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  "id": "nexus-sen-1-0007-1135395",
  "citation": "Res. 00609-2023 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Acceso al agua potable y plazo para resolver recurso de apelación",
  "title_en": "Access to potable water and time limit for deciding appeal",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto contra el AyA por la tardanza en resolver la disponibilidad de agua potable para un inmueble en Curubandé, Liberia. La recurrente solicitó el servicio en agosto de 2022; el AyA denegó la disponibilidad porque no existían redes frente a la propiedad y exigió construir una servidumbre, ampliar tubería y presentar planos. La amparada gestionó recursos de revocatoria y apelación. La Sala determinó que el recurso de revocatoria fue resuelto, pero la apelación permanecía sin resolver desde el 13 de diciembre de 2022. Declara con lugar el amparo únicamente por la tardanza en resolver la apelación, ordenando resolverla en tres días. Aclara que la Sala no es competente para analizar si el inmueble cumple los requisitos del AyA, pues es un tema de mera legalidad que debe discutirse en la vía ordinaria. Se condena al Estado al pago de daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo against the AyA for delay in resolving potable water availability for a property in Curubandé, Liberia. The petitioner applied in August 2022; AyA denied availability because there were no networks in front of the property and required building an easement, extending piping, and submitting plans. The petitioner filed revocation and appeal remedies. The Chamber found that the revocation was decided, but the appeal remained unresolved since December 13, 2022. It granted the amparo solely for the delay in deciding the appeal, ordering a decision within three days. It clarified that the Chamber lacks jurisdiction to review whether the property meets AyA's requirements, as that is a legality issue for ordinary courts. The State was ordered to pay damages.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "13/01/2023",
  "year": "2023",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental",
    "water-law"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
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    "derecho al agua potable",
    "AyA",
    "disponibilidad de agua",
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    "recurso de apelación",
    "artículo 261 LGAP",
    "condena en abstracto"
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      "law": "Reglamento de Prestación de Servicios de AyA"
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    "recurso de amparo",
    "derecho al agua potable",
    "disponibilidad de servicio de agua",
    "AyA",
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    "apelación",
    "artículo 261 LGAP",
    "Sala Constitucional"
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  "keywords_en": [
    "amparo remedy",
    "right to potable water",
    "water service availability",
    "AyA",
    "reasonable timeframe",
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    "article 261 General Public Administration Act",
    "Constitutional Chamber"
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  "excerpt_es": "En la especie, resulta importante realizar las siguientes precisiones: a) los recursos incoados versan sobre el acceso al agua potable en la propiedad que describe la amparada; b) la resolución del recurso de revocatoria ocurrió aproximadamente un mes y medio después de interpuesto y; c) el 13 de diciembre de 2022 se elevó al superior jerárquico el recurso de apelación para su conocimiento y pronta resolución. Al respecto, si bien la accionada subrayó en su informe que “el caso no se enmarca en una petición pura y simple, siendo el mismo de alta complejidad y por tanto este Instituto se ampara al plazo estipulado en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública”, lo cierto del caso es que el inciso 2) del artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública también estipula lo siguiente: “Para tramitar la fase de revisión por recurso ordinario contra el acto definitivo habrá el término de un mes contado a partir de la presentación del mismo”. Adicionalmente, consta que fue con ocasión de la notificación de la resolución de curso de este proceso, que la autoridad recurrida tomó las medidas pertinentes con el fin de resolver el recurso de revocatoria, así como de elevar la apelación al superior para su respectivo análisis. En consecuencia, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, por la tardanza en resolver el recurso de apelación interpuesto por la tutelada.",
  "excerpt_en": "In this case, the following clarifications are important: a) the appeals filed concern access to potable water on the property described by the amparo petitioner; b) the decision on the revocation appeal occurred approximately a month and a half after it was filed; and c) on December 13, 2022, the appeal was escalated to the hierarchical superior for its review and prompt decision. In this regard, although the respondent emphasized in its report that 'the case does not involve a simple and straightforward request, being highly complex and therefore this Institute relies on the timeframe set out in article 261 of the General Public Administration Act,' the fact of the matter is that paragraph 2) of article 261 of the General Public Administration Act also stipulates the following: 'To process the review stage by ordinary remedy against the definitive act, there shall be a term of one month from its filing.' Additionally, it is on record that it was upon notification of the procedural order in this case that the respondent authority took the necessary measures to resolve the revocation appeal, as well as to escalate the appeal to the superior for its respective analysis. Consequently, the amparo must be granted due to the delay in resolving the appeal filed by the petitioner.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The amparo is granted solely for the delay in deciding the appeal; ordered to decide and notify within three days.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso únicamente por la tardanza en resolver el recurso de apelación; se ordena resolver y notificar en tres días."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V (informe del AyA)",
      "quote_en": "access to potable water, recognized as a fundamental right to health and a dignified way of life, has been considered by the Constitutional Chamber in numerous decisions to not be of an unrestricted nature, since the minimum requirements established by public service operators must exist for them to be granted to citizens.",
      "quote_es": "el acceso al agua potable, reconocido como un derecho fundamental para la salud y a un modo digno de vida, ha considerado la Sala Constitucional en numerosas resoluciones, que no es de carácter irrestricto, toda vez que deben existir los requisitos mínimos establecidos por los operadores de los servicios públicos, para que sean otorgados a los administrados."
    },
    {
      "context": "Por Tanto",
      "quote_en": "The amparo is granted solely due to the demonstrated delay in resolving the appeal filed by the petitioner on October 27, 2022.",
      "quote_es": "Se declara con lugar el recurso, únicamente por la demostrada tardanza en resolver el recurso de apelación interpuesto por la tutelada el 27 de octubre de 2022."
    },
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "it is necessary to clarify to the petitioner that this Court lacks jurisdiction, as it is a matter of mere legality, to examine the merits of her case and determine whether the property complies with the provisions of AyA.",
      "quote_es": "es menester aclararle a la parte promovente que este Tribunal resulta incompetente, por ser un tema de mera legalidad, analizar por el fondo su caso y determinar si el inmueble cumple o no con lo dispuesto por el ICAA."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1135395",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 00609 - 2023\n\nFecha de la Resolución: 13 de Enero del 2023 a las 09:15\n\nExpediente: 22-027615-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 22-027615-0007-CO\n\nRes. Nº 2023000609\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del trece de enero de dos mil veintitres .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-027615-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:03 horas del 1 de diciembre de 2022, la recurrente interpone recurso de amparo contra el ICAA y manifiesta que el 17 de agosto de 2022, solicitó la instalación del servicio de agua potable en el inmueble ubicado en Curubandé de Liberia, inscrito a Folio Real 5-211510-0, con plano catastrado 5-1822708-2015, gestión registrada con el número de expediente 2022-00017194-1. Sin embargo, por nota fechada 11 de octubre de 2022, la Oficina Cantonal del ICAA en Liberia le indicó que no había disponibilidad de agua potable, ni alcantarillado frente a la propiedad. Aporta la resolución GSP-RCH-CL-2022-00919 en la cual, la Unidad Cantonal RCH-Liberia le indicó que, para brindarle la disponibilidad requerida debe construir una servidumbre de acueducto y de paso a favor de la institución y ampliar la tubería madre sobre servidumbre de paso con una extensión de ramal de al menos 50 metros. Adicionalmente, para ello deberá aportar los planos constructivos aprobados por el Colegio de Ingenieros y por el Departamento de Urbanizaciones del ICAA, además de los materiales para la interconexión del acueducto. La recurrente manifiesta que las mejoras implican un gasto millonario que no puede realizar por cuenta propia, por lo que el 27 de octubre de 2022 señaló a la institución recurrida que le es imposible cumplir lo solicitado, y pidió que se revocara la resolución y que se le brindara el servicio en atención al derecho fundamental al agua. Describe que por oficio GSP-RCH-CL-2022-01006 de 7 de noviembre de 2022 le contestaron que iban a revisar todo lo relacionado con la resolución GSP-RCH-CL-2022-00919; sin embargo, no ha obtenido respuesta alguna, lo que le depara perjuicio. Solicita se obligue al ICAA a brindarle el servicio.\n\n2.- Informan bajo juramento Roberto Guzmán Gutiérrez, en su condición de Presidente Ejecutivo y Olman Jiménez Cerdas, en su condición de Jefe Cantonal de la oficina de Liberia a.i., ambos del ICAA, en las siguientes condiciones:\n\n“PRIMERO: Que efectivamente la unidad cantonal recibe de la recurrente la solicitud de disponibilidad de servicio de agua potable y/o alcantarillado sanitario para el inmueble con el folio real 5-211510---000 Plano Catastro G-1822708-2015 ubicada en el distrito de Curubandé, cantón Liberia, provincia Guanacaste; con lo cual se le asigna el expediente de disponibilidad de servicios N° 2022-00017194-1; y en fecha del 24 de octubre del 2022, se le notifica físicamente la resolución GSPRCH- CL-2022-00919, por lo que posteriormente en fecha 27 de octubre del 2022, presenta recurso ordinario a la oficina cantonal de Liberia . SEGUNDO : Es necesario indicar a esta honorable Sala que la negación de la solicitud de Disponibilidad de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario N° 2022-00017194-1, para la propiedad Finca Folio Real 5-211510---000 Plano Catastro G-1822708-2015, se originó a partir de lo establecido en los artículos 5, 6, 7,8, 9,10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24 y 25 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, y conforme a la inspección de campo, estudios básicos e Informe de Ingeniería Regional GSP-RCHO-2022-03262, en el cual puntualmente se indica que para la propiedad en mención, no existen redes de distribución y de recolección, frente a la propiedad, el inmueble no cuenta con acceso a vía pública mediante un acceso excepcional para uso residencial de 7 metros de ancho, las redes de distribución a la propiedad, se encuentran al menos 50 metros, por lo que se le recomendó a la recurrente que para brindar la disponibilidad de los servicios de manera efectiva para el Plano Catastro 5-1822708-2015, se deberán realizar mejoras las cuales fueron descritas en la Constancia de Capacidad Hídrica N° SIGDD-2022-00017194-1-2-1. TERCERO: Que si bien es cierto lo argumentado por la recurrente en el amparo interpuesto al indicar que este Instituto la notificó el 7 de noviembre 2022 y se le externó mediante nota que se le estaría brindando respuesta en un plazo prudencial y que a la fecha del amparo aún no poseía una respuesta sobre la gestión solicitada es preciso aclarar que en estricto apego al principio de legalidad existen, aspectos que no están en poder de un solo servidor público, requiriendo para el ejercicio de las competencias y responsabilidades propias del rol y cargo que ostente cada persona servidora pública y para el caso bajo estudio en referencia al inmueble Finca Folio Real 5-211510---000, dado que es un asunto complejo es sumamente necesario y relevante contar con los criterios técnicos de las áreas especializadas en cada ámbito, lo anterior en estricto respeto de las competencias asignadas a cada órgano de la Administración Pública y a lo interno de AyA, la Unidad Cantonal de Liberia, es de carácter ejecutor y se debe a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, de ahí que sus prioridades sobre el interés público versan principalmente por atender la correcta operación y mantenimiento de los sistemas, ahora bien lo cierto es que existen procesos -como es el de disponibilidad de servicios- que requieren un abordaje inter y transdisciplinario que involucra a otras instancias institucionales quienes no dependen directamente de la oficina cantonal, es decir, que aun cuando AyA es una sola Institución, ha requerido desagregar sus procesos a fin de asegurar una adecuada gestión y control interno de las diferentes y diversas actividades que en ella se desarrollan, una certificación de disponibilidad de servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario positiva constituye un acto administrativo que permitiría un eventual otorgamiento de un nuevo servicio de agua potable y /o alcantarillado sanitario al tiempo que permite al administrado desembocar una serie de procesos ante otras instancias de la Administración Pública, por tanto la constancia de disponibilidad es uno de los documentos más poderosos que genera y emite AyA en el ejercicio de sus competencias y el cual conlleva una serie de trámites, todo conforme a la normativa que nos rige. Por otro lado, el Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA establece los siguientes conceptos (art. 5): “Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones: Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente. […] Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua: Existencia real y actual, no futura ni potencial, de las obras e infraestructura global necesaria y capacidad hídrica de abastecimiento para solventar las necesidades de servicios de una población determinada.[…] Estudio Técnico: Estudio que permite proponer y analizar diferentes opciones técnicas para la prestación de los servicios. Además, admite la verificación de la factibilidad técnica de cada opción y la escogencia de la mejor alternativa.” (negrita y subrayado son propios) ARTICULO 21.- Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el que podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los planes aprobados. Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del Instituto. Por otro lado en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, publicado Diario Oficial La Gaceta Digital N°27, Alcance Nº29, martes 09 de febrero 2021, en sus artículos 08 y 09 establecen: Articulo 8.- De los servicios. AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro del área de cobertura, siempre que cuente con factibilidad técnica y legal.[…]. Artículo 9- De las condiciones técnicas para la prestación de los servicios. Es obligación del prestador de los servicios de agua potable y saneamiento brindarlos dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten la zona de cobertura donde está localizada la propiedad…(lo resaltado no es del original). CUARTO: Es por lo supra indicado que se demuestra con los antecedentes expuestos que la gestión de fecha 27 de octubre 2022, y los documentos que obran en el expediente N° 2022-00017194-1 para el inmueble con la finca folio real 5-211510-000, que el caso no se enmarca en una petición pura y simple, siendo el mismo de alta complejidad y por tanto este Instituto se ampara al plazo estipulado en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, que como bien se indica en líneas anteriores, la gestión ha sido debidamente atendida, y como se demuestra se le brindó respuesta a la recurrente con fecha del 07 de Noviembre 2022. Asimismo en fecha del 13 de Diciembre 2022 el recurso ordinario interpuesto fue atendido y notificado con la resolución GSP-RCH-CL-2022-00919 al correo [...], que corresponde al medio que ofreció la señora [Nombre 002], para recibir notificaciones. Seguidamente se procedió a enviar el recurso de apelación mediante memorando No.GSP-RCH-CL-2022-01103 al Superior Jerárquico para su atención, análisis y emisión de la resolución final; por lo que queda demostrado que la Institución tramitó la gestión de la recurrente dentro del plazo legal, conforme a lo establecido por el artículo 261 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública”.\n\nCitan las sentencias Nos. 12407-06 de las 10:09 horas del 25 de agosto del 2006 y 006084-2007 de las 16:48 horas del 08 de mayo de 2007 de la Sala Constitucional.\n\nContinúan:\n\n“QUINTO: Como se deriva de las consideraciones anteriores, y de acuerdo con lo descrito en el informe GSP-RCH-CL-2022-01104, así como las evidencias que se adjuntan en este informe para la comprobación correspondiente, queda debidamente acreditado, que lo actuado por la cantonal de Liberia, ha sido en estricto apego y observancia con las posibilidades técnicas y jurídicas establecidas en el marco constitucional por el principio de legalidad, el trámite de respuesta del recurso revocatoria y tramite de apelación ha sido gestionado dentro del plazo que otorga lo dispuesto en el artículo 261 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública. SEXTO: No se omite señalar que para hacer efectivos los derechos, de un ciudadano costarricense éste debe en primera instancia cumplir con la normativa correspondiente por lo que AyA cuenta con una serie de Reglamentos específicos, procesos y procedimientos que los Administrados deberán realizar, a fin de asegurar una efectiva y eficaz prestación de los servicios públicos, sin bien es cierto este Instituto tiene bien claro que el derecho humano fundamental del acceso al agua potable, constituye uno de los bienes jurídicos más sensibles a ser tutelados y garantizados, el cual se deriva del derecho a la vida a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el mismo debe ajustarse a la normativa reglamentaria que nos rige y a los principios generales de la ciencia y la técnica; AyA garantiza el servicio hasta donde técnicamente le sea factible y siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requerimientos que se han establecido para esos efectos, como lo es que existan condiciones hídricas e hidráulicas suficientes, aspectos técnicos necesarios para la prestación del servicio público, por lo que el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, no contrapone la supremacía de un bien jurídico sobre otro, sino que se busca garantizar de forma integral la existencia del ser humano por medio de uno de sus derechos más básicos, el cual debe ser tan factible, como el hecho de que ese acceso no impacte negativamente el entorno que necesita garantizarse para su subsistencia a perpetuidad; entonces el derecho de acceso al agua debe ser regulado integralmente y no debe interpretarse como una autorización al incumplimiento de los requisitos técnicos y legales para obtener los servicios. Tal y como refiere la reciente reforma al artículo 50 de la Constitución Política, que le otorga el carácter de derecho fundamental al acceso del agua potable, se debe contemplar que esa garantía se encuentra en fiel armonía con otros derechos fundamentales que están en igual posición, tales como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, es importante señalar que el acceso al agua potable, reconocido como un derecho fundamental para la salud y a un modo digno de vida, ha considerado la Sala Constitucional en numerosas resoluciones, que no es de carácter irrestricto, toda vez que deben existir los requisitos mínimos establecidos por los operadores de los servicios públicos, para que sean otorgados a los administrados. En ese sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha desarrollado ampliamente en sus sentencias, el tema de acceso al agua potable como un derecho fundamental, considerando que el mismo no implica un acceso irrestricto a dicho servicio”.\n\nSolicitan que se declare sin lugar el recurso.\n\n3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\nRedacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\n CONSIDERANDO:\n\n I.- DE PREVIO.  De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia n.º 2008-2545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el presente asunto se plantea un supuesto de excepción, pues se alegó estar ante la falta de resolución de una solicitud que permite el acceso al servicio público de agua potable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\n II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que el 17 de agosto de 2022 solicitó al ICAA la instalación del servicio de agua potable en el inmueble ubicado en Curubandé de Liberia, inscrito a Folio Real 5-211510-0, con plano catastrado 5-1822708-2015, gestión registrada con el número de expediente 2022-00017194-1. Sin embargo, indica que por nota fechada 11 de octubre de 2022, la Oficina Cantonal del ICAA en Liberia le indicó que no había disponibilidad de agua potable, ni alcantarillado frente a la propiedad. En ese contexto, aporta la resolución GSP-RCH-CL-2022-00919 en la cual, la Unidad Cantonal RCH-Liberia le indicó que para brindarle la disponibilidad requerida debe construir una servidumbre de acueducto y de paso a favor de la institución y ampliar la tubería madre sobre servidumbre de paso con una extensión de ramal de al menos 50 metros. Adicionalmente, para ello deberá aportar los planos constructivos aprobados por el Colegio de Ingenieros y por el Departamento de Urbanizaciones del ICAA. Además, los materiales para la interconexión del acueducto. A propósito de lo anterior, aduce que el 27 de octubre de 2022 señaló a la institución recurrida que le es imposible cumplir lo solicitado. Asimismo, pidió que se revocara la resolución y que se le brindara el servicio en atención al derecho fundamental al agua. Describe que por oficio GSP-RCH-CL-2022-01006 de 7 de noviembre de 2022 le contestaron que iban a revisar todo lo relacionado con la resolución GSP-RCH-CL-2022-00919; sin embargo, acusa que no ha obtenido respuesta alguna. Solicita la intervención de la Sala.\n\n III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)     El 17 de agosto de 2022, la recurrente solicitó al ICAA la instalación del servicio de agua potable en el inmueble ubicado en Curubandé de Liberia, inscrito a Folio Real 5-211510-0, con plano catastrado 5-1822708-2015, gestión registrada con el número de expediente 2022-00017194-1 (véase el informe y la prueba adjunta).\n\nb)    En resolución No. GSP-RCH-CL-2022-00919 del 12 de octubre de 2022, la Oficina Cantonal del ICAA en Liberia le indicó a la amparada que no había disponibilidad de agua potable, ni alcantarillado frente a la propiedad. Por lo anterior, le requirió construir una servidumbre de acueducto y de paso a favor de la institución y ampliar la tubería madre sobre servidumbre de paso con una extensión de ramal de al menos 50 metros líneas en SR26 y en PVC de 75 mm. Adicionalmente, se emplazó que presente los planos constructivos aprobados por el Colegio de Ingenieros y por el Departamento de Urbanizaciones del ICAA. Además, los materiales para la interconexión del acueducto. Dicha resolución fe notificada a la interesada el 24 de octubre de 2022 en forma personal (véase el informe y la prueba adjunta).\n\nc)     El 27 de octubre de 2022, la accionante presentó ante la autoridad recurrida un recurso ordinario en contra de la resolución No. GSP-RCH-CL-2022-00919 y solicitó expresamente que “se revoque la resolución o en su defecto que se eleve en apelación al superior para que se le brinde el servicio requerido”. Como medio para recibir notificaciones señaló la dirección de correo electrónico [...] (véase el informe y la prueba adjunta).\n\nd)    Por oficio GSP-RCH-CL-2022-01006 de 07 de noviembre de 2022, la Unidad Cantonal RCH-Liberia le contestó a la justiciada lo siguiente: “Muy respetuosamente me permito hacer acuso recibido de su Recurso de Ordinario, presentado ante la Unidad Cantonal de Liberia en fecha 27 de octubre del 2022. A efectos de resolver adecuadamente el recurso antes mencionado, esta Unidad procederá a revisar todo lo relacionado con la resolución GSP-RCH-CL-2022-00919, así como en otras gestiones realizadas que pudieran tener relación con la gestión que actualmente nos ocupa. Así las cosas, se le informa que se le estará brindando respuesta en un plazo prudencial de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento a la Ley 8220, siendo que no se trata de una solicitud pura y simple, sino que resulta compleja y para su análisis y valoración se requiere de revisión e informe técnico” (véase el informe y la prueba adjunta).\n\ne)     Mediante resolución del 13 de diciembre de 2022, el instituto accionado atendió el recurso de revocatoria  interpuesto por la recurrente el 27 de octubre de 2022 y resolvió lo siguiente: “Se rechaza el recurso de revocatoria y se mantiene en todos sus extremos resolución No. GSP-RCH-CL-2022-00919 de fecha 12/10/2022. Por haberse invocado subsidiariamente el recurso de apelación de conformidad con las competencias de cada órgano institucional, el asunto será enviado en alzada al superior jerárquico para la resolución correspondiente”. Lo anterior fue notificó a la amparada al correo electrónico [...] (véase el informe y la prueba adjunta).\n\nf)      Mediante memorando No.GSP-RCH-CL-2022-01103 del 13 de diciembre de 2022, la recurrida remitió al superior jerárquico el recurso de apelación para su atención, análisis y emisión de la resolución final (véase el informe y la prueba adjunta).\n\nIV.- HECHO NO PROBADO. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:\n\nÚnico. Que el ICAA haya resuelto y notificado a la recurrente lo resuelto respecto al recurso de apelación interpuesto el 27 de octubre de 2022.\n\nV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite se tuvo por acreditado que el 17 de agosto de 2022 la recurrente solicitó al ICAA la instalación del servicio de agua potable en el inmueble ubicado en Curubandé de Liberia, inscrito a Folio Real 5-211510-0, con plano catastrado 5-1822708-2015, gestión registrada con el número de expediente 2022-00017194-1. No obstante, se colige que en resolución No. GSP-RCH-CL-2022-00919 del 12 de octubre de 2022 la Oficina Cantonal del ICAA en Liberia le indicó a la amparada que no había disponibilidad de agua potable, ni alcantarillado frente a la propiedad. Por lo anterior, le requirió construir una servidumbre de acueducto y de paso a favor de la institución y ampliar la tubería madre sobre servidumbre de paso con una extensión de ramal de al menos 50 metros líneas en SR26 y en PVC de 75 mm. Adicionalmente, se emplazó que presente los planos constructivos aprobados por el Colegio de Ingenieros y por el Departamento de Urbanizaciones del ICAA. Además, los materiales para la interconexión del acueducto. Dicha resolución fe notificada a la interesada el 24 de octubre de 2022 en forma personal. Ante tal requerimiento, consta que el 27 de octubre de 2022 la accionante presentó ante la autoridad recurrida un recurso ordinario en contra de la resolución No. GSP-RCH-CL-2022-00919 y solicitó expresamente que “se revoque la resolución o en su defecto que se eleve en apelación al superior para que se le brinde el servicio requerido”. Como medio para recibir notificaciones señaló la dirección de correo electrónico [...] Sin embargo, quedó demostrado que por oficio GSP-RCH-CL-2022-01006 de 07 de noviembre de 2022 la Unidad Cantonal RCH-Liberia le contestó a la justiciada lo siguiente: “Muy respetuosamente me permito hacer acuso recibido de su Recurso de Ordinario, presentado ante la Unidad Cantonal de Liberia en fecha 27 de octubre del 2022. A efectos de resolver adecuadamente el recurso antes mencionado, esta Unidad procederá a revisar todo lo relacionado con la resolución GSP-RCH-CL-2022-00919, así como en otras gestiones realizadas que pudieran tener relación con la gestión que actualmente nos ocupa. Así las cosas, se le informa que se le estará brindando respuesta en un plazo prudencial de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento a la Ley 8220, siendo que no se trata de una solicitud pura y simple, sino que resulta compleja y para su análisis y valoración se requiere de revisión e informe técnico”. Así, del elenco de hechos probados se desprende que mediante resolución del 13 de diciembre de 2022 el instituto accionado atendió el recurso de revocatoria interpuesto por la recurrente el 27 de octubre de 2022 y resolvió lo siguiente: “Se rechaza el recurso de revocatoria y se mantiene en todos sus extremos resolución No. GSP-RCH-CL-2022-00919 de fecha 12/10/2022. Por haberse invocado subsidiariamente el recurso de apelación de conformidad con las competencias de cada órgano institucional, el asunto será enviado en alzada al superior jerárquico para la resolución correspondiente”. Lo anterior fue notificó a la amparada al correo electrónico [...]. Finalmente, se coteja que mediante memorando No.GSP-RCH-CL-2022-01103 del 13 de diciembre de 2022, la recurrida remitió al superior jerárquico el recurso de apelación para su atención, análisis y emisión de la resolución final.\n\nEn la especie, resulta importante realizar las siguientes precisiones: a) los recursos incoados versan sobre el acceso al agua potable en la propiedad que describe la amparada; b) la resolución del recurso de revocatoria ocurrió aproximadamente un mes y medio después de interpuesto y; c) el 13 de diciembre de 2022 se elevó al superior jerárquico el recurso de apelación para su conocimiento y pronta resolución. Al respecto, si bien la accionada subrayó en su informe que “el caso no se enmarca en una petición pura y simple, siendo el mismo de alta complejidad y por tanto este Instituto se ampara al plazo estipulado en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública”, lo cierto del caso es que el inciso 2) del artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública también estipula lo siguiente: “Para tramitar la fase de revisión por recurso ordinario contra el acto definitivo habrá el término de un mes contado a partir de la presentación del mismo”. Adicionalmente, consta que fue con ocasión de la notificación de la resolución de curso de este proceso, que la autoridad recurrida tomó las medidas pertinentes con el fin de resolver el recurso de revocatoria, así como de elevar la apelación al superior para su respectivo análisis. En consecuencia, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, por la tardanza en resolver el recurso de apelación interpuesto por la tutelada.\n\n VI.- Por lo demás, es menester aclararle a la parte promovente que este Tribunal resulta incompetente, por ser un tema de mera legalidad, analizar por el fondo su caso y determinar si el inmueble cumple o no con lo dispuesto por el ICAA. De manera que dicha discusión, deberá ser planteada, si a bien lo tiene, ante el propio instituto accionado, o bien ante la vía jurisdiccional ordinaria que resulte competente.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso, únicamente por la demostrada tardanza en resolver el recurso de apelación interpuesto por la tutelada el 27 de octubre de 2022. Se ordena a Roberto Guzmán Gutiérrez, en su condición de Presidente Ejecutivo, y a Olman Jiménez Cerdas, en su condición de Jefe Cantonal de la oficina de Liberia a.i., ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que tomen las medidas necesarias que estén dentro del ámbito de sus competencias a efecto que en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva y se notifique a la recurrente lo concerniente al recurso de apelación interpuesto en contra la resolución No. GSP-RCH-CL-2022-00919 el 27 de octubre de 2022. Lo anterior, en caso de no haberse realizado a la fecha. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a la recurrida que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nAracelly Pacheco S.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n UEQVBLHN1UW61\n\nEXPEDIENTE N° 22-027615-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:52:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large  \nNormal  \nSmall  \nConstitutional Chamber  \n\nResolution No. 00609 - 2023  \n\nDate of Resolution: January 13, 2023 at 09:15  \n\nCase File: 22-027615-0007-CO  \n\nDrafted by: Anamari Garro Vargas  \n\nType of matter: Amparo action  \n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  \n\n\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 22-027615-0007-CO\n\nRes. No. 2023000609\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes of January thirteenth, two thousand twenty-three.\n\n Amparo action processed in case file number 22-027615-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS).\n\nWHEREAS:\n\n 1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 12:03 hours on December 1, 2022, the petitioner files an amparo action against ICAA and states that on August 17, 2022, she requested the installation of potable water service on the property located in Curubandé de Liberia, registered under Folio Real 5-211510-0, with cadastral plan 5-1822708-2015, a request registered under case file number 2022-00017194-1. However, by note dated October 11, 2022, the Cantonal Office of the ICAA in Liberia informed her that there was no availability of potable water, nor sewer service in front of the property. She provides resolution GSP-RCH-CL-2022-00919 in which the Cantonal Unit RCH-Liberia indicated to her that, in order to provide the required availability, she must construct an aqueduct and access easement (servidumbre de acueducto y de paso) in favor of the institution and extend the main pipeline (tubería madre) over an access easement (servidumbre de paso) with a branch extension of at least 50 meters. Additionally, for this purpose she must provide the construction plans approved by the Colegio de Ingenieros and by the Department of Urbanizations (Departamento de Urbanizaciones) of ICAA, in addition to the materials for the interconnection of the aqueduct. The petitioner states that the improvements imply a multi-million expense that she cannot undertake on her own, so on October 27, 2022, she pointed out to the respondent institution that it is impossible for her to comply with the request, and she asked that the resolution be revoked and that the service be provided in consideration of the fundamental right to water. She describes that by official letter GSP-RCH-CL-2022-01006 of November 7, 2022, they answered her that they were going to review everything related to resolution GSP-RCH-CL-2022-00919; however, she has not obtained any response, which causes her harm. She requests that ICAA be compelled to provide her the service.\n\n 2.- Roberto Guzmán Gutiérrez, in his capacity as Executive President, and Olman Jiménez Cerdas, in his capacity as a.i. Cantonal Chief of the Liberia office, both of ICAA, report under oath, under the following terms:\n\n\"FIRST: That effectively the cantonal unit receives from the petitioner the request for availability of potable water service and/or sanitary sewer service for the property with folio real 5-211510---000 Cadastre Plan G-1822708-2015 located in the district of Curubandé, canton Liberia, province Guanacaste; to which it is assigned the service availability file No. 2022-00017194-1; and on the date of October 24, 2022, resolution GSPRCH- CL-2022-00919 is physically notified to her, so that subsequently on the date of October 27, 2022, she files an ordinary appeal (recurso ordinario) with the cantonal office of Liberia. SECOND: It is necessary to indicate to this honorable Chamber that the denial of the request for Potable Water and/or Sanitary Sewer Availability No. 2022-00017194-1, for the property Estate Folio Real 5-211510---000 Cadastre Plan G-1822708-2015, originated from the provisions established in articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24 and 25 of the Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, and pursuant to the field inspection, basic studies and Regional Engineering Report GSP-RCHO-2022-03262, which specifically indicates that for the property in question, there are no distribution and collection networks, in front of the property, the property does not have access to a public road via an exceptional access for residential use of 7 meters in width, the distribution networks to the property are at least 50 meters away, for which reason the petitioner was recommended that in order to effectively provide availability of services for Cadastre Plan 5-1822708-2015, improvements must be carried out which were described in the Hydric Capacity Certificate (Constancia de Capacidad Hídrica) No. SIGDD-2022-00017194-1-2-1. THIRD: That although what was argued by the petitioner in the filed amparo is true when indicating that this Institute notified her on November 7, 2022, and it was expressed to her by note that a response would be provided within a reasonable timeframe and that as of the date of the amparo she still did not have a response on the requested procedure, it is necessary to clarify that in strict adherence to the principle of legality there are aspects that are not within the power of a single public servant, requiring for the exercise of the competencies and responsibilities inherent to the role and position held by each public servant and for the case under study in reference to the property Estate Folio Real 5-211510---000, given that it is a complex matter it is extremely necessary and relevant to have the technical criteria of the specialized areas in each field, the foregoing in strict respect of the competencies assigned to each organ of the Public Administration and internally within AyA, the Cantonal Unit of Liberia, is of an executive nature and is dedicated to the provision of potable water and sanitation services, hence its priorities regarding the public interest mainly deal with attending to the correct operation and maintenance of the systems, now the truth is that there are processes -such as the service availability one- that require an inter and transdisciplinary approach involving other institutional bodies that do not directly depend on the cantonal office, that is to say, that even though AyA is a single Institution, it has needed to disaggregate its processes in order to ensure adequate management and internal control of the different and diverse activities that are developed within it, a positive certificate of availability of potable water and/or sanitary sewer services constitutes an administrative act that would allow an eventual granting of a new potable water and/or sanitary sewer service while allowing the administered party to trigger a series of processes before other bodies of the Public Administration, therefore the certificate of availability is one of the most powerful documents that AyA generates and issues in the exercise of its competencies and which entails a series of procedures, all in accordance with the regulations that govern us. On the other hand, the Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA establishes the following concepts (art. 5): \"Analysis of technical feasibility (factibilidad técnica) for the granting of services: Process of verification of the real and current existence of sufficient water resources, hydraulic resources, materials, technical, legal and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For such effects, the following conditions must be observed: That the distribution and collection networks pass in front of the boundaries of the property or it has direct access by public road or access easement (servidumbre de paso) of the property for which a service is requested. That the systems have sufficient hydric, hydraulic, potabilization and treatment capacity to grant new services. That the system complies with the established quality attributes. That it complies with the corresponding environmental regulations. [...] Service availability for water supply: Real and current existence, not future or potential, of the necessary global works and infrastructure and hydric supply capacity to meet the service needs of a determined population.[...] Technical Study (Estudio Técnico): Study that allows proposing and analyzing different technical options for the provision of services. Additionally, it allows the verification of the technical feasibility (factibilidad técnica) of each option and the selection of the best alternative.\" (bold and underline are original) ARTICLE 21.- Every project for the construction, expansion or modification of potable water supply and sewage and stormwater disposal systems, public or private, must be previously approved by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which may carry out any inspection it deems appropriate to verify that the works are carried out in accordance with the approved plans. Said prior approval shall be mandatory in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), developments (urbanizaciones) or lotifications (lotificaciones) in any part of the country and no other state agency shall grant construction permits or approvals without such approval from the Institute. On the other hand, in the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, published in the Official Gazette La Gaceta Digital No. 27, Alcance No. 29, Tuesday, February 9, 2021, in its articles 08 and 09 it establishes: Article 8.- Of the services. AyA shall provide the services of water supply for population use and wastewater sanitation within the coverage area, provided it has the technical and legal feasibility (factibilidad técnica y legal).[...]. Article 9- Of the technical conditions for the provision of services. It is the obligation of the provider of potable water and sanitation services to provide them within the parameters of optimal provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, opportunity, sustainability and with a human rights approach, except in cases of force majeure, fortuitous event or duly disclosed maintenance periods that affect the coverage zone where the property is located...(the highlighting is not from the original). FOURTH: It is from the above indicated that it is demonstrated with the presented background that the procedure of October 27, 2022, and the documents contained in file No. 2022-00017194-1 for the property with the estate folio real 5-211510-000, that the case is not framed as a pure and simple petition, it being of high complexity and therefore this Institute relies on the period stipulated in article 261 of the Ley General de la Administración Pública, that as is well indicated in previous lines, the procedure has been duly attended to, and as demonstrated, a response was provided to the petitioner on the date of November 7, 2022. Likewise, on the date of December 13, 2022, the filed ordinary appeal (recurso ordinario) was attended to and notified with resolution GSP-RCH-CL-2022-00919 to the email [...], which corresponds to the means offered by Mrs. [Name 002] to receive notifications. Subsequently, the appeal (recurso de apelación) was sent via memorandum No. GSP-RCH-CL-2022-01103 to the Hierarchical Superior for its attention, analysis and issuance of the final resolution; therefore, it is demonstrated that the Institution processed the petitioner's procedure within the legal term, in accordance with the provisions of article 261 subsection 1) of the Ley General de la Administración Pública\".\n\nThey cite judgments Nos. 12407-06 of 10:09 hours on August 25, 2006 and 006084-2007 of 16:48 hours on May 8, 2007 of the Constitutional Chamber.\n\nThey continue:\n\n\"FIFTH: As derived from the preceding considerations, and in accordance with what is described in report GSP-RCH-CL-2022-01104, as well as the evidence attached to this report for the corresponding verification, it is duly accredited that what was acted upon by the cantonal office of Liberia has been in strict adherence and observance with the technical and legal possibilities established in the constitutional framework by the principle of legality, the response procedure for the revocation appeal (recurso revocatoria) and appeal procedure (tramite de apelación) have been managed within the term granted by the provisions of article 261 subsection 1) of the Ley General de la Administración Pública. SIXTH: It is not omitted to point out that to make the rights of a Costa Rican citizen effective, he or she must firstly comply with the corresponding regulations, so AyA has a series of specific Regulations, processes and procedures that the Administered Parties must carry out, in order to ensure an effective and efficient provision of public services, although it is certainly true that this Institute is fully aware that the fundamental human right of access to potable water constitutes one of the most sensitive legal assets to be protected and guaranteed, which derives from the right to life, to a healthy and ecologically balanced environment, it must adjust to the regulatory regulations that govern us and to the general principles of science and technique; AyA guarantees the service up to where it is technically feasible and as long as the totality of the requirements that have been established for such purposes are met, such as the existence of sufficient hydric and hydraulic conditions, technical aspects necessary for the provision of the public service, therefore Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica, does not oppose the supremacy of one legal asset over another, but rather seeks to integrally guarantee the existence of the human being through one of his or her most basic rights, which must be as feasible as the fact that such access does not negatively impact the environment that needs to be guaranteed for their subsistence in perpetuity; then the right of access to water must be regulated integrally and should not be interpreted as an authorization for non-compliance with the technical and legal requirements to obtain the services. As referred to in the recent reform to Article 50 of the Political Constitution, which grants the character of a fundamental right to access to potable water, it must be contemplated that this guarantee is in faithful harmony with other fundamental rights that are in an equal position, such as the right to a healthy and ecologically balanced environment. However, it is important to point out that access to potable water, recognized as a fundamental right to health and a dignified way of life, the Constitutional Chamber has considered in numerous resolutions that it is not of an unrestricted nature, since there must be the minimum requirements established by the operators of public services, for them to be granted to the administered parties. In that sense, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has extensively developed in its judgments the topic of access to potable water as a fundamental right, considering that it does not imply unrestricted access to said service\".\n\nThey request that the action be declared without merit.\n\n3.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nMagistrate Garro Vargas drafts the opinion; and,\n\n CONSIDERING:\n\n I.- PRELIMINARILY. Before analyzing the merits of the matter -for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure- it must be clarified that, from judgment No. 2008-2545, of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction -with some exceptions- those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines stipulated by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure -initiated ex officio or at the request of a party- or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the present matter an exception case is raised, since it was alleged to be facing the lack of resolution of a request that allows access to the public service of potable water. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\n II.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner states that on August 17, 2022, she requested ICAA the installation of potable water service on the property located in Curubandé de Liberia, registered under Folio Real 5-211510-0, with cadastral plan 5-1822708-2015, a request registered under case file number 2022-00017194-1. However, she indicates that by note dated October 11, 2022, the Cantonal Office of ICAA in Liberia informed her that there was no availability of potable water, nor sewer service in front of the property. In that context, she provides resolution GSP-RCH-CL-2022-00919 in which the Cantonal Unit RCH-Liberia indicated to her that, in order to provide the required availability, she must construct an aqueduct and access easement (servidumbre de acueducto y de paso) in favor of the institution and extend the main pipeline over an access easement (servidumbre de paso) with a branch extension of at least 50 meters. Additionally, for this purpose, she must provide the construction plans approved by the Colegio de Ingenieros and by the Department of Urbanizations of ICAA. Furthermore, the materials for the interconnection of the aqueduct. Regarding the foregoing, she argues that on October 27, 2022, she pointed out to the respondent institution that it is impossible for her to comply with the request. Likewise, she asked that the resolution be revoked and that the service be provided in consideration of the fundamental right to water. She describes that by official letter GSP-RCH-CL-2022-01006 of November 7, 2022, they answered her that they were going to review everything related to resolution GSP-RCH-CL-2022-00919; however, she accuses that she has not obtained any response. She requests the intervention of the Chamber.\n\n III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them according to what was ordered in the initial writ:\n\na)     On August 17, 2022, the petitioner requested ICAA the installation of potable water service on the property located in Curubandé de Liberia, registered under Folio Real 5-211510-0, with cadastral plan 5-1822708-2015, a request registered under case file number 2022-00017194-1 (see report and attached evidence).\n\nb)    In resolution No. GSP-RCH-CL-2022-00919 of October 12, 2022, the Cantonal Office of ICAA in Liberia indicated to the protected party that there was no availability of potable water, nor sewer service in front of the property. Therefore, it required her to construct an aqueduct and access easement (servidumbre de acueducto y de paso) in favor of the institution and extend the main pipeline over an access easement (servidumbre de paso) with a branch extension of at least 50 linear meters in SR26 and in 75 mm PVC. Additionally, it was ordered that she present the construction plans approved by the Colegio de Ingenieros and by the Department of Urbanizations of ICAA. Furthermore, the materials for the interconnection of the aqueduct. Said resolution was notified to the interested party on October 24, 2022, in person (see report and attached evidence).\n\nc)     On October 27, 2022, the plaintiff filed before the respondent authority an ordinary appeal (recurso ordinario) against resolution No. GSP-RCH-CL-2022-00919 and expressly requested that \"the resolution be revoked or, failing that, that it be elevated on appeal (apelación) to the superior so that the required service may be provided\". As a means to receive notifications, she indicated the email address [...] (see report and attached evidence).\n\nd)    By official letter GSP-RCH-CL-2022-01006 of November 7, 2022, the Cantonal Unit RCH-Liberia responded to the defendant party as follows: \"Very respectfully, I acknowledge receipt of your Ordinary Appeal (Recurso de Ordinario), filed before the Cantonal Unit of Liberia on October 27, 2022. For the purpose of adequately resolving the aforementioned appeal, this Unit will proceed to review everything related to resolution GSP-RCH-CL-2022-00919, as well as other procedures carried out that may be related to the procedure that currently concerns us. In view of this, you are informed that a response will be provided within a reasonable timeframe in accordance with the provisions of article 40 of the Reglamento a la Ley 8220, given that this is not a pure and simple request, but rather it is complex and requires review and a technical report for its analysis and assessment\" (see report and attached evidence).\n\ne)     Through resolution of December 13, 2022, the respondent institute addressed the revocation appeal (recurso de revocatoria) filed by the petitioner on October 27, 2022, and resolved the following: \"The revocation appeal (recurso de revocatoria) is rejected and resolution No. GSP-RCH-CL-2022-00919 of date 12/10/2022 is upheld in all its parts. As the appeal (recurso de apelación) was subsidiarily invoked in accordance with the competencies of each institutional organ, the matter will be sent on appeal (alzada) to the hierarchical superior for the corresponding resolution\". The foregoing was notified to the protected party to the email [...] (see report and attached evidence).\n\nf)      Through memorandum No. GSP-RCH-CL-2022-01103 of December 13, 2022, the respondent forwarded the appeal (recurso de apelación) to the hierarchical superior for its attention, analysis and issuance of the final resolution (see report and attached evidence).\n\nIV.- UNPROVEN FACT. The following fact of relevance for this resolution is not deemed proven:\n\nSingle. That ICAA has resolved and notified to the petitioner the decision regarding the appeal (recurso de apelación) filed on October 27, 2022.\n\nV.- ON THE MERITS. In the sub lite, it was accredited that on August 17, 2022, the petitioner requested ICAA the installation of potable water service on the property located in Curubandé de Liberia, registered under Folio Real 5-211510-0, with cadastral plan 5-1822708-2015, a request registered under case file number 2022-00017194-1. Nevertheless, it is inferred that in resolution No. GSP-RCH-CL-2022-00919 of October 12, 2022, the Cantonal Office of ICAA in Liberia indicated to the protected party that there was no availability of potable water, nor sewer service in front of the property. Therefore, it required her to construct an aqueduct and access easement (servidumbre de acueducto y de paso) in favor of the institution and extend the main pipeline over an access easement (servidumbre de paso) with a branch extension of at least 50 linear meters in SR26 and in 75 mm PVC. Additionally, it was ordered that she present the construction plans approved by the Colegio de Ingenieros and by the Department of Urbanizations of ICAA. Furthermore, the materials for the interconnection of the aqueduct. Said resolution was notified to the interested party on October 24, 2022, in person. Faced with such a requirement, it is recorded that on October 27, 2022, the plaintiff filed before the respondent authority an ordinary appeal (recurso ordinario) against resolution No. GSP-RCH-CL-2022-00919 and expressly requested that \"the resolution be revoked or, failing that, that it be elevated on appeal (apelación) to the superior so that the required service may be provided\". As a means to receive notifications, she indicated the email address [...] However, it was demonstrated that by official letter GSP-RCH-CL-2022-01006 of November 7, 2022, the Cantonal Unit RCH-Liberia responded to the defendant party as follows: \"Very respectfully, I acknowledge receipt of your Ordinary Appeal (Recurso de Ordinario), filed before the Cantonal Unit of Liberia on October 27, 2022. For the purpose of adequately resolving the aforementioned appeal, this Unit will proceed to review everything related to resolution GSP-RCH-CL-2022-00919, as well as other procedures carried out that may be related to the procedure that currently concerns us. In view of this, you are informed that a response will be provided within a reasonable timeframe in accordance with the provisions of article 40 of the Reglamento a la Ley 8220, given that this is not a pure and simple request, but rather it is complex and requires review and a technical report for its analysis and assessment\". Thus, from the list of proven facts it follows that through the resolution of December 13, 2022, the respondent institute addressed the revocation appeal (recurso de revocatoria) filed by the petitioner on October 27, 2022, and resolved the following: \"The revocation appeal (recurso de revocatoria) is rejected and resolution No. GSP-RCH-CL-2022-00919 of date 12/10/2022 is upheld in all its parts. As the appeal (recurso de apelación) was subsidiarily invoked in accordance with the competencies of each institutional organ, the matter will be sent on appeal (alzada) to the hierarchical superior for the corresponding resolution\". The foregoing was notified to the protected party to the email [...]. Finally, it is verified that through memorandum No. GSP-RCH-CL-2022-01103 of December 13, 2022, the respondent forwarded the appeal (recurso de apelación) to the hierarchical superior for its attention, analysis and issuance of the final resolution.\n\nIn the instant case, it is important to make the following clarifications: a) the appeals filed pertain to access to potable water on the property described by the protected party; b) the resolution of the revocation appeal (recurso de revocatoria) occurred approximately one and a half months after it was filed and; c) on December 13, 2022, the appeal (recurso de apelación) was elevated to the hierarchical superior for its knowledge and prompt resolution. In this regard, although the respondent entity emphasized in its report that \"the case is not framed as a pure and simple petition, it being of high complexity and therefore this Institute relies on the period stipulated in article 261 of the Ley General de la Administración Pública\", the truth of the matter is that subsection 2) of article 261 of the Ley General de la Administración Pública also stipulates the following: \"To process the review phase by ordinary appeal (recurso ordinario) against the final act there shall be a term of one month counted from its filing\". Additionally, it is recorded that it was upon the notification of the resolution processing this process that the respondent authority took the pertinent measures in order to resolve the revocation appeal (recurso de revocatoria), as well as to elevate the appeal (apelación) to the superior for its respective analysis. Consequently, the amparo action must be declared with merit, due to the delay in resolving the appeal (recurso de apelación) filed by the protected party.\n\n VI.- Furthermore, it is necessary to clarify to the promoting party that this Tribunal is incompetent, being a matter of mere legality, to analyze on the merits her case and determine whether or not the property complies with the provisions of ICAA. Therefore, such discussion must be raised, if she so wishes, before the respondent institute itself, or before the appropriate ordinary jurisdictional venue.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe action is declared with merit, solely for the demonstrated delay in resolving the appeal (recurso de apelación) filed by the protected party on October 27, 2022. Roberto Guzmán Gutiérrez, in his capacity as Executive President, and Olman Jiménez Cerdas, in his capacity as a.i. Cantonal Chief of the Liberia office, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those positions, are ordered to take the necessary measures within the scope of their competencies so that within a period of THREE DAYS, counted from the notification of this judgment, the matter concerning the appeal (recurso de apelación) filed against resolution No. GSP-RCH-CL-2022-00919 on October 27, 2022, is resolved and notified to the petitioner. The foregoing, in the event it has not been carried out to date. The State is condemned to pay the damages and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. The respondent is warned that in accordance with article 71 of the Ley de esta Jurisdicción, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. In all other respects, the action is declared without merit.\n\nNotify.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nAracelly Pacheco S.\n\nJose Roberto Garita N.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nUEQVBLHN1UW61\n\nEXPEDIENTE N° 22-027615-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:52:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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