{ "id": "nexus-sen-1-0007-1072029", "citation": "Res. 01625-2022 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Desobediencia de amparo sobre derechos de pozo y tanque de acueducto", "title_en": "Noncompliance with amparo ruling on water well and tank rights", "summary_es": "La Sala Constitucional analiza una gestión de desobediencia presentada por los recurrentes en el amparo 18-005217-0007-CO, en el cual se había ordenado al AyA y a la ASADA de Coyolito adoptar medidas para regularizar los derechos sobre un pozo y tanque utilizados para el abastecimiento de agua comunal, o trasladar la administración del acueducto al AyA. El tribunal había otorgado varias prórrogas para el cumplimiento, la última por seis meses improrrogables. Los recurrentes alegan que el plazo venció sin solución definitiva. Sin embargo, de la prueba aportada se desprende que el AyA y la ASADA realizaron múltiples gestiones técnicas y legales, como avalúos, pruebas de bombeo y negociaciones, pero el cumplimiento se ha visto obstaculizado por causas atribuibles a los propios recurrentes: desacuerdo con los montos de alquiler, pretensiones de venta desproporcionadas, falta de inscripción registral de una propiedad por proceso sucesorio pendiente, existencia de una hipoteca sobre el inmueble del tanque, discrepancias catastrales y cambios constantes de representación legal que dificultan la comunicación. La Sala concluye que no ha existido desobediencia de las autoridades recurridas, pues la imposibilidad de culminar el proceso deriva de actuaciones u omisiones de los recurrentes, y la determinación del valor económico de la propiedad es un asunto de legalidad ajena a su competencia. En consecuencia, declara no ha lugar la gestión de desobediencia, pero previene a las autoridades sobre el deber de brindar una solución definitiva una vez superados los obstáculos.", "summary_en": "The Constitutional Chamber examines a noncompliance claim filed by the petitioners in amparo case 18-005217-0007-CO, wherein AyA and the ASADA of Coyolito had been ordered to take measures to regularize the rights over a well and tank used for community water supply, or transfer the aqueduct administration to AyA. The court had granted several extensions for compliance, the last one being a non-extendable six-month period. The petitioners argue that the deadline expired without a definitive solution. However, the evidence shows that AyA and ASADA carried out multiple technical and legal actions, such as appraisals, pumping tests, and negotiations, but compliance has been hindered by causes attributable to the petitioners themselves: disagreement over rental amounts, disproportionate sale demands, lack of property registration due to a pending probate process, existence of a mortgage on the tank property, cadastral discrepancies, and constant changes in legal representation that hinder communication. The Chamber concludes that there has been no noncompliance by the respondent authorities, since the impossibility of completing the process stems from the petitioners' own actions or omissions, and the determination of the property's economic value is a legality matter outside its jurisdiction. Consequently, it dismisses the noncompliance claim but warns the authorities of their duty to provide a definitive solution once the obstacles are removed.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "21/01/2022", "year": "2022", "topic_ids": [ "water-law", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "desobediencia", "ASADA", "AyA", "dominio público", "avalúo", "proceso sucesorio" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Arts. 505-509", "law": "Código Civil" }, { "article": "ordinal 18", "law": "Reglamento de ASADAS" } ], "keywords_es": [ "desobediencia de amparo", "derechos de pozo y tanque", "ASADA de Coyolito", "Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", "regularización de derechos", "avalúo administrativo", "bienes de dominio público" ], "keywords_en": [ "amparo noncompliance", "well and tank rights", "Coyolito ASADA", "Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers", "rights regularization", "administrative appraisal", "public domain assets" ], "excerpt_es": "De lo anterior, se colige que las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han realizado gestiones correspondientes con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal... no obstante, la problemática se mantiene debido a actuaciones u omisiones propias del recurrente, las cuales impiden continuar con los proyectos establecidos por el instituto recurrido, así como la ASADA de Coyolito. Adicionalmente, en cuanto al valor económico que el recurrente pretende en que se venda la propiedad en cuestión y que a su vez sea adquirida por las autoridades recurridas, corresponde un asunto de legalidad, el cual no le compete a la Sala entrar a conocer en razón de sus competencias. En consecuencia, lo procedente es declarar no ha lugar la gestión formulada.", "excerpt_en": "From the foregoing, it is inferred that the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers have taken corresponding steps to comply with this Court's order... however, the problem persists due to the petitioner's own actions or omissions, which prevent the continuation of the projects established by the respondent institute and the ASADA of Coyolito. Additionally, regarding the economic value that the petitioner seeks for the sale of the property in question to be acquired by the respondent authorities, this is a matter of legality which the Chamber is not competent to address. Consequently, the appropriate course is to dismiss the claim.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "No ha lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber dismisses the noncompliance claim, finding that the lack of compliance is not attributable to the respondent authorities but to the petitioners' own actions or omissions.", "summary_es": "La Sala Constitucional declara no ha lugar la gestión de desobediencia, determinando que el incumplimiento no es imputable a las autoridades recurridas sino a las propias actuaciones u omisiones de los recurrentes." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "it is verified that technical inspections, pumping tests, property appraisals, among other technical actions, have been carried out; however, the problem could not be resolved due to the petitioner's own circumstances, who has not accepted some options...", "quote_es": "se constata que se han realizado inspecciones técnicas, pruebas de bombeo, avalúos a las propiedades, entre otras acciones de índole técnico; no obstante, no se ha podido resolver la problemática por situaciones propias del recurrente, quien no ha aceptado algunas opciones..." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "the property where the well is located is not yet registered in the petitioner's name, as the probate process is pending; regarding the property where the tank is located, the petitioner proceeded to segregate an area of 264 m2... and made... a sale offer valued at 20 million colones, an amount that, according to the respondent authority, does not correspond to the per-square-meter value in the locality...", "quote_es": "la propiedad en donde se ubica el pozo aún no se encuentra inscrita a nombre de la recurrente, por estar pendiente el proceso sucesorio; en lo que respecta a la finca donde se ubica el tanque, el petente procedió a segregar un área de 264 m2... realizó... una propuesta de venta valorada en 20 millones de colones, monto que según indica la autoridad recurrida, no corresponde al valor por m2 en la localidad..." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "the tank, well, and pump house in question, being components of the aqueduct system used by the ASADA of Coyolito, are affected to the public domain and, therefore, are not subject to appropriation by any private individual, as they are outside the commerce of men, and no rental payment is appropriate for such works, only for the real estate.", "quote_es": "el tanque, el pozo y la caseta referidas, al ser componentes del sistema de acueducto utilizados por la ASADA de Coyolito, se encuentran afectados al dominio público y, por ende, no son sujeto de apropiación por ningún particular, por estar fuera del comercio de los hombres y no procede el pago de alquiler alguno sobre dichas obras solo sobre el bien inmueble." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1072029", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01625 - 2022\n\nFecha de la Resolución: 21 de Enero del 2022 a las 09:15\n\nExpediente: 18-005217-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*180052170007CO*\n\nExp: 18-005217-0007-CO\n\nRes. Nº 2022001625\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidos .\nGestión de desobediencia presentada [Nombre 001], cédula de identidad No. [Valor 001], contra la ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COYOLITO ESPABEL.               \nResultando:\n  1.- Por medio de la sentencia No. 2018-008160 de las 09:15 horas del 25 de mayo de 2018, esta Sala resolvió lo siguiente: “Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y, a Mario Chavarría Marchena, Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito Espabel o, a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que dentro del plazo de TRES MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia, adopten las medidas que sean necesarias dentro del ejercicio de sus competencias, para dar una solución integral y definitiva al problema denunciado por la parte recurrente, ya sea, regularizando el tema de los derechos sobre el pozo y el tanque de agua o, trasladando la Administración del Acueducto de la Asada al AyA, lo anterior, si otra causa legal no lo impidiera y, siempre y cuando no se afecte la prestación del servicio de agua a los vecinos de la comunidad de Coyolito”.\n2.- Por escrito recibido a las 14:52 horas del 20 de agosto de 2018, Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados solicitó por primera vez la ampliación de plazo para el cumplimiento de la sentencia No. 2018-008160 de las 9:15 horas del 25 de mayo de 2018.\n3.- Por medio de la sentencia No. 2018-014092 de las 09:20 horas del 29 de agosto de 2018, este Tribunal resolvió lo siguiente: “(…) Se le confiere a Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o, a quien ocupe ese cargo, un plazo de 16 MESES contado a partir de la notificación de la sentencia 2018-008160 de 25 de mayo de 2018, para su cabal cumplimiento. Notifíquese en forma personal a las autoridades recurridas, o a quienes ocupen esos cargos (…)”.\n4.- Por escrito recibido el 25 de septiembre de 2019, Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, solicitó, por segunda vez, la ampliación de plazo para el cumplimiento sentencia No. 2018-008160 de las 9:15 horas del 25 de mayo de 2018.\n5.- Por medio de la sentencia No. 2019-014398 de las 09:20 horas del 08 de octubre de 2019, esta Sala resolvió lo siguiente: “(…) Se le confiere a Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe ese cargo, un plazo de 10 MESES contado a partir de la notificación de esta resolución, para cumplir lo ordenado en la sentencia 2018-008160 de 25 de mayo de 2018. Notifíquese en forma personal a las autoridades recurridas, o a quienes ocupen esos cargos (…)”.\n6.- Por escrito recibido a las 7:09 horas de 7 de enero de 2021, Tomas Martínez Baldares, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, manifestó lo siguiente: “(…) según memorando N° GSP-RCHO-2020-03823 de fecha 09 de diciembre del 2020, el AyA no ha podido cumplir con lo ordenado en el voto N° 2018-008160 por situaciones ajenas a las competencias de la Institución, como lo son, problemas con los propietarios de las fincas en donde se ubican el pozo y el tanque y la situación de emergencia generada por la pandemia Covid-19 con lo cual se vieron afectadas todas las programaciones que el AyA mantenía para el 2020, debiendo enfocarse en garantizar la continuidad del servicio, por lo que no se han podido concretar actividades técnicas como la realización de la prueba de bombeo y delimitación de zonas de protección microbiológica del pozo (sic) Dado lo anterior, es necesario solicitar a este honorable Tribunal, el otorgamiento de una nueva prórroga, pues se considera que el cumplimiento de lo ordenado en el voto de marras puede estarse concretando, en el caso de que no se presenten más inconvenientes ajenos a la Institución, el 30 de junio del 2021, según lo referido por el Director de la Región Chorotega en el memorando No.GSP-RCHO-2020-03942 (sic) Dado lo anterior, se solicita una prórroga de SEIS meses más a partir del 01 de enero del 2021, para poder cumplir con lo ordenado por la Cámara Constitucional, tiempo durante el cual, el AyA, continuará con las acciones requeridas para dar cumplimiento a lo ordenado en el voto de marras, de conformidad con lo referido en los informes N° GSPRCHO-2020-03823 y N° UEN-AP-2020-02502 (…)”.\n7.- Por medio de la sentencia No. 2021-004277 de las 09:15 horas del 02 de marzo de 2021, este Tribunal resolvió lo siguiente: “Se le confiere, por última vez, a Tomas Martínez Baldares, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, un plazo improrrogable de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente resolución, para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia No. 2018-008160 de las 9:15 horas del 25 de mayo de 2018. Además, se le ordena a los recurridos que una vez vencido el plazo conferido en esta resolución, deberán comunicar a este Tribunal las acciones que acrediten el pleno cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en la sentencia supra indicada. Se reitera, además, lo señalado en la sentencia de cita respecto del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese” .\n8.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:00 horas del 01 de diciembre de 2021, el recurrente acusa la desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2018-008160 de las 09:15 horas del 25 de mayo de 2018, pues argumenta que el plazo de los seis meses otorgados en la sentencia No. 2021-004277 de las 09:15 horas del 02 de marzo de 2021, ya terminó y a la fecha la autoridad recurrida no ha dado respuesta para plantear una solución integral y definitiva al problema.\n9.- En resolución de las 15:03 horas del 14 de diciembre de 2021, se le dio traslado de la gestión de desobediencia y se le concedió audiencia a Tomas Martínez Baldares, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, para que se refiera y aporte las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se le atribuyen.\n10.- Mediante escrito recibido por medio del Sistema de Gestión en Línea de esta Sala a las 13:58 horas del 17 de diciembre de 2021, informa bajo juramento Tomas Martínez Baldares, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Manifiesta que a partir del dictado de la sentencia No. 2018-008160 de las 09:15 horas del 25 de mayo de 2018, el AyA y la ASADA de Coyolito han realizado una serie de gestiones para dar cumplimiento a lo ordenado, para lo cual se solicitaron varias prórrogas, las cuales fueron concedidas, debido a que, el levantamiento de la información no podía ser cumplida en el plazo otorgado por la Sala. Señala que es necesario llevar a cabo inspecciones técnicas, pruebas de bombeo, avalúos a las propiedad, entre otras acciones de índole técnico, las cuales requieren tiempo por lo que, no era posible resolver el tema de la legalidad de los bienes inmuebles de manera inmediata, en parte también por situaciones propias de los recurrentes, el AyA les ofreció el pago de un alquiler por la suma de ochenta y seis mil setenta y ocho colones con veintinueve céntimos (86.078,29) por la propiedad donde se ubica el pozo y cuarenta mil quinientos cincuenta y un colones con cuarenta y dos céntimos (40.551,42) por el inmueble en donde se ubica el tanque; dicho monto se basó en el memorando No. UEN-PC-2018-02319 del 20 de noviembre de 2018, que corresponde al avalúo realizado por la Oficina de Avalúos Administrativos UEN PC. No obstante, el señor Kevin Viales, uno de los recurrentes se opuso al monto del avalúo y pretendía que se le pagara un monto mucho más elevado sin ninguna justificación, lo cual no es procedente, pues dicho monto es costeado con fondos públicos y por normativa no puede el AyA realizar un pago en estas condiciones. Aunado a lo anterior, reclamaba que el avalúo debía de incluir el costo de la caseta de bombeo y el tanque, alegando que son edificaciones accesorias al terreno y así lo externó por medio de correo electrónico remitido en febrero de 2019 por el licenciado Alexander Bustamante, representante legal de los recurrentes. Al respecto, la Dirección Jurídica del AyA por medio de correo electrónico del 21 de marzo de 2019, emitió el criterio legal indicando lo siguiente: “1. Si la infraestructura (obras civiles: caseta, pozo y tanque) fueron construidos con dinero de las tarifas cobradas por la ASADA de Coyolito o donaciones de la comunidad, el insumo económico utilizado corresponde a fondos públicos, por lo cual, no es procedente el pago de un alquiler sobre componentes del sistema que se reitera, fueron construidos con fondos públicos. 2. Además, la infraestructura utilizada por la ASADA de Coyolito para la prestación del servicio de acueducto está afectada al dominio público, tal como lo establece el Reglamento de ASADAS en su ordinal 18, razón por la cual, no puede un particular pretender el pago de un alquiler sobre componentes de un sistema de acueducto que mantiene por Ley dicha afectación, al ser de dominio público. 3. Los numerales 505 y 506 del Código Civil refieren a la “accesión” y su derecho respecto de los bienes inmuebles, indicando que, toda obra realizada en un terreno se presume hecha por el propietario y que le pertenece, sino se prueba lo contrario, por lo cual, en el presente caso, debe de demostrarse que la infraestructura referida fue construida por la ASADA de Coyolito, no obstante, se reitera lo de la afectación a dominio público. 4. Por su parte, los artículos 507, 508 y 509 del mismo cuerpo normativo contemplan que, el propietario de una finca en donde se haya realizado alguna edificación, deberá reembolsar a quien la construyó, el valor de la mano de obra y materiales utilizados, esto si la infraestructura no estuviera afectada a dominio público como lo es el presente caso. Por tanto, el tanque, el pozo y la caseta referidas, al ser componentes del sistema de acueducto utilizados por la ASADA de Coyolito, se encuentran afectados al dominio público y, por ende, no son sujeto de apropiación por ningún particular, por estar fuera del comercio de los hombres y no procede el pago de alquiler alguno sobre dichas obras solo sobre el bien inmueble” . Acota que los accionantes han cambiado de representante legal en tres ocasiones, primero designaron a la licenciada Sandra Araya González, esto mediante correo electrónico del 20 de enero de 2020, remitido por el señor [Nombre 004]. Posteriormente, ingresa una consulta vía correo electrónico realizada por el licenciado Alexander Bustamante, relacionada con el avalúo del inmueble y esto en representación del señor [Nombre 002] y finalmente, también por medio de correo electrónico del 18 de junio de 2021, el señor [Nombre 003] manifiesta que el licenciado Bustamante ya no es su representante legal y que ahora lo es el licenciado Bernardo Zamora. Lo anterior se indica debido a que, esto ha provocado problemas de comunicación con los petentes, incluso, en el último correo electrónico el señor [Nombre 002] aporta un número de teléfono para contactarlo directamente; no obstante, en reiteradas ocasiones diversas áreas técnicas y legales del AyA le han realizado consultas por dichos medios, sin obtener respuesta de su parte, ocasionando retrasos en el proceso e imposibilidad de continuar con algunas de las acciones requeridas. Expone que la situación de que la propiedad donde se ubica el pozo no está aún inscrita a nombre de la recurrente y el inmueble en donde se ubica el tanque soporta una hipoteca, lo cual aumenta las dificultades de adquisición de los mismos, reiterando que situaciones son propias de los recurrentes y ajenas al AyA. Relata que el 08 de septiembre de 2021, el AyA procedió a presentar ante la Sala Constitucional, un informe por medio del cual se indica lo siguiente: “Dado lo anterior, esta Institución ha valorado las condiciones técnicas y administrativas de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito Espabel, cédula jurídica número 3-002-352150, conforme se determina mediante memorando N° GSD-UEN-GAR-2021-03899 emitido por la ORAC Región Chorotega (Ver prueba N° 1). Esta ASADA firmó convenio de delegación con el AyA el día 19 de agosto del 2011 y fue refrendado en esa misma fecha por el Director Jurídico, lo cual la habilita para la prestación de los servicios de acueducto y/o alcantarillado en dicha comunidad y dado que, dicha asociación ha manifestado su interés de continuar con la operación, mantenimiento, desarrollo y administración del sistema de acueducto en la comunidad, según acuerdo de Junta Directiva adjunto (ver prueba N° 2), además de que ha iniciado las negociaciones con los propietarios de los inmuebles para la adquisición de los terrenos en donde se ubican el pozo y el tanque de agua, se informa a ese honorable Tribunal que, la ASADA de Coyolito continuará con la prestación del servicio de acueducto en la comunidad y dará cumplimiento a lo ordenado en el voto de marras, con el apoyo técnico y legal del AyA”. Comenta que como parte del proceso de adquisición de los bienes inmuebles en cuestión, la ASADA de Coyolito pudo constatar que la propiedad en donde se ubica el pozo aún no se encuentra inscrita a nombre de la recurrente, por estar pendiente el proceso sucesorio correspondiente y en lo que respecta a la finca donde se ubica el tanque, se pudo contactar al señor [Nombre 002] , propietario registral, quien presentó el plano No. 5-2161800-2019, donde procedió a segregar un área de 264 m2, porción de terreno donde se ubica el tanque y con base en eso realizó el 01 de septiembre de 2021, una propuesta de venta valorada en 20 millones de colones, monto sumamente exagerado, siendo que, el valor por m2 en la localidad donde se ubica el inmueble es de dieciocho mil colones (18.000), según “Mapa de valores de terreno por zonas homogéneas” de la Provincia de Guanacaste, Cantón de Carrillo, Distrito Belén. Precisa que el petente pretende que la ASADA de Coyolito le pague por la propiedad en donde se ubica el tanque, utilizando fondos públicos, un monto de veinte millones de colones (20.000.000) correspondientes a 264 m2, o sea, un equivalente a setenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete colones con cincuenta y siete céntimos (75.757,57) por m2, es decir, una diferencia de cincuenta y siete mil cincuenta y siete colones con cincuenta y siete céntimos (57.757, 57) por m2, lo cual a todas luces es imposible y generaría un enriquecimiento sin causa para el recurrente. Relata que el accionante procedió a rechazar el avalúo del alquiler y en su momento reconoció que el valor del m2 de su propiedad era de quince mil colones (15.000,00), monto real y aceptable, se desconocen las razones por las cuales cambió de forma tan abismal su valor, siendo que, no se han realizado mejoras o ningún tipo de acciones que incremente de manera tan exagerada el costo del m2. Además, dicha propiedad soporta una hipoteca, por lo que, el recurrente debe de previo liberar dicho gravamen, siendo que, la ASADA de Coyolito no podría adquirir el bien inmueble con esas condiciones. Comenta que en el informe presentado por el AyA el 08 de diciembre de 2021, ante la Sala Constitucional se concluyó lo siguiente: “Tal como lo indica el memorando N° No.GSP-RCHO-2021-02835 de fecha 06 de setiembre del 2021 (ver prueba N° 3), emitido por la Dirección Regional Chorotega, el AyA realizará la limpieza y prueba de bombeo del pozo, ejecutará un estudio de zona de protección ambiental y el avalúo de las propiedades; además, brindará soporte técnico a la ASADA para el levantamiento del catastro de áreas definidas y el proceso de compra de los inmuebles requeridos”. Relata que el AyA procedió a realizar la limpieza y la prueba de bombeo del pozo por espacio de 72 horas de bombeo continuo, entre los días 16 al 19 de noviembre de 2021 y el informe correspondiente se emitió mediante oficio No. UEN-AP-2021-02104 del 07 de diciembre de 2021 y sus anexos. Posterior a ello, por medio del memorando No. G SP-RCHO-2021-04342 del 16 de diciembre de 2021, se remitió a la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo la solicitud de estudio de zona de protección del pozo y se está a la espera de la remisión de dicho análisis. En lo que respecta al levantamiento del catastro del área definida para cada una de las propiedades, se remitió a la ASADA de Coyolito el oficio No. GSP-RCHO-2021-02832 del 06 de septiembre del 2021 y se indicó que existen algunas situaciones que deben de ser resueltas de previo por los accionantes en conjunto con dicha asociación, como lo son: “a. El área demarcada no coincide con el plano de catastro N° 5-2161800-2019, el cual corresponde según la certificación registral aportada por el recurrente [Nombre 002] , al terreno en donde se ubica el tanque, por consiguiente, se debe de realizar la verificación correspondiente. b. El acceso actualmente al tanque desde la vía pública es diferente al señalado en el plano catastro como callejón de acceso con 3 metros de ancho, situación que debe de ser valorada y analizada entre la ASADA y los recurrentes. c. De acuerdo con el plano catastro 5-2161800-2019, el trayecto para ingresar a la propiedad del tanque es diferente por donde pasan las tuberías de impulsión y distribución, señalado dicho tramo como servidumbre de agua, con lo cual, se mantiene una afectación en la propiedad vecina, aspecto que también debe de ser resuelto con los recurrentes. d. El plano catastro 5-2161800-2019, presenta un área muy irregular, tampoco considera o hace posible la construcción de una acera perimetral que requiere el tanque, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud”. Indica para que se pueda realizar el avalúo de las propiedades, es necesario que primero se dé solución a las situaciones expuestas. Agrega que el AyA y la ASADA de Coyolito iniciaron de manera inmediata a la notificación del voto No. 2018-008160 del 25 de mayo de 2018, sendas acciones para regularizar el tema de los derechos sobre el pozo y el tanque de agua a favor de la ASADA, pero debido a diversas situaciones no ha sido posible y tal como lo refiere el voto de marras, esta gestión debía de realizarse “si otra causa legal no lo impidiera” , lo cual no ha ocurrido, y se reitera, por causas atribuibles a los recurrentes como lo son: “1- Existe un proceso sucesorio para definir la persona heredera de la propiedad en donde se ubica el pozo, es decir, actualmente dicho inmueble no ha sido inscrito a nombre de la recurrente, no pudiendo la ASADA adquirir (comprar) una finca donde aún no se ha definido quién será su propietario registral. 2- En cuanto a los montos ofrecidos por concepto de alquiler, los recurrentes no han estado de acuerdo y pretenden el cobro de un monto que no se sujeta a lo establecido en el avalúo realizado por el Área de Topografía y Avalúos del AyA. 3- Las condiciones físicas del terreno donde se ubica el tanque no se ajustan a lo establecido en el plano presentado por el recurrente [Nombre 002], por lo cual, deben de ser realizados los ajustes correspondientes. 4- La propuesta de venta realizada por el recurrente [Nombre 002] es totalmente desproporcionada y no se ajusta a los valores de m2 definidos para la zona en donde se ubica el tanque. 5- La propiedad en donde se ubica el tanque, perteneciente al señor [Nombre 002] , presenta un gravamen de hipoteca que debe de ser levantado por el recurrente, de previo a que la ASADA de Coyolito proceda con la adquisición” . Adiciona que no es cierto que el AyA o la ASADA de Coyolito hayan incurrido en desobediencia, tal como lo argumentaron los recurrentes, pues se han realizado las acciones correspondientes; no obstante, los problemas para poder adquirir las propiedades son ajenos al AyA y a la asociación recurrida, los cuales deben de ser resueltos por los accionantes.\n\n  11.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta el Magistrado Araya García ; y,\n\n  Considerando:\n\nI.- Objeto. El recurrente acusa la desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2018-008160 de las 09:15 horas del 25 de mayo de 2018, pues argumenta que el plazo de los seis meses otorgados en la sentencia No. 2021-004277 de las 09:15 horas del 02 de marzo de 2021 -el cual es resultado de diferentes ampliaciones de plazo acordadas por esta Sala a petición del ICAA-, ya terminó y a la fecha la autoridad recurrida no ha dado respuesta para plantear una solución integral y definitiva al problema.\nII.- Sobre lo dispuesto por esta Sala. En la sentencia No. 2018-008160 de las 09:15 horas del 25 de mayo de 2018, este Tribunal dispuso lo siguiente:\n“I.- Objeto del Recurso. La parte recurrente acude a esta Jurisdicción Constitucional y manifiesta que la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito abastece de recurso hídrico a su comunidad por medio de una fuente que se alimenta de un pozo y tanque, construidos dentro de su propiedad. Acusan que a su propiedad ingresan, constantemente, personas sin autorización. Afirman que en repetidas ocasiones han solicitado a la recurrida se regularice dicha situación y, se les compre el derecho de los terrenos en los que se encuentran el pozo y tanque de agua. Arguyen que al no ponerse a Derecho, decidieron delimitar el sector donde se ubica el tanque de almacenamiento con una cerca, para impedir el acceso de personas no autorizadas. (…)\n \nIII.- Tocante a la actuación de los recurrentes y el suministro del servicio de agua. Precedente. En primer término, los recurrentes acuden a esta Jurisdicción Constitucional, a manifestar que la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito abastece de recurso hídrico a su comunidad, por medio de una fuente que se alimenta de un pozo y tanque, construidos dentro de su propiedad. Acusan que a su propiedad ingresan, constantemente, personas sin autorización. En un caso que se ajusta, de alguna manera, a los hechos presentados en este amparo, esta Sala resolvió, en lo tocante al acceso de las autoridades que se encarguen de prestar el servicio de agua, que los propietarios de los bienes donde se encuentren las nacientes, deben permitir el ingreso a las autoridades competentes, a fin que estas puedan dar el mantenimiento necesario a los implementos, que permitan seguir brindando el servicio a los usuarios del mismo. Así, por medio del voto No. 2013-013820, de las 09:15 horas del 18 de octubre de 2013, se indicó lo que de seguido se transcribe: \"VI.- CASO CONCRETO. Se encuentra plena e idóneamente acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto de San Rafael, INVU y San Isidro de Peñas Blancas, suministra agua potable a esas comunidades (hecho incontrovertido). Asimismo, se constató que a finales del año 2009, la Asociación amparada, inició la construcción de una nueva captación, en el inmueble de la sociedad recurrida, en virtud que desde el año 2006 , el acueducto carecía de capacidad para abastecer adecuadamente a dichas comunidades (los autos e informes). Igualmente, se demostró que desde fecha indeterminada, Orserval Sociedad Anónima, ha impedido que concluya la construcción de ese tanque de captación y se coloquen 250 metros lineales de tubería (hecho incontrovertido). En este sentido, al impedir esa sociedad que la Asociación Administradora del Acueducto Rural tutelada, preste, debidamente, el servicio público y ejerza control sobre el recurso hídrico disponible, se vulnera el derecho fundamental al agua potable de las personas a quienes esa entidad les provee el servicio. Bajo esta inteligencia, estima la Sala que se produjo el agravio reclamado. Cabe advertir que esta sentencia estimatoria de amparo no prejuzga sobre la existencia de una servidumbre administrativa y de los derechos de las partes según el ordenamiento jurídicos, extremos de mera legalidad que deben discutirse precisamente en las sedes ordinarias. Simplemente la estimatoria tiene por objeto garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho fundamental al agua potable, por su carácter básico y esencial, así como asegurar la continuidad en el suministro del líquido vital en atención al derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos que ha desarrollado este Tribunal\". Con base en lo mencionado, independientemente de cualquier cosa, deben tener en cuenta los gestionantes que, debido a que el pozo en cuestión, abastece de recurso hídrico a toda una comunidad de personas, no es de recibo que entorpezcan las labores de la Asada, dado que, es crucial que se garantice la prestación continua del servicio de agua y su calidad. De modo que en lugar de estorbar la ejecución de dichas labores preventivas y preceptivas, y mientras esa fuente esté en uso comunal, deben prestar una colaboración permanente, en aras de satisfacer los derechos e intereses de las personas usuarias, con las consecuencias correspondientes que su omisión podría conllevar.\n \nIV.- Relativo a la propiedad privada y al uso del pozo y tanque por parte de la Asada               Otro de los extremos puestos a conocimiento de la Sala, es el relativo al tema de la falta de regularización de la situación del pozo y del tanque, ubicados en la propiedad de los recurrentes. En cuanto a este extremo, las autoridades recurridas abordan varios puntos por los cuales, no ha sido posible poner a Derecho la situación del pozo; a saber, la existencia de una supuesta donación por parte del propietario original del inmueble a favor del Estado y derechos adquiridos; la pretensión de cobros excesivos por alquiler y venta, de parte de los derechohabientes, y; el agotamiento de vida útil de la naciente y la calidad del agua. De ahí que, en el fondo, lo que se tiene es una disyuntiva acerca de la viabilidad de un uso repetido por años de un bien efectuado por las autoridades recurridas para brindar el servicio de agua y, por otro, el derecho reclamado por unos propietarios registrales o, al menos, de unas personas con una expectativa de derecho que se conoce dentro de un proceso sucesorio, sobre un terreno que cuenta con un pozo y un tanque que se usa para abastecer de agua a un pueblo. Lo cierto del caso es que, según se observa de los autos, este tema es de larga data y, ha ocasionado constantes enfrentamientos entre las partes involucradas. En razón de lo dicho, lo que se tiene en la actualidad es que no solo por la amenazas y el comportamiento de los recurrentes, las transacciones tendentes a la adquisición del terreno se han entorpecido, sino que también, según informes técnicos, ya la vida útil del pozo está llegando a su fin. Tomando como base esta última circunstancia, es decir, la inapropiada calidad del agua, es que las autoridades recurridas pensaron en reconsiderar cualquier gestión atinente a la regularización de la situación jurídica del pozo; con lo cual, es hasta ahora que se está pensando en devolver la administración del Acueducto al AyA. Ahora bien, la respuesta de la Administración acerca de que este trámite podría zanjarse hasta en un \"mediano plazo\", no es una acción valida ni inmediata, lo que sin duda alguna, trae incertidumbre e inseguridad jurídica a los reclamantes. De ahí que, para conciliar los intereses de los recurrentes dueños de la finca donde se ubica el pozo, con los derechos e intereses comunales, el AyA, como ente rector, debe intervenir y definir la situación, acabando con la problemática gestada. Es decir, es su responsabilidad resolver de inmediato el conflicto, dando respuesta tanto a lo pretendido por los recurrentes como a lo gestionado por la Asada. En consecuencia, el recurso se declara con lugar por estos tópicos. (…)\n \nPor tanto:\nSe declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y, a Mario Chavarría Marchena, Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito Espabel o, a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que dentro del plazo de TRES MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia, adopten las medidas que sean necesarias dentro del ejercicio de sus competencias, para dar una solución integral y definitiva al problema denunciado por la parte recurrente, ya sea, regularizando el tema de los derechos sobre el pozo y el tanque de agua o, trasladando la Administración del Acueducto de la Asada al AyA, lo anterior, si otra causa legal no lo impidiera y, siempre y cuando no se afecte la prestación del servicio de agua a los vecinos de la comunidad de Coyolito”.\n \nIII.- Tocante a la gestión de inejecución. En el presente asunto el recurrente acusa la desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2018-008160 de las 09:15 horas del 25 de mayo de 2018, pues argumenta que el plazo de los seis meses otorgados en la sentencia No. 2021-004277 de las 09:15 horas del 02 de marzo de 2021 -el cual es resultado de diferentes ampliaciones de plazo acordadas por esta Sala a petición del ICAA-, ya terminó y a la fecha la autoridad recurrida no ha dado respuesta para plantear una solución integral y definitiva al problema.\nAl respecto, de los autos se determina que mediante la sentencia No. 2018-014092 de las 09:20 horas del 29 de agosto de 2018, se amplió el plazo de cumplimiento por primera vez a 16 meses; mediante la sentencia No. 2019-014398 de las 09:20 horas del 08 de octubre de 2019, se amplió el plazo de cumplimiento por segunda vez a 10 meses; y mediante la sentencia No. 2021-004277 de las 09:15 horas del 02 de marzo de 2021, se amplió el plazo de cumplimiento por tercera y última vez a 06 meses.\nPor otro lado, de lo informado por el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como de la prueba aportada al expediente digital, se determina que se han puesto en práctica diversas actuaciones con el fin de poder dar cumplimiento con lo ordenado en la sentencia No. 2018-008160 y cumplir con el plazo acordado en las diferentes resoluciones de cita. Asimismo, se constata que se han realizado inspecciones técnicas, pruebas de bombeo, avalúos a las propiedades, entre otras acciones de índole técnico; no obstante, no se ha podido resolver la problemática por situaciones propias del recurrente, quien no ha aceptado algunas opciones, tales como el pago de un alquiler por la suma de 86.078,29 colones por la propiedad donde se ubica el pozo, y 40.551,42 colones por el inmueble en donde se ubica el tanque. Lo anterior, según el avalúo realizado por la Oficina de Avalúos Administrativos UEN PC y que consta en el memorando No. UEN-PC-2018-02319 del 20 de noviembre de 2018; sin embargo, el accionante se opuso al monto del avalúo y se pretendía se pagase un monto más elevado. Se constata que mediante correo electrónico del 21 de marzo de 2019, la Dirección Jurídica del AyA emitió un criterio legal donde señaló lo siguiente: “1. Si la infraestructura (obras civiles: caseta, pozo y tanque) fueron construidos con dinero de las tarifas cobradas por la ASADA de Coyolito o donaciones de la comunidad, el insumo económico utilizado corresponde a fondos públicos, por lo cual, no es procedente el pago de un alquiler sobre componentes del sistema que se reitera, fueron construidos con fondos públicos. 2. Además, la infraestructura utilizada por la ASADA de Coyolito para la prestación del servicio de acueducto está afectada al dominio público, tal como lo establece el Reglamento de ASADAS en su ordinal 18, razón por la cual, no puede un particular pretender el pago de un alquiler sobre componentes de un sistema de acueducto que mantiene por Ley dicha afectación, al ser de dominio público. 3. Los numerales 505 y 506 del Código Civil refieren a la “accesión” y su derecho respecto de los bienes inmuebles, indicando que, toda obra realizada en un terreno se presume hecha por el propietario y que le pertenece, sino se prueba lo contrario, por lo cual, en el presente caso, debe de demostrarse que la infraestructura referida fue construida por la ASADA de Coyolito, no obstante, se reitera lo de la afectación a dominio público. 4. Por su parte, los artículos 507, 508 y 509 del mismo cuerpo normativo contemplan que, el propietario de una finca en donde se haya realizado alguna edificación, deberá reembolsar a quien la construyó, el valor de la mano de obra y materiales utilizados, esto si la infraestructura no estuviera afectada a dominio público como lo es el presente caso. Por tanto, el tanque, el pozo y la caseta referidas, al ser componentes del sistema de acueducto utilizados por la ASADA de Coyolito, se encuentran afectados al dominio público y, por ende, no son sujeto de apropiación por ningún particular, por estar fuera del comercio de los hombres y no procede el pago de alquiler alguno sobre dichas obras solo sobre el bien inmueble”.\nAsimismo, según lo informado por la autoridad recurrida consta que el accionante han cambiado de representante legal en tres ocasiones, lo cual ha provocado problemas de comunicación, siendo que el señor [Nombre 002] aportó un número de teléfono para contactarlo directamente; no obstante, en reiteradas ocasiones diversas áreas técnicas y legales del AyA le han realizado consultas por dichos medios, sin obtener respuesta de su parte, ocasionando retrasos en el proceso e imposibilidad de continuar con algunas de las acciones requeridas. Ahora bien, de la prueba aportada al expediente, se determina que la propiedad en cuestión donde se ubica el pozo no está aún inscrita a nombre del recurrente y el inmueble en donde se ubica el tanque soporta una hipoteca, lo cual ha generado dificultades de adquisición del terreno por parte del instituto recurrido. Por otro lado, consta que según proceso de adquisición de los bienes inmuebles, la ASADA de Coyolito constató que la propiedad en donde se ubica el pozo aún no se encuentra inscrita a nombre de la recurrente, por estar pendiente el proceso sucesorio; en lo que respecta a la finca donde se ubica el tanque, el petente procedió a segregar un área de 264 m2, porción de terreno donde se ubica el tanque y con base en eso realizó el 01 de septiembre de 2021, una propuesta de venta valorada en 20 millones de colones, monto que según indica la autoridad recurrida, no corresponde al valor por m2 en la localidad donde se ubica el inmueble, según el “Mapa de valores de terreno por zonas homogéneas” de la Provincia de Guanacaste, Cantón de Carrillo, Distrito Belén. Asimismo, se comprueba que dicha propiedad soporta una hipoteca, la cual impide a la ASADA de Coyolito adquirir el bien inmueble.\nAhora bien, de la prueba aportada al expediente, consta que según el memorando No.GSP-RCHO-2021-02835 del 06 de septiembre de 2021, suscrito por la Dirección Regional Chorotega del AyA, se realizará la limpieza y prueba de bombeo del pozo, ejecutará un estudio de zona de protección ambiental y el avalúo de las propiedades; además, brindará soporte técnico a la ASADA para el levantamiento del catastro de áreas definidas y el proceso de compra de los inmuebles requeridos; siendo que el AyA procedió a realizar la limpieza y la prueba de bombeo del pozo por espacio de 72 horas de bombeo continuo, entre los días 16 al 19 de noviembre de 2021; sin embargo, existen situaciones que deben de ser resueltas de previo por el accionante como lo son: “a. El área demarcada no coincide con el plano de catastro N° 5-2161800-2019, el cual corresponde según la certificación registral aportada por el recurrente [Nombre 002], al terreno en donde se ubica el tanque, por consiguiente, se debe de realizar la verificación correspondiente. b. El acceso actualmente al tanque desde la vía pública es diferente al señalado en el plano catastro como callejón de acceso con 3 metros de ancho, situación que debe de ser valorada y analizada entre la ASADA y los recurrentes. c. De acuerdo con el plano catastro 5-2161800-2019, el trayecto para ingresar a la propiedad del tanque es diferente por donde pasan las tuberías de impulsión y distribución, señalado dicho tramo como servidumbre de agua, con lo cual, se mantiene una afectación en la propiedad vecina, aspecto que también debe de ser resuelto con los recurrentes. d. El plano catastro 5-2161800-2019, presenta un área muy irregular, tampoco considera o hace posible la construcción de una acera perimetral que requiere el tanque, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud”.\nFinalmente, esta Sala en la sentencia No. 2018-008160 de las 09:15 horas del 25 de mayo de 2018, señaló lo siguiente: “(…) que dentro del plazo de TRES MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia, adopten las medidas que sean necesarias dentro del ejercicio de sus competencias, para dar una solución integral y definitiva al problema denunciado por la parte recurrente, ya sea, regularizando el tema de los derechos sobre el pozo y el tanque de agua o, trasladando la Administración del Acueducto de la Asada al AyA, lo anterior, si otra causa legal no lo impidiera y, siempre y cuando no se afecte la prestación del servicio de agua a los vecinos de la comunidad de Coyolito ”. El resaltado no corresponde al original.\nDe lo anterior, se colige que las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han realizado gestiones correspondientes con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en la sentencia No. 2019-022660 de las 09:15 horas del 15 de noviembre de 2019, donde se ordenó lo siguiente:\n“Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y, a Mario Chavarría Marchena, Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito Espabel o, a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que dentro del plazo de TRES MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia, adopten las medidas que sean necesarias dentro del ejercicio de sus competencias, para dar una solución integral y definitiva al problema denunciado por la parte recurrente, ya sea, regularizando el tema de los derechos sobre el pozo y el tanque de agua o, trasladando la Administración del Acueducto de la Asada al AyA, lo anterior, si otra causa legal no lo impidiera y, siempre y cuando no se afecte la prestación del servicio de agua a los vecinos de la comunidad de Coyolito”.\n \nAsí como en las resoluciones No. 2018-014092 de las 09:20 horas del 29 de agosto de 2018, la No. 2019-014398 de las 09:20 horas del 08 de octubre de 2019 y la No. 2021-004277 de las 09:15 horas del 02 de marzo de 2021, donde se les amplió el plazo de cumplimiento a 16, 10 y 06 meses respectivamente; no obstante, la problemática se mantiene debido a actuaciones u omisiones propias del recurrente, las cuales impiden continuar con los proyectos establecidos por el instituto recurrido, así como la ASADA de Coyolito. Adicionalmente, en cuanto al valor económico que el recurrente pretende en que se venda la propiedad en cuestión y que a su vez sea adquirida por las autoridades recurridas, corresponde un asunto de legalidad, el cual no le compete a la Sala entrar a conocer en razón de sus competencias. En consecuencia, lo procedente es declarar no ha lugar la gestión formulada.\nIV.- Tome nota las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como las autoridades de la ASADA de Coyolito, el deber de brindar una solución definitiva a la problemática presentada por el recurrente, una vez que sean solucionadas las actuaciones que impiden continuar con el proyecto en cuestión.\nV.- Documentación aportada al expediente.  Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\nPor tanto:\nNo ha lugar a la gestión formulada. Tome nota las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de lo indicado en el considerando IV de esta sentencia.\n \n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nPaul Rueda L.\n\t\n \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nAna María Picado B.\n\n\nRonald Salazar Murillo\n\t\n \n\t\nJorge Isaac Solano A.\n \n \nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n*C8LL47KCDWTQ61*\n C8LL47KCDWTQ61\nEXPEDIENTE N° 18-005217-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:03:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 01625 - 2022**\n\n**Date of Resolution:** January 21, 2022, at 09:15\n\n**Case File:** 18-005217-0007-CO\n\n**Drafted by:** Jorge Araya Garcia\n\n**Type of Matter:** Amparo Action\n\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**\n\n**Text of the Resolution**\n\n*180052170007CO*\n\nExp: 18-005217-0007-CO\n\nRes. No. 2022001625\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-first of January two thousand twenty-two.\n\nClaim of disobedience filed [Name 001], identity card No. [Value 001], against the ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COYOLITO ESPABEL.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By means of judgment No. 2018-008160 at 09:15 hours on May 25, 2018, this Chamber resolved the following: \"The appeal is partially granted. Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and Mario Chavarría Marchena, President of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito Espabel, or whoever holds those positions in their place, are ordered, within the period of THREE MONTHS counted from the notification of this judgment, to adopt the necessary measures within the exercise of their powers, to provide an integral and definitive solution to the problem reported by the appellant, either by regularizing the issue of rights over the well and the water tank, or by transferring the Administration of the Aqueduct from the ASADA to the AyA, provided that no other legal cause prevents it and as long as the provision of water service to the residents of the community of Coyolito is not affected.\"\n\n2.- By means of a brief received at 14:52 hours on August 20, 2018, Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, requested for the first time an extension of the deadline for compliance with judgment No. 2018-008160 at 9:15 hours on May 25, 2018.\n\n3.- By means of judgment No. 2018-014092 at 09:20 hours on August 29, 2018, this Court resolved the following: \"(...) Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds that position, is granted a period of 16 MONTHS counted from the notification of judgment 2018-008160 of May 25, 2018, for its full compliance. Notify personally the respondent authorities, or whoever holds those positions (...)\".\n\n4.- By means of a brief received on September 25, 2019, Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, requested, for the second time, an extension of the deadline for compliance with judgment No. 2018-008160 at 9:15 hours on May 25, 2018.\n\n5.- By means of judgment No. 2019-014398 at 09:20 hours on October 8, 2019, this Chamber resolved the following: \"(...) Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds that position, is granted a period of 10 MONTHS counted from the notification of this resolution, to comply with what was ordered in judgment 2018-008160 of May 25, 2018. Notify personally the respondent authorities, or whoever holds those positions (...)\".\n\n6.- By means of a brief received at 7:09 hours on January 7, 2021, Tomas Martínez Baldares, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, stated the following: \"(...) according to memorandum N° GSP-RCHO-2020-03823 dated December 9, 2020, the AyA has not been able to comply with what was ordered in ruling No. 2018-008160 due to situations beyond the Institution's powers, such as problems with the owners of the properties where the well and tank are located and the emergency situation generated by the Covid-19 pandemic, which affected all the programming that the AyA had for 2020, requiring a focus on guaranteeing the continuity of the service, meaning that technical activities such as carrying out the pumping test and delimitation of microbiological protection zones for the well could not be carried out (sic). Given the foregoing, it is necessary to request from this honorable Court, the granting of a new extension, as it is considered that compliance with what was ordered in the ruling in question could be finalized, in the event that no further inconveniences beyond the Institution's control arise, by June 30, 2021, according to what was reported by the Director of the Chorotega Region in memorandum No. GSP-RCHO-2020-03942 (sic). Given the foregoing, an extension of SIX more months is requested starting from January 1, 2021, to be able to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber, during which time, the AyA will continue with the required actions to comply with what was ordered in the ruling in question, in accordance with what was reported in reports N° GSPRCHO-2020-03823 and N° UEN-AP-2020-02502 (...)\".\n\n7.- By means of judgment No. 2021-004277 at 09:15 hours on March 2, 2021, this Court resolved the following: \"Tomas Martínez Baldares, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds said position in his place, is granted, for the last time, a non-extendable period of SIX MONTHS, counted from the notification of this resolution, to faithfully comply with the provisions of judgment No. 2018-008160 at 9:15 hours on May 25, 2018. In addition, the respondents are ordered that once the period granted in this resolution has expired, they must inform this Court of the actions that demonstrate full compliance with what was ordered by this Chamber in the aforementioned judgment. Furthermore, what was indicated in the cited judgment regarding Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction is reiterated. Notify.\"\n\n8.- By means of a brief received in the Secretariat of the Chamber at 11:00 hours on December 1, 2021, the appellant alleges disobedience to what was ordered by this Chamber in judgment No. 2018-008160 at 09:15 hours on May 25, 2018, arguing that the six-month period granted in judgment No. 2021-004277 at 09:15 hours on March 2, 2021, has already ended and to date, the respondent authority has not responded to propose an integral and definitive solution to the problem.\n\n9.- In a resolution at 15:03 hours on December 14, 2021, the claim of disobedience was transferred and a hearing was granted to Tomas Martínez Baldares, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds said position in his place, so that he may refer to and provide the corresponding evidence regarding the acts and omissions attributed to him.\n\n10.- By means of a brief received through the Online Management System of this Chamber at 13:58 hours on December 17, 2021, Tomas Martínez Baldares, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath. He states that since the issuance of judgment No. 2018-008160 at 09:15 hours on May 25, 2018, the AyA and the ASADA of Coyolito have carried out a series of steps to comply with what was ordered, for which several extensions were requested, which were granted, because the gathering of information could not be completed within the period granted by the Chamber. He points out that it is necessary to carry out technical inspections, pumping tests, property appraisals, among other actions of a technical nature, which require time, and therefore, it was not possible to resolve the issue of the legality of the real estate immediately, partly also due to situations attributable to the appellants themselves. The AyA offered them the payment of rent in the amount of eighty-six thousand seventy-eight colones and twenty-nine céntimos (86,078.29) for the property where the well is located and forty thousand five hundred fifty-one colones and forty-two céntimos (40,551.42) for the property where the tank is located; said amount was based on memorandum No. UEN-PC-2018-02319 of November 20, 2018, which corresponds to the appraisal carried out by the Administrative Appraisal Office UEN PC. However, Mr. Kevin Viales, one of the appellants, opposed the appraisal amount and sought to be paid a much higher amount without any justification, which is not appropriate, as said amount is paid with public funds and by regulation, the AyA cannot make a payment under these conditions. Added to the above, he claimed that the appraisal should include the cost of the pumping station shed and the tank, arguing that they are accessory buildings to the land, and he expressed this via email sent in February 2019 by attorney Alexander Bustamante, legal representative of the appellants. In this regard, the Legal Directorate of the AyA, via email on March 21, 2019, issued the legal opinion indicating the following: \"1. If the infrastructure (civil works: shed, well, and tank) was built with money from the rates charged by the ASADA of Coyolito or community donations, the economic input used corresponds to public funds, therefore, the payment of rent on system components that, it is reiterated, were built with public funds, is not appropriate. 2. Furthermore, the infrastructure used by the ASADA of Coyolito for the provision of the aqueduct service is affected to the public domain, as established in the ASADAS Regulation in its article 18, which is why a private individual cannot claim the payment of rent on components of an aqueduct system that maintains such affectation by Law, being of public domain. 3. Articles 505 and 506 of the Civil Code refer to \"accession\" and its right regarding real estate, indicating that any work carried out on land is presumed done by the owner and to belong to him, unless the contrary is proven; therefore, in the present case, it must be demonstrated that the referred infrastructure was built by the ASADA of Coyolito, nevertheless, the affectation to the public domain is reiterated. 4. For its part, Articles 507, 508, and 509 of the same regulatory body contemplate that the owner of a property where some building has been constructed must reimburse the person who built it for the value of the labor and materials used, this if the infrastructure were not affected to the public domain, as is the present case. Therefore, the tank, the well, and the referred shed, being components of the aqueduct system used by the ASADA of Coyolito, are affected to the public domain and, therefore, are not subject to appropriation by any private individual, being outside the commerce of men, and the payment of any rent on said works is not appropriate, only on the real estate.\" He notes that the petitioners have changed their legal representative on three occasions. First, they appointed attorney Sandra Araya González, via email on January 20, 2020, sent by Mr. [Name 004]. Subsequently, a query was submitted via email by attorney Alexander Bustamante, related to the appraisal of the property and this on behalf of Mr. [Name 002], and finally, also via email on June 18, 2021, Mr. [Name 003] stated that attorney Bustamante is no longer their legal representative and that attorney Bernardo Zamora now represents them. The foregoing is indicated because this has caused communication problems with the petitioners. In fact, in the last email, Mr. [Name 002] provided a phone number to contact him directly; however, on repeated occasions, various technical and legal areas of the AyA have made inquiries via these means, without obtaining a response from him, causing delays in the process and the impossibility of continuing with some of the required actions. He explains that the situation, namely that the property where the well is located is not yet registered in the name of the appellant and that the property where the tank is located supports a mortgage, increases the difficulties of acquiring them, reiterating that these situations are attributable to the appellants and beyond the AyA's control. He relates that on September 8, 2021, the AyA proceeded to submit a report to the Constitutional Chamber, indicating the following: \"Given the foregoing, this Institution has assessed the technical and administrative conditions of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito Espabel, legal identification number 3-002-352150, as determined by memorandum N° GSD-UEN-GAR-2021-03899 issued by the ORAC Chorotega Region (See Exhibit No. 1). This ASADA signed a delegation agreement with the AyA on August 19, 2011, and it was countersigned on that same date by the Legal Director, which enables it for the provision of aqueduct and/or sewer services in said community, and given that said association has expressed its interest in continuing with the operation, maintenance, development, and administration of the aqueduct system in the community, according to the attached Board of Directors agreement (see Exhibit No. 2), in addition to having started negotiations with the property owners for the acquisition of the lands where the well and the water tank are located, this honorable Court is informed that the ASADA of Coyolito will continue providing the aqueduct service in the community and will comply with what was ordered in the ruling in question, with the technical and legal support of the AyA.\" He comments that as part of the acquisition process for the real estate in question, the ASADA of Coyolito was able to verify that the property where the well is located is not yet registered in the name of the appellant, as the corresponding probate proceeding is pending, and with respect to the property where the tank is located, contact was made with Mr. [Name 002], the registered owner, who submitted plan No. 5-2161800-2019, where he proceeded to segregate an area of 264 m2, a portion of land where the tank is located, and based on that, made a sale proposal on September 1, 2021, valued at 20 million colones, an extremely exaggerated amount, given that the value per m2 in the locality where the property is located is eighteen thousand colones (18,000), according to the \"Mapa de valores de terreno por zonas homogéneas\" of the Province of Guanacaste, Canton of Carrillo, Belén District. He specifies that the petitioner seeks for the ASADA of Coyolito to pay, using public funds, an amount of twenty million colones (20,000,000) for the property where the tank is located, corresponding to 264 m2, that is, an equivalent of seventy-five thousand seven hundred fifty-seven colones and fifty-seven céntimos (75,757.57) per m2, meaning a difference of fifty-seven thousand fifty-seven colones and fifty-seven céntimos (57,757.57) per m2, which is clearly impossible and would generate unjust enrichment for the appellant. He relates that the petitioner proceeded to reject the rent appraisal and at the time acknowledged that the value per m2 of his property was fifteen thousand colones (15,000.00), a real and acceptable amount; the reasons why he changed the value so drastically are unknown, given that no improvements or any type of actions have been carried out that would increase the cost per m2 in such an exaggerated way. Furthermore, said property supports a mortgage, so the appellant must first release said lien, as the ASADA of Coyolito could not acquire the real estate under those conditions. He comments that in the report submitted by the AyA on December 8, 2021, to the Constitutional Chamber, the following was concluded: \"As indicated by memorandum No. No.GSP-RCHO-2021-02835 dated September 6, 2021 (see Exhibit No. 3), issued by the Chorotega Regional Directorate, the AyA will carry out the cleaning and pumping test of the well, will execute an environmental protection zone study, and the appraisal of the properties; in addition, it will provide technical support to the ASADA for the cadastral survey of defined areas and the process of purchasing the required properties.\" He relates that the AyA proceeded to perform the cleaning and the pumping test of the well for a period of 72 hours of continuous pumping, between November 16 and 19, 2021, and the corresponding report was issued by official letter No. UEN-AP-2021-02104 of December 7, 2021, and its annexes. Subsequently, by means of memorandum No. G SP-RCHO-2021-04342 of December 16, 2021, the request for a well protection zone study was sent to the Environmental Sub-Management, Research and Development, and a response with said analysis is pending. Regarding the cadastral survey of the defined area for each of the properties, official letter No. GSP-RCHO-2021-02832 of September 6, 2021, was sent to the ASADA of Coyolito, indicating that there are some situations that must be previously resolved by the plaintiffs in conjunction with said association, such as: \"a. The demarcated area does not coincide with cadastral plan N° 5-2161800-2019, which corresponds, according to the registry certification provided by the appellant [Name 002], to the land where the tank is located; therefore, the corresponding verification must be carried out. b. The current access to the tank from the public road is different from the one indicated in the cadastral plan as an access alley with 3 meters width, a situation that must be assessed and analyzed between the ASADA and the appellants. c. According to cadastral plan 5-2161800-2019, the route to enter the tank property is different from where the impulsion and distribution pipes pass, with said section marked as a water easement (servidumbre de agua), which maintains an affectation on the neighboring property, an aspect that must also be resolved with the appellants. d. Cadastral plan 5-2161800-2019 presents a highly irregular area, nor does it consider or make possible the construction of a perimeter sidewalk required by the tank, in accordance with Ministry of Health regulations.\" He indicates that for the appraisal of the properties to be carried out, it is necessary that the exposed situations be first resolved. He adds that the AyA and the ASADA of Coyolito immediately upon notification of ruling No. 2018-008160 of May 25, 2018, initiated various actions to regularize the issue of rights over the well and the water tank in favor of the ASADA, but due to various situations, this has not been possible, and as reflected in the ruling in question, this procedure was to be carried out \"if no other legal cause prevented it,\" which has not happened, and it is reiterated, due to causes attributable to the appellants, such as: \"1- There is a probate proceeding pending to define the heir of the property where the well is located; that is, currently said property has not been registered in the name of the appellant, and the ASADA cannot acquire (purchase) a property where its registered owner has not yet been defined. 2- Regarding the amounts offered for rent, the appellants have not agreed and seek the collection of an amount that does not conform to what was established in the appraisal carried out by the AyA's Topography and Appraisals Area. 3- The physical conditions of the land where the tank is located do not conform to what is established in the plan submitted by the appellant [Name 002]; therefore, the corresponding adjustments must be made. 4- The sale proposal made by the appellant [Name 002] is totally disproportionate and does not conform to the per-m2 values defined for the zone where the tank is located. 5- The property where the tank is located, belonging to Mr. [Name 002], presents a mortgage lien that must be lifted by the appellant before the ASADA of Coyolito proceeds with the acquisition.\" He adds that it is not true that the AyA or the ASADA of Coyolito have incurred in disobedience, as argued by the appellants, since the corresponding actions have been carried out; however, the problems in acquiring the properties are beyond the control of the AyA and the respondent association, and must be resolved by the plaintiffs.\n\n11.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafting by Magistrate Araya García; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- Object. The appellant alleges disobedience to what was ordered by this Chamber in judgment No. 2018-008160 at 09:15 hours on May 25, 2018, arguing that the six-month period granted in judgment No. 2021-004277 at 09:15 hours on March 2, 2021 -which is the result of different extensions of time agreed to by this Chamber at the request of the ICAA- has already ended, and to date, the respondent authority has not responded to propose an integral and definitive solution to the problem.\n\nII.- Regarding what was ordered by this Chamber. In judgment No. 2018-008160 at 09:15 hours on May 25, 2018, this Court ordered the following:\n\n\"I.- Object of the Appeal. The appellants come to this Constitutional Jurisdiction and state that the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito supplies water resources to their community by means of a source fed by a well and tank, built within their property. They allege that unauthorized persons constantly enter their property. They affirm that on repeated occasions, they have requested the respondent to regularize said situation and to purchase from them the right to the lands where the well and water tank are located. They argue that since the situation was not regularized, they decided to delimit the sector where the storage tank is located with a fence, to prevent the access of unauthorized persons. (...)\n\nIII.- Regarding the actions of the appellants and the supply of water service. Precedent. First, the appellants come to this Constitutional Jurisdiction to state that the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito supplies water resources to its community, by means of a source fed by a well and tank, built within their property. They allege that unauthorized persons constantly enter their property. In a case that adjusts, in some way, to the facts presented in this amparo, this Chamber resolved, regarding the access of the authorities responsible for providing water service, that the owners of the properties where the springs (nacientes) are located must allow entry to the competent authorities, so that they can provide the necessary maintenance to the implements that allow them to continue providing the service to its users. Thus, by means of ruling No. 2013-013820, at 09:15 hours on October 18, 2013, the following was indicated, as transcribed below: \"VI.- SPECIFIC CASE. It is fully and properly accredited that the Asociación Administradora del Acueducto de San Rafael, INVU y San Isidro de Peñas Blancas supplies potable water to those communities (uncontested fact). Likewise, it was verified that at the end of 2009, the respondent Association began the construction of a new intake, on the real estate of the respondent corporation, given that since 2006, the aqueduct lacked the capacity to adequately supply said communities (the records and reports). Equally, it was demonstrated that from an undetermined date, Orserval Sociedad Anónima has prevented the completion of the construction of that intake tank and the placement of 250 linear meters of piping (uncontested fact). In this sense, by preventing that the tutelary Asociación Administradora del Acueducto Rural from properly providing public service and exercising control over the available water resource, the fundamental right to potable water of the persons to whom that entity provides the service is violated. Under this understanding, the Chamber considers that the claimed grievance occurred. It should be noted that this amparo judgment does not prejudge the existence of an administrative easement (servidumbre) or the rights of the parties under the legal system, matters of mere legality that must be discussed precisely in the ordinary courts. The granting simply has the objective of guaranteeing the enjoyment and effective exercise of the fundamental right to potable water, due to its basic and essential nature, as well as ensuring the continuity in the supply of the vital liquid in attention to the right to the proper functioning of public services that this Court has developed.\" Based on the foregoing, regardless of anything else, the petitioners must bear in mind that, because the well in question supplies water resources to an entire community of people, it is not acceptable for them to hinder the work of the ASADA, as it is crucial to guarantee the continuous provision of water service and its quality. Therefore, instead of obstructing the execution of said preventive and mandatory tasks, and while that source is in communal use, they must provide permanent collaboration, in the interest of satisfying the rights and interests of the users, with the corresponding consequences that their omission could entail.\n\nIV.- Relating to private property and the use of the well and tank by the ASADA. Another of the issues brought to the Chamber's attention is that relating to the lack of regularization of the situation of the well and the tank, located on the appellants' property. As for this issue, the respondent authorities address several points due to which it has not been possible to regularize the situation of the well; namely, the existence of a supposed donation by the original owner of the property in favor of the State and acquired rights; the claim of excessive charges for rent and sale on the part of the successors in interest, and; the exhaustion of the useful life of the spring (naciente) and the quality of the water. Hence, in essence, what exists is a dilemma regarding the viability of repeated use over years of a property carried out by the respondent authorities to provide water service and, on the other hand, the right claimed by registered owners or, at least, by persons with an expectation of a right known within a probate proceeding, over a land that has a well and a tank used to supply water to a town. The truth of the matter is that, as observed from the records, this issue is long-standing and has caused constant confrontations between the involved parties. Due to the foregoing, what currently exists is that not only due to the threats and behavior of the appellants have transactions aimed at acquiring the land been hindered, but also, according to technical reports, the useful life of the well is coming to an end. Based on this last circumstance, that is, the inappropriate water quality, the respondent authorities considered reconsidering any procedure related to the regularization of the legal situation of the well; with which, it is only now that the return of the administration of the Aqueduct to the AyA is being considered. Now, the Administration's response that this process could be resolved only in the 'medium term' is not a valid or immediate action, which undoubtedly brings uncertainty and legal insecurity to the claimants. Hence, to reconcile the interests of the appellant owners of the property where the well is located with the communal rights and interests, the AyA, as the governing body, must intervene and define the situation, ending the problem that has arisen. That is, it is its responsibility to immediately resolve the conflict, responding to both the claims of the appellants and the steps taken by the ASADA. Consequently, the appeal is granted on these topics. (...)\n\n**Therefore:**\nThe appeal is partially granted.\n\nYamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Mario Chavarría Marchena, President of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito Espabel, or whomever may hold those positions in their stead, are ordered, within a period of THREE MONTHS from the notification of this judgment, to adopt the measures necessary within the exercise of their powers to provide a comprehensive and definitive solution to the problem reported by the petitioner, either by regularizing the matter of the rights to the well and the water tank, or by transferring the Administration of the Acueducto from the ASADA to AyA, provided that no other legal cause prevents it, and as long as the provision of water service to the residents of the community of Coyolito is not affected.”\n\nIII.- Regarding the non-enforcement proceeding. In the present matter, the petitioner alleges disobedience of what was ordered by this Chamber in judgment No. 2018-008160 of 09:15 on May 25, 2018, arguing that the six-month period granted in judgment No. 2021-004277 of 09:15 on March 2, 2021—which is the result of various extensions of time granted by this Chamber at the request of the ICAA—has now expired, and to date the respondent authority has not provided a response to propose a comprehensive and definitive solution to the problem.\n\nIn this regard, it is determined from the case file that, through judgment No. 2018-014092 of 09:20 on August 29, 2018, the compliance period was extended for the first time to 16 months; through judgment No. 2019-014398 of 09:20 on October 8, 2019, the compliance period was extended for the second time to 10 months; and through judgment No. 2021-004277 of 09:15 on March 2, 2021, the compliance period was extended for the third and last time to 06 months.\n\nOn the other hand, from the information provided by the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as from the evidence added to the digital file, it is determined that various actions have been implemented in order to comply with what was ordered in judgment No. 2018-008160 and to meet the deadlines agreed upon in the various cited resolutions. Likewise, it is verified that technical inspections, pumping tests, appraisals of the properties, and other technical actions have been carried out; however, the problem has not been resolved due to circumstances attributable to the petitioner himself, who has not accepted some options, such as the payment of rent in the amount of 86,078.29 colones for the property where the well is located and 40,551.42 colones for the property where the tank is located. This, according to the appraisal conducted by the Oficina de Avalúos Administrativos UEN PC and recorded in memorandum No. UEN-PC-2018-02319 of November 20, 2018; however, the claimant objected to the appraisal amount and intended for a higher amount to be paid. It is verified that, through an email dated March 21, 2019, the Legal Directorate of AyA issued a legal opinion stating the following: “1. If the infrastructure (civil works: pump house, well, and tank) were built with money from the rates charged by the ASADA of Coyolito or donations from the community, the economic input used corresponds to public funds, and therefore, the payment of rent on system components that, it is reiterated, were built with public funds, is not appropriate. 2. Furthermore, the infrastructure used by the ASADA of Coyolito to provide the aqueduct service is affected to the public domain (dominio público), as established by the ASADAS Regulation in its article 18, which is why a private individual cannot claim the payment of rent on components of an aqueduct system that, by law, maintains such an affectation, as it is of public domain. 3. Articles 505 and 506 of the Civil Code refer to \"accession\" (accesión) and its right regarding real estate, indicating that any work carried out on a piece of land is presumed to have been done by the owner and to belong to him, unless the contrary is proven, and therefore, in the present case, it must be demonstrated that the referenced infrastructure was built by the ASADA of Coyolito; however, the affectation to the public domain is reiterated. 4. For their part, articles 507, 508, and 509 of the same legal body provide that the owner of a property where any building has been carried out must reimburse the person who built it for the value of the labor and materials used, if the infrastructure was not affected to the public domain, as is the present case. Therefore, the referenced tank, well, and pump house, being components of the aqueduct system used by the ASADA of Coyolito, are affected to the public domain and are consequently not subject to appropriation by any private individual, as they are outside the commerce of men, and no payment of any rent for said works is appropriate, only for the real estate itself.”\n\nLikewise, according to information provided by the respondent authority, it is recorded that the claimant has changed legal representatives on three occasions, which has caused communication problems, given that Mr. [Name 002] provided a phone number to contact him directly; however, on repeated occasions, various technical and legal areas of AyA have made inquiries through these means without obtaining a response from him, causing delays in the process and making it impossible to continue with some of the required actions. Now, from the evidence added to the file, it is determined that the property in question where the well is located is not yet registered in the name of the petitioner, and the property where the tank is located is encumbered by a mortgage, which has generated difficulties in the acquisition of the land by the respondent institute. On the other hand, it is recorded that, according to the process of acquiring the real estate, the ASADA of Coyolito verified that the property where the well is located is not yet registered in the name of the petitioner, as the probate process is pending; with respect to the property where the tank is located, the petitioner proceeded to segregate an area of 264 m², a portion of land where the tank is located, and based on that, on September 1, 2021, made a sale proposal valued at 20 million colones, an amount that, according to the respondent authority, does not correspond to the value per m² in the locality where the property is located, according to the “Map of Land Values by Homogeneous Zones” (Mapa de valores de terreno por zonas homogéneas) for the Province of Guanacaste, Canton of Carrillo, District of Belén. Likewise, it is proven that said property is encumbered by a mortgage, which prevents the ASADA of Coyolito from acquiring the real estate.\n\nNow, from the evidence added to the file, it is recorded that, according to memorandum No. GSP-RCHO-2021-02835 of September 6, 2021, signed by the Dirección Regional Chorotega of AyA, the cleaning and pumping test of the well will be carried out, an environmental protection area (zona de protección ambiental) study and the appraisal of the properties will be executed; additionally, it will provide technical support to the ASADA for the survey of the cadastre of defined areas and the process of purchasing the required properties; AyA proceeded to clean and conduct the pumping test of the well for a period of 72 hours of continuous pumping, between November 16 and 19, 2021; however, there are situations that must be resolved previously by the claimant, such as: “a. The demarcated area does not coincide with cadastral map No. 5-2161800-2019, which corresponds, according to the registry certification provided by the petitioner [Name 002], to the land where the tank is located; consequently, the corresponding verification must be carried out. b. The current access to the tank from the public road is different from that indicated in the cadastral map as an access alleyway 3 meters wide, a situation that must be assessed and analyzed between the ASADA and the petitioners. c. According to cadastral map 5-2161800-2019, the path to enter the tank property is different from where the discharge and distribution pipes pass, with said section designated as a water easement (servidumbre de agua), thereby maintaining an affectation on the neighboring property, an aspect that must also be resolved with the petitioners. d. Cadastral map 5-2161800-2019 presents a very irregular area, nor does it consider or make possible the construction of a perimeter sidewalk required by the tank, in accordance with the provisions of the Ministry of Health.”\n\nFinally, in judgment No. 2018-008160 of 09:15 on May 25, 2018, this Chamber stated the following: “(…) that within a period of THREE MONTHS from the notification of this judgment, to adopt the measures necessary within the exercise of their powers to provide a comprehensive and definitive solution to the problem reported by the petitioner, either by regularizing the matter of the rights to the well and the water tank, or by transferring the Administration of the Acueducto from the ASADA to AyA, provided that no other legal cause prevents it, and as long as the provision of water service to the residents of the community of Coyolito is not affected.” The highlighting is not from the original.\n\nFrom the above, it is inferred that the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados have carried out the corresponding efforts to comply with what was ordered by this Court in judgment No. 2019-022660 of 09:15 on November 15, 2019, where the following was ordered:\n\n“The appeal is partially granted. Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Mario Chavarría Marchena, President of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Coyolito Espabel, or whomever may hold those positions in their stead, are ordered, within a period of THREE MONTHS from the notification of this judgment, to adopt the measures necessary within the exercise of their powers to provide a comprehensive and definitive solution to the problem reported by the petitioner, either by regularizing the matter of the rights to the well and the water tank, or by transferring the Administration of the Acueducto from the ASADA to AyA, provided that no other legal cause prevents it, and as long as the provision of water service to the residents of the community of Coyolito is not affected.”\n\nAs well as in resolutions No. 2018-014092 of 09:20 on August 29, 2018, No. 2019-014398 of 09:20 on October 8, 2019, and No. 2021-004277 of 09:15 on March 2, 2021, where the compliance period was extended to 16, 10, and 06 months, respectively; however, the problem persists due to actions or omissions attributable to the petitioner himself, which prevent the continuation of the projects established by the respondent institute, as well as the ASADA of Coyolito. Additionally, regarding the economic value that the petitioner intends for the sale of the property in question and its subsequent acquisition by the respondent authorities, this is a matter of legality that it is not within the Chamber's jurisdiction to address by reason of its powers. Consequently, the appropriate course is to declare the proceeding filed without merit.\n\nIV.- The authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as the authorities of the ASADA of Coyolito, are hereby advised of the duty to provide a definitive solution to the problem presented by the petitioner, once the actions preventing the continuation of the project in question have been resolved.\n\nV.- Documentation added to the file. The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe proceeding filed is without merit. The authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are hereby advised of what is indicated in considerando IV of this judgment.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nPaul Rueda L.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nAna María Picado B.\n\nRonald Salazar Murillo\n\nJorge Isaac Solano A.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n*C8LL47KCDWTQ61*\nC8LL47KCDWTQ61\nEXPEDIENTE N° 18-005217-0007-CO\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:03:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }