expressed by the competent authorities during legislative hearings, including SENARA, SINAC, MINAE, SETENA, MAG, and OET. It further imposes the obligation to carry out an environmental impact study, which must previously consider all impacts and mitigation measures to guarantee that the environment is not harmed, and also determine that compensation—not only in size but of an ecological nature to the extent reasonably possible—will be achieved.", "outcome": { "label_en": "Denied (majority)", "label_es": "Sin lugar (mayoría)", "summary_en": "The Constitutional Chamber dismissed the constitutional challenge against Law No. 9610, holding that the disaffectation of 113 ha of the Lomas de Barbudal Biological Reserve was based on sufficient prior studies and the project remains subject to a subsequent environmental impact study.", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley No. 9610, al considerar que la desafectación de 113 ha de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal contó con estudios previos suficientes y el proyecto queda sujeto a un estudio de impacto ambiental complementario." }, "pull_quotes": [ { "context": "Voto salvado de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal", "quote_en": "The reduction of a protected area, whatever its management category, can only be done by law, after technical and scientific studies (prior, sufficient, necessary, and individualized) that, in light of the principle of reasonableness, justify the measure.", "quote_es": "La reducción de un área protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, solo puede darse por ley, luego de estudios técnicos y científicos (previos, suficientes, necesarios e individualizados) que, en atención al principio de razonabilidad, justifiquen la medida." }, { "context": "Voto de mayoría de la Sala Constitucional", "quote_en": "The challenged law is not unconstitutional; it was supported by prior studies and technical criteria... and it further imposes the obligation to carry out an environmental impact study, which must previously consider all impacts and mitigation measures to guarantee that the environment is not harmed.", "quote_es": "La ley cuestionada no resulta inconstitucional, contó con estudios previos y criterios técnicos... y, además, dispone la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental, el cual deberá contemplar de previo, todos los impactos y medidas de mitigación que procedan para garantizar que, efectivamente, no sea lesionado el ambiente." }, { "context": "Informe de la OET citado en el voto salvado", "quote_en": "Environmental compensation in the face of an environmental impact is a last-resort measure, to be implemented only when the impact cannot be avoided or adequately mitigated.", "quote_es": "La compensación ambiental ante un impacto ambiental es una medida última, que debe realizarse únicamente en caso de que no pueda evitarse dicho impacto o que este no pueda mitigarse adecuadamente." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1003501", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 21308 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 04 de Noviembre del 2020 a las 09:30\n\nExpediente: 19-017939-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*190179390007CO*\n\nExp: 19-017939-0007-CO\n\nRes. Nº 2020021308\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinte .\n\nAcción de inconstitucionalidad promovida por Henry Picado Cerdas, mayor, costarricense, soltero, vecino de Paraíso de Cartago, cédula de identidad No. 304030272, en su condición de presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, cédula de persona jurídica No. 3-002-116993, contra la Ley No. 9610, de “Modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras”.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:59 hrs. del 26 de setiembre de 2019, el accionante solicita que se declare inconstitucional la Ley No. 9610, de “Modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras”, por estimar que lesiona el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la Convención Ramsar, el Convenio de Biodiversidad Biológica y los principios del Derecho Ambiental de no regresividad, precautorio y objetivación de la tutela ambiental e irreductibilidad del bosque. Alega que la ley impugnada establece, en sus artículos 1 y 2, la desafectación, segregación y cambio de uso de suelo de 113 hectáreas que actualmente forman parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, para destinarlas a la construcción del denominado “Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (PAACUME), a cargo del SENARA. Sostiene que tal proyecto consiste en un gran embalse artificial, que utiliza agua proveniente del embalse Arenal, para fines de riego agropecuario, riego en hoteles costeros, una represa hidroeléctrica y un acueducto para consumo humano. Añade que, como contraprestación por tal desafectación y segregación, el artículo 1 de la ley impugnaba agregó a la Reserva Biológica Lomas de Barbudal parte de los terrenos de tres fincas privadas colindantes, que pertenecen a las sociedades ASETREK S.A., Hacienda Ciruelas SP S.A. y Brindis de Amor S.A. Afirma que tal desafectación, segregación y cambio de uso de suelo se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa sin contar, de previo, con los estudios técnicos completos y suficientes para garantizar que dicho acto (la mutilación del territorio actual de la reserva) no va a dañar el ambiente y que la adición de los mencionados terrenos privados permite reponer y compensar el daño ocasionado a la reserva y mantener incólume el cumplimiento de sus objetivos. Sostiene que no se cumple lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y numerales 71 y 72 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad. Sostiene que al estudiarse el expediente legislativo que dio origen a la ley impugnada (expediente No. 20.465) se puede constatar que el proyecto solo se basó en un Estudio de Línea Base denominado “Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y finca adyacente”, elaborado por la Organización de Estudios Tropicales (OET) a través de una consultaría contratada por SENARA.  Afirma que el procedimiento seguido para elaborar tal proyecto y sus contenidos presentan las siguientes irregularidades: a) el estudio fue realizado por una entidad privada contratada por la parte interesada en la segregación y desafectación de la reserva biológica y los funcionarios competentes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación no tuvieron participación en su elaboración o coordinación, con lo que se infringen los artículos 71 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad y 7, inciso h), de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; b) el estudio base solo analizó las 113 hectáreas que se segregan de la reserva biológica y la finca  ASETREK S.A.,  pero no se incluyeron las fincas de Hacienda Ciruelas SP S.A. y Brindis de Amor S.A., a pesar que tal documento es utilizado como justificación para afirmar que la adición de tales terrenos a la reserva permite compensar el daño causado, ni se realizó –con posterioridad- un estudio biológico completo ni un análisis ecosistémico, tal como y como lo ordenan los artículos 38 de la Ley Orgánica del Ambiente,  71 y 72 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad y 7, inciso h), de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; c) el estudio de la OET presenta serias omisiones y deficiencias metodológicas advertidas por la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, ya que la metodología de compensación utilizada no permite garantizar que los objetivos de creación de la reserva biológica se mantienen intactos a pesar de las medidas planteadas en la ley impugnada; d) el estudio de la OET y el proyecto de ley fueron realizados a partir de una delimitación incorrecta del área de la reserva biológica afectada por la desafectación y el cambio de uso de suelo, así como del área que se pretende agregar a dicha reserva a título de compensación, conforme al criterio del Instituto Geográfico Nacional, que fue ignorado por la Asamblea Legislativa; e) se incumplió el requisito de demostrar la existencia de recursos económicos suficientes para garantizar la adquisición de los terrenos que se utilizarían para compensar el daño ocasionado a la reserva, como así lo exige el ordinal 72 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, a fin de garantizar que la referida compensación se pueda materializar mediante la adquisición de los respectivos terrenos, así como para asegurar  su adecuada protección y manejo a largo plazo. Alega que con lo anterior se infringe el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículos 50 y 89 de la Constitución Política), por cuanto, se procedió a la desafectación, segregación y cambio de uso de suelo de 113 hectáreas de la referida reserva biológica sin contar con los estudios técnicos previos que exige la normativa ambiental, sino que, en su lugar, se utilizó como única justificación del proyecto un estudio incompleto e insuficiente, que no abarcó toda el área involucrada y que cumpla los requerimientos de la normativa ya citada. Se infringe, también, el principio de objetivación de la tutela ambiental, ante la acusada falta de estudios técnicos serios, integrales, completos y suficientes, que cumplan condiciones mínimas de rigurosidad y profundidad para descartar daños a los bienes jurídicos que se buscan tutelar con la creación de áreas protegidas. Indica que en este caso se está en presencia de una reserva biológica, sea, un área de protección absoluta (artículo 58 de la Ley de Biodiversidad), por lo que los estudios técnicos requeridos para segregar y desafectar terrenos de dicha reserva deben ser sumamente rigurosos en demostrar que las áreas que se pretenden agregar a la reserva afectada tienen realmente el mismo valor en función de sus objetivos de creación, lo que no se cumplió en el presente caso. Alega que las acusadas irregularidades señaladas en el estudio aportado para justificar la aprobación de la Ley No. 9610 también lesionan los citados principios de irreductibilidad del bosque y precautorio, dado que, no existen estudios técnicos que permitan garantizar, con la debida certeza científica, que el área que se compensa es de igual relevancia ambiental que el área que se desafecta. Argumenta que la falta de tal estudio técnico constituye un vicio sustancial del procedimiento parlamentario seguido en la tramitación de la Ley No. 9610.  Añade que Costa Rica ratificó la “Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat de Aves Acuáticas”, conocido como Convención RAMSAR. Como parte de los compromisos asumidos por Costa Rica, el Estado costarricense ha incluido 12 sitios de humedales en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. Dentro de tal lista se incluye el Sitio RAMSAR Palo Verde, junto al humedal de Caño Negro. Indica que la Reserva Biológica Lomas de Barbudal forma parte integral del Sitio RAMSAR Palo Verde. Añade que la Convención Ramsar establece, en su numeral 2, las condiciones en las que un Sitio Ramsar que pasa a formar parte de la Lista de Humedales de protección internacional puede ser modificado y hace referencia a la existencia de “motivos urgentes de interés nacional”; sin embargo, en el expediente legislativo de tramitación de la Ley No. 9610 no consta que el Estado costarricense haya demostrado que la construcción del proyecto PAACUME  obedezca a un motivo urgente de interés nacional, que justifique la cuestionada exclusión y desafectación. Acusa que, de hecho, la Oficina Permanente de la Convención Ramsar ni siquiera fue informada de esos supuestos motivos y de la tramitación de la Ley No. 9670. No fue sino después de su aprobación que se habría comunicado a la referida oficina. Insiste que, en este caso, no existe la referida urgencia de interés nacional y esta nunca fue constatada ni demostrada previamente o durante el trámite del proyecto de ley, ni existen estudios técnicos que acrediten tal urgencia.  Solicita que, en consecuencia, se acoja la presente acción y se declare inconstitucional la Ley No. 9610.\n\n2.- A efectos de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, la parte accionante alega que acciona con sustento en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto formula la presente acción en defensa de intereses difusos en resguardo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n3.- Por resolución No. 2019-019653 de las 9:20 horas del 9 de octubre de 2019, este Tribunal dispuso: “Se reserva el dictado de la sentencia de esta acción hasta tanto no sea resuelta la que bajo expediente No. 19-000257-0007-CO se tramita ante esta Sala”.\n\n4.- Mediante sentencia No. 2020-13836 de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020, se resolvió la acción de inconstitucionalidad No. 19-000257-0007-CO.\n\n              5.- En la substanciación del proceso se han observado las formalidades de ley.\n\nRedacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n              I.- En atención a lo previsto en el artículo 84, párrafo tercero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se determinó reservar el dictado de la sentencia de esta acción hasta tanto no fuese resuelta la que ya se tramitaba ante esta Sala en expediente No. 19-000257-0007-CO. En cuyo caso, en la referida acción No. 19-000257-0007-CO ya se dictó el voto No. 2020-13836 de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020, en el que se resolvió -en su parte dispositiva- que:\n\n“En relación con la acusada violación al artículo 45 de la Constitución Política, al numeral 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa y al principio de seguridad jurídica, por unanimidad se declara inadmisible la acción, porque, por un lado, no se observa algún tipo de interés difuso o colectivo, y, por otro, no existe algún asunto previo en el que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio para amparar el derecho o interés reclamado. Igualmente, por unanimidad se declara sin lugar la acción respecto de la argüida vulneración a los ordinales 7 y 176 de la Constitución Política y a los principios constitucionales de equilibrio presupuestario, razonabilidad y proporcionalidad, y economía y eficiencia.\n\nEn cuanto a la alegada lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política, por mayoría se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y declaran con lugar la acción por violación a los principios precautorio, no regresión en material ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes y pone nota.\n\nLa Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado ponen notas separadas.\n\nNotifíquese este pronunciamiento a la parte accionante, al Procurador General de la República, al Presidente de la Asamblea Legislativa, al Ministro de Ambiente y Energía, al Ministro de Agricultura y Ganadería, al Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, y a los coadyuvantes.”\n\nAsimismo, una vez constrastados los alegatos formulados por el accionante en el sub lite, así como lo ya resuelto en el citado voto 2020-13836, se verifica que los distintos reproches planteados por el accionante ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala en tal sentencia, según se expondrá en los siguientes considerandos.  \n\nII.- El accionante reclama, en primer lugar, que la ley cuestionada (Ley No. 9610) se sustenta en un estudio técnico insuficiente e incompleto, que no se ajusta -en general- a los requerimientos previstos por la normativa ambiental del país [artículos 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, 7, inciso h), de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y 71 y 72 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad]. Por lo que asevera que no se puede garantizar, con la debida certeza, que no se provocará un daño ambiental. Se alega, en específico, que el SINAC no participó en la elaboración del estudio, ni lo coordinó, sino que fue realizado por una entidad privada, contratada por SENARA. Además, no se analizan de forma íntegra y completa todos los terrenos que se pretenden usar para la compensación y no se analizaron debidamente los eventuales impactos ambientales.\n\nEn cuanto a este punto, este Tribunal, por mayoría, declaró sin lugar la acción, pues estimó -en lo que interesa- lo siguiente:\n\n“A.- Sobre la acusada violación a los artículos 7 y 50 de la Constitución Política y a los principios de no regresión en materia ambiental, objetivación de la tutela ambiental, precautorio o in dubio pro natura y legalidad. Según quedó acreditado en este proceso, la desafectación del á rea que se discute, no es a los efectos de dejar ese terreno desprotegido ambientalmente, sino de darle un cambio de uso que igualmente pretende su tute la, con mayor extensión, y al mismo tiempo, procurar de este un aprovechamiento sostenible.  Ese aspecto es primordial, toda vez que muchos de los pronunciamientos de este Tribunal en relación con una desafectación, se han circunscrito a la compensación de una desafectación, en el sentido de desprender a un ter reno, de forma absoluta, de su tutela ambiental especial para destinarla a cualquier otro fin diverso y contrapuesto al de protección ambiental. De ahí que, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido incisiva en la necesidad de que el Poder Legislativo cuente con un estudio técnico previo que justifique el porqué, ambientalmente, ya no es necesaria esa tutela y, posteriormente dispuso, además, su compensación, como retribución ambiental. En el sub examine, no es posible para las autoridades del Estado alterar el hábitat de un á rea protegida, sino es dentro de los límites que acepta su propio régimen de protección. De ahí que, aun cuando el área que se requiere alterar siempre va a ser protegida, pero la altera fuera de esos límites autorizados por ley, dada su naturaleza de uso, se requirió acudir igualmente a un proceso de desafectación legal que los autorice a real izar tales modificaciones. Este es el caso de la ley de estudio. Adviértase el contenido del artículo 6 de la norma impugnada, en el que igualmente se concede a ese terreno desafectado un a tutela ambiental especial: \n\n “ARTÍCULO 6- Finalizadas las obras de construcción y puesto en operación el Embalse Río Piedras por parte del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), el área de embalse, que incluye el anillo de protección, se constituirá en un ecosistema de humedal administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N.° 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996. Deberá existir estricta coordinación con Senara para la utilización del agua conforme a diversos usos requeridos. El Poder Ejecutivo, mediante el Sinac, realizará los estudios necesarios para otorgar a dicho espacio una categoría de manejo, que no deberá contraponerse al uso que se le dé al agua producto del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume).\n\n Para la elaboración del Plan General de Manejo de Uso Sostenible y Racional, se conformará una comisión con representación del Sinac, Senara y la Municipalidad de Bagaces.”\n\n Ciertamente la construcción de ese proyecto, aun cuando finalmente su resultado será destinado a la protección ambiental, implicará un impacto para el área, dada la modificación del hábitat de la zona a inundar para el embalse, de ahí que deba verificarse previamente si el mismo es indispensable y compensable. Tal como quedó acreditado desde la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la normativa impugnada, la situación de desabastecimiento del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste, es un hecho palmario desde hace varios años. De ahí que diferentes administraciones han buscado dar soluciones a esta situación. Veamos:\n\n “Los beneficiarios potenciales del proyecto están compuestos por la población general de la provincia de Guanacaste. Esta provincia cuenta con una población proyectada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 371.375 habitantes para el 2.016, más la población flotante que está compuesta por el turismo nacional y extranjero estimándose en más de un millón de personas al año, a esto se le suma otra población compuesta por trabajadores de las diferentes empresas que incluye el turismo y que permanecen entrando y saliendo del área.\n\n El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha estimado que para el 2025 habrá una población, dentro del área del proyecto, equivalente a más de 220.000 habitantes como usuarios de los acueductos principales de la zona (Senara, 2006).\n\n En el año 2002 se registró el ingreso de 1.113.359 turistas. La tendencia al crecimiento es constante, ya que para el 2014 se duplicó el número de visitación al país.\n\nContrario al panorama de pobreza de la región Chorotega, esta es una de las zonas que mayor desarrollo turístico ha experimentado. En sus costas se asientan los principales complejos hoteleros que existen en el país. Se estimó, en el año 2005, que la capacidad instalada en los hoteles de la zona del proyecto era para 140.812 personas en temporada alta y se proyectaba que para el año 2025 alcanzará las 230.900 personas (Senara, 2006).\n\n Debe señalarse que el recurso más amenazado en la actualidad es el agua debido principalmente a la sobreexplotación de los acuíferos para consumo humano, aspecto que se agrava aún más en las zonas turísticas por la amenaza de salinización de los pozos. Con la capacidad instalada en el 2005 la demanda promedio de agua potable se estimó en 570 l/s y con el crecimiento sostenido al 2025 alcanzaría los 935 l/s.\n\n El área de riego agropecuario se estima en 17000 ha en donde se podrían beneficiar 1.067 productores agropecuarios entre grandes, medianos y pequeños … La Estrategia Nacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (Egirh, 2005) señaló que las competencias por el uso del recurso hídrico en esta zona (y otras del país) podrían devenir en conflictos entre usuarios si no se aplicaban las medidas correctivas necesarias. El Plan Nacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PNGIRH, 2008) dispuso como acción inmediata implementar el llamado Plan de Abastecimiento de Agua para Guanacaste en la línea estratégica 8.3.3.2, bajo el objetivo de “Regular la oferta hídrica para permitir su disponibilidad durante todo el año y atender la vulnerabilidad al cambio climático”…Como resultado de la mesa de trabajo por Guanacaste: Agua e Infraestructura Hídrica, implementada por la Administración Solís Rivera, se retoma y dispone la ejecución de este proyecto..  Por su importancia, esta línea de acción estratégica fue incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, bajo la línea programática 1.9 del sector ambiente, siendo que bajo el ejercicio de rectoría del sector ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial se contempla el desarrollo e implementación del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste - Pacífico Norte (Piaag), que integra actividades, obras y proyectos en el inmediato, corto, mediano y largo plazos…Conforme a los ejes I y II, el Servicio Nacional de Agua Subterránea, Riego y Avenamiento (Senara) desarrolla el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), que se constituye, por su ámbito y alcance en beneficios, en el proyecto más robusto y estratégico”.\n\nEs decir, la necesidad de atender esta problemática había sido objeto de estudio por varios años por parte de las autoridades competentes. Precisamente, por Decreto Ejecutivo n.° 38642-MP-MAG del 30 de noviembre de 2014, se requirió una declaratoria de emergencia por sequía en algunos sectores del país, entre ellos la región Chorotega por afectación de 11 de sus cantones. Esa zona presenta más de 5 meses de déficit hídrico al año, dada la afectación del fenómeno del Niño y del cambio climático.  Esta situación tampoco ha sido ajena para este Tribunal. En sentencia  n.° 20 18-7758 de las 9:15 horas del 18 de mayo de 2018, por ejemplo, ante la falta de suministro de agua potable por días, de fuentes de captación en Nicoya,  y debido al problema de salinización de esa zona, esta Sala  ordenó al  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que en el plazo de 6 meses contado a partir de la comunicación de esa  sentencia, realizara el estudio hidrogeológico en la zona de influencia, sugerido por la Oficina Cantonal de Nicoya del ICAA, con la finalidad de buscar fuentes sostenibles en el tiempo que permitieran la ejecución de un proyecto para satisfacer la demanda presente y futura de las comunidades de Cuesta Grande, Maquenco y Terciopelo. Luego de ello, debían proponer alguna solución temporal o permanente y ejecutarla en el plazo de los 12 meses siguientes a ese periodo previo. En el ínterin, debía n distribuir a la comunidad de Maquenco agua potable de calidad mediante camiones cisterna u otro mecanismo alternativo, si existía faltante de líquido, hasta tanto no se lograra una solución definitiva a los hechos que dieron motivo a ese amparo.  Igualmente, ha sido conocida la situación del acueducto de Sardinal, el cual ya contaba con el estudio de “Análisis del Impacto de la Sequía en el Acuífero Sardinal 2015” (véase en ese sentido las sentencias 2016-6417 y 2017-1163). Los diversos estudios previos y el trabajo de campo realizado por vari as autoridades, precisamente derivaron en la propuesta del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), y así fue expuesto y justificado a los legisladores. La exposición de motivos indica al respecto:\n\n “…el Servicio Nacional de Agua Subterránea, Riego y Avenamiento (Senara) desarrolla el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), que se constituye, por su ámbito y alcance en beneficios, en el proyecto más robusto y estratégico.\n\n PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE Y COMUNIDADES COSTERAS (PAACUME)\n\nEl Paacume tiene como objetivo potenciar el desarrollo socioeconómico de la provincia de Guanacaste mediante un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos provenientes del Sistema Hidroeléctrico Arenal-Dengo-Sandillal (Ardesa) y demás fuentes disponibles, como medidas de adaptación al cambio climático en un marco de sostenibilidad y equidad.\n\n El proyecto consiste en generar las condiciones técnicas y tecnológicas para un mejor aprovechamiento de las aguas en el Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT), las cuales provienen de la generación hidroeléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el Sistema Hidroeléctrico Arenal, Dengo, Sandillal (Ardesa).\n\n Contiene la automatización de la Presa Derivadora Miguel Pablo Dengo B y Canal Oeste Tramo I hasta el embalse Río Piedras, contemplando la construcción de un embalse de almacenamiento en el río Piedras, ampliación y construcción del Canal Oeste Tramos II y III desde este hasta río Tempisque. Además, las líneas de conducción secundarias y terciarias para riego agropecuario y áreas de desarrollo turístico, obras de entrega de agua para las poblaciones que será administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, todo desde la planicie del río Tempisque hasta la zona costera. Igualmente, integra el proyecto la construcción de casa de máquinas para generación eléctrica en el punto de presa.\n\n El objetivo fundamental es la provisión de agua, accesible en cantidad, calidad y oportunidad -de 20 metros cúbicos por segundo- para diferentes usos potenciales. Se proyecta beneficiar al menos a 204 mil personas y cubrir al menos 17 mil hectáreas bajo riego. De este caudal quedarán disponibles 2 metros cúbicos por segundo para el abastecimiento a largo plazo de comunidades de cantones de Santa Cruz, Nicoya y Carrillo y que será administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Además, el proyecto contempla al menos 1.5 metros cúbicos por segundo de agua para riego como apoyo a la actividad turística en la zona costera y con ello beneficiar las comunidades costeras con la liberación de aguas subterráneas hoy usadas en riego.\n\n Este proyecto no solo permitirá el acceso sostenible al agua por parte de las comunidades y el sector productivo, sino que además pretende armonizar y regular la explotación racional de los principales recursos subterráneos en acuíferos en la margen derecha de la cuenca media del río Tempisque, pues permitirá al Estado la regulación del uso máximo de pozos para estas actividades. La construcción de la presa sobre el río Piedras implica un embalse con un espejo de agua de aproximadamente 850 hectáreas, de las cuales, conforme al levantamiento de campo realizado por el Senara, 113 hectáreas se encuentran dentro de la Reserva Biológica Lomas Barbudal (RBLB). El sitio de presa se ubicará en un estrechamiento natural del cauce de este río entre las coordenadas longitud oeste 358930, latitud norte 1163180 y longitud oeste 359690, latitud norte 1155330 a una elevación de nivel de agua máxima de 50.50 m.s.n.m. Esta presa tendrá como función crear un represamiento para el almacenamiento del agua, que será captada por el Senara en la presa Miguel Pablo Dengo ubicado en el río Santa Rosa…”\n\nSe trata de un proyecto constituido por  cuatro componentes: el  embalse río Piedras (el cual incluye la automatización del sistema, la casa de máquinas y la  presa y el embalse propiamente dicho), la ampliación del Canal Oeste desde el río Piedras hasta el río Tempisque con una longitud de aproximadamente 55 kilómetros, la construcción de la red de distribución en la margen derecha del río Tempisque (aproximadamente 300 kilómetros de longitud) y la propuesta de implementación de un Plan de Desarrollo Regional para el área directa e indirectamente afectada por el proyecto, proceso que está en etapa de conceptualización y formulación.\n\nResulta importan te advertir que, desde la propia exposición de motivos, se estableció con claridad, la imperiosa necesidad de realizar tal proyecto específicamente en esa zona, al advertirse a los legisladores lo siguiente:\n\n“…Así las cosas, la ubicación de la presa en el río Piedras obedece a una condición topográfica única que no permite ser trasladada a otro sitio; por tanto, esta ubicación y diferencia de nivel entre la entrada del canal que lo abastece y la salida del canal que permitirá llevar e l agua hasta el río Tempisque determinan el nivel máximo de embalse y la capacidad de este para abastecer con 20 metros cúbicos por segundo al Paacume.\n\nEn algún momento se valoró la posibilidad de construir un dique para evitar la inundación de esta área de la Reserva Biológica Lomas Barbudal y un túnel de más de 2 kilómetro s para evacuar las a guas; sin embargo, resultó que el sitio del dique coincide con una falla geológica que haría imposible su construcción por el alto riesgo que genera a la obra.\n\nNo existe posibilidad de reubicar o disminuir el volumen del embalse sin afectar significativamente el alcance del Paacume y con ello los beneficios para la población guanacasteca, con lo cual se determinó la necesidad de contar con 113 hectáreas a de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para ser inundadas.\n\nResulta de vital importancia que este embalse se desarrolle a plenitud, para lo cual es indispensable tener como área inundable esta extensión. Senara ha de mostrado que esta extensión de embalse, incluid a la zona dentro de la Reserva Lomas de Barbudal (113 hectáreas), es la única vía para hacerlo con el fin de atender la demanda hídrica en el ámbito del proyecto de forma sostenible. Beneficiarios del proyecto.\n\nCon Paacume se beneficiarán con riego tres cantones de la provincia de Guanacaste, a saber: Carrillo, Santa Cruz y Ni coya. Adicionalmente, Paacume destinará 2 metros cúbicos por segundo de agua para consumo humano (cuyo tratamiento y distribución estará a cargo del AyA), lo que implica solucionar el déficit con un horizonte de 50 años de aproximadamente 500.000 personas, además de que con la generación hidroeléctrica en sitio de presa de producirán 7 MW por año y en materia de riego cubrirá un área estima da en 1.875 ha en el sector turístico en la zona costera, liberando agua subterránea hoy usada con este fin. Esto además del agua dispuesta para el riego productivo.” (El resaltado no es del original).\n\nEs decir, el fundamento para llevar a cabo la desafectación en cuestión estaba dado desde la misma exposición de motivos. Ciertamente, la Ley Orgánica del Ambiente establece lo siguiente:\n\n “Artículo 38.- Reducción de las áreas silvestres protegidas. La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida.”\n\nEn el sub examine, precisamente por la particularidad que tiene esta desafectación para el establecimiento de otros  planes de manejo de protección, resulta atendible exigir un estudio técnico, pero no para  que justifique que esa área no requiere ser protegida ambientalmente , pues, en realidad no se  pretende desafectarla para  desprotegerla a nivel ambiental  y darle cualquier uso diverso , sino modificar su condición  de tutela y de aprovechamiento ambiental sostenible,  respecto de lo cual se reconoce un evidente impacto sobre esta, y por ello lo aportad o es un estudio de compensación, que así lo garantice y retribuya al ambiente por una situación de necesidad.\n\nEl informe final del estudio “Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y finca adyacente”, fue realizado por la Organización para Estudios Tropicales, a solicitud de SENARA, para que se refiriera a las especificaciones del artículo 72 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad (véase el oficio del 14 de junio de 2017 adjunto al expediente). Ese reglamento, en los ordinales 71, 72 y 73 dispone lo siguiente:\n\n“Artículo 71.—Declaratoria, modificación o cambio de categoría de manejo de áreas silvestres protegidas. Para la declaratoria, modificación o cambio de categoría de manejo de ASP, deberá elaborarse un informe técnico, que estará coordinado por la instancia respectiva de SINAC.\n\nArtículo 72.—Sobre el informe técnico. El informe técnico para los efectos del artículo anterior, deberá contener los objetivos de creación del área propuesta y recomendaciones sobre la categoría de manejo más adecuada, con las justificaciones técnicas correspondientes. Dentro de los criterios utilizados para elaborar este informe, definir los objetivos y emitir tales recomendaciones, se considerará n al menos los siguientes:\n\n a) Relevancia y fragilidad de los ecosistemas, poblaciones silvestres, atributos geológicos o geomorfológicos que incluye el área propuesta.\n\nb) Dimensiones estimadas de los ecosistemas más relevantes, atributos geológicos o geomorfológicos que contiene el área propuesta.\n\nc) Estado de conservación de dichos ecosistemas, poblaciones silvestres más relevantes, atributos geológicos o geomorfológicos y potencial comprobado para la recuperación ecológica de sitios degradados dentro del área propuesta.\n\nd) Relevancia y naturaleza de los bienes y servicios ambientales que suministra el área propuesta para las comunidades locales circunvecinas.\n\n e) Potencial comprobado del área propuesta para aquellos usos que sean compatibles con la categoría de manejo recomendada.\n\nf)  Régimen de tenencia de la tierra (estatal, privada o mixta) en el área propuesta.\n\ng) Existencia de recursos financieros suficientes para adquirir los terrenos del á rea propuesta y asegurar su adecuada protección y manejo en el largo plazo.\n\nh) Consulta obligatoria a poblaciones indígenas o comunidades locales que puedan ser afectadas, impactadas con la creación o modificación de á reas silvestres protegidas.\n\nDicho informe con los documentos pertinentes deberá ser remitidos al CORAC, para su consideración y de ser pro cedente, remitirlo al CONAC para lo que corresponda.\n\nCuando la modificación implique elevar la categoría de manejo existente, además deberá considerarse dentro del informe técnico respectivo la exposición de las razones concretas que motivan la propuesta de cambio en la categoría de manejo.\n\nArtículo 73.—Restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas, especies y sus servicios ambientales. El SINAC deberá definir, desarrollar y fomentar acciones de manejo para lograr la conservación, la restauración, la recuperación y rehabilitación de ecosistemas y sus componentes, teniendo como fundamento estudios científicos, planes de manejo u otros instrumentos de planificación de las áreas silvestres protegidas, en concordancia con los objetivos de su declaratoria, entre ellas manejo y/o erradicación de especies exóticas invasoras, recuperación de suelos y cobertura vegetal, control y  prevención de incendios forestales, mitigación de desastres naturales, y control de poblaciones de especies nativas oportunistas, y regulación de ciclos hidrológicos.”\n\nEs por ello que ese estudio fue sometido a conocimiento del Consejo Regional del Área de Conservación Arenal Tempisque (CONAC), el cual lo aprobó en las condiciones expuestas por el criterio técnico dado por el ACAT, y estableciendo expresamente que ese estudio no es equivalente ni sustituye al Estudio de Impacto Ambiental que debe realizarse al proyecto PAACUME. Precisamente por ello, la normativa impugnada incorpora otras disposiciones y en el artículo 4 específicamente establece su elaboración:\n\n “ARTÍCULO 4- El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) será la entidad responsable de realizar el estudio ambiental del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), que deberá incluir las medidas de prevención, mitigación y compensación del área desafectada afecta en el artículo 2 de la presente ley, las cuales deben ser implementadas por el desarrollador.\n\n El estudio de impacto ambiental deberá considerar la línea base aprobada por las entidades y avalada por el Consejo Regional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), sin perjuicio de los términos de referencia que emita la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), conforme al marco jurídico correspondiente.”\n\nA partir de lo expuesto anteriormente, contrario a lo señalado por los accionantes, se denota que el proyecto de ley no careció de sustento técnico, pues se basa en los resultados de diversos estudios que denotan la necesidad de dotar de agua a esa comunidad, de la limitación de fuentes para su obtención y del estudio “Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y finca adyacente”,  realizado por la Organización para Estudios Tropicales, a fin de garantizar una debida compensación en la modificación de  la categoría de manejo de protección de esa á rea en particular, fundamentado técnicamente conforme a la metodología optada para su  elaboración. Aunado a ello, fue aportado al expediente legislativo el resultado de la consulta obligatoria ; así como la propuesta de compensación elaborada por SENARA, SINAC y el PIAAG en un estudio  complementario, elaborado en marzo de 2018, de previo a la emisión por parte de la Comisión Especial Legislativa del dictamen afirmativo unánime (17 de julio de 2018) que culminó con esta ley, en el que a partir del estudio de la OET y de la valoración que hicieron de las tres propiedades en cuestión (ASETREK, BRINDIS DE AMOR y HACIENDA CIRUELAS), fueron reforzadas las razones para implementar este proyecto y modificar el uso a la zona en cuestión; así como la forma en que esta sería compensada. En ese estudio se determinó, luego de un análisis de campo, que de la finca Hacienda Ciruelas resultaba viable adquirir 25.000 ha, de las cuales 7,16 representan bosque ripario, 2,42 ha de bosque secundario, 13,13 ha de bosque deciduo y 2,28 ha de pastos, complementando la información de la finca Brindis de Amor, que había sido valorada por la OET.\n\n El informe “Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y finca adyacente”, determinó las características biológicas y geofísicas del área dentro de la zona protegida Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) que potencialmente sería inundada de establecerse el embalse sobre el Río Piedras como parte del proyecto de irrigación PAACUME del SENARA. Además, evaluó el potencial de compensación que tendría una propiedad adyacente de realizarse este impacto, denominada en el informe ASETREK, aplicando una metodología basada en un enfoque de puntuación, denominada Hábitat/Hectárea.\n\nAhora bien, el cuestionamiento de los accionantes y de algunos coadyuvantes es que los estándares utilizados por el estudio de cita resultan insuficientes para autorizar una desafectación del área en cuestión y de sus impactos; sin embargo, tal como se indicó, el estudio de marras estaba limitado a valorar las condiciones que debían ser compensadas, a los efectos de valorar los impactos que implicarán modificar el plan de uso de esa zona. Por otro lado, la ejecución del proyecto PAACUME, también está condicionado a la realización y aprobación de otros estudios técnicos-científicos, tal como el estudio de impacto ambiental contemplado en el ordinal 4 de la normativa impugnada. De esta forma, no solo resulta improcedente que este Tribunal revise la pericia con la cual fue realizado un estudio técnico, lo cual ameritaría una discusión de legalidad en el que diferentes expertos tengan amplitud de oportunidad para sostener sus criterios y debatirlos lo que no es propio de un proceso de constitucionalidad, sino que, lo más importante, es que esta ley igualmente sujeta la construcción y ejecución del proyecto en cuestión a la realización del estudio técnico complementario. De lo contrario esa área no podrá ser intervenida. Lo anterior, por cuanto se reitera, esta ley no desafectó esa área para ser utilizada para cualquier fin despojándola de su tutela ambiental, sino que lo hizo únicamente a los efectos de someterla a otro tipo de manejo de protección ambiental y sujetó ese proyecto a la realización previa del estudio de impacto ambiental, en el cual deberán ser previstos todos los impactos, medidas de mitigación y corroborar la compensación adecuada. Así las cosas, si bien ese estudio de impacto ambiental no se realizó de previo a la aprobación de la ley, lo cierto es que, dada la particularidad de este proyecto y en las condiciones en que se aprobó la desafectación de ese terreno para modificar su uso y protección ambiental, manteniendo su tutela fuera de cualquier uso diverso al justificado, y condicionando el mismo al resultado que eventualmente arroje el estudio de impacto ambiental, no se considera vulnerado el principio de objetivación del derecho ambiental.\n\n La necesidad técnica de suplir de agua a la región chorotega para implementar ese proyecto fue justificada a los legisladores desde su exposición de motivos. Existen decretos ejecutivos que declaran la emergencia por sequía en esa área desde el 2014, y desde años atrás las autoridades competentes han buscado diferentes opciones para atender esa problemática, aunque ello no se haya escrito en un solo y único documento, como aducen los accionantes.\n\nEs decir, el interés público de atender esa situación es una cuestión evidente y manifiesta. Asimismo, en el escrito de coadyuvancia presentado por el Ministro de Agricultura, se resumen los beneficios del proyecto en: a) un impacto positivo a favor de unos 500 mil agricultores ( en su mayoría pequeños y medianos); b) recuperación de mantos acuíferos en la zona; c) aumento en la capacidad de riego en unas 18 mil hectáreas hoy en día afectadas por las sequías y el cambio climático; d) creación de un espejo de agua de 850 hectáreas; e) reducción del déficit hídrico de la zona.\n\n También se observa durante la tramitación legislativa que se expuso a los legisladores que ese sitio en particular era el único adecuado para realizar el proyecto en cuestión, por lo que, precisamente, partiendo de los impactos que evidentemente tendrá un cambio de hábitat, se diligenció una compensación ambiental de esa zona (ver a manera de ejemplo comparecencias de folios 1326, 1327 y ss, 1332, 1334, 1335, 1342,  1351 y ss, 1357 y ss).  Ciertamente, una compensación no basta con aumentar la cabida del terreno que se sustituye, toda vez que hay que procurar condiciones similares de vegetación y fauna. Sin embargo, tampoco implica que deba exigirse idénticas condiciones, pues con el tiempo podrían obtenerse incluso mayores beneficios ambientales. Según la doctrina, el principio fundamental en el que se basa la compensación ambiental, es que el resarcimiento no sea menor al costo ambiental del impacto que se vaya a producir. Su intención es compensar los servicios ambientales que prestaban los ecosistemas que fueron afectados por el cambio de uso. Para ello no existe una única metodología de medición, y lo más relevante es que deba procurarse maximizar esa ganancia ambiental. A esa condición apuntaló el estudio realizado por la OET. Partieron de que la compensación debía maximizar la ganancia al ambiente, por lo que al inicio contaron con el hecho de que un área de 332 hectáreas de un ambiente similar al encontrado en ASETREK, funcionaría para compensar lo que se perdería en el sitio de impacto en RBLB. Esa es la razón de la proporción 3:1 que se indica en el informe. Sin embargo, a fin de maximizar esa ganancia ambiental que debe procurar un plan de compensación, es que se advirtió que podía resultar conveniente emplear, además, otras propiedades que dispusieran de elementos importantes para la conservación, adicionales al área en ASETREK, igualmente por el tipo de bosque tipario. En la pág. 217 de ese estudio, se expusieron las razones por las cuales considera ron que el embalse que se formaría en la zona de inundación debía ser parte de la misma compensación. Asimismo, aunque otras áreas no fueron analizadas con la profundidad que lo hicieron en ASETREK, sugirieron otras propiedades adyacentes para mejorar la propuesta de compensación. Una de esas propiedades es Brindis de Amor, cuya selección no fue casual, sino valorada por estar ubicada en el extremo noroeste de la RBLB, la cual atraviesa uno de las pocas quebradas permanentes de la zona (río Cabuyo) y mantiene una breve cobertura riparia. La vegetación en este sitio sí fue evaluada, como se indica en las páginas 210–216 del informe. Además, tomaron en consideración en el informe, los estudios ininterrumpidos por más 25 años en el área de la Dra. Susan Perry (Universidad de California, Los Ángeles), que señalan que tropas de monos carablanca (Cebus capuccinus) de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal utilizan los bosques dentro de Brindis de Amor como sitios de alimentación y descanso. Es decir, hay evidencia de un constante flujo de animales desde y hacia la reserva.  Por ello, el empleo de la propiedad Brindis de Amor como sitio de forrajeo demuestra la importancia biológica de esta propiedad y lo acertado que sería protegerla. La decisión de anexar una fracción de la Hacienda Ciruelas obedece a evitar dejar una península en el contorno de la RBLB de anexarse Brindis de Amor, lo que contravendría las nociones básicas del diseño de reservas, que trata de minimizar el efecto de borde y su afectación a las especies que se desean proteger. Además, esa fracción contiene también un fragmento de cobertura riparia. De manera que se trata de un criterio técnico de maximización del beneficio ambiental, que no fue tomado en cuenta solo por la extensión del terreno, sino por el recurso agregado y maximizado que implicaría mayores y mejores condiciones equivalentes de compensación. En consecuencia, para los profesionales, tal valoración inicial resultó suficiente tomándose en consideración que son anexos complementarios, no la finca principal ASETREK, y que, en todo caso, serán igualmente valoradas en el estudio de impacto ambiental posteriormente. En el estudio se acreditó que e l área de impacto en la parte sureste de la Reserva Lomas de Barbudal no es un humedal, ni está conectado con los humedales del Parque Nacional Palo Verde. Además, Lomas de Barbudal, el Parque Nacional Palo Verde y las propiedades sugeridas adicionalmente, no se encuentran en el Área de Conservación Guanacaste (patrimonio de la UNESCO), sino en el Área de Conservación Arenal-Tempisque (ACAT). Es por ello que, en el informe se hizo tal sugerencia sin demeritar la compensación ya prevista. Así lo expuso la OET: “…Siguiendo esta metodología concluimos que: (1) Sí es posible hacer una equivalencia ecológica entre los dos sitios (RBLB y ASETREK); (2) Que la compensación en área es una proporción de 3:1. Sin embargo, tal como especificamos en nuestro informe, nuestra recomendación fue solicitar aún más para resarcir las pérdidas en la reserva, en aras de mejorar el resarcimiento en términos del ambiente. La incorporación de estas dos propiedades en nuestra recomendación final no requería mayor evaluación pues constituyen una anexión complementaria más no esencial dada la metodología trazada. Si bien es cierto que la propiedad de Ciruelas no fue evaluada, es importante aclarar que en la propiedad de Brindis de Amor realizamos un levantamiento de la estructura y composición vegetal tal como se especifica en nuestro informe.” Igualmente, la incorporación de la propiedad Ciruelas fue justificada por razones de localización y corredor para las especies, lo que sí fue constatado por ese grupo de estudio, al realizar la investigación de la zona aledaña a la finca principal. La controversia de la suficiencia del periodo de estudio y de la metodología empleada, se reitera, es una cuestión técnica que no compete ser dilucidada en esta jurisdicción. En todo caso, si bien se comprobó que la realización de este estudio se programó para que se ejecutara en el plazo de diez meses y no de dos años, ello no constituye en sí mismo una falencia que lo descalifique, toda vez que, siguiendo la metodología en él diseñada, necesariamente se llegaría a la misma conclusión, independientemente del tiempo que se tarde en realizarlo. En la prueba recibida por este Tribunal en la audiencia oral, el señor Mahmood Sasa Marín, coordinador del estudio de la OET, en relación con este aspecto, señaló que los resultados no deberían cambiar ante un plazo mayor. En todo caso y a los efectos de asegurar la protección ambiental, la desafectación del área en cuestión, igualmente está sujeta a la aprobación de un estudio de impacto ambiental, que deberá ser revisado y aprobado posteriormente por SETENA.\n\nEl estudio “Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y finca adyacente” valorado en su oportunidad por los legisladores, fue elaborado, a solicitud de SENARA, por la  Organización para Estudios Tropicales, la cual tiene presencia científica en el país y en esa área desde 1970, cuando se creó la Estación Biológica Palo Verde , lo que hoy es el Parque Nacional Palo Verde, en el que participaron profesionales debidamente identificados y utilizaron una metodología científica específica. Además, fue avalado por el SINAC y SENARA, e inscrito en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica y aprobado en el Consejo de Investigación del Instituto Clodomiro Picado, también de la misma universidad, sin que la Escuela de Biología haya manifestado sus reservas oportunamente ante sus elaboradores.  Así las cosas, no resulta irrazonable que los legisladores hayan adoptado la ley en cuestión tomando en consideración el criterio técnico ahí externado, al igual que lo hace este Tribunal actualmente, al no ser instancias técnicas para cuestionar y revisar sus alcances, ni determinar el cumplimiento de cada requerimiento legal de este. Nótese que no consta siquiera la interposición de un proceso judicial de legalidad posterior a esta ley, en que se haya cuestionado y anulado ese estudio, para sugerir que deba restársele el valor técnico aportado. Asimismo, aunque se alegue que el referido estudio no fue coordinado por la instancia respectiva del SINAC, lo cierto es que el mismo sí fue avalado por este, como ya se indicó. Finalmente, la compensación ofrecida en esta ley fue de 5 a 1 para mejorar el resarcimiento ambiental, pues a cambio del uso de las 113 hectáreas actuales, la reserva recibirá más de 5 00 hectáreas, que vendrían a formar parte de esta, incluyendo esas mismas 113 has, pero con un hábitat acuático y de protección diferente. En ese sentido, no solo entra en ponderación la protección ambiental, sino también la necesidad de procurar el suministro a una gran parte de la población guanacasteca, de un líquido que es vital para los seres humanos, como el dotar de agua. De ahí que deban ser valorados todos los escenarios posibles y adoptar las medidas menos lesivas para todas las partes y los derechos involucrados, en atención a lo que procura un desarrollo sostenible.  