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  "id": "nexus-sen-1-0007-1189432",
  "citation": "Res. 25091-2023 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Cierre de pozo ilegal en Quintas La Ceiba no viola derechos fundamentales",
  "title_en": "Closure of Illegal Well in Quintas La Ceiba Does Not Violate Fundamental Rights",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto por el presidente de la Asociación de Vecinos de Quintas Residenciales La Ceiba contra el MINAE y el ICAA. La Sala determina que la orden de cierre del pozo que abastecía de agua a 100 familias, emitida por la Dirección de Agua del MINAE, no fue arbitraria ni violatoria del derecho al agua ni al debido proceso. Se comprobó que el pozo fue perforado ilegalmente, sin permisos, y operaba sin concesión en propiedad de una empresa privada. La orden de cierre se notificó al propietario registral, único obligado legalmente a responder. Además, se acreditó que el cierre nunca se ejecutó y el pozo sigue en funcionamiento; el ICAA no ha asumido la administración del acueducto porque los vecinos no han cumplido los requisitos técnicos y legales impuestos desde 2018. La Sala aclara que el suministro de agua puede sujetarse al cumplimiento de requisitos sin que ello vulnere el derecho fundamental. Se exhorta al ICAA a resolver lo que corresponda una vez cumplidos los requisitos.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber denied the amparo petition filed by the president of the Quintas La Ceiba neighborhood association against MINAE and AyA. The Court found that MINAE's order to close the well that supplied water to 100 families was not arbitrary and did not violate the right to water or due process. Evidence showed the well was illegally drilled without permits, operated without a concession on private property. The closure order was properly notified to the registered owner, the only party legally obliged to respond. Moreover, the closure was never executed and the well continues to operate. AyA has not taken over the aqueduct because residents have failed to meet technical and legal requirements set since 2018. The Court reiterated that water supply may be conditioned on compliance with requirements without breaching fundamental rights. AyA was instructed to resolve the matter once requirements are met.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "06/10/2023",
  "year": "2023",
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    "water-law"
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    "amparo",
    "pozo sin permiso",
    "concesión de aguas",
    "Dirección de Agua",
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      "law": "Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG"
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "agua potable",
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    "MINAE",
    "ICAA",
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    "Requisitos AyA",
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    "Decreto 35884"
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    "drinking water",
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    "AyA requirements",
    "Constitutional Chamber",
    "Decree 35884"
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  "excerpt_es": "V.- CASO CONCRETO. (...) En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua –al parecer presuntamente por así haber sido dispuesto por la citada empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.–, a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); de ahí que, se haya procurado su cierre.\n\nEn mérito de lo expuesto, al no advertirse, en la especie, que las autoridades recurridas hayan cometido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente y del resto de propietarios del proyecto Quintas Residenciales La Ceiba, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo.",
  "excerpt_en": "V.- SPECIFIC CASE. (...) In this matter it has been clearly demonstrated that the owners of properties in that residential complex have been supplied water –apparently as ordered by the developer Ganadera La Ceiba S.A.– through an illegally constructed well, i.e., a well for which permits were never processed nor timely requested and which is therefore not duly registered with the MINAE Water Directorate, as required by law (Executive Decree No. 35884-MINAE); hence the closure was ordered.\n\nIn view of the foregoing, as no violation of the fundamental rights of the petitioner and the other owners of Quintas Residenciales La Ceiba has been found, the amparo must be dismissed.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber denied the amparo, holding that the order to close the illegal well did not violate the residents' rights to water or due process.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el amparo, considerando que la orden de cierre del pozo ilegal no violó los derechos al agua ni al debido proceso de los vecinos."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V.A",
      "quote_en": "It has been clearly demonstrated that the owners of properties in that residential complex have been supplied water (...) through an illegally constructed well, i.e., a well for which permits were never processed nor timely requested.",
      "quote_es": "En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua (...), a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos."
    },
    {
      "context": "Considerando V.B",
      "quote_en": "The MINAE Water Directorate is not and does not act as the provider of potable water service in the residential complex under study. (...) this directorate cannot be charged with the obligation to notify each of these owners.",
      "quote_es": "La Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. (...) no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios."
    },
    {
      "context": "Considerando V.B",
      "quote_en": "The residents of that development had known for many years (at least since 2013) that the water service was irregular (since the well was operating illegally).",
      "quote_es": "Los vecinos del mencionado residencial ya conocían, desde muchos años atrás (al menos desde el año 2013), la situación irregular en la que se encontraban respecto a la prestación el servicio de agua (dado que el pozo funcionaba ilegalmente)."
    },
    {
      "context": "Considerando V.D",
      "quote_en": "Although there is a fundamental right to water that may be demanded from the relevant authorities, the provision of the service may be subject to compliance with established requirements and to the material possibility of supply.",
      "quote_es": "Si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1189432",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 25091 - 2023\n\nFecha de la Resolución: 06 de Octubre del 2023 a las 09:27\n\nExpediente: 20-021447-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: SERVICIOS PÚBLICOS\n\nSubtemas:\n\nAGUA POTABLE.\n\nTelf5743. SERVICIOS PÚBLICOS. SE CUESTIONA CIERRE DE POZO DE UN RESIDENCIAL DE QUINTAS EN OROTINA, QUE ABASTECE A LOS VECINOS DE AGUA, SIN DEBIDO PROCESO. SE DECLARA SIN LUGAR, POR CUANTO NO TENÍAN PERMISOS EN REGLA; NO OBSTANTE SE ADVIERTE, QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS, SE RESUELVA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA. VCG10/2023\n\n“(…) V.- CASO CONCRETO. El recurrente acude a esta Sala Constitucional e indica que figura como Presidente de [...]. Expone que hace 23 años se desarrolló el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, el cual se compone de quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una y tiene un total de 100 fincas inscritas como predios agrícolas.\n\n \n\nIndica que el desarrollador de ese proyecto era la empresa Ganadera La Ceiba S.A., la que entregó a los compradores los planos catastrados que cumplían con las especificaciones de los predios agrícolas y con el servicio de agua potable. Explica que, al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor. Señala que inicialmente el servicio se brindaba de forma privada por la misma compañía vendedora (Ganadera La Ceiba S.A.), a través de una empresa relacionada llamada SERINCON S.A., que tuvo a su cargo el cobro del servicio. Refiere que SERICON S.A. desde el año 1997 ha suministrado el servicio de agua potable. A partir del año 2017, los depósitos de pago por el suministro de agua se realizan a otra empresa llamada TYRICA S.A., también relacionada con la Ganadera La Ceiba S.A..\n\n \n\nExplica que, en aquel momento, presumieron que todo se encontraba en regla y que el servicio se prestaba legalmente. Sin embargo, indica el accionante que en un momento se dio un incremento excesivo del cobro por el servicio de agua potable, por lo que realizaron consultas al ICAA y a la ARESEP, producto de las cuales se enteraron que el suministro de agua no se encontraba a derecho, pues el pozo que suministraba dicho líquido no estaba registrado ante el MINAE. Narra que, ante tal situación, se pusieron en contacto con el ICAA para que asumiera el acueducto y pese a gestiones realizadas desde el año 2016 con esta institución, no se ha logrado una solución concreta al problema. Expone que la mayor dificultad gira en el nivel de obras y condiciones impuestas por el ICAA para recibir el pozo y las instalaciones para brindar el servicio, las cuales deben ser costeadas por los vecinos.\n\n \n\nAgrega que un vecino presentó una queja ante el MINAE por el alto costo del servicio de agua potable, la cual originó la emisión del oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 que hizo referencia a la ilegalidad del citado pozo y dispuso su cierre en el plazo de un mes.\n\n \n\nAcusa que el MINAE dispuso el cierre de ese pozo de forma intempestiva, sin otorgar audiencia previa a todos los vecinos del residencial (pues solo se notificó a la empresa infractora) y sin realizar un debido procedimiento, quedando así todos en indefensión. Sostiene que los referidos vecinos se enteraron de lo ocurrido por terceras personas.\n\n \n\nAlega que, tampoco, se les brindó audiencia previa o consultó a las autoridades del ICAA y de la ARESEP, como medio para buscar una solución a la situación. Todo esto, pese a que, al momento del cierre se encontraba en plena vigencia la emergencia nacional por COVID-19, por lo que, en su criterio, resulta esencial contar con el servicio de agua potable.\n\n \n\nAñade que a pesar de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el órgano que debe realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo, así como resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable en el país, no se han tomado las acciones pertinentes para dar una solución a las 100 familias que se han visto afectadas con el cierre del pozo y la suspensión del servicio de agua en sus viviendas. Expone que el ICAA no puede quedar al margen de las gestiones necesarias a realizar para proveer el suministro de agua potable a la comunidad y por eso es necesario su concurso en esta solución; concurso que debió ser procurado por el mismo MINAE antes de ordenar el cierre del pozo.\n\n \n\nDe otra parte, reitera que el desarrollador, al poner en venta las fincas, ofreció la prestación del servicio de agua potable, factor que incidió para que las personas adquirieran las propiedades. Indica que las tres empresas supra citadas son las que tienen el poder y la administración de dicho pozo, así como tienen a su cargo la lectura de los hidrómetros, establecen las facturas y cobran por el servicio de agua, por lo que estima que es necesario que estas participen en el procedimiento de traslado del acueducto al ICAA. En ese mismo sentido, considera, tienen que coordinar con el MINAE y el ICAA lo pertinente para que se cumplan los requisitos exigidos para que dicho instituto asuma la administración del acueducto de la comunidad.\n\n \n\nSostiene, entonces, que en este caso se violentó el derecho de acceso al agua potable, así como sus derechos a la defensa y al debido proceso. Por consiguiente, solicita que este amparo se acogido y, entre otros aspectos, se anule la orden de cierre del pozo dispuesta en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 emitido por la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se ordene al ICAA su inmediata intervención para garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable, realizando las gestiones y obras que fueran necesarias.\n\n \n\nVisto lo anterior, esta Sala observa que el accionante formula este amparo dirigido en los siguientes sentidos: a) que mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 de la Dirección de Agua del MINAE se ordenó el cierre del pozo que abastece el complejo residencial, donde habitan 100 familias, en claro quebranto al derecho de acceso al agua potable y pese a estar vigente la pandemia por COVID-19; b) que dicha decisión se tomó sin notificarse u otorgarse audiencia previa a las 100 familias propietarias de las mencionadas quintas y, por ende, sin respetarse el debido proceso; c) que de previo a emitirse la referida orden, no se realizó consulta al ICAA o a la ARESEP, con el fin de buscarse una solución a la referida problemática; d) que las autoridades del ICAA, pese a las gestiones que le han sido formuladas, no han brindado una solución a la situación y e) que las privadas involucradas en este asunto, deben hacerse responsables y solventar el problema expuesto.\n\n \n\nAhora bien, analizados los agravios expuestos por el recurrente, los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento por las autoridades recurridas, así como todas las pruebas allegadas a los autos, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger este amparo y, concomitantemente, las pretensiones plantadas por el tutelado. Lo anterior, por los motivos que se expondrán a continuación.\n\n \n\nA. Sobre lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 y la necesidad de proveerse de agua potable durante la pandemia por COVID-19. En primer término, resulta menester apuntar que, en la especie, esta Sala no observa, de ningún modo, que la actuación reclamada por el accionante, sea el cierre y sellado del pozo ubicado en la finca No. 377663-000 (propiedad de Ganadera La Ceiba S.A.) y que ha abastecido desde hace varios años al proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, se pueda tener como arbitraria o infundada. En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua –al parecer presuntamente por así haber sido dispuesto por la citada empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.–, a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); de ahí que, se haya procurado su cierre. Nótese que este último cuerpo normativo, en su artículo 28 establece lo siguiente:\n\n \n\n“De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones:\n\n \n\na) Cuando producto de la perforación y exploración resulte seco el pozo o no sea viable el aprovechamiento de agua, lo cual debe ser informado por la perforadora o permisario a la Dirección de Agua del MINAET.\n\n \n\nb) Cuando se realicen perforaciones sin el debido permiso.\n\n \n\nc) Cuando se realicen contraviniendo las disposiciones de permiso, este Reglamento o leyes vigentes.\n\n \n\nd) Caducidad de la concesión conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Aguas Nº 276 del 26 de agosto de 1942.\n\n \n\ne) Cuando se proceda a archivar sin más trámite la solicitud, por incumplimiento de los requisitos o lo solicitado por la administración para tramitar la concesión” (El subrayado no forma parte del original).\n\n \n\nLo anterior, sustenta entonces, claramente, la actuación de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 impugnado por el promovente, en su condición de Presidente de [...]. Oficio que, además, cabe destacar, señala puntualmente todos los motivos de derecho y de hecho que fundamentan el cierre en cuestión, entre los que figuran, principalmente, como se dijo, el funcionamiento del pozo de manera ilegal y su uso para consumo humano y no como abrevadero para 20 reses, tal y como se señaló y solicitó años después, concretamente en marzo de 2020, al ser presentada una gestión por la referida sociedad para legalizar el pozo, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG de 18 de julio de 2019 denominado Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (procedimiento último tramitado conforme el expediente No. [Valor 003]). Siendo así, es evidente que los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se han proveído de agua de forma irregular por varios años y que las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, únicamente se ha abocado a regularizar y poner a derecho esa situación conforme lo establece y exige, a su vez el ordenamiento jurídico; de ahí que, bajo esa perspectiva, no podría afirmarse que la actuación de cierre y sellado del pozo en cuestión atente contra el derecho fundamental de acceso al agua potable. Por el contrario, a tenor de lo estipulado en dicho ordenamiento jurídico, tal actuación busca proteger el recurso hídrico.\n\n \n\nDe otra parte, debe tomarse en cuenta que, si bien a través del cuestionado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 se dispuso el cierre y sellado del pozo, lo cierto es que –tal y como también quedó acreditado–, esta orden no fue ejecutada en aquel momento (sea, el año 2020) ni subsiguientemente por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE. Nótese que, en un primer momento, el Director de Aguas del MINAE, mediante resolución No. DA-1769-2020 de las 08:17 hrs. de 3 de diciembre de 2020 (emitida dentro del referido procedimiento No. [Valor 003]), dispuso la suspensión de dicha orden hasta tanto se resolviera la acción de inconstitucionalidad que se había presentado en contra de lo dispuesto en el citado Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG (que permitía legalizar pozos perforados de forma irregular). Adicionalmente, en esa oportunidad, se aclaró que la inscripción del pozo solicitado quedaba sujeta al cumplimento de lo dispuesto en dicho cuerpo normativo (Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG) y que esta solicitud propiamente sería resuelta al pronunciarse la Sala Constitucional sobre dicho proceso de constitucionalidad. Esta última acción, según se acreditó, fue resuelta y desestimada por esta jurisdicción constitucional mediante la Sentencia No. 2021-25386 de las 13:10 hrs. de 10 de noviembre de 2021, la cual, además, fue notificada en el mes de marzo de 2022 a todas las partes. Luego, las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, en el mes de julio de 2022, informaron a esta Sala que, para entonces, la solicitud para legalizar el pozo en cuestión se encontraba aún pendiente de resolver, lo cual se haría hasta que se resolviera el presente proceso de amparo. Esta situación, según se confirmó recientemente (sea, el 29 de septiembre de 2023), es la que perdura e impera a la fecha. Además, se aclaró que el pozo ubicado en el citado proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no había sido sellado y que, por ende, los habitantes de este sitio continúan utilizándolo para proveerse de agua. En consecuencia, a partir de lo anterior, no podría sostenerse que el recurrente y el resto de personas propietarias de las quintas referidas, se hayan quedado desprovistas del servicio de agua potable, al menos, durante los años en que la pandemia por COVID-19 se encontró mayormente vigente y, por consiguiente, cuando más necesario se hizo el suministro de este líquido en resguardo del derecho fundamental a la salud.\n\n \n\nB. En cuanto a la presunta violación al derecho a la defensa y al debido proceso. En este asunto se ha acreditado y verificado que el pozo en cuestión se halla en un inmueble propiedad de la empresa denominada Ganadera La Ceiba S.A., lo cual fue confirmado en una inspección realizada por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE en septiembre del año 2020, y no en un inmueble a nombre propiamente de la amparada Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada o bien a nombre de algún otro vecino en particular. De ahí que, resulte plenamente justificado que las autoridades de la Dirección de Agua, el 4 de noviembre de 2020, hayan notificado el referido oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisamente al dueño o representante del inmueble donde se construyó y opera el pozo , pues es este quien –a tenor de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas-, debía proceder con el respectivo cierre y sellado. Nótese que, sobre el particular, este último decreto dispone en su artículo 38 lo siguiente:\n\n \n\n“Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (El subrayado no forma parte del original).\n\n \n\nParalelamente a lo anterior, debe tenerse claro en este asunto que la Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. En ningún momento ha suscrito alguna especie de relación por ese concepto con ninguno de los propietarios de las 100 fincas a las que hace referencia el tutelado; de hecho, no tiene competencia alguna al respecto dotada por nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios (en presunta calidad de beneficiarios del servicio de suministro de agua), lo dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20. Resulta evidente que la Dirección de Agua se limitó a poner a derecho el uso del pozo y, desde esa perspectiva, su labor se reducía a notificarle al propietario del inmueble donde este se hallaba, la orden de cierre y sellado en cuestión, tal y como así efectivamente se hizo. Así las cosas, en este caso, no es factible afirmar que a los dueños de los citados inmuebles que conforman el citado residencial, se les vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso.\n\n \n\nEn todo caso, es importante destacar que el propio recurrente, en el escrito de interposición de este amparo, afirmó que los propietarios de los inmuebles ubicados en el citado complejo residencial se enteraron de la orden de cierre en cuestión por otros medios. Incluso, en el elenco de pruebas aportadas por el promovente, consta algunos oficios fechados 17 de noviembre de 2020, donde se acredita que un representante de la sociedad Ganadera La Ceiba S.A. les notificó a algunos dueños de las quintas la orden de sellado dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020. Siendo así, es claro que los propietarios de los citados inmuebles, de previo a la interposición de este amparo, sí tuvieron conocimiento de la orden de cierre del pozo que los abastecía de agua, lo que, en consecuencia, les permitió ejercer, en aquel momento, las acciones que estimaran pertinentes con el fin de regularizar la situación bajo estudio.\n\n \n\nDe hecho, es importante señalar que en este asunto ha quedado plenamente verificado –pues así lo ha relatado el propio recurrente en el escrito de interposición de este proceso–, que los vecinos del mencionado residencial ya conocían, desde muchos años atrás (al menos desde el año 2013), la situación irregular en la que se encontraban respecto a la prestación el servicio de agua (dado que el pozo funcionaba ilegalmente), al punto que, en los años 2016 y 2018, buscaron ayuda de las autoridades del ICAA para que asumieran el acueducto que opera en el sitio. Por consiguiente, es claro que la orden de cierre dispuesta en septiembre de 2020 por parte de la Dirección de Agua no podría considerarse como intempestiva y arbitraria, según los términos expuestos y alegados ante este Tribunal, pues era de esperarse que las autoridades del MINAE, tarde o temprano, actuaran de esa manera, siguiendo, como se ha dicho reiteradamente, lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE).\n\n \n\nC. Tocante a la presunta obligación de coordinar previamente con la ARESEP y el ICAA. Siguiendo lo indicado en el apartado anterior, esta Sala es del criterio que la Dirección de Agua del MINAE, a tenor, a su vez, de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE, cumplió con su puntual obligación de notificar el cierre del pozo al dueño del inmueble donde este se encuentra, sin que se denote o se imponga en ese mismo cuerpo normativo, la obligación de llevar a cabo la actuación que reclama la parte accionante, sea la de coordinar de previo al cierre del pozo con otras instituciones (en este caso con la ARESEP y con el ICAA), con el fin de hallar una solución al problema de suministro de agua en el complejo residencial. El promovente lo que sugiere en el fondo, a través de este alegato, es que el MINAE debía suspender indefinidamente el cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa (y perpetuar el uso y funcionamiento de un pozo construido ilegalmente), hasta que alguna de esas dos instituciones, principalmente el ICAA, resolviera totalmente la situación en la que se encontraron y encuentran actualmente los vecinos del citado residencial, por motivos, al parecer, ajenos a la administración pública, lo cual sin embargo, no resulta plausible en criterio de este órgano constitucional, ya que el deber de este ministerio era velar por el cierre del pozo y no otro. Esto, pues como se ha dicho, la Dirección de Agua del MINAE no ha intervenido, en ningún momento, como prestador del servicio de agua potable en los inmuebles bajo estudio.\n\n \n\nEn todo caso, como ya también se dijo, en este asunto consta que desde al menos el año 2016, sea, cuatro años antes de emitido el oficio en cuestión No. DA-UHTPCOSJ-2123-20, el ICAA conocía del caso bajo estudio –pues así le fue puesto en conocimiento por miembros de [...]–, sin que, en ese momento, se haya logrado concretar una solución. Además, se acreditó que dos años más tarde, sea, en septiembre de 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional, lo cual, sin embargo, no se pudo realizar ante la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto de parte de los interesados. Por ende, en este asunto se ha verificado fehacientemente que si bien el MINAE al emitir el acto administrativo bajo estudio no realizó esa coordinación previa pretendida por el accionante (la cual, como se dijo, en todo caso no le es impuesta por el ordenamiento jurídico), lo cierto es que para entonces el ICAA conocía el problema bajo estudio y ya había emitido criterio sobre cómo se podría resolver la situación (tema último que se retomará con detenimiento en el siguiente apartado).\n\n \n\nD. Sobre la supuesta omisión del ICAA en solventar la situación relacionada con el suministro de agua potable en el complejo residencial. Contrario a lo acusado por el recurrente, este Tribunal Constitucional no considera que a las autoridades del ICAA se les pueda imputar o atribución alguna actuación u omisión arbitraria de su parte en este asunto, que haya atentado en contra de los derechos fundamentales de los habitantes de Quintas Residenciales La Ceiba. Debe observarse que, en este asunto, como ya se adelantó, consta que los interesados (vecinos de dicho residencial), han acudido en dos ocasiones ante esta institución y que, si bien esta no ha asumido el acueducto y, consiguientemente, el suministro de agua potable en dicho complejo residencial, esto se debe a una importante razón, y es que los primeros no han cumplido una serie de requisitos y aspectos técnicos que les fueron notificados y puestos en conocimiento desde hace varios años.\n\n \n\nEn concreto, se determinó que, en el año 2016, algunos miembros de [...] se reunieron con dos ingenieros del ICAA para proponerles asumir el acueducto del complejo residencial. En esta ocasión, según se acreditó también, dichos funcionarios solicitaron el cumplimiento de varios requisitos para tal efecto (v.gr. información detallada de la prueba de bombeo, la cantidad de agua que daba el pozo, análisis de calidad de agua, el plano de la finca donde está el pozo y posible servidumbre, etc.). Asimismo, se verificó que, tiempo después, en septiembre del año 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional. Dicha solicitud fue trasladada por la Junta Directiva del ICAA a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del ICAA, producto de lo cual se emitió el informe No. GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre de 2018, llamado Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, suscrito por un funcionario de la Región Pacífico Central del ICAA y en el cual se indicó que, para acceder a la pretensión del gestionante, se debían cumplir una serie de requisitos, entre estos, lo siguientes:\n\n \n\n“(…) 1. Visado de la segregación de la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y en los artículos 11.2.1 y 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, estos últimos cinco artículos en lo correspondiente a parcelamiento agrícola; como excepcionalidad, requiriendo para ello el visado del INVU. Todo lo anterior para que la prestación del servicio sea legal, ambiental y técnicamente factible.\n\n \n\n2. El servicio a suministrar debe ser adecuado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad, por lo que la infraestructura lo debe permitir, así como un remanente para crecimiento vegetativo de la zona.\n\n \n\n3. Las calles internas del proyecto deben ser calles públicas o servidumbres agrícolas, debiendo estar inscritas las primeras como tales dentro de la red vial cantonal de Orotina, mientras las segundas como servidumbres de paso y acueducto a favor del AyA, que permitan la libre circulación por ellas, así como la posibilidad de instalación de infraestructura.\n\n \n\n4. La red de distribución existente debe ser evaluada en cuanto a sus características como diámetro, material, cédula, instalación y cualquier otro elemento que debe ser considerado para su posible aceptación, o en su defecto, que deba ser sustituido. Estas tuberías deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.\n\n \n\n5. Tal y como lo establece la solicitud, la infraestructura requerida debe ser completa, incluyendo el pozo totalmente equipado y con la protección necesaria, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, lo cual es necesario realizar, y toda la información disponible y por obtener de él. Así mismo debe incluir el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución.\n\n \n\n6. Toda la infraestructura a construir y/o existente debe ser aprobada por el AyA, de acuerdo a la normativa establecida.\n\n \n\n7. Definir las características del desarrollo, esto es, si es de tipo turístico, habitacional, agrícola u otro.\n\n \n\n 8. Los aspectos de la instalación de la micromedición (hidrómetros) o su suministro deberá ser definido por los interesados (…)”.\n\n \n\nTodos estos requisitos, según se informó por parte de las autoridades del ICAA e, incluso, así lo reconoció el propio accionante en el escrito de interposición de este amparo, no habían podido ser cumplidos, por lo que, consecuentemente, dicho instituto no había podido tomar el acueducto y suministrar el servicio de agua potable, según lo pretendido.\n\n \n\nDe este modo, se colige fácilmente que las autoridades del ICAA no se han negado, en ningún momento, de forma infundada o arbitraria a prestar el servicio bajo estudio, según los términos en que lo hace ver o expone el tutelado ante esta jurisdicción constitucional. Lo que sucede en este asunto es que el ICAA, de previo a realizar la actuación pretendida, requiere que se cumplan una serie de requisitos en apego a lo estipulado en el ordenamiento jurídico, sin que sea posible para este caso en particular, realizar una ilegal excepción, y brindar el servicio en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, tal y como pareciera así lo quiere el recurrente. Nótese que, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la prestación del servicio de suministro de agua potable se puede válidamente denegar cuando no se han cumplido los requisitos estipulados al efecto. Así, en el Voto No. 2009-9936 de las 14:08 hrs. de 19 de junio de 2009, se indicó lo siguiente:\n\n \n\n“(…) De tal forma, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento, por lo que se reconoce la posibilidad de limitar el otorgamiento de nuevas pajas de agua con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de suministro de agua potable a los actuales usuarios y domicilios que reciben dicho servicio –ver sentencias números 2007-17475, de las once horas cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil siete, y 2008-11390, de las once  horas veintinueve minutos del veintidós de julio de dos mil ocho-. En este sentido, en sentencia número 2006-1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil seis –reiterada, entre otras, por sentencia número 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del catorce de setiembre de dos mil siete- estableció la Sala que:\n\n \n\n“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...).  Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma. En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.”\n\n \n\nSe entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.\n\n \n\nPor su parte, en la Sentencia No. 2018-7781 de las 09:15 hrs. de 18 de mayo de 2018, esta Sala señaló:\n\n \n\n“(…) III.- SOBRE LA DENEGATORIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. Esta Sala ha considerado que, si bien, existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. En concreto, esta Sala ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. En sentencia número 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009, reiterada en la sentencia No. 2016-005382 de las 9:05 horas de 22 de abril de 2016, esta Sala resolvió lo siguiente:\n\n \n\n“(...) Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.\n\n \n\nConcomitantemente, resulta menester traer a colación lo informado sobre el particular y bajo juramento por el Subgerente de Sistemas Periféricos del ICAA, sea, lo siguiente:\n\n \n\n“(…) toda la información requerida por el AyA, plasmada en el informe técnico, son requerimientos esenciales para concretar la administración del acueducto por parte del AyA, por ende la Institución ha mostrado su anuencia en solventar las necesidades de abastecimiento de la comunidad, en el tanto se brinde la información solicitada, se realicen las mejoras que la parte técnica institucional determine y se defina la condición de acceso a los inmuebles y su respectivas inscripciones, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el cuerpo normativo, que rige las condiciones a las que se obliga el Instituto con el usuario y los requisitos necesarios para la prestación del servicio, se encuentran en el Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, en el Artículo 7 (…)” (El subrayado no forma parte del original).\n\n \n\nAdemás, esta autoridad sostuvo que:\n\n \n\n“(…) si el recurrente aporta la información solicitada en el informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento desde octubre del 2018, para determinar las condiciones actuales del sistema, accesos y posteriormente realizar las mejoras indicadas por el área técnica institucional, se puede asumir el acueducto y solucionar las condiciones actuales del recurso hídrico, de los pobladores de Quinta La Ceiba (…)”. (El subrayado no forma parte del original).\n\n \n\nAsí las cosas, en este asunto se tiene por acreditado que las autoridades del ICAA no han dejado desamparados a los vecinos del referido residencial, habida cuenta que les han propuesto un proyecto para asumir el acueducto y proveerles el servicio de agua potable desde hace varios años, siendo que, si esto no se ha concretado, ha sido porque los segundos no han cumplido con los requisitos exigidos y puestos en su conocimiento.\n\n \n\nE. En cuanto a la pretensión del recurrente para que las empresas relacionadas con el complejo residencial asuman su responsabilidad en este caso. Finalmente, resulta menester señalarle al recurrente que la pretensión dirigida a que las empresas involucradas en este asunto (principalmente, la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.), se hagan responsables de asumir la situación bajo estudio y brinden una solución en cuanto a la provisión del servicio de agua potable en el mencionado residencial, deberá ser planteada, si a bien lo tiene, ante las vías ordinarias de legalidad creadas especialmente al efecto. Nótese que escapa del ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional, por tratarse de un tema de mera y pura legalidad, analizar por el fondo el caso bajo estudio, específicamente, los acuerdos a los que llegaron los propietarios de los inmuebles que forman parte del citado residencial con la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A. (o con algún otro sujeto de derecho privado), al momento de comprar las quintas y todos aquellos puntuales aspectos relacionados propiamente con la prestación del servicio de agua en el sitio y, concomitantemente, determinar, si esta sociedad u otra deben asumir o no algún tipo de responsabilidad en la situación y caso acá expuesto. No resulta material ni razonablemente posible entrar a un complicado y lento sistema probatorio para dilucidar los referidos aspectos señalados por la parte tutelada. Por ende, como ya se dijo, este agravio en particular debe ser planteado ante las respectivas vías ordinarias de legalidad, por cuanto claramente excede el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política.\n\n***\n\nEn mérito de lo expuesto, al no advertirse, en la especie, que las autoridades recurridas hayan cometido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente y del resto de propietarios del proyecto Quintas Residenciales La Ceiba, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo.\n\nVI.- Ahora bien, pese a lo dicho supra, resulta menester indicarles a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, en el momento que los propietarios de los inmuebles que conforman el proyecto Quintas Residenciales La Ceiba cumplan con todos los requisitos técnicos y legales que le han sido exigidos, se resuelva lo que en derecho corresponda; siempre que otra causa ajena a la examinada en el sub lite no lo impida. (…)”\n\n... Ver más\n\nOtras Referencias: HACE REFERENCIA A LA ACCIÓN 19-017936-0007-CO\n\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 033- Legitimación activa\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 33 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL\n\n“(…) I.- SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA ACTIVA.  Por escrito aportado el 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, en su condición de presidenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera La Ceiba S.A., solicitó se tuviera a dicha sociedad como coadyuvante activa del presente proceso. Afirma que la actuación del MINAE consignada en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020 violenta el derecho de acceso al agua potable de las familias que habitan en el complejo residencial Quintas La Ceiba. Asimismo, expone que la decisión ahí consignada se tomó sin otorgarse audiencia previa. En consecuencia, solicita que se declare con lugar el recurso y se anule la orden de cierre dispuesta mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020, emitido por los funcionarios de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se le ordene al ICAA garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable.\n\nSobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por la mencionada interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia. (…)” VCG10/2023\n\n \n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 20-021447-0007-CO\n\nRes. Nº PHO7951\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veintisiete minutos del seis de octubre de dos mil veintitres .\n\n \n\nRecurso de amparo interpuesto por [Nombre317 001], cédula de identidad [CED168 ], a favor de [...], cédula jurídica [Valor CED185], contra EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito aportado a la Sala el 20 de noviembre de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que figura como Presidente de [...]. Expone que hace 23 años se desarrolló el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, el cual se compone de quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una y tiene un total de 100 fincas inscritas como predios agrícolas. Indica que el desarrollador era la empresa Ganadera La Ceiba S.A., la que entregó a los compradores los planos catastrados que cumplían con las especificaciones de los predios agrícolas y con el servicio de agua potable. Refiere que en la actualidad todas las fincas cuentan con los servicios públicos de electricidad y telefonía suministrados por el Instituto Costarricense de Electricidad. Explica que, al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor. Señala que inicialmente el servicio se brindaba de forma privada por la misma compañía vendedora (Ganadera La Ceiba S.A.), a través de una empresa relacionada llamada SERINCON S.A., que tuvo a su cargo el cobro del servicio. Refiere que SERICON S.A. desde el año 1997 ha suministrado el servicio de agua potable. A partir del año 2017, los depósitos de pago por el suministro de agua se realizan a otra empresa llamada TYRICA S.A., también relacionada con la Ganadera La Ceiba S.A.. Explica que, en aquel momento, presumieron que todo se encontraba en regla y que el servicio se prestaba legalmente. Expone que, ante el incremento excesivo en el cobro por el servicio de agua potable, se realizaron consultas a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Acota que en ese momento tuvieron conocimiento que el servicio de suministro de agua no se encontraba conforme a derecho e, incluso, que no estaba autorizado por tales autoridades. Sostiene que se enteraron que el pozo no estaba registrado ante el Ministerio del Ambiente y Energía. Ante tal situación, señala que se pusieron en contacto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con la finalidad de que la prestación del servicio de agua fuera conforme a derecho, contando con el supuesto apoyo de la Ganadera La Ceiba, SERICON S.A. y TYRICA S.A.. Agrega que, desde el año 2016, se han presentado varias gestiones ante las el ICAA, pero, a la fecha en que se acude a esta Sala no se ha logrado una solución concreta al problema. Expone que la mayor dificultad gira en el nivel de obras y condiciones impuestas por el ICAA para recibir el pozo y las instalaciones para brindar el servicio, las cuales deben ser costeadas por los vecinos. Narra que recientemente, ante una queja presentada por un vecino por el alto costo del servicio, el MINAE, concretamente, la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, realizó un estudio de la situación del pozo y por oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 se concluyó que: en el desarrollo en cuestión existen 100 propiedades ubicadas en La Ceiba de Orotina, lugar que cuenta con un pozo perforado, una caseta de mando, un tanque y una tubería enterrada para la distribución de agua a las propiedades. Además, que el 20 de marzo de 2020 se presentó una solicitud de concesión por parte de Ganadera La Ceiba Sociedad Anónima, para el proceso de amnistía de pozos sin número, según Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG, expediente No. 20209PA. Que el uso solicitado para el pozo es un abrevadero para 20 reses y no registra el uso de abastecimiento poblacional. Que casi todas las propiedades de las calles conocidas como Dirección2419, Dirección2417  y el Higuerón cuentan con medidor y el cobro del servicio de agua está a cargo de la empresa TYRICA S.A, lo que evidencia que se pretende un uso habitacional del pozo. Refiere que mediante dicho oficio la Dirección de Agua ordenó a la empresa propietaria del terreno donde se localiza el pozo, proceder al cierre y sellado de Este, dentro del plazo de un mes. Indica que el MINAE, luego de verificar lo anterior, sea que el pozo está sirviendo a más de 100 propiedades, que el servicio se brinda a un alto costo y que los vecinos están disconformes con este costo (lo cual motivó el estudio), decidió dejar sin servicio de agua a más de 100 vecinos. Afirma que esta decisión se tomó sin otorgar audiencia, sin consultar y sin realizar un debido procedimiento. Únicamente se notificó a la empresa infractora (a la que tampoco se le dio audiencia previa sobre la orden de cierre), por lo que es claro que se dejó en indefensión a más de 100 familias a las que, además, se les pretende quitar el único suministro de agua que poseen y por el cual han pagado un alto costo. Sostiene que el MINAE sabe que el pozo se encuentra en proceso de registro y que brinda servicio de agua potable a 100 familias, pero ordenó su cierre sin avisarle a las familias, incluso, sin consultar previamente con el ICAA o la ARESEP y sin, además, brindar un plazo para corregir las inconsistencias legales, para evitar quitar el servicio de agua a toda la comunidad. Acusa que estas acciones constituyen una violación al derecho fundamental de acceso al agua potable. Reclama que en la actualidad el país enfrenta una emergencia sanitaria y la disposición de la Dirección de Agua de clausurar el pozo que brinda el recurso hídrico a las familias de La Ceiba, contradice las disposiciones y medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y el gobierno para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19, para las cuales es esencial contar con el servicio de agua. Relata que la orden de cierre de pozo sólo se notificó a la empresa propietaria del terreno donde este se ubica. Pese a que las autoridades recurridas tienen pleno conocimiento que mediante ese pozo se brinda el servicio de agua a 100 casas, no se realizó consulta previa al ICAA para darle la oportunidad de buscar una solución alternativa a los vecinos. Tampoco se les comunicó a los vecinos, quienes se enteraron de la situación por terceras personas. Reitera que, en este caso, no solo se violenta el derecho al agua potable, sino también sus derechos a la defensa y al debido proceso. Insiste en que no se brindó audiencia previa ante de aplicársele la sanción señalada y se dispuso el cierre del pozo de forma intempestiva (sin habérsele notificado previamente a los vecinos). Por ende, la orden de cierre resulta arbitraria, ilegal e injusta.  Añade que a pesar de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el órgano que debe realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo, así como resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable en el país, no se han tomado las acciones pertinentes para dar una solución a las 100 familias que se han visto afectadas con el cierre del pozo y la suspensión del servicio de agua en sus viviendas. Reitera que la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, omitió realizar las consultas pertinentes al ICAA relacionadas con la prestación ilegal del servicio de agua en la comunidad de La Ceiba, previo a ordenar el cierre del pozo en cuestión. Afirma que, al no acordar una audiencia a las instituciones encargadas de velar por el acceso al agua potable, el MINAE también incurrió en una violación a sus derechos fundamentales. Expone que el ICAA no puede quedar al margen de las gestiones necesarias a realizar para proveer el suministro de agua potable a la comunidad y por eso es necesario su concurso en esta solución; concurso que debió ser procurado por el mismo MINAE antes de ordenar el cierre del pozo. Reitera que el desarrollador, al poner en venta las fincas, ofreció la prestación del servicio de agua potable, factor que incidió para que las personas adquirieran las propiedades. Indica que las tres empresas supra citadas son las que tienen el poder y la administración de dicho pozo, así como tienen a su cargo la lectura de los hidrómetros, establecen las facturas y cobran por el servicio de agua, por lo que estima que es necesario que estas participen en el procedimiento de traslado del acueducto al ICAA. En ese mismo sentido, tienen que coordinar con el Ministerio del Ambiente y Energía y el ICAA lo pertinente para que se cumplan los requisitos exigidos para que dicho instituto asuma la administración del acueducto de la comunidad. Considera que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y, entre otros aspectos, se anule la orden de cierre del pozo dispuesta en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 emitido por la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se ordene al ICAA su inmediata intervención para garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable, realizando las gestiones y obras que fueran necesarias.\n\n2.- Por resolución de las 07:10 hrs. de 27 de noviembre de 2020, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.\n\n 3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 2 de diciembre de 2020, la parte recurrente solicita que se tenga como recurridas a las empresas señaladas en el escrito de interposición, en calidad de sujetos de derecho privados. También, solicita que se tenga por suspendido el acto impugnado, sea, el cierre del pozo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\n 4.- Por escrito aportado a la Sala el 3 de diciembre de 2020, Cecilia Martínez Artavia, en su condición de Subgerenta de Gestión de Sistemas Comunales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) en cuanto a la interposición del recurso de amparo a favor de [...], cédula jurídica [CED161 ], el Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, Jefe de la ORAC Pacífico Central, mediante oficio No. GSD-UEN-GAR-2020- 05087, del 01 de diciembre del 2020, señala: “En respuesta a la solicitud del informe del Recurso de Amparo Exp. 20-021447-0007- CO, me permito informarle que la comunidad de la Ceiba no es una ASADA, además el trámite correspondiente a dicha comunidad es atendido por la Oficina Regional del AyA Puntarenas, siendo como se muestra en la prueba No. 16, informe GSP-RPC-2018-00586 del 16 de octubre del 2018.” (el resaltado es nuestro) En este sentido, con respecto al informe No. GSP-RPC-2018-00586, de fecha 16 de octubre del 2018, ver imágenes 94 a 96 del escrito de interposición y pruebas aportadas por el recurrente al expediente No. 20-021447-0007-CO. Además, en dichas pruebas, visible a imagen 92, rotulada como prueba No. 15 de su escrito de interposición, el recurrente aporta oficio No. JD-2019-00063, del 22 de febrero del 2019, en el cual la Junta Directiva del AyA, le responde al Sr. [Nombre317 001], representante de la Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, que: “Como parte del seguimiento al acuerdo de referencia, adjunto encontrará el informe presentado por la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, memorando SG-GSD2018-00616, conocido en la sesión ordinaria de Junta Directiva No. 2019-08, celebrada en fecha 19 de febrero de 2019. Según se desprende del estudio técnico adjunto, previo asumir el acueducto se debe cumplir con los requisitos establecidos en el informe técnico. Cualquier información adicional la pueden coordinar con la Región Pacífico Central.” (la negrita no corresponde al original) Es decir, el recurrente y su representada, desde el mes de febrero de año 2019 tenían conocimiento de los requerimientos técnicos para ser asumidos por el AyA, dado que así se los expuso la Junta Directiva del Instituto, incluso, conociendo del procedimiento de cierre de pozos que tramita la Dirección de Aguas del MINAE, por lo que el Sr. [Nombre 001] y la Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, se encuentran disconformes es con el actuar del Ministerio de Ambiente y Energía, y no con lo señalado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En cuanto a la interposición del recurso de amparo por parte del Sr. [Nombre317 001], en su carácter personal, dado que no se señala por hechos sino por títulos, con respecto al apartado “Necesaria participación del AyA en reconocimiento del derecho humano básico y vital al agua potable.”, en forma general se alega el cierre de un pozo sin la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a lo cual debemos aclarar que no es competencia del AyA intervenir ese tipo de actividades, dado que corresponde directamente a la Dirección de Aguas del MINAE, en este sentido la Ley de Aguas, Ley No. 276, del 27 de agosto de 1942, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 191 del 28 de agosto de 1942, establece: “Artículo 18.- Toda persona que esté disfrutando de un derecho de aguas, deberá exhibir la concesión que tenga para ejercitar ese derecho. Sin embargo, el que en la fecha de la promulgación de esta ley hubiere disfrutado durante veinte años de un aprovechamiento de aguas públicas, sin oposición de la autoridad ni de tercero, tendrá derecho a continuar disfrutándolo, aun cuando no pueda acreditar cómo obtuvo la correspondiente autorización, siempre que se sujete a las restricciones que determina el artículo 21, cuando el caudal no fuere suficiente para abastecer las necesidades de los predios inferiores. Quedan confirmados de pleno derecho los aprovechamientos existentes, amparados por títulos, concesiones o confirmaciones expedidos con anterioridad a la fecha de la presente ley, siempre que los concesionarios hubieren cumplido con las obligaciones impuestas en los títulos respectivos. Los derechos que para el aprovechamiento de las aguas señalen leyes especiales, tendrán el carácter de concesiones, pero deberán ser inscritos en el respectivo Registro de Concesiones. Los usuarios que tengan títulos diferentes a los señalados en los casos anteriores están obligados a solicitar del Minae la confirmación de sus derechos. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta ley; cuando se trate de aprovechamientos que existan en corrientes de aguas públicas. Transcurridos esos plazos, la legalización de los aprovechamientos sólo podrá hacerse mediante nueva concesión. Los aprovechamientos de hecho serán legalizados a solicitud de los interesados y mediante inspección, siempre que la solicitud se presente dentro de un año, contado desde la promulgación de esta ley. De no hacerse en ese plazo, el interesado deberá solicitar su concesión de acuerdo con los trámites establecidos en esta ley.” (la negrita es nuestra) En este sentido, el Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAET, denominado Reglamento de perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 88, del viernes 7 de mayo del 2010, establece: “Artículo 14.- De la perforación del subsuelo cuando hay servicio público de acueducto. No se autorizará la perforación de subsuelo para el aprovechamiento de aguas subterráneas cuando el uso pretendido sea el uso poblacional y pueda ser abastecido por un ente prestatario de servicio público de acueducto y alcantarillado, que brinden dicho servicio. Para que se pueda autorizar la perforación, se deberá aportar carta del ente prestatario del servicio del sector donde se ubica el inmueble; en la que manifieste que para la propiedad en la que se usará el agua no existe posibilidad técnica de abastecimiento o bien el compromiso de este ente asumirá el pozo para su aprovechamiento y suministro de agua. Artículo 15.- De la solicitud de exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas. La solicitud de permiso de perforación del subsuelo para la exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas debe presentarse conjuntamente con la solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), por parte del propietario registral del inmueble donde se pretende aprovechar el agua, entregando debidamente lleno el formulario prediseñado para tal efecto y adjuntando los siguientes requisitos: a) Datos del dueño registral de la propiedad donde se construirá el pozo y aprovechará el agua; si se trata de persona física deberá presentar copia de la cédula o documento de identificación; si se trata de una persona jurídica deberá presentar certificación de personería jurídica del representante legal, con no más de tres meses de expedida. b) Demostración de la propiedad de conformidad con el inciso b) del artículo 178 de la Ley de Aguas y plano catastrado de la propiedad donde se usará el agua, con no más de tres meses de expedidos. c) Nombre317 de la perforadora contratada; la cual debe estar debidamente inscrita en el Registro de Empresas Perforadoras administrado por la Dirección de Aguas y al día con sus obligaciones. d) Localización cartográfica del sitio de perforación indicando las coordenadas levantadas por el profesional responsable de la perforación utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés), anotando el Nombre317 y número de la hoja cartográfica. e) Carta de ente prestatario de servicio público de acueducto y alcantarillado, de conformidad con el artículo 14 del presente Reglamento. f) Estudios técnicos correspondientes, conforme lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del presente Reglamento. El formulario deberá venir firmado por el gestionante de la perforación y concesión de aguas, por el profesional responsable en la perforación del pozo que debe estar incorporado ante el colegio de profesionales respectivo y por el representante legal de la perforadora contratada, todos en calidad de responsables de la perforación del subsuelo y construcción del pozo. Dichas firmas deberán estar debidamente autenticadas por un notario público. … Artículo 28.—De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones: a) Cuando producto de la perforación y exploración resulte seco el pozo o no sea viable el aprovechamiento de agua, lo cual debe ser informado por la perforadora o permisario a la Dirección de Agua del MINAET. b) Cuando se realicen perforaciones sin el debido permiso. c) Cuando se realicen contraviniendo las disposiciones de permiso, este Reglamento o leyes vigentes. d) Caducidad de la concesión conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Aguas Nº 276 del 26 de agosto de 1942. e) Cuando se proceda a archivar sin más trámite la solicitud, por incumplimiento de los requisitos o lo solicitado por la administración para tramitar la concesión. Para el cierre se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 39. … Artículo 38.—Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (la negrita no corresponde al original) En cuanto al apartado denominado Anexo “Relación Cronológica de Hechos”, reiterar que los hechos señalados por el recurrente son con respecto a la prestación ilegal del servicio de agua potable por parte de un operador no autorizado. Además, en la imagen 25 párrafo primero, hace referencia a que las mejoras al sistema debían ser asumidas por SERINCON SRL., los cuales además tienen que realizar los traspasos a favor del Instituto, dentro de los cuales se encontraba el pozo del cual se abastecía el desarrollo urbanístico. En esa misma imagen 25, párrafo tres, en cuanto a ser asumidos por el AyA, es importante resaltar que los funcionarios Jorge Ramírez Rodríguez y Giovanni García Flores, pertenecen a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales, de ahí que nuestra participación sería para analizar la posibilidad de constitución de una ASADA en el sector, en este sentido el Lic. Ramírez Rodríguez indicó que es imposible la misma, siendo que los sistemas del AyA como operador pasan justo al frente de la propiedad, en este sentido, el Acuerdo de Junta Directiva No. 2014-05861 , no permite la constitución de nuevos operadores en un radio menor a los 2 kilómetros, de otros operadores, sean ASADAS o el mismo Instituto. En este sentido, dicho acuerdo señala: “Para nuevas solicitudes de conformación de acueductos comunales, la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales deberá verificar sobre la existencia de otro operador, en un radio de dos kilómetros a la redonda de la comunidad que hace la solicitud para conformar el nuevo sistema de abastecimiento de agua. En el caso de que exista un operador en el radio indicado y que haya manifestado por escrito que no cuenta con la capacidad para asumir el nuevo acueducto o comunidad a abastecer, el AyA deberá realizar un estudio técnico que determine la situación actual de la ASADA, ante esa demanda y alternativas de solución, en un plazo máximo de tres meses.” Reiterar que de las pruebas aportadas por el recurrente se desprende que, el AyA ya emitió sus recomendaciones para asumir el sistema, por lo que no es posible la constitución de una ASADA en la zona. En dicho apartado, en todo lo demás se reitera lo indicado anteriormente, el Instituto a actuado a derecho y emitido las recomendaciones correspondientes, no encontrándose a la fecha respuesta alguna que esté pendiente por parte de esta Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales. Además, que el asunto del sellado de pozos no es competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por lo que la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, no debe coordinar con el AyA para ese proceder. FUNDAMENTOS DE DERECHO (…) Aquí, por el contrario, ha quedado demostrado que el AyA ya emitió sus recomendaciones en cuanto a las mejoras necesarias para asumir el sistema, y lo que está pendiente es el cumplimiento por parte de los encargados del desarrollo urbanístico, Quintas la Ceiba de Tierra Dorada. En este sentido ver el informe técnico denominado “Quintas la Ceiba de Tierra Dorada”, No. GSP-RPC-2018-00586, de fecha 16 de octubre del 2018, presentado por el recurrente como prueba No. 16, visible de imagen 94 a 96 de su escrito de interposición y pruebas que se encuentran en el expediente digital de este Tribunal Constitucional, siendo que dicho informe concluye: “Conclusiones. El AyA queda a la expectativa y espera de la definición de lo señalado en el desarrollo anterior en cuanto a la información requerida, de modo se pueda definir con claridad la posibilidad de que la Institución pueda asumir la administración del sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Quintas La Ceiba Tierra Dorada, según voluntad expresa de sus vecinos.” (la negrita es nuestra) En cuanto a la imposibilidad material de otorgar nuevos servicios. (…) Es importante indicar que, por el tiempo transcurrido desde que se emitió el informe No. GSP-RPC-2018-00586, de fecha 16 de octubre del 2018, se deben de realizar una actualización de las recomendaciones ahí emitidas, previa valoración por parte del AyA para asumir la operación del sistema que abastece el desarrollo urbanístico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, a costas de los solicitantes, tanto las valoraciones como las mejoras necesarias. En cuanto a la imposibilidad material jurídica o material para brindar un servicio, no vulnera los derechos fundamentales la Sala Constitucional se ha referido en reiteradas ocasiones (resoluciones número 2009-011529 y número 2010-013690) (…) En cuanto a los asuntos de mera legalidad. Consideramos que el presente asunto corresponde a aquellos denominados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional como “de mera legalidad”, siendo que en reiteradas ocasiones se le ha indicado al recurrente, las mejoras que requiere el sistema para el Instituto asuman directamente el desarrollo Quintas La Ceiba Tierra Dorada, de la cual el recurrente es vecino y propietario de una parcela. Además, la disconformidad del Sr. [Nombre317 001], es con respecto al procedimiento de sellado de pozos, procedimiento que compete única y exclusivamente a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. En este sentido, la Sala Constitucional en su inteligencia ha señalado existen procedimientos que no son de conocimiento de la jurisdicción constitucional2 ; es decir, aquellos casos que se tratan de asuntos de mera legalidad y no de constitucionalidad, los cuales deben ser ventilados en la vía ordinaria correspondiente (…) Como se desprende del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, Acuerdo de Junta Directiva No. 2019-461, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 242, Alcance No. 285, del 19 de diciembre del 2019, no es posible otorgar constancias de disponibilidad de servicios cuando no exista viabilidad técnica, vaya en detrimento de la calidad del servicio que se presta y no exista infraestructura, condiciones que según el informe No. GSP-RPC-2018- 00586, del 14 de junio del 2018 (el deberá ser actualizado por los interesados), deben ser solucionadas previa interconexión con los sistemas operados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (…)”.\n\n 5.- Por escrito aportado a la Sala el 4 de diciembre de 2020, Marylin Mora Vega, en su condición de Coordinadora de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Central y José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua, ambos de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, rinden informe y manifiestan expresamente lo siguiente: “(…) SOBRE EL FONDO Para efectos de comprensión por parte de la Sala Constitucional, es importante tener claro lo siguiente: Mediante el Decreto Ejecutivo 35884-MINAET, se establece la obligación de todo administrado que pretenda perforar para obtener y aprovechar aguas de un pozo, debe obtener de previo el permiso por parte de la Dirección de Agua del MINAE y posterior concesión de agua otorgada por el Jerarca del Ministerio. Por otra parte, es importante señalar que mediante el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, publicado en el periódico oficial La Gaceta, N°139 Alcance 167 del 24 de julio del 2019, se publicó el Reglamento de Registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, cuyo objetivo era establecer el procedimiento para la inscripción y registro regulado de pozos perforados sin permiso de perforación y el trámite respectivo para la obtención de la concesión de aprovechamiento de aguas. Decreto que estuvo vigente hasta el 24 de marzo del presente año, sin que hubiese prórrogas. Básicamente el decreto está brindando la oportunidad a todas aquellas personas de infringiendo el ordenamiento jurídico por haber perforado sin permiso, puedan ponerse a derecho y aprovechar el agua de manera legal, cancelando el respectivo canon y permitiendo con las inscripciones contar con un adecuado balance hídrico. Para el caso que nos ocupa, es necesario hacer ver que el pozo se perforó sin permiso, se está utilizando o aprovechando el agua sin concesión y ahora se está solicitando su incorporación al sistema. La solicitud la está presentando, la propietaria del terreno donde se perforó de manera ilegal el pozo que utiliza la Asociación de Vecinos del residencial que se encuentran recurriendo. Esta solicitud generó el expediente administrativo [Valor 003]. Efectivamente consta que se ordenó por parte de la Unidad Hidrológica Tárcoles, el sellado del pozo por cuanto no tiene permiso ni concesión. Sin embargo, del estudio del expediente [Valor 003] se determinó que la fuente correspondiente a pozo perforado para extracción y aprovechamiento de aguas subterráneas perforado en la finca propiedad de GANADERA LA CEIBA S. Nombre312. que gestionó su registro como propietaria del inmueble, corresponde a la fuente de la que se abastece ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en el oficio JD-2019-00063 del 22 de febrero de 2019, efectivamente esa Asociación ha realizado trámites ante el Nombre312 y Nombre312 para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A, así como la voluntad de esa institución, siempre que se coordine y cumpla los requisitos para la perforación. Importante, poner en conocimiento que se tramita en la Sala Constitucional el expediente administrativo 19-017936-0007-CO promovido por la FECON, el cual es Acción de Inconstitucionalidad contra el DE-41851-MP-MINAE-MAG, el cual ordenó suspender el dictado de la resolución final en aquellos procedimientos en que se deba aplicar la norma. A la fecha la misma no se ha resuelto, por lo que los procesos de las solicitudes presentadas amparadas a este decreto, se encuentran suspendidos a la espera de la resolución judicial. Aclarado lo anterior, procederemos analizar los antecedentes del caso: De conformidad con el informe DA-UHTPCOSJ-2534-2020 del 1 de diciembre del 2020, firmado por la suscrita como por el Técnico José Ricardo Hidalgo Sánchez, se recibió en esta Dirección, denuncia por el sistema de SITADA, bajo el número 21753-2020, con fecha 16 de julio del 2020, por Nombre10939   , quien denuncia a la empresa Tyrica S.A., por cobros excesivos en el recibo del agua, y solicita además saber si el pozo de donde se están surtiendo el agua es legal, está inscrito o no, para ello adjunta varios documentos. Para atender la denuncia, tal y como se tiene previsto en el procedimiento interno de la Dirección de Agua, se realizó visita al sitio por parte de funcionarios de esta Dirección en este caso, el Técnico José Ricardo Hidalgo Sánchez, originándose el informe técnico DA-UHTPCOSJ-2113-2020 del 25 de setiembre del 2020. Ya en el lugar se comprobó que se trataba de un desarrollo residencial, compuesto por alrededor de 100 inmuebles. Indica además que, según manifestaciones de los vecinos del lugar, el sitio era abastecido por un pozo que se ubicaba en una propiedad que fue rematada., quedándose sin agua por lo que optaron por la perforación de un nuevo pozo hace dos años, el cual se encuentra en propiedad de Ganadera La Ceiba S.A. y que a la fecha se tramita su inscripción por medio de la amnistía de pozos. Que, revisada la base de datos de la Dirección, se confirmó que no existe información respecto a permiso de perforación en el sitio en cuestión, por lo que se determina que la perforación es ilegal. Que conforme con el Manual de Procedimientos de la Dirección de Agua, se procedió a notificar mediante el informe DA-UHTPCOSJ-2123-2020 del 28 de setiembre del 2020, (dado que el pozo no cumple con los requerimientos de ley), la obligación de sellar el mismo. Notificación que fuera realizada el 4 de noviembre del 2020, a quien aparece como propietario del inmueble donde se ubica el pozo en cuestión, sea Ganadera La Ceiba, según el expediente administrativo [Valor 003], la cual a la fecha tiene pendiente de resolver un recurso de revocatoria. De forma tal que lo que necesita el residencial, es que el ente prestador del servicio público, asuma la prestación del servicio, y no que un particular como es el caso que nos ocupa siga prestando el servicio. La Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, como ente administrador del agua, dentro del Ministerio, tiene competencias y obligaciones que cumplir conforme lo dicta el ordenamiento jurídico, una de ellas, verificar si los aprovechamientos de agua, se encuentran o no a derecho y aquellos que no estén proceder como en derecho corresponde. Durante la investigación apareció información, acerca de las gestiones que los mismos residentes han llevado a cabo ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las cuales no han concluido, pero tampoco se ha podido concluir con el proceso de análisis de cumplimiento de requisitos del pozo perforado para valorar su inscripción con base en el Decreto de Registro de Pozos sin número, debido a la Acción de Inconstitucionalidad contra el DE-41851-MP-MINAE-MAG, el cual ordenó suspender el dictado de la resolución final en aquellos procedimientos en que se deba aplicar la norma. Ahora bien, siendo como es, un uso de agua poblacional, deben los recurrentes, insistir ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una pronta solución y atención al problema que enfrentan, si una vez que la Sala Constitucional resuelva la acción de Inconstitucionalidad y sea posible valorar su procedencia y cumplimiento de requisitos, pero no a través de una concesión de agua otorgada por el MINAE porque no es de su competencia el uso poblacional, que compete al A y A, institución que de ser viable técnica y legalmente el pozo, solicita su inscripción al MINAE a través de la Dirección de Agua. Que en fecha 2 de diciembre del 2020, se presenta nota suscrita por el señor [Nombre317 001], en su condición de presidente de [...], cédula jurídica CED5633, en donde se indica que el oficio DA-UHTPCOSJ-2123-2020 ha sido impugnado por su representada ante la Sala Constitucional, mediante un recurso de amparo, mismo que fue acogido para estudio, por lo que solicita la suspensión de la orden de sellado, hasta tanto no se pronuncie la Sala Constitucional y / o que se brinde a los vecinos una alternativa viable para contar con el servicio de agua. Que en fecha 20 de marzo del 2020, se presentó la solicitud de registro de pozos realizados sin permiso y habilitación de concesión de aguas subterráneas, amparados en el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, por parte de GANADERA LA CEIBA S.A., proceso que se encuentra suspendido en razón de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente 19-017936-0007-CO, por lo que no se puede resolver dicha solicitud hasta tanto ese máximo tribunal no resuelva lo correspondiente. En virtud de lo anterior la Dirección de Agua, mediante resolución DA-1769-2020, dictada en Expediente [Valor 003] a las ocho horas diecisiete minutos del tres de diciembre del dos mil veinte dispuso lo siguiente: “1 SE SUSPENDE LA ORDEN DE SELLADO del pozo perforado dictada por oficio DA-UHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, hasta que se encuentre resuelta la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente de la Sala Constitucional número 19-017936-0007-CO. 2 Apersonarse ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019-00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A. 3 La inscripción de la fuente deberá solicitarla el A y A y estará supeditada a que cumpla con los requisitos legales para inscripción de fuentes de uso poblacional.” PETITORIA Con fundamento en lo antes señalado, y dado que el cumplimiento de las obligaciones que tiene la Dirección de Agua, velar por el aprovechamiento legal del recurso, emitiendo las órdenes que le corresponde, se solicita se declare sin lugar el presente recurso y una vez resuelta la acción de inconstitucionalidad, si la fuente cumple los requisitos para su inscripción, proceda el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a solicitar la inscripción del pozo a su nombre, para que asuma la responsabilidad correspondiente y proceda a atender el servicio público dentro del residencial, tal y como lo indica la ley (…)”.\n\n 6.- Por escrito aportado el 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, en su condición de presidenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera La Ceiba S.A., presenta coadyuvancia en el presente recurso de amparo. Refiere que se realizaron gestiones para poner a derecho el pozo que abastece a las fincas, solicitándose la correspondiente concesión de aprovechamiento de aguas. Explica que la sociedad que se ha encargado de la administración del pozo solamente lo ha hecho para garantizar su mantenimiento y subsistencia. Indica que se ha tratado por varios medios de entregar al ICAA el pozo y el acueducto completo, pero no ha sido posible. Afirma que no se ha lucrado con la venta de agua. Se refiere a lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 e indica que la decisión ahí contenida se tomó sin otorgarse audiencia previa a las familias, así como al ICAA y a la ARESEP. Señala que la Ganadera La Ceiba S.A. no puede cumplir la orden del MINAE, ya que el pozo se ubica en un inmueble que no es de su propiedad, sino que se halla en un terreno de Pozo Quintas Oro S.R.L. Afirma que las referidas acciones representan una violación al derecho de acceso al agua potable. Solicita que se declare con lugar el recurso y se anule la orden de cierre dispuesta mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 del 28 de setiembre de 2020, emitido por los funcionarios de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se le ordene al ICAA garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable.\n\n 7.- Mediante memorial aportado a la Sala el 4 de diciembre de 2020, Sergio Núñez Rivera, en su condición de Subgerente de Sistemas Periféricos a.i. del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) HECHOS Y CUESTIONES DE FONDO PRIMERO: Que de acuerdo a los antecedentes que se registran en la Dirección de Operación y Mantenimiento de la Región Pacífico Central, es cierto que mediante nota emitida por el aquí recurrente, como presidente de [...], en fecha 07 de setiembre del 2018, se solicita ante la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, asuma la administración del acueducto que actualmente los abastece, indicando en dicho escrito, que en conjunto la Asociación de vecinos y la sociedad Ganadera La Ceiba S.A., siendo esta última la empresa encargada de suministrar el servicio de agua a los habitantes, se estaría donando al Instituto, los terrenos donde se ubica el pozo, finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Provincia de Alajuela, situada en el Cantón de Orotina, distrito La Ceiba, Folio Real Matrícula Placa1053, plano catastro Placa1054, inscrita a Nombre317 de Pozo Quintas Oro Sociedad de Responsabilidad Limitada., cédula jurídica tres-ciento dos-setecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y cuatro, adicionalmente que dicha empresa se compromete en entregar tanto el pozo con el equipamiento y estándares de calidad que requiera la Institución, como el tanque o tanques solicitados para el correcto abastecimiento de los habitantes. En sesión ordinaria de la Junta Directiva del AyA N°2018-051 de fecha 18 de setiembre del 2018, Acuerdo N°2018-317, se traslada a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, con el fin de que se analice y se efectúe un proyecto de acuerdo, con base a la solicitud efectuada por [...], en un plazo de un mes, a lo cual mediante Memorando N°SG-GSP-2018-00616 de fecha 18 de diciembre del 2018, emitido por esta Subgerencia y dirigido a la Licda. Karen Naranjo Ruíz, de Junta Directiva, se adjunta informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento de la Región Pacífico Central, N°GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre del 2018, donde se desglosan los requerimientos de la Institución, en concordancia con la normativa Institucional vigente para satisfacer la petición de la población de Quintas La Ceiba Tierra Dorada. En el mismo orden de ideas, el informe efectuado por el Ing. Leonardo Moya González, quien fungía como director de Mantenimiento y Operación de la Región Pacífico Central y el cual es ratificado según Memorando N°GSP-RPC-2020-01131 de fecha 03 de diciembre del 2020, emitido por el Ing. Mario Solís Castro, actual sucesor del Ing. Moya, indica las condiciones de cumplimiento obligatorio por parte de la Asociación de vecinos, para que el AyA asuma la administración del acueducto, a saber: Aportar visado de la segregación de la finca conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y los artículos II.2.1 y 50,51,52,53,54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamiento y Urbanización, en lo correspondiente al parcelamiento agrícola; requiriendo el visado del INVU. Las calles internas del proyecto deben ser inscritas como calles públicas dentro de la red víal cantonal de Orotina, o la respectiva inscripción de las servidumbres agrícolas, de paso y acueducto a favor del AyA, para permitir tanto la libre circulación por ellas como la instalación de infraestructura. Se debe efectuar una evaluación de la actual red de distribución, que incluye características, diámetro, material, cédula, instalación y/o cualquier otro elemento que deba ser considerado para su posible aceptación o en su defecto sustitución, ya que estas deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. De igual manera, se debe definir las características del desarrollo, tipo habitacional, agrícola u otro y la medición para la facturación, por macromedidor o micromedición. Tanto la infraestructura existente o a construir, como la requerida para el pozo y su equipamiento, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, para recopilar la información de lo producido por el pozo, así mismo el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución. SEGUNDO: Es menester indicar, qué al tratarse de un sistema de abastecimiento privado, mismo que ha operado al margen de la normativa del AyA, la Institución desconoce las condiciones actuales del sistema en cuanto a tuberías y la situación en la que se encuentran los accesos a las propiedades, toda la información requerida por el AyA, plasmada en el informe técnico, son requerimientos esenciales para concretar la administración del acueducto por parte del AyA, por ende la Institución ha mostrado su anuencia en solventar las necesidades de abastecimiento de la comunidad, en el tanto se brinde la información solicitada, se realicen las mejoras que la parte técnica institucional determine y se defina la condición de acceso a los inmuebles y su respectivas inscripciones, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el cuerpo normativo, que rige las condiciones a las que se obliga el Instituto con el usuario y los requisitos necesarios para la prestación del servicio, se encuentran en el Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, en el Artículo 7, en el cual se expresan las condiciones para la prestación de los servicios: \" Es obligación de AyA dotar al usuario de un servicio óptimo en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derecho humano, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten la zona donde está localizada la propiedad. AyA garantizará una presión dinámica de servicio de 10 metros columna de agua(m.c.a.) en el punto de conexión en donde se ubique el sistema de medición. Asimismo, es importante considerar que los artículos 6, 13 del Reglamento Para la Prestación de los Servicios de AyA, son claros al disponer que AyA está obligado a brindar la prestación de los servicios para inmuebles que cuentan con frente a vía pública o servidumbre de paso inscrita a favor de AyA además, existan redes de agua potable en ese frente, así como la capacidad hídrica requerida al efecto, concretamente: Artículo 6.- De los servicios. AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro del área de cobertura, siempre Artículo 13.- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles, construidos o por edificar, dedicados a la residencia de personas o para actividades comerciales o industriales que cumplan con los requisitos y usos autorizados. Los servicios de agua potable y de saneamiento los otorgará el AyA sobre calle o vía pública o sobre servidumbre de tubería y de paso inscrita a favor del AyA inscrita a favor de terceros, según aplique de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de este reglamento. Lo anterior, siempre que existan redes del AyA en funcionamiento. Si la red pública no alcanza hasta el punto de conexión, el propietario o poseedor podrá realizar una extensión de ramal y/o otros componentes del sistema hidráulico, en observancia con los requerimientos técnicos que AyA señale, para lo cual se brindará la asesoría respectiva previo estudio TERCERO: No se omite reseñar, que la propia Sala Constitucional ha descartado lesiones a los derechos fundamentales de los administrados en casos análogos al presente, se constata una gestión oportuna por parte de este ente, a fin de poder extender sus servicios dentro de lo que permita la ciencia y la técnica, sobre el caso en específico, si el recurrente aporta la información solicitada en el informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento desde octubre del 2018, para determinar las condiciones actuales del sistema, accesos y posteriormente realizar las mejoras indicadas por el área técnica institucional, se puede asumir el acueducto y solucionar las condiciones actuales del recurso hídrico, de los pobladores de Quinta La Ceiba (…)”.\n\n 8.- Mediante constancia suscrita el 9 de diciembre de 2020 por el Secretario de la Sala y el Técnico Judicial a cargo, se hizo saber que no aparece que del 27 de noviembre al 8 de diciembre de 2020, el Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, haya presentado escrito o documento alguno a fin de rendir el informe solicitado en este asunto.\n\n 9.- Por resolución de las 13:50 hrs. de 26 de febrero de 2021, el Magistrado Instructor de este asunto dispuso lo siguiente: “(…) Como prueba para mejor resolver solicítese informe a la coordinadora de la Unidad Hidrológica de Térraba- Pacífico Central de la Dirección de Agua, y al director de Agua, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía, a fin de que aclaren en qué estado se encuentra el Expediente [Valor 003]. Además, aclaren si actualmente el pozo en cuestión se encuentra en funcionamiento o no. Lo anterior, debido a que, según la resolución DA-1769-2020, dictada en Expediente [Valor 003] de las 08:17 horas del 03 de diciembre de 2020 se dispuso lo siguiente: \"1 SE SUSPENDE LA ORDEN DE SELLADO del pozo perforado dictada por oficio DAUHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, hasta que se encuentre resuelta la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente de la Sala Constitucional número 19-017936-0007-CO. 2 Apersonarse ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019-00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A. 3 La inscripción de la fuente deberá solicitarla el A y A y estará supeditada a que cumpla con los requisitos legales para inscripción de fuentes de uso poblacional\". Por otra parte, aclaren si se ha dictado otra resolución referente al pozo en cuestión, posterior a la indicada (…)”.\n\n 10.- Por escrito aportado a la Sala el 15 de marzo de 2021, Marylin Mora Vega, en su condición de Coordinadora de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Central y José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua, ambos de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, rinden informe requerido por resolución de 26 de febrero de 2021 y manifiestan expresamente lo siguiente: “(…) Conforme lo que consta en nuestros archivos, el pozo del cual se surten los vecinos de Quintas La Ceiba Tierra Dorada, se encuentra en funcionamiento. Debe tenerse presente que de conformidad con el oficio DA-1769-2020, se ordenó suspender el sellado del pozo perforado de manera ilegal, situación que a la fecha no se ha revertido. Por tratarse de un uso poblacional, y de acuerdo con la Ley 2726, le corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a la Asada que preste el servicio en la zona, asumir la prestación del servicio público de abastecimiento de agua. Una vez que se tenga la certeza de que eso es así, se estará procediendo conforme a derecho (…)”.\n\n11.- Mediante el voto interlocutorio No. 2021-9024 de las 10:05 hrs. de 4 de mayo de 2021, la Sala Constitucional dispuso lo siguiente: “(…) Único. - Lo alegado por los recurrentes en el presente recurso de amparo está relacionado con lo dispuesto en el Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG. Asimismo, esa normativa ha sido impugnada en la acción de inconstitucionalidad número 19-017936-0007-CO, que se encuentra pendiente de ser resuelta. En consecuencia, dada la conexidad existente, lo procedente es suspender la resolución final del amparo hasta tanto no se resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada. Por tanto: Se suspende la resolución final de este asunto hasta tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el número de expediente 19- 017936-0007-CO (…)”.\n\n12.- Por escrito aportado a la Sala el 14 de julio de 2022, Marylin Mora Vega, en su condición de Coordinadora de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Central y José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Agua, ambos de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, señalan lo siguiente: “(…) Antecedentes para mejor resolver: Que con fecha 20 de marzo del 2020, la sociedad GANADERA LA CEIBA. CEDULA DE IDENTIDAD CED5632- , representada por Wendy Simpson Roberts, presentó solicitud para registro de pozo sin número y habilitación del trámite de concesión de aprovechamiento de agua subterránea mediante un pozo perforado ilegalmente, el cual se solicita inscribir y autorizar el aprovechamiento con fundamento en el Decreto 41851-MP-MINAE-MAG, tramite al que se le asignó número de expediente [Valor 003]. Actualmente la propiedad donde se ubica el pozo solicitado bajo el expediente señalado, es administrada por la Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorado y el expediente administrativo, se encuentra pendiente de resolver, hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva en forma definitiva el presente recurso de amparo (…)”.\n\n13.- El 29 de septiembre de 2023, Gabriela Páez, en su condición de Coordinadora de la Asesoría Legal de la Dirección de Agua del MINAE, aclaró  a esta Sala lo siguiente: Que el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 se le notificó únicamente a Ganadera La Ceiba S.A., dado que el pozo en cuestión se encuentra en un inmueble de su propiedad. Que la solicitud formulada por Ganadera La Ceiba S.A. en marzo de 2020 para legalizar el pozo, se tramitó como abrevadero para 20 reses (y no para consumo humano). Que la citada solicitud (tramitada conforme el expediente No. [Valor 003]) y correspondiente procedimiento se encontraba aún suspendido a la espera de resolverse este amparo. Que el pozo que se utiliza en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no ha sido sellado y, por ende, a la fecha, los habitantes de este sitio continúan proveyéndose de agua (constancia de llamada telefónica).\n\n14.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA ACTIVA.  Por escrito aportado el 4 de diciembre de 2020, Wendy Simpson Roberts, en su condición de presidenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera La Ceiba S.A., solicitó se tuviera a dicha sociedad como coadyuvante activa del presente proceso. Afirma que la actuación del MINAE consignada en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020 violenta el derecho de acceso al agua potable de las familias que habitan en el complejo residencial Quintas La Ceiba. Asimismo, expone que la decisión ahí consignada se tomó sin otorgarse audiencia previa. En consecuencia, solicita que se declare con lugar el recurso y se anule la orden de cierre dispuesta mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 de 28 de setiembre de 2020, emitido por los funcionarios de la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se le ordene al ICAA garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable.\n\nSobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por la mencionada interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO.  El recurrente –en su condición de Presidente de [...]–, señala que mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020, la Dirección de Agua del MINAE, en claro quebranto al derecho de acceso al agua potable, dispuso el cierre del pozo que abastece el proyecto residencial llamado Quintas Residenciales La Ceiba, al haberse verificado que este operaba al margen de la ley. Acusa que lo anterior se ordenó sin notificarse u otorgarse audiencia previa a los interesados (más de 100 familias propietarias), pues el citado documento solamente se le comunicó a la empresa desarrollada e infractora (Ganadera La Ceiba S.A). Además, alega que no se le consultó previamente al ICAA o a la ARESEP, como medio para buscar una solución alternativa a los vecinos. Agrega que, por su parte, las autoridades del ICAA, pese a las gestiones que le han sido formuladas, no han brindado una solución a la situación que afrontan los propietarios de los inmuebles de dicho complejo residencial. Igualmente, sostiene que la empresa que vendió las fincas (y las otras relacionadas con el suministro y cobro propiamente del agua), deben hacerse responsables de solventar la situación bajo estudio.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:\n\n1)   En el año 1997 se inició el desarrollo del proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, ubicado en La Ceiba de Orotina, Alajuela. Dicho proyecto se compone de 100 fincas o quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una (ver prueba).\n\n2)   El desarrollador de dicho proyecto fue la empresa denominada Ganadera La Ceiba S.A. (cédula jurídica CED5632) (ver prueba).\n\n3)   Al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó a sus compradores la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto o pozo de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor (ver escrito de interposición).\n\n4)   Este pozo fue perforado en una finca propiedad de Ganadera La Ceiba S.A. (No. 377663-000) de forma ilegal, por cuanto no contó con la autorización de la Dirección de Agua del MINAE. Por consiguiente, dicho pozo no se encuentra debidamente registrado (ver prueba).\n\n5)   Los citados inmuebles cuentan con el servicio de electricidad y telefonía suministrados por el Instituto Costarricense de Electricidad. El servicio de agua potable, por su parte, lo suministra a los vecinos del proyecto residencial la misma empresa desarrolladora, a través de otras empresas relacionadas. La administración y cobro del servicio lo hizo primeramente la empresa llamada SERINCON S.A.. A partir del año 2017, la empresa TYRICA S.A. se hizo cargo de tales cobros (ver escrito de interposición).\n\n6)   En el año 2012 se constituyó [...], cédula jurídica [Valor CED185]. Lo anterior, con el fin de atender varios problemas que se venían suscitando, especialmente, en cuanto a los cobros por el servicio de agua potable (ver prueba).\n\n7)   En año 2013 y ante un incremento en el cobro del servicio, algunos dueños de las citadas quintas realizaron consulta ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). En virtud de lo anterior, se les informó, por parte de la ARESEP (mediante oficio No. 0246-DGPU-2013/002308 de 28 de enero de 2013), que el acueducto no estaba autorizado para brindar el servicio y que lo que procedía para mantener este era coordinar con el ICAA (ver escrito de interposición y prueba).\n\n8)   En el año 2016, algunos miembros de [...] se reunieron con dos ingenieros del ICAA para proponerles asumir el acueducto del complejo residencial. En esta ocasión, dichos funcionarios solicitaron el cumplimiento de varios requisitos (v.gr. información detallada de la prueba de bombeo, la cantidad de agua que daba el pozo, análisis de calidad de agua, el plano de la finca donde está el pozo y posible servidumbre, etc.) (ver escrito de interposición).\n\n9)   El 7 de septiembre de 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA, una solicitud para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional. Dicha solicitud fue trasladada por la Junta Directiva del ICAA a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del ICAA por acuerdo No. 2018-317 de 18 de septiembre de 2018 (ver informe y prueba).\n\n10) En informe No. GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre de 2018, llamado Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada y suscrito por un funcionario de la Región Pacífico Central del ICAA, se indicó lo siguiente:\n\n“(…) ANTECEDENTES. [...], representados por el Dr. [Nombre317 001] (…) solicita al AyA la administración del suministro de agua potable de dicho proyecto denominado Quintas La Ceiba Tierra Dorada (…) consistente en parcelas agrícolas. INTRODUCCIÓN. El Proyecto mencionado se desarrolló hace más de 20 años, constando actualmente de más de 75 lotes, algunos con frente a calle pública y la gran mayoría con frente a servidumbre agrícola. El servicio de agua era administrado y suministrado por la sociedad que vendió los terrenos, Ganadera La Ceiba S.A. mediante una red de abastecimiento privada, misma que hoy funciona con algunos limitantes, especialmente legales y de cobro. Dicha sociedad ha acordado en conjunto con los vecinos el donar la infraestructura necesaria al AyA, Incluyendo terrenos, pozo equipado de acuerdo a lo que establezca la institución, tanque o tanques, para que esta se encargue de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable. OBJETIVO. Realizar los estudios necesarios por parte del AyA, a partir de la información que suministre la asociación de vecinos, así como las obras que realice, para determinar la posibilidad de lograr el traspaso del sistema de abastecimiento de agua del proyecto, de modo se asuma su administración y por lo tanto, el suministro de agua potable en la zona. Desarrollo del tema: ANÁLISIS. Para el logro de lo planteado por la asociación de vecinos, el proyecto debe cumplir con los siguientes aspectos: 1. Visado de la segregación de la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y en los artículos 11.2.1 y 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, estos últimos cinco artículos en lo correspondiente a parcelamiento agrícola; como excepcionalidad, requiriendo para ello el visado del INVU. Todo lo anterior para que la prestación del servicio sea legal, ambiental y técnicamente factible. 2. El servicio a suministrar debe ser adecuado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad, por lo que la infraestructura lo debe permitir, así como un remanente para crecimiento vegetativo de la zona. 3. Las calles internas del proyecto deben ser calles públicas o servidumbres agrícolas, debiendo estar inscritas las primeras como tales dentro de la red vial cantonal de Orotina, mientras las segundas como servidumbres de paso y acueducto a favor del AyA, que permitan la libre circulación por ellas, así como la posibilidad de instalación de infraestructura. 4. La red de distribución existente debe ser evaluada en cuanto a sus características como diámetro, material, cédula, instalación y cualquier otro elemento que debe ser considerado para su posible aceptación, o en su defecto, que deba ser sustituido. Estas tuberías deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. 5. Tal y como lo establece la solicitud, la infraestructura requerida debe ser completa, incluyendo el pozo totalmente equipado y con la protección necesaria, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, lo cual es necesario realizar, y toda la información disponible y por obtener de él. Así mismo debe incluir el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución. 6. Toda la infraestructura a construir y/o existente debe ser aprobada por el AyA, de acuerdo a la normativa establecida. 7. Definir las características del desarrollo, esto es, si es de tipo turístico, habitacional, agrícola u otro. 8. Los aspectos de la instalación de la micromedición (hidrómetros) o su suministro deberá ser definido por los interesados. CONCLUSIONES. El AyA queda a la expectativa y espera de la definición de lo señalado en el desarrollo anterior en cuanto a la información requerida, de modo se pueda definir con claridad la posibilidad de que la institución pueda asumir la administración del sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Quintas la Ceiba Tierra Dorad, según voluntad expresa de sus vecinos (…)” (ver prueba).\n\n11) En memorando No. SG-GSP-2018-00616 de fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito por la Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos del ICAA y dirigido a la Junta Directiva del ICAA, se indicó lo siguiente:\n\n“(…) A efecto que se de a conocer a los señores (as) miembros de la Junta Directiva, le adjunto el informe que preparó la región Pacífico Central relacionado con la solicitud de los vecinos de la Asociación Quintas La Ceiba Tierra Dorada, en el sentido de que AyA asuma la administración del sistema. Por lo tanto, lo que corresponde es que se les dé a conocer este informe a los vecinos y se les indiqué (sic) que deben coordinar con la región Pacífico Central a fin de que cumplan con todos los requisitos anotados en el informe para que sea factible que AyA asuma la administración. Se les debe indicar que los ingenieros, German Araya y Leonardo Moya, serán los encargados de coordinar con ellos todo lo relacionado con este asunto (…)” (ver prueba).\n\n12) Por oficio JD-2019-00063 del 22 de febrero de 2019, una representante de la Junta Directiva del ICAA, le informó al recurrente lo siguiente:\n\n“(…) Como parte del seguimiento al acuerdo de referencia, adjunto encontrará informe presentado por la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, memorando SG-GSD-2018-00616, conocido en la sesión ordinaria de Junta Directiva N° 2019-08, celebrada en fecha 19 de febrero 2019. Según se desprende del estudio técnico adjunto, previo asumir el acueducto se debe cumplir con los requisitos establecidos en el informe técnico. Cualquier información adicional la pueden coordinar con la Región Pacífico Central (…)” (ver prueba).\n\n13) El 20 de marzo de 2020, la empresa Ganadera La Ceiba S.A. (representada por Wendy Simpson Roberts), presentó ante la Dirección de Agua del MINAE una solicitud de registro de pozos realizados sin permiso y habilitación de concesión de aguas subterráneas al amparo de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG de 18 de julio de 2019. A esta solicitud se le asignó el expediente No. [Valor 003] y se tramitó como abrevadero para 20 reses (ver prueba).\n\n14) El 16 de julio de 2020, una vecina del referido residencial presentó una queja ante la Dirección de Agua del MINAE en contra de la empresa TYRICA S.A. por presuntamente realizar cobros excesivos en el recibo del agua. Adicionalmente, la gestionante solicitó se indicara si el pozo de donde surten el agua al residencial era legal y si se encontraba o no inscrito. En atención a lo anterior, la Unidad Hidrológica-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE, realizó una inspección en el sitio (lo cual generó el informe técnico No. DA-UHTPCOSJ-2113-2020 de 25 de septiembre de 2020). Conforme esa inspección se comprobó “(…) que se trataba de un desarrollo residencial, compuesto por alrededor de 100 inmuebles (…) que, según manifestaciones de los vecinos del lugar, el sitio era abastecido por un pozo que se ubicaba en una propiedad que fue rematada., quedándose sin agua por lo que optaron por la perforación de un nuevo pozo hace dos años, el cual se encuentra en propiedad de Ganadera La Ceiba S.A. y que a la fecha se tramita su inscripción por medio de la amnistía de pozos (…)”. Además, en este último informe, se emitieron las siguientes conclusiones y recomendaciones:\n\n“(…) Conclusiones 1- La zona presenta un desarrollo residencial en quintas. 2- El pozo del expediente 20209PA está en trámite de amnistía de pozos sin número y no cuenta con la concesión de aprovechamiento de agua otorgada. 3- El agua del pozo es utilizada ilegalmente.4- El pozo es utilizado para el abastecimiento público (poblacional) de al menos 65 propiedades, a pesar de haber sido solicitado para un uso de abrevadero. 5- No existen concesiones a Nombre317 de Tyrica S.A. 6- La sociedad Tyrica S.A, realiza cobros a los propietarios de las quintas por el servicio de agua. Recomendaciones: 1- Proceder con la denuncia ante la Fiscalía por el delito de usurpación del agua. 2- Informar a ARESE del cobro ilegal del servicio público. 3- Girar con la orden de sellado del pozo, debido a las inconsistencias del expediente e irregularidades el uso (…)” (ver informe y prueba).\n\n15) Por oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020, suscrito por José Ricardo Hidalgo Sánchez y la ingeniera Marilyn Mora Vega, Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE, se ordenó el sellado del pozo ubicado en la finca No. 377663-000 a Nombre317 de Ganadera La Ceiba S.A. por cuanto este fue perforado de manera ilegal al no contar con los permisos de perforación respectivos y por estar siendo aprovechado para un uso residencial de consumo humano (poblacional). Entre otros aspectos, en este oficio se indicó lo siguiente: Que en el desarrollo en cuestión existen 100 propiedades ubicadas en La Ceiba de Orotina, lugar que cuenta con un pozo perforado, una caseta de mando, un tanque y una tubería enterrada para la distribución de agua a las propiedades. Que el uso solicitado para el pozo es un abrevadero para 20 reses y no registra el uso de abastecimiento poblacional. Que en casi todas las propiedades de las calles conocidas como Dirección2419, Dirección2417  y el Higuerón cuentan con medidor y que el cobro del servicio de agua está a cargo de la empresa privada TYRICA S.A.. Que se denotaba que el pozo es para uso poblacional distinto al solicitado y que había lucro por venta del servicio. Por consiguiente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas) se dispuso el cierre y sellado del pozo. Adicionalmente, se solicitó la remisión de varia documentación tocante al cierre del pozo en el plazo de treinta días y se indicó que no se podía realizar ningún tipo de uso del pozo, sin obtener la concesión para el aprovechamiento del agua (ver prueba).\n\n16) El anterior oficio fue notificado el 4 de noviembre de 2020 a la empresa desarrolladora, sea a Ganadera La Ceiba S.A. dado que el pozo se halla en una finca de su propiedad (ver escrito de interposición e informe).\n\n17) El 10 de noviembre de 2020, la representante legal de la sociedad Ganadera La Ceiba S.A. solicitó ante la Dirección de Agua del MINAE, la revocación de lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 (ver prueba).\n\n18) Los propietarios de los inmuebles ubicados en el citado residencial se enteraron del cierre del pozo por otros medios (ver escrito de interposición).\n\n19) Por oficios fechados 17 de noviembre de 2020, un representante de la sociedad Ganadera La Ceiba S.A. les notificó a algunos dueños de las quintas la orden de sellado dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 (ver prueba).\n\n20) El 20 de noviembre de 2020, el recurrente formuló el presente amparo (ver escrito de interposición).\n\n21) Para la fecha de interpuesto el amparo, no se habían cumplido los requisitos y condiciones establecidas por el ICAA en el informe No. GSP-RPC-2018-00586 para asumir la prestación del servicio de agua potable en el citado residencial (ver informe).\n\n22) El 2 de diciembre de 2020, el recurrente, en su condición de Presidente de [...], presentó un escrito ante la Dirección de Agua del MINAE, mediante el cual indicó que lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 había sido impugnado ante la Sala Constitucional, a través de la interposición de un recurso de amparo, el cual fue acogido para estudio. Por consiguiente, solicitó la suspensión de la orden de sellado hasta tanto la Sala se pronunciara (ver informe).\n\n23) Mediante resolución No. DA-1769-2020 de las 08:17 hrs. de 3 de diciembre de 2020, el Director de la Dirección de Agua del MINAE –dentro del procedimiento tramitado conforme el expediente No. [Valor 003]–, dispuso lo siguiente:\n\n“(…) CONSIDERANDOS PRIMERO: Que de conformidad con la Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones le corresponde disponer y resolver sobre su dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia. SEGUNDO: Que el Decreto Ejecutivo 35669-MINAET publicado en la Gaceta 3 del 6 de enero de 2010, modificado mediante decreto 36437-MINAET del 24 de enero del 2011, delega a la Dirección de Aguas del MINAET, la competencia de admitir, tramitar y resolver sobre solicitudes de perforación del subsuelo para la exploración y explotación de aguas subterráneas y asignar el número de pozo respectivo. TERCERO: Que el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET, regula todo lo referente a la perforación del subsuelo con fines de exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas. CUARTO: Que mediante informe DA-UHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, suscrito por José Ricardo Hidalgo Sánchez y la ingeniera Marilyn Mora Vega, coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central, se tiene por probado que el pozo encontrado en finca folio real 377663-000, en el Dirección2418   ,        a Nombre317 de GANADERA LA CEIBA S.A., cédula jurídica CED5632, fue perforado sin contar con los permisos correspondientes por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y que se encuentra en la actualidad siendo aprovechado, dándosele un uso de consumo humano (poblacional) esto para abastecer el proyecto residencial Quintas La Ceiba, siendo el abastecimiento a poblaciones, un uso que reviste servicio público y es competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o sus entes delegados por ley, por lo que en el citado oficio se ordenó su sellado, como lo establece el Decreto Ejecutivo 35884-MINAET. QUINTO: Que el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET en el artículo 28 indica inciso b) indica lo siguiente: “Artículo 28. - De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones: b) Cuando se realicen perforaciones sin el debido permiso. SEXTO: Que igualmente el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Decreto Nº 35884-MINAET, indica en el artículo 38 lo referente al cierre de pozos y los responsables, el cual reza lo siguiente: “Artículo 38. - Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (El subrayado y resaltado no corresponden al original). SÉTIMO: Que es claro que el pozo citado no contó con los permisos correspondientes, razón por la cual se enmarca dentro de los presupuestos de la normativa invocada, dictándose la orden de sellado en apego a esta. OCTAVO: Que en fecha 20 de marzo del 2020, se presentó la solicitud de registro de pozos realizados sin permiso y habilitación de concesión de aguas subterráneas, amparados en el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, por parte de GANADERA LA CEIBA S.A., proceso que se encuentra suspendido en razón de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente 19- 017936-0007-CO, por lo que no se puede resolver dicha solicitud hasta tanto ese máximo tribunal no resuelva lo correspondiente. NOVENO: Interesa indicar que la fuente correspondiente a pozo perforado para extracción y aprovechamiento de aguas subterráneas está en finca propiedad de GANADERA LA CEIBA S. Nombre312. y que esta empresa gestiono la inscripción del pozo en el reciente proceso de amnistía de conformidad con el Decreto 41851-MP-MINAE-MAG, pero que no se puede entrar a conocer por el fondo en razón de la acción de inconstitucionalidad citada antes. Si bien esta empresa gestionó como propietaria del inmueble la legalización del pozo sin número en expediente 20209-P, quien utiliza el agua es [...], cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019- 00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A.\n\nPOR TANTO El DIRECTOR DE AGUA RESUELVE SE SUSPENDE LA ORDEN DE SELLADO del pozo perforado dictada por oficio DA-UHTPCOSJ-2123-2020, del 28 de septiembre del 2020, hasta que se encuentre resuelta la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, expediente de la Sala Constitucional número 19-017936-0007-CO. Apersonarse ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, cédula jurídica [Valor CED185]. Asimismo, consta en el expediente [Valor 003], según consta en los oficios JD-2019- 00063 del 22 de febrero de 2019, para asumir el acueducto mediante la coordinación con la Región Pacífico Central de A y A. La inscripción del pozo estará condicionada a que en estudio del expediente 20209 PA se tenga por cumplido los términos técnicos y legales estipulado en el Decreto 41851-MP-MINAE-MAG y que se entrará a conocer conforme una vez que la Sala Constitucional resuelva a acción de constitucionalidad sobre este decreto. Según este resultado, deberá el A y A solicitar el trámite respecto ante la Direccion de Agua. Contra esta resolución cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 343,346 y 347 de la Ley General de la Administración Pública, ambos ante este Despacho. Notifíquese al AYA, señora Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva y Licda. Cecilia Martínez, Subgerente Gestión de Sistemas Comunales y a la Unidad Hidrológica Tárcoles - Pacífico Central (…)” (ver prueba).\n\n24) Para el mes de julio de 2022, la propiedad donde se ubica el pozo tramitado bajo expediente No. [Valor 003]. “(…) es administrada por la Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorado y el expediente administrativo, se encuentra pendiente de resolver, hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva en forma definitiva el presente recurso de amparo (…)” (ver informe).\n\n25) Para el día 29 de septiembre de 2023, el citado procedimiento tramitado conforme el expediente No. [Valor 003] se encontraba aún suspendido. Igualmente, para esta fecha, el pozo que se utiliza en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no había sido sellado y, por ende, los habitantes de este sitio continúan proveyéndose de agua (ver constancia de llamada telefónica).\n\nIV.- EN CUANTO A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD TRAMITADA CONFORME EL EXPEDIENTE NO. 19-017936-0007-CO. En lo que respecta a este proceso –en virtud del cual se suspendió la tramitación de la solicitud planteada en marzo de 2020 para registrar el pozo bajo estudio–, se tiene lo siguiente:\n\n1)   El 24 de julio de 2019 se publicó en La Gaceta No. 139 el Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG, denominado Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas. Su objetivo “(…) era establecer el procedimiento para la inscripción y registro regulado de pozos perforados sin permiso de perforación y el trámite respectivo para la obtención de la concesión de aprovechamiento de aguas (…)” Este decreto que estuvo vigente hasta el 24 de marzo de 2020, sin que hubiese prórrogas (ver informe).\n\n2)   El 26 de septiembre de 2019, se presentó ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra de lo dispuesto en dicho decreto, a la cual, a su vez, se le asignó el número 19-017936-0007-CO (ver expediente No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).\n\n3)   Por resolución de las 10:58 hrs. de 4 de diciembre de 2019, la Presidencia de la Sala dio curso a dicha acción de inconstitucionalidad (ver expediente No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).\n\n4)   Mediante la Sentencia No. 2021-25386 de las 13:10 hrs. de 10 de noviembre de 2021, la citada acción fue resuelta conforme los siguientes términos:\n\n“(…) Por unanimidad se declara sin lugar la acción respecto de la supuesta autorización expresa para no acudir a SETENA para valorar pozos irregulares, el alegato de riesgo de salinización o contaminación por intrusión salina, y la argüida inefectividad galopante del derecho ambiental. Por mayoría se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad en cuanto a los artículos 1, 2 y 3 del decreto ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG, Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, siempre y cuando se interprete que dichos numerales no modifican los tipos penales contemplados en los artículos 226 y 227 del Código Penal; de este modo, le corresponderá al juez penal competente la determinación de la responsabilidad penal. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes acerca del agravio antedicho. Por mayoría se declara sin lugar el recurso, en cuanto a la alegada inexistencia de un balance hídrico integral y la autorización para alterar los ciclos vitales de la biodiversidad sin mediar estudios, la falta de medidas de protección, mitigación o prevención de daños, y el derecho a la participación ciudadana. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan parcialmente el voto y declaran con lugar la acción por violación al derecho a la participación ciudadana. El magistrado Cruz Castro y la magistrada Picado Brenes salvan parcialmente el voto y declaran con lugar la acción por violación al principio de reserva de ley y la falta de medidas de protección, mitigación o prevención de daños. El magistrado Cruz Castro salva parcialmente el voto y declara con lugar la acción por la alegada inexistencia de un balance hídrico integral y la autorización para alterar los ciclos vitales de la biodiversidad sin mediar estudios. El magistrado Cruz Castro y la magistrada Garro Vargas consignan notas separadas. Los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal consignan nota conjunta. Por unanimidad se rechazan las coadyuvancias presentadas. Notifíquese (…)” (ver expediente No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).\n\n5)   En marzo de 2022, el citado voto fue notificado a las partes (ver expediente No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).\n\nV.- CASO CONCRETO. El recurrente acude a esta Sala Constitucional e indica que figura como Presidente de [...]. Expone que hace 23 años se desarrolló el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, el cual se compone de quintas de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cada una y tiene un total de 100 fincas inscritas como predios agrícolas.\n\nIndica que el desarrollador de ese proyecto era la empresa Ganadera La Ceiba S.A., la que entregó a los compradores los planos catastrados que cumplían con las especificaciones de los predios agrícolas y con el servicio de agua potable. Explica que, al momento de la venta de los inmuebles, el desarrollador garantizó la prestación del servicio de agua potable mediante un acueducto de la misma empresa, para lo cual cada parcela contaba con el respectivo medidor. Señala que inicialmente el servicio se brindaba de forma privada por la misma compañía vendedora (Ganadera La Ceiba S.A.), a través de una empresa relacionada llamada SERINCON S.A., que tuvo a su cargo el cobro del servicio. Refiere que SERICON S.A. desde el año 1997 ha suministrado el servicio de agua potable. A partir del año 2017, los depósitos de pago por el suministro de agua se realizan a otra empresa llamada TYRICA S.A., también relacionada con la Ganadera La Ceiba S.A..\n\nExplica que, en aquel momento, presumieron que todo se encontraba en regla y que el servicio se prestaba legalmente. Sin embargo, indica el accionante que en un momento se dio un incremento excesivo del cobro por el servicio de agua potable, por lo que realizaron consultas al ICAA y a la ARESEP, producto de las cuales se enteraron que el suministro de agua no se encontraba a derecho, pues el pozo que suministraba dicho líquido no estaba registrado ante el MINAE. Narra que, ante tal situación, se pusieron en contacto con el ICAA para que asumiera el acueducto y pese a gestiones realizadas desde el año 2016 con esta institución, no se ha logrado una solución concreta al problema. Expone que la mayor dificultad gira en el nivel de obras y condiciones impuestas por el ICAA para recibir el pozo y las instalaciones para brindar el servicio, las cuales deben ser costeadas por los vecinos.\n\nAgrega que un vecino presentó una queja ante el MINAE por el alto costo del servicio de agua potable, la cual originó la emisión del oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 que hizo referencia a la ilegalidad del citado pozo y dispuso su cierre en el plazo de un mes.\n\nAcusa que el MINAE dispuso el cierre de ese pozo de forma intempestiva, sin otorgar audiencia previa a todos los vecinos del residencial (pues solo se notificó a la empresa infractora) y sin realizar un debido procedimiento, quedando así todos en indefensión. Sostiene que los referidos vecinos se enteraron de lo ocurrido por terceras personas.\n\nAlega que, tampoco, se les brindó audiencia previa o consultó a las autoridades del ICAA y de la ARESEP, como medio para buscar una solución a la situación. Todo esto, pese a que, al momento del cierre se encontraba en plena vigencia la emergencia nacional por COVID-19, por lo que, en su criterio, resulta esencial contar con el servicio de agua potable.\n\nAñade que a pesar de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el órgano que debe realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo, así como resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable en el país, no se han tomado las acciones pertinentes para dar una solución a las 100 familias que se han visto afectadas con el cierre del pozo y la suspensión del servicio de agua en sus viviendas. Expone que el ICAA no puede quedar al margen de las gestiones necesarias a realizar para proveer el suministro de agua potable a la comunidad y por eso es necesario su concurso en esta solución; concurso que debió ser procurado por el mismo MINAE antes de ordenar el cierre del pozo.\n\nDe otra parte, reitera que el desarrollador, al poner en venta las fincas, ofreció la prestación del servicio de agua potable, factor que incidió para que las personas adquirieran las propiedades. Indica que las tres empresas supra citadas son las que tienen el poder y la administración de dicho pozo, así como tienen a su cargo la lectura de los hidrómetros, establecen las facturas y cobran por el servicio de agua, por lo que estima que es necesario que estas participen en el procedimiento de traslado del acueducto al ICAA. En ese mismo sentido, considera, tienen que coordinar con el MINAE y el ICAA lo pertinente para que se cumplan los requisitos exigidos para que dicho instituto asuma la administración del acueducto de la comunidad.\n\nSostiene, entonces, que en este caso se violentó el derecho de acceso al agua potable, así como sus derechos a la defensa y al debido proceso. Por consiguiente, solicita que este amparo se acogido y, entre otros aspectos, se anule la orden de cierre del pozo dispuesta en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 emitido por la UH-Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE. Además, que se ordene al ICAA su inmediata intervención para garantizar a los vecinos el abastecimiento regular de agua potable, realizando las gestiones y obras que fueran necesarias.\n\nVisto lo anterior, esta Sala observa que el accionante formula este amparo dirigido en los siguientes sentidos: a) que mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 de la Dirección de Agua del MINAE se ordenó el cierre del pozo que abastece el complejo residencial, donde habitan 100 familias, en claro quebranto al derecho de acceso al agua potable y pese a estar vigente la pandemia por COVID-19; b) que dicha decisión se tomó sin notificarse u otorgarse audiencia previa a las 100 familias propietarias de las mencionadas quintas y, por ende, sin respetarse el debido proceso; c) que de previo a emitirse la referida orden, no se realizó consulta al ICAA o a la ARESEP, con el fin de buscarse una solución a la referida problemática; d) que las autoridades del ICAA, pese a las gestiones que le han sido formuladas, no han brindado una solución a la situación y e) que las privadas involucradas en este asunto, deben hacerse responsables y solventar el problema expuesto.\n\nAhora bien, analizados los agravios expuestos por el recurrente, los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento por las autoridades recurridas, así como todas las pruebas allegadas a los autos, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger este amparo y, concomitantemente, las pretensiones plantadas por el tutelado. Lo anterior, por los motivos que se expondrán a continuación.\n\nA. Sobre lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 y la necesidad de proveerse de agua potable durante la pandemia por COVID-19. En primer término, resulta menester apuntar que, en la especie, esta Sala no observa, de ningún modo, que la actuación reclamada por el accionante, sea el cierre y sellado del pozo ubicado en la finca No. 377663-000 (propiedad de Ganadera La Ceiba S.A.) y que ha abastecido desde hace varios años al proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, se pueda tener como arbitraria o infundada. En este asunto se ha demostrado, con meridiana claridad, que a los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se les ha suministrado el servicio de agua –al parecer presuntamente por así haber sido dispuesto por la citada empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.–, a través de un pozo construido de forma ilegal, es decir, respecto al cual no se tramitaron ni se solicitaron oportunamente los respectivos permisos y que, por ende, no se encuentra debidamente registrado ante la Dirección de Agua del MINAE, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); de ahí que, se haya procurado su cierre. Nótese que este último cuerpo normativo, en su artículo 28 establece lo siguiente:\n\n“De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del MINAET ordenará el cierre de un pozo en las siguientes condiciones:\n\na) Cuando producto de la perforación y exploración resulte seco el pozo o no sea viable el aprovechamiento de agua, lo cual debe ser informado por la perforadora o permisario a la Dirección de Agua del MINAET.\n\nb) Cuando se realicen perforaciones sin el debido permiso.\n\nc) Cuando se realicen contraviniendo las disposiciones de permiso, este Reglamento o leyes vigentes.\n\nd) Caducidad de la concesión conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Aguas Nº 276 del 26 de agosto de 1942.\n\ne) Cuando se proceda a archivar sin más trámite la solicitud, por incumplimiento de los requisitos o lo solicitado por la administración para tramitar la concesión” (El subrayado no forma parte del original).\n\nLo anterior, sustenta entonces, claramente, la actuación de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, lo dispuesto en el oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020 impugnado por el promovente, en su condición de Presidente de [...]. Oficio que, además, cabe destacar, señala puntualmente todos los motivos de derecho y de hecho que fundamentan el cierre en cuestión, entre los que figuran, principalmente, como se dijo, el funcionamiento del pozo de manera ilegal y su uso para consumo humano y no como abrevadero para 20 reses, tal y como se señaló y solicitó años después, concretamente en marzo de 2020, al ser presentada una gestión por la referida sociedad para legalizar el pozo, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG de 18 de julio de 2019 denominado Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (procedimiento último tramitado conforme el expediente No. [Valor 003]). Siendo así, es evidente que los propietarios de las fincas ubicadas en el citado complejo residencial se han proveído de agua de forma irregular por varios años y que las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, únicamente se ha abocado a regularizar y poner a derecho esa situación conforme lo establece y exige, a su vez el ordenamiento jurídico; de ahí que, bajo esa perspectiva, no podría afirmarse que la actuación de cierre y sellado del pozo en cuestión atente contra el derecho fundamental de acceso al agua potable. Por el contrario, a tenor de lo estipulado en dicho ordenamiento jurídico, tal actuación busca proteger el recurso hídrico.\n\nDe otra parte, debe tomarse en cuenta que, si bien a través del cuestionado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 se dispuso el cierre y sellado del pozo, lo cierto es que –tal y como también quedó acreditado–, esta orden no fue ejecutada en aquel momento (sea, el año 2020) ni subsiguientemente por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE. Nótese que, en un primer momento, el Director de Aguas del MINAE, mediante resolución No. DA-1769-2020 de las 08:17 hrs. de 3 de diciembre de 2020 (emitida dentro del referido procedimiento No. [Valor 003]), dispuso la suspensión de dicha orden hasta tanto se resolviera la acción de inconstitucionalidad que se había presentado en contra de lo dispuesto en el citado Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG (que permitía legalizar pozos perforados de forma irregular). Adicionalmente, en esa oportunidad, se aclaró que la inscripción del pozo solicitado quedaba sujeta al cumplimento de lo dispuesto en dicho cuerpo normativo (Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG) y que esta solicitud propiamente sería resuelta al pronunciarse la Sala Constitucional sobre dicho proceso de constitucionalidad. Esta última acción, según se acreditó, fue resuelta y desestimada por esta jurisdicción constitucional mediante la Sentencia No. 2021-25386 de las 13:10 hrs. de 10 de noviembre de 2021, la cual, además, fue notificada en el mes de marzo de 2022 a todas las partes. Luego, las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE, concretamente, en el mes de julio de 2022, informaron a esta Sala que, para entonces, la solicitud para legalizar el pozo en cuestión se encontraba aún pendiente de resolver, lo cual se haría hasta que se resolviera el presente proceso de amparo. Esta situación, según se confirmó recientemente (sea, el 29 de septiembre de 2023), es la que perdura e impera a la fecha. Además, se aclaró que el pozo ubicado en el citado proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba no había sido sellado y que, por ende, los habitantes de este sitio continúan utilizándolo para proveerse de agua. En consecuencia, a partir de lo anterior, no podría sostenerse que el recurrente y el resto de personas propietarias de las quintas referidas, se hayan quedado desprovistas del servicio de agua potable, al menos, durante los años en que la pandemia por COVID-19 se encontró mayormente vigente y, por consiguiente, cuando más necesario se hizo el suministro de este líquido en resguardo del derecho fundamental a la salud.\n\nB. En cuanto a la presunta violación al derecho a la defensa y al debido proceso. En este asunto se ha acreditado y verificado que el pozo en cuestión se halla en un inmueble propiedad de la empresa denominada Ganadera La Ceiba S.A., lo cual fue confirmado en una inspección realizada por las autoridades de la Dirección de Agua del MINAE en septiembre del año 2020, y no en un inmueble a Nombre317 propiamente de la amparada Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada o bien a Nombre317 de algún otro vecino en particular. De ahí que, resulte plenamente justificado que las autoridades de la Dirección de Agua, el 4 de noviembre de 2020, hayan notificado el referido oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisamente al dueño o representante del inmueble donde se construyó y opera el pozo , pues es este quien –a tenor de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas-, debía proceder con el respectivo cierre y sellado. Nótese que, sobre el particular, este último decreto dispone en su artículo 38 lo siguiente:\n\n“Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.” (El subrayado no forma parte del original). \n\nParalelamente a lo anterior, debe tenerse claro en este asunto que la Dirección de Agua del MINAE no es o figura como el proveedor de servicio de agua potable en el complejo residencial bajo estudio. En ningún momento ha suscrito alguna especie de relación por ese concepto con ninguno de los propietarios de las 100 fincas a las que hace referencia el tutelado; de hecho, no tiene competencia alguna al respecto dotada por nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no podría imputársele a esta dirección la obligación de notificarle a cada uno de estos propietarios (en presunta calidad de beneficiarios del servicio de suministro de agua), lo dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20. Resulta evidente que la Dirección de Agua se limitó a poner a derecho el uso del pozo y, desde esa perspectiva, su labor se reducía a notificarle al propietario del inmueble donde este se hallaba, la orden de cierre y sellado en cuestión, tal y como así efectivamente se hizo. Así las cosas, en este caso, no es factible afirmar que a los dueños de los citados inmuebles que conforman el citado residencial, se les vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso.\n\nEn todo caso, es importante destacar que el propio recurrente, en el escrito de interposición de este amparo, afirmó que los propietarios de los inmuebles ubicados en el citado complejo residencial se enteraron de la orden de cierre en cuestión por otros medios. Incluso, en el elenco de pruebas aportadas por el promovente, consta algunos oficios fechados 17 de noviembre de 2020, donde se acredita que un representante de la sociedad Ganadera La Ceiba S.A. les notificó a algunos dueños de las quintas la orden de sellado dispuesto en el citado oficio No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 de 28 de septiembre de 2020. Siendo así, es claro que los propietarios de los citados inmuebles, de previo a la interposición de este amparo, sí tuvieron conocimiento de la orden de cierre del pozo que los abastecía de agua, lo que, en consecuencia, les permitió ejercer, en aquel momento, las acciones que estimaran pertinentes con el fin de regularizar la situación bajo estudio.\n\nDe hecho, es importante señalar que en este asunto ha quedado plenamente verificado –pues así lo ha relatado el propio recurrente en el escrito de interposición de este proceso–, que los vecinos del mencionado residencial ya conocían, desde muchos años atrás (al menos desde el año 2013), la situación irregular en la que se encontraban respecto a la prestación el servicio de agua (dado que el pozo funcionaba ilegalmente), al punto que, en los años 2016 y 2018, buscaron ayuda de las autoridades del ICAA para que asumieran el acueducto que opera en el sitio. Por consiguiente, es claro que la orden de cierre dispuesta en septiembre de 2020 por parte de la Dirección de Agua no podría considerarse como intempestiva y arbitraria, según los términos expuestos y alegados ante este Tribunal, pues era de esperarse que las autoridades del MINAE, tarde o temprano, actuaran de esa manera, siguiendo, como se ha dicho reiteradamente, lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico (Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE).\n\nC. Tocante a la presunta obligación de coordinar previamente con la ARESEP y el ICAA. Siguiendo lo indicado en el apartado anterior, esta Sala es del criterio que la Dirección de Agua del MINAE, a tenor, a su vez, de lo dispuesto en el ya citado Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAE, cumplió con su puntual obligación de notificar el cierre del pozo al dueño del inmueble donde este se encuentra, sin que se denote o se imponga en ese mismo cuerpo normativo, la obligación de llevar a cabo la actuación que reclama la parte accionante, sea la de coordinar de previo al cierre del pozo con otras instituciones (en este caso con la ARESEP y con el ICAA), con el fin de hallar una solución al problema de suministro de agua en el complejo residencial. El promovente lo que sugiere en el fondo, a través de este alegato, es que el MINAE debía suspender indefinidamente el cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa (y perpetuar el uso y funcionamiento de un pozo construido ilegalmente), hasta que alguna de esas dos instituciones, principalmente el ICAA, resolviera totalmente la situación en la que se encontraron y encuentran actualmente los vecinos del citado residencial, por motivos, al parecer, ajenos a la administración pública, lo cual sin embargo, no resulta plausible en criterio de este órgano constitucional, ya que el deber de este ministerio era velar por el cierre del pozo y no otro. Esto, pues como se ha dicho, la Dirección de Agua del MINAE no ha intervenido, en ningún momento, como prestador del servicio de agua potable en los inmuebles bajo estudio.\n\nEn todo caso, como ya también se dijo, en este asunto consta que desde al menos el año 2016, sea, cuatro años antes de emitido el oficio en cuestión No. DA-UHTPCOSJ-2123-20, el ICAA conocía del caso bajo estudio –pues así le fue puesto en conocimiento por miembros de [...]–, sin que, en ese momento, se haya logrado concretar una solución. Además, se acreditó que dos años más tarde, sea, en septiembre de 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional, lo cual, sin embargo, no se pudo realizar ante la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto de parte de los interesados. Por ende, en este asunto se ha verificado fehacientemente que si bien el MINAE al emitir el acto administrativo bajo estudio no realizó esa coordinación previa pretendida por el accionante (la cual, como se dijo, en todo caso no le es impuesta por el ordenamiento jurídico), lo cierto es que para entonces el ICAA conocía el problema bajo estudio y ya había emitido criterio sobre cómo se podría resolver la situación (tema último que se retomará con detenimiento en el siguiente apartado).\n\nD. Sobre la supuesta omisión del ICAA en solventar la situación relacionada con el suministro de agua potable en el complejo residencial. Contrario a lo acusado por el recurrente, este Tribunal Constitucional no considera que a las autoridades del ICAA se les pueda imputar o atribución alguna actuación u omisión arbitraria de su parte en este asunto, que haya atentado en contra de los derechos fundamentales de los habitantes de Quintas Residenciales La Ceiba. Debe observarse que, en este asunto, como ya se adelantó, consta que los interesados (vecinos de dicho residencial), han acudido en dos ocasiones ante esta institución y que, si bien esta no ha asumido el acueducto y, consiguientemente, el suministro de agua potable en dicho complejo residencial, esto se debe a una importante razón, y es que los primeros no han cumplido una serie de requisitos y aspectos técnicos que les fueron notificados y puestos en conocimiento desde hace varios años.\n\nEn concreto, se determinó que, en el año 2016, algunos miembros de [...] se reunieron con dos ingenieros del ICAA para proponerles asumir el acueducto del complejo residencial. En esta ocasión, según se acreditó también, dichos funcionarios solicitaron el cumplimiento de varios requisitos para tal efecto (v.gr. información detallada de la prueba de bombeo, la cantidad de agua que daba el pozo, análisis de calidad de agua, el plano de la finca donde está el pozo y posible servidumbre, etc.). Asimismo, se verificó que, tiempo después, en septiembre del año 2018, el recurrente presentó ante la Junta Directiva del ICAA una solicitud formal para que esa institución administrara el suministro de agua potable en el referido proyecto habitacional. Dicha solicitud fue trasladada por la Junta Directiva del ICAA a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del ICAA, producto de lo cual se emitió el informe No. GSP-RPC-2018-00586 de fecha 16 de octubre de 2018, llamado Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, suscrito por un funcionario de la Región Pacífico Central del ICAA y en el cual se indicó que, para acceder a la pretensión del gestionante, se debían cumplir una serie de requisitos, entre estos, lo siguientes:\n\n“(…) 1. Visado de la segregación de la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y en los artículos 11.2.1 y 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, estos últimos cinco artículos en lo correspondiente a parcelamiento agrícola; como excepcionalidad, requiriendo para ello el visado del INVU. Todo lo anterior para que la prestación del servicio sea legal, ambiental y técnicamente factible.\n\n2. El servicio a suministrar debe ser adecuado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad, por lo que la infraestructura lo debe permitir, así como un remanente para crecimiento vegetativo de la zona.\n\n3. Las calles internas del proyecto deben ser calles públicas o servidumbres agrícolas, debiendo estar inscritas las primeras como tales dentro de la red vial cantonal de Orotina, mientras las segundas como servidumbres de paso y acueducto a favor del AyA, que permitan la libre circulación por ellas, así como la posibilidad de instalación de infraestructura.\n\n4. La red de distribución existente debe ser evaluada en cuanto a sus características como diámetro, material, cédula, instalación y cualquier otro elemento que debe ser considerado para su posible aceptación, o en su defecto, que deba ser sustituido. Estas tuberías deben cumplir con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.\n\n5. Tal y como lo establece la solicitud, la infraestructura requerida debe ser completa, incluyendo el pozo totalmente equipado y con la protección necesaria, las áreas de protección que establezca el estudio hidrogeológico, prueba de bombeo de 72 horas, lo cual es necesario realizar, y toda la información disponible y por obtener de él. Así mismo debe incluir el sistema de desinfección, tuberías de impulsión, tanque de almacenamiento y red de distribución.\n\n6. Toda la infraestructura a construir y/o existente debe ser aprobada por el AyA, de acuerdo a la normativa establecida.\n\n7. Definir las características del desarrollo, esto es, si es de tipo turístico, habitacional, agrícola u otro.\n\n 8. Los aspectos de la instalación de la micromedición (hidrómetros) o su suministro deberá ser definido por los interesados (…)”.\n\nTodos estos requisitos, según se informó por parte de las autoridades del ICAA e, incluso, así lo reconoció el propio accionante en el escrito de interposición de este amparo, no habían podido ser cumplidos, por lo que, consecuentemente, dicho instituto no había podido tomar el acueducto y suministrar el servicio de agua potable, según lo pretendido.\n\nDe este modo, se colige fácilmente que las autoridades del ICAA no se han negado, en ningún momento, de forma infundada o arbitraria a prestar el servicio bajo estudio, según los términos en que lo hace ver o expone el tutelado ante esta jurisdicción constitucional. Lo que sucede en este asunto es que el ICAA, de previo a realizar la actuación pretendida, requiere que se cumplan una serie de requisitos en apego a lo estipulado en el ordenamiento jurídico, sin que sea posible para este caso en particular, realizar una ilegal excepción, y brindar el servicio en el proyecto denominado Quintas Residenciales La Ceiba, tal y como pareciera así lo quiere el recurrente. Nótese que, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la prestación del servicio de suministro de agua potable se puede válidamente denegar cuando no se han cumplido los requisitos estipulados al efecto. Así, en el Voto No. 2009-9936 de las 14:08 hrs. de 19 de junio de 2009, se indicó lo siguiente:\n\n“(…) De tal forma, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento, por lo que se reconoce la posibilidad de limitar el otorgamiento de nuevas pajas de agua con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de suministro de agua potable a los actuales usuarios y domicilios que reciben dicho servicio –ver sentencias números 2007-17475, de las once horas cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil siete, y 2008-11390, de las once  horas veintinueve minutos del veintidós de julio de dos mil ocho-. En este sentido, en sentencia número 2006-1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil seis –reiterada, entre otras, por sentencia número 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del catorce de setiembre de dos mil siete- estableció la Sala que:\n\n“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...).  Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma. En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.”\n\nSe entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.\n\nPor su parte, en la Sentencia No. 2018-7781 de las 09:15 hrs. de 18 de mayo de 2018, esta Sala señaló:\n\n“(…) III.- SOBRE LA DENEGATORIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. Esta Sala ha considerado que, si bien, existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. En concreto, esta Sala ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. En sentencia número 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009, reiterada en la sentencia No. 2016-005382 de las 9:05 horas de 22 de abril de 2016, esta Sala resolvió lo siguiente:\n\n“(...) Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud (…)”.\n\nConcomitantemente, resulta menester traer a colación lo informado sobre el particular y bajo juramento por el Subgerente de Sistemas Periféricos del ICAA, sea, lo siguiente:\n\n“(…) toda la información requerida por el AyA, plasmada en el informe técnico, son requerimientos esenciales para concretar la administración del acueducto por parte del AyA, por ende la Institución ha mostrado su anuencia en solventar las necesidades de abastecimiento de la comunidad, en el tanto se brinde la información solicitada, se realicen las mejoras que la parte técnica institucional determine y se defina la condición de acceso a los inmuebles y su respectivas inscripciones, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el cuerpo normativo, que rige las condiciones a las que se obliga el Instituto con el usuario y los requisitos necesarios para la prestación del servicio, se encuentran en el Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, en el Artículo 7 (…)” (El subrayado no forma parte del original).\n\nAdemás, esta autoridad sostuvo que:\n\n“(…) si el recurrente aporta la información solicitada en el informe realizado por la Dirección de Operación y Mantenimiento desde octubre del 2018, para determinar las condiciones actuales del sistema, accesos y posteriormente realizar las mejoras indicadas por el área técnica institucional, se puede asumir el acueducto y solucionar las condiciones actuales del recurso hídrico, de los pobladores de Quinta La Ceiba (…)”. (El subrayado no forma parte del original).\n\nAsí las cosas, en este asunto se tiene por acreditado que las autoridades del ICAA no han dejado desamparados a los vecinos del referido residencial, habida cuenta que les han propuesto un proyecto para asumir el acueducto y proveerles el servicio de agua potable desde hace varios años, siendo que, si esto no se ha concretado, ha sido porque los segundos no han cumplido con los requisitos exigidos y puestos en su conocimiento.\n\nE. En cuanto a la pretensión del recurrente para que las empresas relacionadas con el complejo residencial asuman su responsabilidad en este caso. Finalmente, resulta menester señalarle al recurrente que la pretensión dirigida a que las empresas involucradas en este asunto (principalmente, la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A.), se hagan responsables de asumir la situación bajo estudio y brinden una solución en cuanto a la provisión del servicio de agua potable en el mencionado residencial, deberá ser planteada, si a bien lo tiene, ante las vías ordinarias de legalidad creadas especialmente al efecto. Nótese que escapa del ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional, por tratarse de un tema de mera y pura legalidad, analizar por el fondo el caso bajo estudio, específicamente, los acuerdos a los que llegaron los propietarios de los inmuebles que forman parte del citado residencial con la empresa desarrolladora Ganadera La Ceiba S.A. (o con algún otro sujeto de derecho privado), al momento de comprar las quintas y todos aquellos puntuales aspectos relacionados propiamente con la prestación del servicio de agua en el sitio y, concomitantemente, determinar, si esta sociedad u otra deben asumir o no algún tipo de responsabilidad en la situación y caso acá expuesto. No resulta material ni razonablemente posible entrar a un complicado y lento sistema probatorio para dilucidar los referidos aspectos señalados por la parte tutelada. Por ende, como ya se dijo, este agravio en particular debe ser planteado ante las respectivas vías ordinarias de legalidad, por cuanto claramente excede el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política.\n\n***\n\nEn mérito de lo expuesto, al no advertirse, en la especie, que las autoridades recurridas hayan cometido violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente y del resto de propietarios del proyecto Quintas Residenciales La Ceiba, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo.\n\nVI.- Ahora bien, pese a lo dicho supra, resulta menester indicarles a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, en el momento que los propietarios de los inmuebles que conforman el proyecto Quintas Residenciales La Ceiba cumplan con todos los requisitos técnicos y legales que le han sido exigidos, se resuelva lo que en derecho corresponda; siempre que otra causa ajena a la examinada en el sub lite no lo impida. \n\n VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de lo dispuesto en el considerando VI de la presente sentencia.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre290  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNombre319  V.\n\n\n\n\nNombre8889   G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 9CMVXJRWBRK61\n\n1\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:50:58.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolution No. 25091 - 2023\n\nResolution Date: October 6, 2023, at 09:27\n\nCase File: 20-021447-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nType of Case: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nRelevance Indicators\n\nRelevant ruling\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\nContent of Interest:\n\nStrategic Themes: Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights\n\nType of Content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: PUBLIC SERVICES\n\nSubtopics:\n\nDRINKING WATER.\n\nTelf5743. PUBLIC SERVICES. CLOSURE OF A WELL IN A RESIDENTIAL SUBDIVISION OF COUNTRY ESTATES IN OROTINA, WHICH SUPPLIES WATER TO THE RESIDENTS, IS QUESTIONED FOR LACK OF DUE PROCESS. DECLARED WITHOUT MERIT, INASMUCH AS THEY DID NOT HAVE PERMITS IN ORDER; NEVERTHELESS, IT IS ADVISED THAT ONCE THE REQUIREMENTS ARE MET, WHATEVER IS LEGALLY APPROPRIATE SHALL BE RESOLVED. VCG10/2023\n\n“(…) V.- SPECIFIC CASE. The petitioner comes before this Constitutional Chamber and indicates that he serves as President of [...]. He states that 23 years ago the project called Quintas Residenciales La Ceiba was developed, which is composed of country estates (quintas) of approximately 7,000 square meters each and has a total of 100 farms (fincas) registered as agricultural properties.\n\n\n\nHe indicates that the developer of that project was the company Ganadera La Ceiba S.A., which delivered to the buyers the cadastral plans that complied with the specifications of agricultural properties and with potable water service. He explains that, at the time of the sale of the properties, the developer guaranteed the provision of potable water service through an aqueduct belonging to the same company, for which each parcel had its respective meter. He points out that initially the service was provided privately by the same selling company (Ganadera La Ceiba S.A.), through a related company called SERINCON S.A., which was in charge of billing for the service. He states that SERICON S.A. has supplied the potable water service since 1997. As of 2017, payment deposits for the water supply are made to another company called TYRICA S.A., also related to Ganadera La Ceiba S.A.\n\n\n\nHe explains that, at that time, they presumed that everything was in order and that the service was legally provided. However, the petitioner indicates that at one point there was an excessive increase in the charge for potable water service, so they made inquiries to ICAA and ARESEP, as a result of which they learned that the water supply was not lawful, because the well that supplied said liquid was not registered with MINAE. He recounts that, faced with this situation, they contacted ICAA to take over the aqueduct and, despite efforts made since 2016 with this institution, a concrete solution to the problem has not been achieved. He states that the main difficulty revolves around the level of works and conditions imposed by ICAA to receive the well and the facilities to provide the service, which must be paid for by the residents.\n\n\n\nHe adds that a resident filed a complaint with MINAE about the high cost of the potable water service, which led to the issuance of official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, which referred to the illegality of the aforementioned well and ordered its closure within one month.\n\n\n\nHe accuses that MINAE ordered the closure of that well suddenly, without granting a prior hearing to all the residents of the residential complex (since only the offending company was notified) and without carrying out a proper procedure, thus leaving everyone defenseless. He maintains that the aforementioned residents learned of what happened from third parties.\n\n\n\nHe alleges that they were also not given a prior hearing, nor were the authorities of ICAA and ARESEP consulted as a means to seek a solution to the situation. All this, despite the fact that, at the time of the closure, the national emergency due to COVID-19 was in full force, which is why, in his opinion, having potable water service is essential.\n\n\n\nHe adds that even though the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the body that must carry out and promote planning, financing, and development, as well as resolve everything related to the supply of potable water in the country, the pertinent actions have not been taken to provide a solution to the 100 families who have been affected by the closure of the well and the suspension of water service in their homes. He states that ICAA cannot remain on the sidelines of the necessary steps needed to provide the potable water supply to the community, and therefore its participation in this solution is necessary; a participation that should have been sought by MINAE itself before ordering the closure of the well.\n\n\n\nOn the other hand, he reiterates that the developer, when putting the farms (fincas) up for sale, offered the provision of potable water service, a factor that influenced people's decision to purchase the properties. He indicates that the three aforementioned companies are the ones that have the power and administration of said well, as well as being in charge of reading the water meters, establishing the invoices, and charging for the water service, for which reason he believes it is necessary for them to participate in the procedure for transferring the aqueduct to ICAA. In that same sense, he considers that they must coordinate with MINAE and ICAA what is pertinent so that the requirements demanded for said institute to assume the administration of the community's aqueduct are met.\n\n\n\nHe maintains, then, that in this case the right of access to potable water was violated, as well as his rights to defense and due process. Consequently, he requests that this amparo be granted and, among other aspects, that the closure order of the well provided in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, issued by the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua of MINAE, be annulled. Furthermore, that ICAA be ordered to immediately intervene to guarantee the residents a regular supply of potable water, carrying out the necessary steps and works.\n\n\n\nHaving seen the foregoing, this Chamber observes that the petitioner formulates this amparo directed in the following senses: a) that through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, of the Dirección de Agua of MINAE, the closure was ordered of the well that supplies the residential complex, where 100 families live, in clear violation of the right of access to potable water and despite the ongoing COVID-19 pandemic; b) that said decision was made without notifying or granting a prior hearing to the 100 families who own the mentioned country estates (quintas) and, therefore, without respecting due process; c) that prior to issuing the aforementioned order, ICAA or ARESEP were not consulted in order to seek a solution to the referenced problem; d) that the authorities of ICAA, despite the steps that have been taken before them, have not provided a solution to the situation; and e) that the private parties involved in this matter must take responsibility and resolve the exposed problem.\n\n\n\nNow, having analyzed the grievances expressed by the petitioner, the reports rendered under the solemnity of oath by the respondent authorities, as well as all the evidence submitted to the record, this Constitutional Court does not consider that there is any merit whatsoever to grant this amparo and, concomitantly, the claims raised by the protected party. The foregoing, for the reasons that will be set forth below.\n\n\n\nA. Regarding what was ordered in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 and the need to provide potable water during the COVID-19 pandemic. In the first place, it is necessary to point out that, in this case, this Chamber does not observe, in any way, that the action claimed by the petitioner, which is the closure and sealing of the well located on farm (finca) No. 377663-000 (property of Ganadera La Ceiba S.A.) and which has supplied the project called Quintas Residenciales La Ceiba for several years, can be considered arbitrary or unfounded. In this matter, it has been demonstrated, with clear clarity, that the owners of the farms (fincas) located in the aforementioned residential complex have been supplied with water service –apparently presumably because it was so arranged by the cited development company Ganadera La Ceiba S.A.–, through a well built illegally, that is, in respect of which the respective permits were neither processed nor opportunely requested and which, therefore, is not duly registered with the Dirección de Agua of MINAE, as stipulated in the legal system (Executive Decree No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); hence, its closure has been sought. Note that this latter regulatory body, in its article 28, establishes the following:\n\n\n\n\"Of the criteria for the closure of wells. The Dirección de Agua of MINAET shall order the closure of a well under the following conditions:\n\n\n\na) When, as a result of the drilling and exploration, the well is dry or the use of water is not feasible, which must be reported by the drilling company or permit holder to the Dirección de Agua of MINAET.\n\n\n\nb) When drillings are carried out without the proper permit.\n\n\n\nc) When they are carried out in contravention of the permit provisions, this Regulation, or current laws.\n\n\n\nd) Expiration of the concession pursuant to the provisions of article 27 of the Water Law (Ley de Aguas) No. 276 of August 26, 1942.\n\n\n\ne) When the application is filed without further processing, due to non-compliance with the requirements or what was requested by the administration to process the concession\" (The underlining does not belong to the original).\n\n\n\nThe foregoing, then, clearly supports the action of the Dirección de Agua of MINAE, specifically, what was ordered in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, challenged by the promoter, in his capacity as President of [...]. An official letter that, moreover, it should be noted, punctually indicates all the legal and factual grounds that support the closure in question, among which figure, mainly, as stated, the operation of the well illegally and its use for human consumption and not as a watering trough for 20 head of cattle, as was indicated and requested years later, specifically in March 2020, when a request was filed by the referenced company to legalize the well, pursuant to the provisions of Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG of July 18, 2019, called Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (last procedure processed under case file No. [Valor 003]). This being so, it is evident that the owners of the farms (fincas) located in the aforementioned residential complex have been supplied with water irregularly for several years and that the authorities of the Dirección de Agua of MINAE have only focused on regularizing and bringing that situation into compliance with the law as established and required, in turn, by the legal system; hence, from that perspective, it could not be affirmed that the closure and sealing action of the well in question violates the fundamental right of access to potable water. On the contrary, pursuant to what is stipulated in said legal system, such action seeks to protect the water resource.\n\n\n\nOn the other hand, it must be taken into account that, although the questioned official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 ordered the closure and sealing of the well, the truth is that –as was also proven–, this order was not executed at that time (that is, in the year 2020) nor subsequently by the authorities of the Dirección de Agua of MINAE. Note that, at first, the Director de Aguas of MINAE, by means of resolution No. DA-1769-2020 of 08:17 hrs. of December 3, 2020 (issued within the referenced procedure No. [Valor 003]), ordered the suspension of said order until the unconstitutionality action that had been filed against the provisions of the cited Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG (which allowed the legalization of irregularly drilled wells) was resolved. Additionally, on that occasion, it was clarified that the registration of the requested well was subject to compliance with the provisions of said regulatory body (Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG) and that this application itself would be resolved when the Constitutional Chamber ruled on said constitutionality process. This latter action, as was proven, was resolved and dismissed by this constitutional jurisdiction through Ruling No. 2021-25386 of 13:10 hrs. of November 10, 2021, which, moreover, was notified in the month of March 2022 to all parties. Later, the authorities of the Dirección de Agua of MINAE, specifically, in the month of July 2022, informed this Chamber that, by then, the application to legalize the well in question was still pending resolution, which would be done once this present amparo process was resolved. This situation, as was recently confirmed (that is, on September 29, 2023), is what endures and prevails to date. In addition, it was clarified that the well located in the cited project called Quintas Residenciales La Ceiba had not been sealed and that, therefore, the inhabitants of this site continue to use it to supply themselves with water. Consequently, based on the above, it could not be sustained that the petitioner and the rest of the owners of the referenced country estates (quintas) have been left without potable water service, at least, during the years when the COVID-19 pandemic was mostly in force and, consequently, when the supply of this liquid became most necessary in protection of the fundamental right to health.\n\n\n\nB. Regarding the alleged violation of the right to defense and due process. In this matter, it has been proven and verified that the well in question is located on a property owned by the company called Ganadera La Ceiba S.A., which was confirmed in an inspection carried out by the authorities of the Dirección de Agua of MINAE in September 2020, and not on a property actually in the name of the protected Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada or in the name of any other neighbor in particular. Hence, it is fully justified that the authorities of the Dirección de Agua, on November 4, 2020, notified the referenced official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisely to the owner or representative of the property where the well was built and operates, since it is this entity that –pursuant to the provisions of the already cited Executive Decree 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas–, had to proceed with the respective closure and sealing. Note that, on this matter, this latter decree provides in its article 38 the following:\n\n\n\n\"Of the closure of wells. It is the responsibility of the Dirección de Agua of MINAET to indicate the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and subsidiarily the drilling company that performed the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is proven. The sealing must be carried out with a metal cap, using impermeable and hermetic material to ensure that possible contaminating agents do not enter, and pouring a concrete slab over the drilling site, with the obligation to draw up a notarial act attesting to this, all in accordance with the resolution of the Dirección.\" (The underlining does not belong to the original).\n\n\n\nParallel to the foregoing, it must be clear in this matter that the Dirección de Agua of MINAE is not, nor does it figure as, the provider of potable water service in the residential complex under study. It has never entered into any kind of relationship for that concept with any of the owners of the 100 farms (fincas) referred to by the protected party; in fact, it has no competence whatsoever in this regard granted by our legal system. Consequently, this directorate could not be charged with the obligation to notify each one of these owners (in their alleged capacity as beneficiaries of the water supply service) of the contents of the cited official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20. It is evident that the Dirección de Agua limited itself to bringing the use of the well into compliance with the law and, from that perspective, its work was limited to notifying the owner of the property where it was located of the closure and sealing order in question, just as was indeed done. Thus, in this case, it is not feasible to affirm that the owners of the cited properties that make up the referenced residential complex had their rights to defense and due process violated.\n\n\n\nIn any case, it is important to highlight that the petitioner himself, in the brief filing this amparo, affirmed that the owners of the properties located in the cited residential complex learned of the closure order in question through other means. Even within the list of evidence provided by the promoter, there are some official letters dated November 17, 2020, where it is proven that a representative of the company Ganadera La Ceiba S.A. notified some owners of the country estates (quintas) of the sealing order ordered in the cited official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020. This being so, it is clear that the owners of the cited properties, prior to the filing of this amparo, did have knowledge of the closure order of the well that supplied them with water, which, consequently, allowed them to exercise, at that time, the actions they deemed pertinent in order to regularize the situation under study.\n\n\n\nIn fact, it is important to point out that in this matter it has been fully verified –as has been recounted by the petitioner himself in the brief filing this process–, that the neighbors of the mentioned residential complex already knew, many years prior (at least since 2013), about the irregular situation in which they found themselves regarding the provision of water service (given that the well operated illegally), to the point that, in the years 2016 and 2018, they sought help from the authorities of ICAA to take over the aqueduct that operates on the site. Consequently, it is clear that the closure order ordered in September 2020 by the Dirección de Agua could not be considered sudden and arbitrary, according to the terms expressed and alleged before this Court, since it was to be expected that the authorities of MINAE, sooner or later, would act in that way, following, as has been repeatedly stated, the provisions of our legal system (Executive Decree No. 35884-MINAE).\n\n\n\nC. Regarding the alleged obligation to coordinate previously with ARESEP and ICAA. Following what was indicated in the previous section, this Chamber is of the opinion that the Dirección de Agua of MINAE, pursuant, in turn, to the provisions of the already cited Executive Decree No. 35884-MINAE, fulfilled its specific obligation to notify the closure of the well to the owner of the property where it is located, without it being denoted or imposed in that same regulatory body, the obligation to carry out the action claimed by the petitioner, that is, to coordinate prior to the closure of the well with other institutions (in this case with ARESEP and with ICAA), in order to find a solution to the water supply problem in the residential complex. The promoter suggests in essence, through this allegation, that MINAE had to indefinitely suspend compliance with the provisions of the cited regulations (and perpetuate the use and operation of an illegally built well), until one of those two institutions, mainly ICAA, completely resolved the situation in which the neighbors of the cited residential complex found and currently find themselves, for reasons, apparently, unrelated to the public administration, which however, is not plausible in the opinion of this constitutional body, since the duty of this ministry was to ensure the closure of the well and nothing else. This, because as has been stated, the Dirección de Agua of MINAE has not intervened, at any time, as a provider of potable water service in the properties under study.\n\n\n\nIn any case, as has also been stated, in this matter it is on record that since at least the year 2016, that is, four years before the official letter in question No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 was issued, ICAA knew of the case under study –as it was brought to its attention by members of [...]–, without, at that time, a solution having been concretely achieved. Furthermore, it was proven that two years later, that is, in September 2018, the petitioner filed before the Junta Directiva of ICAA a formal request for that institution to administer the potable water supply in the referenced housing project, which, however, could not be carried out due to the lack of compliance with the requirements established for that purpose on the part of the interested parties. Therefore, in this matter it has been reliably verified that although MINAE, when issuing the administrative act under study, did not carry out that prior coordination sought by the petitioner (which, as stated, is in any case not imposed upon it by the legal system), the truth is that by then ICAA knew of the problem under study and had already issued criteria on how the situation could be resolved (a topic that will be addressed in detail in the following section).\n\n\n\nD. Regarding the alleged omission of ICAA in solving the situation related to the potable water supply in the residential complex. Contrary to what the petitioner accuses, this Constitutional Court does not consider that the authorities of ICAA can be charged or attributed with any arbitrary action or omission on their part in this matter, which has violated the fundamental rights of the inhabitants of Quintas Residenciales La Ceiba. It must be observed that, in this matter, as already anticipated, it is on record that the interested parties (neighbors of said residential complex), have come before this institution on two occasions and that, although it has not taken over the aqueduct and, consequently, the potable water supply in said residential complex, this is due to an important reason, which is that the former have not complied with a series of requirements and technical aspects that were notified and made known to them several years ago.\n\n\n\nSpecifically, it was determined that, in 2016, some members of [...] met with two ICAA engineers to propose that they take over the residential complex's aqueduct. On this occasion, as was also proven, said officials requested compliance with several requirements for that purpose (e.g., detailed information on the pumping test, the amount of water the well produced, water quality analysis, the plan of the farm (finca) where the well is located and possible easement (servidumbre), etc.). Likewise, it was verified that, some time later, in September 2018, the petitioner filed before the Junta Directiva of ICAA a formal request for that institution to administer the potable water supply in the referenced housing project. Said request was transferred by the Junta Directiva of ICAA to the Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados of ICAA, as a result of which report No. GSP-RPC-2018-00586 dated October 16, 2018, was issued, called Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, signed by an official of the Región Pacífico Central of ICAA and in which it was indicated that, to grant the petitioner's claim, a series of requirements had to be met, among them, the following:\n\n\n\n“(…) 1. Approval (Visado) of the segregation of the farm (finca), pursuant to the provisions of article 36 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and articles 11.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54, and 55 of the National Regulation for the Control of Subdivision and Urbanization (Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización), these latter five articles in what corresponds to agricultural parceling; as an exceptionality, requiring for this the approval (visado) of INVU. All of the foregoing so that the provision of the service is legal, environmentally and technically feasible.\n\n\n\n2. The service to be supplied must be adequate in terms of quality, quantity, and continuity, so the infrastructure must allow it, as well as a remainder for vegetative growth of the area.\n\n\n\n3. The internal streets of the project must be public streets or agricultural easements (servidumbres agrícolas), with the former needing to be registered as such within the cantonal road network of Orotina, while the latter as easements (servidumbres) of passage and aqueduct in favor of AyA, which allow free circulation through them, as well as the possibility of installing infrastructure.\n\n\n\n4. The existing distribution network must be evaluated regarding its characteristics such as diameter, material, schedule, installation, and any other element that must be considered for its possible acceptance, or failing that, that must be replaced. These pipes must comply with the Technical Standard for Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Storm Drainage Systems (Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial).\n\n\n\n5. As established by the request, the required infrastructure must be complete, including the well fully equipped and with the necessary protection, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test, which is necessary to perform, and all available information and that to be obtained from it. Likewise, it must include the disinfection system, impulsion pipes, storage tank, and distribution network.\n\n\n\n6. All infrastructure to be built and/or existing must be approved by AyA, in accordance with the established regulations.\n\n\n\n7. Define the characteristics of the development, that is, whether it is touristic, residential, agricultural, or other.\n\n\n\n8. The aspects of the installation of micro-measurement (water meters) or their supply must be defined by the interested parties (…)”.\n\n\n\nAll these requirements, as reported by the authorities of ICAA and, even so recognized by the petitioner himself in the brief filing this amparo, had not been able to be met, so that, consequently, said institute had not been able to take over the aqueduct and supply the potable water service, as sought.\n\n\n\nIn this way, it is easily inferred that the authorities of ICAA have not refused, at any time, in an unfounded or arbitrary manner to provide the service under study, in the terms in which the protected party makes it seem or sets it forth before this constitutional jurisdiction. What happens in this matter is that ICAA, prior to carrying out the intended action, requires that a series of requirements be met in accordance with what is stipulated in the legal system, without it being possible in this particular case, to make an illegal exception, and provide the service in the project called Quintas Residenciales La Ceiba, as the petitioner seems to want. Note that, this Chamber, on repeated occasions, has indicated that the provision of potable water supply service may be validly denied when the requirements stipulated for that purpose have not been met. Thus, in Ruling No. 2009-9936 of 14:08 hrs. of June 19, 2009, the following was indicated:\n\n\n\n“(…) In this way, this nature as a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration may validly establish general requirements that must necessarily be complied with by each applicant in order to assess their particular requirement, and thus the possibility of limiting the granting of new water connections (pajas de agua) is recognized for the purpose of ensuring the continuity of the provision of the public service of potable water supply to the current users and domiciles that receive said service –see rulings numbers 2007-17475, of eleven hours five minutes of November thirtieth, two thousand seven, and 2008-11390, of eleven hours twenty-nine minutes of July twenty-second, two thousand eight-. In this sense, in ruling number 2006-1898, of nine hours fifty-three minutes of February seventeenth, two thousand six –reiterated, among others, by ruling number 2007-13310, of ten hours fifty-seven minutes of September fourteenth, two thousand seven- the Chamber established that:\n\n\n\n“The petitioner alleges (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with potable water service under the argument that it is a slum (precario) and that its inhabitants do not have a segregation plan that establishes that they are owners of the properties.\n\nIn this regard, the case file establishes, based on the report rendered under oath by the appealed authority, that there is an impossibility of installing domiciliary potable water services in the community where the appellant lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure of the interested parties to submit applications complying with legal requirements (...). This Chamber, in Judgment No. 2004-12185 at 1:31 p.m. on October 29, 2004, in a case similar to the present one, indicated that it was not possible to compel the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to circumvent the provisions of its Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes or the Ley General de Agua Potable. Hence, as long as the protected party does not meet the conditions and requirements demanded therein, even though potable water service must be within everyone's reach because it is an essential service, it cannot be provided to him on a regular basis. Given the existence of these two objective reasons why it is not possible to supply regular potable water service to the claimant: his failure to comply with the requirements for connecting a new service, starting with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason whatsoever to understand that the denial of regular service provision by the appealed Institute is due to the fact that the protected party and his neighbors lack property titles over the real estate they possess. To the above, it should be added that based on Article 33 of the referenced Reglamento, the lack of a property title does not appear to be an obstacle to requesting the connection of a new potable water service, as long as the requirements indicated by that rule are met. In any event, it is also established that even though regular potable water service has not been supplied, the appellant and other neighbors have a public source (fuente pública) that the Institute installed so they can supply themselves for their basic needs. Hence, this Court considers that it has been the very omission of the appellant and the residents of the locality, who do not prove having submitted the applications for the installation of a new potable water service in the community where they live, which has prevented their situation from being assessed to determine if, by complying above all with the requirements of Article 33 of the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with regular potable water service.\"\n\n\nIt is understood then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the potable water service, a situation that determines that the administration lacks the obligation to provide the potable water service in the event of existing technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the petitioner of the reasons why his request cannot be attended to (...)\".\n\n\nFor its part, in Judgment No. 2018-7781 at 09:15 hrs. on May 18, 2018, this Chamber stated:\n\n\n\"(...) III.- ON THE DENIAL OF POTABLE WATER SERVICE. This Chamber has considered that, although there is a fundamental right to potable water, its exercise is not indiscriminate, such that there is an obligation on the part of the entities that provide that service to provide it under any condition and opportunity. Specifically, this Chamber has recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the municipalities, or the associations administering aqueducts and sewers (asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados), may deny the availability of potable water if there are technical reasons that so justify it. In judgment number 2009-003825 at 4:49 p.m. on March 10, 2009, reiterated in Judgment No. 2016-005382 at 9:05 a.m. on April 22, 2016, this Chamber resolved the following:\n\n\n\"(...) It is understood then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the potable water service, a situation that determines that the administration lacks the obligation to provide the potable water service in the event of existing technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the petitioner of the reasons why his request cannot be attended to (...)\".\n\n\nConcomitantly, it is necessary to bring up what was reported on the matter and under oath by the Subgerente de Sistemas Periféricos of the ICAA, namely, the following:\n\n\n\"(...) all the information requested by AyA, as set out in the technical report, are essential requirements to realize the administration of the aqueduct by AyA, therefore the Institution has shown its willingness to solve the supply needs of the community, as long as the requested information is provided, the improvements determined by the institutional technical area are carried out, and the condition of access to the properties and their respective registrations is defined, all of the above in accordance with the provisions of the regulatory body that governs the conditions to which the Institute is obligated with the user and the necessary requirements for the provision of the service, which are found in the Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA, in Article 7 (...)\" (The underlining does not form part of the original).\n\n\nFurthermore, this authority maintained that:\n\n\n\"(...) if the appellant provides the information requested in the report made by the Dirección de Operación y Mantenimiento since October 2018, to determine the current conditions of the system, accesses, and subsequently carry out the improvements indicated by the institutional technical area, the aqueduct can be taken over and the current conditions of the water resource for the residents of Quinta La Ceiba can be solved (...)\". (The underlining does not form part of the original).\n\n\nThus, in this matter, it is established that the ICAA authorities have not left the residents of the aforementioned residential complex unprotected, given that they have proposed a project to them to take over the aqueduct and provide them with potable water service for several years, and if this has not materialized, it has been because the latter have not complied with the requirements demanded and brought to their knowledge.\n\n\nE. Regarding the appellant's claim that the companies related to the residential complex assume their responsibility in this case. Finally, it is necessary to point out to the appellant that the claim seeking that the companies involved in this matter (principally, the developer company Ganadera La Ceiba S.A.) be held responsible for taking on the situation under study and provide a solution regarding the provision of potable water service in the aforementioned residential complex, must be raised, if he deems it appropriate, before the ordinary legality channels created specifically for that purpose. It should be noted that it falls outside the scope of competence of this Constitutional Court, as it is a matter of mere and pure legality, to analyze the merits of the case under study, specifically, the agreements reached by the owners of the properties that form part of the cited residential complex with the developer company Ganadera La Ceiba S.A. (or with any other private law subject), at the time of purchasing the plots, and all those specific aspects properly related to the provision of water service at the site and, concomitantly, determine whether this company or another must or must not assume some type of responsibility in the situation and case presented here. It is not materially or reasonably possible to enter into a complicated and slow evidentiary system to elucidate the referenced aspects indicated by the protected party. Therefore, as already stated, this particular grievance must be raised before the respective ordinary legality channels, as it clearly exceeds the summary nature of the amparo remedy (recurso de amparo), as well as the competence of this Court granted by the Ley de la Jurisdicción Constitucional and the Constitución Política itself.\n\n***\n\nBy virtue of the foregoing, as it is not noted, in this case, that the appealed authorities have committed any violation of the fundamental rights of the appellant and the rest of the owners of the Quintas Residenciales La Ceiba project, what is appropriate is to dismiss this amparo proceeding.\n\nVI.- Now then, despite what was stated above, it is necessary to indicate to the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that, at the moment the owners of the properties that make up the Quintas Residenciales La Ceiba project comply with all the technical and legal requirements that have been demanded of them, a resolution be made as is proper in law; provided that another cause unrelated to the one examined in the sub lite does not prevent it. (...)\"\n\n... See more\n\nOther References: MAKES REFERENCE TO ACTION 19-017936-0007-CO\n\nRelated Judgments\nContent of Interest:\n\nContent type: Majority vote\n\nBranch of Law: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA\n\nTopic: 033- Active standing\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTÍCULO 33 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL\n\n\"(...) I.- ON THE REQUEST FOR ACTIVE COADJUVANCY. Through a brief filed on December 4, 2020, Wendy Simpson Roberts, in her capacity as president with powers of generalísimo attorney-in-fact without limit of amount of Ganadera La Ceiba S.A., requested that said company be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) in this proceeding. She affirms that the action of MINAE recorded in official letter (oficio) No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020 violates the right of access to potable water of the families living in the Quintas La Ceiba residential complex. Likewise, she states that the decision recorded therein was made without granting a prior hearing. Consequently, she requests that the appeal be declared with merit and that the closure order ordered through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, issued by the officials of the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua of the MINAE, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to guarantee the residents a regular supply of potable water.\n\nOn this matter, numeral 34, paragraph 3, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, stipulates that anyone possessing a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant. Consequently, by virtue of the provisions of the aforementioned procedural rule and what was stated by the mentioned intervener, the referred coadjuvancy is admissible. (...)\" VCG10/2023\n\n\n... See more\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 20-021447-0007-CO\n\nRes. No. PHO7951\n\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty-seven minutes on October sixth, two thousand twenty-three.\n\n\nAmparo remedy filed by [Nombre317 001], identity card [CED168 ], on behalf of [...], legal identification number [Valor CED185], against EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) and EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).\n\nWHEREAS:\n\n1.- Through a brief filed with the Chamber on November 20, 2020, the appellant files an amparo remedy and states that he appears as President of [...]. He explains that 23 years ago the project called Quintas Residenciales La Ceiba was developed, which consists of plots (quintas) of approximately 7,000 square meters each and has a total of 100 farms (fincas) registered as agricultural properties. He indicates that the developer was the company Ganadera La Ceiba S.A., which delivered to the buyers the cadastral plans that complied with the specifications of agricultural properties and with potable water service. He reports that currently all the farms have public electricity and telephone services supplied by the Instituto Costarricense de Electricidad. He explains that, at the time of the sale of the real estate, the developer guaranteed the provision of potable water service through an aqueduct belonging to the same company, for which each parcel had the respective meter. He points out that initially the service was provided privately by the same selling company (Ganadera La Ceiba S.A.), through a related company called SERINCON S.A., which was in charge of collecting the service payment. He reports that SERICON S.A. has supplied the potable water service since 1997. As of 2017, the payment deposits for the water supply are made to another company called TYRICA S.A., also related to Ganadera La Ceiba S.A. He explains that, at that time, they assumed everything was in order and that the service was provided legally. He states that, given the excessive increase in the charge for the potable water service, inquiries were made to the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) and to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). He notes that at that moment they learned that the water supply service was not in accordance with the law and, even, that it was not authorized by such authorities. He maintains that they found out that the well was not registered with the Ministerio del Ambiente y Energía. Faced with this situation, he points out that they contacted the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, with the aim that the provision of water service be in accordance with the law, having the supposed support of Ganadera La Ceiba, SERICON S.A. and TYRICA S.A. He adds that, since 2016, several proceedings have been filed with the ICAA, but, as of the date of appearing before this Chamber, no concrete solution to the problem has been achieved. He states that the greatest difficulty revolves around the level of works and conditions imposed by the ICAA to receive the well and the facilities to provide the service, which must be borne by the residents. He recounts that recently, following a complaint filed by a neighbor regarding the high cost of the service, the MINAE, specifically, the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua, conducted a study of the well's situation and by official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, it was concluded that: in the development in question there are 100 properties located in La Ceiba de Orotina, a place that has a drilled well, a control house, a tank, and buried piping for water distribution to the properties. Furthermore, that on March 20, 2020, a concession application was filed by Ganadera La Ceiba Sociedad Anónima, for the amnesty process for unnumbered wells (amnistía de pozos sin número), according to Decreto Ejecutivo No. 41851-MP-MINAE-MAG, file (expediente) No. 20209PA. That the use requested for the well is a watering trough for 20 cattle and does not record the use of population supply. That almost all the properties on the streets known as Dirección2419, Dirección2417, and el Higuerón have a meter and the water service billing is in charge of the company TYRICA S.A., which shows that a residential use of the well is intended. He reports that through said official letter, the Dirección de Agua ordered the company owning the land where the well is located to proceed with its closure and sealing, within a period of one month. He indicates that the MINAE, after verifying the above, that is, that the well is serving more than 100 properties, that the service is provided at a high cost, and that the residents are dissatisfied with this cost (which motivated the study), decided to leave more than 100 residents without water service. He affirms that this decision was made without granting a hearing, without consulting, and without carrying out a proper procedure. Only the offending company was notified (which was also not given a prior hearing on the closure order), so it is clear that more than 100 families were left defenseless, families from whom, moreover, the only water supply they possess and for which they have paid a high cost is intended to be taken away. He maintains that the MINAE knows that the well is in the process of registration and that it provides potable water service to 100 families, but ordered its closure without notifying the families, even, without consulting previously with the ICAA or ARESEP and without, moreover, providing a period to correct the legal inconsistencies, to avoid removing the water service from the entire community. He accuses these actions of constituting a violation of the fundamental right of access to potable water. He complains that currently the country is facing a health emergency and the provision of the Dirección de Agua to close the well that provides the water resource to the families of La Ceiba contradicts the provisions and measures adopted by the Ministerio de Salud and the government to prevent the spread of the COVID-19 disease, for which having water service is essential. He relates that the well closure order was only notified to the company owning the land where it is located. Despite the fact that the appealed authorities have full knowledge that through this well water service is provided to 100 houses, no prior consultation was made with the ICAA to give it the opportunity to seek an alternative solution for the residents. Nor were the residents notified, who learned of the situation from third parties. He reiterates that, in this case, not only is the right to potable water violated, but also their rights to a defense and due process. He insists that a prior hearing was not granted before the indicated sanction was applied to them and the well closure was ordered untimely (without the residents having been previously notified). Therefore, the closure order is arbitrary, illegal, and unjust. He adds that even though the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the body that must carry out and promote planning, financing, and development, as well as resolve everything related to the supply of potable water in the country, the pertinent actions have not been taken to provide a solution to the 100 families that have been affected by the well closure and the suspension of water service in their homes. He reiterates that the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía omitted to make the pertinent consultations with the ICAA related to the illegal provision of water service in the community of La Ceiba, prior to ordering the closure of the well in question. He affirms that, by not granting a hearing to the institutions responsible for ensuring access to potable water, the MINAE also incurred in a violation of his fundamental rights. He states that the ICAA cannot remain on the sidelines of the necessary efforts to be made to provide the potable water supply to the community and therefore its concurrence in this solution is necessary; concurrence that should have been sought by the MINAE itself before ordering the closure of the well. He reiterates that the developer, when putting the farms up for sale, offered the provision of potable water service, a factor that influenced people to acquire the properties. He indicates that the three above-cited companies are those that have the power and administration of said well, as well as are in charge of reading the water meters (hidrómetros), establishing the invoices, and collecting payment for the water service, which is why he believes it is necessary that they participate in the procedure for transferring the aqueduct to the ICAA. In that same sense, they must coordinate with the Ministerio del Ambiente y Energía and the ICAA what is pertinent so that the requirements demanded for said institute to take over the administration of the community aqueduct are met. He considers that the foregoing violates his fundamental rights. He requests that the appeal be declared with merit and, among other aspects, that the well closure order ordered in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, issued by the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua of the MINAE, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to immediately intervene to guarantee the residents a regular supply of potable water, carrying out the procedures and works that were necessary.\n\n2.- By resolution at 07:10 hrs. on November 27, 2020, the proceeding is given course and reports are requested from the appealed authorities.\n\n 3.- Through a brief filed with the Chamber on December 2, 2020, the appellant party requests that the companies indicated in the filing brief be considered as appealed parties, in their capacity as private law subjects. Also, he requests that the challenged act be considered suspended, that is, the well closure, pursuant to the provisions of Article 41 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\n 4.- Through a brief filed with the Chamber on December 3, 2020, Cecilia Martínez Artavia, in her capacity as Subgerenta de Gestión de Sistemas Comunales of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, renders a report and expressly states the following: \"(...) regarding the filing of the amparo remedy on behalf of [...], legal identification number [CED161 ], Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, Chief of the ORAC Pacífico Central, through official letter No. GSD-UEN-GAR-2020- 05087, of December 1, 2020, points out: \"In response to the request for the report of the Amparo Remedy Exp. 20-021447-0007- CO, I inform you that the community of La Ceiba is not an ASADA, and the procedure corresponding to said community is attended to by the Regional Office of AyA Puntarenas, being as shown in exhibit No. 16, report GSP-RPC-2018-00586 of October 16, 2018.\" (the highlighting is ours) In this sense, with respect to report No. GSP-RPC-2018-00586, dated October 16, 2018, see images 94 to 96 of the filing brief and exhibits provided by the appellant to file No. 20-021447-0007-CO. Additionally, in said exhibits, visible in image 92, labeled as exhibit No. 15 of his filing brief, the appellant provides official letter No. JD-2019-00063, of February 22, 2019, in which the Junta Directiva of AyA responds to Mr. [Nombre317 001], representative of the Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, that: \"As part of the follow-up to the referenced agreement, attached you will find the report presented by the Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, memorandum SG-GSD2018-00616, made known in the ordinary session of the Junta Directiva No. 2019-08, held on February 19, 2019. As is clear from the attached technical study, before taking over the aqueduct, the requirements established in the technical report must be met. Any additional information can be coordinated with the Central Pacific Region.\" (the bold does not correspond to the original) That is, the appellant and his represented party, since February 2019, were aware of the technical requirements to be taken over by AyA, given that the Junta Directiva of the Institute so informed them, even knowing the procedure for closing wells processed by the Dirección de Aguas of MINAE, so Mr. [Nombre 001] and the Asociación de Vecinos Quinta La Ceiba, Tierra Dorada, disagree with the actions of the Ministerio de Ambiente y Energía, and not with what was indicated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Regarding the filing of the amparo remedy by Mr. [Nombre317 001], in his personal capacity, given that it is not argued by facts but by titles, with respect to the section \"Necessary participation of AyA in the recognition of the basic and vital human right to potable water.\", in a general manner the closure of a well without the intervention of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is alleged, about which we must clarify that it is not the competence of AyA to intervene in that type of activities, given that it corresponds directly to the Dirección de Aguas of MINAE, in this sense the Ley de Aguas, Law No. 276, of August 27, 1942, published in the Diario Oficial La Gaceta No. 191 of August 28, 1942, establishes: \"Article 18.- Every person who is enjoying a water right shall exhibit the concession they have to exercise that right. However, anyone who on the date of the enactment of this law has enjoyed for twenty years a use of public waters, without opposition from the authority or third parties, shall have the right to continue enjoying it, even though they cannot prove how they obtained the corresponding authorization, provided they are subject to the restrictions determined by Article 21, when the flow is not sufficient to supply the needs of the lower properties. Existing uses protected by titles, concessions, or confirmations issued prior to the date of this law are fully confirmed, provided the concessionaires have fulfilled the obligations imposed in the respective titles. Rights that special laws establish for the use of waters shall have the character of concessions, but must be registered in the respective Concession Registry. Users having titles different from those indicated in the previous cases are obligated to request from Minae the confirmation of their rights. The application must be submitted within a period of one year from the effective date of this law; when dealing with uses existing in public water courses. After these periods have elapsed, the legalization of uses may only be done through a new concession. De facto uses shall be legalized at the request of the interested parties and through inspection, provided the application is submitted within one year from the enactment of this law. If not done within that period, the interested party must request their concession in accordance with the procedures established in this law.\" (the bold is ours) In this sense, Decreto Ejecutivo No. 35884-MINAET, called Reglamento de perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, published in the Diario Oficial La Gaceta No. 88, of Friday, May 7, 2010, establishes: \"Article 14.- On drilling the subsoil when there is public aqueduct service. Drilling of the subsoil for the use of groundwater shall not be authorized when the intended use is population use and can be supplied by an entity providing public aqueduct and sewer service that provides said service. For drilling to be authorized, a letter must be provided from the service-providing entity of the sector where the property is located; stating that for the property where the water will be used there is no technical possibility of supply or else the commitment of this entity shall take over the well for its use and water supply. Article 15.- On the application for exploration and use of groundwater. The application for a subsoil drilling permit for the exploration and use of groundwater must be submitted jointly with the water use concession application before the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), by the registered owner of the property where the water is intended to be used, delivering the pre-designed form for that purpose duly completed and attaching the following requirements: a) Details of the registered owner of the property where the well will be built and the water used; if an individual, a copy of the identity card or identification document must be provided; if a legal entity, certification of legal capacity of the legal representative, issued no more than three months prior, must be provided. b) Proof of ownership in accordance with subsection b) of Article 178 of the Ley de Aguas and cadastral plan of the property where the water will be used, issued no more than three months prior. c) Nombre317 of the contracted drilling company; which must be duly registered in the Registry of Drilling Companies administered by the Dirección de Aguas and up to date with its obligations. d) Cartographic location of the drilling site indicating the coordinates taken by the drilling professional responsible using the Global Positioning System (GPS), noting the Nombre317 and number of the cartographic sheet. e) Letter from the entity providing public aqueduct and sewer service, in accordance with Article 14 of this Reglamento. f) Corresponding technical studies, as provided in Articles 12 and 13 of this Reglamento. The form must be signed by the applicant for the drilling and water concession, by the professional responsible for drilling the well who must be registered with the respective professional association, and by the legal representative of the contracted drilling company, all as responsible parties for drilling the subsoil and constructing the well.\n\nSuch signatures must be duly authenticated by a notary public. … Article 28.—Criteria for well closure. The Water Directorate of MINAET shall order the closure of a well under the following conditions: a) When, as a result of drilling and exploration, the well is dry or water extraction is not viable, which must be reported by the drilling company or permit holder to the Water Directorate of MINAET. b) When drilling is carried out without the proper permit. c) When drilling is carried out in violation of the permit provisions, this Regulation, or current laws. d) Expiration of the concession as provided in Article 27 of the Water Law No. 276 of August 26, 1942. e) When the application is archived without further processing due to non-compliance with the requirements or with what was requested by the administration to process the concession. Closure shall proceed as provided in Article 39. … Article 38.—Well closure. It is the responsibility of the Water Directorate of MINAET to provide instructions on the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and, in a subsidiary manner, by the drilling company that performed the drilling and the responsible geologist, when their involvement in the development of the well is proven. Sealing must be carried out with a metal cap, using waterproof and airtight material to ensure that potential contaminants cannot enter, and by pouring a concrete slab over the drilling site, for which a notarized affidavit must be drawn up recording this, all in accordance with the provisions of the Directorate's resolution.” (the bold text does not correspond to the original) With regard to the section titled Annex “Chronological Relationship of Facts,” we reiterate that the facts indicated by the petitioner relate to the illegal provision of potable water service by an unauthorized operator. Furthermore, in image 25, first paragraph, it refers to the fact that the improvements to the system were to be assumed by SERINCON SRL., which also must carry out the transfers in favor of the Institute, among which was the well from which the urban development was supplied. In that same image 25, third paragraph, regarding being assumed by AyA, it is important to highlight that the officials Jorge Ramírez Rodríguez and Giovanni García Flores belong to the Sub-Management for Communal Systems Management, hence our participation would be to analyze the possibility of constituting an ASADA in the sector; in this regard, Mr. Ramírez Rodríguez indicated that it is impossible, given that AyA’s systems as an operator pass right in front of the property; in this sense, Board of Directors Agreement No. 2014-05861 does not permit the constitution of new operators within a radius of less than 2 kilometers from other operators, whether ASADAs or the Institute itself. In this regard, said agreement states: “For new requests for the formation of communal aqueducts, the Sub-Management for Communal Systems Management must verify the existence of another operator within a radius of two kilometers around the community making the request to form the new water supply system. In the event that an operator exists within the indicated radius and has stated in writing that it does not have the capacity to take on the new aqueduct or community to be supplied, AyA must carry out a technical study to determine the current situation of the ASADA, in light of that demand and solution alternatives, within a maximum period of three months.” We reiterate that it is clear from the evidence provided by the petitioner that AyA has already issued its recommendations for taking over the system, and therefore the constitution of an ASADA in the area is not possible. In said section, as to everything else, we reiterate what was previously stated: the Institute has acted in accordance with the law and issued the corresponding recommendations, and to date, no pending response from this Sub-Management for Communal Systems Management has been found. Furthermore, the matter of well sealing is not the competence of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and therefore the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy does not need to coordinate with AyA for that procedure. LEGAL GROUNDS (…) Here, on the contrary, it has been demonstrated that AyA has already issued its recommendations regarding the necessary improvements to take over the system, and what is pending is compliance by those responsible for the urban development, Quintas la Ceiba de Tierra Dorada. In this regard, see the technical report called “Quintas la Ceiba de Tierra Dorada,” No. GSP-RPC-2018-00586, dated October 16, 2018, presented by the petitioner as Exhibit No. 16, visible in images 94 to 96 of their filing and evidence submission that are in the digital case file of this Constitutional Court, with said report concluding: “Conclusions. AyA remains expectant and awaits the definition of what was indicated in the foregoing development regarding the required information, so that the possibility of the Institution being able to take over the administration of the potable water supply system of the Quintas La Ceiba Tierra Dorada project can be clearly defined, according to the express will of its residents.” (the bold text is ours) Regarding the material impossibility of granting new services. (…) It is important to state that, due to the time elapsed since Report No. GSP-RPC-2018-00586, dated October 16, 2018, was issued, an update of the recommendations issued therein must be carried out, subject to a prior assessment by AyA for taking over the operation of the system supplying the Quintas La Ceiba Tierra Dorada urban development, at the cost of the applicants, for both the assessments and the necessary improvements. Regarding the material, legal, or physical impossibility of providing a service, the non-violation of fundamental rights has been addressed by the Constitutional Chamber on repeated occasions (resolutions number 2009-011529 and number 2010-013690) (…) Regarding matters of mere legality. We consider that the present matter corresponds to those termed by the jurisprudence of the Constitutional Chamber as “matters of mere legality,” given that on repeated occasions the petitioner has been informed of the improvements required for the Institute to directly take over the Quintas La Ceiba Tierra Dorada development, of which the petitioner is a resident and owner of a plot. Moreover, the disagreement of Mr. [Name317 001] relates to the procedure for well sealing, a procedure that falls solely and exclusively within the competence of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy. In this sense, the Constitutional Chamber, in its wisdom, has indicated that there are procedures not cognizable by the constitutional jurisdiction2 ; that is, those cases dealing with matters of mere legality and not constitutionality, which must be aired in the corresponding ordinary channels (…) As is clear from the Regulation for the Provision of AyA Services, Board of Directors Agreement No. 2019-461, published in the Official Gazette La Gaceta No. 242, Supplement No. 285, of December 19, 2019, it is not possible to issue service availability certificates when there is no technical feasibility, when it would be detrimental to the quality of the service provided, and when there is no infrastructure—conditions that, according to Report No. GSP-RPC-2018-00586, of June 14, 2018 (which must be updated by the interested parties), must be resolved prior to interconnection with the systems operated by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (…)”.\n\n 5.- By a brief submitted to the Chamber on December 4, 2020, Marylin Mora Vega, in her capacity as Coordinator of the Térraba-Central Pacific Hydrological Unit, and José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Water Director, both of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, submit a report and expressly state the following: “(…) ON THE MERITS For the understanding of the Constitutional Chamber, it is important to be clear on the following: By means of Executive Decree 35884-MINAET, the obligation is established for any person subject to the administration who intends to drill to obtain and extract water from a well to first obtain a permit from the Water Directorate of MINAE and a subsequent water concession granted by the head of the Ministry. On the other hand, it is important to note that by means of Executive Decree 41851-MP-MINAE-MAG, published in the official gazette La Gaceta, No. 139 Supplement 167 of July 24, 2019, the Regulation for the Registration of Unnumbered Wells and Enabling the Groundwater Concession Process was published, the objective of which was to establish the procedure for the regulated registration and recording of wells drilled without a drilling permit and the respective procedure for obtaining a water extraction concession. This Decree was in effect until March 24 of this year, with no extensions. Basically, the decree is providing an opportunity for all those persons who, having infringed the legal framework by drilling without a permit, can come into compliance with the law and legally extract water, paying the respective fee and allowing for an adequate water balance through registration. In the case at hand, it must be noted that the well was drilled without a permit, water is being used or extracted without a concession, and incorporation into the system is now being requested. The application is being submitted by the owner of the land where the well used by the Residents' Association of the residential development that is petitioning was illegally drilled. This application generated administrative case file [Value 003]. It is indeed recorded that the sealing of the well was ordered by the Tárcoles Hydrological Unit because it has neither a permit nor a concession. However, from the study of case file [Value 003], it was determined that the source corresponding to a well drilled for the extraction of groundwater, drilled on the property owned by GANADERA LA CEIBA S. Name312., which managed its registration as the property owner, corresponds to the source from which the ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal ID [Value CED185], is supplied. Likewise, it is recorded in case file [Value 003], as stated in official letter JD-2019-00063 of February 22, 2019, that this Association has indeed carried out procedures before Name312 and Name312 to take over the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A, as well as the willingness of said institution, provided that coordination occurs and the requirements for drilling are met. It is important to inform that administrative case file 19-017936-0007-CO, brought by FECON, which is an Unconstitutionality Action against DE-41851-MP-MINAE-MAG, which ordered the suspension of the final ruling in those procedures where the rule must be applied, is being processed before the Constitutional Chamber. To date, it has not been resolved; therefore, the processes for applications filed under this decree are suspended pending the judicial resolution. Having clarified the foregoing, we will proceed to analyze the background of the case: In accordance with report DA-UHTPCOSJ-2534-2020 of December 1, 2020, signed by the undersigned and by Technician José Ricardo Hidalgo Sánchez, this Directorate received a complaint through the SITADA system, under number 21753-2020, dated July 16, 2020, from Name10939, who denounces the company Tyrica S.A. for excessive charges on the water bill and also requests to know whether the well from which water is being supplied is legal, whether it is registered or not, attaching several documents to that end. To address the complaint, as provided for in the internal procedure of the Water Directorate, a site visit was carried out by officials of this Directorate, in this case, Technician José Ricardo Hidalgo Sánchez, resulting in technical report DA-UHTPCOSJ-2113-2020 of September 25, 2020. At the site, it was confirmed that it was a residential development, consisting of approximately 100 properties. It further indicates that, according to statements by local residents, the site was supplied by a well located on a property that was auctioned off, leaving them without water, so they opted for the drilling of a new well two years ago, which is located on property owned by Ganadera La Ceiba S.A. and its registration is currently being processed through the well amnesty program. That, upon reviewing the Directorate’s database, it was confirmed that no information exists regarding a drilling permit at the site in question; therefore, it is determined that the drilling is illegal. That, in accordance with the Procedures Manual of the Water Directorate, notification was issued via report DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020 (given that the well does not comply with legal requirements), of the obligation to seal it. This notification was served on November 4, 2020, to the entity appearing as the owner of the property where the well in question is located, namely Ganadera La Ceiba, according to administrative case file [Value 003], which currently has a revocation appeal pending resolution. Thus, what the residential development needs is for the public service provider entity to take over the provision of the service, and not for a private party, which is the case at hand, to continue providing the service. The Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, as the water administration entity within the Ministry, has competencies and obligations to fulfill as dictated by the legal framework, one of which is to verify whether water extractions are in compliance with the law or not, and to proceed against those that are not as legally appropriate. During the investigation, information emerged regarding the efforts that the residents themselves have undertaken before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which have not concluded, but neither has it been possible to conclude the process of analyzing compliance with the requirements for the drilled well to assess its registration based on the Decree for the Registration of Unnumbered Wells, due to the Unconstitutionality Action against DE-41851-MP-MINAE-MAG, which ordered the suspension of the final ruling in those procedures where the rule must be applied. That said, as it involves a population-related use of water, the petitioners must insist before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for a prompt solution and attention to the problem they face, if once the Constitutional Chamber resolves the Unconstitutionality Action and it is possible to assess its admissibility and compliance with requirements, but not through a water concession granted by MINAE because population-related use is not within its competence, as this falls to A y A, an institution that, if the well is technically and legally viable, requests its registration from MINAE through the Water Directorate. That on December 2, 2020, a note was submitted signed by Mr. [Name317 001], in his capacity as president of [...], legal ID CED5633, stating that official letter DA-UHTPCOSJ-2123-2020 has been challenged by his represented party before the Constitutional Chamber via an amparo action, which has been accepted for study, and therefore requests the suspension of the sealing order until the Constitutional Chamber rules and / or until a viable alternative is provided to the residents to have water service. That on March 20, 2020, the application for the registration of wells drilled without a permit and enabling of the groundwater concession was submitted under Executive Decree 41851-MP-MINAE-MAG, by GANADERA LA CEIBA S.A., a process that is suspended due to the UNCONSTITUTIONALITY ACTION, case file 19-017936-0007-CO, and therefore said application cannot be resolved until that highest court resolves the matter. By virtue of the foregoing, the Water Directorate, through resolution DA-1769-2020, issued in Case File [Value 003] at eight hours and seventeen minutes on December three, two thousand twenty, ordered the following: “1 THE SEALING ORDER for the drilled well issued by official letter DA-UHTPCOSJ-2123-2020, of September 28, 2020, IS SUSPENDED, until the UNCONSTITUTIONALITY ACTION, Constitutional Chamber case file number 19-017936-0007-CO, is resolved. 2 The ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal ID [Value CED185], to appear as a party. Likewise, it is recorded in case file [Value 003], as stated in official letters JD-2019-00063 of February 22, 2019, to assume the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A. 3 The registration of the source must be requested by A y A and will be subject to compliance with the legal requirements for the registration of sources for population use.” PETITION Based on the foregoing, and given that compliance with the obligations of the Water Directorate is to ensure the legal extraction of the resource, issuing the orders it is responsible for, we request that this amparo action be dismissed and that, once the unconstitutionality action is resolved, if the source meets the requirements for registration, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers proceed to request the registration of the well in its name, so that it assumes the corresponding responsibility and proceeds to attend to the public service within the residential development, as stated by law (…)”.\n\n 6.- By a brief submitted on December 4, 2020, Wendy Simpson Roberts, in her capacity as president with the powers of a general and unlimited attorney-in-fact of Ganadera La Ceiba S.A., files a joinder in the present amparo action. She states that procedures were carried out to bring into compliance the well supplying the properties, requesting the corresponding water extraction concession. She explains that the company that has been in charge of administering the well has only done so to guarantee its maintenance and subsistence. She indicates that attempts have been made through various means to transfer the well and the complete aqueduct to ICAA, but it has not been possible. She affirms that no profit has been made from the sale of water. She refers to the provisions of official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 and indicates that the decision contained therein was made without granting a prior hearing to the families, as well as to ICAA and ARESEP. She notes that Ganadera La Ceiba S.A. cannot comply with MINAE’s order, since the well is located on a property that is not its own, but rather lies on land belonging to Pozo Quintas Oro S.R.L. She affirms that the referred actions represent a violation of the right of access to potable water. She requests that the amparo action be granted and that the closure order issued through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, issued by the officials of the UH-Tárcoles-Central Pacific of the Water Directorate of MINAE, be annulled. Furthermore, that ICAA be ordered to guarantee the regular supply of potable water to the residents.\n\n 7.- By means of a memorial submitted to the Chamber on December 4, 2020, Sergio Núñez Rivera, in his capacity as Interim Sub-Manager for Peripheral Systems of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, submits a report and expressly states the following: “(…) FACTS AND SUBSTANTIVE ISSUES FIRST: That according to the background recorded in the Operations and Maintenance Directorate of the Central Pacific Region, it is true that through a note issued by the petitioner here, as president of [...], on September 7, 2018, a request was made before the Board of Directors of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to take over the administration of the aqueduct that currently supplies them, indicating in said writing that jointly the Residents' Association and the company Ganadera La Ceiba S.A., the latter being the company responsible for supplying water service to the inhabitants, would be donating to the Institute the lands where the well is located, a property registered in the Real Property Registry, Province of Alajuela, located in the Canton of Orotina, La Ceiba district, Real Folio Registration Placa1053, cadastre map Placa1054, registered in the name of Name317 of Pozo Quintas Oro Sociedad de Responsabilidad Limitada., legal ID three hundred two-seventy-nine thousand nine hundred thirty-four, additionally that said company commits to delivering both the well with the equipment and quality standards required by the Institution, and the tank or tanks requested for the correct supply of the inhabitants. In an ordinary session of the Board of Directors of AyA No. 2018-051 dated September 18, 2018, Agreement No. 2018-317, the matter is referred to the Sub-Management for Delegated Systems Management, so that a draft agreement may be analyzed and prepared, based on the request made by [...], within a period of one month, whereupon through Memorandum No. SG-GSP-2018-00616 dated December 18, 2018, issued by this Sub-Management and addressed to Ms. Karen Naranjo Ruíz, of the Board of Directors, a report is attached prepared by the Operations and Maintenance Directorate of the Central Pacific Region, No. GSP-RPC-2018-00586 dated October 16, 2018, which details the Institution’s requirements, in accordance with the current institutional regulations, to satisfy the petition of the population of Quintas La Ceiba Tierra Dorada. In the same vein, the report prepared by Eng. Leonardo Moya González, who served as Director of Maintenance and Operations of the Central Pacific Region, and which is ratified by Memorandum No. GSP-RPC-2020-01131 dated December 3, 2020, issued by Eng. Mario Solís Castro, current successor to Eng. Moya, indicates the conditions that must be mandatorily fulfilled by the Residents' Association for AyA to take over the administration of the aqueduct, namely: Provide approval of the segregation of the property in accordance with Article 36 of the Urban Planning Law and articles II.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54, and 55 of the National Regulation for Subdivision and Urbanization Control, with respect to agricultural parceling; requiring the approval of INVU. The internal roads of the project must be registered as public roads within the cantonal road network of Orotina, or the respective registration of agricultural easements, right-of-way, and aqueduct easements in favor of AyA, to allow both free circulation through them and the installation of infrastructure. An evaluation of the current distribution network must be carried out, including characteristics, diameter, material, schedule, installation, and/or any other element that must be considered for its possible acceptance or, failing that, replacement, since these must comply with the Technical Standard for the Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems. Likewise, the characteristics of the development, residential type, agricultural, or other, and the measurement for billing, by master meter or micro-measurement, must be defined. Both the existing infrastructure or that to be built, as well as that required for the well and its equipment, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test to collect information on the well's output, as well as the disinfection system, transmission pipelines, storage tank, and distribution network. SECOND: It is necessary to state that, as this is a private supply system that has operated outside AyA regulations, the Institution is unaware of the current conditions of the system regarding pipes and the situation of the accesses to the properties; all the information required by AyA, set out in the technical report, are essential requirements to finalize the administration of the aqueduct by AyA. Therefore, the Institution has shown its willingness to resolve the supply needs of the community, provided the requested information is provided, the improvements determined by the institutional technical area are carried out, and the condition of access to the properties and their respective registrations are defined, all in accordance with the provisions of the regulatory body. The conditions to which the Institute is obligated towards the user and the necessary requirements for service provision are found in the Regulation for the Provision of AyA Service, in Article 7, which expresses the conditions for service provision: “It is the obligation of AyA to provide the user with optimal service in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach, except in cases of force majeure, fortuitous events, or duly publicized maintenance periods affecting the area where the property is located. AyA shall guarantee a dynamic service pressure of 10 meters of water column (m.w.c.) at the connection point where the measurement system is located. Likewise, it is important to consider that Articles 6 and 13 of the Regulation for the Provision of AyA Services are clear in providing that AyA is obligated to provide services for properties that have frontage on a public road or a right-of-way easement registered in favor of AyA, and that, additionally, there are potable water networks on that frontage, as well as the required water capacity for that purpose, specifically: Article 6.- Of services. AyA shall provide potable water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage area, provided that Article 13.- Of the conditions for the provision of services. AyA shall provide its services once technical feasibility is verified for properties, built or to be built, dedicated to residential use for persons or for authorized commercial or industrial activities that meet the requirements and authorized uses. Potable water and sanitation services shall be granted by AyA on a public street or road or on an easement for pipes and right-of-way registered in favor of AyA or registered in favor of third parties, as applicable in accordance with the provisions of Article 15 of this regulation. The foregoing, provided that AyA networks are in operation. If the public network does not reach the connection point, the owner or possessor may build an extension of the branch line and/or other components of the hydraulic system, in compliance with the technical requirements specified by AyA, for which the respective advisory service will be provided after a prior study. THIRD: We do not fail to point out that the Constitutional Chamber itself has dismissed injuries to the fundamental rights of the administered in cases analogous to the present one; timely management by this entity is verified in order to be able to extend its services within the bounds of what science and technique allow. In the specific case, if the petitioner provides the information requested in the report prepared by the Operations and Maintenance Directorate since October 2018, to determine the current conditions of the system and accesses, and subsequently carries out the improvements indicated by the institutional technical area, the aqueduct can be taken over, and the current conditions regarding the water resource of the residents of Quinta La Ceiba can be resolved (…)”.\n\n 8.- By means of a certification signed on December 9, 2020, by the Secretary of the Chamber and the Judicial Technician in charge, it was made known that, from November 27 to December 8, 2020, the General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers does not appear to have submitted any brief or document in order to render the report requested in this matter.\n\n 9.- By a resolution at 1:50 p.m. on February 26, 2021, the Investigative Magistrate in this matter ordered the following: “(…) As evidence for better resolution, a report is requested from the coordinator of the Térraba-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate, and from the Water Director, both of the Ministry of Environment and Energy, so that they clarify the status of Case File [Value 003]. Furthermore, clarify whether the well in question is currently in operation or not. The foregoing is due to the fact that, according to resolution DA-1769-2020, issued in Case File [Value 003] at 08:17 hours on December 3, 2020, the following was ordered: “1 THE SEALING ORDER for the drilled well issued by official letter DAUHTPCOSJ-2123-2020, of September 28, 2020, IS SUSPENDED, until the UNCONSTITUTIONALITY ACTION, Constitutional Chamber case file number 19-017936-0007-CO, is resolved. 2 The ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal ID [Value CED185], to appear as a party. Likewise, it is recorded in case file [Value 003], as stated in official letters JD-2019-00063 of February 22, 2019, to assume the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A. 3 The registration of the source must be requested by A y A and will be subject to compliance with the legal requirements for the registration of sources for population use.”\n\nOn the other hand, clarify whether another resolution has been issued regarding the well in question, subsequent to the one indicated (…)”.\n\n10.- By document submitted to the Chamber on March 15, 2021, Marylin Mora Vega, in her capacity as Coordinator of the Térraba-Central Pacific Hydrological Unit, and José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Water Director, both from the Water Directorate (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), render the report required by the resolution of February 26, 2021, and expressly state the following: “(…) According to what is in our records, the well from which the residents of Quintas La Ceiba Tierra Dorada obtain their water is in operation. It must be kept in mind that pursuant to official communication DA-1769-2020, the sealing of the illegally drilled well was ordered to be suspended, a situation that has not been reversed to date. Because it involves a population use, and in accordance with Law 2726, it is the responsibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ICAA), or the Asada that provides the service in the area, to assume the provision of the public water supply service. Once there is certainty that this is the case, proceedings will be taken in accordance with the law (…)”.\n\n11.- By interlocutory vote No. 2021-9024 of 10:05 a.m. on May 4, 2021, the Constitutional Chamber ordered the following: “(…) Sole point. - What is alleged by the petitioners in this amparo appeal (recurso de amparo) is related to the provisions of the Regulation for the Registration of Unnumbered Wells and Enabling of the Groundwater Concession Procedure, Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG. Likewise, that regulation has been challenged in the unconstitutionality action number 19-017936-0007-CO, which is pending resolution. Consequently, given the existing connection, it is appropriate to suspend the final resolution of the amparo until the filed unconstitutionality action is resolved. Therefore: The final resolution of this matter is suspended until the unconstitutionality action processed under file number 19-017936-0007-CO is resolved (…)”.\n\n12.- By document submitted to the Chamber on July 14, 2022, Marylin Mora Vega, in her capacity as Coordinator of the Térraba-Central Pacific Hydrological Unit, and José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Water Director, both from the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, state the following: “(…) Background for better resolution: That on March 20, 2020, the company GANADERA LA CEIBA, IDENTITY CARD CED5632- , represented by Wendy Simpson Roberts, filed a request for registration of an unnumbered well and enablement of the groundwater use concession procedure for an illegally drilled well, which is sought to be registered and its use authorized based on Decree 41851-MP-MINAE-MAG, a procedure assigned file number [Valor 003]. Currently, the property where the well requested under the indicated file is located is administered by the Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorado, and the administrative file is pending resolution, until the Constitutional Chamber definitively resolves this amparo appeal (…)”.\n\n13.- On September 29, 2023, Gabriela Páez, in her capacity as Coordinator of the Legal Advisory Office of the Water Directorate of MINAE, clarified to this Chamber the following: That official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, was notified only to Ganadera La Ceiba S.A., given that the well in question is located on a property owned by it. That the request made by Ganadera La Ceiba S.A. in March 2020 to legalize the well was processed as a watering trough for 20 head of cattle (and not for human consumption). That the cited request (processed under file No. [Valor 003]) and the corresponding procedure were still suspended pending the resolution of this amparo. That the well used in the project called Quintas Residenciales La Ceiba has not been sealed and, therefore, to date, the inhabitants of this site continue to obtain water from it (record of telephone call).\n\n14.- In the processing of the case, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- REGARDING THE REQUEST FOR ACTIVE COADJUVANCY. By document submitted on December 4, 2020, Wendy Simpson Roberts, in her capacity as president with powers of unlimited general attorney-in-fact of Ganadera La Ceiba S.A., requested that said company be considered an active coadjuvant (coadyuvante activa) of this proceeding. She affirms that the action of MINAE set forth in official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, violates the right of access to potable water of the families residing in the Quintas La Ceiba residential complex. Likewise, she states that the decision set forth therein was made without granting a prior hearing. Consequently, she requests that the appeal be declared with merit and that the closure order issued through official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-2020 of September 28, 2020, issued by the officials of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit (UH-Tárcoles-Pacífico Central) of the Water Directorate of MINAE, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to guarantee the regular supply of potable water to the residents.\n\nOn this particular matter, numeral 34, paragraph 3, of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) stipulates that whoever possesses a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant. Consequently, by virtue of the provisions of the procedural rule indicated above and what was stated by the aforementioned intervenor, the referred coadjuvancy is admissible.\n\nII.- OBJECT OF THE APPEAL. The petitioner –in his capacity as President of [...]–, indicates that through official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, the Water Directorate of MINAE, in clear violation of the right of access to potable water, ordered the closure of the well that supplies the residential project called Quintas Residenciales La Ceiba, having verified that it operated outside the law. He accuses that the foregoing was ordered without notifying or granting a prior hearing to the interested parties (more than 100 owner families), since the cited document was only communicated to the developer and infringing company (Ganadera La Ceiba S.A). Furthermore, he alleges that the ICAA or ARESEP were not previously consulted, as a means to seek an alternative solution for the residents. He adds that, for their part, the authorities of the ICAA, despite the efforts that have been made to them, have not provided a solution to the situation faced by the owners of the properties in said residential complex. Likewise, he maintains that the company that sold the properties (and the others related to the supply and billing of the water itself), must take responsibility for resolving the situation under study.\n\nIII.- PROVEN FACTS. The following are deemed accredited as relevant for resolving this amparo appeal:\n\n1) In 1997, the development of the project called Quintas Residenciales La Ceiba, located in La Ceiba de Orotina, Alajuela, began. Said project consists of 100 properties (fincas) or quintas of approximately 7,000 square meters each (see evidence).\n\n2) The developer of said project was the company called Ganadera La Ceiba S.A. (legal identification number CED5632) (see evidence).\n\n3) At the time of the sale of the properties, the developer guaranteed its buyers the provision of potable water service through an aqueduct or well belonging to the same company, for which each parcel had the respective meter (see filing brief).\n\n4) This well was drilled on a property (finca) owned by Ganadera La Ceiba S.A. (No. 377663-000) illegally, since it did not have the authorization of the Water Directorate of MINAE. Consequently, said well is not duly registered (see evidence).\n\n5) The cited properties have electric and telephone service supplied by the Costa Rican Institute of Electricity (Instituto Costarricense de Electricidad, ICE). The potable water service, for its part, is supplied to the residents of the residential project by the same developer company, through other related companies. The administration and billing of the service was initially carried out by the company called SERINCON S.A.. Starting in 2017, the company TYRICA S.A. took charge of such billing (see filing brief).\n\n6) In 2012, [...] was constituted, legal identification number [Valor CED185]. The foregoing, with the aim of addressing several problems that were arising, especially regarding charges for the potable water service (see evidence).\n\n7) In 2013, and faced with an increase in the service charge, some owners of the cited quintas consulted the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP). By virtue of the foregoing, they were informed by ARESEP (through official communication No. 0246-DGPU-2013/002308 of January 28, 2013), that the aqueduct was not authorized to provide the service and that the appropriate course of action to maintain it was to coordinate with the ICAA (see filing brief and evidence).\n\n8) In 2016, some members of [...] met with two engineers from the ICAA to propose they take over the aqueduct of the residential complex. On this occasion, said officials requested compliance with several requirements (e.g., detailed information of the pumping test, the amount of water the well yielded, water quality analysis, the plan of the property (finca) where the well is located and a possible easement (servidumbre), etc.) (see filing brief).\n\n9) On September 7, 2018, the petitioner presented a request before the Board of Directors (Junta Directiva) of the ICAA for that institution to administer the supply of potable water in the referred housing project. Said request was transferred by the Board of Directors of the ICAA to the Deputy Management for Management of Delegated Systems (Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados) of the ICAA by agreement No. 2018-317 of September 18, 2018 (see report and evidence).\n\n10) In report No. GSP-RPC-2018-00586 dated October 16, 2018, called Technical Report Quintas La Ceiba Tierra Dorada and signed by an official of the Central Pacific Region of the ICAA, the following was indicated:\n\n“(…) BACKGROUND. [...], represented by Dr. [Nombre317 001] (…) requests AyA to administer the potable water supply of said project called Quintas La Ceiba Tierra Dorada (…) consisting of agricultural parcels. INTRODUCTION. The mentioned Project was developed more than 20 years ago, currently consisting of more than 75 lots, some with frontage on a public street and the vast majority with frontage on an agricultural easement (servidumbre agrícola). The water service was administered and supplied by the company that sold the lands, Ganadera La Ceiba S.A., through a private supply network, which currently operates with some limitations, especially legal and billing ones. Said company has agreed jointly with the residents to donate the necessary infrastructure to AyA, Including lands, an equipped well according to what the institution establishes, tank or tanks, so that it takes charge of the administration of the potable water supply system. OBJECTIVE. Carry out the necessary studies by AyA, based on the information provided by the residents' association, as well as the works it carries out, to determine the possibility of achieving the transfer of the project's water supply system, so that its administration and, therefore, the supply of potable water in the area is assumed. Topic development: ANALYSIS. To achieve what was proposed by the residents' association, the project must comply with the following aspects: 1. Approval (Visado) of the segregation of the property (finca), pursuant to the provisions of article 36 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and articles 11.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54 and 55 of the National Regulation for the Control of Subdivisions and Urbanization (Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización), these last five articles in what corresponds to agricultural parceling; as an exceptionality, requiring for this the approval (visado) of the INVU. All of the foregoing so that the provision of the service is legally, environmentally, and technically feasible. 2. The service to be supplied must be adequate in terms of quality, quantity, and continuity, so the infrastructure must allow this, as well as a surplus for vegetative growth of the area. 3. The internal streets of the project must be public streets or agricultural easements (servidumbres agrícolas), the former must be registered as such within the cantonal road network of Orotina, while the latter as easements of passage and aqueduct (servidumbres de paso y acueducto) in favor of AyA, that allow free movement through them, as well as the possibility of installing infrastructure. 4. The existing distribution network must be evaluated regarding its characteristics such as diameter, material, schedule, installation, and any other element that must be considered for its possible acceptance, or failing that, that must be replaced. These pipes must comply with the Technical Standard for Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems. 5. As established in the request, the required infrastructure must be complete, including the fully equipped well with the necessary protection, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test, which is necessary to perform, and all the information available and to be obtained from it. Likewise, it must include the disinfection system, impulsion pipes, storage tank, and distribution network. 6. All infrastructure to be built and/or existing must be approved by AyA, according to established regulations. 7. Define the characteristics of the development, that is, whether it is tourist, residential, agricultural, or other. 8. The aspects of the installation of micro-metering (water meters) or their supply must be defined by the interested parties. CONCLUSIONS. AyA awaits the definition of what is indicated in the previous development regarding the required information, so that the possibility that the institution can assume the administration of the potable water supply system of the Quintas la Ceiba Tierra Dorada project can be clearly defined, according to the express will of its residents (…)” (see evidence).\n\n11) In memorandum No. SG-GSP-2018-00616 dated December 18, 2018, signed by the Deputy Management for Peripheral Systems Management (Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos) of the ICAA and addressed to the Board of Directors of the ICAA, the following was indicated:\n\n“(…) So that the members of the Board of Directors are informed, I attach the report prepared by the Central Pacific region related to the request of the residents of the Asociación Quintas La Ceiba Tierra Dorada, in the sense that AyA assumes the administration of the system. Therefore, what is appropriate is that this report be made known to the residents and they be told that they must coordinate with the Central Pacific region so that they comply with all the requirements noted in the report for it to be feasible for AyA to assume the administration. They must be told that the engineers, German Araya and Leonardo Moya, will be in charge of coordinating with them everything related to this matter (…)” (see evidence).\n\n12) By official communication JD-2019-00063 of February 22, 2019, a representative of the Board of Directors of the ICAA informed the petitioner of the following:\n\n“(…) As part of the follow-up to the reference agreement, attached you will find the report presented by the Deputy Management for Peripheral Systems Management, memorandum SG-GSD-2018-00616, made known in the ordinary session of the Board of Directors No. 2019-08, held on February 19, 2019. As can be deduced from the attached technical study, before assuming the aqueduct, the requirements established in the technical report must be met. Any additional information can be coordinated with the Central Pacific Region (…)” (see evidence).\n\n13) On March 20, 2020, the company Ganadera La Ceiba S.A. (represented by Wendy Simpson Roberts), presented before the Water Directorate of MINAE a request for registration of wells drilled without a permit and enablement of a groundwater concession under the provisions of Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG of July 18, 2019. This request was assigned file No. [Valor 003] and was processed as a watering trough for 20 head of cattle (see evidence).\n\n14) On July 16, 2020, a resident of the referred residential complex filed a complaint before the Water Directorate of MINAE against the company TYRICA S.A. for allegedly making excessive charges on the water bill. Additionally, the applicant requested to be told whether the well from which the residential complex draws water was legal and whether it was registered or not. In response to the foregoing, the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate of MINAE conducted an on-site inspection (which generated technical report No. DA-UHTPCOSJ-2113-2020 of September 25, 2020). Pursuant to this inspection, it was verified “(…) that it was a residential development, composed of around 100 properties (…) that, according to statements from the residents of the place, the site was supplied by a well located on a property that was auctioned off., leaving them without water, which is why they opted for drilling a new well two years ago, which is located on the property of Ganadera La Ceiba S.A. and its registration is currently being processed through the well amnesty (…)”. Furthermore, in this last report, the following conclusions and recommendations were issued:\n\n“(…) Conclusions 1- The area presents a residential development in quintas. 2- The well in file 20209PA is in the process of amnesty for unnumbered wells and does not have the granted concession for water use. 3- The water from the well is used illegally. 4- The well is used for public (population) supply of at least 65 properties, despite having been requested for a watering trough use. 5- There are no concessions in the Name317 of Tyrica S.A. 6- The company Tyrica S.A, charges the property owners of the quintas for the water service. Recommendations: 1- Proceed with the complaint before the Prosecutor's Office for the crime of water usurpation. 2- Inform ARESE of the illegal collection for the public service. 3- Issue the well sealing order, due to the inconsistencies in the file and irregularities in the use (…)” (see report and evidence).\n\n15) By official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, signed by José Ricardo Hidalgo Sánchez and engineer Marilyn Mora Vega, Coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate of MINAE, the sealing of the well located on property (finca) No. 377663-000 in the Name317 of Ganadera La Ceiba S.A. was ordered because it was drilled illegally, lacking the respective drilling permits, and because it was being used for a residential human consumption (population) use. Among other aspects, this communication indicated the following: That in the development in question there are 100 properties located in La Ceiba de Orotina, a place that has a drilled well, a control house, a tank, and a buried pipe for distributing water to the properties. That the use requested for the well is a watering trough for 20 head of cattle and does not register population supply use. That almost all the properties on the streets known as Dirección2419, Dirección2417 and el Higuerón have a meter and that the billing for the water service is the responsibility of the private company TYRICA S.A.. That it was denoted that the well is for population use, different from the one requested, and that there was profit from the sale of the service. Consequently, in accordance with the provisions of Executive Decree No. 35884-MINAE (Regulation for Subsoil Drilling for the Exploitation and Use of Groundwater (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas)), the closure and sealing of the well was ordered. Additionally, the submission of various documentation regarding the closure of the well was requested within a thirty-day period, and it was indicated that no type of use could be made of the well without obtaining the concession for water use (see evidence).\n\n16) The previous communication was notified on November 4, 2020, to the developer company, that is, to Ganadera La Ceiba S.A., given that the well is located on a property owned by it (see filing brief and report).\n\n17) On November 10, 2020, the legal representative of the company Ganadera La Ceiba S.A. requested before the Water Directorate of MINAE the revocation of the provisions in official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020 (see evidence).\n\n18) The owners of the properties located in the cited residential complex learned of the well closure through other means (see filing brief).\n\n19) By communications dated November 17, 2020, a representative of the company Ganadera La Ceiba S.A. notified some owners of the quintas of the sealing order issued in the cited official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020 (see evidence).\n\n20) On November 20, 2020, the petitioner filed this amparo (see filing brief).\n\n21) As of the date of filing the amparo, the requirements and conditions established by the ICAA in report No. GSP-RPC-2018-00586 for assuming the provision of the potable water service in the cited residential complex had not been met (see report).\n\n22) On December 2, 2020, the petitioner, in his capacity as President of [...], submitted a document before the Water Directorate of MINAE, through which he indicated that the provisions of official communication No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 had been challenged before the Constitutional Chamber, through the filing of an amparo appeal, which was accepted for study. Consequently, he requested the suspension of the sealing order until the Chamber ruled (see report).\n\n23) By means of resolution No. DA-1769-2020 of 08:17 a.m. on December 3, 2020, the Director of the Water Directorate of MINAE –within the procedure processed under file No. [Valor 003]–, ordered the following:\n\n“(…) WHEREAS: FIRST: That in accordance with Water Law No. 276 of August 26, 1942, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications is responsible for disposing and resolving on its dominion, use, utilization, governance, and surveillance. SECOND: That Executive Decree 35669-MINAET published in Gazette 3 of January 6, 2010, modified by decree 36437-MINAET of January 24, 2011, delegates to the Water Directorate of MINAET, the competence to admit, process, and resolve on requests for subsoil drilling for the exploration and exploitation of groundwater and to assign the respective well number. THIRD: That the Regulation for Subsoil Drilling for the Exploration and Use of Groundwater, Decree No. 35884-MINAET, regulates everything related to subsoil drilling for the purposes of exploration and use of groundwater. FOURTH: That through report DA-UHTPCOSJ-2123-2020, of September 28, 2020, signed by José Ricardo Hidalgo Sánchez and engineer Marilyn Mora Vega, coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit, it is proven that the well found on property (finca) real folio 377663-000, at Dirección2418, in the Name317 of GANADERA LA CEIBA S.A., legal identification number CED5632, was drilled without having the corresponding permits from the Ministry of Environment and Energy and that it is currently being used, being given a human consumption (population) use, this to supply the Quintas La Ceiba residential project, with supply to populations being a use that constitutes a public service and is the competence of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) or its entities delegated by law, which is why the cited communication ordered its sealing, as established by Executive Decree 35884-MINAET. FIFTH: That the Regulation for Subsoil Drilling for the Exploration and Use of Groundwater, Decree No. 35884-MINAET, in article 28, subsection b) indicates the following: “Article 28. - Of the criteria for the closure of wells. The Water Directorate of MINAET shall order the closure of a well under the following conditions: b) When drillings are carried out without the proper permit. SIXTH: That likewise, the Regulation for Subsoil Drilling for the Exploration and Use of Groundwater, Decree No. 35884-MINAET, indicates in article 38 what refers to the closure of wells and the responsible parties, which reads as follows: “Article 38. - Of the closure of wells. It corresponds to the Water Directorate of MINAET to indicate the closure and sealing of wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and subsidiarily the drilling company that performed the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is proven. The sealing must be done with a metal cap, using waterproof and airtight material to ensure the non-entry of possible contaminating agents, and pouring a concrete slab over the drilling site, having to draw up a notarial act that so records it, all in accordance with the provisions of the Directorate's resolution.” (The underlining and highlighting are not from the original). SEVENTH: That it is clear that the cited well did not have the corresponding permits, which is why it falls within the precepts of the invoked regulations, dictating the sealing order in compliance with these. EIGHTH: That on March 20, 2020, the request for registration of wells drilled without a permit and enablement of the groundwater concession procedure was presented, protected under Executive Decree 41851-MP-MINAE-MAG, by GANADERA LA CEIBA S.A., a process that is suspended due to the UNCONSTITUTIONALITY ACTION, file 19-017936-0007-CO, so said request cannot be resolved until this highest court resolves the corresponding matter. NINTH: It is important to note that the source corresponding to the well drilled for extraction and use of groundwater is on a property (finca) owned by GANADERA LA CEIBA S. Nombre312. and that this company processed the registration of the well in the recent amnesty process in accordance with Decree 41851-MP-MINAE-MAG, but that it is not possible to hear the merits due to the unconstitutionality action cited before. Although this company processed, as the property owner, the legalization of the unnumbered well in file 20209-P, the entity using the water is [...], legal identification number [Valor CED185]. Likewise, it is recorded in file [Valor 003], as stated in communications JD-2019-00063 of February 22, 2019, to assume the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A.\n\nTHEREFORE THE WATER DIRECTOR RESOLVES THE SEALING ORDER of the drilled well issued by communication DA-UHTPCOSJ-2123-2020, of September 28, 2020, IS SUSPENDED, until the UNCONSTITUTIONALITY ACTION, Constitutional Chamber file number 19-017936-0007-CO, is resolved. Appear ASOCIACIÓN DE VECINOS QUINTAS LA CEIBA TIERRA DORADA, legal identification number [Valor CED185]. Likewise, it is recorded in file [Valor 003], as stated in communications JD-2019-00063 of February 22, 2019, to assume the aqueduct through coordination with the Central Pacific Region of A y A. The registration of the well will be conditional upon the study of file 20209 PA determining that the technical and legal terms stipulated in Decree 41851-MP-MINAE-MAG have been fulfilled and that it will be heard once the Constitutional Chamber resolves the constitutionality action against this decree. According to this result, A y A must request the respective procedure before the Water Directorate. Against this resolution, the ordinary remedies of revocation and appeal are admissible, within the three business days following the notification of this resolution, in accordance with articles 343, 346 and 347 of the General Law of Public Administration, both before this Office. Notify AYA, Mrs. Yamileth Astorga Espeleta, Executive President, and Licda. Cecilia Martínez, Deputy Manager for Management of Community Systems, and the Tárcoles - Central Pacific Hydrological Unit (…)” (see evidence).\n\n24) By July 2022, the property where the well processed under file No. [Valor 003] is located “(…) is administered by the Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorado and the administrative file is pending resolution, until the Constitutional Chamber definitively resolves this amparo appeal (…)” (see report).\n\n25) By September 29, 2023, the cited procedure processed under file No. [Valor 003] was still suspended. Likewise, by this date, the well used in the project called Quintas Residenciales La Ceiba had not been sealed and, therefore, the inhabitants of this site continue to obtain water from it (see record of telephone call).\n\nIV.- REGARDING THE UNCONSTITUTIONALITY ACTION PROCESSED UNDER FILE NO. 19-017936-0007-CO.\n\nRegarding this process –by virtue of which the processing of the application filed in March 2020 to register the well under study was suspended–, the following is noted:\n\n1)   On July 24, 2019, Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG, called Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, was published in La Gaceta No. 139. Its objective “(…) was to establish the procedure for the regulated registration and inscription of wells drilled without a drilling permit and the respective procedure for obtaining the water use concession (…)” This decree was in force until March 24, 2020, without any extensions (see report).\n\n2)   On September 26, 2019, an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) was filed before the Constitutional Chamber against the provisions of said decree, to which, in turn, number 19-017936-0007-CO was assigned (see case file No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).\n\n3)   By ruling at 10:58 a.m. on December 4, 2019, the Presidency of the Chamber granted leave to proceed to said action of unconstitutionality (see case file No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).\n\n4)   By means of Judgment No. 2021-25386 at 1:10 p.m. on November 10, 2021, said action was resolved in the following terms:\n\n“(…) By unanimity, the action is dismissed with respect to the alleged express authorization not to go to SETENA to assess irregular wells, the allegation of risk of salinization or contamination by saline intrusion, and the argued rampant ineffectiveness of environmental law. By majority, the action of unconstitutionality is dismissed regarding articles 1, 2, and 3 of Executive Decree 41851-MP-MINAE-MAG, Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas, provided it is interpreted that said articles do not modify the criminal offenses contemplated in articles 226 and 227 of the Criminal Code; thus, the competent criminal judge shall determine criminal liability. Magistrate Rueda Leal provides different reasons regarding the aforementioned grievance. By majority, the appeal is dismissed regarding the alleged nonexistence of a comprehensive water balance (balance hídrico integral) and the authorization to alter the vital cycles of biodiversity without studies, the lack of protection, mitigation, or damage prevention measures, and the right to citizen participation. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal partially dissent and declare the action granted due to violation of the right to citizen participation. Magistrate Cruz Castro and Magistrate Picado Brenes partially dissent and declare the action granted due to violation of the principle of statutory reservation and the lack of protection, mitigation, or damage prevention measures. Magistrate Cruz Castro partially dissents and declares the action granted regarding the alleged nonexistence of a comprehensive water balance (balance hídrico integral) and the authorization to alter the vital cycles of biodiversity without studies. Magistrates Cruz Castro and Garro Vargas file separate notes. Magistrates Castillo Víquez and Rueda Leal file a joint note. By unanimity, the joinders filed are rejected. Notify (…)” (see case file No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).\n\n5)   In March 2022, said ruling was notified to the parties (see case file No. 19-017936-0007-CO tenido ad effectum videndi).\n\nV.- SPECIFIC CASE. The petitioner comes before this Constitutional Chamber and indicates that he serves as President of [...]. He states that 23 years ago the project called Quintas Residenciales La Ceiba was developed, which consists of quintas of approximately 7,000 square meters each and has a total of 100 properties registered as agricultural parcels.\n\nHe indicates that the developer of that project was the company Ganadera La Ceiba S.A., which provided the buyers with cadastral plans that complied with the specifications for agricultural parcels and with potable water service. He explains that, at the time of the sale of the properties, the developer guaranteed the provision of potable water service through an aqueduct owned by the same company, for which each parcel had its respective meter. He points out that initially the service was provided privately by the same selling company (Ganadera La Ceiba S.A.), through a related company called SERINCON S.A., which was in charge of collecting payment for the service. He recounts that SERICON S.A. has supplied potable water service since 1997. Starting in 2017, payment deposits for the water supply have been made to another company called TYRICA S.A., also related to Ganadera La Ceiba S.A.\n\nHe explains that, at that time, they presumed everything was in order and that the service was provided legally. However, the petitioner indicates that at one point there was an excessive increase in the charge for potable water service, as a result of which they made inquiries to the ICAA and ARESEP, from which they learned that the water supply was not in order, because the well that supplied said liquid was not registered with MINAE. He recounts that, faced with this situation, they contacted the ICAA for it to take over the aqueduct, and despite efforts made with this institution since 2016, no concrete solution to the problem has been achieved. He states that the greatest difficulty revolves around the level of works and conditions imposed by the ICAA to receive the well and the facilities to provide the service, which must be paid for by the neighbors.\n\nHe adds that a neighbor filed a complaint before the MINAE regarding the high cost of potable water service, which led to the issuance of official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 dated September 28, 2020, which referred to the illegality of said well and ordered its closure within one month.\n\nHe accuses the MINAE of ordering the closure of that well abruptly, without granting a prior hearing to all the neighbors of the residential complex (since only the offending company was notified) and without carrying out a proper procedure, thus leaving everyone defenseless. He maintains that said neighbors learned of what happened through third parties.\n\nHe also alleges that no prior hearing or consultation was provided to the authorities of the ICAA and ARESEP as a means to seek a solution to the situation. All of this, despite the fact that, at the time of closure, the national emergency due to COVID-19 was in full effect, which, in his opinion, makes it essential to have potable water service.\n\nHe adds that even though the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the body that must carry out and promote planning, financing, and development, as well as resolve everything related to the supply of potable water in the country, the pertinent actions have not been taken to provide a solution to the 100 families that have been affected by the closure of the well and the suspension of water service in their homes. He states that the ICAA cannot remain on the sidelines of the necessary efforts to provide potable water supply to the community, and that is why its involvement in this solution is necessary; an involvement that should have been sought by the MINAE itself before ordering the closure of the well.\n\nOn the other hand, he reiterates that the developer, when putting the properties up for sale, offered the provision of potable water service, a factor that influenced people's decision to acquire the properties. He indicates that the three aforementioned companies are those that have control and administration of said well, as well as being in charge of reading the water meters, establishing invoices, and collecting payment for the water service, which is why he believes it is necessary for them to participate in the procedure for transferring the aqueduct to the ICAA. In that same sense, he considers they must coordinate with the MINAE and the ICAA what is pertinent so that the requirements demanded for said institute to take over the administration of the community's aqueduct are met.\n\nHe maintains, then, that in this case the right of access to potable water was violated, as well as their rights to defense and due process. Consequently, he requests that this amparo be granted and, among other aspects, that the order for the closure of the well set forth in official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 dated September 28, 2020, issued by the UH-Tárcoles-Pacífico Central of the Dirección de Agua of the MINAE, be annulled. Furthermore, that the ICAA be ordered to immediately intervene to guarantee the neighbors a regular supply of potable water, carrying out the efforts and works that are necessary.\n\nIn view of the foregoing, this Chamber notes that the petitioner formulates this amparo directed in the following senses: a) that through official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 dated September 28, 2020, from the Dirección de Agua of the MINAE, the closure of the well that supplies the residential complex, where 100 families live, was ordered, in clear violation of the right of access to potable water and despite the COVID-19 pandemic being in effect; b) that said decision was made without notifying or granting a prior hearing to the 100 families that own the aforementioned quintas, and therefore, without respecting due process; c) that prior to issuing said order, no consultation was made with the ICAA or ARESEP in order to seek a solution to the aforementioned problem; d) that the authorities of the ICAA, despite the efforts that have been made to them, have not provided a solution to the situation; and e) that the private parties involved in this matter must take responsibility for and resolve the problem described.\n\nNow, having analyzed the grievances set forth by the petitioner, the reports rendered under the solemnity of oath by the respondent authorities, as well as all the evidence added to the case file, this Constitutional Court does not consider that there is any merit to grant this amparo and, concomitantly, the claims raised by the protected party. This is for the reasons that will be set forth below.\n\nA. Regarding the provisions of official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 and the need to provide potable water during the COVID-19 pandemic. First of all, it is necessary to point out that, in this case, this Chamber does not observe, in any way, that the action challenged by the petitioner, i.e., the closure and sealing of the well located on property No. 377663-000 (owned by Ganadera La Ceiba S.A.) and which has supplied the project called Quintas Residenciales La Ceiba for several years, can be considered arbitrary or unfounded. In this matter, it has been demonstrated, with clear evidence, that the owners of the properties located in said residential complex have been provided water service –apparently, presumably because it was so arranged by the aforementioned developer company Ganadera La Ceiba S.A.– through a well built illegally, that is, one for which the respective permits were neither processed nor timely requested, and which, therefore, is not duly registered with the Dirección de Agua of the MINAE, as established by the legal system (Executive Decree No. 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas); hence, its closure has been sought. Note that this latter regulatory body, in its article 28, establishes the following:\n\n“Of the criteria for the closure of wells. The Dirección de Agua of the MINAET shall order the closure of a well under the following conditions:\n\na) When, as a result of drilling and exploration, the well is dry or the use of water is not viable, which must be reported by the drilling company or permit holder to the Dirección de Agua of the MINAET.\n\nb) When drillings are carried out without the proper permit.\n\nc) When they are carried out in contravention of the permit provisions, this Regulation, or current laws.\n\nd) Expiration of the concession in accordance with the provisions of article 27 of the Ley de Aguas No. 276 of August 26, 1942.\n\ne) When the application is filed without further processing due to non-compliance with the requirements or what is requested by the administration to process the concession” (The underlining is not part of the original).\n\nThe foregoing, then, clearly supports the action of the Dirección de Agua of the MINAE, specifically, the provisions of official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020, challenged by the petitioner, in his capacity as President of [...]. An official letter which, furthermore, it should be noted, punctually points out all the legal and factual reasons that support the closure in question, among which figure, primarily, as stated, the illegal operation of the well and its use for human consumption and not as a watering trough for 20 cattle, as was indicated and requested years later, specifically in March 2020, when an action was filed by the aforementioned company to legalize the well, pursuant to the provisions of Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG of July 18, 2019, called Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas (this latter procedure processed under case file No. [Valor 003]). This being so, it is evident that the owners of the properties located in said residential complex have been obtaining water irregularly for several years, and that the authorities of the Dirección de Agua of the MINAE have only focused on regularizing and putting that situation in order as established and demanded, in turn, by the legal system; hence, from that perspective, it could not be affirmed that the act of closing and sealing the well in question violates the fundamental right of access to potable water. On the contrary, pursuant to the provisions of said legal system, such action seeks to protect the water resource.\n\nOn the other hand, it must be taken into account that, although the challenged official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 ordered the closure and sealing of the well, the truth is that –as was also proven– this order was not executed at that time (that is, in 2020) or subsequently by the authorities of the Dirección de Agua of the MINAE. Note that, initially, the Director de Aguas of the MINAE, by means of resolution No. DA-1769-2020 at 8:17 a.m. on December 3, 2020 (issued within the referred procedure No. [Valor 003]), ordered the suspension of said order until the action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) that had been filed against the provisions of said Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG (which allowed the legalization of wells drilled irregularly) was resolved. Additionally, on that occasion, it was clarified that the registration of the well requested remained subject to compliance with the provisions of said regulatory body (Executive Decree No. 41851-MP-MINAE-MAG) and that this application itself would be resolved once the Constitutional Chamber ruled on said constitutionality proceeding. This latter action, as was proven, was resolved and dismissed by this constitutional jurisdiction through Judgment No. 2021-25386 at 1:10 p.m. on November 10, 2021, which, furthermore, was notified in March 2022 to all parties. Subsequently, the authorities of the Dirección de Agua of the MINAE, specifically, in July 2022, informed this Chamber that, at that time, the application to legalize the well in question was still pending resolution, which would occur once the present amparo proceeding was resolved. This situation, as recently confirmed (that is, on September 29, 2023), is what persists and prevails to date. Furthermore, it was clarified that the well located in said project called Quintas Residenciales La Ceiba had not been sealed and that, therefore, the inhabitants of this site continue to use it to obtain water. Consequently, based on the foregoing, it could not be maintained that the petitioner and the rest of the owners of the referred quintas were left without potable water service, at least during the years in which the COVID-19 pandemic was mostly in effect and, therefore, when the supply of this liquid was most necessary to protect the fundamental right to health.\n\nB. Regarding the alleged violation of the right to defense and due process. In this matter, it has been proven and verified that the well in question is located on a property owned by the company called Ganadera La Ceiba S.A., which was confirmed in an inspection carried out by the authorities of the Dirección de Agua of the MINAE in September 2020, and not on a property owned by the protected party Asociación de Vecinos Quintas La Ceiba Tierra Dorada itself or by any other specific neighbor. Hence, it is fully justified that the authorities of the Dirección de Agua, on November 4, 2020, notified the referred official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 precisely to the owner or representative of the property where the well was built and operated, since it is this party who –pursuant to the provisions of the already cited Executive Decree 35884-MINAE Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas– was required to proceed with the respective closure and sealing. Note that, on this matter, this latter decree establishes in its article 38 the following:\n\n“Of the closure of wells. It is the responsibility of the Dirección de Agua of the MINAET to indicate the closure and sealing of the wells. The costs and expenses of this procedure shall be covered by the owner of the property where the well is located; and, subsidiarily, by the drilling company that carried out the drilling and the geologist responsible for it, when their involvement in the development of the well is proven. The sealing must be carried out with a metal cap, using waterproof and airtight material to ensure the non-entry of possible contaminating agents, and a concrete slab must be poured over the drilling site, and a notarized record attesting to this must be drawn up, all in accordance with the provisions of the Dirección’s resolution.” (The underlining is not part of the original).\n\nParallel to the foregoing, it must be clearly understood in this matter that the Dirección de Agua of the MINAE is not and does not act as the provider of potable water service in the residential complex under study. At no time has it entered into any kind of relationship for that concept with any of the owners of the 100 properties referred to by the protected party; in fact, it has no competence whatsoever in this regard granted by our legal system. Consequently, the obligation to notify each of these owners (in their alleged capacity as beneficiaries of the water supply service) of the provisions of said official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 could not be attributed to this directorate. It is evident that the Dirección de Agua merely brought the use of the well into compliance, and from that perspective, its task was limited to notifying the owner of the property where it was located of the closure and sealing order in question, just as was effectively done. This being the case, in this instance, it is not feasible to assert that the owners of said properties that make up said residential complex had their rights to defense and due process violated.\n\nIn any event, it is important to highlight that the petitioner himself, in the pleading filing this amparo, affirmed that the owners of the properties located in said residential complex learned of the closure order in question through other means. Indeed, among the evidence provided by the petitioner, there are certain official letters dated November 17, 2020, where it is proven that a representative of the company Ganadera La Ceiba S.A. notified some owners of the quintas of the sealing order set forth in said official letter No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 of September 28, 2020. This being so, it is clear that the owners of said properties, prior to the filing of this amparo, did have knowledge of the order to close the well that supplied them with water, which, consequently, allowed them to exercise, at that time, the actions they deemed pertinent in order to regularize the situation under study.\n\nIn fact, it is important to point out that in this matter it has been fully verified –as the petitioner himself has related in the pleading filing this proceeding– that the neighbors of the mentioned residential complex have known, for many years (at least since 2013), of the irregular situation they were in regarding the provision of water service (given that the well operated illegally), to the point that, in 2016 and 2018, they sought help from the ICAA authorities to take over the aqueduct operating at the site. Consequently, it is clear that the closure order issued in September 2020 by the Dirección de Agua could not be considered untimely and arbitrary, according to the terms set forth and alleged before this Court, since it was to be expected that the MINAE authorities, sooner or later, would act in that manner, following, as has been repeatedly stated, the provisions of our legal system (Executive Decree No. 35884-MINAE).\n\nC. Regarding the alleged obligation to coordinate beforehand with ARESEP and the ICAA. Following what was indicated in the previous section, this Chamber is of the opinion that the Dirección de Agua of the MINAE, pursuant, in turn, to the provisions of the already cited Executive Decree No. 35884-MINAE, fulfilled its specific obligation to notify the closure of the well to the owner of the property where it is located, without it being denoted or imposed in that same regulatory body the obligation to carry out the action the petitioner demands, that is, to coordinate prior to the closure of the well with other institutions (in this case with ARESEP and the ICAA), in order to find a solution to the water supply problem in the residential complex. What the petitioner essentially suggests through this allegation is that the MINAE should indefinitely suspend compliance with the provisions of said regulations (and perpetuate the use and operation of an illegally built well), until one of those two institutions, mainly the ICAA, completely resolved the situation in which the neighbors of said residential complex found themselves and currently find themselves, due to reasons, apparently, unrelated to the public administration, which, however, is not plausible in the opinion of this constitutional body, since the duty of this ministry was to ensure the closure of the well and nothing else. This is because, as has been stated, the Dirección de Agua of the MINAE has not intervened, at any time, as a provider of potable water service on the properties under study.\n\nIn any event, as was also already stated, it is evident in this matter that since at least 2016, that is, four years before the official letter in question No. DA-UHTPCOSJ-2123-20 was issued, the ICAA was aware of the case under study –as it was brought to its attention by members of [...]–, without a solution having been achieved at that time. Furthermore, it was proven that two years later, that is, in September 2018, the petitioner filed a formal request before the Board of Directors of the ICAA for that institution to administer the potable water supply in the referred housing project, which, however, could not be done due to the lack of compliance with the requirements established for that purpose by the interested parties. Thus, in this matter, it has been reliably verified that although the MINAE, when issuing the administrative act under study, did not carry out that prior coordination sought by the petitioner (which, as stated, in any event is not imposed upon it by the legal system), the truth is that by that time the ICAA was aware of the problem under study and had already issued an opinion on how the situation could be resolved (a topic that will be discussed in detail in the following section).\n\nD. Regarding the alleged omission by the ICAA in resolving the situation related to the potable water supply in the residential complex. Contrary to what is alleged by the petitioner, this Constitutional Court does not consider that the authorities of the ICAA can be charged with or attributed any arbitrary action or omission on their part in this matter that has violated the fundamental rights of the inhabitants of Quintas Residenciales La Ceiba. It should be observed that, in this matter, as already mentioned, it is evident that the interested parties (neighbors of said residential complex) have approached this institution on two occasions and that, although it has not taken over the aqueduct and, consequently, the potable water supply in said residential complex, this is due to an important reason, which is that the former have not complied with a series of requirements and technical aspects that were notified and brought to their attention several years ago.\n\nSpecifically, it was determined that, in 2016, some members of [...] met with two ICAA engineers to propose that they take over the residential complex's aqueduct. On this occasion, as was also proven, said officials requested compliance with several requirements for that purpose (e.g., detailed information from the pumping test, the amount of water the well yielded, water quality analysis, the map of the property where the well is located and possible easement (servidumbre), etc.). Likewise, it was verified that, sometime later, in September 2018, the petitioner filed a formal request before the Board of Directors of the ICAA for that institution to administer the potable water supply in the referred housing project. Said request was forwarded by the Board of Directors of the ICAA to the Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados of the ICAA, as a result of which report No. GSP-RPC-2018-00586 dated October 16, 2018, called Informe técnico Quintas La Ceiba Tierra Dorada, was issued, signed by an official of the Región Pacífico Central of the ICAA, and in which it was indicated that, to accede to the petitioner's claim, a series of requirements had to be met, including the following:\n\n“(…) 1. Approval of the segregation of the property, in accordance with the provisions of article 36 of the Ley de Planificación Urbana and articles 11.2.1 and 50, 51, 52, 53, 54, and 55 of the Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento y Urbanización, these last five articles in what corresponds to agricultural parceling; as an exceptional measure, requiring the approval of the INVU. All of the foregoing so that the provision of the service is legally, environmentally, and technically feasible.\n\n2. The service to be supplied must be adequate in terms of quality, quantity, and continuity, so the infrastructure must allow for this, as well as a surplus for vegetative growth of the area.\n\n3. The internal roads of the project must be public roads or agricultural easements (servidumbres agrícolas), the former needing to be registered as such within the Orotina cantonal road network, while the latter as right-of-way and aqueduct easements (servidumbres de paso y acueducto) in favor of the AyA, allowing free circulation on them, as well as the possibility of installing infrastructure.\n\n4. The existing distribution network must be evaluated regarding its characteristics such as diameter, material, schedule, installation, and any other element that must be considered for its possible acceptance, or failing that, that must be replaced. These pipes must comply with the Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial.\n\n5. As established in the application, the required infrastructure must be complete, including the well fully equipped and with the necessary protection, the protection areas established by the hydrogeological study, a 72-hour pumping test, which is necessary to perform, and all available and obtainable information regarding it. Likewise, it must include the disinfection system, pumping pipes, storage tank, and distribution network.\n\n6. All the infrastructure to be built and/or existing must be approved by the AyA, in accordance with the established regulations.\n\n7. Define the characteristics of the development, that is, whether it is for tourism, residential, agricultural, or other use.\n\n 8. The aspects of the installation of micro-metering (hydrometers) or their supply must be defined by the interested parties (…)”.\n\nAll these requirements, as reported by the ICAA authorities and even acknowledged by the petitioner himself in the pleading filing this amparo, could not be met, and therefore, consequently, said institute could not take over the aqueduct and supply the potable water service, as intended.\n\nIn this way, it is easily inferred that the ICAA authorities have not, at any time, arbitrarily or without basis refused to provide the service under study, in the terms in which the protected party portrays or presents it before this constitutional jurisdiction.\n\nWhat occurs in this matter is that the ICAA, prior to carrying out the intended action, requires that a series of requirements be fulfilled in compliance with what is stipulated in the legal system, without it being possible in this particular case to make an illegal exception and provide the service to the project called Quintas Residenciales La Ceiba, as the appellant apparently desires. Note that this Chamber, on repeated occasions, has indicated that the provision of potable water supply service can be validly denied when the requirements stipulated for that effect have not been fulfilled. Thus, in Voto No. 2009-9936 of 14:08 hrs. on June 19, 2009, the following was indicated:\n\n\"(…) Thus, this character of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration can validly establish general requirements of necessary compliance for each applicant to evaluate their particular request, thereby recognizing the possibility of limiting the granting of new water connections (pajas de agua) for the purpose of ensuring the continuity of the provision of the public potable water supply service to the current users and domiciles that receive said service –see judgments numbers 2007-17475, at eleven hours five minutes on November thirtieth, two thousand seven, and 2008-11390, at eleven hours twenty-nine minutes on July twenty-second, two thousand eight-. In this regard, in judgment number 2006-1898, at nine hours fifty-three minutes on February seventeenth, two thousand six –reiterated, among others, by judgment number 2007-13310, at ten hours fifty-seven minutes on September fourteenth, two thousand seven- the Chamber established that:\n\n“The appellant alleges (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with potable water service, arguing that it is a slum (precario) and that its inhabitants do not have a segregation plan (plano de segregación) establishing that they are the owners of the properties. In this regard, it is accredited in the case file, based on the report rendered under oath by the respondent authority, that there is an impossibility to install domiciliary potable water services in the community inhabited by the appellant for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure to submit applications in compliance with legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 of 13:31 hours on October 29, 2004, in a case similar to the present one, indicated that it was not possible to compel the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to evade the provisions of its Customer Service Provision Regulations (Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes) or the General Potable Water Law (Ley General de Agua Potable). Hence, insofar as the protected party does not meet the conditions and requirements demanded therein, even though potable water service must be within the reach of every person because it is an essential service, it cannot be provided to them on a regular basis. Given the existence of these two objective reasons why it is not possible to supply a regular potable water service to the claimant: their failure to comply with the requirements for a new service connection, starting with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason whatsoever to understand that the denial of the regular service provision by the respondent Institute is due to the fact that the protected party and his neighbors do not have property titles for the properties they possess. To the above, it must be added that based on Article 33 of the aforementioned Regulations, the lack of a property title does not appear to be an obstacle to requesting the connection of a new potable water service, as long as the requirements indicated in that regulation are met. In any case, it is also accredited that even though the regular potable water service has not been supplied, the appellant and other neighbors have a public source (fuente pública) that the Institute installed so they can supply themselves for their basic needs. Hence, this Court considers that it has been the omission of the appellant and the residents of the locality, who do not prove having submitted the applications for the installation of a new potable water service in the community where they live, that has prevented their situation from being evaluated in order to determine if, by complying, above all, with the requirements of Article 33 of the Customer Service Provision Regulations, the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with a regular potable water service.”\n\nIt is understood then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the potable water service, a situation that determines that the administration has no obligation to provide the potable water service if there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and must adequately inform the applicant of the reasons why their request cannot be addressed (…)\".\n\nFor its part, in Judgment No. 2018-7781 of 09:15 hrs. on May 18, 2018, this Chamber stated:\n\n\"(…) III.- ON THE DENIAL OF POTABLE WATER SERVICE. This Chamber has considered that, although there is a fundamental right to potable water, its exercise is not indiscriminate, such that there is an obligation of the entities that provide that service to supply it under any condition and opportunity. Specifically, this Chamber has recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the municipalities, or the associations administering aqueducts and sewer systems, may deny the availability of potable water if there are technical reasons that justify it. In judgment number 2009-003825 of 16:49 hours on March 10, 2009, reiterated in judgment No. 2016-005382 of 9:05 hours on April 22, 2016, this Chamber resolved the following:\n\n“(...) It is understood then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the potable water service, a situation that determines that the administration has no obligation to provide the potable water service if there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and must adequately inform the applicant of the reasons why their request cannot be addressed (…)”.\n\nConcomitantly, it is necessary to bring up what was reported on the matter and under oath by the Deputy Manager of Peripheral Systems of the ICAA, that is, the following:\n\n\"(…) all the information required by AyA, set forth in the technical report, are essential requirements to concretize the administration of the aqueduct by AyA, therefore the Institution has shown its consent to solve the supply needs of the community, as long as the requested information is provided, the improvements determined by the institutional technical department are carried out, and the condition of access to the properties and their respective registrations is defined, all of the above in accordance with what is established in the regulatory body, which governs the conditions to which the Institute commits itself with the user and the necessary requirements for the provision of the service, are found in the Regulations for the Provision of Service of AyA (Reglamento para la Prestación del Servicio de AyA), in Article 7 (…)” (The underlining is not part of the original).\n\nFurthermore, this authority maintained that:\n\n\"(…) if the appellant provides the information requested in the report made by the Operations and Maintenance Directorate since October 2018, to determine the current conditions of the system, accesses, and subsequently carry out the improvements indicated by the institutional technical area, the aqueduct can be taken over and the current conditions of the water resource for the residents of Quinta La Ceiba can be solved (…)\". (The underlining is not part of the original).\n\nThus, in this matter, it is considered accredited that the authorities of the ICAA have not left the residents of the aforementioned residential complex unprotected, given that they have proposed a project to them to take over the aqueduct and provide them with potable water service for several years, and if this has not been concretized, it is because the latter have not complied with the requirements demanded and made known to them.\n\nE. Regarding the appellant's claim that the companies related to the residential complex assume their responsibility in this case. Finally, it is necessary to point out to the appellant that the claim aimed at having the companies involved in this matter (mainly, the developer company Ganadera La Ceiba S.A.), take responsibility for assuming the situation under study and provide a solution regarding the provision of potable water service in the aforementioned residential complex, must be brought, if he so wishes, before the ordinary channels of legality created especially for that purpose. Note that it falls outside the scope of competence of this Constitutional Court, as it is a matter of mere and pure legality, to analyze the substance of the case under study, specifically, the agreements reached by the owners of the properties that are part of the cited residential complex with the developer company Ganadera La Ceiba S.A. (or with any other private legal entity), at the time of purchasing the lots (quintas) and all those specific aspects properly related to the provision of water service at the site and, concomitantly, to determine whether this company or another must assume some type of responsibility in the situation and case presented herein. It is not materially or reasonably possible to enter into a complicated and slow evidentiary system to elucidate the aforementioned aspects pointed out by the protected party. Therefore, as already stated, this particular grievance must be brought before the respective ordinary channels of legality, since it clearly exceeds the summary nature of the amparo remedy (recurso de amparo), as well as the competence of this Court granted by the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) and the Political Constitution itself.\n\n***\n\nBy virtue of the foregoing, as it is not noted, in this specific case, that the respondent authorities have committed any violation of the fundamental rights of the appellant and the rest of the owners of the Quintas Residenciales La Ceiba project, the appropriate course is to dismiss this amparo proceeding.\n\nVI.- Now then, despite what was said above, it is necessary to indicate to the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that, at the moment when the owners of the properties that make up the Quintas Residenciales La Ceiba project comply with all the technical and legal requirements that have been demanded of them, they shall resolve what is appropriate in law; provided that another cause unrelated to the one examined in the sub lite does not prevent it.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Electronic Case File Regulations for the Judiciary\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe remedy is declared without merit. The authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados shall take note of the provisions in Considerando VI of this judgment."
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