{ "id": "nexus-sen-1-0007-1067609", "citation": "Res. 00613-2022 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo contra ARESEP por omisión de respuesta y denuncia ambiental", "title_en": "Amparo against ARESEP for failure to respond and environmental complaint", "summary_es": "La Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo interpuesto contra la ARESEP por la falta de respuesta a una solicitud de información sobre antecedentes de una gasolinera. El recurrente también denunció supuestas alteraciones en los dispensadores de combustible y daños ambientales, invocando el principio in dubio pro natura. La Sala distinguió entre la denuncia administrativa y la solicitud de información. En cuanto a la demora en resolver la denuncia, declaró el amparo sin lugar, remitiendo al recurrente a la jurisdicción contencioso-administrativa por tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria. Respecto a la solicitud de información, el amparo se declaró con lugar porque la ARESEP respondió solo después de notificada la acción. La mayoría no impuso condena en costas, daños y perjuicios. Se incluye nota del Magistrado Castillo Víquez sobre la competencia en materia de derecho de petición.", "summary_en": "The Constitutional Chamber ruled on an amparo appeal filed against ARESEP for failure to respond to a request for information about a gas station's records. The petitioner also reported alleged fuel dispenser tampering and environmental damage, invoking the in dubio pro natura principle. The Chamber distinguished between the administrative complaint and the information request. Regarding the delay in resolving the complaint, the amparo was denied, as it was a matter of ordinary legality to be heard by the administrative courts. As for the information request, the amparo was granted because ARESEP responded only after being notified of the action. The majority did not award costs, damages, or losses. A note by Judge Castillo Víquez on jurisdiction over the right of petition is included.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "07/01/2022", "year": "2022", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "art-50-constitution" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "in dubio pro natura", "jurisdicción contencioso-administrativa", "legalidad ordinaria", "ARESEP", "condenatoria en costas" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 41", "law": "Ley 7593" }, { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Código Procesal Contencioso-Administrativo", "law": "Ley 8508" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "ARESEP", "derecho de petición", "denuncia ambiental", "gasolinera", "in dubio pro natura", "artículo 50 constitucional", "jurisdicción contencioso-administrativa", "legalidad ordinaria", "condenatoria en costas" ], "keywords_en": [ "amparo appeal", "ARESEP", "right to petition", "environmental complaint", "gas station", "in dubio pro natura", "Article 50 of the Constitution", "administrative jurisdiction", "ordinary legality", "costs award" ], "excerpt_es": "IV.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. [...] No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere [...].\n\nVI.- [...] Esta Sala tutela el derecho a recibir una respuesta, mas no que esta sea del agrado del solicitante.\n\nVII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional [...] la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios [...]", "excerpt_en": "IV.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE: EXPEDITIOUS AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIAL LEGAL POSITIONS OF INDIVIDUALS. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal positions grounded in the infra-constitutional legal system or the legality standard, which are indirectly connected to fundamental rights and Constitutional Law. [...] However, upon better consideration and after the enactment of the Contentious-Administrative Procedure Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force on January 1, 2008, it has become evident that individuals now have a full and universal, highly expeditious and swift administrative jurisdiction [...].\n\nVI.- [...] This Chamber protects the right to receive a response, but not that it be to the liking of the petitioner.\n\nVII.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at hand, in accordance with the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law [...] the granting of the appeal should be without a special award of costs, damages, and losses [...]", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The appeal is partially granted solely as to the right of petition, without an award of costs; otherwise denied.", "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en cuanto al derecho de petición, sin condenatoria en costas; en lo demás, sin lugar." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI", "quote_en": "This Chamber protects the right to receive a response, but not that it be to the liking of the petitioner.", "quote_es": "Esta Sala tutela el derecho a recibir una respuesta, mas no que esta sea del agrado del solicitante." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "However, upon better consideration and after the enactment of the Contentious-Administrative Procedure Code [...] it has become evident that individuals now have a full and universal, highly expeditious and swift administrative jurisdiction.", "quote_es": "No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo [...] ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "It is clear that the information was provided after notification of this amparo on December 7, 2021. Consequently, the amparo must be granted as to this point.", "quote_es": "Es claro que la información se le suministró tras la notificación de este amparo el 7 de diciembre del 2021. En consecuencia, el amparo debe estimarse en cuanto a este extremo se refiere." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1067609", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 00613 - 2022\n\nFecha de la Resolución: 07 de Enero del 2022 a las 09:15\n\nExpediente: 21-024980-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 21-024980-0007-CO\n\nRes. Nº 2022000613\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del siete de enero de dos mil veintidos .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Marco Levy Virgo, cédula de identidad número 700690314, contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Por escrito agregado a este expediente el 7 de diciembre del 2021, el recurrente alegó, en resumen, que por medio de correo electrónico remitido a la dirección usuario@aresep.go.cr el 23 de agosto de 2021, requirió a la autoridad recurrida por medio de oficio MLV-0050-2021, en lo que interesa, lo siguiente: “Finalmente, requiero conocer si Servicentro Costa Caribeños cuentan con antecedentes por violaciones de los incisos del artículo 41 de la ley 7593 de la ARESEP”. Pese a lo anterior, acusa que al momento de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta a su requerimiento, por lo que, estima fueron lesionados derechos fundamentales. Pide lo siguiente: “De conformidad con los hechos y razonamientos jurídicos expuestos, así como la prueba ofrecida, solicito respetuosamente se tenga por admitido el presente recurso de amparo en contra de la ARESEP, declarándose en sentencia la obligación de informar sobre las medidas efectivas que han tomado para atender la gestión planteada”.\n\n 2.- Por resolución de las 10:00 horas del 7 de diciembre del 2021, se le dio curso al proceso, lo que se notificó a la ARESEP ese mismo día.\n\n 3.- Por escrito agregado a este expediente el 13 de diciembre del 2021, Roberto Jiménez Gómez, Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, rindió el informe. En relación con los hechos sobre los que se solicitó informe, indicó lo siguiente:\n\n“II.