Tampoco se violenta el principio de no regresión ambiental de la reserva biológica Lomas de Barbudal, por el contrario, la normativa impugnada está  garantizando un fortalecimiento en materia de protección y administración en temas ambientales, ya que se incrementa el área de la reserva, se protegen e incorporan áreas con humedales naturales (río Cabuyo y Quebrada Amores), se asignan recursos económicos para la administración y manejo de recursos naturales, se integra la coordinación entre instituciones para el manejo y elaboración de los planes correspondientes en materia ambiental, y, finalmente , incorpora un nuevo ecosistema de humedal, el cual, además de ser un nuevo destino para las aves acuáticas, será un ecosistema que contribuirá a la adaptación y al cambio climático en toda la provincia de Guanacaste. Más allá de lo sugerido en el estudio de la OET de adquirir como mínimo 332 ha, la propuesta legislativa que finalmente fue aprobada y respaldada por órganos técnicos nacionales como SENARA y el SINAC, incorporó en la propuesta de compensación de este proyecto, muchas más hectáreas, a fin de facilitar el manejo y control de incendios. Asimismo, al incorporar las propiedades Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas, permitió contar con bosque ripario en condiciones adecuadas de conservación, y poder conservar también, al estar dentro del área del proyecto, las nacientes principales del río Cabuyo y quebrada Amores, que se encuentran en esas fincas. De otro lado, la elaboración del Plan General de Manejo de Uso Sostenible y Racional  de este proyecto, estaría a cargo de una comisión que contaría  con representación del SINAC, S ENARA y la Municipalidad de Bagaces, y que, según expuso el SINAC, contemplaría criterios importantes sobre la categoría de manejo especial de ese embalse y sus beneficios ecosistémicos:  “•Se definiría con mayor claridad las competencias de cada institución y se definirían mejor los mecanismos y procedimientos para el ordenamiento y uso de los recursos. •Bajo la categoría de oficial de Humedal se tendría mayores oportunidades de ordenar el uso para que la sociedad local, nacional e internacional logren contar con bienes y servicios de calidad producidos por el recurso bien conservado entre ellos: educación, investigación, agua, recreación y turismo. •Permitirá prevenir y controlar con mayor eficiencia y rigurosidad diferentes actividades ilícitas como invasión de tierras y tala ilegal, cacería y pesca furtiva e incendios forestales. • Al asignar una categoría de manejo al Embalse e incorporarlo como sitio Ramsar, el país estaría cumpliendo responsablemente con los compromisos internacionales como país signatario de la Convención Relativa a los Humedales de importancia Internacional; Convención Ramsar aprobada mediante Ley número 7224 del 02 de abril de 1991. • El otorgar el estatus oficial como Humedal facilitará el proceso de ordenamiento de la actividad turística donde grupos locales y microempresarios de la zona podrían integrase a desarrollar un turismo rural sostenible, como alternativa socieconómica. • Con la creación de esta área protegida se estaría fortaleciendo una importante zona que funge como Corredor Biológico entre la Reserva Biológica Lomas Barbudal, Parque Nacional Palo Verde y el Corredor Biológico Nambiral. • Se estaría integrando la sociedad civil local e instituciones locales relacionadas para coordinar y efectuar una planificación y gestión ambiental integral a través del Consejo Local del Humedal, aprovechando de manera eficiente los recursos y capacidad instalada de cada una de las instituciones relacionadas. • La categoría de Humedal permitirá planificar, ordenar y efectuar un uso armonioso y sostenible de los recursos naturales con un nivel de fricción o conflicto bajo, como si posiblemente ocurriría si se asignara una categoría de Parque Nacional o Reserva Biológica. • El contar con un área silvestre núcleo, servirá de justificación y motivación a instancias locales, regionales y entes internacionales a cooperar técnica y financieramente para promover el desarrollo de acciones orientadas a la conservación y actividades socio productivo de carácter sostenible en el territorio de la cuenca en general. •El asignar una categoría de manejo para el ordenamiento y el uso sostenible de Embalse, estaría contribuyendo de forma significativa para la conservación de los ecosistemas y especies de la Reserva Biológica Lomas Barbudal, ya que además de favorecer la conectividad y desplazamiento de las especies, fungirá también como zona de amortiguamiento y disminución de presión hacia los recursos de la Reserva”. Se debe recordar, que los ambientes registrados de una determinada zona no son estáticos, sino dinámicos, por lo que con el tiempo se pueden lograr modificaciones, incluso más positivas en el ecosistema.\n\nPor consiguiente, la ley cuestionada no resulta inconstitucional, contó con estudios previos y criterios técnicos expresados por las autoridades competentes a lo largo de las comparecencias legislativas, entre estos SENARA, SINAC, MINAE, SETENA, MAG  y OET y, además, dispone la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental, el cual deberá contemplar de previo, todos los impactos y medidas de mitigación que procedan para garantizar que, efectivamente, no sea lesionado el ambiente, así como también, determine que se producirá  una compensación, no solo en tamaño, sino de naturaleza ecológica hasta donde razonablemente sea posible en este último supuesto. En criterio de este Tribunal, se trata de una ley condicionada, cuya eficacia queda supeditada a que el estudio de impacto ambiental pendiente del proyecto PAACUME, confirme los resultados previos, y se ajuste a los principios de  razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de un desarrollo sostenible, de  equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población, que sirva para justificar la medida, así como para determinar que la compensación del área contemple tanto el elemento cuantitativo como el cualitativo , por lo que no llevan razón al indicar que se violenta el principio precautorio.”\n\nSobre este punto, los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvaron el voto, con redacción del segundo, en los siguientes términos:\n\n“Con el respeto acostumbrado nos separamos del criterio de Mayoría y declaramos inconstitucional la  ley n.º 9610 de 17 de octubre de 2018 denominada “Modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el  desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras ”, por violación a los principios precautorio, no regresión en material ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental. \n\n En el sub examine, la ley cuestionada se sustentó en mayor medida, tal y como se observa en la exposición de motivos del proyecto de ley correspondiente, en el estudio de la Organización para Estudios Tropicales (en adelante OET) denominado “Establecimiento de la línea Base de Biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y finca adyacente” de junio de 2017. Si bien, en principio, no corresponde a la Sala evaluar técnicamente la calidad de los estudios ni definir si cuál criterio profesional debe prevalecer, no menos cierto es que este Tribunal sí interviene cuando se está ante evidentes y manifiestas inconsistencias o falencias (por ejemplo, las sentencias n 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012 y 2013010540 de las 15:50 horas del 7 de agosto de 2013). En el sub iudice, luego de analizar el estudio de la OET, constatamos una serie de problemas que saltan a la vista a partir de su simple lectura y que evidencian de manera palmaria el incumplimiento de los requisitos constitucionales que ha establecido este Tribunal para la desafectación de áreas protegidas.\n\n Atinente a la reducción de áreas protegidas, este Tribunal, en la sentencia n.º 2019000673 de las 12:00 horas de 16 de enero de 2019, dispuso:\n\n“V.- Jurisprudencia sobre la reducción de áreas protegidas, la suficiencia de los informes técnicos y la debida compensación. - Sobre la reducción de zonas protegidas, de la jurisprudencia de esta Sala se tiene lo siguiente:\n\n1. Requisitos constitucionales para la reducción de área silvestre protegida (reserva legal y estudios técnicos): En apoyo del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente (“la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”), ha habido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que para la reducción de un área silvestre protegida, en cualquiera de sus categorías de manejo (en cuenta los refugios nacionales de vida silvestre), deben cumplirse dos requisitos esenciales:  “por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida.”  (Sala Constitucional, votos números 13367-2012 y 010158-2013.  En similar sentido, las sentencias números 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 y 14772-2010, entre otras). Tal como se dijo en la resolución mencionada de 1998:\n\n ““(…) una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional.  Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea, haya declarado como zona protectora una determianda (sic) área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior.  Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sitio de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio haya perdido, al menos en parte, el interés ambiental que, en su momento, provocó, lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en aplicación del principio de razonabilidad constitucional…”  (voto No. 7294-1998).\n\n Concretamente sobre la reserva legal en esta materia, en el voto No.14772-2010 se dijo:\n\n(…) no se puede modificar el destino público de un bien del demanio público sin un acto legislativo, es decir, la reducción de área de una zona protegida se encuentra bajo la garantía que proporciona el principio de reserva de ley. Si bien, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para constituir las Áreas Silvestre Protegidas mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en esa norma, así, el Parque Nacional Corcovado se constituyó mediante los Decretos Ejecutivos No. 5357-A del 24 de octubre de 1975 y 1148-A del 5 de febrero de 1980, su modificación solo podrá hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, previo estudios técnicos y científicos, y mediante un acto legislativo. (resaltado no corresponde al original).\n\nAsimismo, en sentencia no.1056-2009 se indicó que la reducción únicamente es posible vía legal:\n\n“cuando de la ampliación de los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado se trata es posible hacerlo vía reglamento, pero cuando de su reducción se trata, únicamente se puede hacer vía legal, claro está, siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la medida.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1056-2009)\n\n Lo cual fue aplicado cuando la Sala declaró inconstitucional la norma reglamentaria (Decreto Ejecutivo Nº 32753-MINAE) mediante la cual el Poder Ejecutivo disminuyó el territorio del Refugio Gandoca-Manzanillo, sustrayendo del área y del régimen de protección, la zona urbana del Refugio.\n\n Además, en cuanto a los estudios, estos deben ser previos, suficientes, necesarios e individualizados –como se indica en el apartado siguiente-. Así se dijo en esa misma resolución de 1998:\n\n“De acuerdo con lo citado, mutatis mutandi, si para la creación de un área silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de una ley, estableció el cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin de determinar si la afectación en cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios técnicos ambientales- para determinar que con la desafectación no se transgrede el contenido del artículo 50 constitucional.  En este sentido, podemos hablar de niveles de desafectación.  Así, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste.  De allí que, para reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido del artículo 50 constitucional.  El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente.  A juicio de este Tribunal Constitucinal (sic), la exigencia que contiene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, en el sentido de que para reducir un área silvestre protegida por ley formal deben realizarse, de previo, los estudios técnicos que justifiquen la medida, no es sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente.” (resaltado no corresponde al original).\n\n2. Estudio técnico como un análisis científico e individualizado: La Sala se ha referido a la suficiencia del estudio técnico, cuando mediante varias resoluciones ha establecido que dicho estudio debe ser un análisis científico e individualizado. Así se dijo lo siguiente:\n\n “el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un  análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.”  (Voto No. 13367-2012. Véase además el No. 10158-2013).\n\n De lo cual se desprende que, el estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y que es la objetivación del principio constitucional de razonabilidad en materia de protección al ambiente, requiere de un análisis técnico que implica un análisis individualizado, el cual debe contener como mínimo las siguientes medidas:\n\nEl grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente;\n\nLas recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en el ambiente;\n\nLa demostración de cómo la medida que se toma, implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.\n\nEn síntesis, dicho estudio previo debe demostrar que la desafectación es conforme con la protección constitucional al derecho al ambiente, pues como se dijo en el voto no. 18702-2010 “no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito\".\n\n 3. Medidas de compensación: Un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño. No cabe duda que todas aquellas normas en los cuales hay reducción de las áreas protegidas sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación alguna, son inconstitucionales” (voto Nos. 12887-2014, 2773-2014, 2012-13367 y 2009-1056).\n\n VI.- Sobre la normativa impugnada.- Tal como se observa, tanto la Ley para regular la creación y el desarrollo del puesto fronterizo Las Tablillas, Ley No. 8803, como su Reglamento, son impugnados en su totalidad, básicamente por dos razones: por no contar con el estudio técnico que sustente la reducción de un área protegida (en este caso un refugio nacional de vida silvestres), y por no establecer medidas de compensación. Cada uno de estos alegatos se examina por separado. SOBRE EL ESTUDIO TECNICO: El accionante indica que la Ley impugnada y su reglamento, están segregando y reduciendo varias hectáreas del Refugio Nacional de Vida Silvestres de la zona fronteriza, sin que existan estudios ambientales que justificaran esa acción. Indica que los diputados tomaron una simple recomendación que nunca puede ser considerado un estudio serio, profundo y amplio que permitiera hacer lo que se hizo. La Procuraduría General de la República en su informe indica que, ya en la Opinión Jurídica de esta Procuraduría No. O.J.-98-2009, emitida el 14 de octubre del 2009 por consulta de los Diputados, durante la tramitación del proyecto que culminó en la Ley No. 8803, analizó el estudio técnico incorporado al expediente en ese momento, considerándolo insuficiente para justificarla: “…respetuosamente debe señalarse que dicho informe técnico no reúne los requerimientos necesarios para fundamentar el proyecto que se consulta. Nótese que el mismo hace un estudio sobre las 236 hectáreas que se proponían inicialmente y concluye que el proyecto no es viable desde el punto de vista ambiental y social. Sin embargo, dicho estudio no explica en forma alguna, por qué motivo ese impacto negativo no se produce sobre las 13 hectáreas que se proponen, o en otras palabras, no existe a la fecha, un criterio técnico que se refiera a los motivos por los cuales sí es viable la segregación de las 12.3 hectáreas que se establecen en el proyecto de ley consultado…”. El Ministro de Ambiente y Energía indica que no hay inconstitucionalidad. Agrega que, no se pretendía con la ley impugnada la desafectación del dominio público de la zona en cuestión, sino autorizar la utilización de una porción del área para otro destino de interés público, que es la instalación de un puesto fronterizo y aduanal, en el entendido que se trata de construcciones del Estado y no privadas. Así el 28 de setiembre del 2007 se emite el informe técnico elaborado por la comisión caso Tablillas, denominado “Solicitud de reducción del área del Refugio Nacional Corredor Fronterizo” que propone un área a desafectar de 13 ha limítrofes con la línea fronteriza, por cuanto los funcionarios del Área de Conservación Arenal Huetar Norte consideraron inviable la segregación del área indicada de 236 ha, concluyendo el informe que: “13 hectáreas, sería una propuesta más viable desde el punto de vista de impacto a los ecosistemas presentes en el sitio y alrededores.” Dicho informe consideró aspectos biofísicos, socioeconómicos, seguridad. Concluye que, el balance del costo beneficio de establecer puestos que realicen control y ordenamiento del ingreso migratorio en dicho sector, contribuye a regular el ingreso por la franja demanial coincidente con el Área Silvestre Protegida. Los Ministros de la Presidencia y de Comercio Exterior indican que, en los folios del 76 al 94 del expediente legislativo consta el informe técnico elaborado en setiembre del 2007 por el MINAE. El sitio identificado reúne las condiciones aptas para el desarrollo del proyecto de un Puesto Fronterizo por cuanto ya había sido impactada por la acción humana, hecho que se comprueba con la no existencia de ecosistemas de importancia o frágiles, la no presencia de cobertura boscosa primera o secundaria, ni de humedales o cursos de agua, sino únicamente de pastos naturales y terreno limpio para cultivo o listo para siembra. Además el área es técnicamente estratégica para la ubicación del Puesto Fronterizo por la cercanía con la línea limítrofe y la existencia de vías de comunicación para el desplazamiento interno (caminos) y una carretera nacional conectada a la vía del lado nicaragüense de la frontera. Al respecto, esta Sala concluye que, en efecto, la Procuraduría General de la República lleva razón en su informe, no existe un estudio técnico que se refiera a la viabilidad de este proyecto, pues el que se realizó se refería a una zona de mayores dimensiones, concluyendo que no resultaba viable desde el punto de vista ambiental y social. Por ello, debía justificarse por qué la nueva propuesta no generaría problema en los humedales, en las especies de la zona, en los mantos acuíferos y no produce una problemática social, tal como se detectó en la propuesta inicial. El estudio técnico que refieren los Ministros, resulta evidentemente insuficiente, pues no explica en forma alguna, por qué motivo ese impacto negativo no se produce sobre las 13 hectáreas que se proponen, el grado de  impacto de la medida correspondiente en el ambiente,  las recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en el ambiente, ni tampoco  la demostración de cómo la medida que se toma, implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Por otro lado, si bien puede ser cierto, como dicen los Ministros en su informe, la propiedad no está saliendo del dominio público, es lo cierto que sí está siendo desafectada, ambientalmente hablando. También puede ser cierto, como dicen los Ministros en su informe, que además del interés ambiental en la zona fronteriza, pueda haber otros intereses relevantes como la seguridad migratoria y otros. Sin embargo, ello justamente es lo que debió haber contenido el informe técnico en su fundamentación. Nótese que, como indican los Ministros, puede ser cierto que se hayan estado tomando ciertas medidas ambientales, ello no enerva el hecho de la carencia de informe técnico con el que debió contar la ley, que dejan esas medidas ambientales sin sustento técnico requerido. Así entonces, se evidencia la inconstitucionalidad alegada, de la ley impugnada –y por conexidad de su reglamento-, por la carencia de informe técnico suficiente que sustentara la reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre de la zona fronteriza. SOBRE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: El accionante indica que no se estableció en la ley medidas de compensación oportunas, ante la segregación ordenada.  La Procuraduría General de la República en su informe indica que, una inconstitucionalidad por violación a este principio, no se resuelve necesariamente con la anulación de la Ley, si se califica como una inconstitucionalidad por omisión, bastaría que la Sala Constitucional dispusiera en sentencia adicionar al Refugio la porción o porciones que compensen el área suprimida, lo cual podría hacerse incluso por vía reglamentaria. Los Ministros de la Presidencia y de Comercio Exterior indican que, la pretensión de demolición de la infraestructura pública causaría la inmediata desprotección del orden, la paz, la salud, el desarrollo sostenible, la vida y la dignidad humana. Además consideran que no existe una obligación del Estado de compensar un área ya deforestada e impactada con otra, toda vez que nunca se dio una reducción del bosque ni una afectación al ambiente que justificare la medida de la compensación. Al respecto, esta Sala concluye que, en efecto, también las normas impugnadas son omisas en cuanto a las medidas de compensación. Siendo evidente la segregación de alrededor de 13 hectáreas, conforme lo indica el artículo 1° de la ley impugnada, y aunque éstas no salgan del dominio público, si salieron de una categoría de manejo ambiental, lo cual obligaba a establecer medidas de compensación legales, que no fueron adoptadas, ni garantizadas, según se observa de la lectura de toda la ley. Así entonces, se evidencia la inconstitucionalidad alegada, de la ley impugnada –y por conexidad de su reglamento-, por la carencia de medidas de compensación a la reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre de la zona fronteriza.\n\n VII.- En conclusión. - De la jurisprudencia reiterada de esta Sala se tiene que, toda reducción de un área silvestre protegida, en cualquiera de sus categorías de manejo (en cuenta los refugios nacionales de vida silvestre), deben cumplirse tres requisitos esenciales: reserva legal (es decir, sólo por ley puede hacerse), previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida y establecer medidas de compensación. En este caso se evidenció que la Ley para regular la creación y el desarrollo del puesto fronterizo Las Tablillas (Ley No. 8803)  y su Reglamento, procedieron a la segregación, y consecuente reducción, del Refugio Nacional de Vida Silvestre de la zona fronteriza. Sin embargo, aunque se hizo por medio de una ley, no se realizó un estudio previo suficiente que: justificara la medida, estableciera el grado de  impacto de la medida correspondiente en el ambiente, las recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en el ambiente, ni tampoco que demostrara cómo la medida que se toma implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades, o estableciera en concreto y detalle medidas de compensación. De todo lo cual se evidencia la inconstitucionalidad por omisión. Procediéndose en este caso a declarar con lugar la acción, con un dimensionamiento de esta sentencia, tal como se indica”.\n\nCon base en el precedente de cita, consideramos que los requisitos que se deben cumplir para que resulte constitucionalmente viable la desafectación de áreas protegidas, son los siguientes:\n\n 1)La declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe conllevar un detrimento de ese derecho (causar daño o ponerlo en peligro), situación que debe establecerse en cada caso concreto.\n\n 2)La reducción de un área protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, solo puede darse por ley, luego de estudios técnicos y científicos (previos, suficientes, necesarios e individualizados) que, en atención al principio de razonabilidad, justifiquen la medida.\n\n3)El estudio debe demostrar materialmente, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.\n\n 4)La reducción de un área protegida implica una compensación del área suprimida con al menos otra de tamaño igual y condiciones equivalentes.\n\n Ahora, en relación con los problemas detectados en el estudio de marras, la propia OET señaló que para los estudios de línea base, compensación e impacto, deben ser considerados al menos dos años de ejecución. En ese sentido, indicó de modo explícito: “La recomendación es que para los estudios de línea base, compensación e impacto sean considerados al menos dos años de ejecución y que efectivamente sean considerados un componente imprescindible del proyecto”. Lo anterior resulta trascendental a los efectos de esta vía constitucional, ya que,  sin que se haya logrado acreditar alguna justificación científica o técnica,  el periodo de muestreo del estudio de la OET fue únicamente de 10 meses, lo cual se calculó con base en el límite de tiempo que había para el proyecto, sin que para llegar a tal cifra se advierte algún criterio técnicamente sustentado que la respalde.\n\n Al respecto, el señor Mahmood Sasa Marín, coordinador del estudio de la OET, mencionó en la audiencia celebrada en esta acción, que, en su opinión, las conclusiones mayores no cambiarían ante un plazo más largo y que: “la recomendación (…)   iba en el sentido de tener soporte verdad (…) obviamente entre más datos tengamos mejor, pero yo creo que las conclusiones gruesas, digamos esa proporción de más o menos tres uno, se mantendría n”. Sin embargo, tal situación produce incertidumbre y genera duda, toda vez que el propio consultor antes había afirmado: “que muchos de esos grupos (…)  en realidad no proveen suficiente información, muchos de los grupos taxonómicos (…), muchos de los indicadores si quisiera, (…) se tenía ese plazo, se analizó, se tienen esos datos y con esos datos tejemos esa conclusión”.\n\nDe ahí que, estimamos que el plazo de 10 meses de la ejecución del estudio no proporciona certeza científica suficiente como para conocer las condiciones reales de la RBLB y del área propuesta para compensar su desafectación, lo que resulta inaceptable debido al impacto a un área protegida. En otras palabras, si se indica que el plazo para los estudios de línea base debe ser de al menos dos años (es decir, se impone un mínimo) y no existe alguna justificación científica o técnica para reducirlo, la confiabilidad de los resultados es manifiestamente incierta.\n\n Por otra parte, el estudio supra mencionado tuvo como objeto inicial analizar únicamente dos sitios: “la Reserva Biológica Lomas Barbudal (RBLB) y la zona potencial de canje para compensar las potenciales pérdidas, ubicada en el extremo occidental de la finca ASETREK Tres azul S.A”. Asimismo, los capítulos II (Calidad de Hábitat) y III (Composición de Comunidades) se centran en comparar las condiciones de la RBLB con la finca ASETREK Tres Azul S.A. No fue sino hasta en el capítulo IV (Consideraciones sobre la Compensación), donde se propuso la adquisición de una propiedad denominada Brindis de Amor, con base en estas consideraciones:\n\n “4.2. Otras alternativas de compensación.\n\nNuestras evaluaciones revelan que el sitio seleccionado en ASE TREK para compensar por las pérdidas en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal posee ambientes de menor calidad biológica.  El método de estimación de compensación que hemos seguido aquí “castiga” esos hábitats de menor calidad asignándoles puntajes más bajos, lo que se traduce en una consignación de un área superficial mayor con la que atenuar el déficit. La propuesta de compensación en ASETREK es que se segregue la porción de la propiedad que posee las coberturas de bosque y que esta sea anexada a la Reserva Biológica.\n\n Sin embargo, este procedimiento en sí mismo no resuelve la necesidad de obtener un hábitat de calidad equiparable al hábitat afectado, que es actualmente vulnerable y protegido por la Reserva Biológica. Así, siguiendo el método hábitat-hectárea, nuestros resultados apuntan a que es posible resarcir algunas de las pérdidas en Lomas de Barbudal a partir de un área determinada del hábitat disponible en ASETREK; pero no asegura la ganancia de todos los elementos o características que se verán afectados por el embalse. El mejor ejemplo lo proporciona la cobertura de bosque ripario que se perderá en RB LB y que no tiene correspondencia en el ambiente disponible en ASETREK.\n\nOtro inconveniente es que ASETREK, pese a contener el fragmento boscoso más extenso adyacente a la Reserva Biológica, no dispone de la cantidad de hectáreas con cobertura boscosa necesaria para cubrir las 330 hectáreas mínimas solicitadas con nuestro análisis. La Figura 46 muestra los parches de bosque deciduo y secundario disponible s en el área con cobertura boscosa dentro de ASETREK (sitios 3 y 4). Estas coberturas boscosas corresponden a 292 Ha, pese a que para unirlas se requerirá segregar un área de aproximadamente 444 Ha. Aún más, por ser inflamables y propensos a la explansión de incendios, la existencia de zonas de pastos y de uso no forestal dentro de la propiedad de ASETREK es considerada una amenaza a los fragmentos de bosque que aún quedan en esa propiedad.\n\nEstas consideraciones sugieren que otras opciones de compensación deban analizarse como complemento al aporte que haría anexar la propiedad de ASETREK a la Reserva Biológica.\n\nEn el noreste de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, existen propiedades privadas con fragmentos de bosques riparios y secundarios. De hecho, un examen rápido revela que en las cercanías de la Quebrada Amores existen condiciones boscosas que podrían se r de interés de protección. Una de ellas es Brindis de Amor, una propiedad de cerca de 86 Ha que limita con la Reserva Lomas de Barbudal y cuya cobertura boscosa ha sido protegida por su propietario Carlos Jiménez en los últimos veinte años (Figura 47).\n\n (…)\n\n4.2.1. Brindis de Amor como complemento de la compensación\n\nBrindis De Amor posee 15.87 Ha de bosque ripario, 8.4 Ha de bosque secundario y 45.2 Ha de bosque deciduo. El resto de la propiedad son pastizales que muestran estadios tempranos de sucesión de bosque deciduo. La propiedad es atravesada por el río Cabuyo, que es permanente y que es la misma que irriga la Reserva Biológica adyacente (Figura 48).\n\n (…)\n\nA partir de estas observaciones, los siguientes son los argumentos que consideramos justifican el empleo de Brindis de Amor como parte de la compensación para resarcir las pérdidas en RBLB por efectos del proyecto.\n\n1. Los resultados de nuestro estudio, tanto en calidad de habitat (sic) como en composición de comunidades, revelan la necesidad de resarcir la pérdida en Lomas de Barbudal a partir de al menos 332 Ha de hábitat boscoso. Sin embargo, para lograr ese número de hectáreas en AS ETREK, se requiere incluir parte del bosque deciduo en la ladera este de la propiedad, cuya calidad es inferior (por tener mayor pendiente) a la del lado oeste. Además no se cuenta con ningún fragmento de bosque ripario-maduro, lo que sin duda constituye u n desacierto en la capacidad de compensación de la propiedad ASETREK evaluada en nuestro estudio.\n\n2. La propiedad de Brindis de Amor posee 15.87 ha de bosque ripario-maduro. Aunque el análisis de la composición de este fragmento fue preliminar, nuestras observaciones de campo indican que está constituido por especies siempreverdes similares a las encontradas en la misma cobertura en RBLB y que es comparable en área basal (Figura 49) a la del fragmento encontrado en el sitio potencial de inundación en Lomas de Barbudal. S i bien es cierto que la extensión del bosque ripario en Brindis de Amor es menor a la que se perdería en Lomas de Barbudal, representa una importante fracción de lo que queda en toda la región. De hecho, el á rea de bosque ripario en Brindis de Amor representa un 7.4 % del área cubierta por ese tipo de bosque dentro la Reserva Biológica actualmente.\n\n(…)\n\n6.1. Recomendaciones finales.\n\n6.2. RECOMENDACIONES SOBRE LA COMPENSACIÓN A SEGUIR.\n\n1. Área de compensación en ASETREK. Tanto en término de atributos de calidad de hábitat como e n aspectos de diversidad y composición de especies, nuestros resultados demuestran que el sitio de compensación en ASETREK representa entre el 30% y el 45 % de las calidades de la referencia, lo que se traduce en una compensación de 252 o 332 hectáreas (estimaciones tomando en cuenta composición de especies o el valor mínimo posible de calidad de hábitat, respectivamente). Para unificar criterios, nuestra sugerencia es que se emplee el estimado de 332 hectáreas como la medida del área necesaria para compensar por la pérdida debido al impacto en la Reserva Biológica.\n\n2. Compensación debe realizarse incorporando además otras propiedades y sistemas. Una importante consideración es que la cantidad de hectáreas del hábitat evaluado requerido para nuestras estimaciones de compensación no está disponible en ASETREK. Además, como se menciona en este reporte, dicha propiedad no dispone bosque ripario para la compensación. Así las cosas, recomendamos la incorporación de la propiedad Brindis de Amor como parte de la compensación. La propuesta se resume en la Figura 51, y contemplaría al anexión de 530 Ha (444 Ha de ASETREK y 86 Ha de Brindis de Amor) a Lomas de Barbudal en compensación por las pérdidas debidas a la inundación en el ambiente terrestre”.\n\nEn el sentido anterior, el estudio también se concluyó:\n\n“El procedimiento para evaluación de compensación fue diseñado para comparar sitios con el mismo tipo de hábitat. Sin embargo, en el presente estudio la heterogeneidad encontrada en el sitio potencial de afectación en la Reserva Biológica obligó a promediar los valores asignados a cada una de las coberturas forestales encontradas para cada indicador. Una dificultad adicional fue el que el bosque ripario no tiene contraparte en ASETREK, por lo que se optó por asignarle un valor mínimo a esta cobertura en cada indicador”.\n\n Como se observa, la OET reconoció que la propiedad ASETREK Tres Azul S.A. posee ambientes de menor calidad biológica y que el método de estimación de compensación (hábitat hectárea) no aseguraba la ganancia de todos los elementos o características que se verían afectados. Además, también aceptó de manera expresa que la propuesta de adquirir la propiedad denominada Brindis de Amor (como complemento de compensación) se dio por medio de un análisis preliminar.\n\nEn ese sentido, el coordinador del estudio de la OET manifestó en la audiencia supra citada, que si bien, metodológicamente, la propiedad de ASETREK debería ser suficiente ‑pues se había “castigado” esa diferencia en calidad del ambiente‑, en su propio criterio no lo era. Además, el mencionado profesional admite que Brindis de Amor fue evaluada a través de una serie de muestreos de vegetación, pero no de fauna. Añade que el estudio fue preliminar, en el sentido de que no tiene todo el componente de fauna y en ese sentido aseveró: “a todas luces es diferente a lo que se hizo en ASETREK sí”.\n\nLo anterior a priori permite concluir que el estudio que se efectuó para la compensación de las potenciales pérdidas no demostró la suficiencia ni la equivalencia ecológica del área propuesta y que, sin la misma rigurosidad o minuciosidad, se recomendó la incorporación de otra propiedad. Basta contrastar la cantidad de indicadores (de calidad de hábitat y diversidad, entre ellos: atributos geofísicos, calidad del paisaje, estructura de la vegetación y servicios ecosistémicos; y de composición de comunidades, entre ellos: plantas vasculares, avifauna, mamíferos, herpetofauna, ictiofauna y diversidad de insectos del sotobosque) que se estudiaron en la R BLB y en ASETREK, con el análisis preliminar efectuado en Brindis de Amor. Nótese que el propio estudio afirmó que añadir el inmueble Brindis de Amor contravenía las nociones básicas del diseño de reservas al no contribuir a la formación de un bloque compacto, pese a lo cual se recomendó agregarlo a la compensación, sin ninguna recomendación o consideración adicional formal.\n\nAhora, aun con la inclusión anterior, el Comité Técnico del Área Conservación Arena Tempisque, de acuerdo con la minuta n.o 5-2017 de la reunión efectuada el 30 de junio de 2017, concluyó que la propuesta todavía era insuficiente: “El tipo de cobertura bosque ripario es de suma preocupación en tema de escasa representatividad a nivel de la RBLB. Esta cobertura está representada únicamente en un 8.0% (216,17 has) de área total de la RBLB. Los estudios determinaron que el boque ripario dentro del sitio de inundación en la reserva corresponde a un 11,4% (24,64 has) del área total de esa cobertura en la RBLB. El área de bosque ripario en la finca Brindis de Amor representa un 7,40% (15,87 has). Esto sumado a las 2,2 has de ASETREK suman 18.07 has de bosque ripario como propuesta de compensación. Presentándose una diferencia de aproximadamente 6,57 has de bosque ripario para compensar este tipo de ecosistema”. Incluso, también recomendó al consejo regional: “1. Identificar un área de bosque ripario que permita compensar el faltante en hectáreas para este tipo de ecosistema. Ya que los estudios determinaron que el boque ripario dentro del sitio de inundación en la Reserva corresponde a un 11.4% (24,64 has) del área total de esa cobertura en la RBLB, el área de boque ripario en la finca Brindis de Amor representa un 7,40% (15,87 has). Esto sumado a las 2,2 has de ASETREK suman 18.07 has de bosque ripario como propuesta de compensación, por lo que estarían faltando cerca de 6,57 has de bosque ripario para compensar este tipo de ecosistema. Según los mapas y el conocimiento del sitio, existen otras propiedades aledañas a la Reserva Biológica Lomas Barbudal con esas características”.\n\n En ese sentido, el Consejo Regional del Área de Conservación Arenal Tempisque (CORACAT), según acuerdo n.° 1 tomado en la sesión extraordinaria celebrada el 5 de julio de 2017 y, con posterioridad, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), en sesión extraordinaria n.° 3 de 11 de julio de 2017, consideraron que la suma de áreas propuestas de bosque ripario era de 18,07 hectáreas, es decir, un área menor que el fragmento que se perdería en el sitio de inundación de la RBLB (24,71 hectáreas), por lo que plantearon la identificación de un área adicional para la propuesta de compensación que contemplara bosque ripario y permitiera, así, resarcir el faltante en hectáreas para este tipo de ecosistema; de ahí que, después de analizar las propuestas de posibles áreas de compensación del bosque ripario faltante y en conjunto con los funcionarios del SINAC, se consideró adicionar una parte de la finca Hacienda Ciruelas SP S.A.\n\n Sobre ello, el CORACAT, en el oficio n.º SINAC- CORACAT-SE-041, refirió: “Existen algunos oficios enviados por SENARA, por ejemplo, SENARA-GG-0374-2017, SENARA-GG-0257-2017 y SENARA-INDER-172-2017 que indican que dentro de la propiedad de ASETREK existen 6,14 has (sic) de bosque ripario. No obstante, este dato no es mencionado en el estudio realizado por  la OET, o respaldo por algún estudio al respecto, con las mismas características del estudio inicial. Respecto a la finca Brindis de Amor, también este Consejo estima que los estudios no se realizaron con la misma profundidad de análisis con respecto al estudio inicial, ni en el tiempo suficiente que sustente técnicamente la calidad de los componentes abordados desde el inicio de la investigación. Es necesario que se profundice más los estudios en esta propiedad o cualquier otra que se considere como propuesta de compensación, para que este Consejo pueda emitir un criterio fundamentado”. Además, la propuesta final de compensación se definió en el oficio n.º SENARA-INDEP-441-2017 de 17 de julio de 2017, en el que se dispuso que para compensar el área desafectada y cubrir el faltante de bosque ripario se incluirían 444,04 hectáreas de la finca ASETREK Tres Azul S.A., la totalidad de la Finca Brindis de Amor en Liberia S.A. con un área de 86,96 hectáreas y un área de 40 hectáreas de la finca Hacienda Ciruelas SP S.A.\n\n  Así, luego de analizar el oficio n.º SENARA-INDEP-441-2017, se observa que se compararon varias propiedades para proponer el área de compensación adicional; sin embargo, no se efectuó un análisis detallado de las características biológicas y geofísicas de la propiedad Hacienda Ciruelas SP S.A. Además, si bien SENARA informó que en la tramitación de la ley n.º 9610 se había considerado el documento denominado \" Propuesta de Compensación para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal”, en el apartado correspondiente a la propiedad Hacienda Ciruelas también se consignó de forma expresa que sobre ella tan solo se había efectuado un análisis “preliminar”.\n\nEn otro orden de ideas, no consta en el expediente que haya existido algún estudio técnico completo que justifique la decisión de desafectar la Reserva Biológica Lomas de Barbudal a los efectos de la emisión de la ley cuestionada. Al respecto, a Patricia Quirós, gerenta general de SENARA, en la audiencia se le preguntó: ¿Hubo algún estudio técnico que determinara la necesidad de desafectar la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Proyecto PAACUME, algún estudio técnico que dijera es necesario precisamente esa reserva biológica afectarla para que se pueda desarrollar el proyecto PAACUME? En razón de lo anterior, ella manifestó: “ nosotros realizados una contratación directamente con el ICE para lo que fue la factibilidad de la presa y el embalse sobre el río Piedras y de acuerdo al análisis que se realizó, se determinó que el único sitio que existe para la construcción del embalse es efectivamente en el río Piedras, porque ahí se cuenta hay  una depresión, una caída que permite que esa diferencia de nivel existente en la zona haga posible llevar el agua hasta la margen derecha del río Tempisque. Entonces, en la región es el único sitio posible para poder construir el embalse y para poder llevar el agua a la margen derecha”.\n\n Luego, antes de finalizar la vista, se le consultó lo siguiente: “menciona que hay un estudio técnico que justificó la desafectación de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y determinó necesaria la construcción del embalse en ese lugar, concretamente ¿a cuál estudio se refiere y si lo puede hacer llegar al expediente? En ese sentido, ella contestó: “el estudio técnico al que me refiero es al estudio realizado específicamente por la OET, cuando se hace la consulta yo me refiero a que el estudio realizado por el ICE se refiere específicamente al estudio ingenieril, al estudio de factibilidad de la presa y el embalse”.\n\nDe igual forma, se le repreguntó: “usted indica que hubo un estudio que dijo que solo afectando la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se podía realizar el proyecto ¿ese estudio es el del ICE entonces? ”. Ante lo cual, ella respondió: “No, hay un estudio de factibilidad que realizó SENARA de todo el proyecto, donde se establece esa situación”. Asimismo, refirió que haría llegar una copia de tal estudio al expediente.\n\nEn relación con lo anterior, luego de la revisión del estudio de la OET se observa que en él no se ha analizado propiamente la necesidad de desafectar la RBLB para la construcción del embalse, sino que tan solo constituye un estudio para establecer la línea Base de Biodiversidad de la zona por desafectar y el sitio de potencial compensación. Asimismo, el Estudio de Factibilidad que aportó SENARA luego de la audiencia, consigna expresamente que es de octubre de 2018, momento para el cual incluso ya que el proyecto de ley había sido aprobado en segundo debate (sesión plenaria extraordinaria n.o11 de 6 de setiembre de 2018), por lo que ni siquiera pudo haber sido objeto de discusión en la Asamblea Legislativa. De ahí que, aun cuando este estudio de factibilidad desarrollara la necesidad de desafectar la RBLB, cronológicamente no pudo haber servido de base para tal propósito, a los efectos de la ley cuestionada.\n\n Ahora, no está de más aclarar que el estudio referido a la desafectación de áreas protegidas no es excluyente del Estudio de Impacto Ambiental al que debe ser sometido el proyecto de PAACUME en su totalidad. Precisamente, ante SETENA se podrán analizar los diversos impactos directos o indirectos del proyecto en las áreas aledañas, así como la posible violación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO y los posibles efectos del proyecto PAACUME sobre el sitio declarado como Patrimonio Mundial en el Área de Conservación Guanacaste. En este último caso, si el Estudio de Impacto Ambiental establece medidas de mitigación y prevención de los impactos dentro del área silvestre protegida o su entorno, deberán tomarse las previsiones correspondientes para cumplir con esas exigencias.\n\n En conclusión, al haberse hecho un estudio sobre la Reserva Biológica Lomas del Barbudal y sobre la propiedad de ASETREK Tres Azul S.A. por un periodo menor al recomendado por la propia Organización de Estudios Tropicales, no existe certeza científica ni técnica de los resultados obtenidos. Además, el estudio no logró demostrar de forma fehaciente y sustentada, que la propiedad ASETREK Tres Azul S.A., como propuesta de compensación, fuera equivalente a la zona desafectada desde un punto de vista ambiental, pues, puntualmente, en el estudio se mencionó, que el hábitat no era equiparable, no había correspondencia con ambiente de la reserva (el mayor ejemplo de ello es la deficiencia en bosque ripario detectada) y no se aseguraba la ganancia de todos los elementos o características afectadas por el embalse. Lo anterior resulta relevante, por cuanto el propio estudio de la OET, en las conclusiones sobre el sitio de impacto y su compensación, expuso que la RBLB es una de las pocas áreas silvestres estatales que protegen los recursos naturales en la zona de vida Bosque Tropical Seco de nuestro país y que, ante semejante afectación con el impacto directo del proyecto, la compensación ambiental se volvía una medida imprescindible. En adición, como en el caso del inmueble Brindis de Amor tan solo se efectuó un análisis preliminar, consideramos que la Sala a priori no puede siquiera considerarlo, toda vez que para desafectar una reserva biológica y proponer la respectiva compensación, se deben efectuar, al menos, estudios completos y suficientes. El razonamiento anterior aplica con mucha más razón sobre la propiedad Hacienda Ciruelas, que ni siquiera fue incluida en el estudio de la OET y respecto de la cual el análisis efectuado también fue preliminar. En este sentido, consideramos que nunca podrá ser suficiente un estudio preliminar para sustentar una decisión con implicaciones ambientales de esta envergadura, como sucede en el sub lite. Finalmente, no se observa que la ley cuestionada haya tenido sustento en algún estudio científico y técnico en cuanto a la justificación de la necesidad de desafectar la RBLB, toda vez que el informe de la OET no abarcó tal aspecto y la factibilidad de PAACUME elaborada por SENARA, en todo caso, fue de fecha posterior a la aprobación de ese cuerpo normativo.\n\n Permitir la desafectación de una reserva biológica con sustento en este estudio de la OET (claramente insuficiente según se expuso supra), en otros análisis de naturaleza preliminar, y en un estudio de factibilidad que ni siquiera pudo ser discutido en el trámite legislativo, significa un grave retroceso a la tutela ambiental, antaño ampliamente reconocida por esta Sala Constitucional. Tal retroceso resulta aún más lamentable a la luz de la reciente evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en sentencia de 6 de febrero de 2020 (Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina) viene a recoger de modo íntegro la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, convirtiendo así las consideraciones jurídicas de la última en jurisprudencia vinculante para los países sujetos a la jurisdicción de ese tribunal internacional. En tal sentido, resalta la Corte-IDH que “en el derecho ambiental, el principio de prevención es aplicable respecto de actividades que se lleven a cabo en el territorio o bajo la jurisdicción de un Estado que causen daños al medio ambiente de otro Estado, o respecto de daños que puedan ocurrir en zonas no sean parte del territorio de ningún Estado en particular, como por ejemplo, alta mar.” Justamente, recuerda la Corte-IDH que la “Corte Internacional de Justicia ha señalado que la obligación de prevención surge cuando hay riesgo de un daño significativo. De acuerdo a (sic) dicho tribunal, el carácter significativo de un riesgo se puede determinar tomando en cuenta la naturaleza y magnitud del proyecto y el contexto donde será llevado a cabo”. Consecuente con esta perspectiva, la Corte-IDH destaca, como elemento esencial del derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el deber de regulación, a partir del cual dada “la relación entre la protección del medio ambiente y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55) los Estados deben regular esta materia y adoptar otras medidas similares para prevenir daños significativos al medio ambiente.” (Destacado no corresponde al original). En aras de procurar lo antedicho, el requerimiento de estudios técnicos suficientes y previos a los efectos de la aprobación de proyectos de ley que impactan el ambiente, aplicado por la jurisprudencia constitucional de forma usual en obediencia al principio de objetivación de la tutela ambiental, con absoluta claridad configura una de esas adecuadas “medidas similares”, que se eleva a la jerarquía de exigencia del derecho internacional de los derechos humanos, merced a la jurisprudencia de la Corte-IDH.\n\n Por las consideraciones expuestas, se acredita una transgresión al numeral 50 de la Constitución Política, al principio precautorio (por la duda sobre las condiciones reales de la RBLB y de la propuesta de compensación generada por las falencias detectadas en el estudio de la OET, así como la falta de certeza en cuanto a que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado no se vea lesionado), al principio de no regresión en material ambiental (al no acreditarse que la compensación propuesta al menos fuera equivalente a la desafectación), al principio de irreductibilidad (al reducirse una reserva biológica sin cumplir los requisitos constitucionales respectivos) y al principio de objetivación de la tutela ambiental (al utilizarse estudios meramente preliminares para sustentar propuestas de compensación y al no estar sustentada la ley cuestionada en estudios técnicos y científicos (previos, suficientes, necesarios e individualizados)  que justifiquen la reducción del área protegida).”\n\nPor su parte, la Magistrada Garro Vargas también salvó el voto, con sustento en las siguientes razones:\n\n“I. Consideraciones preliminares\n\nComo costarricense y como Magistrada de esta Sala comparto la preocupación sobre el gravísimo problema de acceso al recurso hídrico que sufre una importante zona de la provincia de Guanacaste. Comprendo que la ley aquí impugnada pretende ser un medio para solucionarlo. Sin embargo, muy a mi pesar, no puedo dejar de advertir que esta contiene serios vicios de constitucionalidad. Por eso, con fundamento en los argumentos que explicaré, he decidido salvar el voto respecto de la alegada lesión al derecho a un ambiente sano y declarar con lugar la acción por violación a los principios precautorio, no regresión en materia ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental.\n\nII. Agravios de los accionantes bajo examen en el presente voto\n\n Por lo dicho, en este voto salvado me referiré sólo a los agravios relacionados con cuestiones ambientales. Por un lado, a la decisión legislativa de desafectar 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas Barbudal (RBLB) sin estudio de desafectación alguno que lo justifique y, por otro, a la pretendida justificación de la reducción de esa reserva mediante un estudio de compensación que es incompleto y sesgado.\n\n Para analizar ambos extremos es necesario de previo precisar cuál ha sido la línea de la jurisprudencia de esta Sala sobre la justificación de los proyectos de ley relacionados con la materia ambiental. Así, una vez examinados cada uno de los agravios será posible arribar a unas conclusiones debidamente fundamentadas.\n\nIII. Marco jurisprudencial. La justificación técnica de leyes en materia ambiental\n\nEn el ejercicio de su potestad legislativa, el Parlamento está vinculado a la Constitución y a los tratados debidamente incorporados a nuestro ordenamiento. Además, la función legislativa –no sólo función administrativa del Estado- tiene un límite: el contenido de lo que establece el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP):\n\n “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”.\n\nEsa norma recoge el principio de la interdicción de la arbitrariedad, que es un enunciado esencial del Estado de Derecho, y que supone la prohibición de tomar decisiones carentes de fundamento. Al examinar el origen de este principio, esta Sala dijo:\n\n “Fue concebido por el jurista alemán Leibholz en 1928 como un criterio para ponderar el respeto del principio de igualdad por el legislador. Según esta formulación, el principio de interdicción de la arbitrariedad supone la prohibición de la arbitrariedad, esto es, de toda diferencia carente de una razón suficiente y justa. El principio es retomado por la doctrina española, concretamente, por García de Enterría a finales de la década de los cincuenta (1959) con un sentido más extenso –no circunscrito al principio de igualdad- al propuesto por Leibholz. Ulteriormente, el principio con ese sentido más amplio, fue acogido por la Constitución Española de 1978 en su artículo 9.3, a propuesta del senador Lorenzo Martín-Retortillo, quien justifico su iniciativa en la necesidad de tener el principio de interdicción de la arbitrariedad como una técnica o mecanismo más de control o fiscalización de los poderes públicos inherente al Estado de Derecho”. (Sentencia 11155-2007).\n\nYa en una sentencia anterior, la Sala había aclarado que, si bien se encuentra ubicado en la LGAP, su origen y fundamento último se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política que señala:\n\n“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella” (ver sentencia 2004-14421).\n\nEs decir, se trata de un principio que, aunque formalmente está expresado a nivel legal, tiene un contenido materialmente constitucional y rige para el ejercicio de la función pública en toda su amplitud. Por lo tanto, es posible concluir que dicho principio es de aplicación también para la labor parlamentaria. En ese sentido, la Sala en la sentencia 2003-5090 expresamente señaló lo siguiente:\n\n“La libertad de configuración legislativa no es irrestricta, puesto que, tiene como límite el Derecho de la Constitución, esto es, el bloque de constitucionalidad conformado por los preceptos y costumbres constitucionales, los valores y principios -dentro de los que destacan los de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, no discriminación, debido proceso y defensa- de esa índole y la jurisprudencia vertida por este Tribunal para casos similares”. (Lo destacado no es del original).\n\nJustamente, este Tribunal ha sentado como línea jurisprudencial que el principio de la interdicción de la arbitrariedad exige que las decisiones que impactan sobre el medio ambiente estén debidamente apoyadas en criterios técnicos y científicos. De ahí ha surgido el principio de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica.\n\n Este principio se introdujo en la línea jurisprudencial de esta Sala a partir de la sentencia 2005-14293, en la que se afirmó:\n\n“[ El] principio ambiental \"de la vinculación a la ciencia y a la técnica\" que rige la materia ambiental, en tanto las decisiones administrativas que pueden tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento técnico que las respalde, y en tal condición, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación”.\n\n Esto fue ampliado en la sentencia 2006-17126, en la que se señaló que este principio se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, en relación con los actos como de las disposiciones de carácter general – tanto legales como reglamentarias–. Se entiende que la exigencia de la “vinculación a la ciencia y a la técnica” condiciona la discrecionalidad no sólo de la Administración, sino del propio legislador.\n\nTodo lo anterior fue retomado en la sentencia 2012-12716, en la que se hicieron las siguientes consideraciones:\n\n “La Sala hace propia opinión (sic) que sobre el caso ha brindado la Procuraduría General de la República, en el sentido de que, como principio constitucional que condiciona la actuación del Estado en la protección del ambiente, se reconoce, el principio de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica:\n\n“se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la \"vinculación a la ciencia y a la técnica\", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia.”  (resolución No. 17126-2006).\n\n “principio ambiental \"de la vinculación a la ciencia y a la técnica\" que rige la materia ambiental, en tanto las decisiones administrativas que pueden tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento técnico que las respalde, y en tal condición, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación.” (voto No. 14293-2005 reiterado por el 11562-2006).\n\n“Se parte del principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de límites que determinen las condiciones en las cuales debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.” (Voto No. 6322-2003).\n\nA su vez, se relaciona con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad:\n\n“El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aun cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente.”  (Voto No. 7294-1998, el destacado es nuestro).\n\n“Así, la aplicación de este principio ambiental está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la conducta –administrativa y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según desarrollo de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional– en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del el [sic] uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente , a través de su \"uso adecuado\";  y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras; en tanto a través de la producción y uso de la tecnología es que debe de promoverse que se obtengan, no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause a éstos daño o perjuicio, como lo ha considerado nuestro Tribunal Constitucional, en su amplia jurisprudencia, inclusive desde sus orígenes, así en las sentencias supra  citadas número 3705-93 y número 2006- 17126.” (Voto No. 2410-2007).\n\nY guarda estrecha relación también con el principio de interdicción de la arbitrariedad:\n\n“La actuación arbitraria es la contraria a la justicia, a la razón o las leyes, que obedece al mero capricho o voluntad del agente público. La prohibición de la arbitrariedad lo que condena es la falta de sustento o fundamento jurídico objetivo de una conducta administrativa y, por consiguiente, la infracción del orden material de los principios y valores propios del Estado de Derecho. (…) En lo que se refiere a la aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad en el ámbito de la potestad reglamentaria, debe indicarse que al ser ésta, naturalmente, discrecional, el principio prohibitivo de la arbitrariedad cumple un papel de primer orden.” (Lo destacado corresponde a la sentencia original).\n\n De dicha resolución conviene resaltar el precedente que invoca:\n\n“El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aun cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente”. (Lo destacado corresponde a la sentencia original).\n\nResulta evidente que los principios de objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica, así como el de interdicción de la arbitrariedad, son de observancia obligatoria para la Asamblea Legislativa en la tramitación de los proyectos de ley, pues de lo contrario se violentaría el principio de la razonabilidad como parámetro de constitucionalidad. \n\nIV. Sobre la desafectación de un área protegida\n\nLa ley impugnada establece una desafectación de la Reserva Biológica Lomas Barbudal (RBLB). Esta reserva tiene un nivel de protección absoluta, similar a la de un parque nacional. Al desafectarla se busca cambiar su uso para proceder a inundar esa gran cantidad de terreno, con el fin de realizar eventualmente el proyecto de dotación de agua denominado Paacume. Los accionantes señalan que no existe un estudio relativo a la desafectación y, en manifestaciones posteriores, como las realizadas en la vista oral, insistieron en que las autoridades involucradas, concretamente, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) lo que tiene es un estudio de factibilidad sobre la realización de la represa en el Río Piedras, ejecutado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Arguyen que este no es el estudio que la normativa ambiental exige para determinar si se justifica la desafectación de un área silvestre protegida y que, además, no fue presentado en el expediente legislativo.\n\n Para analizar este extremo es del todo necesario precisar la normativa y la jurisprudencia aplicables.\n\nA. Marco normativo y jurisprudencial sobre la desafectación de áreas protegidas\n\nLa Ley Orgánica del Ambiente, al respecto, señala lo siguiente:\n\n“Artículo 38.- Reducción de las áreas silvestres protegidas. La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”. (Lo destacado no es del original).\n\nEs decir, establece que de previo a la desafectación de un área protegida se lleven a cabo estudios técnicos que justifiquen esa decisión.\n\nPor su parte, este Tribunal ha sentado una sólida doctrina en esta materia, es decir, a saber, la necesidad de contar con estudios técnicos que justifiquen una decisión de desafectar una zona que, previamente, fue declarada zona protegida. Así, en la sentencia 7294-1998, la Sala Constitucional declaró con lugar la acción en la que se cuestionó la modificación de los límites de la zona protectora de Tivives. En dicha resolución se consideró lo siguiente:\n\n “De la sentencia transcrita queda claro que una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea, haya declarado como zona protectora una área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto”\n\n “De conformidad con las disposiciones transcritas, y tomando en consideración el caso concreto que se somete a pronunciamiento, la Asamblea Legislativa no puede aprobar válidamente la reducción de la superficie de una zona protectora, sin contar antes con estudio técnico que justifique su decisión. Dicha actuación deviene contraria a la Constitución Política por violación del principio de constitucional en relación con artículo 121, inciso 1), y 129 de la Carta Política. Sobre este tema existe un precedente de la Sala que resulta atinente, tanto por la similitud de la infracción que se invoca, como por tratarse de una hipótesis en que la no observancia de determinados requisitos tiene como efecto la de normas o principios sustanciales de rango constitucional”. (Lo destacado no es del original). (Ver, en similar sentido, los votos 1999-02988, 2008-008075).\n\nPosteriormente, en la sentencia 2012-013367 esta Sala afirmó:\n\n“Resulta evidente que estos dos requisitos guardan absoluta conformidad con el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En primer lugar, en esta materia, el régimen jurídico exige que cualquier restricción o limitación del derecho tiene que venir impuesta por ley; por el contrario, cualquier beneficio o ampliación de la protección del derecho puede ser establecida por norma infralegal. En segundo lugar, la exigencia de estudios técnicos previos responde al principio de sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico del sistema y la sanidad del ambiente. En este sentido, la exigencia de estudios técnicos que justifiquen la aprobación de los proyectos de ley tendientes a la reducción o desafectación de un área ambientalmente protegida, debe ser satisfecha con anterioridad o durante el desarrollo del procedimiento legislativo. Además, el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.\n\n En esa sentencia, la Sala desarrolló, además, el principio de progresividad y no regresión en materia de tutela medio ambiental. Según este Tribunal, del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Constitución Política, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. La Sala consideró que dicho principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta, pues todos los Estados pueden verse sometidos a circunstancias de naturaleza económica, política, social o climática que podrían obligar a replantear la obligación de mantener los niveles de protección alcanzados. En esos casos, la reducción de los niveles de protección deberá ser justificado a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. En atención a estos principios, la Sala dijo lo siguiente:\n\n “En consecuencia, en aplicación de estos dos principios, la Sala Constitucional ha establecido que es constitucionalmente válido ampliar por decreto ejecutivo la extensión física de las áreas de protección (principio de progresividad); sin embargo, la reducción solo se puede dar por ley y previa realización de un estudio técnico ajustado a los principios razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población, que sirva para justificar la medida. El derecho vale lo que valen sus garantías, por ello se produce una violación de estos principios cuando el estudio técnico incumple las exigencias constitucionales y técnicas requeridas. Si tal garantía resulta transgredida, también lo será el derecho fundamental que la garantía protege y es en esa medida, que la reducción de las áreas protegidas sería inconstitucional”. (Lo destacado no es del original).\n\nDichos principios de orden constitucional son vinculantes para el legislador. Así lo concluyó la Sala al afirmar lo siguiente:\n\n “Dentro del marco de la Constitución, el legislador tiene la potestad y competencia para reducir las dimensiones físicas de las áreas ambientalmente protegidas. Sin embargo, con fundamento en el artículo 50 constitucional, las decisiones legislativas en esta materia deben respetar las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, en aras de garantizar un ambiente “sano” y “ecológicamente equilibrado” y el “mayor bienestar de todos los habitantes”. El estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente tiene que responder a estos propósitos, para cuyo efecto no basta un cumplimiento formal porque se trata de un requerimiento material, es decir que debe materialmente demostrar, mediante un análisis técnico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. (Lo destacado no es del original).\n\nPosteriormente, este Tribunal agregó que para la desafectación de áreas protegidas, además de los estudios técnicos, concretos y particularizados exigidos por el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, se requieren medidas de compensación, en aras de resguardar el derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En la sentencia 2019-663 la Sala conjuntó sus líneas jurisprudenciales y señaló lo siguiente:\n\n “1. Requisitos constitucionales para la reducción de área silvestre protegida (reserva legal y estudios técnicos): En apoyo del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente (“la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”), ha habido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que para la reducción de un área silvestre protegida, en cualquiera de sus categorías de manejo (en cuenta los refugios nacionales de vida silvestre), deben cumplirse dos requisitos esenciales: “por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida .” (Sala Constitucional, votos números 13367-2012 y 010158-2013. En similar sentido, las sentencias números 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 y 14772-2010, entre otras). Tal como se dijo en la resolución mencionada de 1998:\n\n ““(…) una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea, haya declarado como zona protectora una determianda (sic) área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sitios de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio haya perdido, al menos en parte, el interés ambiental que, en su momento, provocó, lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en aplicación del principio de razonabilidad constitucional…” (voto No. 7294-1998).\n\n Concretamente sobre la reserva legal en esta materia, en el voto No.14772-2010 se dijo:\n\n(…) no se puede modificar el destino público de un bien del demanio público sin un acto legislativo, es decir, la reducción de área de una zona protegida se encuentra bajo la garantía que proporciona el principio de reserva de ley. Si bien, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para constituir las Áreas Silvestre Protegidas mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en esa norma, así, el Parque Nacional Corcovado se constituyó mediante los Decretos Ejecutivos No. 5357-A del 24 de octubre de 1975 y 1148-A del 5 de febrero de 1980, su modificación solo podrá hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, previo estudios técnicos y científicos, y mediante un acto legislativo.\n\nAsimismo, en sentencia no.1056-2009 se indicó que la reducción únicamente es posible vía legal:\n\n“cuando de la ampliación de los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado se trata es posible hacerlo vía reglamento, pero cuando de su reducción se trata, únicamente se puede hacer vía legal, claro está, siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la medida.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1056-2009)\n\nLo cual fue aplicado cuando la Sala declaró inconstitucional la norma reglamentaria (Decreto Ejecutivo Nº 32753-MINAE) mediante la cual el Poder Ejecutivo disminuyó el territorio del Refugio Gandoca-Manzanillo, sustrayendo del área y del régimen de protección, la zona urbana del Refugio.\n\n Además, en cuanto a los estudios, estos deben ser previos, suficientes, necesarios e individualizados –como se indica en el apartado siguiente-. Así se dijo en esa misma resolución de 1998:\n\n“De acuerdo con lo citado, mutatis mutandis, si para la creación de un área silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de una ley, estableció el cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin de determinar si la afectación en cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios técnicos ambientales- para determinar que con la desafectación no se transgrede el contenido del artículo 50 constitucional. En este sentido, podemos hablar de niveles de desafectación. Así, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste. De allí que, para reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido del artículo 50 constitucional. El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aun cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente. A juicio de este Tribunal Constitucional, la exigencia que contiene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, en el sentido de que para reducir un área silvestre protegida por ley formal deben realizarse, de previo, los estudios técnicos que justifiquen la medida, no es sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente.”\n\n2. Estudio técnico como un análisis científico e individualizado: La Sala se ha referido a la suficiencia del estudio técnico, cuando mediante varias resoluciones ha establecido que dicho estudio debe ser un análisis científico e individualizado. Así se dijo lo siguiente:\n\n“el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.” (Voto No. 13367-2012. Véase además el No. 10158-2013).\n\nDe lo cual se desprende que, el estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y que es la objetivación del principio constitucional de razonabilidad en materia de protección al ambiente, requiere de un análisis técnico que implica un análisis individualizado, el cual debe contener como mínimo las siguientes medidas:\n\n •              El grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente;\n\n •              Las recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en el ambiente;\n\n •              La demostración de cómo la medida que se toma, implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.\n\n En síntesis, dicho estudio previo debe demostrar que la desafectación es conforme con la protección constitucional al derecho al ambiente, pues como se dijo en el voto no. 18702-2010 “no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito\".\n\n 3. Medidas de compensación: Un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño. No cabe duda que todas aquellas normas en los cuales hay reducción de las áreas protegidas sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación alguna, son inconstitucionales” (voto Nos. 12887-2014, 2773-2014, 2012-13367 y 2009-1056).”  (Lo destacado no es del original).\n\n Lo anterior fue reiterado en la sentencia 2019-012745 en la que se resumió la postura de la Sala de la siguiente forma:\n\n“Con base en lo anterior, un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante Ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño o en la medida de lo posible”.\n\n A partir de estas líneas jurisprudenciales queda evidenciado el principio de irreductibilidad de las áreas silvestres protegidas, según el cual, no resulta legítimo reducir estos espacios protegidos sino se cumplen, paralelamente, tanto lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente como los principios consolidados en la jurisprudencia de este Tribunal, a saber, de no regresión en materia ambiental, de objetivación de la tutela ambiental y precautorio.\n\nB. Análisis sobre la justificación técnica de la desafectación cuestionada\n\n En los siguientes epígrafes se procurará calibrar la importancia de la desafectación aprobada mediante la ley que aquí se impugna y constatar la omisión de los estudios técnicos que justificaran esa medida.\n\n1. Importancia ambiental de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal\n\nPara contextualizar el análisis de la cuestión conviene explicar que la zona que se desafectó pertenece a la RBLB, la cual fue creada mediante decreto ejecutivo n.°16849-MAG de 23 de enero de 1986. La importancia de dicha reserva específica obedece a que es prácticamente la única en resguardar los ambientes del bosque seco tropical y su diversidad biológica, presentando tipos de fauna únicos en el país y contener sabanas secas que no están incluidas en otra unidad de conservación. Así se desprende de la parte considerativa del decreto en cuestión, que señala lo siguiente:\n\n “1°.-Que es función esencial del Estado velar por la conservación, protección, administración y fomento de los recursos naturales del país.\n\n2°.-Que la zona de Lomas Barbudal, en la provincia de Guanacaste, conserva muestras muy valiosas de la flora y fauna de la sabana seca arbolada de bajura, del bosque ripario de tierras bajas y del bosque caducifolio de tierras bajas, que en el pasado cubrieron extensas áreas de aquella provincia.\n\n 3°.-Que esta zona contiene al menos 10 nacientes y parte de la cuenca del río Cabuyo, de importancia para la producción agrícola y ganadera de la región,\n\n4°.-Que el tipo de suelo de Lomas Barbudal no presenta condiciones para un desarrollo agropecuario sostenido pero que, desde el punto de vista de la investigación y del turismo, el área es importante por presentar una fauna entomológica única y por contener sabanas secas que no se encuentran protegidas en otra unidad de conservación”. (Lo destacado no es del original).\n\nEn el decreto de análisis se dispuso que la zona en cuestión sería, a partir de ese momento, una reserva biológica, que es una de las categorías de áreas silvestres protegidas, establecida concretamente en el inciso d) del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Asimismo, por aplicación de los numerales 13 y 14 de la Ley Forestal vigente, es integrante del patrimonio natural del Estado (PNE). Ese último caracteriza estos inmuebles como bienes de dominio público:\n\n “Artículo 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural.\n\nLos terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley”.\n\n La Ley de Biodiversidad define a las áreas silvestres protegidas así:\n\n“Artículo 58.  Áreas silvestres protegidas Las áreas silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general. Los objetivos, la clasificación, los requisitos y mecanismos para establecer o reducir estas áreas se determinan en la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, de 4 de octubre de 1995. Las prohibiciones que afectan a las personas físicas y jurídicas dentro de los parques nacionales y las reservas biológicas están determinadas, en la Ley de la Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977. Durante el proceso de cumplimiento de requisitos para establecer áreas silvestres protegidas estatales, los informes técnicos respectivos deberán incluir las recomendaciones y justificaciones pertinentes para determinar la categoría de manejo más apropiada a que el área propuesta debe someterse. En todo caso, el establecimiento de áreas y categorías tomará muy en cuenta los derechos previamente adquiridos por las poblaciones indígenas o campesinas y otras personas físicas o jurídicas, subyacentes o adyacentes a ella”. (Lo resaltado no corresponde al original).\n\nEl reglamento a la Ley de Biodiversidad, n.°34433 define las reservas biológicas y establece la categoría técnica de manejo de la siguiente manera:\n\n “Artículo 70  (…) d).  Áreas geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de agua dulce, o una combinación de estos y especies de interés particular para la conservación. Sus fines principales serán la conservación y la protección de la biodiversidad, así como la investigación”.\n\n En consecuencia, tienen una categoría de manejo muy limitada, por cuanto solamente se permite la conservación, protección e investigación.\n\nEs preciso destacar que la RBLB no es propiamente un humedal, pero, según informaron las autoridades, sí forma parte del sitio Ramsar Palo Verde, es decir, forma parte de un humedal de importancia internacional (sitio Ramsar).\n\n Como es sabido, la Convención Relativa a los humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar, debidamente aprobada mediante ley n°.7224) señala que los humedales de importancia internacional deben mantener su designación y su extensión inicial y sólo en circunstancias realmente excepcionales debería considerarse cambiarlas (artículos 2 y 4 de la Convención citados infra). Y, además, cuando se definen los sitios Ramsar, no solo se consideran los ecosistemas por sí solos, sino las interrelaciones existentes que impactan los humedales.\n\n El Parque Nacional Palo Verde fue creado mediante decreto ejecutivo n.°11541 del 30 de mayo de 1980, cuya parte considerativa consignó lo siguiente:\n\n“1°—Que la zona que comprende la fila Catalina, la fila Pedregosa, el cerro Bocana, el cerro El Roble y el cerro Alvarado, en Guanacaste, es una de las últimas en toda la provincia que conservan bosques secos tropicales, formación ecológica muy escasa en el país.\n\n 2°—Que las lagunas Nicaragua, El Roble, Los Aromos, y Corralillos, y los sitios El Tieso, Piñuela, Cristina y otros, constituyen lugares de particular importancia para la conservación de aves migradoras y residentes, y son a la vez las áreas más ricas en avifauna en el país.\n\n 3°—Que la zona en general es particularmente diversa en fauna silvestre, y es uno de los últimos refugios para animales que existen todavía sin protección en la provincia de Guanacaste.\n\n4°—Que se presentan también varios ecosistemas de gran diversidad y riqueza de especies florísticas, tales como los bosques sobre depósitos calizos, las lagunas herbáceas, los bosques mixtos de llanura y los bosques de palo verde sobre vertísoles”.\n\n Esto fue ratificado por ley n.°6794 de 25 de agosto de 1982, “Ley de Creación de Parques Nacionales y Reservas Biológicas. Ratifica como Leyes Decretos Creadores de Parques Nacionales y Reservas Biológicas”. Posteriormente, mediante decreto ejecutivo 27345-MINAE, “Establece para el Parque Nacional Palo Verde Manejo Activo en sus Humedales y Áreas de Pasto y Crea Comité Asesor”, se destacó, en su parte considerativa, lo siguiente:\n\n “III.—Que entre los objetivos fundamentales del Parque Nacional Palo Verde está el proteger, manejar, conservar y restaurar, tanto ecosistemas de humedales como de bosque tropical seco, para mantener la diversidad y poblaciones de vida silvestre.\n\n IV.—Que la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como Convención Ramsar, fue ratificada por Costa Rica mediante ley 7224 del 2 de abril de 1991 y que como instrumento jurídico internacional, tiene valor superior a la Ley. Que Costa Rica, como parte contratante, debe fomentar la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas, creando reservas naturales de humedales y atendiendo de manera adecuada su manejo y cuidado. Asimismo, se compromete a fomentar la investigación y el intercambio de datos relativos a humedales a fin de favorecer las condiciones para aumentar las poblaciones de aves acuáticas”. (Lo destacado no es del original).\n\nAdemás, el Plan General de Manejo del Parque Nacional Palo Verde, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, claramente establece la inclusión de la RBLB dentro del Parque Nacional Palo Verde (ver el Acuerdo n.°20 de la Sesión Ordinaria n.°03-2016 del 28 de marzo del 2016, dictado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, disponible en la página del Sistema Costarricense de Información Jurídica – SCIJ).\n\n Mediante decreto ejecutivo n.°39786-MINAE de 22 de abril de 2016, se declaró de interés público y nacional las actividades de manejo, conservación y rehabilitación de este parque:\n\n“Artículo 3.- Declaratoria de Interés Público. Declárese de interés público y nacional las actividades de manejo activo para la conservación y rehabilitación de los ecosistemas del Parque Nacional Palo Verde, con el fin de contar con el apoyo del Estado y demás dependencias públicas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales públicos y privados para su implementación”.\n\n Al examinar con detalle el anterior marco normativo es posible advertir la gran importancia que tiene la zona en cuestión para la tutela medio ambiental. De ahí que las decisiones que se tomen, respecto a la disminución de la cabida de estas zonas o el cambio en su destino, deben estar debidamente razonadas en estudios técnicos que justifiquen apropiadamente tal determinación.\n\nExamen sobre la existencia de los estudios técnicos sobre la desafectación\n\n A partir de lo expuesto, es claro que tanto la legislación nacional como los principios constitucionales examinados y la jurisprudencia constitucional exigen, como primer elemento, que una ley que disponga la desafectación de un área silvestre protegida, integrada al PNE, debe estar razonablemente cimentada en un estudio técnico que justifique, de forma concreta, el motivo por el cual se debe desafectar una zona en particular y variar su naturaleza. Por eso, es preciso ahora examinar si la ley cuestionada contó con tal estudio.\n\na. Exposición de motivos de la ley cuestionada\n\nComo se ha visto, el propósito original de salvaguardar estos terrenos es la protección de un tipo de bosque muy particular y casi único en nuestro país, a saber, el bosque seco tropical y su diversidad biológica, que no está incluido en otra categoría específica de protección. En cambio, si bien la normativa cuestionada le brinda protección ambiental y dispone que se le reconocerá como un ecosistema de humedal administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (artículo 6 de la ley n.°9610 que “Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras”), lo cierto es que se cambia por completo su naturaleza. Esto porque, precisamente, la finalidad última de la desafectación es hacer posible el proyecto Paacume, que conlleva inundar los espacios de estos bosques primarios. En el propio estudio de la Organización de Estudios Tropicales (OET), se evidenció lo relativo al cambio de la naturaleza del inmueble:\n\n “Por su posición geográfica y el relieve de la zona, el embalse Rio Piedras afectaría directamente un sitio dentro de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, un área silvestre protegida creada en 1986 con el fin de resguardar los ambientes del bosque seco tropical y su diversidad biológica. El área en conflicto ha sido estimada en casi 113 hectáreas bajo la cota de 50 m de elevación, que quedarían inundadas una vez construido el embalse”. (Lo resaltado no corresponde al original).\n\nSobre la finalidad del proyecto Paacume, la exposición de motivos del proyecto de ley expuso con detalle lo siguiente:\n\n “El objetivo fundamental es la provisión de agua, accesible en cantidad, calidad y oportunidad -de 20 metros cúbicos por segundo- para diferentes usos potenciales. Se proyecta beneficiar al menos a 204 mil personas y cubrir al menos 17 mil hectáreas bajo riego. De este caudal quedarán disponibles 2 metros cúbicos por segundo para el abastecimiento a largo plazo de comunidades de cantones de Santa Cruz, Nicoya y Carrillo y que será administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Además, el proyecto contempla al menos 1.5 metros cúbicos por segundo de agua para riego como apoyo a la actividad turística en la zona costera y con ello beneficiar las comunidades costeras con la liberación de aguas subterráneas hoy usadas en riego.\n\n Este proyecto no solo permitirá el acceso sostenible al agua por parte de las comunidades y el sector productivo, sino que además pretende armonizar y regular la explotación racional de los principales recursos subterráneos en acuíferos en la margen derecha de la cuenca media del río Tempisque, pues permitirá al Estado la regulación del uso máximo de pozos para estas actividades”.\n\n De este modo, y teniendo presente lo dicho por las autoridades en el trámite de acción de inconstitucionalidad, no hay duda de la urgencia e importancia de hacer posible el acceso al servicio de agua potable y de enfrentar otros problemas de sequía, desabastecimiento, desalinización de los acuíferos, entre otros (ver manifestaciones de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, SENARA, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)). Se señala que la dotación de agua en la zona se realizará a través de la construcción de una represa en el Río Piedras, que requerirá de un embalse con un espejo de agua de aproximadamente 850 hectáreas, de las cuales, 113 hectáreas se encuentran dentro de la RBLB, conforme al diseño realizado por SENARA.\n\n Sin embargo, revisada la exposición de motivos del proyecto de ley, el expediente legislativo y el expediente de esta acción de inconstitucionalidad no se logró vislumbrar el cumplimiento de este requisito de importancia capital, a saber, el de realizar un estudio que, de forma específica justifique la necesidad de atender dicha severa problemática, a través de la desafectación de un área especialmente protegida.\n\n La única referencia en la exposición de motivos es la siguiente:\n\n“Así las cosas, la ubicación de la presa en el río Piedras obedece a una condición topográfica única que no permite ser trasladada a otro sitio; por tanto, esta ubicación y diferencia de nivel entre la entrada del canal que lo abastece y la salida del canal que permitirá llevar el agua hasta el río Tempisque determinan el nivel máximo de embalse y la capacidad de este para abastecer con 20 metros cúbicos por segundo al Paacume.\n\n En algún momento se valoró la posibilidad de construir un dique para evitar la inundación de esta área de la Reserva Biológica Lomas Barbudal y un tú nel de más de 2 kilómetros para evacuar las aguas; sin embargo, resultó que el sitio del dique coincide con una falla geológica que haría imposible su construcción por el alto riesgo que genera a la obra”. (Lo destacado no es del original).\n\nEstas valoraciones, si bien pueden ser valiosas para ilustrar la situación, no relevan, de forma alguna, que se haya cumplido con el necesario estudio que justifique de forma concreta la desafectación.\n\nb. Informes de SENARA y del Consejo Regional del Área de Conservación\n\nEn el informe de las autoridades del SENARA rendido con posterioridad a la audiencia oral realizada en el trámite de esta acción de inconstitucionalidad se hizo referencia a un Estudio de Factibilidad del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras. Este estudio es de octubre de 2018, es decir, es paralelo a la fecha en que se aprobó la legislación de análisis, a saber, el 17 de octubre de 2018. Por lo que no pudo ser valorado por el órgano parlamentario. Asimismo, tanto en la vista oral, como en el informe posterior, la Gerente General del SENARA hace referencia a que la zona tiene las condiciones ideales para realizar la obra y fundamenta sus afirmaciones en un estudio técnico realizado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) –atendiendo el contrato interadministrativo suscrito entre SENARA-ICE-MINAE 201600011 y sus adendas– según el cual, dadas las condiciones de topografía del área, la zona en cuestión tiene las condiciones ideales para la construcción de un embalse de gran capacidad (ver informe rendido ante la Sala en fecha 15 de junio de 2020). Sin embargo, queda claro que no existe un estudio específico que justifique la desafectación como tal.\n\n En el expediente legislativo constan manifestaciones del propio Consejo Regional del Área de Conservación Arenal Tempisque de julio de 2017, en las que se concluye lo siguiente:\n\n“Basados en el estudio antes mencionado (Consulta obligatoria a las comunidades locales, propuesta de compensación para la Reserva Biológica Lomas Barbudal) y los documentos hasta ahora aportados, esta instancia considera que aún no se ha demostrado que existan otras alternativas del proyecto PACUUME, sin que necesariamente se tenga que desafectar un área de la actual RBLB. Si efectivamente estas alternativas no son viables, será necesario valorar la tercera medida que es la compensación”. (Oficio SINAC-CORACAT-SE-041, visible a folios 126 y 1492 de la copia del expediente legislativo).\n\nAdicionalmente, se hizo llegar al trámite legislativo, el oficio SINAC-CORACAT-049-2018 de 9 de setiembre de 2018, en el que el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional del Área de Conservación Arenal Tempisque enfatiza lo siguiente:\n\n “Con base en la Ley General de Administración Pública y la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional, es necesario que existan los estudios técnicos ambientales, jurídicos y financieros suficientes que justifiquen la selección adecuada, tanto del área a desafectar, como de las áreas que servirían como compensación. Debe verificarse la existencia de estos estudios dentro del expediente de este proyecto de ley, ya que a la fecha este Consejo no cuenta con tal información”. (Folio 2641 de la copia del expediente legislativo. Lo destacado corresponde al oficio original).\n\n De esas manifestaciones se desprende que para estas autoridades el estudio de compensación deberá ser posterior a los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de desafectar las zonas en cuestión y cambiarles, radicalmente, su destino. Es decir, pasarían de ser un bosque tropical seco a convertirse –por la inundación– en un humedal, perdiendo así la riqueza originaria de la zona. Las propias autoridades del Área de Conservación enfatizan que la determinación inicial de desafectar no se encuentra debidamente motivada en un estudio que lo justifique de forma apropiada. En efecto, la propia autoridad rectora del área de conservación en cuestión expuso durante el trámite legislativo que “aún no se ha demostrado que existan otras alternativas del proyecto PACUUME, sin que necesariamente se tenga que desafectar un área de la actual RBLB” (folios 126 y 1494). Además, llamó la atención de los legisladores respecto de la necesidad de que existan los estudios técnicos ambientales, jurídicos y financieros suficientes que justifiquen “la selección adecuada (…) del área a desafectar”.\n\nEn un momento posterior, luego de la determinación técnica sobre la necesidad de desafectar un área silvestre protegida en concreto, se requieren los estudios de compensación, que son aquellos que procuran una especie de resarcimiento ambiental del área suprimida, con otra de igual tamaño y de similares características biológicas. Sobre el particular, los representantes de la OET manifestaron lo siguiente:\n\n “La compensación ambiental ante un impacto ambiental es una medida última, que debe realizarse únicamente en caso de que no pueda evitarse dicho impacto o que este no pueda mitigarse adecuadamente. En consecuencia, cuando los impactos de un proyecto requieren compensación, se está ante una situación en la que es inevitable resarcir un potencial impacto. En esa circunstancia, la discusión no debe centrarse en si se puede o no compensar, sino en cómo lograrla de manera que haya ganancias ambientales”. (Lo resaltado no corresponde al original).\n\nDe lo anterior se podría concluir que incluso la propia OET reconoce que primero debe determinarse con certeza, sobre la base de estudios técnicos, que la desafectación es la última solución posible, y luego corresponde realizar el estudio de las medidas de compensación.\n\n3. El informe de la Procuraduría General de la República\n\n Resulta de gran relevancia para el caso concreto, transcribir en lo conducente algunos pasajes del informe rendido por la Procuraduría General de la República (PGR) en la acción de inconstitucionalidad. Respecto de la necesidad de realizar un estudio previo que justifique la desafectación de porciones de la RBLB, afirmó lo siguiente:\n\n “Por otra parte, aunque se constate la suficiencia del estudio de la OET y de la propuesta final de compensación, debe advertirse que ese estudio técnico únicamente justificaría la validez de la compensación practicada, y, como tal, no es un estudio técnico que justifique directamente la decisión de desafectar una parte de la RBLB.\n\n Atendiendo a la jurisprudencia constitucional sobre el tema, el estudio que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente para justificar la reducción de un área silvestre protegida debería ser un estudio que determine la necesidad y conveniencia de adoptar ese tipo de medida.\n\n  En este caso, un estudio en ese sentido, sería aquel que fundamente técnicamente la necesidad de desafectar parte de la RBLB. Es decir, un estudio que determine que la única alternativa para desarrollar el proyecto PAACUME y el embalse Río Piedras, es desafectando parte de la Reserva Biológica.\n\n  Al respecto, el Consejo Regional del Área de Conservación Tempisque, al referirse al estudio de la OET, indicó que “esta instancia considera que aún no se ha demostrado que existan otras alternativas del proyecto PAACUME, sin que necesariamente se tenga que desafectarse un área de la actual RBLB. Si efectivamente estas alternativas no son viables, será necesario valorar la tercera medida que es la compensación.” (Oficio No. SINAC-CORACAT-SE-041 de 7 de julio de 2017, folios 1492-1497 del expediente legislativo). Y, ese mismo Consejo, después de aprobado el proyecto de ley en segundo debate, indicó que “es necesario que existan los estudios técnicos ambientales, jurídicos y financieros suficientes que justifiquen la selección adecuada tanto del área a desafectar, como de las áreas que servirían como compensación. Debe verificarse la existencia de estos estudios dentro del expediente de este proyecto de ley, ya que a la fecha este Consejo no cuenta con tal información.” (Oficio No. SINAC-CORACAT-049-2018 de 9 de setiembre de 2018, folios 2641-2644).\n\n  En el “Documento Perfil del Proyecto PAACUME” elaborado por el SENARA (Folios 505-621) se parte de que “una de las propiedades dentro del área del embalse pertenece a la Reserva Biológica Lomas Barbudal, con un área aproximada a las 112 ha.” Y se indica que el “área debe de ser compensada con un área aledaña de similares características ecológicas, para lo cual se requiere la elaboración de un estudio de línea base de biodiversidad que demuestre la equivalencia de las áreas de compensación” y se indica que dicho estudio fue elaborado por la OET. (ver folio 557). Algunos de los funcionarios que comparecieron a las sesiones de la Comisión Legislativa que tramitó el proyecto indicaron que técnicamente el proyecto PAACUME no podía desarrollarse sin desafectar e inundar parte de la RBLB, y en el documento denominado “Consulta Obligatoria a las Comunidades Locales. Propuesta de Compensación para la Reserva Biológica Lomas Barbudal” (Folios 622-726), ante una de las preguntas formuladas por uno de los participantes, se indicó que “si no se logran obtener las 113 hectáreas de la RBLB, el proyecto cambia totalmente, ya que sin estas 113 hectáreas de la RBLB las condiciones de la presa, la cantidad de agua a embalsar, el costo del proyecto y el diseño tendría que cambiar totalmente.” (Folio 661).\n\n  Entonces, con base en el criterio de las instituciones a las cuales se les dio audiencia sobre esta acción de inconstitucionalidad, debe valorarse si existe sustento técnico suficiente para justificar la necesidad de desafectar parte de la RBLB para ser utilizada en la ejecución del proyecto PAACUME.\n\n   Si no se constata ese fundamento, la Ley 9610 debe declararse inconstitucional por violación a los principios de irreductibilidad de las áreas silvestres protegidas, objetivación a la tutela ambiental y de no regresión.\n\n En ese supuesto la norma podría resultar contraria a la Convención Ramsar, porque si bien es cierto, ésta no obliga a los Estados a comunicar de previo la decisión de modificar el área de los sitios de importancia internacional, su artículo 4° sujeta esa posibilidad a la existencia de un motivo de urgente necesidad nacional, el cual no estaría debidamente justificado en este caso particular”. (Lo destacado no es del original).\n\nSe observa que la PGR fue enfática en señalar la necesidad de atender los alegatos de los accionantes respecto a este primer agravio, a saber, la obligatoriedad de valorar si se cuenta con un estudio técnico que justifique la desafectación de una particular área protegida como lo es RBLB.\n\nC. Conclusiones sobre el particular\n\n Se constata que las autoridades proponentes del proyecto han aducido de forma insistente que la existencia del estudio de compensación justifica la necesidad de desafectar. Lo anterior refleja, al menos, una seria confusión entre la respectiva finalidad del estudio de desafectación de un área especialmente protegida que se ha integrado al PNE y la del estudio de compensación. Esa confusión –o intento de homologación de dos categorías de estudio que tienen diversa naturaleza– torna injustificada la decisión de desafectar.\n\n Por lo demás, cabe agregar que ambos estudios son distintos del estudio técnico que se requiere para la valoración de la infraestructura que se pretende desarrollar, esto es, un estudio de evaluación de impacto ambiental. Este, en los términos de la Ley Orgánica del Ambiente, es específico para las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos peligrosos y es un requisito indispensable de previo al inicio de las actividades, obras o proyectos:\n\n “Artículo 17 . Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental”.\n\n Entonces, sobre la base del marco normativo y de la jurisprudencia se debe concluir que los estudios técnicos que justifiquen la desafectación y los posteriores estudios de compensación deben ser previos a la decisión legislativa, precisamente porque es exigido que esta se fundamente en aquellos.\n\n Por lo tanto, considero que lleva razón la PGR en el sentido de que la ley cuestionada es inconstitucional por carecer de un estudio que sustente técnicamente la necesidad de desafectar parte de la RBLB. Dicha omisión resulta lesiva de los principios precautorio, no regresión en material ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental.\n\nV. Sobre los estudios de compensación\n\nProcede ahora examinar los agravios, el marco normativo e informes sobre la obligación de realizar estudios de compensación.\n\nA. Los agravios planteados por los accionantes\n\n Los accionantes cuestionaron que se pretendió justificar la reducción del área de RBLB, mediante un estudio incompleto y sesgado realizado por la Organización de Estudios Tropicales (OET). Acusan que se pretende compensar el área desafectada que se intenta inundar con terrenos privados adyacentes a la reserva biológica, incorporando dos propiedades definidas por SENARA. Una sobre la cual no se hizo ningún estudio (propiedad perteneciente a la sociedad Hacienda Ciruelas SP S.A.) y otra sobre la cual se hizo un estudio muy superficial (propiedad perteneciente a la sociedad conocida como Brindis de Amor).\n\n Así, aducen que la ley n.°9610 violenta el artículo 50 de la Constitución Política, por cuanto, según su criterio, no incorpora un estudio serio, integral y objetivo sobre las consecuencias de la desafectación de 113 hectáreas de la RBLB y la sustitución o compensación con unas 500 hectáreas de propiedades privadas que se pretenden incorporar a la reserva biológica. Cuestionan, en este particular, la solidez del estudio realizado por la Organización de Estudios Tropicales (OET), mediante el cual se pretendió justificar la desafectación y compensación. Hacen referencia a otros estudios que ponen en entredicho la consistencia de ese estudio y concluyen que este es “insuficiente para definir el cambio de límites de Lomas de Barbudal, y no demuestra que este cambio será plenamente compensado por áreas adicionales en otros sectores de la Reserva. La finca ASETREK, estudiada con más detalle por los consultores, al final se reconoce como insuficiente para justificar el canje de tierra, y se acude precipitadamente a otras fincas cercanas para balancear la compensación”. Insisten que el estudio realizado por la OET no es completo, objetivo, científico ni técnico, ya que adolece de muchas omisiones y debilidades. Reiteran que tal estudio se centra prácticamente en una porción de una de las tres propiedades privadas con las que se pretenden compensar las 113 hectáreas desafectadas con la ley; pero omite incorporar estudios sobre las condiciones biológicas de las otras dos propiedades, por lo que no se puede determinar de manera científica que se trate de propiedades que efectivamente cuenten con características medioambientales que reemplacen las funciones ecosistémicas del área por desafectar.\n\nB. La obligación internacional de realizar estudios de compensación\n\nRespecto de la necesidad de adoptar medidas de compensación, cuando se trata de desafectar áreas silvestres protegidas que sean humedales o estén integradas a estos existe una obligación internacional establecida en la Convención Ramsar, ley n.°7224 de 9 de abril de 1991, que dispone lo siguiente:\n\n “Artículo 2.5. Las partes contratantes tendrán derecho a añadir a la \"Lista\" otras zonas húmedas situadas en su territorio, a ampliar las que ya están inscritas o, por motivos urgentes de interés nacional, a retirar de la \"Lista\" o a reducir los humedales ya inscritos e informarán de estas modificaciones, lo más rápidamente posible, a la organización o al gobierno responsable de las funciones de la Oficina permanente especificados en el artículo 8º”.\n\n“Artículo 4. 1. Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la \"Lista\", y atenderá de manera adecuada su manejo y cuidado.\n\n 2. Cuando una parte contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire o reduzca una zona húmeda inscrita en la \"Lista\", deberá compensar, en la medida de lo posible, cualquier pérdida de recursos en los humedales y, en especial, deberá crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección, en la misma región o en otro sitio, de una parte adecuada de su hábitat anterior. 3. Las partes contratantes fomentarán la investigación y el intercambio de datos y de publicaciones relativas a las zonas húmedas, a su flora y a su fauna”. (Lo resaltado no corresponde al original).\n\nDe estas normas se desprende la obligación del Estado de realizar una compensación que, en la medida de lo posible, remedie la pérdida de recursos en los humedales y crear nuevas reservas naturales para la protección en la misma región.\n\nC. Informes de las autoridades que constan en el presente expediente\n\n1. Informe de la Procuraduría General de la República.\n\nLa PGR manifestó en su informe que en caso de determinarse que el estudio de la OET y la propuesta final de compensación de la RBLB son insuficientes técnicamente, la ley impugnada resultaría inconstitucional por violación a los principios de objetivación de la tutela ambiental, precautorio, preventivo y de irreductibilidad de las áreas silvestres protegidas. En efecto, no se estaría garantizando que la variación de los límites aprobada no afecta la integridad de la RBLB y no se estaría mitigando adecuadamente el impacto ambiental generado por la desafectación de una parte de dicha reserva biológica. También, ello resultaría contrario a la obligación que establece el artículo 3° de la Convención Ramsar de favorecer la conservación de las zonas húmedas inscritas en la lista de humedales de importancia internacional.\n\n2. Informe de la presidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa\n\n La presidenta de la Asamblea Legislativa en su informe señala que en el expediente legislativo consta el estudio denominado “Establecimiento de línea Base de Biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y finca adyacente” realizado por la OET, en el que se efectuó un análisis comparativo entre la reserva y terrenos aledaños previamente seleccionados para conocer las condiciones de similitud y factibilidad de utilizarse como reemplazo ecológicamente equivalente. Explica que la OET realizó el estudio correspondiente basándose en los lineamientos establecidos por el SENARA y explicó que la OET pudo comprobar que el área de la RBLB que se pretendía desafectar estaba en mejores condiciones ecológicas que las áreas que se proponían para compensar, en una proporción de 3 a 1, o sea que, por cada hectárea que se desafectara se debería compensar 3. Asevera que, al revisar en detalle se determinó que uno de los objetos de creación de la RBLB, precisamente la conservación y protección del bosque ripario, no estaba representado dentro de la finca ASETREK, la cual era la propuesta para compensar las 113 hectáreas que se desafectarían. Justifica que fue por lo anterior que se dio la necesidad de buscar otros terrenos aledaños que tuvieran bosque ripario para compensar el faltante de ese ecosistema en la propuesta de compensación. Señala que debido a que lo que se requería era únicamente buscar el bosque ripario, los estudios en las fincas Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas no profundizaron con el mismo detalle que los estudios de ASETREK ; sin embargo, dice que aun así la OET sí realizó un estudio de caracterización de la Finca Brindis de Amor, como complemento de compensación, el cual se encuentra visible en los folios del 209 al 215 del estudio.\n\n3. Informe del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento\n\nEstas autoridades explicaron que el estudio fue realizado por la OET y prevé que la compensación del área, consista en que, por la desafectación de 113 hectáreas se incorporen 556 hectáreas. Arguye que la OET recomienda que se adquieran como mínimo 332 hectáreas de la finca ASETREK, sin embargo, para facilitar el manejo y el control de incendios se tomó la decisión de incorporar 444 hectáreas de ASETREK, por lo que se compensan todos los diferentes ecosistemas que se encuentran dentro de las 113 hectáreas de RBLB, a excepción del bosque ripario. En consecuencia, aclara que la incorporación de las fincas Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas a la propuesta de compensación se realizó por recomendación del administrador de Lomas Barbudal, basándose en que cuentan con terrenos de bosque ripario en condiciones adecuadas de conservación, así como con las nacientes principales del río Cabuyo y quebrada Amores.\n\n4. Organización de Estudios Tropicales\n\n Por su importancia, se transcriben en lo conducente pasajes relevantes del informe realizado por la OET, que fue el insumo técnico de la compensación realizada en el caso concreto. Dicho informe indica en su resumen ejecutivo, lo siguiente:\n\n “El sitio de afectación en Lomas de Barbudal posee tres tipos de ambientes, cada uno correspondiendo a una cobertura forestal distinta: bosque deciduo, bosque secundario y bosque maduro asociado a las quebradas en el sitio y por lo tanto, llamado aquí bosque ripario. El bosque deciduo representa el 70% de la cobertura forestal en ese sitio, y corresponde a un estadío de sucesión temprano caracterizado por ser abierto y estar constituido por especies pioneras y por presentar una baja densidad de árboles. El bosque secundario posee mayor estructura y corresponde a un estadio más avanzado donde persisten árboles dominantes. Finalmente, el bosque ripario, integrado principalmente por especies siempre verdes y con árboles dominantes, es uno de las asociaciones vegetales más amenazadas de la región. Cerca de 30 hectáreas existen en el sitio de afectación, lo que representa cerca del 11% de la cobertura de ese tipo de asociación de la Reserva Biológica. El sitio de compensación también es heterogéneo en cobertura forestal y cuenta con bosque deciduo, bosque secundario y zonas de pastizal y no forestales. Este sitio no dispone de bosque ripario. \n\n Así, el sitio en la Reserva Biológica produjo estimados de riqueza de especies mayores que los estimados en el potencial sitio de compensación en ASETREK. Además, las especies encontradas en la Reserva Biológica no son las mismas que las encontradas en ASETREK: las mayores similitudes en composición se encontraron en la comunidad de anfibios, familias de artrópodos y aves, con 79%, 76% y 62% de especies compartidas, mientras que para plantas leñosas y mamíferos los sitios comparten tan solo el 55% y 50% de sus especies. Para reptiles, peces y plantas herbáceas los sitios en Lomas de Barbudal y ASETREK comparten 39%, 34% y 33% de las especies. Esas discrepancias hacen que la composición de especies en ASETREK represente cerca del 45 % de la cuantificada en la referencia.  Nuestros análisis revelan que en general, el sitio potencial de inundación en Lomas de Barbudal posee mayor estructura, más árboles dominantes, biomasa y potencial para fijar carbono. El aporte del bosque ripario a estos indicadores es innegable, pero también se observaron diferencias entre las coberturas de bosque secundario de Lomas de Barbudal y la de ASETREK, este último mostrando los valores más bajos. Estas diferencias indican que el ambiente en el sitio de compensación en ASETREK ha sido más perturbado que el sitio en Lomas de Barbudal. En término de estructura y calidad del ambiente, el hábitat en ASETREK obtuvo un menor puntaje que la referencia, equivalente a un 51.2% de su calidad. La incertidumbre derivada de la heterogeneidad de los ambientes presentes reduce el estimado de puntuación de calidad del ambiente, por lo que el mínimo valor de calidad de ambiente posible estimada a partir de nuestros datos resulta en 34 pts. Al tratarse de un ambiente de menor calidad, se requeriría de unas 332 hectáreas de un hábitat como el observado en ASETREK para compensar la pérdida de las 113 hectáreas de la referencia. Por lo tanto, el sitio de potencial compensación en ASETREK es inferior en calidad de ambiente, composición y biodiversidad al sitio que sería impactado directamente por el Embalse Rio Piedras dentro de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Siguiendo el procedimiento para la estimación del área necesaria para resarcir pérdidas derivadas del impacto, recomendamos anexar al menos 332 Ha del tipo de hábitat observado en el sitio potencial de compensación para resarcir las pérdidas que sufrirá la Reserva Biológica Lomas de Barbudal por el Embalse Piedras. Una propuesta es asignar la parte boscosa de ASETREK como área de compensación. Para ello se requiere segregar 444 Ha de dicha propiedad, con el fin de unir los fragmentos de bosque disponibles. Aún asi, ese terreno no incluye la cobertura de bosque ripario, por lo que se sugiere anexar adicionalmente a Bridis de Amor, una propiedad de 86 Ha adyacente al extremo norte de la Reserva Biológica y que posee casi 16 hectáreas de bosque ripario. La incorporación de ambas propiedades (ASETREK segregado y Brindis de Amor) suponen la anexión de 530 hectáreas en compensación por las 113 Ha que se perderían en la Reserva Lomas de Barbudal”.\n\n Sobre el agravio planteado por los accionantes, en el sentido de que el estudio de OET fue realizado con ligereza y que, con posterioridad, añadieron unas fincas sin un estudio similar al que se realizó respecto de la finca ASETREK, afirmaron lo siguiente:\n\n “En el noreste de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, existen propiedades privadas con fragmentos de bosques riparios y secundarios. De hecho, un examen rápido revela que en las cercanías de la Quebrada Amores existen condiciones boscosas que podrían ser de interés de protección. Una de ellas es Brindis de Amor, una propiedad de cerca de 86 Ha que limita con la Reserva Lomas de Barbudal y cuya cobertura boscosa ha sido protegida por su propietario Carlos Jiménez en los últimos veinte años (Figura 47). (…)\n\n 1. Los resultados de nuestro estudio, tanto en calidad de habitat como en composición de comunidades, revelan la necesidad de resarcir la pérdida en Lomas de Barbudal a partir de al menos 332 Ha de hábitat boscoso. Sin embargo, para lograr ese número de hectáreas en ASETREK, se requiere incluir parte del bosque deciduo en la ladera este de la propiedad, cuya calidad es inferior (por tener mayor pendiente) a la del lado oeste. Además no se cuenta con ningún fragmento de bosque ripario-maduro, lo que sin duda constituye un desacierto en la capacidad de compensación de la propiedad ASETREK evaluada en nuestro estudio. 2. La propiedad de Brindis de Amor posee 15.87 ha de bosque ripario-maduro. Aunque el análisis de la composición de este fragmento fue preliminar, nuestras observaciones de campo indican que está constituido por especies siempreverdes similares a las encontradas en la misma cobertura en RBLB y que es comparable en área basal (Figura 49) a la del fragmento encontrado en el sitio potencial de inundación en Lomas de Barbudal. Si bien es cierto que la extensión del bosque ripario en Brindis de Amor es menor a la que se perdería en Lomas de Barbudal, (…)\n\n De hecho, el área de bosque ripario en Brindis de Amor representa un 7.4 % del área cubierta por ese tipo de bosque dentro la Reserva Biológica actualmente.  3. El área de bosque ripario en Brindis de Amor puede constituirse un área núcleo de especies para repoblar otros ambientes riparios en la propiedad. Aunque esta situación no es cronológicamente correspondiente a la pérdida en Lomas, si es una considerable ventaja por sobre la propiedad de ASETREK, que carece de dicho núcleo. Nuestras observaciones en el sitio muestran gran reclutamiento de especies arbóreas típicas de bosques riparios, como son el espavel Anacardium excelsum y el terciopelo Sloanea terniflora.  4. Tanto el bosque deciduo como el secundario han sido protegidos en Brindis de Amor por al menos veinte años. En contraste con ASETREK, la propiedad de Brindis de Amor tiene una pendiente leve y la cobertura boscosa en mejor condición de estructura y composición que los encontrados en la propiedad de ASETREK. A diferencia de ASETREK, no hay registros de talas ni fuegos recurrentes, aunque sí hay evidencia de fuego entrando a la propiedad por lado sur.  5. Aunque este estudio no incluyó un análisis de composición de especies en su bosque secundario o deciduo, la protección que se le ha dado a estas coberturas en Brindis de Amor podría significar que estas coberturas se encuentren en mejores condiciones que sus homónimas en ASETREK. (…)\n\nAl sur de Brindis de Amor se localiza el Rancho Wilson, que posee un fragmento boscoso protegido y que podría ser de interés para protección al reducir la mencionada península (Figura 50). Sin embargo, argumentamos que precisamente debido a la protección que actualmente se le brinda a ese fragmento en Rancho Wilson, la anexión de Brindis de Amor podría ser una alternativa más adecuada para consolidar el bloque de bosque ripario en el norte de la Reserva. En nuestra visión, esta anexión permitiría negociar con Rancho Wilson la futura incorporación del fragmento de bosque remanente en dicha propiedad. Además, la protección de un segmento del río Cabuyo se conseguiría a partir de la protección del área actualmente oocupada por Brindis de Amor”. (En el informe rendido ante la Sala aclararon que donde se señala Rancho Wilson, se refiere, en realidad, a la Hacienda Ciruelas).\n\n De manera que el propio estudio técnico pone en evidencia lo informado posteriormente en la acción de inconstitucionalidad, por el encargado de realizar el estudio de la línea base. En el informe rendido a la Sala se reconoció que la integración de estas dos fincas se hizo con el propósito de mejorar la propuesta de compensación original, pero “estas áreas no fueron analizadas con la profundidad que lo hicimos en ASETREK”. En el informe rendido a esta Sala, en lo conducente, señala lo siguiente:\n\n“El empleo de Brindis de Amor como sitio de forrajeo demuestra la importancia biológica de esta propiedad y lo acertado que sería protegerla. El anexar una fracción de la Hacienda Ciruelas obedece a evitar dejar una península en el contorno de la RBLB de anexarse Brindis de Amor, lo que contravendría las nociones básicas del diseño de reservas, que trata de minimizar el efecto de borde y su afectación a las especies que se desean proteger. Además, esa fracción contiene también un fragmento de cobertura riparia. En nuestro propio informe indicamos que, de tener que decantarse entre una de esas dos propiedades, se sugiere que se adquiera Brindis de Amor puesto que Ciruelas ya está manteniendo alguna protección en esa zona de su propiedad. Nuestros detractores indican que el estudio no evaluó esas propiedades. Eso no es del todo correcto, pues como se menciona anteriormente si hubo una evaluación de vegetación en la propiedad Brindis de Amor. La razón por la que no se evaluaron otros grupos taxonómicos (fauna) es que: (1) ya hay evidencia de la importancia de ese lugar para la fauna de la RBLB; (2) el incluir esta propiedad complementa la propiedad de ASETREK; (3) Brindis de Amor efectivamente fue identificada después de que se apostara por compensar con ASETREK. El fragmento en la Hacienda Ciruelas (llamado por error Rancho Wilson en nuestro informe) efectivamente no fue evaluado. Sin embargo, vuelvo a reiterar que asumir la protección tanto esta propiedad como Brindis de Amor vendría a dar un mejor servicio al ambiente que pretende conservar la RBLB”. (Informe rendido por Dr. Mahmood Sasa Marín en virtud de la audiencia conferida como prueba para mejor resolver).\n\nD. Conclusiones sobre el particular\n\nA partir de las manifestaciones realizadas por las propias autoridades que constan en el expediente de la acción de inconstitucionalidad, es posible concluir que el estudio de compensación realizado para el caso concreto no fue ejecutado con idéntica rigurosidad en la incorporación de la finca ASETREK, respecto de la integración posterior de otras dos fincas llamadas Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas.\n\n Como se señaló supra, la disconformidad de los accionantes es que el informe final “Establecimiento de la línea Base de Biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y finca adyacente” omite incorporar estudios sobre las condiciones biológicas de las otras dos propiedades, por lo que no se puede determinar de manera científica que se trate de propiedades que efectivamente cuenten con características medioambientales que reemplacen las funciones eco sistémicas del á rea por desafectar.\n\n La PGR insistió en la necesidad de la solidez de dicho estudio, pues de lo contrario, existe un peligro de que no se estaría mitigando adecuadamente el impacto ambiental generado por la desafectación de una parte de dicha reserva biológica.\n\n La Presidencia de la Asamblea Legislativa evidenció que efectivamente los estudios en las fincas Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas no se ejecutaron con el mismo detalle y rigor respecto del estudio que se realizó a la finca ASETREK. El resto de autoridades coincidieron en que la evaluación integral de la referida finca dio como resultado la carencia en la compensación de bosque ripario, prioridad en la protección medio ambiental por ser casi única en el país. Esto motivó a que se adoptaran recomendaciones de las propias autoridades del Área de Conservación de integrar otras dos fincas. Sin embargo, respecto de estas dos fincas que se integraron a la compensación con posterioridad, no se realizó el estudio biológico y de equivalencia de biodiversidad con similares parámetros de exigencia y disciplina. Además, según las propias consideraciones de OET, que fue el ente encargado del estudio, el análisis respecto de la Finca Brindis de Amor fue meramente preliminar, no incluyó un análisis de composición de especies en su bosque secundario o deciduo y no se realizó ningún estudio de fauna. Asimismo, la decisión final de incluir la Hacienda Ciruelas, si bien denota un afán de asegurar una adecuada compensación, no se respaldó en ningún estudio científico que dé cuenta de la equivalencia y de la obligada compensación de recursos naturales. El responsable de estudio reconoció que “el fragmento en la Hacienda Ciruelas (llamado por error Rancho Wilson en nuestro informe) efectivamente no fue evaluado”.\n\nA lo anterior, conviene añadir que sobre la base de un estudio de diez meses en el que se valoró fauna, flora, estructura de hábitat, servicios ecosistémicos y atributos físicos, y que incluyeron muestreos tanto en época seca como en la temporada lluviosa se concluyó que la finca ASETREK no era suficiente para compensar las áreas de bosques desafectados en RBLB. Por eso, con mucha más razón, no se advierte cuál es la base para realizar unas inclusiones, en el último momento, que puedan realmente cumplir los requerimientos de compensación exigidos en cuanto a especies de fauna, bosques y fijación de carbono.\n\n Por lo tanto, estimo que las deficiencias detectadas en los estudios, las cuales fueron reconocidas por las autoridades que intervinieron en este proceso de constitucionalidad, son lesivas de los principios constitucionales ya señalados y que, en términos generales, obligan al Estado a adoptar decisiones relacionadas con la reducción de áreas silvestres protegidas sobre la base de un estudio técnico debidamente fundamentado.\n\nVI. Conclusiones\n\n Las consideraciones realizadas permiten concluir que hay cuatro tipos de estudios en esta materia que no son homologables: 1) el estudio que justifique la desafectación de un área protegida, 2) el estudio de compensación de la desafectación de un área protegida, 3) el estudio de impacto ambiental de un proyecto de infraestructura. Aparte está el estudio de factibilidad de la realización de un proyecto de infraestructura. En el caso de la ley bajo examen, se omitió hacer el primero, se hizo deficientemente el segundo y el tercero está por hacer (según correspondería luego de tener los dos primeros, y de promulgarse la ley). El estudio de factibilidad del proyecto no sustituye en parte ni en su totalidad ninguno de los tres anteriores. Por tal motivo, estimo que llevan razón quienes señalan que la normativa cuestionada resulta inconstitucional por la infracción a los principios precautorio, no regresión en materia ambiental, irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental, que deben regir la toma de decisiones en esta materia.”\n\nIII.- El accionante también reclama que se aprobó la ley impugnada, pese que no existían los recursos financieros para efectuar la expropiación (para adquirir los terrenos que se utilizarían para la compensación), sea, que no existen recursos suficientes para garantizar la adquisición de los terrenos que se utilizarían para “compensar” el daño ocasionado y para asegurar su adecuada protección y el manejo a largo plazo.\n\nRespecto a este extremo, la Sala desestimó la acción, por unanimidad, al considerar que:\n\n“B.- Sobre la acusada transgresión al artículo 176 de la Constitución Política y a los principios de equilibrio presupuestario, razonabilidad y proporcionalidad, economía y eficiencia. Los accionantes aducen que no se hicieron estudios socioeconómicos que justifiquen por un lado la desafectación y por el otro el aumento de la RBLB con casi 500 hectáreas de terrenos privados. Reprochan que no se contaba con el financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla; y que ni siquiera existía un avalúo de las propiedades. Manifiestan que no se cumplió con el requisito de verificar la existencia de recursos financieros suficientes para adquirir los terrenos del área propuesta, y que el ordinal 36 de la Ley del Ambiente establece que para crear nuevas áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera que sea la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente, entre otros requisitos, con el financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla. Sostienen que ese requisito no s e cumplió en el caso de la le y n.º 9610.  Indican que el presupuesto ordinario del 2018, en ejecución para cuando se aprobó la ley n.º 9610, no contenía una partida presupuestaria para pagar las expropiaciones de las propiedades privadas que se incorporaron a la RBLB. Agregan que ese incumplimiento vio lenta el principio de equilibrio presupuestario (artículo 176 de la Constitución Política), ya que mediante esa ley se asumieron nuevas obligaciones de pago sin que estuviera n previstas en la ley de presupuesto, lo que es requisito para ampliar áreas protegidas. Añaden que, para poder hace r esa desafectación, se compensa con más de 500 hectáreas de terrenos privados; sin embargo, surge el cuestionamiento de por qué se escogieron es as y no otras propiedades colindantes con la RBLB, incluso terrenos de menor valor o terrenos que ya pertenecen al Estado colindantes con la reserva biológica Lomas de Barbuda y que tienen una categoría de protección muy inferior a la de una reserva biológica (más de 300 hectáreas).  Por ello, alegan la violación del principio de razonabilidad, proporcionalidad, economía y eficiencia, ya que no se justifica una erogación de dinero de miles de millones de colones para compensar 113 hectáreas de la RBLB que s e desafectan mediante esta ley que se impugna, cuando existen opciones sin costo o mucho menor para el Estado. Menos aún, cuando la ley obliga a expropiar más de 500 hectáreas para compensa r 113 hectáreas que se están desafectando, pudiendo perfectamente incorporársele a la RBLB más de 300 hectáreas del Estado que tienen una categoría de manejo y protección inferior a la de un parque nacional o reserva biológica, sin costo alguno para el erario público. Advierten que tampoco se revisaron todas las propiedades es adyacentes a la RBLB, para encontrar la manera de compensar a un menor costo posible. Finalmente, refieren que el análisis de costo-beneficio no se hizo con todas las propiedades adyacentes a la RBLB.\n\n A partir de lo anterior, es importante precisar, que la competencia de este Tribunal, en relación con el principio del Equilibrio Presupuestario derivado del numeral 176 de la Constitución Política, se ciñe a un análisis de nivel macro, y no de una situación en particular como la de estudio. Tal y como lo señal a la Procuraduría General de la República, la discusión acerca de si se ha incluido en el presupuesto ordinario la partida específica destinada a cubrir las expropiaciones que se requieren para la compensación de la RBLB, no está referida a la violación de este principio.\n\nPor lo demás, no puede obviarse lo ya indicado en esta sentencia, en el sentido que se está ante una ley condicionada, cuya eficacia queda supeditada a que el estudio de impacto ambiental pendiente del proyecto PAACUME, confirme los resultados previos, y se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de un desarrollo sostenible, de equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población, que sirva para justificar la medida, así como para determinar que la compensación del área contemple tanto el elemento cuantitativo como el cualitativo. Por ende, si falta el referido estudio de impacto ambiental, que condiciona -según se indicó- la eficacia de la ley cuestionada y el eventual inicio de la fase de ejecución del proyecto, entonces resulta prematura la exigencia de una efectiva determinación y previsión de los recursos financieros necesarios para ejecutar una futura expropiación, en tanto aún no existe un proceso tendente a expropiar un fundo. Adicionalmente, en lo que se refiere a la adecuada protección y administración de la RBLB, debe tomarse en consideración que la propia normativa impugnada está garantizando su fortalecimiento, pues, entre otros aspectos, se asignan recursos económicos para la administración y manejo de recursos naturales. Ergo, tampoco se constata que, en cuanto a este punto, se configure una afectación o perjuicio ambiental. \n\n De otra parte , la alegada  inconformidad por el supuesto alto  costo económico para el país que significa desafectar y compensar esa área con esas propiedades y no otras diferentes,  tampoco configura un argumento susceptible de  análisis de constitucionalidad,  sino de discrecionalidad, cuestión en la  que el legislador cuenta con amplio margen -libre configuración-, en este  caso, siguiendo, lógicamente, criterios técnicos, de  conveniencia y oportunidad para la  escogencia de un terreno cuando así lo impongan razón de interés público debidamente comprobado, tal y como se da en el presente caso; amén que la disminución de la cabida de un área silvestre protegida y su compensación, no debe responder únicamente a un criterio económico, sino también a los atributos ecológicos del terreno,  a fin de que reúna condiciones ambientales equivalentes al área desafectada.  De manera que ello implicaría igualmente un análisis técnico que no es propio de ser verificado en esta jurisdicción.” (El destacado no corresponde al original)\n\nPor su parte, la Magistrada Garro Vargas consignó nota en el siguiente sentido:\n\n“II. Sobre el dimensionamiento de los efectos de la legislación cuestionada\n\nEn relación con los efectos de la legislación impugnada se hace necesario transcribir en lo conducente lo manifestado por PGR en el informe de esta acción de inconstitucionalidad:\n\n “La Ley 9610 presenta ciertas particularidades con respecto a otras normas legales que pretenden disminuir la medida de áreas silvestre protegidas, pues, en este caso, la decisión de desafectar parte de la RBLB no está motivada en la pérdida de valor ambiental o de la necesidad de proteger la zona, sino, exclusivamente, en la necesidad de desarrollar una obra de infraestructura como parte de la ejecución del proyecto PAACUME. Es decir, la desafectación autorizada interesa únicamente para el desarrollo de dicho proyecto.\n\n Con base en lo anterior, la Procuraduría estima que, aparte de las observaciones apuntadas en el segmento anterior, un defecto de la Ley que podría causar su inconstitucionalidad, es que no se contempló ninguna disposición que dimensionara los efectos de la desafectación efectuada hasta el momento en el que el proyecto se ejecute, pues, la decisión de desafectar tiene sentido y justificación únicamente si dicho proyecto se lleva a cabo. Si por alguna razón el proyecto no es desarrollado, la desafectación practicada no tendría ningún sentido, y, por tanto, ésta no tendría justificación alguna.\n\nLa justificación de la desafectación depende de la eventual ejecución del proyecto, que podría verse impedida por varias razones. Por ejemplo, porque –como argumentan los accionantes- no se otorgue la viabilidad ambiental al proyecto, porque no exista financiamiento necesario, porque se pierda interés en desarrollarlo o porque, por algún otro motivo sea imposible ejecutarlo.\n\n Además, debe tenerse en cuenta que la garantía de la no afectación a la RBLB yace en la medida de compensación propuesta. Pero, lo cierto es que, con la ley impugnada se desafectó una parte de la Reserva y, pese a que se incluyó dentro de sus límites el área de compensación, esos terrenos son propiedades privadas que no han sido expropiadas. Con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, hasta que esas propiedades no sean expropiadas o compradas, no pueden pasar a formar parte del área silvestre protegida, y, por tanto, la compensación propuesta no se ha materializado. En otras palabras, con la emisión de la Ley 9610, el área de la RBLB se disminuyó y la afectación generada por esa disminución no ha sido compensada., en contravención con lo dispuesto por el principio precautorio y preventivo.\n\nSi por alguna razón el proyecto no es desarrollado y tampoco se ejecutan las expropiaciones necesarias para efectuar la compensación propuesta, la Ley 9610 habría desafectado la RBLB en vano, sin existir una justificación válida y sin haber compensado y mitigado los efectos generados por esa disminución. Ello constituiría una violación al principio de irreductibilidad de las áreas silvestres protegidas, de no regresión, precautorio y preventivo, e, incluso, una violación a la Convención Ramsar al no existir un motivo de urgente necesidad para justificar la disminución del área de uno de los sitios de importancia internacional.\n\nPor lo tanto, sin perjuicio de lo que se constate en cuanto a la suficiencia de los estudios y criterios técnicos antes señalados, la Procuraduría estima que, por lo recién indicado, la Ley 9610 podría resultar inconstitucional, a menos que se interprete que la desafectación que autoriza surtirá efectos hasta el momento en que el proyecto se ejecute y se expropien los terrenos necesarios para que opere la compensación propuesta”. (Lo  resaltado no corresponde al original).\n\nDichas manifestaciones son sumamente relevantes y ponen en evidencia que el legislador competente no introdujo ningún dimensionamiento respecto de los efectos de la legislación examinada en esta acción de inconstitucionalidad.\n\n Asimismo, a la luz de las manifestaciones de la PGR, se hace preciso señalar que si bien se coincidió con el voto de mayoría en el sentido de que no había legitimación para conocer de una eventual infracción al derecho a la propiedad privada, consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política, es lo cierto que se advierte que la eficacia de la compensación propuesta está supeditada a la expropiación de los terrenos que se contemplaron para esos efectos y la correspondiente indemnización hacia los accionantes. Es decir, la materialización de la compensación está condicionada a que, de manera efectiva, se expropien los terrenos objeto del estudio de compensación. En este momento, mientras no se haya perfeccionado la expropiación, los terrenos no están sometidos a un régimen de protección ambiental (una especie de medida cautelar) y tampoco se ha consolidado la compensación ofrecida como parámetro de legitimidad de la norma de desafectación.\n\n La falta de un dimensionamiento por parte del propio legislador hace descansar la legitimidad de esta compensación en una expropiación que no se ha concretado y que compromete la constitucionalidad de la normativa de análisis. Incluso, pone de manifiesto que ya se realizó el cambio de coordenadas desafectando RBLB, pero no se introdujo una condición resolutoria y unas previsiones sobre las consecuencias de que no se lleve a cabo el proyecto. Es decir, surge la interrogante sobre qué sucede con la desafectación de esta importante reserva biológica en el supuesto de que el proyecto de infraestructura no se logre ejecutar.\n\n Con todo respeto, considero  que sobre el particular no es suficiente la solución ofrecida por la mayoría de esta Sala en el sentido de que se trata de una ley condicionada, pues lo cierto es que ya se realizó el cambio de coordenadas correspondiente, sin ofrecerse una claridad sobre los efectos de que no se ejecute el proyecto de infraestructura que se pretende llevar a cabo.”\n\nIV.- El accionante acusa, asimismo, que se afecta un sitio RAMSAR, pero, previamente, no se ha acreditado, ni declarado formalmente, la existencia de “motivos urgentes de interés nacional”, como así lo exige el artículo 2 de la Convención Ramsar. Sobre este aspecto, este Tribunal, por unanimidad, desestimó la acción, al concluir que:\n\n“(…) Por otro lado, los accionantes cuestionan que no se notificó a RAMSAR sobre la desafectación del á rea de la RBLB, ni tampoco del cambio en los límites de esa reserva biológica, lo que supone una omisión que infringe los compromisos internacionales de nuestro país y, por ende, una violación al artículo 7 de la Constitución Política. Al respecto procede indicar que, si bien  la “Ficha técnica para ampliación del Sitio Ramsar Palo Verde, Costa Rica” evidencia que  la RBLB forma parte de ese sitio , el inciso 2 del artículo 4 del instrumento internacional mencionado  faculta a los Estados a  retirar los humedales o reducirlos, por motivos urgentes de interés nacional, en cuyo caso debe  compensarse, en la medida de lo posible, la pérdida de recursos y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar. Precisamente, corresponde a cada Estado determinar los “motivos urgentes de interés nacional”, por lo que no se considera irrazonable que la Asamblea Legislativa emita una ley que tenga como parte de sus fines dotar de recurso hídrico a parte de la provincia de Guanacaste y así ve lar por su aprovechamiento sostenible. Asimismo, de la lectura del convenio referido no se desprende alguna obligación (que implique algún vicio de inconstitucionalidad) de comunicar a RAMSAR previamente la desafectación del área protegida y, en todo caso, bastaría con realizar la notificación correspondiente, ya que el Estado, siempre y cuando cumpla con los compromisos internacionales que adquirió y con los parámetros internos (como los que ha fijado esta jurisdicción), tiene la potestad de hacerlo.  Por consiguiente, se desestiman los alegatos de los accionantes.”\n\nLa Magistrada Garro Vargas también consignó nota respecto a este extremo, en el siguiente sentido:\n\n“I. Sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales \n\nLos accionantes cuestionaron que, dado que la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (LBLB) forma parte del humedal de Palo Verde, el Consejo Regional del Área de Conservación Arenal Tempisque advirtió, en su momento, a la Asamblea Legislativa que era necesario que se comunicara a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar) la intención de realizar este proyecto y activar cualquier otro procedimiento para cumplir con los compromisos del país.\n\n Acusan que, pese a lo anterior, el Estado no ha notificado a Ramsar sobre la desafectación del área de la RBLB, ni el cambio en los límites de esa reserva biológica, lo que supone una omisión que infringe los compromisos internacionales de nuestro país y, por ello, una violación al artículo 7 de la Constitución Política.\n\n Es preciso citar en esta nota, nuevamente, lo dispuesto en lo conducente por la Convención Ramsar, la cual señala en el artículo 2.5 lo siguiente:\n\n“ Las partes contratantes tendrán derecho a añadir a la “Lista” otras zonas húmedas situadas en su territorio, a ampliar las que ya están inscritas o, por motivos urgentes de interés nacional, a retirar de la “Lista” o a reducir los humedales ya inscritos e informarán de estas modificaciones, lo más rápidamente posible, a la organización o al gobierno responsable de las funciones de la Oficina permanente especificados en el artículo 8º”. (Lo resaltado no corresponde al original).\n\nAdicionalmente, el artículo 4 señala:\n\n“1. Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la \"Lista\", y atenderá de manera adecuada su manejo y cuidado.\n\n 2. Cuando una parte contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire o reduzca una zona húmeda inscrita en la \"Lista\", deberá compensar, en la medida de lo posible, cualquier pérdida de recursos en los humedales y, en especial, deberá crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección, en la misma región o en otro sitio, de una parte adecuada de su hábitat anterior. 3. Las partes contratantes fomentarán la investigación y el intercambio de datos y de publicaciones relativas a las zonas húmedas, a su flora y a su fauna”. (Lo resaltado no corresponde al original).\n\nEs decir, esa norma reitera que cuando una parte, por motivos urgentes de interés nacional, retire o reduzca una zona húmeda inscrita en la “Lista”, deberá compensar en la medida de lo posible cualquier pérdida de recursos en los humedales y, en especial, deberá crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección en la misma región o en otro sitio.\n\n Con fundamento en el propio texto normativo, es preciso concluir que el Estado costarricense no ha incurrido en una infracción a sus obligaciones internacionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto el propio instrumento internacional de análisis no señala en qué momento exacto se debe realizar la compensación y la respectiva comunicación a la Oficina Permanente creada por el artículo 8 del mismo instrumento.\n\n Por otra parte, es preciso señalar que, si bien se han detallado razones de interés público para la realización de un proyecto que procura solucionar a largo plazo el faltante de agua en la provincia de Guanacaste, no se ha constatado que, a la fecha, haya existido propiamente una declaratoria formal de los motivos urgentes de interés nacional para la desafectación cuestionada de RBLB como parte del Parque Nacional Palo Verde. Cabe recordar lo informado por la Procuraduría General de la República (PGR) en este particular, que apuntó en lo conducente lo siguiente:\n\n “En ese supuesto la norma podría resultar contraria a la Convención Ramsar, porque si bien es cierto, ésta no obliga a los Estados a comunicar de previo la decisión de modificar el área de los sitios de importancia internacional, su artículo 4° sujeta esa posibilidad a la existencia de un motivo de urgente necesidad nacional, el cual no estaría debidamente justificado en este caso particular”. (Lo resaltado no corresponde al original).\n\nDe lo cual es preciso concluir que, si bien no existe un plazo para la notificación a la oficina competente Ramsar, sí existe la obligación del Estado costarricense de justificar la decisión en “un motivo de urgente necesidad nacional”; todo lo cual deberá ser calibrado por el Estado costarricense para no incurrir en responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones soberanamente admitidas.”\n\nV.- Finalmente, el accionante asevera que existe un problema en cuanto a la debida definición o delimitación de los linderos, según lo advirtió el Instituto Geográfico Nacional. Se alega lesión al principio de objetivación de la tutela ambiental, en tanto se omitió la verificación técnica de la consignación de límites. \n\nEn cuanto a este reproche, esta Sala, por unanimidad, consideró:\n\n“(…) En relación con la acusada violación al artículo 45 de la Constitución Política, al numeral 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa y al principio de seguridad jurídica, la acción se declara inadmisible. Sobre este punto, los accionantes acusan que la ley n.º 9610 violenta el artículo 45 de la Constitución Política, ya que se priva, sin indemnización previa, de la propiedad privada a tres personas jurídicas para incorporarle a la RBLB casi 500 hectáreas de propiedades privadas como compensación. Reclaman  que la  aprobación de la ley que impone tales limitaciones requiere de 38 votos y, en el caso concreto, si bien se superó  esa cantidad, buena parte del procedimiento parlamentario se realizó mediante un procedimiento  abreviado basado en el artículo 208 bis del Reglamento de la  Asamblea Legislativa, lo que implica la inconstitucionalidad de la ley por  violación al procedimiento parlamentario, ya que  ese procedimiento abreviado está vedado para proyectos que requieren para su aprobación el voto de una mayoría  calificada de diputados. Mencionan que por la forma en que se decide expropiar la propiedad de Brindis de Amor para incorporarla a la  RBLB, se  deja por fuera y enclavada dentro de la reserva, una propiedad de  aproximadamente 14 hectáreas perteneciente a la sociedad Inversiones y Desarrollos Costa Rica Pacífico del Mar  CMP S.A. Acusan que existe una nota que el Instituto Geográfico  Nacional envió  a la Asamblea Legislativa (oficio DIG-0388-2018) en respuesta a la consulta que se le hizo mediante oficio AL-DSDI-OFI-0313-2018,  de la que se deriva una violación al principio de seguridad  jurídica; lo anterior, por  cuanto se constata la existencia de inconsistencias y errores en las coordenadas incluidas en la ley finalmente  aprobada, que impiden tener certeza  sobre cuántas hectáreas deben expropiarse y cuáles son los límites verdaderos de la reserva. Cuestionan, además, que no se haya indemnizado previamente las propiedades privadas afectadas.\n\nAl respecto, la Sala descarta la existencia de algún tipo de interés difuso o colectivo en esos alegatos de los accionantes. Todos esos argumentos se encuentran relacionados de una u otra forma con el derecho de propiedad privada y su eventual transgresión, lo que requeriría de la existencia de un asunto base en el que se hubiera invocado la inconstitucionalidad como medio para amparar el derecho o interés reclamado, lo que se echa de menos en este caso.  Por consiguiente, tales alegatos, no son susceptibles de ser analizados por el fondo.\n\n A mayor abundamiento, en lo referente específicamente a las acusadas inconsistencias y errores en cuanto a la debida definición o delimitación de los linderos de la RBLB, también debe tomarse en consideración que tanto la presidenta de la Asamblea Legislativa como SENARA argumentan que las coordenadas de delimitación de la reserva biológica señaladas en la ley cuestionada son correctas. Se alega, en particular, que en un trabajo conjunto entre el MINAE y el SENARA se realizaron los estudios y replanteamientos topográficos de campo necesarios, lo que permitió una adecuada precisión geográfica de ubicación y delimitación real del área de la reserva de interés, mediante el uso de instrumentos tecnológicos de precisión geográfica. Se constata con lo anterior, que en el sub lite se plantea una discusión eminentemente técnica sobre la debida ubicación y delimitación geográfica de tales linderos. En cuyo caso, resolver tal controversia, previa revisión y ponderación de los diversos parámetros técnicos que rigen la materia e, incluso, evacuar y valorar el pertinente material probatorio, supone una discusión que excede, sobradamente, el propósito y la naturaleza del control de constitucionalidad, en los términos de los artículos 10 de la Constitución Política y 73 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por el contrario, tal discusión en propia de ventilarse en las vías ordinarias, con la respectiva amplitud probatoria.” (Lo destacado no corresponde al original)\n\nVI.- En cuanto al reproche específico que formula el accionante, en el sentido que la Ley impugnada autoriza el referido acto de desafectación sin contar, de previo, con los estudios técnicos completos y suficientes, debe reiterarse que tal extremo también fue cuestionado en la acción No. 19-000257-0007-CO, en cuyo escrito de interposición se alegó “que el estudio de la OET no cumple con los requisitos establecidos por la Sala Constitucional para desafectar un área protegida” o que el “Estudio de la OET que se utiliza para justificar la desafectación de las 113 hectáreas es un estudio que no cumple con los requisitos que ha establecido la Sala Constitucional para esos propósitos. Tiene gran cantidad de falencias de índole técnico y científico según lo señala la Facultad de Biología de la Universidad de Costa Rica”. Reproches que se reflejaron en la resolución del curso de las 11:05 horas del 23 de enero de 2019, en la que se consignó, textualmente, que el accionante aseveraba que “la Ley No. 9610 violenta el citado artículo 50 constitucional, ya que no incorpora un estudio serio, integral y objetivo, sobre las consecuencias de la desafectación de 113 hectáreas de la RBLB y la sustitución o compensación con unas 500 hectáreas de propiedades privadas que se pretenden incorporar a la reserva biológica”, o que “el estudio de la Organización de Estudios Tropicales (OET) -mediante el cual pretenden justificar la referida desafectación y compensación- que es “insuficiente para definir el cambio de límites de Lomas de Barbudal, y no demuestra que este cambio será plenamente compensado por áreas adicionales en otros sectores de la Reserva…”. De allí, que esta Sala se pronunciara expresamente sobre ese punto, tanto en el voto de mayoría -según se confirma de la lectura de la trascripción realizada en el considerando II de este sentencia-, como en el voto salvado de la Magistrada Garro Vargas -según consta en la transcripción realizada en ese mismo considerando II-. Por ende, no se justifica cursar la presente acción respecto de tal extremo, en tanto no se está en presencia de alegatos nuevos, sino de reparos que ya fueron objeto de expreso análisis y pronunciamiento en el voto No. 2020-13836.\n\n              VII.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, deberá estarse la parte accionante a lo ya resuelto por esta Sala en la citada sentencia No. 2020-13836. Los Magistrados Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y ordenan dar curso parcial a la acción de inconstitucionalidad, por razones diferentes.\n\n              VIII.-  VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL, EN RELACIÓN CON EL ALEGATO FORMULADO POR LA PARTE ACCIONANTE SOBRE LA FALTA DE ESTUDIO TÉCNICO EN EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO QUE JUSTIFIQUE LA DECISIÓN DE DESAFECTAR Y SEGREGAR UNA PARTE LA RESERVA BIOLÓGICA LOMAS DE BARBUDAL. En el sub examine, resulta importante precisar que, en el escrito de interposición de la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente n.º 19-000257-0007-CO, no se alegó expresamente, como vicio absoluto del procedimiento parlamentario, la falta de estudios técnicos que justifiquen la decisión de desafectar y segregar en parte la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, sino que los argumentos de inconstitucionalidad versaron sobre los vicios que presentaba el estudio de compensación y la insuficiencia del área propuesta. En ese sentido, se puede observar de forma clara, que se trata de dos estudios técnicos que tienen tanto naturaleza como fines distintos, por lo que merecen un estudio individualizado, tal y como lo dispuso la Sala en la sentencia n.º 2019000673 de las 12:00 horas de 16 de enero de 2019. Incluso, en el curso de la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente n.º 19-000257-0007-CO ni siquiera se hizo referencia a la falta de estudios técnicos para la desafectación de la reserva biológica ni a la existencia de un vicio en el procedimiento parlamentario referido a la falta de estudios técnicos. Precisamente, no observo que tal extremo haya sido abordado en la sentencia n.º 2020-13836 de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020, por lo que considero que se debe dar curso a este extremo en particular.\n\n              IX.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS.\n\n              He estimado que corresponde cursar parcialmente la acción de inconstitucionalidad para conocer por el fondo el alegato relacionado con un presunto vicio en el procedimiento legislativo.\n\n              Al respecto, los accionantes adujeron que el criterio del Instituto Geográfico Nacional, respecto a la correcta delimitación de los linderos en la Reserva Biológica Lomas Barbudal, fue ignorado por la Asamblea Legislativa.\n\n              En el criterio unánime de la sentencia n.°2020-13836 se atendió y resolvió el agravio, sin embargo, se enfocó desde el punto de vista del derecho a la propiedad privada de los accionantes. Partiendo de lo anterior, se consideró que no había legitimación suficiente para conocer por el fondo tal extremo, por la inexistencia de un asunto base que legitimara el reclamo tocante a la tutela a dicho derecho fundamental. Hay que agregar que, adicionalmente y de forma oficiosa, se aclaró que lo cuestionado reviste una discusión eminentemente técnica sobre la debida ubicación y delimitación geográfica de tales linderos.\n\n              Estimo que lo dicho en la sentencia n.°2020-13836 no examinó propiamente el agravio desde el enfoque de una presunta infracción al procedimiento parlamentario, razón por la cual considero que debe dársele curso a esta acción de inconstitucionalidad en lo referente a este aspecto en lo particular.\n\n              X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n              Estese el accionante a lo resuelto por esta Sala en sentencia número 2020-13836 de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020. El Magistrado Rueda Leal salva parcialmente el voto y ordena dar curso a la acción de inconstitucionalidad en cuanto a la falta de estudios técnicos que justifiquen la decisión de desafectar y segregar una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en relación con el proceso legislativo de aprobación de la Ley n.º 9610 del 17 de octubre de 2018. La Magistrada Garro Vargas salva el voto y ordena dar curso parcial a la acción de inconstitucionalidad.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlicia Salas T.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*GYAOEITV1NM61*\n\nGYAOEITV1NM61\n\nEXPEDIENTE N° 19-017939-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 16-03-2026 10:12:24.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine-thirty on the morning of November fourth, two thousand twenty.\n\nAction of unconstitutionality brought by Henry Picado Cerdas, of legal age, Costa Rican, single, resident of Paraíso de Cartago, identity card No. 304030272, in his capacity as president of the Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, legal entity identification No. 3-002-116993, against Law No. 9610, on the “Amendment of the boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities.”