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  "id": "nexus-sen-1-0007-1074219",
  "citation": "Res. 03409-2022 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho de respuesta en denuncia ambiental y aguas pluviales municipales",
  "title_en": "Right to response in environmental complaints and municipal stormwater runoff",
  "summary_es": "La Sala Constitucional resuelve un recurso de amparo presentado por una vecina de Grecia que denunció ante el Ministerio de Salud la invasión de aguas pluviales provenientes de la carretera municipal que afectaban su vivienda y la salud de su madre adulta mayor. La recurrente alegó falta de respuesta oportuna por parte de la autoridad sanitaria. La Sala considera que la denuncia ambiental constituye una excepción a la regla general de remitir los atrasos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa, dado el riesgo a la salud y al ambiente sano. Se acreditó que el Área Rectora de Salud realizó una inspección, determinó que el problema corresponde al manejo de aguas pluviales por la Municipalidad de Grecia y le trasladó el caso, notificando a la recurrente solo después de admitido el amparo. La Sala declara con lugar el recurso por mayoría, al constatar que la respuesta se produjo luego de la notificación del auto de curso, aunque sin condenatoria en costas, daños y perjuicios por considerarlos improcedentes, con votos salvados que sí las imponen.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber rules on an amparo filed by a resident of Grecia who reported to the Ministry of Health the invasion of stormwater runoff from the municipal road that affected her home and her elderly mother's health. The petitioner alleged lack of a timely response. The Chamber considers environmental complaints an exception to the general rule of referring administrative delays to the contentious-administrative jurisdiction, given the risk to health and a healthy environment. It was proven that the Health Area inspected the site, determined the problem was stormwater management under the Municipality of Grecia's responsibility, referred the case, and notified the petitioner only after the amparo was admitted. The Chamber grants the amparo by majority, finding the response occurred after notification of the admission order, though without costs, damages, or losses, which were deemed inappropriate, with dissenting votes imposing them.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "11/02/2022",
  "year": "2022",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "denuncia ambiental",
    "aguas pluviales",
    "Área Rectora de Salud",
    "competencia municipal",
    "artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "condenatoria en costas",
    "daños y perjuicios"
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      "article": "Art. 52",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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      "article": "Art. 50",
      "law": "Constitución Política"
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "denuncia ambiental",
    "Ministerio de Salud",
    "aguas pluviales",
    "derecho de respuesta",
    "Municipalidad de Grecia",
    "ambiente sano",
    "salud pública",
    "competencia municipal",
    "artículo 52 LJC",
    "condenatoria en costas"
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  "keywords_en": [
    "amparo appeal",
    "environmental complaint",
    "Ministry of Health",
    "stormwater runoff",
    "right to response",
    "Municipality of Grecia",
    "healthy environment",
    "public health",
    "municipal jurisdiction",
    "article 52 LJC",
    "costs award"
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  "excerpt_es": "II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, es vecina de Grecia y, mediante oficio recibido el 21 de octubre de 2021, presentó una denuncia ante el área de salud recurrida, en la cual expuso la problemática que deben soportar ella y su madre -de 83 años- debido a las aguas comunales que invaden su vivienda (documento aportado como prueba). Aduce que, a pesar de lo anterior, a la fecha en la que interpone este recurso de amparo no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de la autoridad accionada, razón por la cual estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. [...] Del elenco fáctico acreditado a efectos de resolver el presente proceso de amparo, se tiene que efectivamente la autoridad accionada realizó la inspección en el lugar denunciado por la recurrente, advirtiendo que, los problemas señalados son competencia del gobierno local, dado que se trata de aguas llovidas. Ahora bien, procede la estimatoria del presente proceso dado que la accionada remitió la denuncia ante la Municipalidad de Grecia y notificó a la recurrente de dicha actuación, así como, el resultado de la inspección, luego de la notificación del auto de curso de este proceso de amparo.",
  "excerpt_en": "II. PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner files an amparo appeal and states that she is a resident of Grecia and, through a notice received on October 21, 2021, filed a complaint with the respondent health area, in which she described the problems she and her 83-year-old mother must endure due to communal waters invading their home (document provided as evidence). She argues that, despite the above, as of the date of filing this amparo appeal she has not received any response from the respondent authority, which is why she considers her fundamental rights violated. She requests that the appeal be granted.\n\nIV. ON THE SPECIFIC CASE. [...] From the factual evidence proven for the purpose of resolving this amparo proceeding, it is clear that the respondent authority did carry out an inspection at the site reported by the petitioner, noting that the problems described fall under the local government's jurisdiction, since they involve rainwater. Therefore, this appeal must be granted, given that the respondent referred the complaint to the Municipality of Grecia and notified the petitioner of said action, as well as the result of the inspection, after the notification of the admission order for this amparo proceeding.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted (no costs award)",
    "label_es": "Con lugar (sin condenatoria en costas)",
    "summary_en": "The Chamber granted the amparo because the health authority notified its response to the environmental complaint only after the amparo was admitted, but did not award costs, damages, or losses, with dissenting votes imposing them.",
    "summary_es": "La Sala declaró con lugar el recurso de amparo porque la autoridad sanitaria notificó la respuesta a la denuncia ambiental después de admitido el amparo, pero no condenó en costas, daños ni perjuicios, con votos salvados que sí los imponen."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Nota del Magistrado Salazar Alvarado (Considerando VIII)",
      "quote_en": "In environmental matters, it is the undersigned's view that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution).",
      "quote_es": "En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
    },
    {
      "context": "Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas (Considerando VII)",
      "quote_en": "If a right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages and losses may have occurred. For that reason, abstract condemnation to pay such damages is appropriate.",
      "quote_es": "Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos."
    },
    {
      "context": "Voto salvado parcial de los Magistrados Salazar Alvarado y Solano Aguilar (Considerando VI)",
      "quote_en": "In my opinion, this exception must be interpreted as meaning [...] such condemnation is always appropriate, even if the respondent party issues a resolution [...] revoking, stopping, or suspending the challenged action, unless it is clear and certain that no compensable harm was caused in the specific case.",
      "quote_es": "En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que [...] esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución [...] que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1074219",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 03409 - 2022\n\nFecha de la Resolución: 11 de Febrero del 2022 a las 09:30\n\nExpediente: 22-001401-0007-CO\n\nRedactado por: Ana María Picado Brenes\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 22-001401-0007-CO\n\nRes. Nº 2022003409\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del once de febrero de dos mil veintidos .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 22-001401-0007-CO interpuesto por IVANNIA CELINA CASTRO HIDALGO, cédula de identidad No. 0204890825, contra el MINISTERIO DE SALUD.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 15:19 horas del 21 de enero de 2022, la recurrente presenta recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD,  y manifiesta que, es vecina de Grecia y, mediante oficio recibido el 21 de octubre de 2021, presentó una denuncia ante el área de salud recurrida, en la cual expuso la problemática que deben soportar ella y su madre -de 83 años - debido a las aguas comunales que invaden su vivienda (documento aportado como prueba). Aduce que, a pesar de lo anterior, a la fecha en la que interpone este recurso de amparo no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de la autoridad accionada, razón por la cual estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante auto de las 15:49 horas del 26 de enero de 2022 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 26 de enero de 2022.\n\n 3.- Por escrito presentado el 02 de febrero de 2022, informa bajo juramento GABRIELA MIRANDA MURILLO, en condición de Directora del Área Rectora de Salud de Grecia del Ministerio de Salud que, el día 21 de octubre del 2021, la amparada interpuso denuncia en el Área Rectora de Salud de Grecia en que refirió afectaciones que habían venido sufriendo su madre y ella, por la conducción de aguas comunales hacia su propiedad, mismas que con frecuencia invaden su vivienda, poniendo en riesgo la salud. Solicitó, valorar la situación y que se haga lo correspondiente y que se le notificara sobre lo actuado en el caso. Señala que, el asunto, de acuerdo con el procedimiento quedo agendado para ser atendido por los funcionarios de esta dependencia. Manifiesta que, en atención a la denuncia, día 19 de noviembre el Lic. Olman Alfaro Rojas, Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud de Grecia, realizó inspección al sitio, informe contenido en el oficio MS-DRRSCNDARSG-958-2021 de fecha 22 de noviembre del 2021. En el documento, señaló la autoridad sanitaria que visitó el sitio siendo atendido por la señora Castro Hidalgo y se logró determinar que la problemática se presenta cuando llueve, ya que los desagües provenientes de la carretera desfogan en un corte e ingresan a la propiedad de la señora Castro. Según algunos vecinos entrevistados, el desfogue señalado tiene varios años de existir. En el momento de la inspección no se evidenció ningún problema sanitario, pero por la topografía del terreno, es probable que cuando llueva, el agua ingrese a la vivienda. Se recomendó, remitir el caso a la Municipalidad de Grecia como responsable del manejo de las aguas pluviales, para que se valore el corte de aguas pluviales proveniente de la carretera y que ingresan a la propiedad de la señora Ivannia Castro Hidalgo y le den una solución al problema. Alega que, en atención a lo señalado, con nota de fecha 28 de enero del 2022 se solicitó al señor Francisco Murillo Quesada, Alcalde de Grecia su colaboración a fin de dar seguimiento, atención y solución a la denuncia interpuesta. En tal sentido, es importante señalar que la denuncia referida por tratarse de la conducción y disposición de aguas pluviales provenientes de vías municipales, la responsabilidad por la disposición de estas es del administrador, en este caso la Municipalidad de Grecia. De lo señalado, se comunicó vía correo electrónico a la amparada. Agrega que, en cuanto a lo señalado por la amparada, referente al incumplimiento de la normativa sanitaria, referente a la problemática que se presenta con la conducción de aguas pluviales hacia su propiedad, es responsabilidad en este caso de la Municipalidad. Ante el informe emitido por la autoridad sanitaria y su recomendación se remitió el asunto al gobierno local a fin de que se diera la atención y solución al problema. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n 4.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del alegato –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante un procedimiento de denuncia ambiental; no obstante, a la fecha de interposición de este amparo, su gestión no ha sido resuelta.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, es vecina de Grecia y, mediante oficio recibido el 21 de octubre de 2021, presentó una denuncia ante el área de salud recurrida, en la cual expuso la problemática que deben soportar ella y su madre -de 83 años- debido a las aguas comunales que invaden su vivienda (documento aportado como prueba). Aduce que, a pesar de lo anterior, a la fecha en la que interpone este recurso de amparo no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de la autoridad accionada, razón por la cual estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\nEl 21 de octubre del 2021, la recurrente interpuso denuncia en el Área Rectora de Salud de Grecia en que refirió afectaciones que habían venido sufriendo su madre y ella, por la conducción de aguas comunales hacia su propiedad, mismas que con frecuencia invaden su vivienda, poniendo en riesgo la salud (ver documentación e informe rendido bajo fe de juramento).\nEl 19 de noviembre de 2021 el Lic. Olman Alfaro Rojas, Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud de Grecia, realizó inspección al sitio, informe contenido en el oficio MS-DRRSCNDARSG-958-2021 de fecha 22 de noviembre del 2021. En el documento, señaló que: “la autoridad sanitaria que visitó el sitio siendo atendido por la señora Castro Hidalgo y se logró determinar que la problemática se presenta cuando llueve, ya que los desagües provenientes de la carretera desfogan en un corte e ingresan a la propiedad de la señora Castro. Según algunos vecinos entrevistados, el desfogue señalado tiene varios años de existir. En el momento de la inspección no se evidenció ningún problema sanitario, pero por la topografía del terreno, es probable que cuando llueva, el agua ingrese a la vivienda. Se recomendó, remitir el caso a la Municipalidad de Grecia como responsable del manejo de las aguas pluviales, para que se valore el corte de aguas pluviales proveniente de la carretera y que ingresa a la propiedad de la señora Ivannia Castro Hidalgo y le den una solución al problema.” (ver documentación e informe rendido bajo fe de juramento).\nEl 28 de enero del 2022 la autoridad accionada solicitó al señor Francisco Murillo Quesada, Alcalde de Grecia su colaboración a fin de dar seguimiento, atención y solución a la denuncia interpuesta por la amparada (ver documentación e informe rendido bajo fe de juramento);\nMediante auto de las 15:49 horas del 26 de enero de 2022 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 26 de enero de 2022 (los autos).\nEl 31 de enero de 2022, la autoridad del Área Rectora de Salud de Grecia del Ministerio de Salud, mediante correo electrónico, le comunicó lo actuado a la amparada (ver prueba e informe rendido bajo fe de juramento).\n\n \n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De las pruebas aportadas al expediente y el informe rendido bajo juramento al Tribunal, se ha tenido por demostrado que, el 21 de octubre del 2021, la amparada interpuso denuncia en el Área Rectora de Salud de Grecia en que refirió afectaciones que habían venido sufriendo su madre y ella, por la conducción de aguas comunales hacia su propiedad, mismas que con frecuencia invaden su vivienda, poniendo en riesgo la salud. Debido a eso el día 19 de noviembre de 2021 el Lic. Olman Alfaro Rojas, Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud de Grecia, realizó inspección al sitio, informe contenido en el oficio MS-DRRSCNDARSG-958-2021 de fecha 22 de noviembre del 2021. En el documento, señaló que: “la autoridad sanitaria que visitó el sitio siendo atendido por la señora Castro Hidalgo y se logró determinar que la problemática se presenta cuando llueve, ya que los desagües provenientes de la carretera desfogan en un corte e ingresan a la propiedad de la señora Castro. Según algunos vecinos entrevistados, el desfogue señalado tiene varios años de existir. En el momento de la inspección no se evidenció ningún problema sanitario, pero por la topografía del terreno, es probable que cuando llueva, el agua ingrese a la vivienda. Se recomendó, remitir el caso a la Municipalidad de Grecia como responsable del manejo de las aguas pluviales, para que se valore el corte de aguas pluviales proveniente de la carretera y que ingresa a la propiedad de la señora Ivannia Castro Hidalgo y le den una solución al problema.”. El 28 de enero del 2022 la autoridad accionada solicitó al señor Francisco Murillo Quesada, Alcalde de Grecia su colaboración a fin de dar seguimiento, atención y solución a la denuncia interpuesta por la amparada. Asimismo, se constató que, el 31 de enero de 2022, la autoridad del Área Rectora de Salud de Grecia del Ministerio de Salud, mediante correo electrónico, le comunicó lo actuado a la amparada. Del elenco fáctico acreditado a efectos de resolver el presente proceso de amparo, se tiene que efectivamente la autoridad accionada realizó la inspección en el lugar denunciado por la recurrente, advirtiendo que, los problemas señalados son competencia del gobierno local, dado que se trata de aguas llovidas. Ahora bien, procede la estimatoria del presente proceso dado que la accionada remitió la denuncia ante la Municipalidad de Grecia y notificó a la recurrente de dicha actuación, así como, el resultado de la inspección, luego de la notificación del auto de curso de este proceso de amparo. Por lo anterior, se declara con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal y como se señalará a continuación.\n\n V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\n VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y SOLANO AGUILAR, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\n VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\n VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que habita con su madre, una persona adulta mayor, y a su vivienda ingresan las aguas comunales produciendo inundaciones. Lo anterior, en violación al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por mayoría se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios Los Magistrados Salazar Alvarado y Solano Aguilar salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n\n\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n M4747AN2VF69Y61\n\n1\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:07:25.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on February eleventh, two thousand twenty-two.\n\nAmparo action processed in case file number 22-001401-0007-CO filed by IVANNIA CELINA CASTRO HIDALGO, identity card No. 0204890825, against the MINISTRY OF HEALTH.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By brief received in this Chamber at 15:19 hours on January 21, 2022, the petitioner files an amparo action against the MINISTRY OF HEALTH, and states that she is a resident of Grecia and, through official letter received on October 21, 2021, she filed a complaint before the respondent health area, in which she set forth the problem that she and her 83-year-old mother must endure due to communal waters invading their dwelling (document provided as evidence). She argues that, despite the foregoing, as of the date on which she files this amparo action she has not received any type of response from the respondent authority, which is why she deems her fundamental rights violated. She requests that the action be granted.\n\n2.- By order issued at 15:49 hours on January 26, 2022, this action was processed and the respondent authorities were notified on January 26, 2022.\n\n3.- By brief filed on February 2, 2022, GABRIELA MIRANDA MURILLO, in her capacity as Director of the Grecia Health Governing Area of the Ministry of Health, reports under oath that, on October 21, 2021, the petitioner filed a complaint with the Grecia Health Governing Area in which she referred to the effects that she and her mother had been suffering due to the conveyance of communal waters onto their property, which frequently invade their dwelling, putting their health at risk. She requested that the situation be assessed, that the corresponding action be taken, and that she be notified of the actions taken in the case. She indicates that the matter, in accordance with the procedure, was scheduled to be addressed by the officials of this unit. She states that, in response to the complaint, on November 19, Mr. Olman Alfaro Rojas, Environmental Manager of the Grecia Health Governing Area, conducted a site inspection, the report of which is contained in official letter MS-DRRSCNDARSG-958-2021 dated November 22, 2021. In the document, the health authority noted that he visited the site and was attended by Mrs. Castro Hidalgo, and it was determined that the problem occurs when it rains, as the drains coming from the road discharge into a cut and enter Mrs. Castro’s property. According to some neighbors interviewed, the said discharge has been in existence for several years. At the time of the inspection, no health problem was evident, but due to the topography of the land, it is likely that when it rains, the water enters the dwelling. It was recommended to refer the case to the Municipality of Grecia as the entity responsible for stormwater management, so that it may assess the stormwater cut coming from the road that enters the property of Mrs. Ivannia Castro Hidalgo and provide a solution to the problem. She alleges that, in response to the foregoing, by note dated January 28, 2022, Mr. Francisco Murillo Quesada, Mayor of Grecia, was requested to collaborate in order to follow up on, address, and resolve the complaint filed. In this regard, it is important to note that, as the referred complaint concerns the conveyance and disposal of stormwater from municipal roads, the responsibility for the disposal thereof lies with the administrator, in this case the Municipality of Grecia. The petitioner was notified of the foregoing via email. She adds that, regarding what was stated by the petitioner concerning non-compliance with health regulations regarding the problem occurring with the conveyance of stormwater onto her property, the responsibility in this case lies with the Municipality. Based on the report issued by the health authority and its recommendation, the matter was referred to the local government so that it might provide attention and a solution to the problem. She requests that the action be dismissed.\n\n4.- In the processing of this case, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Picado Brenes; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the claim –regarding the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure– it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 at 8:55 hrs. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is debated whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law on Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in the case at bar, an exception is raised, as it involves an environmental complaint procedure; however, as of the date of filing this amparo action, her petition has not been resolved.\n\nII.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner files an amparo action and states that she is a resident of Grecia and, through an official letter received on October 21, 2021, she filed a complaint before the respondent health area, in which she set forth the problem that she and her 83-year-old mother must endure due to communal waters invading their dwelling (document provided as evidence). She argues that, despite the foregoing, as of the date on which she files this amparo action she has not received any type of response from the respondent authority, which is why she deems her fundamental rights violated. She requests that the action be granted.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\nOn October 21, 2021, the petitioner filed a complaint with the Grecia Health Governing Area in which she referred to the effects that she and her mother had been suffering due to the conveyance of communal waters onto their property, which frequently invade their dwelling, putting their health at risk (see documentation and report rendered under oath).\nOn November 19, 2021, Mr. Olman Alfaro Rojas, Environmental Manager of the Grecia Health Governing Area, conducted a site inspection, the report of which is contained in official letter MS-DRRSCNDARSG-958-2021 dated November 22, 2021. In the document, he stated that: “the health authority visited the site and was attended by Mrs. Castro Hidalgo, and it was determined that the problem occurs when it rains, as the drains coming from the road discharge into a cut and enter Mrs. Castro’s property. According to some neighbors interviewed, the said discharge has been in existence for several years. At the time of the inspection, no health problem was evident, but due to the topography of the land, it is likely that when it rains, the water enters the dwelling. It was recommended to refer the case to the Municipality of Grecia as the entity responsible for stormwater management, so that it may assess the stormwater cut coming from the road that enters the property of Mrs. Ivannia Castro Hidalgo and provide a solution to the problem.” (see documentation and report rendered under oath).\nOn January 28, 2022, the respondent authority requested Mr. Francisco Murillo Quesada, Mayor of Grecia, to collaborate in order to follow up on, address, and resolve the complaint filed by the petitioner (see documentation and report rendered under oath);\nBy order issued at 15:49 hours on January 26, 2022, this action was processed and the respondent authorities were notified on January 26, 2022 (the orders).\nOn January 31, 2022, the authority of the Grecia Health Governing Area of the Ministry of Health, via email, communicated the actions taken to the petitioner (see evidence and report rendered under oath).\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE. From the evidence provided to the case file and the report rendered under oath to the Court, it has been proven that, on October 21, 2021, the petitioner filed a complaint with the Grecia Health Governing Area in which she referred to the effects that she and her mother had been suffering due to the conveyance of communal waters onto their property, which frequently invade their dwelling, putting their health at risk. Because of this, on November 19, 2021, Mr. Olman Alfaro Rojas, Environmental Manager of the Grecia Health Governing Area, conducted a site inspection, the report of which is contained in official letter MS-DRRSCNDARSG-958-2021 dated November 22, 2021. In the document, he stated that: “the health authority visited the site and was attended by Mrs. Castro Hidalgo, and it was determined that the problem occurs when it rains, as the drains coming from the road discharge into a cut and enter Mrs. Castro’s property. According to some neighbors interviewed, the said discharge has been in existence for several years. At the time of the inspection, no health problem was evident, but due to the topography of the land, it is likely that when it rains, the water enters the dwelling. It was recommended to refer the case to the Municipality of Grecia as the entity responsible for stormwater management, so that it may assess the stormwater cut coming from the road that enters the property of Mrs. Ivannia Castro Hidalgo and provide a solution to the problem.” On January 28, 2022, the respondent authority requested Mr. Francisco Murillo Quesada, Mayor of Grecia, to collaborate in order to follow up on, address, and resolve the complaint filed by the petitioner. Likewise, it was verified that, on January 31, 2022, the authority of the Grecia Health Governing Area of the Ministry of Health, via email, communicated the actions taken to the petitioner. From the factual array accredited for the purposes of resolving this amparo proceeding, it is established that the respondent authority indeed conducted the inspection at the location denounced by the petitioner, noting that the problems indicated fall under the jurisdiction of the local government, given that they involve rainwater. Now then, the granting of the present proceeding is appropriate given that the respondent referred the complaint to the Municipality of Grecia and notified the petitioner of said action, as well as the result of the inspection, after the notification of the order processing this amparo proceeding. Therefore, the action is granted without a special award of costs, damages, and losses, as will be set forth below.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LAW ON CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at bar, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law on Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law requiring that the operative part of the judgment indicate that the action is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is issued “solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law states “if applicable,” which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this one, the content of the petitioner’s claim and the respondent authority’s conduct in recognizing it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently proprietary nature (as would occur, for example, with an impact on the right to wages). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Law on Constitutional Jurisdiction, which states: “any resolution upholding the action shall order in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, reserving their liquidation for the enforcement of the judgment,” where the possibility of assessing whether compensation and costs are applicable or not is not provided for. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law and, additionally, in order, the General Law on Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are suppletory sources for the application and interpretation of the norms of the Law on Constitutional Jurisdiction -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislature established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the case at bar preserves the possibility of resorting, if she deems it appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that she has suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this action without an award of costs, damages, and losses.\n\nVI.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO AND SOLANO AGUILAR, WITH THE DRAFTING BY THE FORMER, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I concur with the rest of the Chamber in granting the action, I separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law on Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable.”\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n“...any resolution upholding the action shall order in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, reserving their liquidation for the enforcement of the judgment.”\n\nThis latter norm establishes the general system governing the issue of compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of conclusion of the proceeding, where there is a ruling on the merits and recognition of the facts that have violated fundamental rights….”\n\nIn the majority’s criterion, Article 51, cited above, regulates the scenarios in which the Chamber has found the grievance to be proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the action, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo –a scenario contemplated in the referred Article 52– by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the order against the infringer to compensate for the damages and losses caused and to pay the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not again incur the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance to be proven and has addressed the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself after it became aware of the processing of the amparo, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the compelling need for an award of costs, damages, and losses against the infringer arises, the basis of which lies in the principles of protection of individual rights and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory award in those aspects contained in the Law on Constitutional Jurisdiction.\n\nOn the other hand, it is clear that Article 52, mentioned above, is applied only in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the petitioner by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation which, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislature established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that processed the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, in an indubitable manner, for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my view, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such an award is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is established in an indubitable and clear manner that in the specific case no compensable harm was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from paying said items. Since in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption of the emergence, for the petitioner, of economic damages and losses derived from the challenged actions –the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction–, the granting of this action must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nVII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law on Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable.”\n\nMy interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if applicable” refers to costs. Furthermore, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo action is not of a compensatory nature but rather a restitutory one; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution upholding the action shall order in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, reserving their liquidation for the enforcement of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an award in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. Even if the award in the abstract has been issued, if no damages and losses have been caused, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, as only he is responsible for finding proven the real existence and magnitude thereof.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with an amparo action. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.\n\nVIII.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner alleges that she lives with her mother, an elderly adult, and that communal waters enter their dwelling, causing flooding. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the petitioner that if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be collected from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nIn accordance with the provisions of Article 52 of the Law on Constitutional Jurisdiction, by majority, the action is granted without a special award of costs, damages, and losses. Magistrates Salazar Alvarado and Solano Aguilar partially dissent from the vote and order the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award of damages and losses, but not the award of costs. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify."
}