- SOBRE LOS HECHOS ALEGADOS\n\nEn la forma y términos que se indican, se procede a contestar los hechos que expone el recurrente, según numeración que consta en su escrito:\n\nHECHO PRIMERO: Se acepta parcialmente y se realizan aclaraciones y precisiones al respecto.\n\nEn primer lugar, se debe indicar que no le consta a mi representada, si el Servicentro Costa Caribeños S.A. presenta “serios problemas ambientales”, tal y como lo afirmó el recurrente.\n\nEn segundo lugar, se desconoce, -pues el recurrente no lo indica-, a quién pertenece la resolución aludida en su recurso, ergo, no se tiene certeza jurídica de si se trata de una autoridad judicial (Sala Constitucional, Tribunal Contencioso Administrativo, Sala Primera, etc.) o administrativa, como por ejemplo, el Tribunal Ambiental Administrativo, Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) o de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC) todas adscritas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).\n\nEn tercer lugar, se realiza la aclaración de que el Regulador General no es el competente para atender preliminarmente este tipo de solicitudes o denuncias, pues es la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) la dependencia responsable de la Aresep, de llevar a cabo la gestión de los procedimientos administrativos de resolución de quejas, denuncias, controversias y conflictos de competencia por razón de territorio, así como aquellos procedimientos en los cuales, se conozca sobre presuntas infracciones a los artículos 38, 41 y 44 de la Ley N.º 7593, sean estos promovidos por un tercero o por la propia Autoridad Reguladora, controlando la ejecución de cada una de sus etapas: admisión, investigación preliminar, conciliación (cuando aplique), instrucción del procedimiento, análisis de fondo, recomendaciones y propuesta de resolución dirigidas al órgano decisor (Regulador General o Junta Directiva, según corresponda), con respecto a los servicios públicos bajo su regulación y fiscalización, según lo dispone el artículo 22 inciso 11 del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado (RIOF).\n\nY finalmente se indica, que según la prueba aportada a los autos, lo único que acepta mi representada de este hecho es, que mediante la nota MLV-0050-2021 de fecha 23 de agosto de 2021, el recurrente realizó la interposición de su denuncia con respecto al Servicentro Costa Caribeños S.A.\n\nHECHO SEGUNDO: No es cierto y se rechaza por falso e inexacto.\n\nEn cuanto a este hecho, NO ES CIERTO que hayan transcurrido cinco (5) meses desde que presentó su solicitud, pues el propio recurrente indicó en su recurso – y así consta en autos también-, que esta fue realizada mediante la nota MLV-0050-2021 de fecha 23 de agosto de 2021 por lo que se torna materialmente “imposible” que haya transcurrido el plazo aludido por el recurrente, entre la interposición de su solicitud ante la Dirección General de Atención al Usuario y la presentación del presente recurso de amparo.\n\nAhora bien, sí resulta correcto y cierto como se indicó, que en fecha 23 de agosto de 2021, se recibió en la Dirección General de Atención al Usuario, al correo electrónico: usuario@aresep.go.cr, un documento enumerado como MLV-0050-2021, solicitando específicamente: “(…) Requiero conocer si Servicentro Costa Caribeños cuentan con antecedentes por violaciones de los incisos del artículo 41 de la ley 7593 de la ARESEP”.\n\nLo anterior, ante los siguientes hechos que describe, específicamente: “(…) Concretamente, la denuncia versa sobre lo siguiente: En la empresa Servicentro Costa Caribeños S.A, que es una gasolinera ubicada en Limón, se tienen graves indicios que los dispensadores de combustible son alterados de manera reiterada, supuestamente los fines de semana y días feriados, con el propósito de entregar una menor cantidad de combustible por el precio fijado por ARESEP para cada litro razón.(…)”, (el énfasis es añadido).\n\nEn ese mismo sentido expone: “(…) Los indicios relacionados con la denuncia han surgido a partir del propio dicho de los empleados de la gasolinera. El inciso f) del artículo 14 de la Ley Reguladora de los servicios públicos establece la facultad de ARESEP de realizar las inspecciones a la gasolinera denunciada e inclusiva realizar las investigaciones con el personal de la misma.(…)”. (El énfasis es añadido).\n\nEse mismo día, la funcionaria de la Dirección General de Atención al Usuario, Kattia Cerdas Brenes, le indicó expresamente al recurrente “Marco Levy Virgo, Estimado (a) usuario (a). Esta Dirección recibió su correo, con 1 documentos adjuntos a los cuales se les estará dando el trámite respectivo. Saludos cordiales.”\n\nEs importante señalar, que para el 6 y 7 de octubre de 2021, el señor Marco Levy, consultó sobre su trámite al correo electrónico: usuario@aresep.go.cr, para lo cual el 7 de octubre de 2021, se le indicó expresamente: “Marco Levy. Estimado (a) usuario (a). Esta Dirección recibió su correo, se le indica que su denuncia se tramita con el número de GD 009531-2021, se está consultando con el área encargada el estado de la misma. En cuanto tengamos respuesta se le estará comunicando.” El destacado es nuestro.\n\nPosteriormente, el día 11 de octubre de 2021, el señor Marco Levy vuelve a consultar sobre el estado de su gestión, y dicha consulta se responde el mismo día indicándole: “Marco Levy. Estimado (a) usuario (a). Esta Dirección recibió su correo y al respecto le informa que su caso lo lleva ARESEP con el número GD 010174-2021 se le informa que se encuentra en valoración y que se le recomienda esperar a ser notificado.\n\nPor favor, cuando consultan o desean agregar algo al caso, se les recomienda indicar el número de Expediente GD- 010174-2021. Saludos cordiales.”\n\nDe todo lo anterior se colige y queda claro, que se han atendido las diversas consultas “previas” realizadas por el recurrente -vía electrónica- de manera efectiva. Ahora bien, es importante tener claro que lo que se recibe por parte de la Autoridad Reguladora es una “denuncia”, y que para poder darle el debido proceso a esta, la administración debe tomar todas las medidas necesarias para constatar los hechos denunciados.\n\nLa Dirección General de Atención al Usuario mediante el oficio OF-2975-DGAU-2021 de fecha 9 de diciembre de 2021, puso en conocimiento del recurrente, el trámite realizado ante la Intendencia de Energía de la Aresep, para que la estación de servicio denunciada se incluya en la próxima evaluación, o bien, que se realice una inspección individual, y con ello poder constatar el indicio referido, para poder actuar conforme corresponda, en apego al debido proceso que deben seguir en estos casos.\n\nFinalmente con respecto a la consulta específica realizada por el recurrente relacionada a la aplicación del artículo 41 de la Ley N.º 7593 a la Estación de Servicio denunciada, se informa que no existen registros de su aplicación a la fecha, según se le informó al recurrente en el oficio de la Dirección General de Atención al Usuario OF-3002-DGAU-2021, del 13 de diciembre de 2021 (notificado en esa fecha, según consta en acta adjunta), en los siguientes términos:\n\n“Revisados los registros que lleva esta Autoridad Reguladora, se tiene que la estación denunciada, Estación de Servicio Costa Caribeños, no ha sido sancionada al amparo de las causales del artículo 41 de la Ley 7593.\n\nIII.- CONSIDERACIONES DE FONDO EN CUANTO A LA “PRESUNTA” VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN Y RESPUESTA ALEGADO\n\nDentro de las competencias otorgadas a la Autoridad Reguladora para la atención de cualquier denuncia, y en el caso específico, debe mediar una inspección que permita verificar los hechos denunciados, ya que la denuncia de parte por si sola, no se puede tenerse como constatación real de los hechos alegados.\n\nUna vez realizada la inspección y en caso de determinarse que la conducta de la empresa denunciada se encuentra dentro de las causales indicadas en los artículos 38, 41 y 44 de la Ley N.