\n\nWhereas:\n\n1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 10:59 a.m. on September 26, 2019, the petitioner requests that Law No. 9610, on the “Amendment of the boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities,” be declared unconstitutional, on the grounds that it violates the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, the Ramsar Convention, the Convention on Biological Diversity, and the principles of Environmental Law of non-regression, precaution, objectification of environmental protection, and lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest. He alleges that the challenged law establishes, in its Articles 1 and 2, the declassification, segregation, and land-use change (cambio de uso del suelo) of 113 hectares that currently form part of the Lomas de Barbudal Biological Reserve, to be used for the construction of the so-called \"Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities\" (PAACUME), under the responsibility of SENARA. He maintains that this project consists of a large artificial reservoir, using water from the Arenal Reservoir, for agricultural irrigation purposes, irrigation in coastal hotels, a hydroelectric dam, and an aqueduct for human consumption. He adds that, as compensation for said declassification and segregation, Article 1 of the challenged law added to the Lomas de Barbudal Biological Reserve part of the lands of three adjacent private farms, which belong to the companies ASETREK S.A., Hacienda Ciruelas SP S.A., and Brindis de Amor S.A. He affirms that such declassification, segregation, and land-use change were approved by the Legislative Assembly without having, beforehand, the complete and sufficient technical studies to guarantee that said act (the mutilation of the current territory of the reserve) will not damage the environment and that the addition of the aforementioned private lands makes it possible to replace and compensate for the damage caused to the reserve and keep the fulfillment of its objectives intact. He maintains that the provisions of Article 38 of the Organic Environmental Law and Articles 71 and 72 of the Regulations to the Biodiversity Law were not complied with. He maintains that by examining the legislative file that gave rise to the challenged law (file No. 20.465), it can be verified that the project was based solely on a Baseline Study called \"Establishment of the biodiversity baseline for the Lomas de Barbudal Biological Reserve (RBLB) and adjacent farm,\" prepared by the Organization for Tropical Studies (OET) through a consultancy contracted by SENARA. He affirms that the procedure followed to prepare said project and its contents present the following irregularities: a) the study was carried out by a private entity contracted by the party interested in the segregation and declassification of the biological reserve and the competent officials of the National System of Conservation Areas did not participate in its preparation or coordination, thereby violating Articles 71 of the Regulations to the Biodiversity Law and 7, subsection h), of the Wildlife Conservation Law; b) the baseline study only analyzed the 113 hectares being segregated from the biological reserve and the ASETREK S.A. farm, but the Hacienda Ciruelas SP S.A. and Brindis de Amor S.A. farms were not included, despite the fact that such document is used as justification to affirm that the addition of such lands to the reserve allows for compensation for the damage caused, nor was a complete biological study or an ecosystemic analysis subsequently carried out, as required by Articles 38 of the Organic Environmental Law, 71 and 72 of the Regulations to the Biodiversity Law, and 7, subsection h), of the Wildlife Conservation Law; c) the OET study presents serious omissions and methodological deficiencies noted by the School of Biology of the University of Costa Rica, since the compensation methodology used does not guarantee that the creation objectives of the biological reserve remain intact despite the measures proposed in the challenged law; d) the OET study and the bill of law were prepared based on an incorrect delimitation of the area of the biological reserve affected by the declassification and land-use change, as well as of the area intended to be added to said reserve as compensation, according to the criteria of the National Geographic Institute (IGN), which was ignored by the Legislative Assembly; e) the requirement to demonstrate the existence of sufficient economic resources to guarantee the acquisition of the lands that would be used to compensate for the damage caused to the reserve was not met, as required by Article 72 of the Regulations to the Biodiversity Law, in order to guarantee that said compensation can be materialized through the acquisition of the respective lands, as well as to ensure their adequate long-term protection and management. He alleges that the foregoing violates the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (Articles 50 and 89 of the Political Constitution), inasmuch as the declassification, segregation, and land-use change of 113 hectares of the aforementioned biological reserve was carried out without having the prior technical studies required by environmental regulations, but rather, in their place, an incomplete and insufficient study was used as the sole justification for the project, which did not cover the entire area involved and did not meet the requirements of the aforementioned regulations. The principle of objectification of environmental protection is also violated, given the alleged lack of serious, comprehensive, complete, and sufficient technical studies, which meet minimum conditions of rigor and depth to rule out damage to the legal assets that are sought to be protected by the creation of protected areas. He indicates that in this case, we are in the presence of a biological reserve, that is, an area of absolute protection (Article 58 of the Biodiversity Law), so the technical studies required to segregate and declassify lands from said reserve must be extremely rigorous in demonstrating that the areas intended to be added to the affected reserve truly have the same value based on their creation objectives, which was not fulfilled in the present case. He alleges that the aforementioned irregularities noted in the study provided to justify the approval of Law No. 9610 also violate the cited principles of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest and precaution, given that there are no technical studies that allow guaranteeing, with due scientific certainty, that the area being compensated is of equal environmental relevance to the area being declassified. He argues that the lack of such a technical study constitutes a substantial defect in the parliamentary procedure followed in the processing of Law No. 9610. He adds that Costa Rica ratified the \"Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat,\" known as the RAMSAR Convention. As part of the commitments assumed by Costa Rica, the Costa Rican State has included 12 wetland sites on the List of Wetlands of International Importance. This list includes the Palo Verde Ramsar Site, together with the Caño Negro wetland. He indicates that the Lomas de Barbudal Biological Reserve forms an integral part of the Palo Verde Ramsar Site. He adds that the Ramsar Convention establishes, in its Article 2, the conditions under which a Ramsar Site that becomes part of the List of Wetlands of international protection may be modified and refers to the existence of \"urgent reasons of national interest\"; however, in the legislative file for the processing of Law No. 9610, there is no record that the Costa Rican State has demonstrated that the construction of the PAACUME project is due to an urgent reason of national interest that justifies the questioned exclusion and declassification. He claims that, in fact, the Standing Committee of the Ramsar Convention was not even informed of these supposed reasons or of the processing of Law No. 9670. It was only after its approval that the aforementioned office was apparently notified. He insists that, in this case, the aforementioned urgency of national interest does not exist and this was never verified or demonstrated prior to or during the processing of the bill of law, nor are there technical studies accrediting such urgency. He requests that, consequently, this action be accepted and that Law No. 9610 be declared unconstitutional.\n\n2.- In order to substantiate the standing he holds to bring this action of unconstitutionality, the petitioner alleges that he acts based on the second paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, in that he files this action in defense of diffuse interests to safeguard the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\n3.- By resolution No. 2019-019653 of 9:20 a.m. on October 9, 2019, this Court ordered: \"The issuance of the judgment for this action is reserved until the one being processed before this Chamber under file No. 19-000257-0007-CO is resolved.\"\n\n4.- By judgment No. 2020-13836 of 3:30 p.m. on July 22, 2020, the action of unconstitutionality No. 19-000257-0007-CO was resolved.\n\n 5.- In the proceedings, the formalities prescribed by law have been observed.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nWhereas:\n\n I.- In accordance with the provisions of Article 84, third paragraph, of the Constitutional Jurisdiction Law, it was determined to reserve the issuance of the judgment for this action until the one already being processed before this Chamber under file No. 19-000257-0007-CO was resolved. In this case, in the aforementioned action No. 19-000257-0007-CO, ruling No. 2020-13836 of 3:30 p.m. on July 22, 2020, was already issued, in which it was resolved -in its operative part- that:\n\n\"Regarding the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution, Article 208 bis of the Regulations of the Legislative Assembly, and the principle of legal certainty, by unanimous vote, the action is declared inadmissible, because, on the one hand, no type of diffuse or collective interest is observed, and, on the other, there is no prior matter in which unconstitutionality has been invoked as a means to protect the right or interest claimed. Likewise, by unanimous vote, the action is declared without merit regarding the alleged infringement of Articles 7 and 176 of the Political Constitution and the constitutional principles of budgetary balance, reasonableness and proportionality, and economy and efficiency.\n\nRegarding the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, contemplated in Article 50 of the Political Constitution, by majority vote, the action is declared without merit. Judges Cruz Castro, Rueda Leal, and Garro Vargas issue a dissenting vote and declare the action with merit for violation of the principles of precaution, non-regression in environmental matters, lifetime tenure (irreductibilidad), and objectification of environmental protection. Judge Garro Vargas gives different reasons and attaches a note.\n\nJudge Hernández López and Judge Salazar Alvarado attach separate notes.\n\nLet this pronouncement be notified to the petitioner, the Attorney General of the Republic, the President of the Legislative Assembly, the Minister of Environment and Energy (MINAE), the Minister of Agriculture and Livestock, the General Manager of the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (SENARA), and the coadjuvants.\"\n\nLikewise, once the allegations made by the petitioner in the case at hand are contrasted, as well as what was already resolved in the cited ruling 2020-13836, it is verified that the various reproaches raised by the petitioner have already been the subject of a pronouncement by this Chamber in said judgment, as will be set forth in the following recitals.\n\nII.- The petitioner claims, in the first place, that the challenged law (Law No. 9610) is based on an insufficient and incomplete technical study, which does not conform -in general- to the requirements established by the country's environmental regulations [Articles 38 of the Organic Environmental Law, 7, subsection h), of the Wildlife Conservation Law, and 71 and 72 of the Regulations to the Biodiversity Law]. Therefore, he asserts that it cannot be guaranteed, with due certainty, that environmental damage will not be caused. It is specifically alleged that SINAC did not participate in the preparation of the study, nor did it coordinate it, but rather it was carried out by a private entity, contracted by SENARA. Furthermore, all the lands intended to be used for compensation are not analyzed in an integral and complete manner, and the eventual environmental impacts were not duly analyzed.\n\nRegarding this point, this Court, by majority vote, declared the action without merit, as it held -in what concerns us- the following:\n\n\"A.- Regarding the alleged violation of Articles 7 and 50 of the Political Constitution and the principles of non-regression in environmental matters, objectification of environmental protection, precaution or in dubio pro natura, and legality. As was proven in this process, the declassification of the area in question is not for the purpose of leaving that land environmentally unprotected, but of giving it a land-use change that equally seeks its protection, with a greater extension, and at the same time, procuring a sustainable use from it. This aspect is fundamental, since many of the pronouncements of this Court in relation to a declassification have been confined to the compensation of a declassification, in the sense of detaching a land, absolutely, from its special environmental protection to use it for any other diverse purpose contrary to environmental protection. Hence, this Court's jurisprudence has been incisive regarding the need for the Legislative Branch to have a prior technical study that justifies why, environmentally, that protection is no longer necessary and, subsequently, also ordered its compensation, as an environmental retribution. In the case at hand, it is not possible for the State authorities to alter the habitat of a protected area, except within the limits accepted by its own protection regime. Hence, even though the area required to be altered will always be protected, but altering it outside those limits authorized by law, given its nature of use, it was still necessary to resort to a process of legal declassification that authorizes them to make such modifications. This is the case of the law under study. Note the content of Article 6 of the challenged norm, in which a special environmental protection is likewise granted to that declassified land:\n\n \"ARTICLE 6- Once the construction works are completed and the Río Piedras Reservoir is put into operation by the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (Senara), the reservoir area, which includes the protection ring, will become a wetland ecosystem administered by the National System of Conservation Areas (Sinac) and in accordance with the provisions of Article 33 of Law No. 7575, Forestry Law (Ley Forestal), of February 13, 1996. Strict coordination must exist with Senara for the use of water according to various required uses. The Executive Branch, through Sinac, will carry out the necessary studies to grant said space a management category, which must not conflict with the use given to the water resulting from the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (Paacume).\n\n For the preparation of the General Plan for Sustainable and Rational Use Management, a commission will be formed with representation from Sinac, Senara, and the Municipality of Bagaces.\"\n\n Certainly, the construction of that project, even though its final result will be destined for environmental protection, will entail an impact on the area, given the modification of the habitat of the area to be flooded for the reservoir, hence it must be verified beforehand whether it is indispensable and compensable. As was proven from the statement of purposes of the bill of law that culminated in the challenged regulation, the situation of water resource shortage in the province of Guanacaste has been a glaring fact for several years. Hence, different administrations have sought to provide solutions to this situation. Let us see:\n\n \"The potential beneficiaries of the project are composed of the general population of the province of Guanacaste. This province has a population projected by the National Institute of Statistics and Censuses (INEC) of 371,375 inhabitants for 2016, plus the floating population composed of national and international tourism, estimated at more than one million people per year, to which is added another population composed of workers from the different companies including tourism who remain entering and leaving the area.\n\n The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) has estimated that by 2025 there will be a population, within the project area, equivalent to more than 220,000 inhabitants as users of the main aqueducts in the area (Senara, 2006).\n\n In 2002, the entry of 1,113,359 tourists was recorded. The growth trend is constant, since by 2014 the number of visitors to the country had doubled.\n\nContrary to the poverty panorama of the Chorotega region, this is one of the areas that has experienced the greatest tourism development. The main hotel complexes in the country are located on its coasts. It was estimated, in 2005, that the installed capacity in the hotels in the project area was for 140,812 people in high season and it was projected that by 2025 it would reach 230,900 people (Senara, 2006).\n\n It should be noted that the most threatened resource currently is water, mainly due to the overexploitation of aquifers for human consumption, an aspect that is further aggravated in tourist areas by the threat of salinization of wells. With the installed capacity in 2005, the average drinking water demand was estimated at 570 l/s and with sustained growth by 2025 it would reach 935 l/s.\n\n The agricultural irrigation area is estimated at 17,000 ha where 1,067 agricultural producers, including large, medium, and small, could benefit … The National Strategy for Integrated Water Resources Management (Egirh, 2005) pointed out that the competition for the use of water resources in this area (and others in the country) could lead to conflicts between users if the necessary corrective measures were not applied. The National Plan for Integrated Water Resources Management (PNGIRH, 2008) ordered as an immediate action to implement the so-called Water Supply Plan for Guanacaste in strategic line 8.3.3.2, under the objective of \"Regulating the water supply to allow its availability throughout the year and address vulnerability to climate change\"… As a result of the working group for Guanacaste: Water and Water Infrastructure, implemented by the Solís Rivera Administration, the execution of this project is retaken and ordered... Due to its importance, this strategic line of action was included in the National Development Plan 2015-2018 \"Alberto Cañas Escalante\", under programmatic line 1.9 of the environment sector, given that under the stewardship of the environment, energy, seas, and territorial planning sector, the development and implementation of the Comprehensive Water Supply Program for Guanacaste - North Pacific (Piaag) is contemplated, which integrates activities, works, and projects in the immediate, short, medium, and long term… According to axes I and II, the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (Senara) develops the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (Paacume), which is constituted, by its scope and reach in benefits, as the most robust and strategic project.\"\n\nThat is, the need to address this issue had been the subject of study for several years by the competent authorities. Precisely, by Executive Decree No. 38642-MP-MAG of November 30, 2014, an emergency declaration was required due to drought in some sectors of the country, among them the Chorotega region due to the impact on 11 of its cantons. That area presents more than 5 months of water deficit per year, given the impact of the El Niño phenomenon and climate change. This situation has not been foreign to this Court either. In judgment No. 2018-7758 of 9:15 a.m. on May 18, 2018, for example, given the lack of drinking water supply for days, from collection sources in Nicoya, and due to the salinization problem in that area, this Chamber ordered the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, that within 6 months from the notification of that judgment, carry out the hydrogeological study in the area of influence, suggested by the Cantonal Office of Nicoya of the ICAA, with the purpose of seeking sustainable sources over time that would allow the execution of a project to meet the present and future demand of the communities of Cuesta Grande, Maquenco, and Terciopelo. After that, they had to propose some temporary or permanent solution and execute it within 12 months following that prior period. In the interim, they had to distribute quality drinking water to the community of Maquenco by means of tanker trucks or another alternative mechanism, if there was a liquid shortage, until a definitive solution to the facts that gave rise to that amparo was achieved. Likewise, the situation of the Sardinal aqueduct has been known, which already had the study \"Analysis of the Impact of Drought on the Sardinal Aquifer 2015\" (see in this regard judgments 2016-6417 and 2017-1163). The various prior studies and fieldwork carried out by various authorities precisely resulted in the proposal for the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (Paacume), and this was presented and justified to the legislators. The statement of purposes indicates in this regard:\n\n \"…the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (Senara) develops the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (Paacume), which is constituted, by its scope and reach in benefits, as the most robust and strategic project.\n\n WATER SUPPLY PROJECT FOR THE MIDDLE BASIN OF THE TEMPISQUE RIVER AND COASTAL COMMUNITIES (PAACUME)\n\nThe Paacume aims to promote the socioeconomic development of the province of Guanacaste through better use of water resources from the Arenal-Dengo-Sandillal Hydroelectric System (Ardesa) and other available sources, as climate change adaptation measures within a framework of sustainability and equity.\n\n The project consists of generating the technical and technological conditions for better use of water in the Arenal Tempisque Irrigation District (DRAT), which comes from the hydroelectric generation of the Costa Rican Electricity Institute (ICE) in the Arenal, Dengo, Sandillal Hydroelectric System (Ardesa).\n\n It contains the automation of the Miguel Pablo Dengo B Diversion Dam and West Canal Section I up to the Río Piedras reservoir, contemplating the construction of a storage reservoir on the Piedras River, expansion and construction of the West Canal Sections II and III from this point to the Tempisque River. In addition, the secondary and tertiary conduction lines for agricultural irrigation and tourism development areas, water delivery works for the populations that will be administered by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, all from the Tempisque River plain to the coastal area. Likewise, the project integrates the construction of a powerhouse for electricity generation at the dam site.\n\n The fundamental objective is the provision of water, accessible in quantity, quality, and timeliness -of 20 cubic meters per second- for different potential uses. It is projected to benefit at least 204 thousand people and cover at least 17 thousand hectares under irrigation. From this flow, 2 cubic meters per second will be available for the long-term supply of communities in the cantons of Santa Cruz, Nicoya, and Carrillo and will be administered by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. In addition, the project contemplates at least 1.5 cubic meters per second of water for irrigation as support for tourism activity in the coastal area and thereby benefit coastal communities with the release of groundwater currently used for irrigation.\n\n This project will not only allow sustainable access to water for communities and the productive sector, but also aims to harmonize and regulate the rational exploitation of the main groundwater resources in aquifers on the right bank of the middle basin of the Tempisque River, as it will allow the State to regulate the maximum use of wells for these activities. The construction of the dam on the Piedras River implies a reservoir with a water mirror of approximately 850 hectares, of which, according to the field survey carried out by Senara, 113 hectares are within the Lomas Barbudal Biological Reserve (RBLB). The dam site will be located in a natural narrowing of the channel of this river between coordinates west longitude 358930, north latitude 1163180 and west longitude 359690, north latitude 1155330 at a maximum water level elevation of 50.50 meters above sea level. The function of this dam will be to create a reservoir for water storage, which will be collected by Senara at the Miguel Pablo Dengo Dam located on the Santa Rosa River…\"\n\nIt is a project consisting of four components: the Río Piedras reservoir (which includes the automation of the system, the powerhouse and the dam and the reservoir itself), the expansion of the West Canal from the Piedras River to the Tempisque River with a length of approximately 55 kilometers, the construction of the distribution network on the right bank of the Tempisque River (approximately 300 kilometers in length) and the proposal for the implementation of a Regional Development Plan for the area directly and indirectly affected by the project, a process that is in the conceptualization and formulation stage.\n\nIt is important to note that, from the statement of purposes itself, the imperative need to carry out such a project specifically in that area was clearly established, when the legislators were informed of the following:\n\n \"…Thus, the location of the dam on the Piedras River is due to a unique topographical condition that does not allow it to be moved to another site; therefore, this location and the difference in level between the canal entrance that supplies it and the canal exit that will allow the water to be taken to the Tempisque River determine the maximum reservoir level and its capacity to supply the Paacume with 20 cubic meters per second.\n\n At some point, the possibility of building a dike to prevent the flooding of this area of the Lomas Barbudal Biological Reserve and a tunnel of more than 2 kilometers to evacuate the waters was assessed; however, it turned out that the dike site coincides with a geological fault that would make its construction impossible due to the high risk it generates for the work.\n\n There is no possibility of relocating or reducing the volume of the reservoir without significantly affecting the scope of the Paacume and thereby the benefits for the Guanacastecan population, whereby the need to have 113 hectares from the Lomas de Barbudal Biological Reserve to be flooded was determined.\n\n It is of vital importance that this reservoir be developed to its full extent, for which it is indispensable to have this extension as a floodable area. Senara has demonstrated that this reservoir extension, including the area within the Lomas de Barbudal Reserve (113 hectares), is the only way to do so in order to sustainably meet the water demand within the scope of the project.\"\n\nProject Beneficiaries.\n\nWith Paacume, irrigation will benefit three cantons in the province of Guanacaste, namely: Carrillo, Santa Cruz, and Nicoya. Additionally, Paacume will allocate 2 cubic meters per second of water for human consumption (the treatment and distribution of which will be handled by AyA), which means solving the deficit for approximately 500,000 people over a 50-year horizon. Furthermore, hydroelectric generation at the dam site will produce 7 MW per year, and regarding irrigation, it will cover an estimated area of 1,875 hectares in the tourism sector in the coastal zone, freeing up groundwater currently used for this purpose. This is in addition to the water allocated for productive irrigation.” (The highlighting is not from the original).\n\nThat is to say, the basis for carrying out the disaffectation in question was already present in the statement of motives itself. Certainly, the Organic Law of the Environment establishes the following:\n\n “Article 38.- Reduction of protected wild areas. The surface area of protected wild areas, natural heritage of the State, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure.”\n\nIn the case under review, precisely because of the particularity of this disaffectation for the establishment of other protection management plans, it is reasonable to require a technical study, but not to justify that this area does not require environmental protection, since, in reality, the intention is not to disaffect it in order to environmentally unprotect it and put it to any other use, but rather to modify its condition of guardianship and sustainable environmental use. Regarding this, an evident impact on the area is acknowledged, and therefore what has been provided is a compensation study, which guarantees this and compensates the environment for a situation of necessity.\n\nThe final report of the study “Establishment of the biodiversity baseline for the Lomas de Barbudal Biological Reserve and adjacent property,” was conducted by the Organization for Tropical Studies, at the request of SENARA, to address the specifications of Article 72 of the Regulation to the Biodiversity Law (see official letter dated June 14, 2017, attached to the case file). That regulation, in Articles 71, 72, and 73, provides the following:\n\n“Article 71.—Declaration, modification, or change of management category of protected wild areas. For the declaration, modification, or change of management category of a Protected Wild Area (ASP), a technical report must be prepared, which will be coordinated by the respective instance of SINAC.\n\nArticle 72.—Regarding the technical report. The technical report for the purposes of the preceding article must contain the creation objectives of the proposed area and recommendations regarding the most appropriate management category, with the corresponding technical justifications. Among the criteria used to prepare this report, define the objectives, and issue such recommendations, at least the following will be considered:\n\n a) Relevance and fragility of the ecosystems, wild populations, geological or geomorphological attributes included in the proposed area.\n\nb) Estimated dimensions of the most relevant ecosystems, geological or geomorphological attributes contained in the proposed area.\n\nc) Conservation status of said ecosystems, most relevant wild populations, geological or geomorphological attributes, and proven potential for the ecological recovery of degraded sites within the proposed area.\n\nd) Relevance and nature of the environmental goods and services supplied by the proposed area to the surrounding local communities.\n\n e) Proven potential of the proposed area for those uses that are compatible with the recommended management category.\n\nf) Land tenure regime (state, private, or mixed) in the proposed area.\n\ng) Existence of sufficient financial resources to acquire the lands of the proposed area and ensure its adequate protection and management in the long term.\n\nh) Mandatory consultation with indigenous populations or local communities that may be affected or impacted by the creation or modification of protected wild areas.\n\nSaid report with the pertinent documents must be sent to the Regional Council of the Conservation Area (CORAC), for its consideration and, if appropriate, to forward it to the National Council of Conservation Areas (CONAC) for corresponding action.\n\nWhen the modification implies raising the existing management category, the respective technical report must also include an exposition of the concrete reasons motivating the proposed change in management category.\n\nArticle 73.—Restoration, recovery, and rehabilitation of ecosystems, species, and their environmental services. SINAC must define, develop, and promote management actions to achieve the conservation, restoration, recovery, and rehabilitation of ecosystems and their components, based on scientific studies, management plans, or other planning instruments for protected wild areas, in accordance with the objectives of their declaration, including management and/or eradication of invasive exotic species, soil and vegetation cover recovery, forest fire control and prevention, natural disaster mitigation, and control of populations of opportunistic native species, and regulation of hydrological cycles.”\n\nIt is for this reason that this study was submitted for the knowledge of the Regional Council of the Arenal Tempisque Conservation Area (CONAC), which approved it under the conditions set forth in the technical opinion issued by ACAT, and expressly establishing that this study is not equivalent to, nor does it substitute, the Environmental Impact Assessment that must be carried out for the PAACUME project. Precisely for this reason, the challenged regulation incorporates other provisions, and Article 4 specifically establishes its preparation:\n\n “ARTICLE 4- The National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (Senara) shall be the entity responsible for conducting the environmental study for the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (Paacume), which must include the prevention, mitigation, and compensation measures for the disaffected area referred to in Article 2 of this law, which must be implemented by the developer.\n\n The environmental impact assessment must consider the baseline approved by the entities and endorsed by the Regional Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas (Sinac), without prejudice to the terms of reference issued by the National Environmental Technical Secretariat (Setena), in accordance with the corresponding legal framework.”\n\nBased on the foregoing, contrary to what was stated by the claimants, it is evident that the bill did not lack technical support, as it is based on the results of various studies that demonstrate the need to provide water to that community, the limitation of sources for obtaining it, and the study “Establishment of the biodiversity baseline for the Lomas de Barbudal Biological Reserve and adjacent property,” conducted by the Organization for Tropical Studies, in order to guarantee due compensation in the modification of the protection management category of that particular area, technically supported according to the methodology chosen for its preparation. Added to this, the result of the mandatory consultation was provided to the legislative file; as well as the compensation proposal prepared by SENARA, SINAC, and PIAAG in a complementary study, prepared in March 2018, prior to the issuance by the Special Legislative Commission of the unanimous affirmative opinion (July 17, 2018) that culminated in this law. In that study, based on the OET study and the assessment made of the three properties in question (ASETREK, BRINDIS DE AMOR, and HACIENDA CIRUELAS), the reasons for implementing this project and modifying the land-use in the area in question were reinforced; as well as the way in which it would be compensated. That study determined, after a field analysis, that from the Hacienda Ciruelas property, it was viable to acquire 25,000 ha, of which 7.16 represent riparian forest (bosque ripario), 2.42 ha of secondary forest (bosque secundario), 13.13 ha of deciduous forest (bosque deciduo), and 2.28 ha of pastures, complementing the information from the Brindis de Amor property, which had been assessed by the OET.\n\n The report “Establishment of the biodiversity baseline for the Lomas de Barbudal Biological Reserve and adjacent property” determined the biological and geophysical characteristics of the area within the protected zone of the Lomas de Barbudal Biological Reserve (RBLB) that would potentially be flooded if the reservoir were established on the Río Piedras as part of the PAACUME irrigation project of SENARA. Furthermore, it evaluated the compensation potential that an adjacent property, referred to in the report as ASETREK, would have if this impact were to occur, applying a methodology based on a scoring approach, called Habitat/Hectare.\n\nNow then, the question raised by the claimants and some intervening parties is that the standards used by the cited study are insufficient to authorize a disaffectation of the area in question and its impacts; however, as indicated, the study in question was limited to assessing the conditions that needed to be compensated, for the purposes of evaluating the impacts that modifying the management plan of that zone will entail. On the other hand, the execution of the PAACUME project is also conditioned upon the completion and approval of other technical-scientific studies, such as the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) contemplated in Article 4 of the challenged regulation. In this way, it is not only inappropriate for this Court to review the expertise with which a technical study was conducted—which would warrant a legality discussion in which different experts have ample opportunity to assert and debate their criteria, which is not characteristic of a constitutionality proceeding—but, more importantly, this law equally subjects the construction and execution of the project in question to the completion of the complementary technical study. Otherwise, that area may not be intervened. The foregoing, it is reiterated, is because this law did not disaffect that area to be used for any purpose by stripping it of its environmental guardianship, but did so solely for the effects of subjecting it to another type of environmental protection management and subjected that project to the prior completion of the environmental impact assessment, in which all impacts and mitigation measures must be foreseen, and adequate compensation corroborated. Thus, although this environmental impact assessment was not conducted prior to the approval of the law, the truth is that, given the particularity of this project and the conditions under which the disaffectation of that land was approved to modify its use and environmental protection—maintaining its guardianship outside of any use other than the justified one, and conditioning it on the result eventually produced by the environmental impact assessment—the principle of objectivization of environmental law is not considered violated.\n\n The technical necessity of supplying water to the Chorotega region to implement this project was justified to the legislators from its statement of motives. There are executive decrees declaring a drought emergency in that area since 2014, and for years prior, the competent authorities have sought different options to address this problem, even if this was not written in a single, sole document, as the claimants argue.\n\nThat is to say, the public interest in addressing this situation is an evident and manifest matter. Likewise, in the brief of intervening participation filed by the Minister of Agriculture, the benefits of the project are summarized as: a) a positive impact benefiting approximately 500,000 farmers (mostly small and medium); b) recovery of aquifers in the area; c) an increase in irrigation capacity on about 18,000 hectares currently affected by droughts and climate change (cambio climático); d) creation of a body of water of 850 hectares; e) reduction of the water deficit in the area.\n\n It is also observed during the legislative process that it was explained to the legislators that this particular site was the only adequate one to carry out the project in question, so, precisely, based on the impacts that a habitat change will evidently have, an environmental compensation for that area was processed (see, by way of example, appearances on folios 1326, 1327 et seq., 1332, 1334, 1335, 1342, 1351 et seq., 1357 et seq.). Certainly, compensation is not enough if it merely increases the size of the land being substituted, since it is necessary to seek similar conditions of vegetation and fauna. However, it also does not imply that identical conditions must be demanded, since over time, even greater environmental benefits could be obtained. According to doctrine, the fundamental principle on which environmental compensation is based is that the compensation should not be less than the environmental cost of the impact that will be produced. Its intention is to compensate for the environmental services (servicios ambientales) that were provided by the ecosystems affected by the land-use change. For this, there is no single measurement methodology, and the most relevant aspect is the need to strive to maximize that environmental gain. The study conducted by the OET aimed at this condition. They started from the premise that the compensation should maximize the gain to the environment, so initially they counted on the fact that an area of 332 hectares with an environment similar to that found in ASETREK would function to compensate for what would be lost at the impact site in RBLB. That is the reason for the 3:1 ratio indicated in the report. However, in order to maximize that environmental gain that a compensation plan must seek, it was noted that it could be convenient to also use other properties that had important elements for conservation, in addition to the area in ASETREK, likewise because of the type of riparian forest (bosque ripario). On page 217 of that study, the reasons were set forth why they considered that the reservoir that would form in the flood zone should be part of the same compensation. Likewise, although other areas were not analyzed with the depth used for ASETREK, they suggested other adjacent properties to improve the compensation proposal. One of these properties is Brindis de Amor, whose selection was not random but rather valued because it is located at the northwestern end of the RBLB, which is traversed by one of the few permanent streams in the area (río Cabuyo) and maintains a brief riparian cover (cobertura riparia). The vegetation at this site was indeed evaluated, as indicated on pages 210–216 of the report. Furthermore, they took into consideration in the report the uninterrupted studies over more than 25 years in the area by Dr. Susan Perry (University of California, Los Angeles), which indicate that troops of white-faced capuchin monkeys (Cebus capucinus) from the Lomas de Barbudal Biological Reserve use the forests within Brindis de Amor as feeding and resting sites. That is to say, there is evidence of a constant flow of animals to and from the reserve. Therefore, the use of the Brindis de Amor property as a foraging site demonstrates the biological importance of this property and the wisdom of protecting it. The decision to annex a fraction of Hacienda Ciruelas is due to avoiding leaving a peninsula in the boundary of the RBLB if Brindis de Amor were annexed, which would contravene the basic notions of reserve design that seek to minimize the edge effect and its impact on the species one wishes to protect. Additionally, this fraction also contains a fragment of riparian cover. Thus, it is a technical criterion of maximizing environmental benefit, which was not considered only for the extension of the land, but for the aggregated and maximized resource that would imply greater and better equivalent compensation conditions. Consequently, for the professionals, such initial assessment was sufficient, taking into consideration that these are complementary annexes, not the main ASETREK property, and that, in any case, they will be equally assessed in the subsequent environmental impact assessment. The study accredited that the impact area in the southeastern part of the Lomas de Barbudal Reserve is not a wetland, nor is it connected with the wetlands of the Palo Verde National Park. Additionally, Lomas de Barbudal, the Palo Verde National Park, and the additionally suggested properties are not located in the Guanacaste Conservation Area (UNESCO World Heritage site), but in the Arenal-Tempisque Conservation Area (ACAT). It is for this reason that the report made such a suggestion without diminishing the compensation already planned. This is what the OET explained: “…Following this methodology we concluded that: (1) It is possible to make an ecological equivalence between the two sites (RBLB and ASETREK); (2) That the compensation in area is a 3:1 ratio. However, as we specified in our report, our recommendation was to request even more to compensate for the losses in the reserve, in order to improve the compensation in terms of the environment. The incorporation of these two properties into our final recommendation did not require greater evaluation since they constitute a complementary annexation, more than an essential one, given the methodology outlined. While it is true that the Ciruelas property was not evaluated, it is important to clarify that on the Brindis de Amor property, we conducted a survey of the vegetation structure and composition, as specified in our report.” Similarly, the incorporation of the Ciruelas property was justified for reasons of location and providing a corridor for species, which was indeed verified by that study group when conducting the research of the area surrounding the main property. The controversy regarding the sufficiency of the study period and the methodology employed, it is reiterated, is a technical matter that is not appropriate to be resolved in this jurisdiction. In any case, even though it was proven that the execution of this study was scheduled to be carried out within a ten-month period and not two years, this does not in itself constitute a flaw that disqualifies it, since, following the methodology designed within it, the same conclusion would necessarily be reached, regardless of the time taken to complete it. In the evidence received by this Court during the oral hearing, Mr. Mahmood Sasa Marín, coordinator of the OET study, regarding this aspect, stated that the results should not change with a longer timeframe. In any case, and for the purposes of ensuring environmental protection, the disaffectation of the area in question is equally subject to the approval of an environmental impact assessment, which must be subsequently reviewed and approved by SETENA.\n\nThe study “Establishment of the biodiversity baseline for the Lomas de Barbudal Biological Reserve and adjacent property,” evaluated in due course by the legislators, was prepared, at the request of SENARA, by the Organization for Tropical Studies, which has had a scientific presence in the country and in that area since 1970, when the Palo Verde Biological Station was created, which is now the Palo Verde National Park. Duly identified professionals participated in it and used a specific scientific methodology. Furthermore, it was endorsed by SINAC and SENARA, registered with the Vice-Rectory for Research of the University of Costa Rica, and approved by the Research Council of the Clodomiro Picado Institute, also of the same university, without the School of Biology having raised its reservations in a timely manner before those who prepared it. Thus, it is not unreasonable that the legislators adopted the law in question taking into consideration the technical criteria expressed therein, just as this Court does currently, as these are not technical bodies for questioning and reviewing its scope, nor for determining compliance with each of its legal requirements. Note that there is not even evidence of the filing of a subsequent legality judicial proceeding against this law, in which that study has been questioned and annulled, to suggest that the technical value it provided should be diminished. Likewise, although it is claimed that the referred study was not coordinated by the respective instance of SINAC, the truth is that it was indeed endorsed by it, as already indicated. Finally, the compensation offered in this law was 5 to 1 to improve environmental restitution, since in exchange for the use of the current 113 hectares, the reserve will receive more than 500 hectares, which would become part of it, including those same 113 has, but with an aquatic and different protection habitat. In that sense, it is not only environmental protection that enters into consideration, but also the need to procure the supply to a large part of the Guanacastecan population of a liquid that is vital for human beings, such as providing water. Hence, all possible scenarios must be evaluated and the least harmful measures for all parties and the rights involved must be adopted, in pursuit of what sustainable development seeks. Nor is the principle of non-regression in environmental matters of the Lomas de Barbudal biological reserve violated; on the contrary, the challenged regulation is guaranteeing a strengthening in terms of protection and administration in environmental matters, since the area of the reserve is increased, areas with natural wetlands (río Cabuyo and Quebrada Amores) are protected and incorporated, economic resources are allocated for the administration and management of natural resources, coordination between institutions for the management and preparation of the corresponding plans in environmental matters is integrated, and, finally, it incorporates a new wetland ecosystem, which, in addition to being a new destination for aquatic birds, will be an ecosystem that will contribute to adaptation and climate change in the entire province of Guanacaste. Beyond what was suggested in the OET study of acquiring at least 332 ha, the legislative proposal that was finally approved and backed by national technical bodies such as SENARA and SINAC, incorporated many more hectares into the compensation proposal for this project, in order to facilitate management and control of fires. Similarly, by incorporating the properties Brindis de Amor and Hacienda Ciruelas, it allowed for having riparian forest in adequate conservation conditions, and also to be able to conserve, being within the project area, the main springs (nacientes) of the río Cabuyo and quebrada Amores, which are found on those properties. On the other hand, the preparation of the General Plan for Sustainable and Rational Use Management of this project would be in charge of a commission that would have representation from SINAC, SENARA, and the Municipality of Bagaces, and which, according to SINAC, would contemplate important criteria regarding the special management category of that reservoir and its ecosystem benefits: “• The competencies of each institution would be defined with greater clarity and the mechanisms and procedures for the planning and use of resources would be better defined. • Under the official Wetland category, there would be greater opportunities to organize use so that local, national, and international society can count on quality goods and services produced by a well-conserved resource, including: education, research, water, recreation, and tourism. • It will allow for more efficient and rigorous prevention and control of different illegal activities such as land invasion, illegal logging, poaching and illegal fishing, and forest fires. • By assigning a management category to the Reservoir and incorporating it as a Ramsar site, the country would be responsibly fulfilling international commitments as a signatory country to the Convention on Wetlands of International Importance; the Ramsar Convention approved by Law number 7224 of April 2, 1991. • Granting official status as a Wetland will facilitate the process of organizing tourist activity where local groups and micro-entrepreneurs in the area could integrate to develop sustainable rural tourism, as a socio-economic alternative. • With the creation of this protected area, an important zone that serves as a Biological Corridor between the Lomas Barbudal Biological Reserve, Palo Verde National Park, and the Nambiral Biological Corridor would be strengthened. • Local civil society and related local institutions would be integrated to coordinate and carry out comprehensive environmental planning and management through the Local Wetland Council, efficiently taking advantage of the resources and installed capacity of each of the related institutions. • The Wetland category will allow planning, organizing, and carrying out harmonious and sustainable use of natural resources with a low level of friction or conflict, as might possibly occur if a National Park or Biological Reserve category were assigned. • Having a core wild area will serve as justification and motivation for local, regional, and international entities to cooperate technically and financially to promote the development of actions aimed at conservation and sustainable socio-productive activities in the territory of the basin in general. • Assigning a management category for the planning and sustainable use of the Reservoir would be contributing significantly to the conservation of the ecosystems and species of the Lomas Barbudal Biological Reserve, since in addition to favoring connectivity and movement of species, it will also serve as a buffer zone and reduce pressure on the resources of the Reserve.” It must be remembered that the recorded environments of a specific area are not static, but dynamic, so over time, modifications, even more positive ones, can be achieved in the ecosystem.\n\nConsequently, the questioned law is not unconstitutional; it had prior studies and technical criteria expressed by the competent authorities throughout the legislative appearances, among them SENARA, SINAC, MINAE, SETENA, MAG, and OET; and, furthermore, it mandates the obligation to conduct an environmental impact assessment, which must previously contemplate all impacts and mitigation measures that are appropriate to guarantee that the environment is effectively not harmed, as well as determine that compensation will be produced, not only in size, but of an ecological nature to the extent reasonably possible in this latter case. In the opinion of this Court, it is a conditional law, whose effectiveness is contingent upon the pending environmental impact assessment for the PAACUME project confirming the previous results, and conforming to the principles of reasonableness and proportionality, to the demands of sustainable development, ecological balance, and a healthy environment, and to the general well-being of the population, which serves to justify the measure, as well as to determine that the compensation for the area contemplates both the quantitative and qualitative elements; therefore, the claim that the precautionary principle is violated is not correct.”