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  "id": "nexus-sen-1-0007-1077944",
  "citation": "Res. 05119-2022 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Mora municipal en denuncia por lote abandonado insalubre",
  "title_en": "Municipal delay in responding to unsanitary abandoned lot complaint",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo contra la Municipalidad de Desamparados por no haber resuelto en definitiva una denuncia ambiental sobre un terreno abandonado en condiciones insalubres, presentada en julio de 2021. La recurrente alegó que el abandono facilitaba quemas, consumo de drogas, acumulación de basura y representaba un riesgo para su salud y vida. La Sala determina que, aunque la municipalidad realizó una inspección y constató el incumplimiento del artículo 84 del Código Municipal, transcurrieron más de siete meses sin resolver la denuncia, lo que constituye mora administrativa lesiva del derecho a la justicia pronta y cumplida (artículo 41 constitucional) y del derecho a un ambiente sano (artículo 50). Se ordena atender y resolver la denuncia en plazos de uno y dos meses respectivamente, recordando a la municipalidad su facultad de actuar directamente ante la inacción de los propietarios y luego cobrar los costos.",
  "summary_en": "The Constitutional Court granted an amparo against the Municipality of Desamparados for failing to definitively resolve an environmental complaint about an abandoned, unsanitary lot, filed in July 2021. The complainant argued that the abandonment facilitated fires, drug use, trash accumulation, and threatened her health and life. The Court held that although the municipality inspected the site and verified noncompliance with Article 84 of the Municipal Code, more than seven months elapsed without resolving the complaint, constituting administrative delay violating the rights to prompt justice (Article 41 of the Constitution) and a healthy environment (Article 50). It ordered the municipality to address and decide the complaint within one and two months, respectively, reminding it of its authority to act directly when owners fail to do so and then recover costs.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "04/03/2022",
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  "topic_ids": [
    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
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    "mora administrativa",
    "ambiente sano y ecológicamente equilibrado",
    "artículo 50 Constitución",
    "artículo 41 Constitución",
    "artículo 84 Código Municipal",
    "denuncia ambiental",
    "amparo"
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  "keywords_es": [
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    "derecho a la salud",
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    "Municipalidad de Desamparados",
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  "keywords_en": [
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    "right to health",
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    "Article 41 Constitution",
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    "municipal inspection"
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  "excerpt_es": "Tras analizar los elementos probatorios aportados y los informes que rindieron bajo juramento las autoridades recurridas, este Tribunal ha llegado a la conclusión de que, en el sub judice, se acredita una vulneración a los derechos de la parte tutelada... En razón de lo anterior, de acuerdo a los elementos probatorios descritos, este Tribunal evidencia la mora administrativa alegada, y con ello la lesión al artículo 41 de la Constitución Política, ya que, a pesar de que la Municipalidad de Desamparados indica que ha realizado gestiones para continuar con el trámite y poder atender la denuncia ambiental mencionada, lo cierto es que dicha denuncia no ha sido resuelta en definitiva, pese a que han transcurrido más de siete meses, situación que evidentemente lesiona el derecho a la justicia pronta y cumplida y, consecuentemente, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.",
  "excerpt_en": "After analyzing the evidence and the sworn reports of the respondent authorities, this Court concluded that a violation of the petitioner's rights was demonstrated... Based on the evidence, the Court finds the alleged administrative delay and consequent violation of Article 41 of the Constitution, because although the Municipality of Desamparados indicated that it had taken steps to continue processing the environmental complaint, the complaint had not been definitively resolved despite more than seven months having passed, clearly violating the right to prompt and complete justice and, consequently, the right to a healthy and ecologically balanced environment.",
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    "summary_en": "The Constitutional Court granted the amparo due to administrative delay, ordering the environmental complaint to be resolved within one month and the decision notified within two months.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo por mora administrativa, ordenando resolver la denuncia ambiental en el plazo de un mes y notificar la decisión en dos meses."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Artículo 50 Constitución Política",
      "quote_en": "The State shall guarantee, defend and preserve that right.",
      "quote_es": "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho."
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      "quote_es": "Este Tribunal evidencia la mora administrativa alegada, y con ello la lesión al artículo 41 de la Constitución Política, ... la denuncia no ha sido resuelta en definitiva, pese a que han transcurrido más de siete meses, situación que evidentemente lesiona el derecho a la justicia pronta y cumplida y, consecuentemente, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
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    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "The lack of notification is not sufficient reason for the respondents not to have resolved the reported situation, especially since it is an environmental matter, given that the law authorizes them to act in the face of owners' failure to fulfill their duties and, subsequently, to manage the corresponding collection.",
      "quote_es": "La falta de notificación no es motivo suficiente para que los recurridos no hayan resuelto la situación denunciada, máxime que se trata de un tema ambiental, ya que la ley los faculta a actuar ante la omisión de deberes de los propietarios y, posteriormente, gestionar el cobro respectivo."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1077944",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 05119 - 2022\n\nFecha de la Resolución: 04 de Marzo del 2022 a las 09:20\n\nExpediente: 22-001977-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: PRONTA RESOLUCIÓN\n\nSubtemas:\n\nMORA ADMINISTRATIVA..\n\n0005119-22. SE DENUNCIA QUE LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS NO CONTESTA SOBRE UNA DENUNCIA DE UN LOTE ABANDONADO EN MALAS CONDICIONES. SE DECLARA CON LUGAR, AL CONSIDERARSE QUE, ES UN PROBLEMÁTICA QUE PODRÍA REPRESENTAR UNA AMENAZA AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO.  \nDe previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión de índole ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nLBH09/22\n\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\n0005119-22. SE DENUNCIA QUE LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS NO CONTESTA SOBRE UNA DENUNCIA DE UN LOTE ABANDONADO EN MALAS CONDICIONES. SE DECLARA CON LUGAR, AL CONSIDERARSE QUE, ES UN PROBLEMÁTICA QUE PODRÍA REPRESENTAR UNA AMENAZA AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO.  LBH09/22\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nCONTAMINACION.\n\n0005119-22. SE DENUNCIA QUE LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS NO CONTESTA SOBRE UNA DENUNCIA DE UN LOTE ABANDONADO EN MALAS CONDICIONES. SE DECLARA CON LUGAR, AL CONSIDERARSE QUE, ES UN PROBLEMÁTICA QUE PODRÍA REPRESENTAR UNA AMENAZA AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO.  \n\"La recurrente manifiesta que es vecina de Desamparados. Indica que desde hace varios años tiene problemas por las condiciones insalubres en las que se encuentra un terreno abandonado al lado de su propiedad. \"\nLBH09/22\n\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social.”\n\nLBH09/22\n\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nCONTAMINACION.\n\nNota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que el recurrente incoó una denuncia por contaminación ambiental ante la Municipalidad de Desamparados y la misma no ha sido resuelta. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\n\n\nLBH09/22\n\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 22-001977-0007-CO\n\nRes. Nº 2022005119\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidos .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-001977-0007-CO, interpuesto por EDITH SÁNCHEZ AGUILAR, cédula de identidad 0103660975,  contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS.\n\nResultando\n\n1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 29 de enero de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Desamparados. Comenta que es vecina de Barrio Calle Agustín Valverde en Desamparados. Indica que desde hace varios años tiene problemas por las condiciones insalubres en las que se encuentra un terreno abandonado cerca de su propiedad, al cual ingresan personas indigentes que realizan quemas, consumen drogas, generan basura y hacen sus necesidades fisiológicas en el lugar, lo que pone en riesgo su vida y su salud. Señala que el 19 de julio de 2021 incoó una denuncia ante el Departamento de Inspección de la Municipalidad de Desamparados por los hechos indicados; sin embargo, alega que, al día de interponer este recurso, los accionados no habían resuelto su gestión. Considera que lo expuesto viola sus derechos fundamentales.\n\n2. Informan bajo juramento Gilberth Jiménez Siles, en su condición de alcalde, y Pablo Brenes Azofeifa, en su condición de jefe de la Unidad de Inspección General, ambos de la Municipalidad de Desamparados. Exponen que el 19 de julio de 2021 recibieron la solicitud de la recurrente, a la cual se le asignaron el trámite N° 14064-2021. Manifiestan que el 27 de julio de 2021, en atención a la gestión de la recurrente, el inspector municipal rindió un informe mencionando lo siguiente: “En la inspección se observa que las fincas No. 416633 y 416634 son lotes baldíos que se encuentran enmontados, sin cercar y sin aceras, por lo que están incumpliendo con el artículo No. 84 del Código Municipal. El caso se le trasladará a la Comisión de Aceras para que se proceda con el proceso de notificación”. Indican que mediante oficio N° AT-IM-177-2022, el área de Inspección Municipal contestó el trámite N° 14064-2021. Argumentan que el municipio recurrido no puede favorecer el estado de los inmuebles si previamente no notifica a los propietarios. Apunta que, en el caso en concreto, uno de los propietarios de los inmuebles aludidos falleció y no logran ubicar el domicilio de otro de los titulares. Sostienen que efectuarán el procedimiento administrativo de notificación por medio de publicación por edicto. Solicitan que se declare sin lugar el recurso de amparo.\n\n3. Por constancia extendida el 10 de febrero de 2022, la Secretaría de la Sala Constitucional hace constar que el jefe de Fiscalización Urbana y Rural de la Municipalidad de Desamparados no presentó escrito o documento alguno, esto con el fin de rendir el informe que se le solicitó en el auto inicial del amparo.\n\n4. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\nConsiderando\n\nI.- Cuestión previa. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión de índole ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que es vecina de Desamparados. Indica que desde hace varios años tiene problemas por las condiciones insalubres en las que se encuentra un terreno abandonado al lado de su propiedad. Señala que el 19 de julio de 2021 incoó una denuncia ante el Departamento de Inspección de la Municipalidad de Desamparados por los hechos indicados; sin embargo, alega que, al día de interponer este recurso, los accionados no habían resuelto su gestión.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)      El 19 de julio de 2021 la recurrente planteó una gestión ante el Departamento de Inspección de la Municipalidad de Desamparados, en la que indicó: “Continuo a mi casa de habitación se ubica un lote con una cabida de más de 5,000 metros cuadrados, el cual se encuentra inscrito en el Registro Inmobiliario del Registro Nacional bajo el Folio Real 416634-001 perteneciente a quien en vida fuera el señor Juan Carlos Camacho Piedra, con cédula de identidad 1-0500-0122 (…) Desde hace muchos años, dicho terreno se encuentra en total estado de abandono, lo que se presta para que vecinos y personas de otras comunidades ingresen a dejar todo tipo de basuras, escombros, e incluso a consumir drogas. Hace unas semanas, dio inicio en dicho lote un incendio que se extendió hasta escasos dos metros de mi casa. Después de varias horas, los bomberos lograron extinguirlo, pero el fuerte olor a humo y las cenizas permanecieron por varios días. Me vi afectada tanto en mi salud física como emocional. (…) solicito respetuosamente a la Municipalidad de Desamparados que una vez comprobado lo indicado por la suscrita en la presente nota mediante la debida inspección del lote, proceda según considere más indicado, ya sea denunciando la situación ante el Ministerio de Salud o bien asumiendo las acciones que sean necesarias para lograr a la brevedad posible, la limpieza del terreno, removiendo de él escombros, basura, maleza, y de ser posible, cercando para evitar que personas inescrupulosas ingresen a la propiedad a consumir drogas y otros delitos”. Trámite al que se le asignó el número 14064-2021 (ver prueba adjunta).\n\nb)      El 27 de julio de 2021 el inspector municipal de Desamparados, Wálter Mena Gómez, indicó: “En atención a la referencia, se realizó una inspección en Calle Moncho Porras, contiguo a la Urbanización La Leyenda del distrito San Juan de Dios. En la inspección se observa que las fincas No. 416633 y 416634 son lotes baldíos que se encuentran enmontados, sin cercar y sin aceras, por lo que están incumpliendo con a Artículo No. 84 del Código Municipal. El caso se le trasladará a la Comisión de Aceras para que se proceda con el proceso de notificación” (ver prueba adjunta).\n\nc)       El 04 de febrero de 2022, las autoridades recurridas fueron notificadas de la interposición de este recurso (ver actas de notificación).\n\nd)      Mediante oficio N° AT-IM-177-2022 de 04 de febrero de 2022, emitido por el coordinador de Inspección Municipal de Desamparados y dirigido a la recurrente, se indicó: “con respecto a lotes enmontados, le indico que se realizó la inspección de las fincas denunciadas, se confeccionaron los expedientes administrativos, así como la notificación para el traslado formal de cargos de acuerdo a lo establecido en el artículo No. 84 del Código Municipal, sin embargo, no se ha logrado realizar la notificación a los propietarios registrales, debido a que son terrenos baldíos, en uno de los casos los propietarios se encuentran fallecidos, y en el otro no se ubica el domicilio para notificar a la propietaria. Es por lo anterior que se incorporan para realizar el procedimiento administrativo establecido de notificación por publicación vía edicto. (…) se adjunta copia de informe de inspector No. DT-FU-WMG-251-2021” (ver prueba adjunta).\n\ne)      El 04 de febrero de 2022, un funcionario del Proceso de Fiscalización Urbana y Rural envió un correo a la dirección spacheco@masterlex.com, correspondiente a la amparada, en el que plasmó: “Se le aporta oficio AT-IM-1 77-2022 y anexo con respecto al trámite de la Plataforma de Servicios No. 14064-2021” (ver prueba adjunta).\n\n IV.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en Sentencia N° 2021-007464, este Tribunal resolvió:\n\n“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase Sentencia No. 1998-0180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país”. (Lo destacado no corresponde al original)”.\n\nAsimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Esta norma que establece al efecto:\n\n\"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes\".\n\nCon lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nV.- Sobre el caso concreto. Tras analizar los elementos probatorios aportados y los informes que rindieron bajo juramento las autoridades recurridas, este Tribunal ha llegado a la conclusión de que, en el sub judice, se acredita una vulneración a los derechos de la parte tutelada por los motivos que a continuación se expondrán.\n\nPrimeramente, se acredita que el 19 de julio de 2021 la recurrente planteó una gestión ante el Departamento de Inspección de la Municipalidad de Desamparados, debido a las condiciones insalubres de un terreno abandonado al lado de su propiedad, lo que implica un riesgo para su vida y su salud. Del mismo modo, se constata que el 27 de julio de 2021 un inspector municipal de Desamparados acudió al sitio y comprobó la situación denunciada por la amparada. Asimismo, se comprueba que, con ocasión a la notificación de la interposición de este recurso, las autoridades recurridas emitieron el oficio N° AT-IM-177-2022, mediante el cual le informaron a la recurrente el estado de su trámite, indicándole que aún no habían podido notificar a los propietarios de los inmuebles y que realizarían la notificación por medio de publicación de edicto; sin embargo, se desprende de los autos que la situación denunciada continúa.  \n\nAhora bien, del estudio de los autos se determina que la Municipalidad de Desamparados sí realizó una inspección en el sitio en aras de atender la denuncia incoada por la recurrente, en la cual se constató lo siguiente “las fincas No. 416633 y 416634 son lotes baldíos que se encuentran enmontados, sin cercar y sin aceras, por lo que están incumpliendo con a Artículo No. 84 del Código Municipal”. Sin embargo, de la prueba adjunta se demuestra que, del 27 de julio de 2021 al día de la notificación de este recurso, la autoridad accionada no había realizado mayor trámite para resolver la denuncia en cuestión; al contrario, se comprueba que fue debido a la interposición de este amparo que los recurridos emitieron y notificaron el oficio N° AT-IM-177-2022 de 4 de febrero de 2022. Aunado a lo anterior, los accionados informaron bajo juramento que notificarán a los propietarios de los inmuebles denunciados por medio de publicación en el edicto, con el fin de poder continuar con la tramitación de la denuncia. No obstante, no se demuestra que ya hayan realizado la publicación ni tampoco indicaron la fecha en la que lo harían. Es importante indicar que las autoridades recurridas tienen la responsabilidad de procurar, dentro del marco de sus competencias, la gestión diligente de los procesos, así como el deber de procurar una solución pronta y eficaz a la situación objeto del recurso, pues resulta innegable que la problemática denunciada podría representar una amenaza al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ello, tal denuncia requiere ser atendida y resuelta dentro de un plazo proporcional, lo cual no ha ocurrido.\n\nAdicionalmente, se le recuerda a las autoridades del gobierno local recurrido lo plasmado en el ordinal 84 del Código Municipal, el cual indica, en lo conducente:\n\n“Artículo 84.- De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones: (…) h) Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades, cuando se afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas. (…) Cuando en un lote exista una edificación inhabitable que arriesgue la vida, el patrimonio o la integridad física de terceros, o cuyo estado de abandono favorezca la comisión de actos delictivos, la municipalidad podrá formular la denuncia correspondiente ante las autoridades de salud y colaborar con ellas en el cumplimiento de la Ley 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973. Salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los munícipes incumplan las obligaciones anteriores o cuando la inexistencia o mal estado de la acera ponga en peligro la seguridad e integridad o se limite la accesibilidad de los peatones, la municipalidad está facultada para suplir la omisión de esos deberes, realizando de forma directa las obras o prestando los servicios correspondientes. Por los trabajos ejecutados, la municipalidad cobrará al propietario o poseedor del inmueble el costo efectivo del servicio o la obra. El munícipe deberá reembolsar el costo efectivo en el plazo máximo de ocho días hábiles; de lo contrario, deberá cancelar por concepto de multa un cincuenta por ciento (50%) del valor de la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses moratorias. Con base en un estudio técnico previo, el concejo municipal fijará los precios mediante acuerdo emanado de su seno, el cual deberá publicarse en La Gaceta para entrar en vigencia. Las municipalidades revisarán y actualizarán anualmente estos precios y serán publicados por reglamento. Cuando se trate de las omisiones incluidas en el párrafo trasanterior de este artículo y la municipalidad haya conocido por cualquier medio la situación de peligro, la municipalidad está obligada a suplir la inacción del propietario, previa prevención al munícipe conforme al debido proceso y sin perjuicio de cobrar el precio indicado en el párrafo anterior. En todo caso y de manera excepcional, se autoriza a la municipalidad para eximir del cobro por concepto de construcción de obra nueva de las aceras cuando se demuestre, mediante un estudio socioeconómico que practique la corporación municipal, que los propietarios o poseedores por cualquier título carecen de recursos económicos suficientes” (el resaltado es agregado).\n\nTomando en cuenta lo anterior, esta Sala considera que la falta de notificación no es motivo suficiente para que los recurridos no hayan resuelto la situación denunciada, máxime que se trata de un tema ambiental, ya que la ley los faculta a actuar ante la omisión de deberes de los propietarios y, posteriormente, gestionar el cobro respectivo.\n\nEn razón de lo anterior, de acuerdo a los elementos probatorios descritos, este Tribunal evidencia la mora administrativa alegada, y con ello la lesión al artículo 41 de la Constitución Política, ya que, a pesar de que la Municipalidad de Desamparados indica que ha realizado gestiones para continuar con el trámite y poder atender la denuncia ambiental mencionada, lo cierto es que dicha denuncia no ha sido resuelta en definitiva, pese a que han transcurrido más de siete meses, situación que evidentemente lesiona el derecho a la justicia pronta y cumplida y, consecuentemente, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En virtud de lo anterior, al constatarse una lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada, lo procedente es declarar con lugar el recurso de amparo, como se dispondrá en la parte dispositiva de la sentencia.\n\nVI.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que el recurrente incoó una denuncia por contaminación ambiental ante la Municipalidad de Desamparados y la misma no ha sido resuelta. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\n\nVII.- Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Gilberth Jiménez Siles, en su condición de alcalde de Desamparados, o a quien en su lugar ocupe el cargo, girar las ordenes pertinentes y llevar a cabo las acciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para que: 1) en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, atienda de manera definitiva la denuncia ambiental incoada por la recurrente, pudiendo ejecutar, posteriormente, los cobros de los gastos en los que hayan incurrido a los propietarios de los inmuebles, según lo establece el Código Municipal. 2) en el plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan y notifiquen la denuncia incoada por la recurrente el 19 de julio de 2021. Se le advierte que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n LLFW4OFPS2M61\n\nEXPEDIENTE N° 22-001977-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:45:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\n\nNormal\n\nSmall\n\nSala Constitucional\n\nResolution No. 05119 - 2022\n\nDate of Resolution: March 4, 2022, at 09:20\n\nExpediente: 22-001977-0007-CO\n\nDrafted by: Anamari Garro Vargas\n\nType of matter: Amparo remedy\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nJudgment with separate note\n\nRelevance Indicators\n\nRelevant judgment\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: PROMPT RESOLUTION\n\nSubtopics:\n\nADMINISTRATIVE DELAY..\n\n0005119-22. IT IS ALLEGED THAT THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS DOES NOT RESPOND REGARDING A COMPLAINT ABOUT AN ABANDONED LOT IN POOR CONDITIONS. IT IS DECLARED WITH MERIT, CONSIDERING THAT IT IS A PROBLEM THAT COULD REPRESENT A THREAT TO THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT.\n\nPrior to analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and duly completed procedure—it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative remedies. Precisely, in the sub lite case, a case of exception is raised, as it involves a matter of an environmental nature that, allegedly, has not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nLBH09/22\n\n... See more\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: MUNICIPALITY\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\n0005119-22. IT IS ALLEGED THAT THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS DOES NOT RESPOND REGARDING A COMPLAINT ABOUT AN ABANDONED LOT IN POOR CONDITIONS. IT IS DECLARED WITH MERIT, CONSIDERING THAT IT IS A PROBLEM THAT COULD REPRESENT A THREAT TO THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. LBH09/22\n\n... See more\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nPOLLUTION.\n\n0005119-22. IT IS ALLEGED THAT THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS DOES NOT RESPOND REGARDING A COMPLAINT ABOUT AN ABANDONED LOT IN POOR CONDITIONS. IT IS DECLARED WITH MERIT, CONSIDERING THAT IT IS A PROBLEM THAT COULD REPRESENT A THREAT TO THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT.\n\n\"The complainant states that she is a resident of Desamparados. She indicates that for several years she has had problems due to the unsanitary conditions in which an abandoned land next to her property is found.\"\n\nLBH09/22\n\n... See more\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 050- Environment\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. \"On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at a constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally, and that the State is responsible for protecting the environment, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obliges the State to provide everything necessary, within the scope permitted by law, to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the favorable social conditions so that each person can enjoy their health, this right being understood as a situation of physical, psychological (or mental), and social well-being.\"\n\nLBH09/22\n\n... See more\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Separate note\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nPOLLUTION.\n\nNote from Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criteria of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter to know the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50, of the Political Constitution), as is the case here, in which it is alleged that the complainant filed a complaint for environmental pollution before the Municipality of Desamparados and it has not been resolved. The foregoing, with a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.\n\n\nLBH09/22\n\n\n... See more\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 22-001977-0007-CO\n\nRes. No. 2022005119\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on March fourth, two thousand twenty-two.\n\nAmparo remedy processed in expediente number 22-001977-0007-CO, filed by EDITH SÁNCHEZ AGUILAR, identity card 0103660975, against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS.\n\nResultando\n\n1. By document received at the Secretariat of the Chamber on January 29, 2022, the complainant files an amparo remedy against the Municipality of Desamparados. She states that she is a resident of Barrio Calle Agustín Valverde in Desamparados. She indicates that for several years she has had problems due to the unsanitary conditions in which an abandoned land near her property is found, which homeless people enter to carry out burnings, consume drugs, generate garbage, and perform their physiological needs on the site, which endangers her life and her health. She points out that on July 19, 2021, she filed a complaint before the Inspection Department of the Municipality of Desamparados for the indicated facts; however, she alleges that, as of the day of filing this remedy, the respondents had not resolved her request. She considers that the aforementioned violates her fundamental rights.\n\n2. Under oath, Gilberth Jiménez Siles, in his capacity as mayor, and Pablo Brenes Azofeifa, in his capacity as head of the General Inspection Unit, both of the Municipality of Desamparados, report. They state that on July 19, 2021, they received the complainant's request, which was assigned processing number 14064-2021. They state that on July 27, 2021, in response to the complainant's request, the municipal inspector issued a report mentioning the following: \"In the inspection, it is observed that properties No. 416633 and 416634 are vacant lots that are overgrown, unfenced, and without sidewalks, therefore they are in breach of article No. 84 of the Municipal Code. The case will be transferred to the Sidewalk Commission to proceed with the notification process.\" They indicate that through official communication No. AT-IM-177-2022, the Municipal Inspection area responded to processing number 14064-2021. They argue that the respondent municipality cannot address the state of the properties without first notifying the owners. They note that, in the specific case, one of the owners of the aforementioned properties has passed away and they have been unable to locate the address of another of the titleholders. They maintain that they will carry out the administrative notification procedure by means of publication by edict. They request that the amparo remedy be declared without merit.\n\n3. By certification issued on February 10, 2022, the Secretariat of the Sala Constitucional certifies that the head of Urban and Rural Oversight of the Municipality of Desamparados did not present any document or document, for the purpose of rendering the report requested in the initial order of the amparo.\n\n4. In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Garro Vargas; and,\n\nConsiderando\n\nI.- Preliminary matter. Prior to analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and duly completed procedure—it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative remedies. Precisely, in the sub lite case, a case of exception is raised, as it involves a matter of an environmental nature that, allegedly, has not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- Object of the remedy. The complainant states that she is a resident of Desamparados. She indicates that for several years she has had problems due to the unsanitary conditions in which an abandoned land next to her property is found. She points out that on July 19, 2021, she filed a complaint before the Inspection Department of the Municipality of Desamparados for the indicated facts; however, she alleges that, as of the day of filing this remedy, the respondents had not resolved her request.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent party has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) On July 19, 2021, the complainant filed a request before the Inspection Department of the Municipality of Desamparados, in which she indicated: \"Next to my home is a lot with an area of more than 5,000 square meters, which is registered in the Real Estate Registry of the National Registry under Folio Real 416634-001 belonging to the late Mr. Juan Carlos Camacho Piedra, with identity card 1-0500-0122 (…) For many years, this land has been in a total state of abandonment, which lends itself to neighbors and people from other communities entering to leave all types of garbage, debris, and even to consume drugs. A few weeks ago, a fire started on said lot that spread to just two meters from my house. After several hours, the firefighters managed to extinguish it, but the strong smell of smoke and ash remained for several days. I was affected both in my physical and emotional health. (…) I respectfully request the Municipality of Desamparados that, once what I have indicated in this note has been verified through a proper inspection of the lot, proceed as it deems most appropriate, either by reporting the situation to the Ministry of Health or by undertaking the necessary actions to achieve, as soon as possible, the cleaning of the land, removing debris, garbage, weeds, and, if possible, fencing it to prevent unscrupulous people from entering the property to consume drugs and commit other crimes.\" This request was assigned number 14064-2021 (see attached evidence).\n\nb) On July 27, 2021, the municipal inspector of Desamparados, Wálter Mena Gómez, indicated: \"In response to the reference, an inspection was carried out on Calle Moncho Porras, adjacent to the Urbanización La Leyenda in the San Juan de Dios district. In the inspection, it is observed that properties No. 416633 and 416634 are vacant lots that are overgrown, unfenced, and without sidewalks, therefore they are in breach of Article No. 84 of the Municipal Code. The case will be transferred to the Sidewalk Commission to proceed with the notification process\" (see attached evidence).\n\nc) On February 4, 2022, the respondent authorities were notified of the filing of this remedy (see notification records).\n\nd) Through official communication No. AT-IM-177-2022 of February 4, 2022, issued by the coordinator of Municipal Inspection of Desamparados and addressed to the complainant, it was indicated: \"regarding overgrown lots, I inform you that the inspection of the reported properties was carried out, the administrative expedientes were prepared, as well as the notification for the formal transfer of charges in accordance with the provisions of article No. 84 of the Municipal Code, however, it has not been possible to carry out the notification to the registered owners, because they are vacant lands, in one of the cases the owners are deceased, and in the other, the address cannot be located to notify the owner. It is for this reason that they are being incorporated to carry out the established administrative procedure of notification by publication via edict. (…) a copy of inspector report No. DT-FU-WMG-251-2021 is attached\" (see attached evidence).\n\ne) On February 4, 2022, an official from the Urban and Rural Oversight Process sent an email to the address spacheco@masterlex.com, corresponding to the amparo petitioner, in which they stated: \"Official communication AT-IM-1 77-2022 and annex are provided with respect to the processing of the Services Platform No. 14064-2021\" (see attached evidence).\n\nIV.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. It must be indicated, firstly, that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73, and 89, of the Political Constitution), as well as through the applicable international regulations in Costa Rica. In this regard, in Judgment No. 2021-007464, this Court resolved:\n\n\"On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at a constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally, and that the State is responsible for protecting the environment, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obliges the State to provide everything necessary, within the scope permitted by law, to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the favorable social conditions so that each person can enjoy their health, this right being understood as a situation of physical, psychological (or mental), and social well-being (see Judgment No. 1998-0180 of 16:24 hours on January 13, 1998). The objective obligation of the State in matters of environmental protection does not necessarily entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right to demand that suitable measures be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities, or by natural and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that harm the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to organization and administrative procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo remedy, a specific type of welfare activity from the State in fulfillment of its duty to protect the life, health, or right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of individuals. From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of the proven inertia of the State, through its competent bodies, in addressing the demands that the inhabitants of the country make in exercise of their rights.\" (The highlighting does not correspond to the original).\"\n\nLikewise, Article 50 of the Political Constitution derives the obligation of the State to protect the environment. This norm establishes to that effect:\n\n\"The State shall seek the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon this right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve this right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.\"\n\nWith which it is corroborated that the various public authorities have the inescapable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nV.- On the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities, this Court has reached the conclusion that, in the sub judice case, a violation of the rights of the protected party is accredited for the reasons set forth below.\n\nFirstly, it is accredited that on July 19, 2021, the complainant filed a request before the Inspection Department of the Municipality of Desamparados, due to the unsanitary conditions of an abandoned land next to her property, which implies a risk to her life and health. Likewise, it is verified that on July 27, 2021, a municipal inspector from Desamparados went to the site and confirmed the situation reported by the amparo petitioner. Furthermore, it is verified that, on the occasion of the notification of the filing of this remedy, the respondent authorities issued official communication No. AT-IM-177-2022, through which they informed the complainant of the status of her processing, indicating that they had not yet been able to notify the owners of the properties and that they would carry out the notification by means of publication of an edict; however, it follows from the record that the reported situation continues.\n\nNow, from the study of the record, it is determined that the Municipality of Desamparados did carry out an on-site inspection in order to address the complaint filed by the complainant, in which the following was verified: \"properties No. 416633 and 416634 are vacant lots that are overgrown, unfenced, and without sidewalks, therefore they are in breach of Article No. 84 of the Municipal Code.\" However, the attached evidence demonstrates that, from July 27, 2021, to the day of the notification of this remedy, the respondent authority had not carried out any further processing to resolve the complaint in question; on the contrary, it is proven that it was due to the filing of this amparo that the respondents issued and notified official communication No. AT-IM-177-2022 of February 4, 2022. In addition to the foregoing, the defendants reported under oath that they will notify the owners of the reported properties by means of publication in the edict, in order to be able to continue with the processing of the complaint. However, it is not demonstrated that they have already carried out the publication, nor did they indicate the date on which they would do so. It is important to indicate that the respondent authorities have the responsibility to ensure, within the scope of their competencies, the diligent management of processes, as well as the duty to seek a prompt and effective solution to the situation that is the object of the remedy, since it is undeniable that the reported problem could represent a threat to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment; therefore, such a complaint needs to be attended to and resolved within a proportional timeframe, which has not occurred.\n\nAdditionally, the authorities of the respondent local government are reminded of what is stated in section 84 of the Municipal Code, which indicates, in its relevant part:\n\n\"Article 84.- In accordance with the municipal regulatory plan, natural or legal persons, owners or possessors, by any title, of real property, must comply with the following obligations: (…) h) Adequately guarantee the safety, cleanliness, and maintenance of properties, when they affect public roads or properties or third parties related to them. (…) When on a lot there exists an uninhabitable building that endangers the life, property, or physical integrity of third parties, or whose state of abandonment favors the commission of criminal acts, the municipality may file the corresponding complaint before the health authorities and collaborate with them in compliance with Ley 5395, General Health Law, of October 30, 1973. Except as ordered in the General Health Law, when the citizens fail to comply with the previous obligations or when the non-existence or poor condition of the sidewalk endangers the safety and integrity or limits the accessibility of pedestrians, the municipality is empowered to remedy the omission of those duties, directly carrying out the works or providing the corresponding services. For the works carried out, the municipality shall charge the owner or possessor of the property the effective cost of the service or work. The citizen must reimburse the effective cost within a maximum period of eight business days; otherwise, they must pay a fine of fifty percent (50%) of the value of the work or service, without prejudice to the collection of default interest. Based on a prior technical study, the municipal council shall set the prices by agreement emanating from its body, which must be published in La Gaceta to enter into force. The municipalities shall review and update these prices annually and they shall be published by regulation. When dealing with the omissions included in the antepenultimate paragraph of this article and the municipality has become aware by any means of the dangerous situation, the municipality is obliged to remedy the inaction of the owner, after prior warning to the citizen in accordance with due process and without prejudice to charging the price indicated in the previous paragraph. In any case and exceptionally, the municipality is authorized to exempt from the charge for the construction of new sidewalks when it is demonstrated, through a socioeconomic study carried out by the municipal corporation, that the owners or possessors by any title lack sufficient economic resources\" (the highlight is added).\n\nTaking the above into account, this Chamber considers that the lack of notification is not a sufficient reason for the respondents not to have resolved the reported situation, especially since it is an environmental matter, given that the law empowers them to act in the face of the omission of duties by the owners and, subsequently, to manage the respective charge.\n\nBy reason of the above, according to the described evidentiary elements, this Court evidences the alleged administrative delay, and with it the injury to Article 41 of the Political Constitution, since, despite the fact that the Municipality of Desamparados indicates that it has taken steps to continue with the processing and to be able to address the mentioned environmental complaint, the truth is that said complaint has not been definitively resolved, despite the fact that more than seven months have elapsed, a situation that evidently injures the right to prompt and completed justice and, consequently, the right to a healthy and ecologically balanced environment. By virtue of the foregoing, upon verifying an injury to the fundamental rights of the amparo petitioner, the proper course is to declare the amparo remedy with merit, as will be ordered in the operative part of the judgment.\n\nVI.- Note from Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criteria of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter to know the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50, of the Political Constitution), as is the case here, in which it is alleged that the complainant filed a complaint for environmental pollution before the Municipality of Desamparados and it has not been resolved. The foregoing, with a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.\n\nVII.- Documentation provided to the expediente. This Chamber must warn the parties that, if they have provided any documents on paper, as well as objects or evidence supported through any additional device, or through electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or those produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto\n\nThe remedy is declared with merit. It is ordered that Gilberth Jiménez Siles, in his capacity as mayor of Desamparados, or whoever occupies the position in his stead, issue the pertinent orders and carry out the actions within the scope of his competence, so that: 1) within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, he definitively addresses the environmental complaint filed by the complainant, being able to subsequently execute the collection of the expenses incurred from the owners of the properties, as established by the Municipal Code. 2) within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, they resolve and notify the complaint filed by the complainant on July 19, 2021. He is warned that, if he fails to comply with said order, he will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo remedy, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Desamparados is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in contentious-administrative proceedings. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nAna María Picado B.\n\nIleana Sánchez N.\n\nJorge Isaac Solano A.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nLLFW4OFPS2M61\n\nEXPEDIENTE N° 22-001977-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nClassification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial.\n\nIts reproduction and/or distribution for consideration is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:45:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ of the Office of the Attorney General of the Republic"
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