º 7593 supra citados, la Autoridad Reguladora procederá a valorar el mérito de la apertura de un procedimiento administrativo, para determinar la verdad real de los hechos, todo lo anterior en estricto apego a la Ley General de la Administración Pública, con su eventual consecuencia sancionatoria.\n\nComo puede verse de la normativa citada, las conductas deben estar tipificadas para poder valorar el mérito para la apertura de un procedimiento administrativo de carácter sancionador o aplicar la remoción por prestación no autorizada. De ahí la necesidad de realizar una constatación en el campo de la denuncia presentada, así como el debido proceso constitucional\n\nSobre este particular, tal y como consta en el acápite de los hechos que motivaron este amparo, específicamente en el hecho segundo, así como de la información adjunta como prueba documental, se desprende que la denuncia planteada por el señor Marco Levy Virgo, se encuentra en fase de investigación. Para estos efectos en la ARESEP se le asigna un número por parte del Departamento de Gestión Documental (DEGD), y es hasta tener la certeza de los hechos investigados por medio de la inspección, que se procede a la formalidad de abrir el expediente administrativo como tal.\n\nEn el caso concreto, a la denuncia se le asignó el trámite el número GD-010174-2021, tal y como consta en el correo que se le atendiera el 11 de octubre de 2021, al denunciante en el cual se le facilitó dicho número para el seguimiento de su trámite.\n\nLa información se le hizo llegar al mismo medio electrónico de donde gestionó el 23 de agosto, 6, 7 y 11 de octubre, todos de 2021, es decir machore@gmail.com. En este mismo correo se le ha dado respuesta a cada una de sus consultas sobre el trámite indicándole que el mismo está en fase de “investigación”.\n\nAdicionalmente, se ha procedido a dar respuesta, a ese mismo correo, de la gestión realizada ante la Intendencia de Energía, al señor Marco Levy Virgo mediante el oficio OF-2975-DGAU-2021, para lo cual se le ha indicado que:\n\n“(…) Se recibió en la Dirección General de Atención al Usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos la denuncia indicada en el asunto, la cual será abordada en el contexto del programa de fiscalización a las estaciones de servicio que lleva a cabo la Intendencia de Energía, por medio del cual se verifica que el prestador regulado, suministre el servicio de acuerdo con las normas técnicas de calidad correspondientes. En este sentido, su denuncia ha sido trasladada a la Intendencia de Energía, y en caso de requerir mayor abordaje una vez realizada la fiscalización, la ARESEP procederá de oficio a tomar las acciones necesarias para garantizar la calidad, continuidad y prestación optima del servicio público. (…)”\n\nAunado a lo anterior, con respecto a la consulta específica realizada por el recurrente, relativa a la aplicación del artículo 41 de la Ley N.º 7593 a la Estación de Servicio denunciada, la Dirección General de Atención al Usuario, mediante el oficio OF-3002DGAU-2021, del 13 de diciembre de 2021 (notificado al Sr. Levy Virgo en esa fecha, según consta en acta adjunta), le informó en lo de interés, lo siguiente:\n\n“Revisados los registros que lleva esta Autoridad Reguladora, se tiene que la estación denunciada, Estación de Servicio Costa Caribeños, no ha sido sancionada al amparo de las causales del artículo 41 de la Ley 7593.”\n\nTal y como se puede observar, en las respuestas dada al denunciante se le informó de forma expresa, que la Estación de Servicio Costa Caribeños S.A., no ha sido sancionada al amparo del numeral 41 de la Ley N° 7593; además, se le informó al recurrente la naturaleza de su gestión, y el tratamiento concreto que debe desarrollarse para poder definir el proceder de la ARESEP, toda vez que, en caso de tener por constatados los “indicios” que el denunciante informa haber escuchado de parte de los empleados de la Estación de Servicio, por mandato de ley, la ARESEP debe iniciar de oficio un procedimiento administrativo ordinario, que le permita procesar la información, garantizar el derecho de defensa de la parte denunciada, y definir lo que en derecho corresponda.\n\nSin embargo de lo anterior, no debe perderse de vista que de la lectura de la denuncia planteada, donde manifiesta el recurrente que tiene conocimiento por indicios obtenidos a partir del dicho de empleados del prestador, no se puede tener al denunciante como un usuario cualificado, toda vez, que no le constan los hechos denunciados en la condición propia de usuario, sino que el mismo refiere que su denuncia se basa en “indicios de la información brindada por empleados de la estación”.\n\nPor otra parte, la Autoridad Reguladora, como administración pública está limitada a atender las denuncias y regir sus actuaciones bajo estrictos parámetros dentro de la lógica, la técnica y la legalidad. En este orden de ideas, y a partir de lo denunciado, se encuentra con un elemento técnico, que es la inspección de los surtidores de la estación de servicio que debe realizarse por personal altamente calificado, y además en parámetros de tiempo que funcionen para la constatación de los hechos denunciados (alteración solamente en fines de semana y días feriados).\n\nEn el caso particular, la Autoridad Reguladora dispone del Programa de Evaluación de la Calidad de los Combustibles de la Intendencia de Energía, que permite detectar entre otros aspectos, contaminación por agua, sedimentos u otros productos; así como adulteraciones en el producto (incluye la adulteración de los dispensadores) y venta ilegal de combustibles, por lo que se ha procedido enviar solicitud, para que dicha estación de servicio sea incluida dentro de próxima programación de inspecciones a realizar.\n\nEsta solicitud se ha tramitado con el número de oficio OF-2976-DGAU-2021, en donde se le ha indicado a la Intendencia de Energía que:\n\n“(…) La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos recibió el 23 de agosto de 2021, gestión, en la cual se denuncia por una supuesta alteración de los dispensadores entregando una menor cantidad de combustible por el precio fijado para cada litro, los fines de semana y feriados por parte de la Estación de servicio Costa Caribeños, ubicada en Barrio la Colina de Limón Centro.\n\nEn virtud de lo anterior y con el fin de poder contar con los insumos suficientes para continuar con el trámite de dicha denuncia, y según lo señalado por el Reglamento Interno de Organización y Funciones (RIOF), en su artículo 19, solicitamos a la Intendencia de Energía su colaboración a efectos de realizar una inspección en el lugar citado, sobre los hechos denunciados. Quedamos atentos para aclarar cualquier duda que al respecto se pudiera suscitar. Se adjunta la denuncia y el formulario correspondiente, se agradece su pronta respuesta. (…)”\n\nComo ya se indicó en la contestación del “Hecho segundo”, mediante el oficio OF-\n\n2975-DGAU-2021, se le ha puesto en conocimiento al recurrente el día 10 de diciembre de 2021, del trámite ante la Intendencia de Energía para que dicha estación de servicio se incluya en la próxima evaluación, o bien, si dentro de sus competencias realizan una inspección individual, y con ello poder constatar el indicio referido, para poder actuar conforme corresponda.\n\nY finalmente se indica a los señores Magistrados, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y en especial la Dirección General de Atención al Usuario, tienen habilitado el correo usuario@aresep.go.cr como un medio a disposición para de los usuarios para hacer llegar sus quejas y denuncias.\n\nDel recibo de estas se valora, la pertinencia de hacer las prevenciones en los casos de requerir alguna información de previo a pasar a su respectiva valoración”.\n\n 4.