\n\nOn this point, Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal issued a dissenting vote, drafted by the latter, in the following terms:\n\n“With the customary respect, we depart from the Majority opinion and declare unconstitutional Law No. 9610 of October 17, 2018, called “Modification of the Limits of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the Development of the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities,” due to violation of the precautionary principles, non-regression in environmental matters, lifetime tenure (irreductibilidad), and objectivization of environmental guardianship.\n\n In the case under review, the questioned law was supported, to a greater extent, as observed in the statement of motives of the corresponding bill, by the study of the Organization for Tropical Studies (hereinafter OET) called “Establishment of the Biodiversity Baseline for the Lomas de Barbudal Biological Reserve (RBLB) and adjacent property” of June 2017. Although, in principle, it is not for this Chamber to technically evaluate the quality of the studies or to define which professional criterion should prevail, it is no less true that this Court does intervene when faced with evident and manifest inconsistencies or flaws (for example, judgments No. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, and 2013010540 of 3:50 p.m. on August 7, 2013). In the sub iudice case, after analyzing the OET study, we verified a series of problems that are obvious from a simple reading and that clearly demonstrate the failure to comply with the constitutional requirements that this Court has established for the disaffectation of protected areas.\n\n Concerning the reduction of protected areas, this Court, in judgment No. 2019000673 of 12:00 p.m. on January 16, 2019, held:\n\n“V.- Jurisprudence on the reduction of protected areas, the sufficiency of technical reports, and due compensation. - Regarding the reduction of protected areas, from the jurisprudence of this Chamber, the following is established:\n\n1.\n\nConstitutional requirements for the reduction of a protected wilderness area (legal reserve and technical studies): In support of Article 38 of the Organic Law of the Environment (\"the surface area of protected wilderness areas, natural heritage of the State, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure\"), there has been a solid jurisprudential line, to the effect that for the reduction of a protected wilderness area, in any of its management categories (including national wildlife refuges), two essential requirements must be met: \"by means of law and prior completion of sufficient technical studies that justify the measure.\" (Sala Constitucional, votes numbers 13367-2012 and 010158-2013. In a similar sense, judgments numbers 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 and 14772-2010, among others). As stated in the aforementioned 1998 resolution:\n\n\" \"(...) once a certain area has been declared a protective zone by an act of the State, the State cannot simply declassify it, in whole or in part, to protect other interests -public or private- to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with the provisions of Article 50 of the Constitution. Now then, the fact that a norm, of whatever rank, has declared a certain area as a protective zone, does not imply the constitution of a petrified zone, in the sense that its area can in no way be reduced by a subsequent regulation. However, it must be kept in mind that the declaration and delimitation of a protective zone, in compliance with the provisions of Article 50 of the Constitution, implies a defense of the fundamental right to the environment and, therefore, the reduction of the area must not imply a detriment to that right, a situation that must be established in each specific case. The fact that by means of a subsequent law the area of a protective zone, a forest reserve, a National Park or any other site of environmental interest is reduced is not necessarily unconstitutional, provided that this is justified insofar as it does not imply a violation of the right to the environment. It could be that, due to various circumstances, a specific site has lost, at least in part, the environmental interest that, at the time, prompted it, which, having conducted the relevant studies, would justify its modification or reduction, all in application of the principle of constitutional reasonableness...\" (vote No. 7294-1998).\n\nSpecifically regarding the legal reserve on this matter, in vote No. 14772-2010 it was stated:\n\n(...) the public purpose of a public domain asset cannot be modified without a legislative act, that is, the reduction of the area of a protected zone is under the guarantee provided by the principle of legal reserve. Although, in accordance with Article 36 of the Organic Law of the Environment, the Executive Branch is authorized to constitute Protected Wilderness Areas by complying with the requirements established in that norm—thus, Corcovado National Park was constituted through Executive Decrees No. 5357-A of October 24, 1975, and 1148-A of February 5, 1980—its modification may only be made in accordance with the provisions of Article 38 of the Organic Law of the Environment, following prior technical and scientific studies, and by means of a legislative act. (highlighting does not correspond to the original).\n\nLikewise, in judgment No. 1056-2009 it was indicated that the reduction is only possible via law:\n\n\"when it comes to the expansion of the limits of the protective zones of the State's forest heritage, it is possible to do so via regulation, but when it comes to their reduction, it can only be done via law, clearly, provided there is a prior criteria that justifies the measure.\" (Judgment of the Sala Constitucional No. 1056-2009)\n\nWhich was applied when the Sala declared unconstitutional the regulatory norm (Executive Decree No. 32753-MINAE) by which the Executive Branch reduced the territory of the Gandoca-Manzanillo Refuge, subtracting the urban zone of the Refuge from the area and the protection regime.\n\nFurthermore, regarding the studies, these must be prior, sufficient, necessary, and individualized—as indicated in the following section. Thus, it was stated in that same 1998 resolution:\n\n\"In accordance with the cited, mutatis mutandi, if for the creation of a protective wilderness area the Legislative Assembly, by means of a law, established the compliance with specific requirements, in order to determine if the affectation in question is justified, it is logical that, for its partial or total declassification, certain requirements must also be met -such as the completion of technical environmental studies- to determine that with the declassification the content of Article 50 of the Constitution is not transgressed. In this sense, we can speak of levels of declassification. Thus, not every declassification of a protected zone is unconstitutional, insofar as it implies impairment of the right to the environment or a threat to it. Hence, to reduce any protected wilderness area, the Legislative Assembly must do so based on sufficient and necessary technical studies to determine that no damage will be caused to the environment or it will be placed in danger and, therefore, that the content of Article 50 of the Constitution is not violated. The principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that the norms dictated with respect to this matter are duly motivated by serious technical studies, even if there were no other legal norm that expressly established it. In the opinion of this Constitutional Court (sic), the requirement contained in Article 38 of the Organic Law of the Environment No. 7554, in the sense that to reduce a protected wilderness area by formal law, prior technical studies must be carried out that justify the measure, is nothing more than the objectification of the principle of reasonableness in matters of environmental protection.\" (highlighting does not correspond to the original).\n\n2. Technical study as a scientific and individualized analysis: The Sala has referred to the sufficiency of the technical study, when through several resolutions it has established that said study must be a scientific and individualized analysis. Thus, the following was stated:\n\n\"the requirement for technical studies is not a mere formality, but rather it is a material requirement, that is, it must be materially demonstrated, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, to propose recommendations aimed at reducing the negative impact on it, and to demonstrate how such a measure implies a development that satisfies the needs of the present without endangering the capacity of future generations to meet their own needs.\" (Vote No. 13367-2012. See also No. 10158-2013).\n\nFrom which it follows that the technical study required by Article 38 of the Organic Law of the Environment, and which is the objectification of the constitutional principle of reasonableness in matters of environmental protection, requires a technical analysis that implies an individualized analysis, which must contain at minimum the following measures:\n\nThe degree of impact of the corresponding measure on the environment;\n\nThe recommendations aimed at reducing the negative impact on the environment;\n\nThe demonstration of how the measure being taken implies a development that satisfies the needs of the present without endangering the capacity of future generations to meet their own needs.\n\nIn summary, said prior study must demonstrate that the declassification is in conformity with the constitutional protection of the right to the environment, for as was stated in vote no. 18702-2010 \"the titling of areas of this nature cannot be permitted indiscriminately, since this would go against the very environmental conservationist policies that the State has sought by virtue of the mandates ordered by the Political Constitution and the International Agreements it has signed\".\n\n3. Compensation measures: A protected area can only be reduced if it is done by law, if there are technical and scientific studies that rule out environmental damage, and if compensation for the suppressed area is provided with another of equal size. There is no doubt that all those norms in which there is a reduction of protected areas without the backing of technical studies or any compensation are unconstitutional\" (votes Nos. 12887-2014, 2773-2014, 2012-13367 and 2009-1056).\n\nVI.- On the challenged regulations.- As observed, both the Law to regulate the creation and development of the Las Tablillas border post, Law No. 8803, and its Regulations, are challenged in their entirety, basically for two reasons: for not having the technical study that supports the reduction of a protected area (in this case a national wildlife refuge), and for not establishing compensation measures. Each of these allegations is examined separately. ON THE TECHNICAL STUDY: The claimant indicates that the challenged Law and its regulation are segregating and reducing several hectares of the Border Zone National Wildlife Refuge, without any environmental studies having existed to justify that action. They indicate that the deputies took a simple recommendation that can never be considered a serious, deep, and wide-ranging study that would allow what was done to be done. The Procuraduría General de la República in its report indicates that, already in the Legal Opinion of this Procuraduría No. O.J.-98-2009, issued on October 14, 2009, at the request of the Deputies, during the processing of the project that culminated in Law No. 8803, it analyzed the technical study incorporated into the expediente at that time, considering it insufficient to justify it: \"...respectfully, it must be noted that said technical report does not meet the necessary requirements to support the project being consulted. Note that it conducts a study on the 236 hectares that were initially proposed and concludes that the project is not viable from the environmental and social point of view. However, said study does not explain in any way why that negative impact does not occur on the 13 hectares that are proposed, or in other words, there is not, to date, a technical criteria that refers to the reasons why the segregation of the 12.3 hectares established in the consulted bill is viable...\". The Minister of Environment and Energy indicates there is no unconstitutionality. They add that the challenged law did not intend the declassification of the public domain of the zone in question, but rather to authorize the use of a portion of the area for another purpose of public interest, which is the installation of a border and customs post, on the understanding that these are State constructions and not private ones. Thus, on September 28, 2007, the technical report prepared by the Tablillas case commission was issued, called \"Request for reduction of the area of the Border Corridor National Refuge,\" which proposes an area to be declassified of 13 ha bordering the border line, since the officials of the Arenal Huetar Norte Conservation Area considered the segregation of the indicated area of 236 ha unviable, concluding the report that: \"13 hectares would be a more viable proposal from the point of view of impact on the ecosystems present at the site and surroundings.\" Said report considered biophysical, socioeconomic, and security aspects. It concludes that the cost-benefit balance of establishing posts that carry out control and regulation of migratory entry in said sector contributes to regulating entry through the public domain strip coinciding with the Protected Wilderness Area. The Ministers of the Presidency and of Foreign Trade indicate that, in folios 76 to 94 of the legislative expediente, the technical report prepared in September 2007 by MINAE is recorded. The identified site meets the suitable conditions for the development of a Border Post project since it had already been impacted by human action, a fact that is proven by the non-existence of important or fragile ecosystems, the absence of primary or secondary forest cover (cobertura boscosa), or of wetlands or watercourses, but only of natural pastures and land cleared for cultivation or ready for sowing. Furthermore, the area is technically strategic for the location of the Border Post due to its proximity to the boundary line and the existence of communication routes for internal movement (roads) and a national highway connected to the road on the Nicaraguan side of the border. Regarding this, this Sala concludes that, in effect, the Procuraduría General de la República is correct in its report; there is no technical study that refers to the viability of this project, because the one that was carried out referred to a zone of larger dimensions, concluding that it was not viable from the environmental and social point of view. Therefore, it was necessary to justify why the new proposal would not generate problems in the wetlands, in the species of the zone, in the aquifer (manto acuífero) layers, and would not produce social problems, as was detected in the initial proposal. The technical study referred to by the Ministers is evidently insufficient, as it does not explain in any way why that negative impact does not occur on the 13 hectares that are proposed, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, the recommendations aimed at reducing the negative impact on the environment, nor the demonstration of how the measure being taken implies a development that satisfies the needs of the present without endangering the capacity of future generations to meet their own needs. On the other hand, while it may be true, as the Ministers state in their report, that the property is not leaving the public domain, it is certain that it is being declassified, environmentally speaking. It may also be true, as the Ministers state in their report, that in addition to the environmental interest in the border zone, there may be other relevant interests such as migratory security and others. However, that is precisely what the technical report should have contained in its substantiation. Note that, as the Ministers indicate, it may be true that certain environmental measures were being taken, but this does not negate the fact of the lack of a technical report that the law should have had, which leaves those environmental measures without the required technical support. Thus, then, the alleged unconstitutionality of the challenged law –and by connection its regulation– is evidenced, due to the lack of a sufficient technical report to support the reduction of the Border Zone National Wildlife Refuge. ON COMPENSATION MEASURES: The claimant indicates that timely compensation measures were not established in the law, given the ordered segregation. The Procuraduría General de la República in its report indicates that an unconstitutionality due to violation of this principle is not necessarily resolved by annulling the Law; if it is qualified as an unconstitutionality by omission, it would suffice for the Sala Constitucional to order in judgment the addition to the Refuge of the portion or portions that compensate for the suppressed area, which could even be done via regulation. The Ministers of the Presidency and of Foreign Trade indicate that the pretension of demolishing the public infrastructure would cause the immediate lack of protection of order, peace, health, sustainable development, life, and human dignity. Furthermore, they consider that there is no obligation of the State to compensate an already deforested and impacted area with another, since there was never a reduction of the forest or an affectation to the environment that would justify the compensation measure. Regarding this, this Sala concludes that, in effect, the challenged norms are also remiss regarding compensation measures. Given that the segregation of around 13 hectares is evident, as indicated in Article 1 of the challenged law, and although these do not leave the public domain, they did leave an environmental management category, which obliged the establishment of legal compensation measures, which were not adopted, nor guaranteed, as observed from a reading of the entire law. Thus, then, the alleged unconstitutionality of the challenged law –and by connection its regulation– is evidenced, due to the lack of compensation measures for the reduction of the Border Zone National Wildlife Refuge.\n\nVII.- In conclusion. - From the reiterated jurisprudence of this Sala, it is established that any reduction of a protected wilderness area, in any of its management categories (including national wildlife refuges), must meet three essential requirements: legal reserve (that is, it can only be done by law), prior completion of sufficient technical studies that justify the measure, and the establishment of compensation measures. In this case, it was evidenced that the Law to regulate the creation and development of the Las Tablillas border post (Law No. 8803) and its Regulations proceeded with the segregation, and consequent reduction, of the Border Zone National Wildlife Refuge. However, although it was done by means of a law, a sufficient prior study was not carried out that: justified the measure, established the degree of impact of the corresponding measure on the environment, the recommendations aimed at reducing the negative impact on the environment, nor that demonstrated how the measure being taken implies a development that satisfies the needs of the present without endangering the capacity of future generations to meet their own needs, or established in concrete and detailed compensation measures. From all of which the unconstitutionality by omission is evidenced. In this case, we proceed to declare the action granted, with a dimensioning of this judgment, as indicated.\"\n\nBased on the cited precedent, we consider that the requirements that must be met for the declassification of protected areas to be constitutionally viable are the following:\n\n1) The declaration and delimitation of a protective zone, in compliance with the provisions of Article 50 of the Constitution, implies a defense of the fundamental right to the environment and, therefore, the reduction of the area must not entail a detriment to that right (causing damage or placing it in danger), a situation that must be established in each specific case.\n\n2) The reduction of a protected area, whatever its management category, can only occur by law, after technical and scientific studies (prior, sufficient, necessary, and individualized) that, in light of the principle of reasonableness, justify the measure.\n\n3) The study must materially demonstrate, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, propose recommendations aimed at reducing the negative impact on it, and demonstrate how such a measure implies a development that satisfies the needs of the present without endangering the capacity of future generations to meet their own needs.\n\n4) The reduction of a protected area implies compensation for the suppressed area with at least another of equal size and equivalent conditions.\n\nNow, in relation to the problems detected in the study in question, the OET itself pointed out that for the baseline, compensation, and impact studies, at least two years of execution must be considered. In that sense, it explicitly indicated: \"The recommendation is that for the baseline, compensation, and impact studies, at least two years of execution be considered and that they effectively be considered an essential component of the project.\" The foregoing is transcendental for the purposes of this constitutional proceeding, since, without having been able to accredit any scientific or technical justification, the sampling period of the OET study was only 10 months, which was calculated based on the time limit available for the project, without any technically supported criterion being observed to support reaching that figure.\n\nIn this regard, Mr. Mahmood Sasa Marín, coordinator of the OET study, mentioned in the hearing held in this action that, in his opinion, the main conclusions would not change with a longer period and that: \"the recommendation (...) was in the sense of having true support (...) obviously the more data we have the better, but I believe that the main conclusions, let's say that proportion of roughly three to one, would remain.\" However, such a situation produces uncertainty and generates doubt, given that the consultant himself had previously stated: \"that many of those groups (...) in reality do not provide sufficient information, many of the taxonomic groups (...), many of the indicators if you will, (...) we had that deadline, it was analyzed, we have that data and with that data we weave that conclusion.\"\n\nHence, we estimate that the 10-month period for the execution of the study does not provide sufficient scientific certainty to understand the real conditions of the RBLB and the area proposed to compensate for its declassification, which is unacceptable due to the impact on a protected area. In other words, if it is indicated that the period for baseline studies must be at least two years (that is, a minimum is imposed) and there is no scientific or technical justification for reducing it, the reliability of the results is manifestly uncertain.\n\nOn the other hand, the aforementioned study had as its initial objective to analyze only two sites: \"the Lomas Barbudal Biological Reserve (Reserva Biológica Lomas Barbudal, RBLB) and the potential exchange zone to compensate for the potential losses, located at the western end of the ASETREK Tres Azul S.A. property.\" Likewise, Chapters II (Habitat Quality) and III (Community Composition) focus on comparing the conditions of the RBLB with the ASETREK Tres Azul S.A. property. It was not until Chapter IV (Considerations on Compensation) that the acquisition of a property called Brindis de Amor was proposed, based on these considerations:\n\n\"4.2. Other compensation alternatives.\n\nOur evaluations reveal that the site selected in ASE TREK to compensate for the losses in the Lomas de Barbudal Biological Reserve possesses environments of lower biological quality. The compensation estimation method we have followed here \"penalizes\" those lower-quality habitats by assigning them lower scores, which translates into an allocation of a larger surface area to mitigate the deficit. The compensation proposal in ASETREK is that the portion of the property possessing forest cover be segregated and that it be annexed to the Biological Reserve.\n\nHowever, this procedure in itself does not resolve the need to obtain habitat of comparable quality to the affected habitat, which is currently vulnerable and protected by the Biological Reserve. Thus, following the habitat-hectare method, our results point to the possibility of compensating for some of the losses in Lomas de Barbudal from a specific area of the habitat available in ASETREK; but it does not ensure the gain of all the elements or characteristics that will be affected by the reservoir. The best example is provided by the riparian forest cover (bosque ripario) that will be lost in RBLB and which has no correspondence in the environment available in ASETREK.\n\nAnother drawback is that ASETREK, despite containing the most extensive forest fragment adjacent to the Biological Reserve, does not have the number of hectares with forest cover necessary to cover the minimum 330 hectares requested by our analysis. Figure 46 shows the patches of deciduous and secondary forest available in the area with forest cover within ASETREK (sites 3 and 4). These forest covers correspond to 292 Ha, although to unite them it will be necessary to segregate an area of approximately 444 Ha. Furthermore, because they are flammable and prone to the spread of fires, the existence of pasture and non-forestry use zones within the ASETREK property is considered a threat to the forest fragments that still remain on that property.\n\nThese considerations suggest that other compensation options should be analyzed as a complement to the contribution that annexing the ASETREK property to the Biological Reserve would make.\n\nIn the northeast of the Lomas de Barbudal Biological Reserve, there are private properties with fragments of riparian and secondary forests. In fact, a rapid examination reveals that in the vicinity of the Quebrada Amores there are forested conditions that could be of protection interest. One of them is Brindis de Amor, a property of about 86 Ha that borders the Lomas de Barbudal Reserve and whose forest cover has been protected by its owner Carlos Jiménez for the last twenty years (Figure 47).\n\n(...)\n\n4.2.1. Brindis de Amor as a complement to the compensation\n\nBrindis De Amor possesses 15.87 Ha of riparian forest (bosque ripario), 8.4 Ha of secondary forest, and 45.2 Ha of deciduous forest. The rest of the property is pastureland showing early stages of deciduous forest succession. The property is crossed by the Cabuyo River, which is permanent and is the same one that irrigates the adjacent Biological Reserve (Figure 48).\n\n(...)\n\nBased on these observations, the following are the arguments that we consider justify the use of Brindis de Amor as part of the compensation to offset the losses in RBLB due to the effects of the project.\n\n1. The results of our study, both in habitat quality and in community composition, reveal the need to offset the loss in Lomas de Barbudal with at least 332 Ha of forested habitat. However, to achieve that number of hectares in AS ETREK, it is necessary to include part of the deciduous forest on the eastern slope of the property, whose quality is inferior (due to having a steeper slope) to that of the western side. Furthermore, there is no fragment of mature-riparian forest (bosque ripario-maduro), which undoubtedly constitutes a shortcoming in the compensation capacity of the ASETREK property evaluated in our study.\n\n2. The Brindis de Amor property possesses 15.87 ha of mature-riparian forest. Although the analysis of the composition of this fragment was preliminary, our field observations indicate that it is constituted by evergreen species similar to those found in the same cover in RBLB and that it is comparable in basal area (Figure 49) to that of the fragment found at the potential flood site in Lomas de Barbudal. While it is true that the extension of the riparian forest in Brindis de Amor is less than what would be lost in Lomas de Barbudal, it represents a significant fraction of what remains in the entire region. In fact, the area of riparian forest in Brindis de Amor represents 7.4% of the area covered by that type of forest within the Biological Reserve currently.\n\n(...)\n\n6.1. Final recommendations.\n\n6.2. RECOMMENDATIONS ON THE COMPENSATION TO FOLLOW.\n\n1. Compensation area in ASETREK. Both in terms of habitat quality attributes and in aspects of species diversity and composition, our results demonstrate that the compensation site in ASETREK represents between 30% and 45% of the reference qualities, which translates into a compensation of 252 or 332 hectares (estimates taking into account species composition or the minimum possible value of habitat quality, respectively). To unify criteria, our suggestion is to use the estimate of 332 hectares as the measure of the area necessary to compensate for the loss due to the impact on the Biological Reserve.\n\n2. Compensation must be carried out by also incorporating other properties and systems. An important consideration is that the number of hectares of the evaluated habitat required for our compensation estimates is not available in ASETREK. Furthermore, as mentioned in this report, said property does not have riparian forest available for compensation. Thus, we recommend the incorporation of the Brindis de Amor property as part of the compensation. The proposal is summarized in Figure 51, and would contemplate the annexation of 530 Ha (444 Ha from ASETREK and 86 Ha from Brindis de Amor) to Lomas de Barbudal as compensation for the losses due to flooding in the terrestrial environment.\"\n\nIn the above sense, the study also concluded:\n\n\"The procedure for evaluating compensation was designed to compare sites with the same type of habitat. However, in the present study, the heterogeneity found at the potential affectation site in the Biological Reserve forced averaging the values assigned to each of the forest covers found for each indicator. An additional difficulty was that the riparian forest has no counterpart in ASETREK, so it was decided to assign a minimum value to this cover in each indicator.\"\n\nAs observed, the OET recognized that the ASETREK Tres Azul S.A. property possesses environments of lower biological quality and that the compensation estimation method (habitat-hectare) did not ensure the gain of all the elements or characteristics that would be affected.\n\nFurthermore, it also expressly accepted that the proposal to acquire the property called Brindis de Amor (as a compensation supplement) was made through a preliminary analysis.\n\nIn that regard, the coordinator of the OET study stated at the aforementioned hearing that, although methodologically, the ASETREK property should be sufficient—since that difference in environmental quality had been \"penalized\"—in his own judgment it was not. Moreover, the aforementioned professional admits that Brindis de Amor was evaluated through a series of vegetation samplings, but not fauna. He adds that the study was preliminary, in the sense that it does not have the entire fauna component, and in that regard he asserted: \"it is clearly different from what was done at ASETREK, yes.\"\n\nThe foregoing a priori leads to the conclusion that the study carried out for the compensation of potential losses did not demonstrate the sufficiency or ecological equivalence of the proposed area and that, without the same rigor or thoroughness, the incorporation of another property was recommended. It is enough to contrast the number of indicators (of habitat quality and diversity, including: geophysical attributes, landscape quality, vegetation structure, and ecosystem services; and of community composition, including: vascular plants, avifauna, mammals, herpetofauna, ichthyofauna, and understory insect diversity) that were studied in the RBLB and in ASETREK, with the preliminary analysis carried out on Brindis de Amor. Note that the study itself affirmed that adding the Brindis de Amor property contravened the basic notions of reserve design by not contributing to the formation of a compact block, despite which it was recommended to add it to the compensation, without any additional formal recommendation or consideration.\n\nNow, even with the above inclusion, the Technical Committee of the Arena Tempisque Conservation Area, according to minute no. 5-2017 of the meeting held on June 30, 2017, concluded that the proposal was still insufficient: \"The type of riparian forest cover (cobertura bosque ripario) is of utmost concern regarding the issue of scarce representation at the RBLB level. This cover is represented in only 8.0% (216.17 ha) of the total area of the RBLB. The studies determined that the riparian forest within the flood site in the reserve corresponds to 11.4% (24.64 ha) of the total area of that cover in the RBLB. The area of riparian forest in the Brindis de Amor farm represents 7.40% (15.87 ha). This, added to the 2.2 ha of ASETREK, totals 18.07 ha of riparian forest as a compensation proposal. Presenting a difference of approximately 6.57 ha of riparian forest to compensate this type of ecosystem.\" It even also recommended to the regional council: \"1. Identify an area of riparian forest that allows compensating the shortfall in hectares for this type of ecosystem. Since the studies determined that the riparian forest within the flood site in the Reserve corresponds to 11.4% (24.64 ha) of the total area of that cover in the RBLB, the area of riparian forest in the Brindis de Amor farm represents 7.40% (15.87 ha). This, added to the 2.2 ha of ASETREK, totals 18.07 ha of riparian forest as a compensation proposal, meaning that approximately 6.57 ha of riparian forest would be missing to compensate this type of ecosystem. According to the maps and knowledge of the site, there are other properties adjacent to the Lomas Barbudal Biological Reserve with those characteristics.\"\n\nIn that regard, the Regional Council of the Arenal Tempisque Conservation Area (CORACAT), according to agreement no. 1 taken at the extraordinary session held on July 5, 2017, and subsequently, the National Council of Conservation Areas (CONAC), at extraordinary session no. 3 of July 11, 2017, considered that the sum of proposed areas of riparian forest was 18.07 hectares, that is, an area smaller than the fragment that would be lost in the flood site of the RBLB (24.71 hectares), and therefore proposed the identification of an additional area for the compensation proposal that would include riparian forest and thus make it possible to compensate for the shortfall in hectares for this type of ecosystem; hence, after analyzing the proposals for possible compensation areas for the missing riparian forest and jointly with SINAC officials, it was considered to add a part of the Hacienda Ciruelas SP S.A. farm.\n\nRegarding that, CORACAT, in official letter no. SINAC- CORACAT-SE-041, stated: \"There are some official letters sent by SENARA, for example, SENARA-GG-0374-2017, SENARA-GG-0257-2017, and SENARA-INDER-172-2017 that indicate that within the ASETREK property there are 6.14 ha (sic) of riparian forest. However, this data is not mentioned in the study carried out by the OET, nor supported by any study in this regard, with the same characteristics as the initial study. Regarding the Brindis de Amor farm, this Council also considers that the studies were not carried out with the same depth of analysis as the initial study, nor in sufficient time to technically support the quality of the components addressed from the beginning of the investigation. It is necessary to further deepen the studies on this property or any other that is considered as a compensation proposal, so that this Council can issue a reasoned opinion.\" In addition, the final compensation proposal was defined in official letter no. SENARA-INDEP-441-2017 of July 17, 2017, which provided that to compensate the disaffected area and cover the shortfall in riparian forest, 444.04 hectares of the ASETREK Tres Azul S.A. farm, the entirety of the Finca Brindis de Amor in Liberia S.A. with an area of 86.96 hectares, and an area of 40 hectares of the Hacienda Ciruelas SP S.A. farm would be included.\n\nThus, after analyzing official letter no. SENARA-INDEP-441-2017, it is observed that several properties were compared to propose the additional compensation area; however, a detailed analysis of the biological and geophysical characteristics of the Hacienda Ciruelas SP S.A. property was not carried out. Furthermore, although SENARA reported that in the processing of Law No. 9610, the document called \"Compensation Proposal for the Lomas de Barbudal Biological Reserve\" had been considered, in the section corresponding to the Hacienda Ciruelas property it was also expressly recorded that only a \"preliminary\" analysis had been performed on it.\n\nIn another order of ideas, the record does not show that there was any complete technical study justifying the decision to disaffect the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the purposes of issuing the challenged law. In this regard, Patricia Quirós, general manager of SENARA, was asked at the hearing: Was there any technical study that determined the need to disaffect the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the PAACUME Project, any technical study that said it is necessary to affect precisely that biological reserve so that the PAACUME project can be developed? In response, she stated: \"we directly contracted with ICE for the feasibility of the dam and reservoir on the Río Piedras and according to the analysis that was carried out, it was determined that the only site that exists for the construction of the reservoir is indeed on the Río Piedras, because there is a depression there, a drop that allows that difference in level existing in the area to make it possible to carry the water to the right bank of the Tempisque River. So, in the region it is the only possible site to be able to build the reservoir and to be able to carry the water to the right bank.\"\n\nThen, before concluding the hearing, she was asked the following: \"you mention that there is a technical study that justified the disaffection of the Lomas de Barbudal Biological Reserve and determined the construction of the reservoir in that place to be necessary, specifically, which study are you referring to and can you have it submitted to the record? In that regard, she answered: \"the technical study to which I refer is the study carried out specifically by the OET, when the consultation is made I mean that the study carried out by ICE refers specifically to the engineering study, to the feasibility study of the dam and reservoir.\"\n\nSimilarly, she was asked again: \"you indicate that there was a study that said that only by affecting the Lomas de Barbudal Biological Reserve could the project be carried out, is that study then the ICE one?\" To which she responded: \"No, there is a feasibility study that SENARA carried out for the entire project, where that situation is established.\" Likewise, she stated that she would have a copy of such study submitted to the record.\n\nIn relation to the foregoing, after reviewing the OET study, it is observed that it did not properly analyze the need to disaffect the RBLB for the construction of the reservoir, but rather merely constitutes a study to establish the Biodiversity Baseline of the area to be disaffected and the potential compensation site. Likewise, the Feasibility Study that SENARA provided after the hearing expressly records that it is from October 2018, a time by which even the bill had already been approved in second debate (extraordinary plenary session no. 11 of September 6, 2018), meaning it could not even have been subject to discussion in the Legislative Assembly. Hence, even if this feasibility study developed the need to disaffect the RBLB, chronologically it could not have served as a basis for such purpose, for the purposes of the challenged law.\n\nNow, it is worth clarifying that the study referring to the disaffection of protected areas is not exclusive of the Environmental Impact Study to which the PAACUME project must be submitted in its entirety. Precisely, before SETENA, the various direct or indirect impacts of the project on the surrounding areas can be analyzed, as well as the possible violation of the UNESCO Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and the possible effects of the PAACUME project on the site declared as a World Heritage Site in the Guanacaste Conservation Area. In this latter case, if the Environmental Impact Study establishes mitigation and prevention measures for impacts within the protected wild area or its surroundings, the corresponding provisions must be taken to comply with those requirements.\n\nIn conclusion, since a study was carried out on the Lomas del Barbudal Biological Reserve and on the property of ASETREK Tres Azul S.A. for a period shorter than that recommended by the Organization for Tropical Studies itself, there is no scientific or technical certainty of the results obtained. Furthermore, the study failed to demonstrate in a reliable and substantiated manner that the ASETREK Tres Azul S.A. property, as a compensation proposal, was equivalent to the disaffected area from an environmental point of view, since, specifically, the study mentioned that the habitat was not comparable, there was no correspondence with the reserve environment (the greatest example of this is the deficiency in riparian forest detected), and the gain of all the elements or characteristics affected by the reservoir was not ensured. The foregoing is relevant, inasmuch as the OET study itself, in the conclusions on the impact site and its compensation, stated that the RBLB is one of the few state wild areas that protect natural resources in the Tropical Dry Forest life zone of our country and that, in the face of such significant impact from the direct effect of the project, environmental compensation became an essential measure. In addition, since only a preliminary analysis was carried out on the Brindis de Amor property, we consider that the Chamber a priori cannot even consider it, given that to disaffect a biological reserve and propose the respective compensation, at a minimum, complete and sufficient studies must be carried out. The foregoing reasoning applies with even greater reason to the Hacienda Ciruelas property, which was not even included in the OET study and regarding which the analysis carried out was also preliminary. In this sense, we consider that a preliminary study can never be sufficient to support a decision with environmental implications of this magnitude, as occurs in the sub lite. Finally, it is not observed that the challenged law had any scientific and technical study as a basis regarding the justification for the need to disaffect the RBLB, given that the OET report did not cover that aspect and the feasibility of PAACUME prepared by SENARA was, in any case, dated after the approval of that normative body.\n\nAllowing the disaffection of a biological reserve based on this OET study (clearly insufficient as set forth supra), on other analyses of a preliminary nature, and on a feasibility study that could not even be discussed in the legislative process, signifies a serious setback to environmental protection, formerly widely recognized by this Constitutional Chamber. Such a setback is even more lamentable in light of the recent evolution of the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, which in its judgment of February 6, 2020 (Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina) fully incorporates Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, thus converting the legal considerations of the latter into binding jurisprudence for countries subject to the jurisdiction of that international court. In that regard, the Inter-American Court emphasizes that \"in environmental law, the principle of prevention is applicable with respect to activities carried out in the territory or under the jurisdiction of a State that cause damage to the environment of another State, or with respect to damages that may occur in areas that are not part of the territory of any particular State, such as, for example, the high seas.\" Precisely, the Inter-American Court recalls that the \"International Court of Justice has indicated that the obligation of prevention arises when there is a risk of significant damage. According to said tribunal, the significant nature of a risk can be determined by taking into account the nature and magnitude of the project and the context where it will be carried out.\" Consistent with this perspective, the Inter-American Court highlights, as an essential element of the human right to a healthy and ecologically balanced environment, the duty of regulation, from which, given \"the relationship between environmental protection and human rights (supra paras. 47 to 55), States must regulate this matter and adopt other similar measures to prevent significant damage to the environment.\" (Emphasis not in original). In order to achieve the foregoing, the requirement of sufficient and prior technical studies for the purposes of approving bills that impact the environment, applied by constitutional jurisprudence in a usual manner in obedience to the principle of objectivization of environmental protection, with absolute clarity constitutes one of those adequate \"similar measures,\" which is elevated to the hierarchy of a requirement of international human rights law, by virtue of the jurisprudence of the Inter-American Court.\n\nFor the reasons set forth, a transgression is proven of Article 50 of the Political Constitution, of the precautionary principle (due to the doubt about the real conditions of the RBLB and the compensation proposal generated by the deficiencies detected in the OET study, as well as the lack of certainty that the healthy and ecologically balanced environment will not be harmed), of the principle of non-regression in environmental matters (since it was not proven that the proposed compensation was at least equivalent to the disaffection), of the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) (by reducing a biological reserve without meeting the respective constitutional requirements), and of the principle of objectivization of environmental protection (by using merely preliminary studies to support compensation proposals and because the challenged law was not supported by (prior, sufficient, necessary, and individualized) technical and scientific studies that justify the reduction of the protected area).\"\n\nFor her part, Magistrate Garro Vargas also dissented, based on the following reasons:\n\n\"I. Preliminary Considerations\n\nAs a Costa Rican and as a Magistrate of this Chamber, I share the concern about the extremely serious problem of access to water resources suffered by an important area of the province of Guanacaste. I understand that the law challenged here intends to be a means to solve it. However, much to my regret, I cannot fail to warn that it contains serious constitutional flaws. Therefore, based on the arguments I will explain, I have decided to dissent regarding the alleged violation of the right to a healthy environment and to grant the action for violation of the precautionary, non-regression in environmental matters, lifetime tenure (irreductibilidad), and objectivization of environmental protection principles.\n\nII. Grievances of the Plaintiffs Under Examination in This Vote\n\nFor the foregoing, in this dissenting vote I will refer only to the grievances related to environmental issues. On the one hand, to the legislative decision to disaffect 113 hectares of the Lomas Barbudal Biological Reserve (RBLB) without any disaffection study whatsoever to justify it, and on the other, to the purported justification of the reduction of that reserve by means of a compensation study that is incomplete and biased.\n\nTo analyze both aspects, it is necessary beforehand to specify what has been the line of jurisprudence of this Chamber on the justification of bills related to environmental matters. Thus, once each of the grievances has been examined, it will be possible to arrive at duly substantiated conclusions.\n\nIII. Jurisprudential Framework. The Technical Justification of Laws in Environmental Matters\n\nIn the exercise of its legislative power, Parliament is bound by the Constitution and by treaties duly incorporated into our legal system. Furthermore, the legislative function—not only the administrative function of the State—has a limit: the content of what is established in Article 16 of the General Law of Public Administration (LGAP):\n\n'In no case may acts contrary to univocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic, or convenience be issued.'\n\nThat norm embodies the principle of prohibition of arbitrariness, which is an essential statement of the Rule of Law, and which supposes the prohibition of making decisions lacking in foundation. Upon examining the origin of this principle, this Chamber said:\n\n'It was conceived by the German jurist Leibholz in 1928 as a criterion for weighing respect for the principle of equality by the legislator. According to this formulation, the principle of prohibition of arbitrariness supposes the prohibition of arbitrariness, that is, of any difference lacking a sufficient and just reason. The principle is taken up by Spanish doctrine, specifically, by García de Enterría at the end of the fifties (1959) with a broader meaning—not circumscribed to the principle of equality—than that proposed by Leibholz. Subsequently, the principle with that broader meaning was adopted by the Spanish Constitution of 1978 in its Article 9.3, at the proposal of Senator Lorenzo Martín-Retortillo, who justified his initiative on the need to have the principle of prohibition of arbitrariness as a technique or mechanism for controlling or supervising public powers inherent to the Rule of Law.' (Judgment 11155-2007).\n\nAlready in a prior judgment, the Chamber had clarified that, although it is located in the LGAP, its origin and ultimate foundation is found in Article 11 of the Political Constitution which states:\n\n'Public officials are mere depositaries of authority. They are obliged to fulfill the duties that the law imposes on them and cannot arrogate powers not granted to them therein' (see judgment 2004-14421).\n\nThat is, it is a principle that, although formally expressed at the legal level, has a materially constitutional content and governs the exercise of public function in all its breadth. Therefore, it is possible to conclude that said principle is also applicable to parliamentary work. In that sense, the Chamber in judgment 2003-5090 expressly stated the following:\n\n'The freedom of legislative configuration is not unrestricted, since it has as a limit the Law of the Constitution, that is, the block of constitutionality made up of constitutional precepts and customs, values and principles—among which those of proportionality, prohibition of arbitrariness, non-discrimination, due process, and defense stand out—of that nature and the jurisprudence issued by this Tribunal for similar cases.' (Emphasis not in original).\n\nPrecisely, this Tribunal has established as a jurisprudential line that the principle of prohibition of arbitrariness requires that decisions that impact the environment be duly supported by technical and scientific criteria. From this has emerged the principle of objectivization of environmental protection or principle of linkage to science and technique.\n\nThis principle was introduced into the jurisprudential line of this Chamber starting with judgment 2005-14293, in which it was affirmed:\n\n'[The] environmental principle \"of linkage to science and technique\" that governs environmental matters, insofar as administrative decisions that may have an impact on the environment require technical support to back them, and in such condition, they limit and condition the discretion of the Administration in its action.'\n\nThis was expanded upon in judgment 2006-17126, in which it was pointed out that this principle translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, in relation to both acts and provisions of a general nature—both legal and regulatory. It is understood that the requirement of \"linkage to science and technique\" conditions the discretion not only of the Administration, but of the legislator himself.\n\nAll of the foregoing was taken up again in judgment 2012-12716, in which the following considerations were made:\n\n'The Chamber makes its own the opinion that on the case has been provided by the Office of the Attorney General of the Republic, in the sense that, as a constitutional principle that conditions the action of the State in environmental protection, the principle of objectivization of environmental protection or principle of linkage to science and technique is recognized:\n\n\"translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and provisions of a general nature—both legal and regulatory—, from which derives the requirement of 'linkage to science and technique,' with which the discretion of the Administration in this matter is conditioned.\" (resolution No. 17126-2006).\n\n\"environmental principle 'of linkage to science and technique' that governs environmental matters, insofar as administrative decisions that may have an impact on the environment require technical support to back them, and in such condition, limit and condition the discretion of the Administration in its action.\" (vote No. 14293-2005 reiterated by 11562-2006).\n\n\"It is based on the principle that environmental norms must have technical support, since their application must start from limits that determine the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subject.\" (Vote No. 6322-2003).\n\nIn turn, it is related to the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality:\n\n\"The principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that the norms issued with respect to this matter be duly motivated by serious technical studies, even when there is no other legal norm that expressly so establishes.\" (Vote No. 7294-1998, emphasis ours).\n\n\"Thus, the application of this environmental principle is directly linked to a parameter of constitutionality of conduct—administrative and of private individuals—and of the norms governing the matter, such as reasonableness—according to the development of the jurisprudence of our Constitutional Tribunal—insofar as its purpose is to tend towards the sustainability of the [sic] use of natural resources and of the elements that make up the environment, through its 'adequate use'; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be aimed at the adequate and intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relations, to thereby safeguard the heritage to which present and future generations have a right; inasmuch as it is through the production and use of technology that it must be promoted to obtain, not only economic gains (freedom of enterprise) but above all a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing damage or harm to them, as our Constitutional Tribunal has considered, in its extensive jurisprudence, including from its origins, thus in the aforementioned judgments number 3705-93 and number 2006- 17126.\" (Vote No. 2410-2007).\n\nAnd it also bears a close relationship with the principle of prohibition of arbitrariness:\n\n\"Arbitrary action is that contrary to justice, reason, or the laws, which obeys the mere whim or will of the public agent. The prohibition of arbitrariness condemns the lack of objective legal support or foundation for an administrative conduct and, consequently, the violation of the material order of the principles and values inherent to the Rule of Law. (...) As regards the application of the principle of prohibition of arbitrariness in the sphere of regulatory power, it must be indicated that since the latter is, naturally, discretionary, the prohibitive principle of arbitrariness plays a role of the first order.\" (Emphasis corresponds to the original judgment).\n\nFrom said resolution, it is worth highlighting the precedent it invokes:\n\n\"The principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that the norms issued with respect to this matter be duly motivated by serious technical studies, even when there is no other legal norm that expressly so establishes.\" (Emphasis corresponds to the original judgment).\n\nIt is evident that the principles of objectivization of environmental protection or linkage to science and technique, as well as that of prohibition of arbitrariness, are of mandatory observance for the Legislative Assembly in the processing of bills, otherwise the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality would be violated.\n\nIV. Regarding the Disaffection of a Protected Area\n\nThe challenged law establishes a disaffection of the Lomas Barbudal Biological Reserve (RBLB). This reserve has a level of absolute protection, similar to that of a national park. By disaffecting it, the aim is to change its use to proceed to flood that large amount of land, in order to eventually carry out the water supply project called Paacume. The plaintiffs point out that there is no study regarding the disaffection and, in subsequent statements, such as those made at the oral hearing, they insisted that the authorities involved, specifically, the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (SENARA) have is a feasibility study on the construction of the dam on the Río Piedras, carried out by the Costa Rican Electricity Institute (ICE). They argue that this is not the study that environmental regulations require to determine whether the disaffection of a protected wild area is justified and that, furthermore, it was not presented in the legislative record.\n\nTo analyze this aspect, it is absolutely necessary to specify the applicable regulations and jurisprudence.\n\nA. Regulatory and Jurisprudential Framework on the Disaffection of Protected Areas\n\nThe Organic Environmental Law, in this regard, states the following:\n\n\"Article 38.- Reduction of protected wild areas. The surface area of protected wild areas, natural heritage of the State, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after carrying out the technical studies that justify this measure.\" (Emphasis not in original).\n\nThat is, it establishes that prior to the disaffection of a protected area, technical studies must be carried out to justify that decision.\n\nFor its part, this Tribunal has established a solid doctrine in this matter, that is, namely, the need to have technical studies that justify a decision to disaffect an area that was previously declared a protected area. Thus, in judgment 7294-1998, the Constitutional Chamber granted the action in which the modification of the limits of the Tivives protective zone was challenged.\n\nIn that decision, the following was considered:\n\n“From the transcribed judgment, it is clear that once a specific area has been declared a protective zone (zona protectora) by an act of the State, the State cannot simply, in whole or in part, disaffect (desafectar) it to protect other interests—public or private—to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with Article 50 of the Constitution. However, the fact that a provision, of whatever rank, has declared an area a protective zone does not imply the constitution of an immutable zone, in the sense that its area (cabida) cannot be reduced in any way by subsequent legislation. Nevertheless, it must be borne in mind that the declaration and delimitation of a protective zone, in compliance with Article 50 of the Constitution, entails a defense of the fundamental right to the environment, and therefore the reduction of its area must not entail a detriment to that right, a situation that must be established in each specific case.”\n\n“In accordance with the transcribed provisions, and taking into consideration the specific case submitted for a ruling, the Legislative Assembly cannot validly approve the reduction of the surface area of a protective zone without first having a technical study (estudio técnico) that justifies its decision. Such action becomes contrary to the Political Constitution due to violation of the principle of constitutionality in relation to Article 121, subsection 1), and Article 129 of the Political Charter. On this matter, there is a precedent from this Chamber that is pertinent, both due to the similarity of the alleged violation and because it concerns a hypothesis in which the non-observance of certain requirements has the effect of violating substantial norms or principles of constitutional rank.” (The emphasis is not from the original). (See, in a similar vein, rulings 1999-02988, 2008-008075).\n\nSubsequently, in judgment 2012-013367, this Chamber affirmed:\n\n“It is evident that these two requirements are in absolute conformity with the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. First, in this matter, the legal regime requires that any restriction or limitation of the right must be imposed by law; conversely, any benefit or expansion of the protection of the right may be established by an infra-legal provision. Second, the requirement of prior technical studies responds to the principle of subjecting decisions related to the environment to scientific and technical criteria, in order to protect the ecological balance of the system and the healthiness of the environment. In this sense, the requirement of technical studies to justify the approval of bills aimed at the reduction or disaffection of an environmentally protected area must be satisfied before or during the legislative procedure. Furthermore, the requirement of technical studies is not a mere formality; rather, it is a material requirement, meaning it must materially demonstrate, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, put forward recommendations aimed at mitigating the negative impact on it, and demonstrate how such a measure entails a development that meets the needs of the present without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs.”\n\nIn that judgment, the Chamber also developed the principle of progressivity and non-regression regarding environmental protection. According to this Court, the principle of non-regression (no regresividad) or irreversibility of the benefits or protection achieved derives from the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, enshrined in Article 34 of the Political Constitution. The Chamber considered that this principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility, since all States may be subject to circumstances of an economic, political, social, or climatic nature that could force a reconsideration of the obligation to maintain the levels of protection achieved. In such cases, the reduction of protection levels must be justified in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality. In consideration of these principles, the Chamber stated the following:\n\n“Consequently, in application of these two principles, the Constitutional Chamber has established that it is constitutionally valid to expand the physical extension of protection areas by executive decree (decreto ejecutivo) (principle of progressivity); however, reduction can only be made by law and upon prior completion of a technical study adjusted to the principles of reasonableness and proportionality, to the demands of ecological balance and a healthy environment, and to the general welfare of the population, which serves to justify the measure. A right is worth what its guarantees are worth; therefore, a violation of these principles occurs when the technical study fails to meet the required constitutional and technical demands. If such a guarantee is transgressed, so too will be the fundamental right that the guarantee protects, and it is to that extent that the reduction of protected areas would be unconstitutional.” (The emphasis is not from the original).\n\nThese constitutional principles are binding on the legislator. The Chamber concluded this by affirming the following:\n\n“Within the framework of the Constitution, the legislator has the power and competence to reduce the physical dimensions of environmentally protected areas. However, based on Article 50 of the Constitution, legislative decisions in this matter must respect the unequivocal rules of science and technology, in order to guarantee a ‘healthy’ and ‘ecologically balanced’ environment and the ‘greatest well-being of all inhabitants.’ The technical study required by Article 38 of the Organic Law of the Environment must respond to these purposes, for which mere formal compliance is insufficient because it is a material requirement, meaning it must materially demonstrate, through a technical and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, put forward recommendations aimed at mitigating the negative impact on it, and demonstrate how such a measure entails a development that meets the needs of the present without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs.” (The emphasis is not from the original).\n\nSubsequently, this Court added that for the disaffection of protected areas, in addition to the specific and particularized technical studies required by Article 38 of the Organic Law of the Environment, compensation measures (medidas de compensación) are required in order to safeguard the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In judgment 2019-663, the Chamber consolidated its jurisprudential lines and indicated the following:\n\n“1. Constitutional requirements for the reduction of a protected wilderness area (legal reservation and technical studies): In support of Article 38 of the Organic Law of the Environment (‘the surface area of protected wilderness areas, natural heritage of the State, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure’), there has been a solid jurisprudential line to the effect that for the reduction of a protected wilderness area (área silvestre protegida), in any of its management categories (including national wildlife refuges), two essential requirements must be met: ‘by means of law and prior completion of sufficient technical studies to justify the measure.’ (Constitutional Chamber, rulings 13367-2012 and 010158-2013. In a similar vein, judgments 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 and 14772-2010, among others). As stated in the aforementioned 1998 decision:\n\n“‘(…) once a specific area has been declared a protective zone by an act of the State, the State cannot simply disaffect it, in whole or in part, to protect other interests—public or private—to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with Article 50 of the Constitution. However, the fact that a provision, of whatever rank, has declared a determined area a protective zone does not imply the constitution of an immutable zone, in the sense that its area cannot be reduced in any way by subsequent legislation. Nevertheless, it must be borne in mind that the declaration and delimitation of a protective zone, in compliance with Article 50 of the Constitution, entails a defense of the fundamental right to the environment, and therefore the reduction of its area must not entail a detriment to that right, a situation that must be established in each specific case. The fact that by means of a subsequent law the area of a protective zone, a forest reserve (reserva forestal), a National Park, or any other sites of environmental interest is reduced is not necessarily unconstitutional, as long as it is justified insofar as it does not entail a violation of the right to the environment. It could be that, due to various circumstances, a specific site has lost, at least in part, the environmental interest that originally prompted its protection, which, once the relevant studies are conducted, would justify its modification or reduction, all in application of the principle of constitutional reasonableness…’ (ruling No. 7294-1998).\n\nSpecifically regarding the legal reservation in this matter, ruling No. 14772-2010 stated:\n\n(…) the public purpose of a public domain asset cannot be modified without a legislative act, meaning that the reduction of the area of a protected zone falls under the guarantee provided by the principle of legal reservation (reserva de ley). Although, in accordance with Article 36 of the Organic Law of the Environment, the Executive Branch is authorized to establish Protected Wilderness Areas by meeting the requirements set forth in that provision —thus, Corcovado National Park was established by Executive Decrees No. 5357-A of October 24, 1975, and 1148-A of February 5, 1980— its modification may only be carried out in accordance with Article 38 of the Organic Law of the Environment, after prior technical and scientific studies, and by means of a legislative act.\n\nLikewise, judgment No. 1056-2009 indicated that reduction is only possible via law:\n\n‘when it comes to expanding the boundaries of protective zones of the State’s forest heritage (patrimonio forestal del Estado), it is possible to do so via regulation, but when it comes to their reduction, it can only be done via law, it being understood, provided that there is a prior criterion justifying the measure.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 1056-2009)\n\nThis was applied when the Chamber declared unconstitutional the regulatory provision (Executive Decree No. 32753-MINAE) by which the Executive Branch reduced the territory of the Gandoca-Manzanillo Refuge, removing the urban area of the Refuge from the area and the protection regime.\n\nFurthermore, regarding studies, these must be prior, sufficient, necessary, and individualized—as indicated in the following section. This was stated in that same 1998 decision:\n\n‘According to what has been cited, mutatis mutandis, if for the creation of a protected wilderness area the Legislative Assembly, by means of a law, established compliance with specific requirements to determine whether the measure in question is justified, it is logical that for its partial or total disaffection, certain requirements must also be met—such as conducting environmental technical studies—to determine that the disaffection does not transgress the content of Article 50 of the Constitution. In this sense, we can speak of levels of disaffection. Thus, not every disaffection of a protected zone is unconstitutional, insofar as it entails a detriment to the right to the environment or a threat to it. Hence, to reduce any protected wilderness area, the Legislative Assembly must do so based on sufficient and necessary technical studies to determine that no damage will be caused to the environment or that it will not be endangered, and therefore, that the content of Article 50 of the Constitution is not violated. The principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, obligates that norms enacted regarding this matter be duly motivated by serious technical studies, even if there were no other legal provision expressly so establishing it. In the opinion of this Constitutional Court, the requirement contained in Article 38 of the Organic Law of the Environment No. 7554, to the effect that to reduce a protected wilderness area by formal law, prior technical studies justifying the measure must be conducted, is nothing other than the objectivization of the principle of reasonableness in environmental protection matters.’\n\n2. Technical study as a scientific and individualized analysis: The Chamber has referred to the sufficiency of the technical study, when it has established through various decisions that such a study must be a scientific and individualized analysis. Thus, the following was stated:\n\n‘the requirement of technical studies is not a mere formality; rather, it is a material requirement, meaning it must materially demonstrate, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, put forward recommendations aimed at mitigating the negative impact on it, and demonstrate how such a measure entails a development that meets the needs of the present without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs.’ (Ruling No. 13367-2012. See also No. 10158-2013).\n\nFrom which it follows that the technical study required by Article 38 of the Organic Law of the Environment, which is the objectivization of the constitutional principle of reasonableness in environmental protection matters, requires a technical analysis that entails an individualized analysis, which must contain at least the following elements:\n\n• The degree of impact of the corresponding measure on the environment;\n\n• Recommendations aimed at mitigating the negative impact on the environment;\n\n• Demonstration of how the measure being taken entails a development that meets the needs of the present without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs.\n\nIn summary, said prior study must demonstrate that the disaffection conforms to the constitutional protection of the right to the environment, since, as stated in ruling No. 18702-2010, ‘the titling of areas of this nature in an indiscriminate manner cannot be permitted, as this would go against the very environmental conservation policies pursued by the State by virtue of the tasks mandated by the Political Constitution and the International Conventions it has signed.’\n\n3. Compensation measures: A protected area can only be reduced if it is done by law, if there are technical and scientific studies that rule out environmental damage, and if there is compensation for the suppressed area with another of equal size. There is no doubt that all norms in which there is a reduction of protected areas without the backing of technical studies or any compensation are unconstitutional’ (rulings Nos. 12887-2014, 2773-2014, 2012-13367 and 2009-1056).” (The emphasis is not from the original).\n\nThe foregoing was reiterated in judgment 2019-012745, in which the Chamber’s position was summarized as follows:\n\n“Based on the foregoing, a protected area can only be reduced if it is done by Law, if there are technical and scientific studies that rule out environmental damage, and if there is compensation for the suppressed area with another of equal size or insofar as possible.”\n\nThese jurisprudential lines demonstrate the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of protected wilderness areas, according to which it is not legitimate to reduce these protected spaces unless both the provisions of Article 38 of the Organic Law of the Environment and the principles consolidated in this Court’s jurisprudence—namely, non-regression in environmental matters, objectivization of environmental protection, and precautionary—are complied with in parallel.\n\nB. Analysis of the technical justification for the challenged disaffection\n\nThe following sub-sections will seek to assess the importance of the disaffection approved by the law challenged here and verify the omission of the technical studies that would justify that measure.\n\n1. Environmental importance of the Lomas de Barbudal Biological Reserve\n\nTo contextualize the analysis of the issue, it is worth explaining that the disaffected area belongs to the RBLB, which was created by Executive Decree No. 16849-MAG of January 23, 1986. The importance of that specific reserve stems from the fact that it is practically the only one safeguarding the environments of the tropical dry forest (bosque seco tropical) and its biological diversity, harboring types of fauna unique in the country and containing dry savannas not included in any other conservation unit. This is evident from the recitals (parte considerativa) of the decree in question, which state the following:\n\n“1.—That it is an essential function of the State to ensure the conservation, protection, administration, and promotion of the country's natural resources.\n\n2.—That the Lomas Barbudal area, in the province of Guanacaste, preserves highly valuable samples of the flora and fauna of the lowland dry wooded savanna, the lowland riparian forest, and the lowland deciduous forest, which in the past covered extensive areas of that province.\n\n3.—That this area contains at least 10 springs (nacientes) and part of the Cabuyo River basin, important for the agricultural and livestock production of the region,\n\n4.—That the soil type of Lomas Barbudal does not present conditions for sustained agricultural development but that, from the standpoint of research and tourism, the area is important for presenting a unique entomological fauna and for containing dry savannas not found protected in another conservation unit.” (The emphasis is not from the original).\n\nThe decree under analysis stipulated that the area in question would, from that moment on, be a biological reserve (reserva biológica), which is one of the categories of protected wilderness areas, specifically established in subsection d) of Article 32 of the Organic Law of the Environment. Likewise, by application of Articles 13 and 14 of the current Forestry Law (Ley Forestal), it forms part of the natural heritage of the State (PNE). The latter characterizes these properties as public domain assets:\n\n“Article 14.- Unseizable and inalienable condition of the natural heritage.\n\nThe forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the previous article, shall be unseizable (inembargables) and inalienable (inalienables); their possession by private parties shall not give rise to any right in their favor, and the State's action to recover these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information, and both the invasion and occupation thereof shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.”\n\nThe Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) defines protected wilderness areas as follows:\n\n“Article 58. Protected wilderness areas. Protected wilderness areas are delimited geographical zones, constituted by lands, wetlands, and portions of the sea. They have been declared as such because they represent special significance due to their ecosystems, the existence of threatened species, the impact on reproduction and other needs, and their historical and cultural significance. These areas shall be dedicated to conserving and protecting biodiversity, soil, water resources, cultural resources, and ecosystem services in general. The objectives, classification, requirements, and mechanisms for establishing or reducing these areas are determined in the Organic Law of the Environment, No. 7554, of October 4, 1995. The prohibitions affecting natural and legal persons within national parks and biological reserves are determined in the Law for the Creation of the National Parks Service, No. 6084, of August 24, 1977. During the process of meeting requirements to establish state protected wilderness areas, the respective technical reports must include the pertinent recommendations and justifications for determining the most appropriate management category to which the proposed area must be subjected. In any case, the establishment of areas and categories shall take full account of the rights previously acquired by indigenous or peasant populations and other natural or legal persons, underlying or adjacent to them.” (The highlighting does not correspond to the original).\n\nThe regulation to the Biodiversity Law, No. 34433, defines biological reserves and establishes the technical management category as follows:\n\n“Article 70 (…) d). Geographical areas that possess terrestrial, marine, marine-coastal, freshwater ecosystems, or a combination thereof, and species of particular conservation interest. Their primary purposes shall be the conservation and protection of biodiversity, as well as research.”\n\nConsequently, they have a very limited management category, as only conservation, protection, and research are permitted.\n\nIt is necessary to highlight that the RBLB is not properly a wetland, but, as the authorities reported, it does form part of the Palo Verde Ramsar site, that is, it forms part of a wetland of international importance (Ramsar site).\n\nAs is known, the Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat (known in abbreviated form as the Ramsar Convention, duly approved by Law No. 7224) states that wetlands of international importance must maintain their designation and their initial extent and that only in truly exceptional circumstances should consideration be given to changing them (Articles 2 and 4 of the Convention cited below). And, furthermore, when Ramsar sites are defined, not only are the ecosystems considered in isolation, but also the existing interrelationships that impact the wetlands.\n\nPalo Verde National Park was created by Executive Decree No. 11541 of May 30, 1980, whose recitals recorded the following:\n\n“1.—That the area encompassing the Catalina ridge, the Pedregosa ridge, the Bocana hill, the El Roble hill, and the Alvarado hill, in Guanacaste, is one of the last in the entire province that conserves tropical dry forests, a very scarce ecological formation in the country.\n\n2.—That the Nicaragua, El Roble, Los Aromos, and Corralillos lagoons, and the El Tieso, Piñuela, Cristina, and other sites, constitute places of particular importance for the conservation of migratory and resident birds, and are at the same time the areas richest in birdlife in the country.\n\n3.—That the area in general is particularly diverse in wildlife, and is one of the last refuges for animals that still exist without protection in the province of Guanacaste.\n\n4.—That several ecosystems of great diversity and richness of floristic species are also present, such as forests on calcareous deposits, herbaceous lagoons, mixed lowland forests, and palo verde forests on vertisols.”\n\nThis was ratified by Law No. 6794 of August 25, 1982, “Law for the Creation of National Parks and Biological Reserves. Ratifies as Laws Decrees Creating National Parks and Biological Reserves.” Subsequently, by Executive Decree 27345-MINAE, “Establishes Active Management for Palo Verde National Park in its Wetlands and Pasture Areas and Creates Advisory Committee,” the following was highlighted in its recitals:\n\n“III.—That among the fundamental objectives of Palo Verde National Park is to protect, manage, conserve, and restore both wetland and tropical dry forest ecosystems, to maintain the diversity and populations of wildlife.\n\nIV.—That the Convention on Wetlands of International Importance, known as the Ramsar Convention, was ratified by Costa Rica by Law 7224 of April 2, 1991, and that as an international legal instrument, it has a value superior to Law. That Costa Rica, as a contracting party, must promote the conservation of wetlands and waterfowl, creating natural wetland reserves and attending adequately to their management and care. Likewise, it undertakes to promote research and the exchange of data regarding wetlands in order to favor conditions for increasing waterfowl populations.” (The emphasis is not from the original).\n\nFurthermore, the General Management Plan for Palo Verde National Park, of the National System of Conservation Areas, clearly establishes the inclusion of the RBLB within Palo Verde National Park (see Agreement No. 20 of Ordinary Session No. 03-2016 of March 28, 2016, issued by the National Council of Conservation Areas, available on the Costa Rican Legal Information System page – SCIJ).\n\nBy Executive Decree No. 39786-MINAE of April 22, 2016, the management, conservation, and rehabilitation activities of this park were declared of public and national interest:\n\n“Article 3.- Declaration of Public Interest. The active management activities for the conservation and rehabilitation of the ecosystems of Palo Verde National Park are declared of public and national interest, in order to have the support of the State and other public agencies, non-governmental organizations, and public and private international bodies for their implementation.”\n\nWhen examining the foregoing regulatory framework in detail, it is possible to note the great importance that the area in question holds for environmental protection. Hence, decisions made regarding the reduction of the area of these zones or the change in their purpose must be duly reasoned in technical studies that appropriately justify such a determination.\n\nExamination of the existence of technical studies on the disaffection\n\nBased on the foregoing, it is clear that both national legislation and the constitutional principles examined and constitutional jurisprudence require, as a first element, that a law providing for the disaffection of a protected wilderness area, integrated into the PNE, must be reasonably grounded in a technical study that justifies, in a concrete manner, the reason why a particular area must be disaffected and its nature changed. Therefore, it is now necessary to examine whether the questioned law had such a study.\n\na. Statement of motives for the questioned law\n\nAs has been seen, the original purpose of safeguarding these lands is the protection of a very particular and almost unique type of forest in our country, namely, the tropical dry forest and its biological diversity, which is not included in any other specific protection category. In contrast, although the challenged legislation provides it environmental protection and stipulates that it will be recognized as a wetland ecosystem administered by the National System of Conservation Areas (SINAC) (Article 6 of Law No. 9610 [which “Modifies boundaries of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the water supply project for the middle Tempisque River basin and coastal communities”]), the fact is that its nature is completely changed. This is because, precisely, the ultimate purpose of the disaffection is to make the Paacume project possible, which entails flooding the spaces of these primary forests. In the study by the Organization for Tropical Studies (OET) itself, the matter of the change in the nature of the property was evidenced:\n\n“Due to its geographic position and the relief of the area, the Rio Piedras reservoir would directly affect a site within the Lomas de Barbudal Biological Reserve, a protected wilderness area created in 1986 to safeguard the environments of the tropical dry forest and its biological diversity. The area in conflict has been estimated at almost 113 hectares below the 50-meter elevation contour, which would be flooded once the reservoir is built.” (The highlighting does not correspond to the original).\n\nRegarding the purpose of the Paacume project, the statement of motives for the bill set forth in detail the following:\n\n“The fundamental objective is the provision of water, accessible in quantity, quality, and timeliness—20 cubic meters per second—for different potential uses. It is projected to benefit at least 204,000 people and cover at least 17,000 hectares under irrigation. From this flow, 2 cubic meters per second will remain available for the long-term supply to communities in the cantons of Santa Cruz, Nicoya, and Carrillo and will be administered by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA).”\n\nAdditionally, the project envisions at least 1.5 cubic meters per second of water for irrigation as support for tourism activities in the coastal zone, thereby benefiting coastal communities by freeing up groundwater currently used for irrigation.\n\nThis project will not only enable sustainable access to water for communities and the productive sector, but also aims to harmonize and regulate the rational exploitation of the main underground resources in aquifers on the right bank of the middle basin of the Tempisque River, because it will allow the State to regulate the maximum use of wells for these activities.\"\n\nThus, and keeping in mind what was stated by the authorities during the unconstitutionality action proceeding, there is no doubt about the urgency and importance of enabling access to potable water services and addressing other problems of drought, shortages, and desalination of aquifers, among others (see statements from the Presidency of the Legislative Assembly, SENARA, Ministry of Environment and Energy (MINAE), Ministry of Agriculture and Livestock (MAG)). It is noted that the water supply in the area will be provided through the construction of a dam on the Río Piedras, which will require a reservoir with a water surface of approximately 850 hectares, of which 113 hectares are within the RBLB, according to the design carried out by SENARA.\n\nHowever, upon reviewing the statement of motives for the bill, the legislative record, and the record of this unconstitutionality action, it was not possible to discern compliance with this requirement of critical importance, namely, that of conducting a study that specifically justifies the need to address this severe problem through the removal of protection (desafectación) of a specially protected area.\n\nThe only reference in the statement of motives is the following:\n\n\"Thus, the location of the dam on the Río Piedras is due to a unique topographical condition that does not allow it to be moved to another site; therefore, this location and the difference in elevation between the entrance of the supply canal and the exit of the canal that will carry the water to the Tempisque River determine the maximum reservoir level and its capacity to supply 20 cubic meters per second to the Paacume.\n\nAt some point, the possibility of building a dike to prevent the flooding of this area of the Lomas Barbudal Biological Reserve and a tunnel over 2 kilometers long to evacuate the waters was considered; however, it turned out that the dike site coincides with a geological fault that would make its construction impossible due to the high risk it generates for the project.\" (Emphasis is not from the original).\n\nThese assessments, while they may be valuable for illustrating the situation, do not in any way reveal that the necessary study to provide concrete justification for the removal of protection (desafectación) was fulfilled.\n\nb. Reports from SENARA and the Regional Council of the Conservation Area\n\nIn the report from SENARA authorities rendered after the oral hearing held in the proceedings of this unconstitutionality action, reference was made to a Feasibility Study for the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities. This study is dated October 2018, meaning it was concurrent with the date the legislation under analysis was approved, specifically, October 17, 2018. Therefore, it could not have been assessed by the parliamentary body. Likewise, both in the oral hearing and in the subsequent report, the General Manager of SENARA refers to the fact that the area has ideal conditions for carrying out the work and bases her statements on a technical study conducted by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) –pursuant to inter-administrative contract SENARA-ICE-MINAE 201600011 and its addenda– according to which, given the topographical conditions of the area, the zone in question has ideal conditions for building a high-capacity reservoir (see report rendered before the Chamber on June 15, 2020). However, it is clear that no specific study exists to justify the removal of protection (desafectación) as such.\n\nThe legislative record contains statements from the Regional Council of the Arenal Tempisque Conservation Area itself from July 2017, which conclude the following:\n\n\"Based on the aforementioned study (Mandatory consultation of local communities, compensation proposal for the Lomas Barbudal Biological Reserve) and the documents provided to date, this body considers that it has not yet been demonstrated that there are other alternatives for the PACUUME project, without necessarily having to remove protection (desafectar) of an area of the current RBLB. If indeed these alternatives are not viable, it will be necessary to assess the third measure, which is compensation.\" (Official communication SINAC-CORACAT-SE-041, found at folios 126 and 1492 of the copy of the legislative record).\n\nAdditionally, official communication SINAC-CORACAT-049-2018 dated September 9, 2018, was submitted to the legislative proceeding, in which the Executive Secretary of the Regional Council of the Arenal Tempisque Conservation Area emphasizes the following:\n\n\"Based on the General Law of Public Administration and the jurisprudential line of the Constitutional Chamber, it is necessary for sufficient environmental, legal, and financial technical studies to exist that justify the adequate selection of both the area to have its protection removed (desafectar) and the areas that would serve as compensation. The existence of these studies within the record of this bill must be verified, since to date this Council does not have such information.\" (Folio 2641 of the copy of the legislative record. The emphasis corresponds to the original official communication).\n\nFrom these statements, it can be inferred that for these authorities, the compensation study must occur after the technical studies justifying the need to remove protection from the zones in question and radically change their designated purpose. That is, they would change from being a tropical dry forest to becoming –through flooding– a wetland, thus losing the area's original richness. The Conservation Area authorities themselves emphasize that the initial determination to remove protection (desafectación) is not properly supported by a study that appropriately justifies it. Indeed, the governing authority of the conservation area in question itself stated during the legislative proceeding that \"it has not yet been demonstrated that there are other alternatives for the PACUUME project, without necessarily having to remove protection (desafectar) of an area of the current RBLB\" (folios 126 and 1494). Furthermore, it drew the legislators' attention to the need for sufficient environmental, legal, and financial technical studies that justify \"the adequate selection (...) of the area to have its protection removed (desafectar).\"\n\nAt a later stage, after the technical determination of the need to remove protection from a specific protected wilderness area, the compensation studies are required. These are the studies that seek a form of environmental reparation for the suppressed area, using another area of equal size and similar biological characteristics. On this matter, the OET representatives stated the following:\n\n\"Environmental compensation for an environmental impact is a measure of last resort, which should only be carried out if said impact cannot be avoided or adequately mitigated. Consequently, when a project's impacts require compensation, one is facing a situation where it is inevitable to compensate for a potential impact. In this circumstance, the discussion should not focus on whether or not compensation is possible, but on how to achieve it so that there are environmental gains.\" (Emphasis does not correspond to the original).\n\nFrom the foregoing, one could conclude that even the OET itself acknowledges that it must first be determined with certainty, based on technical studies, that the removal of protection (desafectación) is the last possible solution, and only then should the study of compensation measures be carried out.\n\n3. The report from the Office of the Attorney General of the Republic\n\nIt is of great relevance for the specific case to transcribe, as pertinent, some passages from the report rendered by the Office of the Attorney General of the Republic (PGR) in the unconstitutionality action. Regarding the need to conduct a prior study justifying the removal of protection (desafectación) of portions of the RBLB, it stated the following:\n\n\"On the other hand, even if the sufficiency of the OET study and the final compensation proposal were verified, it should be noted that this technical study would only justify the validity of the compensation carried out, and, as such, is not a technical study that directly justifies the decision to remove protection (desafectar) from a part of the RBLB.\n\nIn accordance with the constitutional jurisprudence on the subject, the study required by Article 38 of the Organic Law of the Environment to justify the reduction of a protected wilderness area should be a study that determines the necessity and advisability of adopting such a measure.\n\nIn this case, such a study would be one that provides technical justification for the need to remove protection from part of the RBLB. That is, a study that determines that the only alternative for developing the PAACUME project and the Río Piedras reservoir is to remove protection from part of the Biological Reserve.\n\nIn this regard, the Regional Council of the Tempisque Conservation Area, when referring to the OET study, indicated that \"this body considers that it has not yet been demonstrated that there are other alternatives for the PAACUME project, without necessarily having to remove protection (desafectarse) from an area of the current RBLB. If indeed these alternatives are not viable, it will be necessary to assess the third measure, which is compensation.\" (Official communication No. SINAC-CORACAT-SE-041 dated July 7, 2017, folios 1492-1497 of the legislative record). And that same Council, after the bill was approved in the second debate, indicated that \"it is necessary for sufficient environmental, legal, and financial technical studies to exist that justify the adequate selection of both the area to have its protection removed (desafectar) and the areas that would serve as compensation. The existence of these studies within the record of this bill must be verified, since to date this Council does not have such information.\" (Official communication No. SINAC-CORACAT-049-2018 dated September 9, 2018, folios 2641-2644).\n\nIn the \"PAACUME Project Profile Document\" prepared by SENARA (Folios 505-621), it is assumed that \"one of the properties within the reservoir area belongs to the Lomas Barbudal Biological Reserve, with an approximate area of 112 ha.\" And it is indicated that the \"area must be compensated with an adjacent area of similar ecological characteristics, for which the elaboration of a biodiversity baseline study is required to demonstrate the equivalence of the compensation areas,\" and it is indicated that said study was prepared by the OET (see folio 557). Some of the officials who appeared at the sessions of the Legislative Commission that processed the project indicated that technically the PAACUME project could not be developed without removing protection from (desafectar) and flooding part of the RBLB, and in the document titled \"Mandatory Consultation of Local Communities. Compensation Proposal for the Lomas Barbudal Biological Reserve\" (Folios 622-726), in response to one of the questions raised by a participant, it was indicated that \"if the 113 hectares of the RBLB cannot be obtained, the project changes completely, since without these 113 hectares of the RBLB the conditions of the dam, the amount of water to be stored in the reservoir, the cost of the project, and the design would have to change completely.\" (Folio 661).\n\nTherefore, based on the criteria of the institutions that were heard regarding this unconstitutionality action, it must be assessed whether sufficient technical support exists to justify the need to remove protection from part of the RBLB for use in the execution of the PAACUME project.\n\nIf this foundation is not verified, Law 9610 must be declared unconstitutional for violating the principles of lifetime tenure (irreductibilidad) of protected wilderness areas, objectivization of environmental protection, and non-regression.\n\nIn that scenario, the norm could be contrary to the Ramsar Convention, because while it is true that it does not oblige States to communicate in advance the decision to modify the area of sites of international importance, its Article 4 subjects that possibility to the existence of a reason of urgent national interest, which would not be duly justified in this particular case.\" (Emphasis is not from the original).\n\nIt is observed that the PGR was emphatic in pointing out the need to address the plaintiffs' allegations regarding this first grievance, namely, the obligation to assess whether there is a technical study justifying the removal of protection (desafectación) of a particular protected area such as the RBLB.\n\nC. Conclusions on this matter\n\nIt is verified that the authorities proposing the project have insistently argued that the existence of the compensation study justifies the need to remove protection (desafectar). The foregoing reflects, at the very least, a serious confusion between the respective purpose of the study for the removal of protection (desafectación) of a specially protected area that has been integrated into the PNE and that of the compensation study. This confusion –or attempt to equate two categories of study that have a different nature– renders the decision to remove protection (desafectar) unjustified.\n\nFurthermore, it should be added that both studies are distinct from the technical study required for the assessment of the infrastructure intended to be developed, that is, an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) study. This, in the terms of the Organic Law of the Environment, is specific to human activities that alter or destroy elements of the environment or generate hazardous waste and is an indispensable prerequisite prior to starting activities, works, or projects:\n\n\"Article 17. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste materials shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created in this law. Its prior approval by this agency shall be an indispensable requirement for starting the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).\"\n\nTherefore, based on the regulatory framework and jurisprudence, it must be concluded that the technical studies justifying the removal of protection (desafectación) and the subsequent compensation studies must be prior to the legislative decision, precisely because it is required that the latter be based on them.\n\nTherefore, I consider that the PGR is correct in stating that the law in question is unconstitutional for lacking a study that technically supports the need to remove protection (desafectar) from part of the RBLB. Said omission is harmful to the principles of precaution, non-regression in environmental matters, lifetime tenure (irreductibilidad), and objectivization of environmental protection.\n\nV. On the compensation studies\n\nIt is now appropriate to examine the grievances, the regulatory framework, and the reports on the obligation to conduct compensation studies.\n\nA. The grievances raised by the plaintiffs\n\nThe plaintiffs questioned that an attempt was made to justify the reduction of the RBLB area by means of an incomplete and biased study conducted by the Organization for Tropical Studies (OET). They allege that the intention is to compensate the area from which protection has been removed (desafectada) and that is intended to be flooded with private lands adjacent to the biological reserve, incorporating two properties defined by SENARA. One on which no study was conducted (a property belonging to the company Hacienda Ciruelas SP S.A.) and another on which a very superficial study was conducted (a property belonging to the company known as Brindis de Amor).\n\nThus, they argue that Law No. 9610 violates Article 50 of the Political Constitution, since, in their opinion, it does not incorporate a serious, comprehensive, and objective study on the consequences of the removal of protection (desafectación) of 113 hectares of the RBLB and the substitution or compensation with about 500 hectares of private properties intended to be incorporated into the biological reserve. They question, in this particular case, the soundness of the study conducted by the Organization for Tropical Studies (OET), by which an attempt was made to justify the removal of protection (desafectación) and compensation. They refer to other studies that call into question the consistency of that study and conclude that it is \"insufficient to define the boundary change of Lomas de Barbudal, and does not demonstrate that this change will be fully compensated by additional areas in other sectors of the Reserve. The ASETREK farm, studied in more detail by the consultants, is ultimately acknowledged as insufficient to justify the land swap, and other nearby farms are hastily resorted to in order to balance the compensation.\" They insist that the study conducted by the OET is not complete, objective, scientific, or technical, as it suffers from many omissions and weaknesses. They reiterate that this study focuses practically on a portion of one of the three private properties intended to compensate for the 113 hectares from which protection was removed (desafectadas) by the law; but it omits incorporating studies on the biological conditions of the other two properties, making it impossible to determine scientifically that these are properties that indeed have environmental characteristics that replace the ecosystem functions of the area to have its protection removed (desafectar).\n\nB. The international obligation to conduct compensation studies\n\nRegarding the need to adopt compensation measures when dealing with the removal of protection (desafectar) of protected wilderness areas that are wetlands or integrated into them, there is an international obligation established in the Ramsar Convention, Law No. 7224 of April 9, 1991, which provides the following:\n\n\"Article 2.5. The Contracting Parties shall have the right to add to the 'List' other wetlands situated within their territory, to extend those already inscribed, or, for urgent national interests, to withdraw from the 'List' or reduce the boundaries of wetlands already inscribed and shall inform these modifications, as soon as possible, to the organization or government responsible for the continuing bureau duties specified in Article 8.\"\n\n\"Article 4. 1. Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether or not they are included in the 'List,' and provide adequately for their wardening and care.\n\n2. Where a Contracting Party, in its urgent national interest, withdraws or reduces the boundaries of a wetland included in the 'List,' it should as far as possible compensate for any loss of wetland resources, and in particular it should create additional nature reserves for waterfowl and for the protection, either in the same area or elsewhere, of an adequate portion of their original habitat. 3. The Contracting Parties shall encourage research and the exchange of data and publications regarding wetlands and their flora and fauna.\" (Emphasis does not correspond to the original).\n\nFrom these norms arises the State's obligation to carry out compensation that, as far as possible, remedies the loss of wetland resources and creates new nature reserves for protection in the same region.\n\nC. Reports from the authorities contained in the present record\n\n1. Report of the Office of the Attorney General of the Republic.\n\nThe PGR stated in its report that if it were determined that the OET study and the final compensation proposal for the RBLB are technically insufficient, the challenged law would be unconstitutional for violating the principles of objectivization of environmental protection, precaution, prevention, and lifetime tenure (irreductibilidad) of protected wilderness areas. In effect, it would not be guaranteed that the approved boundary variation does not affect the integrity of the RBLB and the environmental impact generated by the removal of protection (desafectación) of a part of said biological reserve would not be adequately mitigated. Also, this would be contrary to the obligation established in Article 3 of the Ramsar Convention to promote the conservation of wetlands included in the list of wetlands of international importance.\n\n2. Report of the President of the Board of Directors of the Legislative Assembly\n\nThe President of the Legislative Assembly points out in her report that the legislative record contains the study titled \"Establishment of a Biodiversity Baseline for the Lomas de Barbudal Biological Reserve (RBLB) and Adjacent Farm\" conducted by the OET, in which a comparative analysis was performed between the reserve and previously selected neighboring lands to ascertain the conditions of similarity and feasibility of being used as an ecologically equivalent replacement. She explains that the OET conducted the corresponding study based on the guidelines established by SENARA and explained that the OET was able to verify that the area of the RBLB intended to have its protection removed (desafectar) was in better ecological condition than the areas proposed for compensation, in a ratio of 3 to 1, meaning that for every hectare that had its protection removed (desafectara), 3 hectares should be compensated. She asserts that upon detailed review, it was determined that one of the objects for the creation of the RBLB, specifically the conservation and protection of the riparian forest, was not represented within the ASETREK farm, which was the proposal to compensate for the 113 hectares that would have their protection removed (desafectarían). She justifies that it was for this reason that the need arose to seek other adjacent lands that had riparian forest to compensate for the lack of that ecosystem in the compensation proposal. She points out that because the only requirement was to find the riparian forest, the studies on the Brindis de Amor and Hacienda Ciruelas farms did not delve into the same detail as the studies on ASETREK; however, she says that even so, the OET did conduct a characterization study of the Brindis de Amor Farm, as a compensation complement, which is found at folios 209 to 215 of the study.\n\n3. Report of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento\n\nThese authorities explained that the study was conducted by the OET and provides that the compensation for the area consists of incorporating 556 hectares for the removal of protection (desafectación) of 113 hectares. It argues that the OET recommends acquiring at least 332 hectares of the ASETREK farm; however, to facilitate management and fire control, the decision was made to incorporate 444 hectares of ASETREK, thereby compensating for all the different ecosystems found within the 113 hectares of RBLB, with the exception of the riparian forest. Consequently, it clarifies that the incorporation of the Brindis de Amor and Hacienda Ciruelas farms into the compensation proposal was made at the recommendation of the administrator of Lomas Barbudal, based on the fact that they have riparian forest land in adequate conservation conditions, as well as the main springs (nacientes) of the Cabuyo River and Amores Creek.\n\n4. Organization for Tropical Studies\n\nGiven their importance, relevant passages from the report prepared by the OET, which was the technical input for the compensation carried out in the specific case, are transcribed as pertinent. Said report states in its executive summary the following:\n\n\"The impact site in Lomas de Barbudal has three types of environments, each corresponding to a distinct forest cover (cobertura boscosa): deciduous forest, secondary forest, and mature forest associated with the creeks on the site, and therefore, referred to here as riparian forest. The deciduous forest represents 70% of the forest cover (cobertura boscosa) at that site, and corresponds to an early successional stage characterized by being open and consisting of pioneer species and having a low density of trees. The secondary forest has greater structure and corresponds to a more advanced stage where dominant trees persist. Finally, the riparian forest, composed mainly of evergreen species and with dominant trees, is one of the most threatened plant associations in the region. About 30 hectares exist at the impact site, representing about 11% of the cover of that type of association in the Biological Reserve. The compensation site is also heterogeneous in forest cover (cobertura boscosa) and has deciduous forest, secondary forest, and pasture and non-forest areas. This site does not have riparian forest.\n\nThus, the site in the Biological Reserve produced estimates of species richness greater than those estimated at the potential compensation site in ASETREK. Moreover, the species found in the Biological Reserve are not the same as those found in ASETREK: the greatest similarities in composition were found in the amphibian community, arthropod families, and birds, with 79%, 76%, and 62% shared species, while for woody plants and mammals the sites share only 55% and 50% of their species. For reptiles, fish, and herbaceous plants, the sites in Lomas de Barbudal and ASETREK share 39%, 34%, and 33% of the species. These discrepancies mean that the species composition in ASETREK represents about 45% of that quantified at the reference site. Our analyses reveal that in general, the potential flooding site in Lomas de Barbudal has greater structure, more dominant trees, biomass, and carbon fixation potential. The contribution of the riparian forest to these indicators is undeniable, but differences were also observed between the secondary forest covers of Lomas de Barbudal and that of ASETREK, the latter showing the lowest values. These differences indicate that the environment at the compensation site in ASETREK has been more disturbed than the site in Lomas de Barbudal. In terms of environmental structure and quality, the habitat in ASETREK obtained a lower score than the reference, equivalent to 51.2% of its quality. The uncertainty derived from the heterogeneity of the present environments reduces the estimated environmental quality score, so the minimum possible environmental quality value estimated from our data results in 34 points. Being a lower quality environment, approximately 332 hectares of a habitat like that observed in ASETREK would be required to compensate for the loss of the 113 hectares of the reference site. Therefore, the potential compensation site in ASETREK is inferior in environmental quality, composition, and biodiversity to the site that would be directly impacted by the Río Piedras Reservoir within the Lomas de Barbudal Biological Reserve. Following the procedure for estimating the area necessary to compensate for losses derived from the impact, we recommend annexing at least 332 Ha of the type of habitat observed at the potential compensation site to compensate for the losses that the Lomas de Barbudal Biological Reserve will suffer from the Piedras Reservoir. One proposal is to designate the forested part of ASETREK as the compensation area. For this, it is necessary to segregate 444 Ha of said property, in order to unite the available forest fragments. Even so, this land does not include the riparian forest cover, so it is suggested to additionally annex Brindis de Amor, an 86 Ha property adjacent to the northern end of the Biological Reserve that has almost 16 hectares of riparian forest. The incorporation of both properties (segregated ASETREK and Brindis de Amor) would involve the annexation of 530 hectares in compensation for the 113 Ha that would be lost in the Lomas de Barbudal Reserve.\"\n\nRegarding the grievance raised by the plaintiffs, in the sense that the OET study was carried out hastily and that some farms were subsequently added without a study similar to the one conducted for the ASETREK farm, they stated the following:\n\n\"In the northeast of the Lomas de Barbudal Biological Reserve, there are private properties with fragments of riparian and secondary forests. In fact, a quick examination reveals that in the vicinity of the Quebrada Amores there are forested conditions that could be of protection interest. One of them is Brindis de Amor, a property of about 86 Ha that borders the Lomas de Barbudal Reserve and whose forest cover (cobertura boscosa) has been protected by its owner Carlos Jiménez for the last twenty years (Figure 47). (...)\n\n1. The results of our study, both in habitat quality and community composition, reveal the need to compensate for the loss in Lomas de Barbudal with at least 332 Ha of forested habitat. However, to achieve that number of hectares in ASETREK, it is necessary to include part of the deciduous forest on the eastern slope of the property, whose quality is lower (due to having a steeper slope) than that of the western side. Furthermore, there is no fragment of mature riparian forest, which undoubtedly constitutes a shortcoming in the compensation capacity of the ASETREK property evaluated in our study. 2. The Brindis de Amor property possesses 15.87 ha of mature riparian forest.\"\n\nAlthough the analysis of the composition of this fragment was preliminary, our field observations indicate that it is constituted by evergreen species similar to those found in the same cover in RBLB and that it is comparable in basal area (Figure 49) to that of the fragment found at the potential flood site in Lomas de Barbudal. While it is true that the extent of riparian forest in Brindis de Amor is less than what would be lost in Lomas de Barbudal, (…)\n\nIn fact, the area of riparian forest in Brindis de Amor represents 7.4% of the area covered by that type of forest within the Biological Reserve currently. 3. The area of riparian forest in Brindis de Amor may constitute a core area of species for repopulating other riparian environments on the property. Although this situation is not chronologically correspondent to the loss in Lomas, it is a considerable advantage over the ASETREK property, which lacks said core area. Our observations at the site show great recruitment of arboreal species typical of riparian forests, such as the espavel Anacardium excelsum and the terciopelo Sloanea terniflora. 4. Both the deciduous and secondary forest have been protected in Brindis de Amor for at least twenty years. In contrast to ASETREK, the Brindis de Amor property has a gentle slope and the forest cover in a better condition of structure and composition than those found on the ASETREK property. Unlike ASETREK, there are no records of logging or recurrent fires, although there is evidence of fire entering the property on the south side. 5. Although this study did not include an analysis of species composition in its secondary or deciduous forest, the protection that has been given to these covers in Brindis de Amor could mean that these covers are in better condition than their namesakes in ASETREK. (…)\n\nSouth of Brindis de Amor is located Rancho Wilson, which possesses a protected forest fragment and that could be of interest for protection by reducing the aforementioned peninsula (Figure 50). However, we argue that precisely due to the protection that is currently provided to that fragment in Rancho Wilson, the annexation of Brindis de Amor could be a more suitable alternative to consolidate the block of riparian forest in the north of the Reserve. In our view, this annexation would allow negotiating with Rancho Wilson the future incorporation of the remaining forest fragment on said property. Furthermore, the protection of a segment of the Cabuyo River would be achieved from the protection of the area currently occupied by Brindis de Amor.” (In the report rendered to the Court they clarified that where it says Rancho Wilson, it refers, in reality, to Hacienda Ciruelas).\n\nThus, the technical study itself puts into evidence what was subsequently reported in the acción de inconstitucionalidad by the person in charge of conducting the baseline study. In the report rendered to the Court, it was acknowledged that the integration of these two farms was done with the purpose of improving the original compensation proposal, but “these areas were not analyzed with the depth that we did in ASETREK.” In the report rendered to this Court, pertinently, it states the following:\n\n“The use of Brindis de Amor as a foraging site demonstrates the biological importance of this property and how right it would be to protect it. Annexing a fraction of Hacienda Ciruelas is done to avoid leaving a peninsula in the contour of the RBLB if Brindis de Amor were annexed, which would contravene the basic notions of reserve design, which seeks to minimize the edge effect and its impact on the species one wishes to protect. Additionally, that fraction also contains a fragment of riparian cover. In our own report we indicated that, if one had to choose between one of those two properties, it is suggested that Brindis de Amor be acquired given that Ciruelas is already maintaining some protection in that zone of its property. Our detractors indicate that the study did not evaluate those properties. That is not entirely correct, because as mentioned previously there was indeed an evaluation of vegetation on the Brindis de Amor property. The reason other taxonomic groups (fauna) were not evaluated is that: (1) there is already evidence of the importance of that place for the fauna of the RBLB; (2) including this property complements the ASETREK property; (3) Brindis de Amor was effectively identified after it was decided to compensate with ASETREK. The fragment in Hacienda Ciruelas (erroneously called Rancho Wilson in our report) was effectively not evaluated. However, I reiterate again that assuming the protection of both this property and Brindis de Amor would come to provide a better service to the environment that the RBLB seeks to conserve.” (Report rendered by Dr. Mahmood Sasa Marín by virtue of the audience granted as evidence to better resolve).\n\nD. Conclusions on this matter\n\nFrom the statements made by the authorities themselves that are on record in the expediente of the acción de inconstitucionalidad, it is possible to conclude that the compensation study carried out for the specific case was not executed with identical rigor in the incorporation of the ASETREK farm, compared to the subsequent integration of two other farms called Brindis de Amor and Hacienda Ciruelas.\n\nAs noted supra, the plaintiffs’ disagreement is that the final report “Establishment of the Biodiversity Baseline for the Lomas de Barbudal Biological Reserve (RBLB) and Adjacent Farm” omits incorporating studies on the biological conditions of the other two properties, so it cannot be scientifically determined that these are properties that effectively possess environmental characteristics that replace the ecosystem functions of the area to be released from protection.\n\nThe PGR insisted on the need for the soundness of said study, because otherwise, there is a danger that the environmental impact generated by the release from protection of a part of said biological reserve would not be adequately mitigated.\n\nThe Presidency of the Asamblea Legislativa showed that the studies on the Brindis de Amor and Hacienda Ciruelas farms were indeed not executed with the same detail and rigor as the study carried out on the ASETREK farm. The rest of the authorities agreed that the comprehensive evaluation of the referred farm resulted in the deficiency in the compensation of riparian forest, a priority in environmental protection for being almost unique in the country. This prompted the adoption of recommendations from the authorities of the Área de Conservación themselves to integrate two other farms. However, regarding these two farms that were integrated into the compensation later on, the biological study and biodiversity equivalence study was not carried out with similar parameters of requirement and discipline. Furthermore, according to OET’s own considerations, which was the entity in charge of the study, the analysis regarding the Brindis de Amor Farm was merely preliminary, did not include an analysis of species composition in its secondary or deciduous forest, and no fauna study was carried out. Likewise, the final decision to include Hacienda Ciruelas, although it denotes a desire to ensure adequate compensation, was not backed by any scientific study that accounts for the equivalence and the mandatory compensation of natural resources. The person responsible for the study acknowledged that “the fragment in Hacienda Ciruelas (erroneously called Rancho Wilson in our report) was effectively not evaluated.”\n\nTo the above, it is convenient to add that on the basis of a ten-month study in which fauna, flora, habitat structure, ecosystem services, and physical attributes were assessed, and that included samplings in both the dry season and the rainy season, it was concluded that the ASETREK farm was not sufficient to compensate the areas of forest released from protection in RBLB. Therefore, with even more reason, it is not clear what the basis is for making inclusions, at the last moment, that can truly meet the compensation requirements demanded in terms of fauna species, forests, and carbon fixation.\n\nTherefore, I consider that the deficiencies detected in the studies, which were acknowledged by the authorities that intervened in this constitutionality process, are injurious to the constitutional principles already indicated and that, in general terms, oblige the State to adopt decisions related to the reduction of protected wild areas on the basis of a duly grounded technical study.\n\nVI. Conclusions\n\nThe considerations made allow concluding that there are four types of studies in this matter that are not comparable: 1) the study that justifies the release from protection of a protected area, 2) the compensation study for the release from protection of a protected area, 3) the environmental impact assessment of an infrastructure project. Separate is the feasibility study for carrying out an infrastructure project. In the case of the law under review, the first was omitted, the second was done deficiently, and the third is yet to be done (as would correspond after having the first two, and once the law is enacted). The project feasibility study does not substitute, in part or in whole, any of the three previous. For that reason, I consider that those who point out that the questioned regulation is unconstitutional due to the violation of the precautionary principles, non-regression in environmental matters, lifetime tenure, and objectification of environmental protection, which must govern decision-making in this matter, are correct.”\n\nIII.- The plaintiff also claims that the challenged law was approved, despite the fact that there were no financial resources to carry out the expropriation (to acquire the lands that would be used for compensation), that is, that there are insufficient resources to guarantee the acquisition of the lands that would be used to “compensate” the damage caused and to ensure their adequate protection and long-term management.\n\nRegarding this point, the Court dismissed the action, unanimously, considering that:\n\n“B.- On the accused transgression of Article 176 of the Constitución Política and the principles of budget balance, reasonableness and proportionality, economy and efficiency. The plaintiffs argue that no socioeconomic studies were carried out to justify, on one hand, the release from protection and, on the other, the increase of the RBLB by almost 500 hectares of private lands. They reproach that there was no minimum financing to acquire the area, protect it, and manage it; and that there was not even an appraisal of the properties. They state that the requirement to verify the existence of sufficient financial resources to acquire the lands of the proposed area was not met, and that Article 36 of the Ley del Ambiente establishes that to create new protected wild areas owned by the State, whatever the management category it may establish, the minimum financing to acquire the area, protect it, and manage it must be previously met, among other requirements. They maintain that this requirement was not met in the case of Law No. 9610. They indicate that the ordinary budget of 2018, in execution when Law No. 9610 was approved, did not contain a budget line item to pay for the expropriations of the private properties that were incorporated into the RBLB. They add that this non-compliance violates the principle of budget balance (Article 176 of the Constitución Política), since through that law new payment obligations were assumed without being foreseen in the budget law, which is a requirement to expand protected areas. They add that, to be able to carry out that release from protection, it is compensated with more than 500 hectares of private lands; however, the question arises as to why those properties were chosen and not other adjacent properties to the RBLB, including lands of lesser value or lands that already belong to the State adjacent to the Lomas de Barbudal biological reserve and that have a protection category much lower than that of a biological reserve (more than 300 hectares). Therefore, they allege the violation of the principle of reasonableness, proportionality, economy and efficiency, since an outlay of money of billions of colones to compensate 113 hectares of the RBLB that are released from protection through this challenged law is not justified, when there are options at no cost or much lower cost for the State. Even less so, when the law obliges expropriating more than 500 hectares to compensate 113 hectares that are being released from protection, being able perfectly to incorporate into the RBLB more than 300 hectares of the State that have a management and protection category inferior to that of a national park or biological reserve, at no cost to the public treasury. They warn that nor were all the properties adjacent to the RBLB reviewed to find a way to compensate at the lowest possible cost. Finally, they refer that the cost-benefit analysis was not done with all the properties adjacent to the RBLB.\n\nFrom the above, it is important to specify that the competence of this Tribunal, in relation to the principle of Budget Balance derived from Article 176 of the Constitución Política, is confined to a macro-level analysis, and not to a particular situation such as the one under study. Just as indicated by the Procuraduría General de la República, the discussion about whether the ordinary budget has included the specific line item destined to cover the expropriations required for the compensation of the RBLB is not referred to the violation of this principle.\n\nMoreover, what has already been indicated in this judgment cannot be obviated, in the sense that this is a conditioned law, whose effectiveness is contingent upon the pending environmental impact assessment of the PAACUME project confirming the previous results, and conforming to the principles of reasonableness and proportionality, the demands of sustainable development, ecological balance, and a healthy environment, and the general welfare of the population, which serves to justify the measure, as well as to determine that the compensation of the area contemplates both the quantitative and qualitative elements. Therefore, if the referred environmental impact assessment is lacking, which conditions —as was indicated— the effectiveness of the questioned law and the eventual start of the project execution phase, then the demand for an effective determination and provision of the necessary financial resources to execute a future expropriation is premature, as there is not yet a process tending to expropriate a property. Additionally, with regard to the adequate protection and administration of the RBLB, it must be taken into consideration that the challenged regulation itself is guaranteeing its strengthening, since, among other aspects, economic resources are assigned for the administration and management of natural resources. Ergo, it is not verified that, as to this point, an impact or environmental damage is configured.\n\nOn the other hand, the alleged non-conformity for the supposed high economic cost to the country that releasing from protection and compensating that area with those properties and not different ones means, nor does it configure an argument susceptible to constitutional analysis, but rather one of discretion, a matter in which the legislator has a wide margin —a margin of appreciation—, in this case, following, logically, technical criteria of convenience and opportunity for the choice of a terrain when reasons of duly verified public interest so demand, as occurs in the present case; besides that the reduction of the extent of a protected wild area and its compensation must not respond solely to an economic criterion, but also to the ecological attributes of the terrain, so that it meets environmental conditions equivalent to the area released from protection. So that this would equally imply a technical analysis that is not appropriate to be verified in this jurisdiction.” (The emphasis does not correspond to the original)\n\nFor her part, Magistrate Garro Vargas recorded a note in the following sense:\n\n“II. On the dimensioning of the effects of the questioned legislation\n\nIn relation to the effects of the challenged legislation, it is necessary to transcribe pertinently what was stated by PGR in the report on this acción de inconstitucionalidad:\n\n“Law 9610 presents certain particularities with respect to other legal norms that seek to reduce the extent of protected wild areas, because, in this case, the decision to release part of the RBLB from protection is not motivated by the loss of environmental value or the need to protect the zone, but, exclusively, by the need to develop an infrastructure work as part of the execution of the PAACUME project. That is, the authorized release from protection is of interest solely for the development of said project.\n\nBased on the above, the Procuraduría considers that, aside from the observations noted in the previous segment, a defect of the Law that could cause its unconstitutionality is that no provision was contemplated that dimensioned the effects of the release from protection carried out until the moment the project is executed, since the decision to release from protection has meaning and justification only if said project is carried out. If for any reason the project is not developed, the release from protection carried out would have no meaning, and, therefore, it would have no justification whatsoever.\n\nThe justification of the release from protection depends on the eventual execution of the project, which could be impeded for various reasons. For example, because —as the plaintiffs argue— environmental viability is not granted to the project, because necessary financing does not exist, because interest in developing it is lost, or because, for some other reason, it is impossible to execute it.\n\nMoreover, it must be taken into account that the guarantee of non-impact to the RBLB lies in the proposed compensation measure. But, the fact is that, with the challenged law, a part of the Reserve was released from protection and, although the compensation area was included within its limits, those lands are private properties that have not been expropriated. Based on the provisions of Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, until those properties are expropriated or purchased, they cannot become part of the protected wild area, and, therefore, the proposed compensation has not materialized. In other words, with the issuance of Law 9610, the area of the RBLB was reduced and the impact generated by that reduction has not been compensated, in contravention of the provisions of the precautionary and preventive principles.\n\nIf for any reason the project is not developed and the necessary expropriations to effect the proposed compensation are also not executed, Law 9610 would have released the RBLB from protection in vain, without a valid justification existing and without having compensated and mitigated the effects generated by that reduction. This would constitute a violation of the principle of lifetime tenure of protected wild areas, non-regression, precautionary and preventive principles, and even a violation of the Ramsar Convention as there would be no reason of urgent necessity to justify the reduction of the area of one of the sites of international importance.\n\nTherefore, without prejudice to what is verified regarding the sufficiency of the studies and technical criteria previously indicated, the Procuraduría considers that, due to what has just been indicated, Law 9610 could be unconstitutional, unless it is interpreted that the release from protection it authorizes will take effect until the moment the project is executed and the lands necessary for the proposed compensation to operate are expropriated.” (The emphasis does not correspond to the original).\n\nSaid statements are extremely relevant and put into evidence that the competent legislator did not introduce any dimensioning regarding the effects of the legislation examined in this acción de inconstitucionalidad.\n\nLikewise, in light of the PGR’s statements, it is necessary to point out that while it was agreed with the majority vote in the sense that there was no standing to hear of an eventual violation of the right to private property, enshrined in Article 45 of the Constitución Política, it is indeed true that it is noted that the effectiveness of the proposed compensation is contingent upon the expropriation of the lands contemplated for those effects and the corresponding indemnification to the plaintiffs. That is, the materialization of the compensation is conditioned on effectively expropriating the lands subject to the compensation study. At this time, as long as the expropriation has not been perfected, the lands are not subject to an environmental protection regime (a kind of precautionary measure) and the compensation offered as a parameter of legitimacy of the release-from-protection norm has also not been consolidated.\n\nThe lack of a dimensioning by the legislator himself makes the legitimacy of this compensation rest on an expropriation that has not materialized and that compromises the constitutionality of the regulation under analysis. It even reveals that the change of coordinates was already made, releasing RBLB from protection, but no condition subsequent nor provisions on the consequences of the project not being carried out were introduced. That is, the question arises as to what happens with the release from protection of this important biological reserve in the event that the infrastructure project cannot be executed.\n\nWith all respect, I consider that on this matter the solution offered by the majority of this Court, to the effect that it is a conditioned law, is not sufficient, because the truth is that the corresponding change of coordinates has already been made, without offering clarity on the effects of the infrastructure project that is intended to be carried out not being executed.”\n\nIV.- The plaintiff also accuses that a RAMSAR site is affected, but, beforehand, the existence of “urgent national interest reasons” has not been accredited, nor formally declared, as required by Article 2 of the Ramsar Convention. On this aspect, this Tribunal, unanimously, dismissed the action, concluding that:\n\n“(…) On the other hand, the plaintiffs question that RAMSAR was not notified about the release from protection of the RBLB area, nor about the change in the limits of that biological reserve, which supposes an omission that infringes our country's international commitments and, therefore, a violation of Article 7 of the Constitución Política. In this regard, it is appropriate to indicate that, although the “Technical Sheet for the extension of the Palo Verde Ramsar Site, Costa Rica” shows that the RBLB forms part of that site, subsection 2 of Article 4 of the aforementioned international instrument empowers the States to withdraw or reduce the wetlands, for urgent national interest reasons, in which case it must compensate, insofar as possible, the loss of resources and, in particular, create new natural reserves for aquatic birds and the protection of an adequate portion of their original habitat, in the same region or elsewhere. Precisely, it corresponds to each State to determine the “urgent national interest reasons,” so it is not considered unreasonable that the Asamblea Legislativa issues a law that has as part of its purposes to provide water resources to part of the province of Guanacaste and thereby ensure its sustainable use. Likewise, from the reading of the referred convention, no obligation is derived (that implies any defect of unconstitutionality) to communicate to RAMSAR beforehand the release from protection of the protected area and, in any case, it would suffice to carry out the corresponding notification, since the State, as long as it complies with the international commitments it acquired and with the internal parameters (such as those set by this jurisdiction), has the power to do so. Consequently, the plaintiffs’ allegations are dismissed.”\n\nMagistrate Garro Vargas also recorded a note regarding this point, in the following sense:\n\n“I. On compliance with international obligations\n\nThe plaintiffs questioned that, given that the Lomas de Barbudal Biological Reserve (LBLB) forms part of the Palo Verde wetland, the Consejo Regional del Área de Conservación Arenal Tempisque warned, at the time, the Asamblea Legislativa that it was necessary to communicate to the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) the intention to carry out this project and to activate any other procedure to comply with the country's commitments.\n\nThey accuse that, despite the above, the State has not notified Ramsar about the release from protection of the RBLB area, nor the change in the limits of that biological reserve, which supposes an omission that infringes our country's international commitments and, thereby, a violation of Article 7 of the Constitución Política.\n\nIt is necessary to cite in this note, again, what is pertinently provided by the Ramsar Convention, which states in Article 2.5 the following:\n\n“The Contracting Parties shall have the right to add to the “List” other wetlands situated in their territory, to extend those already inscribed, or, for urgent national interest reasons, to withdraw from the “List” or to reduce the wetlands already inscribed and shall inform of these modifications, as quickly as possible, to the organization or government responsible for the permanent Office functions specified in Article 8.” (The emphasis does not correspond to the original).\n\nAdditionally, Article 4 states:\n\n“1. Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether they are included in the 'List' or not, and shall attend adequately to their management and care.\n\n2. When a Contracting Party, for urgent national interest reasons, withdraws or reduces a wetland included in the 'List,' it shall compensate, insofar as possible, any loss of resources in the wetlands and, in particular, shall create new natural reserves for waterfowl and for the protection, in the same region or elsewhere, of an adequate portion of their former habitat. 3. The Contracting Parties shall promote research and the exchange of data and publications regarding wetlands, their flora and their fauna.” (The emphasis does not correspond to the original).\n\nThat is, that rule reiterates that when a party, for urgent national interest reasons, withdraws or reduces a wetland included in the “List,” it shall compensate insofar as possible any loss of resources in the wetlands and, in particular, shall create new natural reserves for waterfowl and for the protection in the same region or elsewhere.\n\nBased on the normative text itself, it is necessary to conclude that the Costa Rican State has not incurred a violation of its international obligations, pursuant to the provisions of Article 7 of the Constitución Política. The foregoing, because the international instrument under analysis itself does not specify at what exact moment the compensation and the respective communication to the Permanent Office created by Article 8 of the same instrument must be carried out.\n\nOn the other hand, it is necessary to point out that, although reasons of public interest have been detailed for carrying out a project that seeks to solve in the long term the water shortage in the province of Guanacaste, it has not been verified that, to date, there has properly been a formal declaration of the urgent national interest reasons for the questioned release from protection of RBLB as part of the Palo Verde National Park. It is worth recalling what was reported by the Procuraduría General de la República (PGR) in this matter, which pertinently noted the following:\n\n“In that scenario the norm could be contrary to the Ramsar Convention, because although it is true that it does not oblige States to communicate in advance the decision to modify the area of sites of international importance, its Article 4 subjects that possibility to the existence of a reason of urgent national necessity, which would not be duly justified in this particular case.” (The emphasis does not correspond to the original).\n\nFrom which it is necessary to conclude that, although there is no deadline for notification to the competent Ramsar office, there is an obligation of the Costa Rican State to justify the decision on “a reason of urgent national necessity”; all of which must be calibrated by the Costa Rican State so as not to incur international responsibility for the breach of sovereignly accepted obligations.”\n\nV.- Finally, the plaintiff asserts that there is a problem regarding the proper definition or delimitation of the boundaries, as warned by the Instituto Geográfico Nacional. A violation of the principle of objectification of environmental protection is alleged, insofar as the technical verification of the consignment of limits was omitted.\n\nRegarding this objection, this Chamber, unanimously, considered:\n\n\"(...) In relation to the alleged violation of Article 45 of the Political Constitution, of numeral 208 bis of the Regulations of the Legislative Assembly, and of the principle of legal certainty, the action is declared inadmissible. On this point, the petitioners claim that Law No. 9610 violates Article 45 of the Political Constitution, since it deprives, without prior indemnification, three legal entities of private property in order to incorporate almost 500 hectares of private properties into the RBLB as compensation. They claim that the approval of the law imposing such limitations requires 38 votes and, in this specific case, although that number was exceeded, a good part of the parliamentary procedure was carried out through an abbreviated procedure based on Article 208 bis of the Regulations of the Legislative Assembly, which implies the unconstitutionality of the law due to violation of parliamentary procedure, since that abbreviated procedure is prohibited for projects that require a qualified majority vote of deputies for their approval. They mention that, due to the manner in which it is decided to expropriate the property of Brindis de Amor in order to incorporate it into the RBLB, a property of approximately 14 hectares belonging to the company Inversiones y Desarrollos Costa Rica Pacífico del Mar CMP S.A. is left outside and enclaved within the reserve. They allege that there exists a communication that the National Geographic Institute (IGN) sent to the Legislative Assembly (official communication DIG-0388-2018) in response to the consultation made through official communication AL-DSDI-OFI-0313-2018, from which a violation of the principle of legal certainty derives; the foregoing, because the existence of inconsistencies and errors in the coordinates included in the finally approved law is verified, which prevent certainty as to how many hectares must be expropriated and what the true boundaries of the reserve are. They also question that the affected private properties have not been previously indemnified.\n\nIn this regard, the Chamber dismisses the existence of any type of diffuse or collective interest in those arguments of the petitioners. All those arguments are related in one way or another to the right to private property and its eventual transgression, which would require the existence of a base matter in which unconstitutionality had been invoked as a means to protect the right or interest claimed, which is lacking in this case. Consequently, such arguments are not susceptible to being analyzed on the merits.\n\n Furthermore, specifically regarding the alleged inconsistencies and errors as to the proper definition or delimitation of the boundaries of the RBLB, it must also be taken into consideration that both the president of the Legislative Assembly and SENARA argue that the delimitation coordinates of the biological reserve set forth in the challenged law are correct. It is alleged, in particular, that through joint work between MINAE and SENARA, the necessary field topographic studies and reestablishments were carried out, which allowed for adequate geographic accuracy in the location and real delimitation of the area of the reserve of interest, through the use of technological instruments of geographic precision. With the foregoing, it is verified that, in the sub lite, an eminently technical discussion is raised regarding the proper geographic location and delimitation of such boundaries. In which case, resolving such a controversy, after reviewing and weighing the various technical parameters that govern the matter and, even, evacuating and assessing the pertinent evidentiary material, supposes a discussion that amply exceeds the purpose and nature of constitutional review, in the terms of Articles 10 of the Political Constitution and 73 et seq. of the Law of Constitutional Jurisdiction. On the contrary, such discussion is appropriate to be aired through ordinary channels, with the respective evidentiary breadth.\" (The highlighting does not correspond to the original)\n\nVI.- Regarding the specific objection put forth by the petitioner, in the sense that the challenged Law authorizes the referred act of removal of protected status (desafectación) without having, beforehand, complete and sufficient technical studies, it must be reiterated that such extreme was also questioned in Action No. 19-000257-0007-CO, in whose filing submission it was alleged \"that the OET study does not meet the requirements established by the Constitutional Chamber for removing the protected status of a protected area\" or that the \"OET study used to justify the removal of protected status (desafectación) of the 113 hectares is a study that does not meet the requirements established by the Constitutional Chamber for those purposes. It has a large number of technical and scientific shortcomings as indicated by the Faculty of Biology of the University of Costa Rica.\" Objections that were reflected in the resolution issued at 11:05 a.m. on January 23, 2019, in which it was literally recorded that the petitioner asserted that \"Law No. 9610 violates the aforementioned Article 50 of the Constitution, since it does not incorporate a serious, integral, and objective study on the consequences of the removal of protected status (desafectación) of 113 hectares of the RBLB and the substitution or compensation with some 500 hectares of private properties intended to be incorporated into the biological reserve,\" or that \"the study by the Organization for Tropical Studies (OET) -through which they intend to justify the referred removal of protected status (desafectación) and compensation- is 'insufficient to define the change of boundaries of Lomas de Barbudal, and does not demonstrate that this change will be fully compensated by additional areas in other sectors of the Reserve…'\" Hence, this Chamber expressly ruled on that point, both in the majority vote -as confirmed by reading the transcription made in Considerando II of this judgment-, and in the dissenting vote of Judge Garro Vargas -as recorded in the transcription made in that same Considerando II-. Therefore, it is not justified to proceed with the present action regarding that extreme, insofar as we are not in the presence of new arguments, but rather objections that were already subject to express analysis and pronouncement in Voto No. 2020-13836.\n\n VII.- IN CONCLUSION. As a corollary of the foregoing, the petitioner must abide by what has already been resolved by this Chamber in the cited judgment No. 2020-13836. Judges Rueda Leal and Garro Vargas dissent and order that the unconstitutionality action be partially proceeded with, for different reasons.\n\n VIII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE RUEDA LEAL, IN RELATION TO THE ARGUMENT PUT FORTH BY THE PETITIONER REGARDING THE LACK OF A TECHNICAL STUDY IN THE LEGISLATIVE FILE JUSTIFYING THE DECISION TO REMOVE PROTECTED STATUS FROM AND SEGREGATE A PART OF THE LOMAS DE BARBUDAL BIOLOGICAL RESERVE. In the sub examine, it is important to specify that, in the filing submission of the unconstitutionality action processed under expediente No. 19-000257-0007-CO, it was not expressly alleged, as an absolute defect of the parliamentary procedure, the lack of technical studies justifying the decision to remove protected status from and partially segregate the Lomas de Barbudal Biological Reserve; rather, the arguments of unconstitutionality dealt with the defects presented by the compensation study and the insufficiency of the proposed area. In that sense, it can be clearly observed that these are two technical studies that have both a different nature and purposes, thus they merit an individualized study, as ordered by the Chamber in judgment No. 2019000673 of 12:00 p.m. on January 16, 2019. Even so, during the course of the unconstitutionality action processed under expediente No. 19-000257-0007-CO, no reference was even made to the lack of technical studies for the removal of protected status (desafectación) of the biological reserve or to the existence of a defect in the parliamentary procedure referring to the lack of technical studies. Precisely, I do not observe that such extreme was addressed in judgment No. 2020-13836 of 3:30 p.m. on July 22, 2020; therefore, I consider that this particular extreme should be proceeded with.\n\n IX.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS.\n\n I have considered that it is appropriate to partially proceed with the unconstitutionality action in order to examine on the merits the argument related to an alleged defect in the legislative procedure.\n\n In this regard, the petitioners argued that the opinion of the National Geographic Institute (IGN) regarding the correct delimitation of the boundaries in the Lomas Barbudal Biological Reserve was ignored by the Legislative Assembly.\n\n In the unanimous opinion of judgment No. 2020-13836, the grievance was addressed and resolved; however, it was approached from the standpoint of the petitioners' right to private property. Based on that, it was considered that there was insufficient standing to examine that extreme on the merits, due to the nonexistence of a base matter that would legitimize the claim regarding the protection of said fundamental right. It must be added that, additionally and on its own motion, it was clarified that what was questioned constitutes an eminently technical discussion regarding the proper geographic location and delimitation of such boundaries.\n\n I believe that what was stated in judgment No. 2020-13836 did not properly examine the grievance from the standpoint of an alleged infringement of the parliamentary procedure, which is why I consider that this unconstitutionality action should be proceeded with regarding this particular aspect.\n\n X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are cautioned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the \"Regulation on Electronic File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n The petitioner shall abide by what was resolved by this Chamber in judgment number 2020-13836 of 3:30 p.m. on July 22, 2020. Judge Rueda Leal partially dissents and orders that the unconstitutionality action be proceeded with regarding the lack of technical studies justifying the decision to remove protected status from and segregate a part of the Lomas de Barbudal Biological Reserve, in relation to the legislative process for the approval of Law No. 9610 of October 17, 2018. Judge Garro Vargas dissents and orders that the unconstitutionality action be partially proceeded with.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n \n\n\t\nNancy Hernández L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n \n\n\t\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n \n\n\t\nAlicia Salas T.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*GYAOEITV1NM61*\n\nGYAOEITV1NM61\n\nEXPEDIENTE N° 19-017939-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 16-03-2026 10:12:24.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }