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  "id": "nexus-sen-1-0007-1077800",
  "citation": "Res. 05085-2022 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por falta de resolución del TAA en denuncia de entubamiento de quebrada",
  "title_en": "Amparo for failure to resolve watercourse piping complaint by the Environmental Administrative Tribunal",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por la demora en resolver una denuncia ambiental sobre el entubamiento de 70 metros de la quebrada Caída, en Cartago, presentada en 2010. Tras más de once años de trámite, incluyendo una audiencia oral celebrada en octubre de 2019, el TAA aún no había dictado la resolución final. La Sala determinó que la dilación de más de dos años desde la audiencia, sin justificación válida, vulneró el derecho a la justicia pronta y cumplida del artículo 41 constitucional. Declaró con lugar el recurso, ordenó al TAA resolver definitivamente en el plazo de un mes y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action against the Environmental Administrative Tribunal (TAA) for delay in resolving an environmental complaint regarding the piping of 70 meters of the Caída stream in Cartago, filed in 2010. After over eleven years of proceedings, including an oral hearing in October 2019, the TAA had not issued a final decision. The Chamber found that the delay of more than two years since the hearing, without valid justification, violated the right to a prompt and complete justice under Article 41 of the Constitution. It granted the amparo, ordered the TAA to resolve definitively within one month, and ordered the State to pay costs, damages, and losses.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "04/03/2022",
  "year": "2022",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "TAA (Tribunal Ambiental Administrativo)",
    "retardo injustificado",
    "denuncia ambiental",
    "entubamiento de quebrada",
    "artículo 41 Constitución Política"
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  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 41",
      "law": "Constitución Política"
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      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "TAA",
    "retardo injustificado",
    "denuncia ambiental",
    "entubamiento",
    "quebrada",
    "derecho a procedimiento pronto y cumplido",
    "artículo 41 Constitución Política"
  ],
  "keywords_en": [
    "amparo action",
    "Environmental Administrative Tribunal",
    "undue delay",
    "environmental complaint",
    "stream piping",
    "right to due process",
    "Article 41 Constitutional",
    "Costa Rica"
  ],
  "excerpt_es": "Bajo el escenario descrito, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido de la parte recurrente, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política. Sobre el particular, obsérvese que la audiencia oral y pública se llevó a cabo desde el día 23 de octubre de 2019, sea hace más de dos años. No obstante, fue hasta el 25 de enero de 2022, lo que ocurrió con ocasión a la notificación del auto de curso, que se emitió la resolución n.°118-2022-TAA de las 13:30 horas, es decir, que trascurrieron aproximadamente dos años sin que el despacho accionado haya realizado alguna diligencia en el proceso o en su defecto, que lo resolviera en forma definitiva; ello, sin que medie una justificación válida y razonable.",
  "excerpt_en": "Under the described scenario, this Chamber finds that there has been an undue delay or unjustified postponement that violates the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure of the petitioner, enshrined in Article 41 of the Political Constitution. In this regard, note that the oral and public hearing took place on October 23, 2019, more than two years ago. However, it was not until January 25, 2022, following the notification of the initial order, that resolution No. 118-2022-TAA was issued at 1:30 p.m., meaning that approximately two years elapsed without the respondent office having carried out any diligence in the process or, failing that, resolving it definitively; all without a valid and reasonable justification.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Chamber granted the amparo for unjustified delay by the Environmental Administrative Tribunal in resolving an environmental complaint, ordering a final decision within one month and ordering the State to pay costs.",
    "summary_es": "La Sala declaró con lugar el amparo por retardo injustificado del TAA en resolver una denuncia ambiental, ordenando dictar resolución final en un mes y condenando al Estado al pago de costas."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "The 'reasonable' nature of the duration of administrative activity is determined on a case-by-case basis based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the extent of evidence to be gathered, or the degree of impact on the person or the environment of the challenged act.",
      "quote_es": "El carácter 'razonable' de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como, la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado."
    },
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "This Chamber finds that there has been an undue delay or unjustified postponement that violates the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure of the petitioner.",
      "quote_es": "Estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido de la parte recurrente."
    },
    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "The appeal is granted. It is ordered that [...] within a period not exceeding ONE MONTH from notification of this judgment, it shall resolve definitively and without undue delay the environmental complaint filed on August 24, 2010.",
      "quote_es": "Se declara con lugar el recurso. Se ordena a [...] que, dentro del plazo no mayor a UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva de forma definitiva y sin dilaciones indebidas, la denuncia ambiental planteada el 24 de agosto de 2010."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1077800",
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  "regulations_by_article": null,
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  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 05085 - 2022\n\nFecha de la Resolución: 04 de Marzo del 2022 a las 09:20\n\nExpediente: 22-000890-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*220008900007CO*\n\nExp: 22-000890-0007-CO\n\nRes. Nº 2022005085\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidos .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-000890-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO (TAA) .\n\nRESULTANDO\n1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 14 de enero de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el TAA, y manifiesta que el 16 de noviembre de 2010 presentó ante el Tribunal recurrido una denuncia ambiental por un entubamiento de la quebrada \"Caída\", en una medida de 70 metros, sin contar con los permisos de ley otorgados por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Lo anterior, ya que está afectando su propiedad ubicada en el partido de Cartago, matrícula de Folio Real n.° 254724 -000, El Carmen de Cartago. Indica que el proceso ordinario administrativo se tramita en el expediente n.° 402-10-03-TAA. Explica que después de nueve años de investigación y de procedimientos, se señaló para la audiencia de recepción de pruebas el 23 de octubre de 2019. Afirma que, una vez concluida la audiencia, el presidente del TAA dijo: \"El expediente queda listo para el acto final”. Sin embargo, hasta el momento de la interposición de este recurso -14 de enero de 2022-, no se ha dictado la sentencia, a pesar de haber transcurrido un plazo irracionable de dos años y tres meses, desde que la autoridad recurrida afirmó que el asunto quedaba para dictar la resolución de fondo. Por las razones expuestas, estima lesionados sus derechos fundamentales.\n2. Informa bajo juramento Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñónez, en su condición de presidenta del TAA, que el 24 de agosto de 2010 se recibió ante ese despacho, el oficio n.° DA-2861-2010 suscrito por Álvaro Porras Vega, funcionario de la Dirección de Agua del MINAE y adjunto el oficio n.° AT-0423-2010 suscrito por Jesús Monge Mejía donde interpuso una denuncia de carácter ambiental por un entubamiento de la quebrada Caída en una propiedad ubicada en El Carmen de Cartago. Señala que a la denuncia se le asignó el expediente n.° 402-10-03-TAA. Indica que mediante resolución n.°1493-10-TAA de las 07:30 horas del 21 de octubre de 2010, ese despacho acordó lo siguiente: “ PRIMERO: Se le solicita al Ing. José Miguel Zeledón Calderón en su condición de Director de la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones o quien ocupe su puesto, rinda la siguiente información: Indique la situación del expediente 427-Q mismo que se conoce en la dependencia a su cargo. Remita la valoración económica del daño ambiental. Aporte los nombres completos, dirección exacta, de los denunciados. SEGUNDO: Este Tribunal pone en conocimiento a los señores [Nombre 004] y [Nombre 005] del presente proceso por supuesto entubamiento de aguas en la quebrada Caída, con el fin de que si lo tienen a bien presenten las pruebas y señalen medio o fax para notificaciones, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil a la notificación de la presente resolución. TERCERO: Se le solicita al señor Sergio Martínez Solano en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central o quien ocupe, notifique de forma personal la presente resolución a los señores [Nombre 004] y [Nombre 005] , supuestos propietarios del inmueble ubicado en las coordenadas latitud 206.608 y longitud 545.692 en LCRN en el Carmen de Cartago e informe a este Despacho una vez realizada la presente diligencia”. Agrega que el 16 de noviembre de 2010 el recurrente presentó una aclaración a la denuncia interpuesta por la Dirección de Agua del MINAE. El 17 de octubre del 2013 se recibió vía fax copia del oficio n.° OC-1150 suscrito por el jefe de la Oficina Sub Regional de Cartago del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC), mediante el cual solicitó una aclaración a lo solicitado en la resolución n.° 618-13-TAA de las 10:15 horas del 22 de julio de 2013. El 24 de octubre de 2013 se recibió el oficio n.° AM-OF-1237-2013 del alcalde de la Municipalidad de Cartago, donde brindó respuesta a la resolución n.° 618-13-TAA. El 17 de junio del 2014 se recibió el oficio n.° AT-2367-2014 suscrito por la Dirección de Agua del MINAE en el que se remitió una valoración de daño ambiental. Acotan que, mediante la resolución n.° 1147-14-TAA de las 11:08 horas del 08 de diciembre de 2014, el TAA convino lo siguiente: “ ÚNICO: Que visto el oficio N° OC-1150 de fecha 17 de octubre del año 2013 y suscrito por el Ing. Luis Quirós Rodríguez, en su condición de funcionario de la Oficina de Cartago del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC.. Por lo anterior, este Tribunal acuerda ordenar al Ing. Luis Quirós Rodríguez, en su condición de funcionario de la Oficina de Cartago del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC), o a quien ocupe su puesto, que proceda a realizar la inspección ocular 'in situ” solicitada en primera ocasión mediante Resolución N° 1493-10-TAA de las siete horas con treinta minutos del veintiuno de octubre del año dos mil diez, al inmueble localizado bajo las coordenadas latitud 206.608 y longitud 545.692 LCRN (única dirección con que cuenta este Despacho y la cual fue dada por la Dirección de Aguas). En caso de no localizar la propiedad podrá coordinar con quien interpuso la denuncia ante la Dirección de Aguas, Sr. [Nombre 001] , localizable de la esquina noreste de las ruinas de Cartago, 400 metros al norte, casa color melón con café a mano derecha o al teléfono 8850-46-92/2551-32-12, o bien con el Ing. Fernando Watson, funcionario de la Dirección de Aguas. Lo anterior en el plazo de diez días naturales contados a partir del primer día hábil siguiente de notificada la presente resolución”. El 04 de marzo de 2015, la Oficina Sub Regional de Cartago del ACCVC respondió a dicha resolución, mediante el oficio n.° OC-147. Añade que, en la resolución n.° 492-17-TAA, el TAA resolvió lo siguiente: “Ordenar al señor Rolando Rodríguez Brenes en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Cartago...y al Ing. Luis Quirós Rodríguez, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de Cartago... que procedan a efectuar una inspección ocular \"in situ” de forma conjunta al sector denunciado”. El 18 de mayo de 2017 la Oficina Sub Regional de Cartago del ACCVC rindió el informe técnico de la inspección realizada al sitio denunciado, por medio del oficio n.° OSC-456. Detalla que en la resolución n.° 835-17-TAA de las 11:20 horas del 12 de junio de 2017, el TAA dispuso lo siguiente: “POR SEGUNDA OCASIÓN al señor Rolando Rodríguez Brenes, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Cartago... que cumpla con lo establecido en el considerando primero de esta relación”. El 31 de julio de 2017 el alcalde de la Municipalidad de Cartago mediante el oficio n.° AM-OF-750-2017 dio respuesta a lo ordenado en dicha resolución. El 07 de agosto de 2017 la Dirección de Agua del MINAE aportó informe técnico de lo encontrado en el sitio denunciado en una inspección llevada a cabo en el mismo año. El 11 de octubre de 2017 el recurrente presentó una serie de antecedentes y aclaraciones de la denuncia interpuesta. Posteriormente, el 18 de octubre de 2017 el amparado remitió un escrito señalando nuevos hechos en el sector denunciado. Aduce que, por medio de la resolución n.°194-18-TAA de las 13:18 horas del 05 de marzo de 2018, el TAA determinó lo siguiente: “PRIMERO: Que consta a folio 11 del expediente de marras escrito del señor [Nombre 001] , en su condición de denunciante, mediante el cual indica lo siguiente: “(...)Sirva la presente como aclaratoria sobre una equivocación en el informe técnico rendido por el Departamento de Aguas del MINAE en denuncia sobre entubamiento ilegal de aguas a Quebrada Caída que se encuentra en el expediente número 402-10-03-TAA, el cual tiene incorrectamente a la persona denunciada, cuyo nombre correcto es José Miguel Gómez Gómez, cédula 301770741 y el cual falleció en el 2009, por lo tanto para cualquier notificación hágase a su esposa la señora María del Carmen Córdoba Marín, con cédula 401000461, quien entiendo es la albacea de la sucesión.(…)”. Por lo anterior, toma nota este Despacho y procede a cambiar el nombre del denunciado, sin que esto se entienda que el mismo no pueda variar en razón de las averiguaciones que en etapa de investigación preliminar realice esta Judicatura. SEGUNDO: Que consta a folio 28 del expediente de marras el oficio número OPU-295-2013 suscrito por el Arq. Oscar López Valverde, en su condición de funcionario de la Municipalidad de Cartago, en el cual certifica que el inmueble denunciado corresponde a la finca matrícula folio real 3-194606 inscrita a nombre de Lumbres de Lima Sociedad Anónima. Por otra parte, consta a folio 57 del mismo expediente, certificación sin número de oficio y suscrita por la Licda. Guisella Zúñiga Hernández, funcionaria del supra citado gobierno local, en el cual indica que la propiedad donde ocurren los hechos es la correspondiente a la matrícula folio real 3-9800 la cual está inscrita a nombre Violeta del Sur S.A. Por lo anterior, con la finalidad de determinar la verdad real de los hechos, y en virtud de que se ha determinado que existió una confusión en cuanto a la persona que figuraba como propietario del inmueble denunciado, así como el lugar de los hechos, y por resultar lo anterior determinante para la prosecución del expediente de marras, esta Judicatura acuerda ordenar al señor Rolando Rodríguez Brenes, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Cartago, o a quien ocupe su cargo, que indique a quien corresponde registralmente, señalando número de matrícula a folio real, el inmueble localizado en la siguiente dirección aportada por, el denunciante: De la Iglesia Evangélica Oasis de Amor, ubicada en San Blas del Carmen de Cartago (esquina noroeste), 100 metros al oeste y 125 metros al norte sobre calle de servidumbre. casa a mano izquierda de muro externo de color marrón. No omite este Despacho en indicar que en caso de requerir mayores detalles sobre dicho lugar, podrá comunicarse con el señor [Nombre 001] al teléfono 8850-46-92 o al correo ldie33(d).hotmail.com. Lo anterior deberá de cumplirse en el plazo de diez días naturales contados a partir del primer día hábil siguiente de notificada la presente resolución. TERCERO: Que una vez analizado el escrito que consta de folio 62 al 65 del expediente de marras, y el cual es suscrito por el señor [Nombre 001] , en el cual hace referencia a otra denuncia, la cual indica que es tramitada en el expediente administrativo número 209-05-02-TAA, así como la solicitud de investigación de una supuesta autorización por parte de la Municipalidad de Cartago para el uso de un viejo canal artificial llamado 'El Molino”, este Despacho considera oportuno indicarle que en el primer caso deberá realizar un escrito dirigido únicamente al expediente 209-05-02-TAA (en caso de que forme parte del mismo) o bien podrá expresar las razones por la cuales desea constituirse como parte, y en el segundo caso podrá presentar una denuncia formal apegándose a lo establecido en los numerales 285 de la Ley General de la Administración Pública y el 107 de la Ley Orgánica del Ambiente”. El 22 de marzo de 2018 el alcalde de la Municipalidad de Cartago remitió el oficio n.° URB-OF-334-2018 donde aportó certificación registral de la propiedad denunciada. Mediante resolución n.° 988-18-TAA de las 08:02 horas del 26 de setiembre de 2018 el TAA acordó lo siguiente: “PRIMERO: Que mediante la presente resolución se declara formalmente la apertura de un proceso ordinario administrativo y se imputa formalmente al señor RONALD GÓMEZ CÓRDOBA , portador de la cédula de identidad número 3-0326-0583, al señor ALEJANDRO GÓMEZ CÓRDOBA, portador de la cédula de identidad número 3-0326-0582 y a la señora MARIA DEL CARMEN CÓRDOBA MARÍN, portadora de la cedula de identidad número 4-0100-0461, como propietarios actuales del inmueble denunciado. en virtud de la denuncia interpuesta por el señor [Nombre 001], portador de la cédula de identidad 3-0367-0975. Los presuntos hechos imputados mediante la presente resolución ocurrieron en El Carmen de Cartago, en la finca matricula a folio real 3-254724-000, piano catastrado número C-1577049-2012 (antigua finca con matrícula 3-9499) y consisten en el haber realizado y/o no haber impedido: El entubamiento de 70 metros de la Quebrada Caída sin contar con los respectivos permisos otorgados por la Dirección de Agua del MINAE. La Valoración Económica del Daño Ambiental asciende a la suma de #6.230.000 (Seis millones doscientos treinta mil colones exactos). CUARTO: Al presente proceso se citan: En calidad de denunciados: A los señores RONALD GÓMEZ CÓRDOBA , portador de la cédula de identidad número 3-0326-0583, al señor ALEJANDRO GÓMEZ CÓRDOBA , portador de la cédula de identidad número 3-0326-0582 y a la señora MARIA DEL CARMEN CÓRDOBA MARÍN , portadora de la cédula de identidad número 4-0100-0461, como propietarios actuales del inmueble denunciado. En calidad de denunciante: Al señor [Nombre 001], portador de la cédula de identidad 3-0367-0975. En calidad de testigo-perito: Al Ing. JESUS MONGE MEJIA, funcionario de la Dirección de Agua del MINAE. SEXTO: Se cita a todas las partes a una Audiencia Oral y Publica que se celebrará en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo a las 8:30 AM DEL MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 ”. El 23 de setiembre de 2019 los denunciados interpusieron ante el TAA Recurso de Revisión Extraordinario en contra de dicha resolución, el cual se rechazó por improcedente mediante resolución n.° 1838-19-TAA de las 10:08 horas del 11 de octubre de 2019. El 23 de octubre de 2019 se realizó la Audiencia Oral y Pública. Mediante la resolución n.°118-2022-TAA de las 13:30 del 25 de enero de 2022 el TAA resolvió lo siguiente: “SEGUNDO : Que en cuanto a Daniel Antonio Gómez Fernández, cédula Menor Nacional 1-1947-0112, menor de edad (de conformidad con informe visible a folio 200 del expediente administrativo), sus padres son: la SRA. ROSAURA DE LA TRINIDAD FERNÁNDEZ ALVARADO , cédula de identidad No. 3-0340-0010 y el Sr. RONALD GÓMEZ CÓRDOBA , portador de la cédula de identidad número 3-0326-0583, este último imputado mediante Resolución No. 988-18-TAA de las ocho horas con dos minutos del veintiséis de setiembre del año dos mil dieciocho (de conformidad a in forme visible a folios 200 y 201 del expediente administrativo).... TERCERO: Por lo anterior, este Tribunal, a los efectos de salvaguardar los derechos del menor, considera pertinente, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Código de Familia, poner en conocimiento de la SRA. GLADYS JIMÉNEZ ARIAS , en su condición de Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, o quien ocupe su cargo, de la denuncia tramitada bajo el expediente administrativo No. 402-10-03-TAA, por supuesto entubamiento de cauce de dominio público, la cual involucra un bien inmueble individualizado Finca Folio Real No. 3-254724, de la Provincia de Cartago, de la cual uno de los propietarios actuales es un menor, DANIEL ANTONIO GÓMEZ FERNÁNDEZ, portador de la cedula de identidad número 1-1947-0112, (de conformidad con informe visible a folio 200 y 201 del expediente administrativo); para todos los efectos que establece el Código de Familia y normativa complementaria. CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Código de Familia, los artículos 19.1 y 19.4 del Código Procesal Civil, se pone en conocimiento de la SRA. ROSAURA DE LA TRINIDAD FERNÁNDEZ ALVARADO , cédula de identidad No. 3-0340-0010 y el Sr. RONALD GÓMEZ , portador de la cédula de identidad número 3-0326-0583, en su condición de padres del menor DANIEL ANTONIO GÓMEZ FERNÁNDEZ portador de la cédula de identidad número 1-1947-0112, de la denuncia tramitada bajo el expediente administrativo No. 402-10-03-TAA, por supuesto entubamiento de cauce de dominio público, la cual involucra un bien inmueble individualizado Finca Folio Real No. 3-254724, de la Provincia de Cartago; dicha finca es propiedad del menor en la porción de un doceavo de la Nuda Propiedad y se les previene, para que en el plazo de cinco días hábiles indiquen si están dispuestos a asumir la representación de su hijo menor de edad y realicen la manifestaciones pertinentes. QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, se pone en conocimiento de la Sra. Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado, cédula de identidad No. 3-0340-0010, en su condición de dueña de un sexto en el Usufructo y el Sr. Ronald Alberto Gómez Fernández , cédula de identidad No. 3-0515-0880, en su condición de dueño de un doceavo de la Nuda Propiedad de la denuncia tramitada bajo el expediente administrativo No. 402-10-03-TAA, por supuesto entubamiento de cauce de dominio público, la cual involucra el bien inmueble individualizado como Finca Folio Real No. 3-254724, de la Provincia de Cartago; y se les previene, para que en el plazo de cinco días realicen la manifestaciones que consideren pertinentes”. Argumenta que, posterior a la realización de la audiencia oral y pública, la finca sobre la cual versa la denuncia fue adquirida en el mes de noviembre de 2021 por Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado, Ronald Alberto Gómez Fernández y Daniel Antonio Gómez Fernández. Indica que, considerando que Daniel Antonio Gómez Fernández es menor de edad, la denuncia interpuesta se puso en conocimiento de sus padres y la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), así como a los nuevos propietarios del bien inmueble para que efectúen las manifestaciones pertinentes. Menciona que la resolución n.° 118-2022-TAA fue notificada a la presidenta ejecutiva del PANI y a las partes, quedando pendiente de notificación Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado y Ronald Alberto Gómez Fernández. Señala que, una vez que se cumpla con la prevención dispuesta en la resolución n.° 118-2022-TAA, se procederá conforme a derecho. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n3. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta la Magistrada Garro Vargas ; y,\n\nCONSIDERANDO\nI. CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia n.° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante gestiones de índole ambiental que, presuntamente, no han sido resueltas en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\nII. OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que el 16 de noviembre de 2010, presentó ante el Tribunal recurrido una denuncia ambiental por un entubamiento de la quebrada \"Caída\", en una medida de 70 metros, sin contar con los permisos de ley, otorgados por la Dirección de Aguas del MINAE. Lo anterior, ya que está afectando su propiedad, que está ubicada en el partido de Cartago, matrícula de Folio Real n.° 254724 -000, El Carmen de Cartago. Indica que después de nueve años de investigación y de procedimientos, se señaló para la audiencia de recepción de pruebas, el 23 de octubre de 2019. Sin embargo, hasta el momento de la interposición de este recurso -14 de enero de 2022-, no se ha dictado la sentencia, a pesar de haber transcurrido un plazo irracionable de dos años y tres meses, desde que la autoridad recurrida afirmó que el asunto quedaba para dictar la resolución de fondo. Por las razones expuestas, estima lesionados sus derechos fundamentales.\nIII. HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\na)     Ante el TAA se tramita el expediente n.° 402-10-03-TAA que corresponde a una denuncia interpuesta por Jesús Monge Mejía el día 24 de agosto de 2010 por un entubamiento de la quebrada Caída en una propiedad ubicada en El Carmen de Cartago (véase el informe adjunto).\nb)    Mediante resolución n.°1493-10-TAA de las 07:30 horas del 21 de octubre de 2010, el Tribunal recurrido le solicitó al director de la Dirección de Aguas del MINAE que indicara la situación del expediente 427-Q y remitiera la valoración económica del daño ambiental (véase el informe adjunto).\nc)     El 17 de junio del 2014 el director de la Dirección de Aguas del MINAE remitió la valoración ambiental mediante el oficio n.° AT-2367-2014 ante el Tribunal recurrido (véase el informe adjunto).\nd)    Por resolución n.° 492-17-TAA, el Tribunal accionado solicitó al alcalde de la Municipalidad de Cartago y al jefe de la oficina subregional de Cartago del ACCVC que efectuaran una inspección ocular “in situ” en el inmueble denunciado. Al efecto, les ordenó remitir un informe técnico (véase el informe adjunto).\ne)     El 18 de mayo de 2017 el jefe de la oficina subregional de Cartago del ACCVC por medio del oficio n.° OSC-456 rindió el informe técnico de la inspección realizada (véase el informe adjunto).\nf)      Mediante resolución n.°194-18-TAA de las 13:18 horas del 05 de marzo de 2018, el Tribunal recurrido le requirió al alcalde de la Municipalidad de Cartago que indicara quién era el propietario registral del inmueble denunciado (véase el informe adjunto).\ng)    El 22 de marzo de 2018 el alcalde de la Municipalidad de Cartago aportó certificación registral de la propiedad denunciada mediante el oficio n.° URB-OF-334-2018 (véase el informe adjunto).\nh)    Por resolución n.° 988-18-TAA de las 08:02 horas del 26 de setiembre de 2018, el Tribunal accionado decretó la apertura del procedimiento ordinario administrativo y, confirió audiencia oral y pública a celebrarse a las 08:30 horas del miércoles 23 de octubre del 2019 (véase el informe adjunto).\ni)      El 23 de octubre de 2019 se realizó la Audiencia Oral y Pública (hecho no controvertido).\nj)      En noviembre de 2021 el inmueble sobre el que versa la denuncia fue adquirido por Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado, Ronald Alberto Gómez Fernández y Daniel Antonio Gómez Fernández (véase el informe adjunto).\nk)    El 21 de enero de 2022 la autoridad recurrida fue notificada de la interposición de este recurso (véase las actas de notificación).\nl)      Mediante la resolución n.°118-2022-TAA de las 13:30 del 25 de enero de 2022, el Tribunal recurrido puso la denuncia en conocimiento de la presidenta ejecutiva del PANI y de los padres de Daniel Antonio Gómez Fernández, quien es uno de los propietarios actuales del inmueble y menor de edad. A su vez, se previno a los demás titulares para que efectuaran las manifestaciones pertinentes (véase el informe adjunto).\nm)  Actualmente, el expediente n.° 402-10-03-TAA se encuentra a la espera del cumplimiento de la prevención efectuada por medio de la resolución n.°118-2022-TAA de las 13:30 del 25 de enero de 2022 (véase el informe adjunto).\n\nIV. HECHO NO PROBADO. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:\n\nÚnico. Que la resolución  n.°118-2022-TAA de las 13:30 del 25 de enero de 2022 haya sido notificada a Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado, y a Ronald Alberto Gómez Fernández.\n\nV. SOBRE EL DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA. La Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. Así, el carácter \"razonable\" de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como, la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien, un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.\n\nVI. SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso bajo estudio, se desprende que el 24 de agosto de 2010 Jesús Monge Mejía interpuso ante el TAA una denuncia  por un entubamiento de la quebrada Caída en una propiedad ubicada en El Carmen de Cartago a la que se le asignó el expediente n.° 402-10-03-TAA. Sobre el particular, la parte accionada aseveró que mediante resolución n.°1493-10-TAA de las 07:30 horas del 21 de octubre de 2010, el Tribunal recurrido le solicitó al director de la Dirección de Aguas del MINAE que indicara la situación del expediente 427-Q y remitiera la valoración económica del daño ambiental. Se colige, que dicho requerimiento fue cumplido por la Dirección de Aguas del MINAE el 17 de junio del 2014 por medio del oficio n.° AT-2367-2014. Consta del informe aprobado, que mediante la resolución n.° 492-17-TAA, el TAA le solicitó al alcalde de la Municipalidad de Cartago y al jefe de la oficina subregional de Cartago del ACCVC que efectuaran una inspección ocular “in situ” en el inmueble denunciado. Al efecto, les ordenó remitir un informe técnico. Por lo que el 18 de mayo de 2017 el jefe de la oficina subregional de Cartago del ACCVC remitió lo emplazado mediante el oficio n.° OSC-456. A su vez, se tiene por probado que el 05 de marzo de 2018 por resolución n.°194-18-TAA, el Tribunal recurrido le requirió al alcalde de la Municipalidad de Cartago que indicara quién era el propietario registral del inmueble denunciado. Por lo anterior, el 22 de marzo de 2018 el alcalde de la Municipalidad de Cartago aportó certificación registral de la propiedad denunciada mediante el oficio n.° URB-OF-334-2018. Así las cosas, el 26 de setiembre de 2018, por medio de la resolución n.° 988-18-TAA, la parte accionada decretó la apertura del procedimiento ordinario administrativo y en consecuencia, celebró la audiencia oral y pública el miércoles 23 de octubre de 2019. Ahora bien, se constata del informe rendido bajo juramento que en noviembre de 2021, el inmueble sobre el que versa la denuncia fue adquirido por Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado, Ronald Alberto Gómez Fernández y Daniel Antonio Gómez Fernández. Tras lo anterior, mediante la resolución n.° 118-2022-TAA de las 13:30 del 25 de enero de 2022, el Tribunal recurrido puso la denuncia en conocimiento de la presidenta ejecutiva del PANI y de los padres de Daniel Antonio Gómez Fernández, quien es uno de los propietarios actuales del inmueble y menor de edad. A su vez, se previno a los demás titulares para que efectuaran las manifestaciones pertinentes.\n\nPese a lo expuesto, la autoridad recurrida informó que en la actualidad el expediente administrativo n.° 402-10-03-TAA se encuentra a la espera del cumplimiento de la prevención de lo resuelto el 25 de enero de 2022 para proceder conforme a derecho. Bajo el escenario descrito, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido de la parte recurrente, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política. Sobre el particular, obsérvese que la audiencia oral y pública se llevó a cabo desde el día 23 de octubre de 2019, sea hace más de dos años. No obstante, fue hasta el 25 de enero de 2022, lo que ocurrió con ocasión a la notificación del auto de curso, que se emitió la resolución n.°118-2022-TAA de las 13:30 horas, es decir, que trascurrieron aproximadamente dos años sin que el despacho accionado haya realizado alguna diligencia en el proceso o en su defecto, que lo resolviera en forma definitiva; ello, sin que medie una justificación válida y razonable. En adición a lo anterior, de los autos no se constata que la resolución  n.°118-2022-TAA de las 13:30 del 25 de enero de 2022 haya sido notificada a Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado, y a Ronald Alberto Gómez Fernández. Así las cosas, en virtud que a la fecha de interposición del presento recurso el proceso en cuestión todavía no había sido resuelto por la autoridad recurrida, lo procedente es acoger el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nVII. Debe tener presente el TAA, que es su deber tramitar y analizar de manera diligente las denuncias que se presenten ante su cargo. En suma, absténgase de incurrir de nuevo en retrasos como el sucedido en la denuncia planteada por la recurrente.\n\nVIII. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñónez, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien ocupe ese cargo en su lugar, que una vez que se notifiquen a todas las partes y se cumpla con el plazo dispuesto en la resolución n.°118-2022-TAA de las 13:30 del 25 de enero de 2022, gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, dentro del plazo no mayor a UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva de forma definitiva y sin dilaciones indebidas, la denuncia ambiental planteada el 24 de agosto de 2010 y notifique lo resuelto. Se advierte que de no acatar la orden dicha, podría incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\t\n \n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\t\n \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nAna María Picado B.\n\n\nIleana Sánchez N.\n\t\n \n\t\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*RY5HWK3SFEE61*\n\n RY5HWK3SFEE61\n\nEXPEDIENTE N° 22-000890-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:10:53.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine twenty hours on the fourth of March of two thousand twenty-two.\n\nA recurso de amparo processed in case file number 22-000890-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO (TAA).\n\n**RESULTANDO**\n1. By brief received at the Secretariat of the Chamber on January 14, 2022, the petitioner files a recurso de amparo against the TAA, and states that on November 16, 2010, he filed an environmental complaint before the respondent Tribunal for the piping (entubamiento) of the \"Caída\" stream (quebrada), over a length of 70 meters, without the legal permits granted by the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). The foregoing, as it is affecting his property located in the district of Cartago, Folio Real registration number 254724-000, El Carmen de Cartago. He indicates that the ordinary administrative proceeding is processed under case file number 402-10-03-TAA. He explains that after nine years of investigation and procedures, the hearing for the reception of evidence was scheduled for October 23, 2019. He affirms that, once the hearing concluded, the president of the TAA said: \"The file is ready for the final act.” However, up to the time of filing this appeal—January 14, 2022—the judgment has not been issued, despite an unreasonable period of two years and three months having elapsed since the respondent authority stated that the matter remained to issue the final decision. For the reasons stated, he considers his fundamental rights violated.\n\n2. Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñónez, in her capacity as president of the TAA, reports under oath that on August 24, 2010, official letter No. DA-2861-2010 signed by Álvaro Porras Vega, an official of the Dirección de Agua of MINAE, was received at that office, along with the attached official letter No. AT-0423-2010 signed by Jesús Monge Mejía, in which he filed an environmental complaint for the piping (entubamiento) of the Caída stream (quebrada) on a property located in El Carmen de Cartago. She notes that the complaint was assigned case file number 402-10-03-TAA. She indicates that by resolution No. 1493-10-TAA of 07:30 hours on October 21, 2010, that office agreed to the following: “FIRST: Eng. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones or whoever holds his position, is requested to provide the following information: Indicate the status of file 427-Q which is known to the department under your charge. Remit the economic valuation of the environmental damage. Provide the full names and exact address of the persons reported. SECOND: This Tribunal informs Messrs. [Name 004] and [Name 005] of this proceeding for alleged water piping (entubamiento) in the Caída stream (quebrada), so that, if they deem it appropriate, they may present evidence and indicate a means or fax number for notifications, within a period of three business days counted from the business day following notification of this resolution. THIRD: Mr. Sergio Martínez Solano, in his capacity as Head of the Oficina Subregional de Cartago of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central or whoever occupies his position, is requested to personally notify this resolution to Messrs. [Name 004] and [Name 005], alleged owners of the property located at coordinates latitude 206.608 and longitude 545.692 in LCRN in El Carmen de Cartago, and to inform this Office once said diligence has been carried out.” She adds that on November 16, 2010, the petitioner submitted a clarification to the complaint filed by the Dirección de Agua of MINAE. On October 17, 2013, a copy of official letter No. OC-1150 signed by the head of the Oficina Sub Regional de Cartago of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) was received via fax, through which he requested clarification of what was requested in resolution No. 618-13-TAA of 10:15 hours on July 22, 2013. On October 24, 2013, official letter No. AM-OF-1237-2013 from the Mayor of the Municipalidad de Cartago was received, providing a response to resolution No. 618-13-TAA. On June 17, 2014, official letter No. AT-2367-2014 signed by the Dirección de Agua of MINAE was received, in which a valuation of environmental damage was remitted. They note that, through resolution No. 1147-14-TAA of 11:08 hours on December 8, 2014, the TAA agreed to the following: “SOLE: Whereas, having seen official letter No. OC-1150 dated October 17, 2013, and signed by Eng. Luis Quirós Rodríguez, in his capacity as an official of the Oficina de Cartago of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC). Given the foregoing, this Tribunal agrees to order Eng. Luis Quirós Rodríguez, in his capacity as an official of the Oficina de Cartago of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC), or whoever occupies his position, to proceed to carry out the 'in situ' ocular inspection requested on the first occasion through Resolution No. 1493-10-TAA of seven thirty hours on October twenty-first, two thousand ten, at the property located at coordinates latitude 206.608 and longitude 545.692 LCRN (the only address this Office has, which was provided by the Dirección de Aguas). In case the property is not located, he may coordinate with the person who filed the complaint before the Dirección de Aguas, Mr. [Name 001], locatable from the northeast corner of the ruins of Cartago, 400 meters north, melon-colored house with brown trim on the right-hand side, or at telephone number 8850-46-92/2551-32-12, or with Eng. Fernando Watson, an official of the Dirección de Aguas. The foregoing within a period of ten calendar days counted from the first business day following notification of this resolution.” On March 4, 2015, the Oficina Sub Regional de Cartago of the ACCVC responded to said resolution, through official letter No. OC-147. She adds that, in resolution No. 492-17-TAA, the TAA resolved the following: “Order Mr. Rolando Rodríguez Brenes in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Cartago... and Eng. Luis Quirós Rodríguez, in his capacity as Head of the Oficina Subregional de Cartago... to proceed to carry out a joint 'in situ' ocular inspection of the reported sector.” On May 18, 2017, the Oficina Sub Regional de Cartago of the ACCVC submitted the technical report of the inspection carried out at the reported site, through official letter No. OSC-456. She details that in resolution No. 835-17-TAA of 11:20 hours on June 12, 2017, the TAA ordered the following: “FOR THE SECOND TIME to Mr. Rolando Rodríguez Brenes, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Cartago... to comply with the provisions established in the first recital (considerando) of this statement of facts.” On July 31, 2017, the Mayor of the Municipalidad de Cartago, through official letter No. AM-OF-750-2017, responded to what was ordered in said resolution. On August 7, 2017, the Dirección de Agua of MINAE provided a technical report of what was found at the reported site during an inspection carried out in the same year. On October 11, 2017, the petitioner submitted a series of records and clarifications of the complaint filed. Subsequently, on October 18, 2017, the petitioner sent a brief noting new facts in the reported sector. She argues that, through resolution No. 194-18-TAA of 13:18 hours on March 5, 2018, the TAA determined the following: “FIRST: That on folio 11 of the case file at hand, there is a brief from Mr. [Name 001], in his capacity as complainant, through which he indicates the following: “(...) This letter serves as clarification of an error in the technical report rendered by the Departamento de Aguas of MINAE in the complaint for illegal water piping (entubamiento) of the Caída Stream (Quebrada Caída) found in case file number 402-10-03-TAA, which incorrectly identifies the reported person, whose correct name is José Miguel Gómez Gómez, ID 301770741, and who died in 2009; therefore, for any notification, contact his wife, Mrs. María del Carmen Córdoba Marín, with ID 401000461, who I understand is the executor of the estate (...).” Therefore, this Office takes note and proceeds to change the name of the reported person, without this being understood to mean that it may not vary due to the inquiries that this Court carries out in the preliminary investigation stage. SECOND: That on folio 28 of the case file at hand, there is official letter number OPU-295-2013 signed by Arch. Oscar López Valverde, in his capacity as an official of the Municipalidad de Cartago, in which he certifies that the reported property corresponds to farm folio real registration 3-194606 registered in the name of Lumbres de Lima Sociedad Anónima. On the other hand, on folio 57 of the same file, there is an unnumbered certification signed by Licda. Guisella Zúñiga Hernández, an official of the aforementioned local government, in which she indicates that the property where the events occurred corresponds to folio real registration 3-9800, which is registered in the name of Violeta del Sur S.A. Therefore, in order to determine the material truth of the facts, and by virtue of the fact that it has been determined that there was confusion regarding the person who appeared as the owner of the reported property, as well as the location of the events, and since the foregoing is decisive for the continuation of the case file at hand, this Court agrees to order Mr. Rolando Rodríguez Brenes, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Cartago, or whoever occupies his position, to indicate the registered owner, stating the folio real registration number, of the property located at the following address provided by the complainant: From the Iglesia Evangélica Oasis de Amor, located in San Blas del Carmen de Cartago (northwest corner), 100 meters west and 125 meters north along an easement (servidumbre) road. house on the left-hand side with a brown external wall. This Office does not fail to indicate that if further details of said location are required, you may contact Mr. [Name 001] at telephone 8850-46-92 or at the email address ldie33(d).hotmail.com. The foregoing must be fulfilled within a period of ten calendar days counted from the first business day following notification of this resolution. THIRD: That having analyzed the brief found from folio 62 to 65 of the case file at hand, which is signed by Mr. [Name 001], in which he refers to another complaint, which he indicates is processed in administrative case file number 209-05-02-TAA, as well as the request to investigate an alleged authorization by the Municipalidad de Cartago for the use of an old artificial channel called 'El Molino,' this Office considers it appropriate to indicate that in the first case, he must submit a brief directed solely to file 209-05-02-TAA (in the event he is a party to it) or he may express the reasons why he wishes to become a party, and in the second case, he may file a formal complaint in accordance with the provisions of articles 285 of the Ley General de la Administración Pública and 107 of the Ley Orgánica del Ambiente.” On March 22, 2018, the Mayor of the Municipalidad de Cartago sent official letter No. URB-OF-334-2018, providing a property registry certification of the reported property. Through resolution No. 988-18-TAA of 08:02 hours on September 26, 2018, the TAA agreed to the following: “FIRST: That by means of this resolution, the opening of an ordinary administrative proceeding is formally declared, and a formal charge is brought against Mr. RONALD GÓMEZ CÓRDOBA, holder of identity card number 3-0326-0583, Mr. ALEJANDRO GÓMEZ CÓRDOBA, holder of identity card number 3-0326-0582, and Mrs. MARIA DEL CARMEN CÓRDOBA MARÍN, holder of identity card number 4-0100-0461, as current owners of the reported property, by virtue of the complaint filed by Mr. [Name 001], holder of identity card 3-0367-0975. The alleged facts charged by means of this resolution occurred in El Carmen de Cartago, on farm folio real registration 3-254724-000, cadastral map number C-1577049-2012 (former farm with registration 3-9499) and consist of having carried out and/or not having prevented: The piping (entubamiento) of 70 meters of the Caída Stream (Quebrada Caída) without the respective permits granted by the Dirección de Agua of MINAE. The Economic Valuation of Environmental Damage amounts to the sum of #6,230,000 (exact sum of six million two hundred thirty thousand colones). FOURTH: The following are summoned to this proceeding: As reported persons: Messrs. RONALD GÓMEZ CÓRDOBA, holder of identity card number 3-0326-0583, Mr. ALEJANDRO GÓMEZ CÓRDOBA, holder of identity card number 3-0326-0582, and Mrs. MARIA DEL CARMEN CÓRDOBA MARÍN, holder of identity card number 4-0100-0461, as current owners of the reported property. As complainant: Mr. [Name 001], holder of identity card 3-0367-0975. As witness-expert: Eng. JESUS MONGE MEJIA, official of the Dirección de Agua of MINAE. SIXTH: All parties are summoned to an Oral and Public Hearing to be held at the headquarters of the Tribunal Ambiental Administrativo at 8:30 AM ON WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2019.” On September 23, 2019, the reported parties filed an Extraordinary Recurso de Revisión against said resolution before the TAA, which was rejected as inadmissible through resolution No. 1838-19-TAA of 10:08 hours on October 11, 2019. On October 23, 2019, the Oral and Public Hearing was held. Through resolution No. 118-2022-TAA of 13:30 hours on January 25, 2022, the TAA resolved the following: “SECOND: That regarding Daniel Antonio Gómez Fernández, National Minor ID 1-1947-0112, a minor (in accordance with the report visible on folio 200 of the administrative file), his parents are: Mrs. ROSAURA DE LA TRINIDAD FERNÁNDEZ ALVARADO, identity card No. 3-0340-0010, and Mr. RONALD GÓMEZ CÓRDOBA, holder of identity card number 3-0326-0583, the latter charged by Resolution No. 988-18-TAA of eight hours two minutes on September twenty-sixth, two thousand eighteen (in accordance with the report visible on folios 200 and 201 of the administrative file).... THIRD: Therefore, this Tribunal, in order to safeguard the minor's rights, considers it pertinent, in accordance with the provisions of article 5 of the Código de Familia, to inform Mrs. GLADYS JIMÉNEZ ARIAS, in her capacity as Executive President of the Patronato Nacional de la Infancia, or whoever occupies her position, of the complaint processed under administrative case file No. 402-10-03-TAA, for alleged piping (entubamiento) of a public domain watercourse, which involves a property identified as Finca Folio Real No. 3-254724, of the Province of Cartago, of which one of the current owners is a minor, DANIEL ANTONIO GÓMEZ FERNÁNDEZ, holder of identity card number 1-1947-0112, (in accordance with the report visible on folios 200 and 201 of the administrative file); for all the effects established by the Código de Familia and complementary regulations. FOURTH: In accordance with the provisions of article 140 of the Código de Familia, articles 19.1 and 19.4 of the Código Procesal Civil, Mrs. ROSAURA DE LA TRINIDAD FERNÁNDEZ ALVARADO, identity card No. 3-0340-0010, and Mr. RONALD GÓMEZ, holder of identity card number 3-0326-0583, in their capacity as parents of the minor DANIEL ANTONIO GÓMEZ FERNÁNDEZ, holder of identity card number 1-1947-0112, are informed of the complaint processed under administrative case file No. 402-10-03-TAA, for alleged piping (entubamiento) of a public domain watercourse, which involves a property identified as Finca Folio Real No. 3-254724, of the Province of Cartago; said farm is owned by the minor in the proportion of one-twelfth of the Bare Ownership (Nuda Propiedad), and they are warned, so that within a period of five business days, they indicate whether they are willing to assume the representation of their minor son and make the pertinent statements. FIFTH: That in accordance with the provisions of article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente, Mrs. Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado, identity card No. 3-0340-0010, in her capacity as owner of one-sixth of the Usufruct (Usufructo), and Mr. Ronald Alberto Gómez Fernández, identity card No. 3-0515-0880, in his capacity as owner of one-twelfth of the Bare Ownership (Nuda Propiedad), are informed of the complaint processed under administrative case file No. 402-10-03-TAA, for alleged piping (entubamiento) of a public domain watercourse, which involves the property identified as Finca Folio Real No. 3-254724, of the Province of Cartago; and they are warned, so that within a period of five days they make the statements they consider pertinent.” She argues that, subsequent to the holding of the oral and public hearing, the farm that is the subject of the complaint was acquired in November 2021 by Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado, Ronald Alberto Gómez Fernández and Daniel Antonio Gómez Fernández. She indicates that, considering that Daniel Antonio Gómez Fernández is a minor, the filed complaint was brought to the attention of his parents and the Executive President of the Patronato Nacional de la Infancia (PANI), as well as the new owners of the property, so that they may make the pertinent statements. She mentions that resolution No. 118-2022-TAA was notified to the Executive President of PANI and to the parties, notification remaining pending for Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado and Ronald Alberto Gómez Fernández. She notes that, once the warning (prevención) ordered in resolution No. 118-2022-TAA is fulfilled, proceedings will continue in accordance with the law. She requests that the recurso be dismissed.\n\n3. In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Garro Vargas; and,\n\n**CONSIDERANDO**\nI. PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the case—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, from judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the timeframes set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the admissible administrative remedies. Precisely, in the case sub lite, an exception is raised, as it concerns proceedings of an environmental nature that, allegedly, have not been resolved within a reasonable timeframe. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII. OBJECT OF THE RECURSO. The petitioner states that on November 16, 2010, he filed an environmental complaint before the respondent Tribunal for the piping (entubamiento) of the \"Caída\" stream (quebrada), over a length of 70 meters, without the legal permits granted by the Dirección de Aguas of MINAE. The foregoing, as it is affecting his property, which is located in the district of Cartago, Folio Real registration number 254724-000, El Carmen de Cartago. He indicates that after nine years of investigation and procedures, the hearing for the reception of evidence was scheduled for October 23, 2019. However, up to the time of filing this appeal—January 14, 2022—the judgment has not been issued, despite an unreasonable period of two years and three months having elapsed since the respondent authority stated that the matter remained to issue the final decision. For the reasons stated, he considers his fundamental rights violated.\n\nIII. PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly demonstrated as important for the decision on this matter, either because they have been proven or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:\na) Case file No. 402-10-03-TAA is processed before the TAA, corresponding to a complaint filed by Jesús Monge Mejía on August 24, 2010, for the piping (entubamiento) of the Caída stream (quebrada) on a property located in El Carmen de Cartago (see the attached report).\nb) By resolution No. 1493-10-TAA of 07:30 hours on October 21, 2010, the respondent Tribunal requested the director of the Dirección de Aguas of MINAE to indicate the status of file 427-Q and to remit the economic valuation of the environmental damage (see the attached report).\nc) On June 17, 2014, the director of the Dirección de Aguas of MINAE remitted the environmental valuation through official letter No. AT-2367-2014 to the respondent Tribunal (see the attached report).\nd) By resolution No. 492-17-TAA, the respondent Tribunal requested the Mayor of the Municipalidad de Cartago and the head of the oficina subregional de Cartago of the ACCVC to carry out an “in situ” ocular inspection of the reported property. To this end, it ordered them to submit a technical report (see the attached report).\ne) On May 18, 2017, the head of the oficina subregional de Cartago of the ACCVC, through official letter No. OSC-456, submitted the technical report of the inspection carried out (see the attached report).\nf) By resolution No. 194-18-TAA of 13:18 hours on March 5, 2018, the respondent Tribunal required the Mayor of the Municipalidad de Cartago to indicate who the registered owner of the reported property was (see the attached report).\ng) On March 22, 2018, the Mayor of the Municipalidad de Cartago provided a property registry certification of the reported property through official letter No. URB-OF-334-2018 (see the attached report).\nh) By resolution No. 988-18-TAA of 08:02 hours on September 26, 2018, the respondent Tribunal ordered the opening of the ordinary administrative proceeding and scheduled an oral and public hearing to be held at 08:30 hours on Wednesday, October 23, 2019 (see the attached report).\ni) On October 23, 2019, the Oral and Public Hearing was held (undisputed fact).\nj) In November 2021, the property that is the subject of the complaint was acquired by Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado, Ronald Alberto Gómez Fernández, and Daniel Antonio Gómez Fernández (see the attached report).\nk) On January 21, 2022, the respondent authority was notified of the filing of this recurso (see the notification records).\nl) By resolution No. 118-2022-TAA of 13:30 hours on January 25, 2022, the respondent Tribunal informed the Executive President of PANI and the parents of Daniel Antonio Gómez Fernández, who is one of the current owners of the property and a minor, of the complaint. In turn, the other owners were warned (prevención) to make the pertinent statements (see the attached report).\nm) Currently, case file No. 402-10-03-TAA is awaiting compliance with the warning (prevención) made through resolution No. 118-2022-TAA of 13:30 hours on January 25, 2022 (see the attached report).\n\nIV. UNPROVEN FACT. The following fact of relevance for this resolution is not deemed proven:\n\nSole: That resolution No. 118-2022-TAA of 13:30 hours on January 25, 2022, has been notified to Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado and Ronald Alberto Gómez Fernández.\n\nV. THE RIGHT TO PROMPT AND FULFILLED JUSTICE. The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee citizens the fulfillment of prompt and fulfilled justice, without denial, which implies, in the sphere of administrative justice, its obligation to decide the claims raised by the administered parties with diligence and celerity, so that its resolution is consistent with the raised points, as well as to communicate the decision to the interested parties, all within a reasonable timeframe. Thus, the “reasonable” nature of the duration of the administrative activity is determined casuistically based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the breadth of the evidence to be evaluated, or the degree of affectation to the person or the environment of the contested act, from which it is inferred that there is no strict right to the constitutionalization of timeframes, but rather, a right that constitutional control be applied to those actions of the Administration in which there are insufficient reasons to justify the time taken in resolving some type of administrative proceeding.\n\nVI. THE SPECIFIC CASE. In the case under study, it is evident that on August 24, 2010, Jesús Monge Mejía filed a complaint before the TAA for the piping (entubamiento) of the Caída stream (quebrada) on a property located in El Carmen de Cartago, which was assigned case file number 402-10-03-TAA. On this matter, the respondent party asserted that through resolution No. 1493-10-TAA of 07:30 hours on October 21, 2010, the respondent Tribunal requested the director of the Dirección de Aguas of MINAE to indicate the status of file 427-Q and to remit the economic valuation of the environmental damage. It is gathered that said requirement was fulfilled by the Dirección de Aguas of MINAE on June 17, 2014, through official letter No. AT-2367-2014. It is on record from the approved report that through resolution No. 492-17-TAA, the TAA requested the Mayor of the Municipalidad de Cartago and the head of the oficina subregional de Cartago of the ACCVC to carry out an “in situ” ocular inspection of the reported property. To this end, it ordered them to submit a technical report. Thus, on May 18, 2017, the head of the oficina subregional de Cartago of the ACCVC remitted what was requested through official letter No. OSC-456. In turn, it is proven that on March 5, 2018, by resolution No. 194-18-TAA, the respondent Tribunal required the Mayor of the Municipalidad de Cartago to indicate who the registered owner of the reported property was. Therefore, on March 22, 2018, the Mayor of the Municipalidad de Cartago provided a property registry certification of the reported property through official letter No. URB-OF-334-2018. Thus, on September 26, 2018, through resolution No. 988-18-TAA, the respondent party ordered the opening of the ordinary administrative proceeding and consequently, held the oral and public hearing on Wednesday, October 23, 2019. Now, it is confirmed from the report rendered under oath that in November 2021, the property that is the subject of the complaint was acquired by Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado, Ronald Alberto Gómez Fernández, and Daniel Antonio Gómez Fernández. Following this, through resolution No. 118-2022-TAA of 13:30 hours on January 25, 2022, the respondent Tribunal informed the Executive President of PANI and the parents of Daniel Antonio Gómez Fernández, who is one of the current owners of the property and a minor, of the complaint. In turn, the other owners were warned (prevención) to make the pertinent statements.\n\nDespite the foregoing, the respondent authority reported that administrative case file No. 402-10-03-TAA is currently awaiting compliance with the warning (prevención) of what was resolved on January 25, 2022, in order to proceed in accordance with the law. Under the described scenario, this Chamber considers that an undue delay or unjustified hold-up has indeed occurred, which violates the petitioner's fundamental right to a prompt and fulfilled administrative procedure, enshrined in Article 41 of the Constitution. In this regard, it should be noted that the oral and public hearing was held on October 23, 2019, that is, more than two years ago. However, it was not until January 25, 2022, which occurred on the occasion of the notification of the initial order to the respondents, that resolution No. 118-2022-TAA of 13:30 hours was issued; that is, approximately two years elapsed without the respondent office having carried out any procedural diligence or, failing that, resolving it definitively; this, without a valid and reasonable justification.\n\nIn addition to the foregoing, it is not evident from the case file that resolution No. 118-2022-TAA of 1:30 p.m. on January 25, 2022, was notified to Rosaura de la Trinidad Fernández Alvarado and Ronald Alberto Gómez Fernández. Therefore, given that as of the date this appeal was filed, the proceeding in question had not yet been resolved by the appealed authority, the appropriate course is to grant the appeal, with the consequences indicated in the operative part of this judgment.\n\nVII. The TAA must bear in mind that it is its duty to diligently process and analyze the complaints filed before it. In short, refrain from again incurring in delays such as that which occurred in the complaint filed by the appellant.\n\nVIII. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must caution the parties that, should any documents have been provided in paper form, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or means produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPOR TANTO\n\nThe appeal is granted with merit. Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñónez, in her capacity as President of the Tribunal Ambiental Administrativo, or whoever holds that office in her stead, is ordered that, once all parties are notified and the period set forth in resolution No. 118-2022-TAA of 1:30 p.m. on January 25, 2022, has elapsed, she issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of her authority so that, within a period not exceeding ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, she definitively resolves, without undue delays, the environmental complaint filed on August 24, 2010, and notifies the resolution reached. It is warned that failure to comply with said order could result in the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts giving rise to this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence phase of the contentious-administrative proceeding. Let it be notified.\n\n \n\n \n\n \n\t\nFernando Castillo V.\nPresident\n\t\n \n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\t\n \n\t\nJorge Araya G.\n\n\nAnamari Garro V.\n\t\n \n\t\nAna María Picado B.\n\n\nIleana Sánchez N.\n\t\n \n\t\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*RY5HWK3SFEE61*\n\n RY5HWK3SFEE61\n\nEXPEDIENTE N° 22-000890-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:10:53.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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