- Por escrito agregado a este expediente el 14 de diciembre del 2021, el recurrente replicó el informe. Indicó lo siguiente:\n\n“… me presento a manifestar que el documento presentado por el Señor Regulador es una mera formalidad y no corresponde a un efectivo y real seguimiento, claro o veraz, del asunto que nos ocupa habida cuenta de que el recurrido no aporta un informe final a la gestión realizada mediante el oficio MLV-0050-2021 de fecha 23 de agosto de 2021 por lo que se torna materialmente \"imposible\" que no existan transgresiones al ordenamiento jurídico después de cinco meses de inacción por parte de la instancia recurrida\n\n1.- Al respecto ruego a sus autoridades ver el oficio MLV-00502021 de fecha 23 de agosto de 2021, suscrito por el recurrente.\n\n2.- El recurrido, por la función administrativa que representa su puesto, está obligado a realizar todas las acciones necesarias para garantizar la protección del ambiente, desviando el equilibrio que debe garantizarse en materia ambiental. Sin embargo en la especie, la conducta del recurrido deviene en una conducta complaciente con el daño ambiental causado por un tercero, en grave perjuicio del medio ambiente y del derecho constitucional de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y equilibrado, tal y como reza el Artículo 50 Constitucional en su párrafo segundo. Los funcionarios públicos están obligados a inclinar la balanza de protección del medio ambiente a favor del ambiente y no de los particulares y sus omisiones en vigilancia y control, son causales de un grave deterioro ambiental. El recurrido, como funcionario público, está obligado al deber de vigilancia y efectiva gestión en defensa del ambiente, y resulta evidente en la especie, que la falta de certeza científica, como lo ordena el principio \"in dubio pro natura\", en resguardado del artículo 1 1, inciso 2) de la Ley de Biodiversidad, se ha hecho a favor de la Estación de Servicio Costa Caribeños, en vez de hacerlo en favor del derecho que tenemos todos a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, tal y como se lo ordena el párrafo segundo del Artículo 50 Constitucional.\n\n3.-Además mediante el oficio AEL-00146-2021 de fecha 02 de noviembre último, presentado ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), y reiterada mediante oficio AEL-00163-2021 de fecha 6 de diciembre en curso, solicité al recurrido proceder sin mayor dilación cancelación definitiva del Servicio Publico otorgado a Servicentro Costa Caribeños S.A., con fundamento en el oficio SENARA-DIGH-0146-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, suscrito por el Geólogo Roberto Ramírez Chavarría, en su Condición de Director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA.\n\n4.-Como podrán notar señoras y señores Magistrados, este asunto del incumplimiento demostrado por parte del prestatario del servicio público, y la reiterada reticencia del aquí recurrido en informar de manera oportuna, veraz, y conforme al principio constitucional previsto en el Artículo 46 de nuestra constitución, reviste una gran importancia a la luz del incumplimiento del principio precautorio. La conducta omisa en informar, en consecuencia de una grave omisión en vigilar por la buena marcha del control y resguardo del medio ambiente”\n\n 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Objeto. El recurrente alegó que por medio de correo electrónico remitido a la dirección usuario@aresep.go.cr el 23 de agosto de 2021, presentó una denuncia ante contra una gasolinera y, en la misma gestión, requirió también lo siguiente: “Finalmente, requiero conocer si Servicentro Costa Caribeños cuentan con antecedentes por violaciones de los incisos del artículo 41 de la ley 7593 de la ARESEP”. Pese a lo anterior, acusa que al momento de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta a su requerimiento.\n\n II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n1) El 23 de agosto del 2021, mediante la nota MLV-0050-2021 enviada al correo  usuario@aresep.go.cr, el recurrente presentó una denuncia ante la ARESEP contra una gasolinera, porque, supuestamente, alteraba los dispensadores de combustible y, en la misma gestión, requirió también lo siguiente: “Finalmente, requiero conocer si Servicentro Costa Caribeños cuentan con antecedentes por violaciones de los incisos del artículo 41 de la ley 7593 de la ARESEP” (informe rendido y documentación aportada).\n\n2) La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y en especial la Dirección General de Atención al Usuario, tiene habilitado el correo usuario@aresep.go.cr como un medio a disposición de los usuarios para hacer llegar sus quejas y denuncias (informe rendido).\n\n3) El 7 de diciembre del 2021 se notificó este amparo a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (acta de notificación).\n\n4) Por el oficio de la Dirección General de Atención al Usuario OF-3002-DGAU-2021, del 13 de diciembre de 2021 (notificado en esa fecha, al recurrente), se le comunicó lo siguiente: “Revisados los registros que lleva esta Autoridad Reguladora, se tiene que la estación denunciada, Estación de Servicio Costa Caribeños, no ha sido sancionada al amparo de las causales del artículo 41 de la Ley 7593” (informe rendido).\n\nIII.- Caso concreto. Primeramente, se debe distinguir entre la denuncia contra la gasolinera, por una parte, y la solicitud de información, por otra. En cuanto a lo primero, el recurrente denunció lo siguiente:\n\n“Concretamente, la denuncia versa sobre lo siguiente: En la empresa Servicentro Costa Caribeños S.A, que es una gasolinera ubicada en Limón, se tienen graves indicios que los dispensadores de combustible son alterados de manera reiterada, supuestamente los fines de semana y días feriados, con el propósito de entregar una menor cantidad de combustible por el precio fijado por ARESEP para cada litro razón”. Al respecto, se debe advertir que el eventual atraso en resolver constituiría eventualmente, en su caso, una violación a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política, tratándose así de reclamos administrativos, el recurso resulta improcedente, por lo que deberá tomar en cuenta que desde el voto número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala se pronunció conforme a lo que se indica a continuación.\n\nIV.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.\n\nV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes. En consecuencia, en cuanto a este punto se refiere, el amparo debe desestimarse.\n\nVI.- Por otra parte, en cuanto a la solicitud de información se refiere, se demostró que, en efecto, el 23 de agosto del 2021, mediante la nota MLV-0050-2021 enviada al correo  usuario@aresep.go.cr, el recurrente requirió lo siguiente: “Finalmente, requiero conocer si Servicentro Costa Caribeños cuentan con antecedentes por violaciones de los incisos del artículo 41 de la ley 7593 de la ARESEP”. Se demostró también que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y en especial la Dirección General de Atención al Usuario, tiene habilitado el correo usuario@aresep.go.cr como un medio a disposición de los usuarios para hacer llegar sus quejas y denuncias. Finalmente, la Dirección General de Atención al Usuario por oficio número OF-3002-DGAU-2021, del 13 de diciembre de 2021 (notificado en esa fecha, al recurrente), se le comunicó lo siguiente: “Revisados los registros que lleva esta Autoridad Reguladora, se tiene que la estación denunciada, Estación de Servicio Costa Caribeños, no ha sido sancionada al amparo de las causales del artículo 41 de la Ley 7593”. Es claro que la información se le suministró tras la notificación de este amparo el 7 de diciembre del 2021. En consecuencia, el amparo debe estimarse en cuanto a este extremo se refiere en los términos que a continuación se exponen. Finalmente, solo resta aclarar que si bien el recurrente se mostró inconforme con lo que se le comunicó, esta Sala tutela el derecho a recibir una respuesta, mas no que esta sea del agrado del solicitante.\n\nVII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.-NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\n IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en lo que al derecho de petición se refiere, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAracelly Pacheco S.\n\n\n\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n KXSTD470SOZS61\n\nEXPEDIENTE N° 21-024980-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:58:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "ENVISIONED:\n\n**I.-** By brief added to case file 21-024980-0007-CO on December 7, 2021, the petitioner alleged, in summary, that by electronic mail sent to the address usuario@aresep.go.cr on August 23, 2021, he requested of the respondent authority, by means of official letter MLV-0050-2021, with regard to the matter of interest, as follows: “Finally, I require knowing whether Servicentro Costa Caribeños has a record of violations of the subparagraphs of article 41 of Law 7593 of the ARESEP”. In spite of the foregoing, he claims that at the time of filing this remedy, he has not received a response to his request, thus, he deems that fundamental rights were infringed. He asks the following: “In accordance with the facts and legal reasoning set forth, as well as the offered evidence, I respectfully request this amparo remedy against the ARESEP be admitted, declaring in the judgment the obligation to report on the effective measures that have been taken to address the presented action”.\n\n**II.-** By a ruling at 10:00 a.m. on December 7, 2021, the proceeding was admitted, which was notified to the ARESEP on that same day.\n\n**III.-** By a brief added to this case file on December 13, 2021, Roberto Jiménez Gómez, General Regulator and Chairman of the Board of Directors of the Public Services Regulatory Authority, submitted the report. Regarding the facts upon which the report was requested, he stated the following:\n\n“II.- REGARDING THE ALLEGED FACTS\n\nThe facts stated by the petitioner are hereby answered in the manner and terms indicated, according to the numbering contained in his brief:\n\nFIRST FACT: It is partially accepted, and clarifications and specifications are made in that regard.\n\nFirst, it must be stated that my client cannot attest to whether Servicentro Costa Caribeños S.A. presents “serious environmental problems”, as affirmed by the petitioner.\n\nSecond, it is unknown —since the petitioner does not indicate it— to whom the ruling referred to in his remedy belongs; ergo, there is no legal certainty as to whether it is a judicial authority (Sala Constitucional, Tribunal Contencioso Administrativo, Sala Primera, etc.) or an administrative one, such as, for example, the Administrative Environmental Tribunal, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), or the General Directorate of Transport and Commercialization of Fuels (Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, DGTCC), all of them attached to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE).\n\nThird, it is clarified that the General Regulator is not the competent authority to preliminarily address this type of request or complaints, since the General Directorate of User Services (Dirección General de Atención al Usuario, DGAU) is the dependency of Aresep responsible for managing the administrative procedures for resolving complaints, denunciations, controversies, and conflicts of jurisdiction based on territory, as well as those procedures in which presumed infractions of articles 38, 41, and 44 of Law No. 7593 are addressed, whether these are brought by a third party or by the Regulatory Authority itself, controlling the execution of each of its stages: admission, preliminary investigation, conciliation (when applicable), instruction of the procedure, substantive analysis, recommendations, and proposed ruling addressed to the decision-making body (General Regulator or Board of Directors, as appropriate), regarding the public services under its regulation and oversight, as provided in article 22, subsection 11 of the Internal Regulation of Organization and Functions of the Public Services Regulatory Authority and its Deconcentrated Body (Reglamento Interno de Organización y Funciones, RIOF).\n\nAnd finally, it is stated that, according to the evidence provided to the records, the only thing my client accepts regarding this fact is that, through note MLV-0050-2021 dated August 23, 2021, the petitioner filed his complaint regarding Servicentro Costa Caribeños S.A.\n\nSECOND FACT: It is not true and is rejected as false and inaccurate.\n\nRegarding this fact, IT IS NOT TRUE that five (5) months have elapsed since he submitted his request, since the petitioner himself stated in his remedy —and so it appears in the records as well— that this was made through note MLV-0050-2021 dated August 23, 2021; therefore, it is materially \"impossible\" that the term alleged by the petitioner has elapsed between the filing of his request before the General Directorate of User Services and the filing of this amparo remedy.\n\nHowever, it is correct and true, as stated, that on August 23, 2021, a document enumerated as MLV-0050-2021 was received at the General Directorate of User Services, at the electronic mail address: usuario@aresep.go.cr, specifically requesting: \"(...) I require knowing whether Servicentro Costa Caribeños has a record of violations of the subparagraphs of article 41 of Law 7593 of the ARESEP\".\n\nThe foregoing, in view of the following facts that he describes, specifically: \"(...) Specifically, the complaint concerns the following: In the company Servicentro Costa Caribeños S.A., which is a gas station located in Limón, there are serious indications that the fuel dispensers are altered repeatedly, supposedly on weekends and holidays, with the purpose of delivering a smaller amount of fuel for the price fixed by ARESEP for each liter reason. (...)\", (emphasis added).\n\nIn that same sense, he states: \"(...) The indications related to the complaint have arisen from the very statements of the gas station employees. Subsection f) of article 14 of the Regulatory Law of public services establishes the power of ARESEP to carry out inspections of the reported gas station and to even carry out investigations with its personnel. (...)\". (Emphasis added).\n\nThat same day, the official of the General Directorate of User Services, Kattia Cerdas Brenes, expressly indicated to the petitioner \"Marco Levy Virgo, Dear user. This Directorate received your email, with 1 attached documents to which the respective procedure will be given. Kind regards.\"\n\nIt is important to point out that, on October 6 and 7, 2021, Mr. Marco Levy consulted about his procedure via the electronic mail address: usuario@aresep.go.cr, to which, on October 7, 2021, he was expressly told: \"Marco Levy. Dear user. This Directorate received your email, you are advised that your complaint is being processed under number GD 009531-2021, the area in charge is being consulted about its status. As soon as we have a response, you will be notified.\" The highlighting is ours.\n\nSubsequently, on October 11, 2021, Mr. Marco Levy again consults about the status of his action, and said consultation is answered the same day, informing him: \"Marco Levy. Dear user. This Directorate received your email and in that regard informs you that your case is being handled by ARESEP under number GD 010174-2021; you are informed that it is under assessment and that you are recommended to wait to be notified.\n\nPlease, when consulting or wishing to add something to the case, we recommend indicating the Case File number GD-010174-2021. Kind regards.\"\n\nFrom all the foregoing, it can be inferred and is clear that the various \"prior\" consultations made by the petitioner —via electronic means— have been effectively addressed. However, it is important to be clear that what is received by the Regulatory Authority is a \"complaint\", and that in order to give it due process, the administration must take all necessary measures to verify the reported facts.\n\nThe General Directorate of User Services, by means of official letter OF-2975-DGAU-2021 dated December 9, 2021, notified the petitioner of the procedure carried out before the Energy Superintendence of Aresep, so that the reported service station be included in the next evaluation, or else, that an individual inspection be carried out, and thereby be able to verify the referred indication, in order to act accordingly, in adherence to the due process that must be followed in these cases.\n\nFinally, regarding the specific consultation made by the petitioner related to the application of article 41 of Law No. 7593 to the reported Service Station, it is reported that there are no records of its application as of this date, as informed to the petitioner in the official letter from the General Directorate of User Services OF-3002-DGAU-2021, of December 13, 2021 (notified on that date, as recorded in the attached certificate), in the following terms:\n\n\"After reviewing the records kept by this Regulatory Authority, it is established that the reported station, Estación de Servicio Costa Caribeños, has not been sanctioned under the grounds of article 41 of Law 7593.\"\n\nIII.- SUBSTANTIVE CONSIDERATIONS REGARDING THE \"PRESUMED\" VIOLATION OF THE RIGHT OF PETITION AND RESPONSE ALLEGED\n\nWithin the competencies granted to the Regulatory Authority for addressing any complaint, and in the specific case, an inspection must take place to verify the reported facts, since a party's complaint by itself cannot be taken as a real verification of the alleged facts.\n\nOnce the inspection has been carried out and should it be determined that the conduct of the reported company falls within the grounds indicated in articles 38, 41, and 44 of the aforementioned Law No. 7593, the Regulatory Authority will proceed to assess the merit of opening an administrative procedure to determine the real truth of the facts, all of the foregoing in strict adherence to the General Public Administration Act, with its eventual sanctioning consequence.\n\nAs can be seen from the cited regulations, the conducts must be classified in order to assess the merit for the opening of a sanctioning administrative procedure or to apply removal for unauthorized provision. Hence the necessity of carrying out on-site verification of the filed complaint, as well as the constitutional due process.\n\nOn this particular point, as recorded in the section on the facts that motivated this amparo, specifically in the second fact, as well as from the information attached as documentary evidence, it is evident that the complaint raised by Mr. Marco Levy Virgo is in the investigation phase. For these purposes, in ARESEP, a number is assigned to it by the Department of Document Management (Departamento de Gestión Documental, DEGD), and it is only upon having the certainty of the investigated facts through the inspection that the formality of opening the administrative file as such is undertaken.\n\nIn the specific case, the complaint was assigned the procedure number GD-010174-2021, as recorded in the email that was attended to on October 11, 2021, to the complainant, in which said number was provided to him for tracking his procedure.\n\nThe information was sent to the same electronic means from which he managed on August 23, October 6, 7, and 11, all in 2021, that is, machore@gmail.com. At this same e-mail, each of his consultations regarding the procedure has been answered, informing him that it is in the \"investigation\" phase.\n\nAdditionally, a response has been given, at that same email address, regarding the action carried out before the Energy Superintendence, to Mr. Marco Levy Virgo by means of official letter OF-2975-DGAU-2021, for which he has been informed that:\n\n\"(...) The complaint indicated in the subject line was received at the General Directorate of User Services of the Public Services Regulatory Authority, which will be addressed in the context of the oversight program for service stations carried out by the Energy Superintendence, through which it is verified that the regulated provider supplies the service in accordance with the corresponding technical quality standards. In this sense, your complaint has been forwarded to the Energy Superintendence, and should further action be needed once the oversight is carried out, the ARESEP will proceed ex officio to take the necessary actions to guarantee the quality, continuity, and optimal provision of the public service. (...)\"\n\nIn addition to the foregoing, regarding the specific consultation made by the petitioner, concerning the application of article 41 of Law No. 7593 to the reported Service Station, the General Directorate of User Services, by means of official letter OF-3002DGAU-2021, of December 13, 2021 (notified to Mr. Levy Virgo on that date, as recorded in the attached certificate), informed him with regard to the matter of interest, as follows:\n\n\"After reviewing the records kept by this Regulatory Authority, it is established that the reported station, Estación de Servicio Costa Caribeños, has not been sanctioned under the grounds of article 41 of Law 7593.\"\n\nAs can be observed, in the responses given to the complainant, he was expressly informed that Estación de Servicio Costa Caribeños S.A. has not been sanctioned under the provisions of numeral 41 of Law No. 7593; furthermore, the petitioner was informed of the nature of his action, and the specific procedure that must be carried out to be able to define ARESEP's course of action, given that, should the \"indications\" that the complainant reports having heard from the employees of the Service Station be considered verified, by mandate of law, ARESEP must initiate ex officio an ordinary administrative proceeding that allows it to process the information, guarantee the right of defense of the reported party, and define what is legally appropriate.\n\nHowever, from the foregoing, it must not be lost sight of that, from reading the filed complaint, where the petitioner states that he has knowledge based on indications obtained from the statements of the provider's employees, the complainant cannot be considered a qualified user, given that the reported facts are not evident to him in his own capacity as a user, but rather he himself refers that his complaint is based on \"indications from information provided by employees of the station.\"\n\nOn the other hand, the Regulatory Authority, as a public administration, is limited to attending complaints and governing its actions under strict parameters within logic, technique, and legality. In this line of thought, and based on what was reported, it encounters a technical element, which is the inspection of the station's dispensers, which must be carried out by highly qualified personnel, and additionally within time parameters that are suitable for verifying the reported facts (alteration only on weekends and holidays).\n\nIn this particular case, the Regulatory Authority has the Fuel Quality Evaluation Program of the Energy Superintendence, which allows detecting, among other aspects, contamination by water, sediment, or other products; as well as adulterations of the product (including the adulteration of dispensers) and illegal sale of fuels; therefore, a request has been sent so that said service station is included in the next inspection program to be carried out.\n\nThis request has been processed under official letter number OF-2976-DGAU-2021, where the Energy Superintendence has been informed that:\n\n\"(...) The Public Services Regulatory Authority received on August 23, 2021, an action in which a complaint is made regarding a presumed alteration of the dispensers, delivering a lesser amount of fuel for the price fixed per liter, on weekends and holidays, by the Estación de servicio Costa Caribeños, located in Barrio la Colina de Limón Centro.\n\nBy virtue of the foregoing and in order to have sufficient inputs to continue with the processing of said complaint, and as indicated by the Internal Regulation of Organization and Functions (RIOF), in its article 19, we request the Energy Superintendence's collaboration to carry out an inspection at the cited place regarding the reported facts. We remain attentive to clarify any doubt that may arise in that regard. The complaint and the corresponding form are attached; your prompt response is appreciated. (...)”\n\nAs already indicated in the response to the \"Second fact\", by means of official letter OF-2975-DGAU-2021, the petitioner was notified on December 10, 2021, of the action before the Energy Superintendence so that said service station be included in the next evaluation, or otherwise, if within its competencies, an individual inspection is carried out, and thereby be able to verify the referred indication, in order to act accordingly.\n\nAnd finally, the Justices are informed that the Public Services Regulatory Authority, and especially the General Directorate of User Services, have enabled the email address usuario@aresep.go.cr as a means available for users to submit their complaints and denunciations.\n\nUpon receipt of these, the pertinence of issuing orders to supply missing information, in cases where some prior information is required before proceeding to its respective assessment, is evaluated.”\n\n**IV.-** By a brief added to this case file on December 14, 2021, the petitioner replied to the report. He stated the following:\n\n\"... I appear to state that the document presented by Mr. Regulator is a mere formality and does not correspond to effective and real follow-up, clarity, or truthfulness regarding the matter at hand, given that the respondent does not provide a final report on the action carried out through official letter MLV-0050-2021 dated August 23, 2021; therefore, it is materially 'impossible' that no transgressions of the legal system exist after five months of inaction by the respondent instance.\n\n1.- In this regard, I beg your authorities to view official letter MLV-00502021 dated August 23, 2021, signed by the petitioner.\n\n2.- The respondent, due to the administrative function his position represents, is obliged to carry out all necessary actions to guarantee the protection of the environment, redirecting the balance that must be guaranteed in environmental matters. However, in this specific case, the conduct of the respondent becomes a complacent conduct regarding the environmental damage caused by a third party, to the serious detriment of the environment and of the constitutional right of all citizens to enjoy a healthy and balanced environment, as stated in Article 50 of the Constitution, in its second paragraph. Public officials are obliged to tilt the balance of environmental protection in favor of the environment and not of private individuals, and their omissions in surveillance and control are grounds for serious environmental deterioration. The respondent, as a public official, is bound by the duty of surveillance and effective action in defense of the environment, and it is evident in this specific case, that the lack of scientific certainty, as ordered by the principle 'in dubio pro natura', in protection of article 11, subsection 2) of the Biodiversity Law, has been resolved in favor of Estación de Servicio Costa Caribeños, instead of in favor of the right we all have to enjoy a healthy and balanced environment, as ordered by the second paragraph of Article 50 of the Constitution.\n\n3.- Furthermore, through official letter AEL-00146-2021 dated November 2nd last, filed before the Public Services Regulatory Authority (ARESEP), and reiterated through official letter AEL-00163-2021 dated December 6th of the current year, I requested the respondent to proceed without further delay to the definitive cancellation of the Public Service granted to Servicentro Costa Caribeños S.A., based on official letter SENARA-DIGH-0146-2021 dated October 28, 2021, signed by Geologist Roberto Ramírez Chavarría, in his capacity as Director of the Directorate of Water Research and Management of SENARA.\n\n4.- As you may note, Justices, this matter of the demonstrated non-compliance on the part of the public service provider, and the repeated reluctance of the respondent here to inform in a timely, truthful manner, and in accordance with the constitutional principle foreseen in Article 46 of our constitution, is of great importance in light of the non-compliance with the precautionary principle. The omitted conduct in informing, consequently, is a serious omission in overseeing the proper progress of the control and safeguarding of the environment.”\n\n**V.-** In the proceedings that have been followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Picado Brenes; and,\n\nWHEREAS:\n\n**I.-** Object. The petitioner alleged that by electronic mail sent to the address usuario@aresep.go.cr on August 23, 2021, he filed a complaint against a gas station and, in the same action, also requested the following: “Finally, I require knowing whether Servicentro Costa Caribeños has a record of violations of the subparagraphs of article 41 of Law 7593 of the ARESEP”. In spite of the foregoing, he claims that at the time of filing this remedy, he has not received a response to his request.\n\n**II.-** PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly proven as important for the decision of this matter:\n\n1) On August 23, 2021, through note MLV-0050-2021 sent to the email address usuario@aresep.go.cr, the petitioner filed a complaint before the ARESEP against a gas station because it supposedly altered the fuel dispensers and, in the same action, also requested the following: “Finally, I require knowing whether Servicentro Costa Caribeños has a record of violations of the subparagraphs of article 41 of Law 7593 of the ARESEP” (report rendered and documentation provided).\n\n2) The Public Services Regulatory Authority, and especially the General Directorate of User Services, has enabled the email address usuario@aresep.go.cr as a means available for users to submit their complaints and denunciations (report rendered).\n\n3) On December 7, 2021, this amparo was notified to the Public Services Regulatory Authority (notification certificate).\n\n4) By official letter from the General Directorate of User Services OF-3002-DGAU-2021, dated December 13, 2021 (notified to the petitioner on that date), he was informed of the following: “After reviewing the records kept by this Regulatory Authority, it is established that the reported station, Estación de Servicio Costa Caribeños, has not been sanctioned under the grounds of article 41 of Law 7593” (report rendered).\n\n**III.-** Specific case. First, a distinction must be made between the complaint against the gas station, on the one hand, and the request for information, on the other. Regarding the former, the petitioner reported the following:\n\n“Specifically, the complaint concerns the following: In the company Servicentro Costa Caribeños S.A., which is a gas station located in Limón, there are serious indications that the fuel dispensers are altered repeatedly, supposedly on weekends and holidays, with the purpose of delivering a smaller amount of fuel for the price fixed by ARESEP for each liter reason”. In this regard, it should be noted that any eventual delay in resolving would constitute eventually, in its case, a violation of the provisions of article 41 of the Political Constitution; this being a matter of administrative claims, the remedy is inappropriate, therefore, he must take into account that since ruling number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has pronounced in accordance with what is indicated below.\n\n**IV.-** NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND FULFILLED MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF THOSE ADMINISTERED. The Sala Constitucional, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations that are anchored in the infra-constitutional legal system or parameter of legality, which have an indirect connection with fundamental rights and the Right of the Constitution. On that particular point, one must not lose perspective that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, provides an indirect basis for any imaginable substantial legal situation of individuals. However, upon better consideration and before the enactment of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Ley No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that now those subject to justice have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the diverse procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of the time limits for carrying out the various procedural acts, the breadth of standing, the precautionary measures, the numerus apertus of the claims that can be deduced, orality —and its sub-principles of concentration, immediacy, and speed—, the single instance with an appeal remedy in expressly limited situations, intra-process conciliation, the unified proceeding, the preferential processing proceeding or “amparo de legalidad”, the proceedings on pure points of law, the new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of assets from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have as their manifest end and purpose achieving procedural economy, speed, promptness, and the effective or fulfilled protection of the substantial legal situations of those administered, all with the guarantee of fundamental basic rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an ideal channel, due to its new characteristics of simplicity, speed, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantial legal situations of those administered in which it is necessary to gather evidence or define some issues of ordinary legality.\n\n**V.-** VERIFICATION OF THE TIME LIMITS PRESCRIBED BY LAW TO RESOLVE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS: AN EVIDENT ISSUE OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the time limits prescribed by the General Public Administration Act (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative proceedings, to resolve a final administrative proceeding by a final act —initiated ex officio or at the instance of a party— or to hear the applicable administrative remedies, is an evident issue of ordinary legality which, henceforth, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense —that is, to appear without legal representation— and of being free of charge for the petitioners. Consequently, as far as this point is concerned, the amparo must be dismissed.\n\n**VI.-** On the other hand, as far as the request for information is concerned, it was demonstrated that, indeed, on August 23, 2021, by means of note MLV-0050-2021 sent to the email address usuario@aresep.go.cr, the petitioner requested the following: “Finally, I require knowing whether Servicentro Costa Caribeños has a record of violations of the subparagraphs of article 41 of Law 7593 of the ARESEP”. It was also demonstrated that the Public Services Regulatory Authority, and especially the General Directorate of User Services, has enabled the email address usuario@aresep.go.cr as a means available for users to submit their complaints and denunciations. Finally, the General Directorate of User Services, by official letter number OF-3002-DGAU-2021, dated December 13, 2021 (notified to the petitioner on that date), communicated the following: “After reviewing the records kept by this Regulatory Authority, it is established that the reported station, Estación de Servicio Costa Caribeños, has not been sanctioned under the grounds of article 41 of Law 7593”. It is clear that the information was supplied to him after the notification of this amparo on December 7, 2021. Consequently, the amparo must be granted as far as this point is concerned, in the terms set forth below.\n\nLastly, it only remains to clarify that although the appellant expressed disagreement with what was communicated to him, this Chamber protects the right to receive a response, but not that it be to the applicant’s liking.\n\nVII.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber finds that, in the sub examine, in accordance with the first paragraph of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo proceeding is underway, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the petition shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law requiring the operative part of the ruling to state that the petition is granted when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph, in fine, refers to the granting being ordered “solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” It is underscored that the law states “if they are applicable,” which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appraisal, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states: “any decision granting the petition shall order, in the abstract, the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the petition, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not provided for. The principles of Constitutional Law, Public Law and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law and, furthermore, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional —cf. Article 14—. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which conforms to the procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they so choose, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this petition without an award of costs, damages, and losses.\n\nVIII.—NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ. I have supported this Court’s thesis that when a person seeking justice alleges a violation of the right to a prompt and complete justice in the administrative sphere, those who must hear the legal dispute are the Tribunales de lo Contencioso-Administrativo and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo petition established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since it, based on numeral 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence, because the legal-constitutional disputes concerning minors, the environment, salary payments, the payment of benefits upon retirement, non-contributory scheme pensions and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreigners who are outside the country, drinking water service, older adults when not referring to their pension matters, corruption reports, indigenous peoples’ rights, claims for lack of coverage by the Caja Costarricense de Seguro Social, and maternity leave are heard by this jurisdiction through the constitutional procedural guarantee of amparo. In all other cases, and for the reasons given in this judgment, the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nIX.— DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The appellant is warned that, if any documents were submitted on paper, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must retrieve them from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe petition is partially granted, solely with respect to the right of petition, without a special award of costs, damages, and losses. On all other grounds, the petition is denied. Judge Castillo Víquez issues a note. Let this be notified.\n\n\n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAracelly Pacheco S.\n\n\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n KXSTD470SOZS61\n\nEXPEDIENTE N° 21-024980-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:58:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }