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  "id": "nexus-sen-1-0007-1077945",
  "citation": "Res. 05122-2022 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Respuesta tardía a solicitud de información ambiental y costas",
  "title_en": "Delayed response to environmental information request and costs",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por Marco Levy Virgo contra el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), por no haber recibido respuesta a una solicitud de información ambiental presentada el 15 de diciembre de 2021. El recurrente pedía certificación de coordenadas y nombres de beneficiarios de permisos de uso y construcción otorgados por el Concejo Municipal dentro de la Zona Marítima Terrestre entre 2014 y 2021. La autoridad recurrida respondió hasta el 23 de febrero de 2022, después de notificada la admisión del amparo. La Sala declara con lugar el recurso, pues se lesionó el derecho de petición al contestar fuera de plazo y solo tras la intervención del tribunal. Sin embargo, por mayoría, se exime de condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar que el cese de la violación se dio antes de la sentencia y que la pretensión no tiene naturaleza patrimonial directa. Dos votos salvados parciales argumentan que, aun cesando la lesión, procede condena en costas, daños y perjuicios (o solo daños y perjuicios), conforme a los artículos 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by Marco Levy Virgo against the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) for failing to respond to an environmental information request made on December 15, 2021. The petitioner sought certified coordinates and names of beneficiaries of use and construction permits issued by the Municipal Council within the Maritime Terrestrial Zone between 2014 and 2021. The respondent authority replied only on February 23, 2022, after being notified of the amparo's admission. The Chamber grants the amparo, finding a violation of the right to petition due to the untimely response given only after judicial intervention. However, by majority, it declines to award costs and damages, reasoning that the violation ceased before judgment and the claim lacks a direct pecuniary nature. Two partial dissenting votes argue that costs and damages (or only damages) should be awarded even when the violation has ceased, under Articles 51 and 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "04/03/2022",
  "year": "2022",
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    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
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    "derecho de petición",
    "Zona Marítima Terrestre",
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    "Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "costas, daños y perjuicios"
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  "keywords_es": [
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    "información ambiental",
    "Zona Marítima Terrestre",
    "Área de Conservación Amistad Caribe",
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    "Ley 9223",
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  "keywords_en": [
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    "Article 52",
    "Article 51"
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  "excerpt_es": "Así las cosas, se verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. Se determina que el requerimiento formulado por el accionante el 15 de diciembre de 2021, fue atendido por la autoridad accionada hasta el 23 de febrero de 2022. En razón de esas consideraciones, se evidencia que la respuesta se brindó con motivo de la notificación a la autoridad accionada –sea el 17 de febrero de 2022- de la resolución que dio curso al presente amparo. Finalmente, no está de más indicar, que si el recurrente se encuentra inconforme con la contestación que se le dio mediante el oficio No. SINAC-ACAC-DR-085-2022 -lo cual constituye un ámbito ajeno de competencia de esta jurisdicción- deberá, si a bien lo tiene, discutirlo ante el órgano accionado o bien, en la vía de legalidad competente.  Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva.",
  "excerpt_en": "Thus, the violation of the fundamental rights of the amparo petitioner is confirmed. It is determined that the request made by the claimant on December 15, 2021, was answered by the respondent authority only on February 23, 2022. In light of these considerations, it is evident that the response was provided as a result of the notification to the respondent authority – i.e., February 17, 2022 – of the order admitting the present amparo. Finally, it is worth noting that if the petitioner is dissatisfied with the reply given by means of official letter No. SINAC-ACAC-DR-085-2022 – a matter outside this Chamber’s jurisdiction – he may, if he so wishes, dispute it before the respondent body or through the appropriate legal channels. Therefore, it is appropriate to grant the amparo in the terms set forth in the operative part.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Chamber grants the amparo for violation of the right to petition, but by majority without awarding costs and damages, since the violation ceased before judgment and no direct pecuniary harm was found. Two partial dissents impose costs/damages.",
    "summary_es": "La Sala declara con lugar el recurso por violación del derecho de petición, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios por mayoría, al cesar la lesión antes de la sentencia y no apreciar una afectación patrimonial directa. Dos votos salvados parciales disponen condena en costas/daños."
  },
  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "Thus, the violation of the fundamental rights of the amparo petitioner is confirmed. It is determined that the request made by the claimant on December 15, 2021, was answered by the respondent authority only on February 23, 2022.",
      "quote_es": "Así las cosas, se verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. Se determina que el requerimiento formulado por el accionante el 15 de diciembre de 2021, fue atendido por la autoridad accionada hasta el 23 de febrero de 2022."
    },
    {
      "context": "Voto salvado parcial VI (Artículo 52 LJC)",
      "quote_en": "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable.",
      "quote_es": "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
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    {
      "context": "Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas (Considerando VII)",
      "quote_en": "With the majority's thesis, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when an amparo action is filed.",
      "quote_es": "Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1077945",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 05122 - 2022\n\nFecha de la Resolución: 04 de Marzo del 2022 a las 09:20\n\nExpediente: 22-001997-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Isaac De Jesus Solano Aguilar\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 22-001997-0007-CO\n\nRes. Nº 2022005122\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidos .\n\n \n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 22-001997-0007-CO, interpuesto por MARCO LEVY VIRGO, cédula de identidad 0700690314, contra el ÁREA DE CONSERVACIÓN AMISTAD CARIBE (ACLAC).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala el 30 de enero de 2022, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Área de Conservación Amistad Caribe. Manifiesta que mediante oficio AEL-00166-2021 fechado y remitido al correo electrónico del recurrido (mario.cerdas@sinac.go.cr) el 15 de diciembre de 2021 le solicitó la siguiente información de carácter ambiental: “(…) se sirvan certificar para efectos legales jurisdiccionales y constitucional, de manera puntual y específica, las coordenadas y los nombres de las personas físicas y jurídicas beneficiarias con permisos de uso y construcción emitidos por el Concejo Municipal dentro de la Zona Marítima Terrestre desde el 2014 al 2021. (…)”. Acusa que al día que acude en amparo, la autoridad recurrida no le ha brindado respuesta alguna a la misiva que dirigió, ni se vislumbran acciones de seguimiento, proactivas ni efectivas, en defensa del patrimonio ecológico de la nación.\n\n2.- Mediante escrito de fecha 23 de febrero de 2022, el Msc. Mario Cerdas Gómez, Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe, informa que mediante oficio SINAC-ACAC-DR-085-2022 se le informa al señor Marco Levy Virgo lo siguiente: “En atención al oficio AEL-0166-2022, donde solicita “Coordenadas y nombres de personas físicas y jurídicas beneficiadas con permisos de uso y de construcción emitidos por la Municipalidad de Talamanca dentro de la Zona Marítima Terrestre al amparo de la extinta Ley 9223 en contra del artículo 13 de la Ley Forestal, por ubicarse en un área declarada inalienable” esta Dirección le informa que, esta instancia no cuenta con la información solicitada, ya que por competencia los permisos municipales los emite el consejo municipal por lo que debe de remitir la consulta a las instancias correspondientes y en cuanto a los permisos de uso, que el Área de Conservación haya otorgado en el pasado, se le informa que los mismos se encuentran revocados y actualmente no hay ningún permiso de uso autorizado por el ACLAC.”\n\n3.- Por escritos incorporados al expediente electrónico en fechas 24 y 25 de febrero de 2022, el recurrente replica el informe rendido y solicita se declare con lugar el recurso.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- DE PREVIO. En vista de que el Msc. Mario Cerdas Gómez, Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe, omitió indicar en el informe rendido bajo juramento, si el correo electrónico mario.cerdas@sinac.go.cr, se encuentra previsto como mecanismo oficial de comunicación con su representada, se tiene por cierto este hecho y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO: Explica la recurrente que el 15 diciembre del 2021, solicitó a la autoridad recurrida información de su interés. Acusa que, a la fecha de interposición del presente recurso, no se le ha brindado respuesta.  \n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)     El 15 de diciembre de 2021 el amparado remitió a la dirección mario.cerdas@sinac.go.cr, el oficio AEL-00166-2021, solicitando la siguiente información de carácter ambiental: “(…) se sirvan certificar para efectos legales jurisdiccionales y constitucional, de manera puntual y específica, las coordenadas y los nombres de las personas físicas y jurídicas beneficiarias con permisos de uso y construcción emitidos por el Concejo Municipal dentro de la Zona Marítima Terrestre desde el 2014 al 2021. (…)”. (ver documentación).\n\nb)    El 17 de febrero de 2022 la Sala notificó a la autoridad recurrida, la resolución de curso del presente amparo. (ver acta de notificación).\n\nc)     El 23 de febrero de 2022 la autoridad recurrida, mediante oficio SINAC-ACAC-DR-085-2022, contestó la gestión del amparado en los siguientes términos: “En atención al oficio AEL-0166-2022, donde solicita “Coordenadas y nombres de personas físicas y jurídicas beneficiadas con permisos de uso y de construcción emitidos por la Municipalidad de Talamanca dentro de la Zona Marítima Terrestre al amparo de la extinta Ley 9223 en contra del artículo 13 de la Ley Forestal, por ubicarse en un área declarada inalienable” esta Dirección le informa que, esta instancia no cuenta con la información solicitada, ya que por competencia los permisos municipales los emite el consejo municipal por lo que debe de remitir la consulta a las instancias correspondientes y en cuanto a los permisos de uso, que el Área de Conservación haya otorgado en el pasado, se le informa que los mismos se encuentran revocados y actualmente no hay ningún permiso de uso autorizado por el ACLAC.”; documento que, le fue notificado ese mismo día al medio señalado para tales efectos. (ver informe de autoridad recurrida y prueba aportada).\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal comprueba la lesión a los derechos fundamentales del tutelado.  Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-  y del elenco probatorio, se tiene por demostrado que el 15 de diciembre de 2021 el amparado remitió a la dirección mario.cerdas@sinac.go.cr, el oficio AEL-00166-2021, solicitando la siguiente información de carácter ambiental: “(…) se sirvan certificar para efectos legales jurisdiccionales y constitucional, de manera puntual y específica, las coordenadas y los nombres de las personas físicas y jurídicas beneficiarias con permisos de uso y construcción emitidos por el Concejo Municipal dentro de la Zona Marítima Terrestre desde el 2014 al 2021. (…)”. Asimismo, que el 23 de febrero de 2022 la autoridad recurrida, mediante oficio SINAC-ACAC-DR-085-2022, contestó la gestión del amparado en los siguientes términos: “En atención al oficio AEL-0166-2022, donde solicita “Coordenadas y nombres de personas físicas y jurídicas beneficiadas con permisos de uso y de construcción emitidos por la Municipalidad de Talamanca dentro de la Zona Marítima Terrestre al amparo de la extinta Ley 9223 en contra del artículo 13 de la Ley Forestal, por ubicarse en un área declarada inalienable” esta Dirección le informa que, esta instancia no cuenta con la información solicitada, ya que por competencia los permisos municipales los emite el consejo municipal por lo que debe de remitir la consulta a las instancias correspondientes y en cuanto a los permisos de uso, que el Área de Conservación haya otorgado en el pasado, se le informa que los mismos se encuentran revocados y actualmente no hay ningún permiso de uso autorizado por el ACLAC.”; documento que, le fue notificado ese mismo día al medio señalado para tales efectos.\n\nAsí las cosas, se verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. Se determina que el requerimiento formulado por el accionante el 15 de diciembre de 2021, fue atendido por la autoridad accionada hasta el 23 de febrero de 2022. En razón de esas consideraciones, se evidencia que la respuesta se brindó con motivo de la notificación a la autoridad accionada –sea el 17 de febrero de 2022- de la resolución que dio curso al presente amparo. Finalmente, no está de más indicar, que si el recurrente se encuentra inconforme con la contestación que se le dio mediante el oficio No. SINAC-ACAC-DR-085-2022 -lo cual constituye un ámbito ajeno de competencia de esta jurisdicción- deberá, si a bien lo tiene, discutirlo ante el órgano accionado o bien, en la vía de legalidad competente.  Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.  Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- Voto salvado parcial de los Magistrados Salazar Alvarado y Solano Aguilar, con redacción del primero, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.\n\nSi bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nVII.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia.\n\n Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\n En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nVIII.- Documentación Aportada al Expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nDe conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Los Magistrados Salazar Alvarado y Solano Aguilar salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n JYLRJH1RLSK61\n\nEXPEDIENTE N° 22-001997-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:11:18.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourth of March, two thousand twenty-two.\n\nAmparo action processed in expediente No. 22-001997-0007-CO, filed by MARCO LEVY VIRGO, identity card number 0700690314, against the ÁREA DE CONSERVACIÓN AMISTAD CARIBE (ACLAC).\n\nWhereas:\n\n1.- By a document received at the Secretariat of the Chamber on January 30, 2022, the petitioner files an amparo action against the Área de Conservación Amistad Caribe. He states that by means of official communication AEL-00166-2021 dated and sent to the respondent’s email (mario.cerdas@sinac.go.cr) on December 15, 2021, he requested the following environmental information: “(…) please certify, for jurisdictional and constitutional legal purposes, in a timely and specific manner, the coordinates and the names of the natural and legal persons benefiting from use and construction permits issued by the Municipal Council within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítima Terrestre) from 2014 to 2021. (…)”. He accuses that, as of the day he seeks amparo, the respondent authority has not provided any response to the communication he sent, nor are any follow-up actions, proactive or effective, visible in defense of the nation’s ecological heritage.\n\n2.- By means of a document dated February 23, 2022, Msc. Mario Cerdas Gómez, Regional Director of the Área de Conservación Amistad Caribe, reports that via official communication SINAC-ACAC-DR-085-2022, Mr. Marco Levy Virgo was informed as follows: “In response to official communication AEL-0166-2022, in which you request ‘Coordinates and names of natural and legal persons benefiting from use and construction permits issued by the Municipality of Talamanca within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítima Terrestre) under the protection of the extinct Ley 9223 in violation of Article 13 of the Ley Forestal, for being located in an area declared inalienable,’ this Directorate informs you that this office does not have the requested information, since, by competence, municipal permits are issued by the municipal council, and therefore you must refer the inquiry to the corresponding bodies; and regarding the use permits that the Área de Conservación may have granted in the past, you are informed that these have been revoked and currently there is no use permit authorized by ACLAC.”\n\n3.- By means of documents incorporated into the electronic expediente on February 24 and 25, 2022, the petitioner replies to the report rendered and requests that the action be granted.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Picado Brenes; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY. In view of the fact that Msc. Mario Cerdas Gómez, Regional Director of the Área de Conservación Amistad Caribe, omitted to indicate in the report rendered under oath whether the email address mario.cerdas@sinac.go.cr is provided as an official means of communication for his represented entity, this fact is taken as true, and this matter’s constitutionality shall be analyzed in accordance with Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nII.- SUBJECT OF THE ACTION: The petitioner explains that on December 15, 2021, he requested information of interest to him from the respondent authority. He accuses that, as of the date of filing this action, no response has been provided.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) On December 15, 2021, the protected party sent official communication AEL-00166-2021 to the address mario.cerdas@sinac.go.cr, requesting the following environmental information: “(…) please certify, for jurisdictional and constitutional legal purposes, in a timely and specific manner, the coordinates and the names of the natural and legal persons benefiting from use and construction permits issued by the Municipal Council within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítima Terrestre) from 2014 to 2021. (…)” (see documentation).\n\nb) On February 17, 2022, the Chamber notified the respondent authority of the order granting leave to proceed with this amparo (see notification record).\n\nc) On February 23, 2022, the respondent authority, via official communication SINAC-ACAC-DR-085-2022, answered the protected party’s request in the following terms: “In response to official communication AEL-0166-2022, in which you request ‘Coordinates and names of natural and legal persons benefiting from use and construction permits issued by the Municipality of Talamanca within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítima Terrestre) under the protection of the extinct Ley 9223 in violation of Article 13 of the Ley Forestal, for being located in an area declared inalienable,’ this Directorate informs you that this office does not have the requested information, since, by competence, municipal permits are issued by the municipal council, and therefore you must refer the inquiry to the corresponding bodies; and regarding the use permits that the Área de Conservación may have granted in the past, you are informed that these have been revoked and currently there is no use permit authorized by ACLAC.”; a document that was notified on that same day to the means designated for such purposes (see respondent authority’s report and evidence provided).\n\nIV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE: After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies the violation of the fundamental rights of the protected party. From the report rendered by the representative of the respondent authority—which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the body of evidence, it is proven that on December 15, 2021, the protected party sent official communication AEL-00166-2021 to the address mario.cerdas@sinac.go.cr, requesting the following environmental information: “(…) please certify, for jurisdictional and constitutional legal purposes, in a timely and specific manner, the coordinates and the names of the natural and legal persons benefiting from use and construction permits issued by the Municipal Council within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítima Terrestre) from 2014 to 2021. (…)”. Likewise, that on February 23, 2022, the respondent authority, via official communication SINAC-ACAC-DR-085-2022, answered the protected party’s request in the following terms: “In response to official communication AEL-0166-2022, in which you request ‘Coordinates and names of natural and legal persons benefiting from use and construction permits issued by the Municipality of Talamanca within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítima Terrestre) under the protection of the extinct Ley 9223 in violation of Article 13 of the Ley Forestal, for being located in an area declared inalienable,’ this Directorate informs you that this office does not have the requested information, since, by competence, municipal permits are issued by the municipal council, and therefore you must refer the inquiry to the corresponding bodies; and regarding the use permits that the Área de Conservación may have granted in the past, you are informed that these have been revoked and currently there is no use permit authorized by ACLAC.”; a document that was notified on that same day to the means designated for such purposes.\n\nThus, the violation of the fundamental rights of the protected party is verified. It is determined that the request made by the claimant on December 15, 2021, was addressed by the respondent authority only until February 23, 2022. By reason of these considerations, it is evident that the response was provided as a result of the notification to the respondent authority—i.e., February 17, 2022—of the order granting leave to proceed with this amparo. Finally, it is not superfluous to indicate that if the petitioner is dissatisfied with the response given to him via official communication No. SINAC-ACAC-DR-085-2022—which constitutes a matter outside the competence of this jurisdiction—he must, if he deems it appropriate, contest it before the respondent body or, alternatively, through the appropriate legality venue. Based on the foregoing, it is appropriate to grant the action in the terms set forth in the operative part.\n\nV.- REGARDING THE CONDITION OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Under better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”), the grant must be without a special condition for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the action is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that this same paragraph in fine states that the grant is issued “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law states “if they are applicable,” which means that the applicability or inapplicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this one, the content of the petitioner’s claim and the respondent authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “every resolution granting the action shall abstractly condemn the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law, or, where appropriate, those of International or Community Law, and, additionally, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any area. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it deems appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this action without a condition for costs, damages, and losses.\n\nVI.- Partially dissenting vote of Judges Salazar Alvarado and Solano Aguilar, drafted by the former, solely in relation to the non-imposition of costs, damages, and losses on the respondent party.\n\nAlthough we agree with the rest of the Chamber in granting the action, we depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.”\n\nOn the other hand, in Article 51 ibidem, it is established that:\n\n“...every resolution granting the action shall abstractly condemn the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nThis last norm establishes the general system regulating matters relating to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority’s criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned’s judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right, and therefore grants the action, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in Article 52, cited—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the violator to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, for the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a dissuasive measure, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has examined the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, there arises the imperative need for a condemnation for costs, damages, and losses against the violator, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of individuals and that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is known and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the condemnation for costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory condemnation in these aspects contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nOn the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, is applied only in cases where the Chamber, although it has not examined or pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration in the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislator precisely established and delimited the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the order granting leave to proceed with the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, in an unmistakable manner, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages, and losses, notwith standing the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the scenarios strictly contemplated in the rule, not only due to the principle that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a diminishment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn our view, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unmistakably and clearly established that no compensable harm was caused in the specific case. Only and specifically in such cases could the respondent Administration be exempted from paying these items. Since in this case there is no element that disproves the presumption that economic damages and losses have arisen for the protected party derived from the challenged actions—the concrete determination of which is not the responsibility of this jurisdiction—the granting of this action must necessarily entail the condemnation for costs, damages, and losses, and we so declare.\n\nVII.- Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment.\n\nArticle 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.”\n\nMy interpretation of this rule is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, specifically refers only to these: costs.\n\nCertainly, in accordance with Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to amparo is not compensatory but restorative; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution granting the action shall abstractly condemn the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, their abstract condemnation is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary courts shall so declare, as only that judge has the authority to find the real existence and magnitude thereof as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of an amparo action. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may impose costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs.\n\nVIII.- Documentation Provided to the Expediente. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial N° 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nIn accordance with the provisions of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the action is granted without special condemnation for costs, damages, and losses. Judges Salazar Alvarado and Solano Aguilar partially dissent and order the condemnation for damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nAna María Picado B.\n\nIleana Sánchez N.\n\nJorge Isaac Solano A.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\nJYLRJH1RLSK61\n\nEXPEDIENTE N° 22-001997-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 17:11:18."
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