{ "id": "nexus-sen-1-0007-1209397", "citation": "Res. 01082-2024 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Registros ambientales en límites del Parque Nacional Marino Las Baulas", "title_en": "Environmental registrations within limits of Las Baulas National Marine Park", "summary_es": "La recurrente alega que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó registros ambientales (D2-0885-2022 y D2-1158-2022) para construir viviendas unifamiliares en inmuebles que parcialmente se ubican dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, cuyo único acceso es por calle pública dentro del parque, y uno de ellos colinda con el Manglar La Chipriota sin respetar protección. SETENA sostiene que la huella constructiva está fuera del parque y que no corresponde pronunciarse sobre el manglar. El administrador del parque señala que hay intervención en áreas del parque (depósito de materiales, acceso) y que el desarrollo inmobiliario podría afectar la conservación. La Sala declara con lugar el recurso: ordena a SETENA y SINAC realizar una inspección inmediata a las construcciones en el plazo de un mes, y resolver conforme a derecho cualquier afectación en dos meses. El magistrado Salazar salva el voto por considerar que es un asunto de legalidad.", "summary_en": "The petitioner claims that the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) approved environmental registrations (D2-0885-2022 and D2-1158-2022) for building single-family homes on properties partially within Las Baulas National Marine Park, whose only access is a public road inside the park, and one borders the La Chipriota mangrove without respecting protective buffer. SETENA argues the construction footprint lies outside the park and that it is not bound to rule on the mangrove. The park administrator points out that park areas are being used for material storage and access, and that real estate development could undermine conservation. The Chamber grants the appeal: it orders SETENA and SINAC to immediately inspect the constructions within one month, and to resolve any adverse effects according to law within two months. Magistrate Salazar dissents, considering the matter one of legality.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "19/01/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "Parque Nacional Marino Las Baulas", "registro ambiental D2", "SETENA", "SINAC", "manglar", "voto salvado", "principio precautorio" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 17", "law": "Ley 7554 (Ley Orgánica del Ambiente)" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "", "law": "Voto 2008-18529 Sala Constitucional" } ], "keywords_es": [ "Parque Nacional Marino Las Baulas", "amparo ambiental", "SETENA", "registro ambiental D2", "Manglar La Chipriota", "conservación ambiental" ], "keywords_en": [ "Las Baulas National Marine Park", "environmental amparo", "SETENA", "D2 environmental registration", "La Chipriota mangrove", "environmental conservation" ], "excerpt_es": "Desde este panorama, se acredita una lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nEn este sentido, es necesario aclarar que, prima facie, no le corresponde a esta Sala determinar la procedencia de los permisos de construcción y aprobación de los registros ambientales D2-1158-2022 y D2-0885-2022-R emitido por Setena.\n\nCon independencia de lo anterior, si bien se observa que la huella constructiva de los proyectos aprobados por Setena está fuera del Parque Nacional Marino Las Baulas, no menos cierto es que del oficio ACT-PNMBG-148-2023 -citado ut supra- se desprende que el administrador del parque consignó: “como se puede apreciar en las imágenes siguientes, se está utilizando el área afectada por los límites del PN para el depósito de materiales, ingreso al área autorizada y como parte del proceso de construcción.\"", "excerpt_en": "From this perspective, a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is established.\n\nIn this regard, it must be clarified that, prima facie, it is not for this Chamber to determine the appropriateness of the construction permits and the approval of environmental registrations D2-1158-2022 and D2-0885-2022-R issued by SETENA.\n\nNotwithstanding the above, although it is observed that the construction footprint of the projects approved by SETENA lies outside the Las Baulas National Marine Park, it is no less true that from official communication ACT-PNMBG-148-2023—cited above—the park administrator stated: “as can be seen in the following images, the area affected by the Park boundaries is being used for material storage, access to the authorized area, and as part of the construction process.”", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "Amparo granted; SETENA and SINAC ordered to inspect within one month and resolve any impacts within two months.", "summary_es": "Se declara con lugar el amparo; se ordena a SETENA y SINAC realizar inspección en un mes y resolver afectaciones en dos meses." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V, citando oficio ACT-PNMBG-148-2023", "quote_en": "As can be seen in the following images, the area affected by the PN boundaries is being used for material storage, access to the authorized area, and as part of the construction process.", "quote_es": "Como se puede apreciar en las imágenes siguientes, se está utilizando el área afectada por los límites del PN para el depósito de materiales, ingreso al área autorizada y como parte del proceso de construcción." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1209397", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01082 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 19 de Enero del 2024 a las 09:15\n\nExpediente: 23-012486-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nDAÑO AMBIENTAL.\n\n001082-24. SE CUESTIONA LA FALTA DE DELIMITACIÓN DEL PARQUE NACIONAL MARINO LAS BAULAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE HAN OTORGADO. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE LE ORDENA AL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL Y AL DIRECTOR EJECUTIVO A. I. DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, QUE COORDINEN LO NECESARIO PARA QUE DE FORMA INMEDIATA, SE REALICE UNA INSPECCIÓN A LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS BAJO LOS REGISTROS AMBIENTALES D2-0885-2022 Y D2-1158-2022 Y ESA INSPECCIÓN DEBERÁ FINALIZAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN MES. ADEMÁS, EN CASO DE DETERMINARSE AFECTACIÓN ALGUNA AL ÁREA DEL PARQUE NACIONAL MARINO LAS BAULAS, TAL SITUACIÓN DEBERÁ SER RESUELTA COMO EN DERECHO CORRESPONDE DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES.\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 23-012486-0007-CO\n\nRes. Nº 2024001082\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diecinueve de enero de dos mil veinticuatro .\n\nRecurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito aportado a la Sala el 30 de mayo de 2023,  la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que la matriz de criterios de uso según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico del Senara, determinó como de vulnerabilidad extrema el acuífero costero de Playa Grande Guanacaste, recomendando su uso únicamente para la conservación absoluta. Indica que en cumplimiento de las resoluciones de esta Sala Constitucional No. 1923-2004 y No. 8892-2012, donde plantea la obligatoriedad de creación de mapas de vulnerabilidad acuífera para varios cantones del país y una matriz de criterios técnicos. Manifiesta que actualmente en el área limítrofe del Parque Nacional Marino las Baulas, se han aprobado registros ambientales o permisos de viabilidad ambiental, en inmuebles que forman parcialmente parte del parque. Narra que en dichos inmuebles están dando inicio proyectos constructivos, sin contar con un acceso a calle pública dado que el único acceso que cuentan es propiedad del Parque Nacional Marino Las Baulas y encontrándose en forma colindante a manglares sin respetar un área de protección. Agrega que el 15 de noviembre de 2022, se otorgó Permiso de Construcción No. 1247-2022, para la construcción de una vivienda unifamiliar en la finca matrícula [Valor 002], plano catastrado [Valor 003], contando con Registro Ambiental D2-0885-2022-R emitido por SETENA, propiedad de Childs River LLC Limitada, cédula jurídica 3-102-870613. Indica que este inmueble colinda con el Parque Nacional Marino Las Baulas y su acceso de ingreso es directamente el Parque. Manifiesta que este inmueble colinda con el Manglar la Chipriota, ya dio inicio el proceso constructivo de acomodar los cimientos de la tierra y no han respetado el área de protección del manglar. Narra que como se puede ver en las fotografías aportadas, el relleno se encuentra a escasos tres metros donde daría inicio la construcción. Agrega que se otorgó permiso de construcción y registro ambiental D2-1158-2022 aprobado emitido por SETENA, para la construcción de una vivienda unifamiliar, al inmueble matrícula [Valor 004], plano catastrado [Valor 005], propiedad de Surf Sun & Serenity Playa Grande SRL, cédula jurídica número 3-102-869134. Indica que según formulario interno de revisión geoespacial ST-LRA-For-01- v.01 del 5 de setiembre de 2022, suscrito por Paulo Esteban Gutiérrez Cascante, funcionario del SETENA, este inmueble colinda con el Parque Nacional Marino Las Baulas y su acceso de ingreso es directamente el parque, así que el proyecto se desarrollará dentro del Parque Nacional, a 90 metros del mojón dentro de la zona concesionable, el 20 % de este lote se encuentra afectado por el Parque Nacional Marino Las Baulas, esto es, 160 metros cuadrados, dado lo anterior, la casa de habitación se construirá en el área del lote no afectada por dicho Parque (en los 640 metros) si bien el registro ambiental indica el parque no será intervenido, en razón del diseño que plantea el plano, refiere que el acceso directo del inmueble es por propiedad del Parque Nacional Marino Las Baulas. Manifiesta que este inmueble y la construcción se encuentra frente a la Estación del Parque Nacional. Narra que el proyecto se ubica dentro la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas, una zona con vulnerabilidad acuífera externa del acuífero Huacas Tamarindo. Agrega que el 23 de enero de 2023, mediante oficio ACT-PNMBG-012-2023, Alexander Sánchez Chavarría, del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, se dirigió a la señora Julliet Betancur, Jefatura Evaluación Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, donde indicó, con relación al Permiso de Construcción No. 1247-2022 aprobado el 16 de noviembre de 2022 de una vivienda unifamiliar en la finca matrícula [Valor 002], plano catastrado [Valor 006], lo siguiente: \"Se les recuerda que, según resolución No. 1410- 2010-SETENA y su modificación No. 2174-2010-SETENA, en el apartado de \"Otras regulaciones\" para cada uno de los sectores se indica que: “Todo proyecto de construcción deberá contar como mínimo: 1. Criterio del Área de Conservación, indicando que la propiedad se encuentra fuera del Parque Nacional Marino Las Baulas”. Indica que igualmente esto queda enfatizado en oficio DM-363-2010 de 19 de marzo de 2010, en el que el entonces ministro, Jorge Rodríguez Quirós, instruyó a la SETENA a la aplicabilidad del criterio emitido por la Dirección Jurídica del MINAET en oficio DAJ-701-2010 de 06 de marzo de 2010, donde se reitera que: “No se debe otorgar viabilidad ambiental dentro del Área del Parque”. Reclama que en violación a estas disposiciones y en perjuicio del área protegida del Parque Nacional Marino Las Baulas, se siguen otorgando permisos de construcción por parte de la SETENA, lo que lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n2.- Por resolución de las 12:49 del 31 de mayo de 2023, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.\n\n3.- Informa bajo juramento Ulises Álvarez Acosta, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que  con el fin de brindar una respuesta certera desde el punto de vista técnico con respecto a los alegatos indicados se solicitó criterio técnico para mejor resolver, el cual se emitió por medio del oficio No. SETENA-DT-ASA-0637-2023 del 9 de junio del 2023, en el cual se explicó:  “… 1. Acerca de la vulnerabilidad extrema del acuífero costero Playa Grande Guanacaste:  Mediante el Voto de la Sala Constitucional Voto N° 2008-18529 del 16 de diciembre de 2008, se ordenó la realización de un estudio integral sobre el impacto que las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas produciría al ambiente y las medidas necesarias a tomar, y se indicara expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso de agua para consumo humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría sobre todo el ecosistema de la zona, en especial hacia la tortuga Baula. Por lo que el “Estudio Integral sobre el Impacto de las Construcciones y el Desarrollo Turístico y Urbanístico de la Zona de Amortiguamiento del Parque Marino Las Baulas, Guanacaste”, se toma como referencia para la evaluación del impacto ambiental de acuerdo al Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, para el otorgamiento de las viabilidades ambientales en dicha zona de amortiguamiento, en acato a los dispuesto por dicha Sala Constitucional. Por lo anterior y por medio de la Resolución N°1410-2010 del 28 de junio del 2010, se establecen los lineamientos para que las actividades, obras y proyectos, se ajusten a las recomendaciones técnico-ambientales que se generaron a partir del estudio técnico, donde se analizó entre otras cosas la vulnerabilidad a la contaminación. 2. Aprobación de registros ambientales en inmuebles que forman parcialmente parte del parque (D2-0885-2022 y D2-1158-2022), cuyo ingreso es por calle pública que se encuentra dentro del parque:  Acerca de ambos registros, la huella constructiva dentro del plano y de acuerdo a los diseños de sitio que se aportan para cada registro, están fuera del Parque Nacional, de manera que se infiere que el registro se otorgó para la construcción en el área del plano que esta (sic) fuera del Parque Nacional, caso en el cual no se estaría violentando la resolución de la Sala Constitucional que ordenó que no se otorguen VA dentro del parque, ya que la propiedad es privada y solo estaría afectada la prohibición en el área que se localiza dentro del Parque Nacional, y la resolución indicó claramente que la zona de Parque Nacional se delimita y se deja sin uso alguno por lo que la construcción evaluada estaría fuera de dicha zona. Por lo anterior, una vez analizados los expedientes anteriores, esta Secretaría ha determinado que, si bien parte del inmueble se encuentra parcialmente dentro del PNM Las Baulas, el área de proyecto aprobada para realizar las obras se ubican fuera de los límites del Parque Nacional, con lo cual no existe ninguna violación al Voto N° 2008-18529 del 16 de diciembre de 2008, por lo que tampoco se estaría en contra de lo establecido en el Oficio DAJ-701- 2010 del 6 de marzo del 2010, por cuanto éste lo que prohibió fue el otorgar VLA dentro de los límites del Parque Nacional, situación que no ocurre para este caso particular. Acerca de que el acceso es por calle pública dentro del parque, como bien se menciona el acceso es por vía pública, donde no existe restricción de ingreso al parque, ya les corresponde a las autoridades correspondientes determinar si se limita el acceso o no por dicha vía, que al día de hoy es de tránsito libre para cualquier ciudadano. 3. En lo que corresponde a la solicitud de Criterio del Área de Conservación, indicando que la propiedad se encuentra fuera del Parque Nacional Marino Las Baulas, efectivamente así está establecido, pero el motivo es claro que es para efectos determinar si el proyecto está fuera del Parque Nacional, situación que según sus indicaciones se solventó con el estudio geoespacial de la unidad SIG de la SETENA, la cual se realiza con los mapas oficiales definidos por el SINAC, y que se encuentran en el SNIT, y donde ya esta Secretaría ha establecido que la huella constructiva esta fuera del parque de manera que a no ser que el SINAC pueda demostrar que dicho estudio que proviene de mapas oficiales esta errado, no existe afectación al Área Silvestre Protegida. Adicionalmente, se consideró innecesario realizar la consulta, teniendo en cuenta que la resolución data del año 2010 y los sistemas de información geográfica desde ese entonces han evolucionado a nivel nacional, contándose con los insumos necesarios para verificar la ubicación de proyectos dentro de Áreas Silvestres Protegidas. 4. Acerca de que no se respetó (sic) el área de protección del Manglar la Chipriota, se aclara que los manglares no tienen área de protección, dado que no hay normativa que así lo establezca. Adicionalmente el proyecto no se encuentra dentro de ningún manglar y no se pueden establecer condiciones que no se encuentren normadas según la Ley 8220”. De conformidad con la información técnica supra citada se determina que esta Secretaría actuó a conformidad desde sus competencias y ha realizado la evaluación del proyecto como corresponde bajo el debido proceso y análisis técnico-ambiental que se requería para los proyectos de marras, dado que las obras que se aprobaron están sujetas a los lineamientos establecidos para la zona y quedan fuera del área de parque nacional. No se omite manifestar que de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente que establece que la Evaluación Ambiental es el requisito inicial a la gestión de cualquier solicitud de permisos finales para desarrollos de actividades, obras o proyectos; la SETENA realiza dicha evaluación de los proyectos que ingresan y otorga la licencia ambiental como un requisito previo y predictivo a la obtención de cualquier permiso final por parte del desarrollador del proyecto. Así las cosas, queda claro que los permisos finales para la construcción de los inmuebles de marras son competencia de otras instancias, a las cuales deben acudir los desarrolladores de estos proyectos. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 29 de junio de 2023, la recurrente manifiesta que los argumentos plateados por la representación de la recurrida, primeramente dan razón a lo planteado en el recurso, en el sentido que los inmuebles que forman parcialmente parte del parque (D2-0885-2022 y D2-1158-2022) y su ingreso es por acceso del parque nacional, justificándose que la construcción se realiza en propiedad que no pertenece al parque, más la realidad del análisis de los croquis constructivos, es que el único acceso que poseen dichas construcciones es directamente por propiedad del Parque Nacional. Ahora bien, en lo que corresponde al Manglar la Chipriota, el argumento motivacional, para autorizar la construcción, a escasos metros del manglar, resulta irrisorio, carente de motivación, toda vez, que, en efecto, Costa Rica, si posee normativa de cumplimiento en lo referente a los manglares, como la Criterios Técnicos para la Identificación, Clasificación y Conservación de Humedales, Nº 35803-MINAET, que establece “Los ecosistemas de humedales estén o no creados por decreto o ley, independientemente de quién sea su propietario, deben ser protegidos y conservados el MINAET a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, al amparo de la normativa nacional e internacional, deberá velar por la conservación de los mismos. Sin embargo, sólo los humedales que están constituidos dentro del Patrimonio Natural del Estado deben ser administrados por el SINAC”, además tenemos la Convención para el Comercio Internacional de especies amenazadas de flora y fauna -CITES, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional de RAMSAR, que establece que el Manglar La Chipriota al contar con múltiples especies de mangle como mangle piñuela, rojo, blanco o mariquito, bastoncillo, encontrándose dentro esteros Tamarindo, San Francisco y Ventanas, es declarado de importancia para la humanidad. Puesto que como lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) los manglares son bosques costeros que se encuentran en estuarios protegidos y a lo largo de las riberas de ríos y lagunas en los trópicos y subtrópicos. Así las cosas, en nuestra consideración tenemos evidencia contundente, que determina que el SETENA, con el otorgamiento registros ambientales que a su vez desencadenaron el otorgamiento de permisos constructivos, han causado una lesión derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud que se ha ocasionado una lesión conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad del Parque Nacional Marino Las Baulas; al encontrarse los proyectos constructivos, no sólo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas, sino que son inmuebles que forman parte parcialmente dentro del mismo Parque y pretenden seguir haciendo uso de terrenos del Parque Nacional, para tener su acceso. Contradicen el dicho al establecer que el acceso esa vía pública, dado que, bajo los límites constitutivos del Parque Nacional, la calle conocida como “Calle Los Guanacastes”, es una calle de acceso al Parque, cual no debe, tiene que ser de uso irrestricto de los administrados, bien se podría considerar como excepcional, para las construcciones existentes a la fecha de constitución del Parque, más para nuevas construcciones, se debería contar con un acceso que no forme parte de la propiedad del Parque Nacional. El autorizar tránsito e ingreso por propiedad del parque, va en contra de los objetivos de conservación y la protección del medio ambiente, sobre en lo referente a la protección del sitio de anidamiento de las tortugas baula, que como se ha indicado es de importancia a nivel mundial. Todo lo anterior implica como se ha indicado una violación a los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El primero ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Así las cosas, con el debido respeto solicito a los y las señoras magistradas declarar con lugar el presente Recurso de Amparo, ordenando la suspensión de los efectos de las resoluciones que autorizan las construcciones y se proceda a la denegatoria de permisos de construcción en los inmuebles que colindan al Parque Nacional Marino Las Baulas, tanto por parte del SETENA, como de las Municipalidades competentes. Ordenándose a la recurrida la demarcación clara de la zona que corresponde a el Manglar La Chipriota y su zona de protección y se excluya de dicha zona la autorización de todo tipo de proyecto. Con la correspondiente condenatoria de costas.\n\n5.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 13 de julio de 2023, la recurrente manifiesta que a la fecha como se incorpora a continuación, los procesos constructivos, en los inmuebles (de los cuales casi el 50%, se encuentra en los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas), han continuado su avance, ocasionando con ello, un grave perjuicio de carácter irreversible a los ecosistemas y especies en peligro que el parque busca proteger, este tipo de actuaciones por parte de SETENA, representan una contundente violación al principio de progresividad y no regresión de la protección ambiental. Como se ha planteado el tema planteado este asunto de construcción en propiedad del Parque Nacional Marino Las Baulas, no es de nueva data, dado que esta Sala Constitucional, mediante resolución Nº 18529 – 2008, ya había procedido a ordenar anteriormente la anulación todas las viabilidades ambientales otorgadas en las propiedades ubicadas dentro del Parque Nacional Marino la Baulas y ordenar al Ministerio de Ambiente y Energía continuar de inmediato con los procesos de expropiación de tales propiedades y a su vez ordenaba dejar suspendidos y supeditar la validez de los permisos de construcción otorgados a las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento (banda de 500 metros) del Parque Nacional Marino Las Baulas por la Municipalidad de Santa Cruz. En los planteados en el recurso de amparo interpuesto, con inmuebles forman parte del Parque Nacional parcialmente, se pretende sin justificación, continuar con su acceso directamente por propiedad del Parque Nacional y además, en uno de los casos planteados, se está gestando una obra constructiva, sin que se respete un área de protección al Manglar la Chipriota, por la errada interpretación de dicha entidad que no existe fundamento jurídico de protección de estos. Así las cosas, con el debido respeto reiteramos a los y las señoras magistradas ordenar la suspensión de los efectos de las resoluciones que autorizan las construcciones y se proceda a la denegatoria de permisos de construcción en los inmuebles que colindan al Parque Nacional Marino Las Baulas, al menos en forma cautelar mientras resuelven debidamente lo peticionado de nuestra parte, en aras de no causar mayor impacto ambiental del ya ocasionado.\n\n6.- Mediante resolución de las 11:10 horas del 20 de agosto de 2023 se ampliaron las partes del recurso y se requirió informe al director ejecutivo del Sistema Nacional de Área de Conservación y al director del Área de Conservación de Guanacaste.\n\n7.- Informa bajo juramento David Chavarría Morales, en su condición de Director Ejecutivo a. i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que en relación sobre los hechos indicados en el presente recurso de amparo se solicitó informe al señor Nelson Marín Mora Director Regional del Área de Conservación Tempisque en adelante ACT; en el cual se fundamenta el presente informe oficio ACT-PNMBG-148-2023 del 06 de setiembre 2023 que adjunto como prueba. En informe ACT-PNMBG-148-2023 suscrito por ….. se indica: “…Mediante la presente se procede a realizar el informe técnico sobre el recurso de amparo (RA) EXPEDIENTE N°23-012486-0007-CO. Con el fin de situar en el contexto de la ubicación de las propiedades mencionadas en el RA, se elaboraron las siguientes imágenes: Con respecto a lo mencionado por la recurrente sobre los criterios de uso según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico del SENARA, y la vulnerabilidad extrema del acuífero costero de playa grande Guanacaste recomendado su uso únicamente para la conservación absoluta ; así como el estudio integral del impacto de las construcciones; los suscritos recomendamos que se debe solicitar al ente especializado el análisis detallado del uso de estos estudios para el otorgamiento de los registros ambientales entregados por parte de SETENA. Con respecto a lo mencionado por la recurrente respecto a “en dichos inmuebles están dando inicio proyectos constructivos sin contar con un acceso a calle pública dado que el único acceso que cuente es propiedad del Parque Nacional” se debe aclarar que como se aprecia en las figuras anteriores existe una calle pública dentro de los límites del Parque Nacional que da acceso a las propiedades privadas de esa zona incluyendo las que dieron motivo a este RA, por lo que sí hay acceso por vía pública a los inmuebles. Ahora bien, el recurrido indica que respecto a la “Aprobación de registros ambientales en inmuebles que forman parcialmente parte del parque (D2-0885-2022 y D2-1158-2022), cuyo ingreso es por calle pública que se encuentra dentro del parque: Acerca de ambos registros, la huella constructiva dentro del plano y de acuerdo a los diseños de sitio que se aportan para cada registro, están fuera del Parque Nacional, de manera que se infiere que el registro se otorgó para la construcción en el área del plano que esta (sic) fuera del Parque Nacional, caso en el cual no se estaría violentando la resolución de la Sala Constitucional que ordenó que no se otorguen VA dentro del parque, ya que la propiedad es privada y solo estaría afectada la prohibición en el área que se localiza dentro del Parque Nacional” es importante aclarar que para ambos registros, como bien se aprecia en las imágenes 3 y 4, si bien tienen acceso a las propiedades por calle pública dentro del PN, dadas las condiciones actuales, el único acceso posible desde la calle pública al área autorizada para el desarrollo, es a través del área que está afectada por los límites del PN. Se recomienda el análisis de la Resolución de la Sala N el 18529-2008, en el punto b del, por tanto, donde solicita no otorgar viabilidades ambientales dentro del PN, sin hacer distinción entre si es total o parcial la afectación de los límites del PN sobre propiedad privada. Por otra parte, importante resaltar que en el Registro Ambiental D2-1158-2022 en la descripción del proyecto, SETENA indica: Por lo anterior señalado, el área afectada por el parque no será intervenida” y en el Registro Ambiental D2-0885-2022 SETENA indica: “Por lo anterior, la casa se construirá en la zona del terreno no afectada por el parque en cuestión, es decir, el área afectada por el parque no será intervenida y se dejará como zona verde”, además el recurrido menciona que en el punto 2 “…que de manera que se infiere que el registro se otorgó para la construcción en el área del plano que esta (sic) fuera del Parque Nacional, caso en el cual no se estaría violentando la resolución de la Sala Constitucional que ordenó que no se otorguen VA dentro del parque, ya que la propiedad es privada y solo estaría afectada la prohibición en el área que se localiza dentro del Parque Nacional, y la resolución indicó claramente que la zona de Parque Nacional se delimita y se deja sin uso alguno por lo que la construcción evaluada estaría fuera de dicha zona”. En ambos casos, es contradictoria la afirmación que no se esté interviniendo el área dentro del PN, ya que como se puede apreciar en las imágenes siguientes, se está utilizando el área afectada por los límites del PN para el depósito de materiales, ingreso al área autorizada y como parte del proceso de construcción. Propiedad matrícula 42757. Uso del área afectada para el depósito de materiales y acceso a la construcción. Propiedad matrícula 42711. Vista desde la calle pública al lote. Se puede apreciar el camino en el área afectada por el PN para el acceso al área de construcción. Propiedad matrícula 42711. Vista hacia la calle desde el área autorizada. Se puede apreciar el camino en el área afectada por el PN para el acceso al área de construcción. Con respecto a la zona de protección del manglar que hace mención la recurrente, como bien lo indica el recurrido, no existe norma que contemple zonas de protección de manglares.  Es importante señalar, que como se aprecia en las imágenes 1 y 2 de este informe, el desarrollo inmobiliario de esa franja en la que están inmersas las propiedades que se mencionan en este informe, puede resultar contraproducente con los objetivos de conservación del área protegida, al ser un área ambientalmente frágil, como se señala Resolución de la Sala N el 18529-2008 en el apartado 5 sobre las cómo las omisiones de SETENA vulneran el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  A manera que conclusión, los suscritos consideramos que:  - En ambos casos, existe intervención de las áreas dentro de los límites del PN, ya sea como acceso o como depósito de materiales.  - El desarrollo inmobiliario de esa franja puede afectar los objetivos de conservación del área protegida.  - El desarrollo inmobiliario de esa franja, aumentaría significativamente los costos de expropiación”.   Todo esto refleja una atención y coordinación interinstitucional debida y efectiva. Solicita se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto por la señora recurrente, por cuanto las actuaciones de mi representada no han configurado vulneración a derecho fundamental alguno y en cambio el accionar del Sistema Nacional de Áreas de Conservación resulta acorde a la normativa y se dio respuesta a la parte recurrente como sistema organizado y consolidado que brinda un eficiente servicio a cliente, al propiciar el manejo y conservación responsable de los recursos naturales con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes incluso de forma descentralizada integrando las Áreas de Conservación como el caso particular del ACT.\n\n8.- Por escrito incorporado al expediente digital el 22 de setiembre de 2023, la recurrente manifiesta: “con el debido respeto manifiesto respeto en virtud de las manifestaciones del SINAC mediante oficio SINAC-SE-DE- 1122 -2023 y la prueba adjunta informe oficio ACT-PNMBG-148-2023, lo que manifiesto a su autoridad: Del criterio de uso de suelo, encuentra de suma importancia que el tribunal considere que los procesos constructivos gestados ante el otorgamiento de los registros ambientales por parte del SETENA, contravienen los principios constitucionales de progresividad y no regresión ambiental y a su vez contravienen la recomendación del SENARA de vulnerabilidad extrema del acuífero costero de playa grande Guanacaste recomendado su uso únicamente para la conservación absoluta. Concuerda esta representación que media la necesidad de realizar un estudio especializado del impacto de las construcciones y la necesidad el análisis detallado del uso de estos estudios para el otorgamiento de los registros ambientales entregados por parte de SETENA. En nuestra consideración encuentra esta representación, que en virtud de lo planteado nos da la razón el SINAC, a la solicitud que plantea esta representación de la necesidad de la demarcación clara de las áreas de protección como la zona que corresponde al Manglar La Chipriota y su zona de protección y se excluya de dicha zona la autorización de todo tipo de proyecto. De los accesos a calle pública de los inmuebles matricula 42757 y 42711 de la provincia de Guanacaste , como se plantea mediante las imágenes incorporadas en el informe técnico ACT-PNMBG-148-2023, en efecto, el único acceso existe que poseen es mediante una calle pública que se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional y a su vez el acceso de las construcciones autorizadas como se plantea solamente tendría acceso a través del área que se encuentra afectada por los límites del Parque Nacional, circunstancia que afecta los objetivos y presupuestos de protección. La información remitida por el SINAC, conjunto con las fotografías, acreditan con absoluta certeza que a la fecha los procesos constructivos, están ocasionando una huella constructiva grave, toda vez que las áreas que forman parte de los límites del PN, contrario a lo indicado por el SETENA, (que no hay afectación), dichas áreas se acredita se están utilizando para el acceso, depósito de materiales, ubicación de bodega de materiales; de forma que a la fecha la zona verde y boscosa propia de la zona, se encuentra prácticamente destruida ocasionando un grave perjuicio de carácter irreversible a los ecosistemas y especies en peligro que el parque busca proteger, representan una contundente violación al principio de progresividad y no regresión de la protección ambiental. Y es que según remiten los planos y así se ha planteado, el área que pertenece al PN, pretenden utilizarlo como “área verde”, sea el jardín de la misma propiedad (puesto que el área privada, sea prácticamente pura área constructiva), así las cosas, no se van a cumplir con los presupuestos de protección. Ahora bien, respecto de la construcción en forma cercana al Manglar la Cripiota, donde plantean que no hay normativa, contrario a lo planteado por el SINAC, como se ha planteado de parte de esta representación si existe normativa nacional e internacional, que vela por la protección y conservación de los manglares puesto que los mismos se encuentran constituidos como parte del Patrimonio Natural del Estado Nº 35803-MINAET, Convención para el Comercio Internacional de especies amenazadas de flora y fauna -CITES, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional de RAMSAR, que establece que el Manglar La Chipriota al contar con múltiples especies de mangle como mangle piñuela, rojo, blanco o mariquito, bastoncillo, encontrándose dentro esteros Tamarindo, San Francisco y Ventanas, es declarado de importancia para la humanidad. El dicho por parte del SINAC, al desconocer la normativa en protección de los manglares, preocupa a esta representación toda vez, que, en la normativa, plantea que es justamente el SINAC, quien es el llamado a garantizar su protección y conservación. El informa de cita, nuevamente acredita que los inmuebles a los cuales les otorgaron los registros ambientales y correspondientes permisos constructivos, tienen como único acceso es la calle que forma parte de los límites del PN, y con la construcción por supuesto su uso se incrementara, además las fotografías en sitio son contestes en se está gestando una obra constructiva, sin que se respete un área de protección al Manglar la Chipriota, por la errada interpretación de dicha entidad y el mismo desconocimiento del SINAC, respecto de su responsabilidad en garantizar su conservación y protección, lo anterior al decir, que no conocen de la existencia de fundamento jurídico de protección de estos. Lleva razón el SINAC, en sus conclusiones donde acreditan que en ambos casos existe intervención de las áreas dentro de los límites del PN, ya sea como acceso o como depósito de materiales. Además, que el desarrollo inmobiliario de esa franja puede afectar los objetivos de conservación del área protegida y por supuesto el desarrollo inmobiliario de esa franja aumentaría significativamente los costos de expropiación. Así las cosas, con el debido respeto reiteramos a los y las señoras magistradas ordenar la suspensión de los efectos de las resoluciones que autorizan las construcciones y se proceda a la denegatoria de permisos de construcción en los inmuebles que colindan al Parque Nacional Marino Las Baulas, al menos en forma cautelar mientras resuelven debidamente lo peticionado de nuestra parte, en aras de no causar mayor impacto ambiental del ya ocasionado. Y a su vez declarar con lugar el presente Recurso de Amparo, ordenando la suspensión de los efectos de las resoluciones que autorizan las construcciones y se proceda a la denegatoria de permisos de construcción en los inmuebles que colindan al Parque Nacional Marino Las Baulas, tanto por parte del SETENA, como de las Municipalidades competentes. Ordenándose a la recurrida la demarcación clara de la zona que corresponde al Manglar La Chipriota y su zona de protección y se excluya de dicha zona la autorización de todo tipo de proyecto. Con la correspondiente condenatoria de costas”.\n\n9.- Por constancia emitida por el técnico judicial 3 y la secretaria a. i., ambos de la Sala Constitucional, señalan que a las 14:24 horas del 26 de setiembre de 2023, no consta que, entre el 4 al 25 de setiembre de 2023, el director del Área de Conservación Guanacaste rindiera el informe solicitado mediante resolución de las 11:10 horas del 21 de agosto de 2023.\n\n10.- Por escrito incorporado al expediente digital el 17 de octubre de 2023, la recurrente expone: “Este fin de semana visité Playa Grande, pude constatar que en las propiedades matrícula 42757 y 42711, objeto del presente proceso, hay constructores tanto el sábado, como domingo, para aligerar el proceso constructivo de las casas de habitación, pude constatar que cada uno de los proyectos al menos diez constructores en cada una de ellas y el avance de las construcciones es totalmente palpable. Como fue planteado mediante el informe técnico ACT-PNMBG-148-2023, en ambas propiedades, el área de los inmuebles que forma parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, se han afectado gravemente, han destruido la zona verde, talado los árboles existentes, a la fecha, dichas áreas se encuentran grandes cantidades de escombros, área para preparación de mezcla, almacén para guardar materiales, etc. Así incorporo recientes fotografías, las primeras corresponden al inmueble bajo matrícula 42757, conocido como lote A14”, la casa de habitación, tiene desde que se interpuso el recurso a la fecha, un avance de un 100%, dado que cuenta con un importante grupo de trabajadores, que no se detienen ni fines de semana, en las otografías, se puede cotejar primeramente, que toda el área, cuenta con una malla perimetral en sarán, el área que forma parte del perímetro del PN, esta totalmente destruida el área verde en virtud de contar con escombros, un conteiner y una bodega de materiales. En las fotografías 1, 3, 4, 5, 6, 7, se puede constatar el área que forma parte de los límites del PN, los mismos están totalmente intervenidos, además en las fotografías 2 y 4, se puede corroborar el avance tanto en primer y segunda planta del inmueble. En lo que refiere al inmueble 42711- G, conocido como Lote A5, si bien es complejo dimensionar la cercanía al manglar la Chipriota mediante las fotografías que hemos remitido, ciertamente se encuentra a escasos tres metros de distancia, en las fotografías 8 y 9, se puede constatar, que hay escombros en el área cercana al manglar, así que podría decirse con un alto grado de certeza que no se respetan los metros de retiro. Como se ha planteado por parte de esta representación, indiferentemente se encuentre inscrito o no un manglar o humedal, corresponden todos a patrimonio natural del Estado, de forma que merita su debida protección, en este caso en particular, estamos hablando de un manglar que forma parte del PN Marino Las Baulas, al cual no se le respetan los retiros, representando que la vulnerabilidad de estos incremente, dado que lamentablemente con el incremento de construcciones en el área de amortiguamiento, genera una afectación al manglar. La información remitida por el SINAC, conjunto con las fotografías, acreditan con absoluta certeza que a la fecha los procesos constructivos, están ocasionando una huella constructiva es grave, toda vez que las áreas que forman parte de los límites del PN, contrario a lo indicado por el SETENA, (que no hay afectación), dichas áreas se acredita se están utilizando para el acceso, depósito de materiales, ubicación de bodega de materiales; de forma que a la fecha la zona verde y boscosa propia de la zona, se encuentra prácticamente destruida ocasionando un grave perjuicio de carácter irreversible a los ecosistemas y especies en peligro que el parque busca proteger, representan una contundente violación al principio de progresividad y no regresión de la protección ambiental. Y es que según remiten los planos y así se ha planteado, el área que pertenece al PN, pretenden utilizarlo como “área verde”, sea el jardín de la misma propiedad (puesto que el área privada, sea prácticamente pura área constructiva), así las cosas, no se van a cumplir con los presupuestos de protección. La realidad es que, si se procede con la exclusión del área de la propiedad que forma parte de los límites del PN, sería imposible que se cumplieren con los presupuesto porcentuales donde solamente se autoriza la intervención del 50% del área total (incluyendo zonas de rodamiento, jardines, tapias, piscinas y área techada), así como el respeto de la zona de retiro de al menos 10 metros con respecto de los límites de PN que estipula las resoluciones 1410-2010-SETENA y 2174-2010 SETENA, en cumplimiento del Voto de la Sala Constitucional número 2008- 018529 del 16-12-2008 se emitieron los lineamientos para regular las construcciones y el desarrollo Turístico y Urbanístico en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional las Baulas. Tome en consideración, su autoridad que los inmuebles en mención se encuentran en la primera franja. Como he planteado anteriormente, la construcción en forma cercana al Manglar la Cripriota, representa la afectación directa a un bosque vivo, nuestro país es uno de los galardonados por contar con manglares declarados por RAMSAR1, como sitios de importancia para la humanidad, en virtud de encontrarse en ellos al menos 5 tipos distintos de especies de mangle, como mangle piñuela, rojo, blanco o mariquito, bastoncillo, los manglares son indispensables, dado que ofrecen desde suministro de agua, alimentos y biodiversidad hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático, además actúan como barrera protectora frente a inundaciones, sequías y otros desastres naturales. Capaces de almacenar más carbono que cualquier otro ecosistema. Todos estos servicios ecosistémicos los convierten en entornos clave para asegurar el desarrollo sostenible. Así las cosas, con el debido respeto reitero a los y las señoras magistradas ordenar la suspensión de los efectos de las resoluciones que autorizan las construcciones y se proceda a la denegatoria de permisos de construcción en los inmuebles que colindan al Parque Nacional Marino Las Baulas, al menos en forma cautelar mientras resuelven debidamente lo peticionado de nuestra parte, en aras de no causar mayor impacto ambiental del ya ocasionado. Y a su vez declarar con lugar el presente Recurso de Amparo, ordenando la suspensión de los efectos de las resoluciones que autorizan las construcciones y se proceda a la denegatoria de permisos de construcción en los inmuebles que colindan al Parque Nacional Marino Las Baulas, tanto por parte del SETENA, como de las Municipalidades competentes. Ordenándose a la recurrida la demarcación clara de la zona que corresponde al Manglar La Chipriota y su zona de protección y se excluya de dicha zona la autorización de todo tipo de proyecto. Con la correspondiente condenatoria de costas”.\n\n11.- Por escrito incorporado al expediente digital el 20 de noviembre de 2023, la recurrente expone: “Con el debido respeto se solicita la urgente atención del presente asunto, en la zona, como se ha venido planteado se ha procedido con la autorización de proyectos constructivos avalados por SETENA, de los inmuebles que se han cuestionado, han realizado avances significativos, en virtud de laborar de lunes a domingo, prácticamente. Haciendo uso y destrucción del área que forma parte del PN, como se visualiza en las fotografías adjuntas. Requerimos el criterio de esta Sala Constitucional, respecto demarcación clara de la zona que corresponde al Manglar La Chipriota y su zona de protección y se excluya de dicha zona la autorización de todo tipo de proyecto”.\n\n12.- Por escrito incorporado al expediente digital el 5 de diciembre de 2023, la recurrente señala: “Con el debido respeto se solicita la urgente atención del presente asunto, en la zona, como se ha iterado por parte de la suscrita, se están realizando construcciones a gran velocidad, donde una de ellas, esta (sic) causando una gran afectación a parte del Manglar la Chipriota, que forma parte del Parque Nacional Marino Las Baulas y a su vez, es Patrimonio Natural del Estado, tome su autoridad en consideración que la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, N° 6043, en sus numerales 11 y 12, plantea que todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional, son parte de la zona pública, siendo prohibido sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación. Así las cosas, al encontrarnos ante una construcción, que justamente no es respetuosa con el área que corresponde al Manglar es que debe procederse con la demarcación clara de la zona que corresponde al Manglar La Chipriota y su zona de protección y se excluya de dicha zona la autorización de todo tipo de proyecto”.\n\n13.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.             \n\nRedacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- CUESTIÓN PREVIA. En vista de que el director del Área de Conservación Guanacaste omitió rendir el informe dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso de este asunto, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se procede a analizar la constitucionalidad del asunto con base en los demás elementos aportados a los autos.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente reclama que actualmente en el área limítrofe del Parque Nacional Marino las Baulas la autoridad recurrida ha aprobado registros ambientales o permisos de viabilidad ambiental, en inmuebles que forman parcialmente parte del parque y sin contar con un acceso a calle pública dado que el único acceso que cuentan es propiedad del Parque Nacional Marino Las Baulas y encontrándose en forma colindante a manglares sin respetar un área de protección. En la resolución nro. 1410- 2010-SETENA y su modificación nro. 2174-2010-SETENA, en el apartado de “otras regulaciones” para cada uno de los sectores se indica que: “Todo proyecto de construcción deberá contar como mínimo: 1. Criterio del Área de Conservación, indicando que la propiedad se encuentra fuera del Parque Nacional Marino Las Baulas”. Además, en oficio DM-363-2010 de 19 de marzo de 2010, en el que el entonces ministro, Jorge Rodríguez Quirós, instruyó a la Setena a la aplicabilidad del criterio emitido por la Dirección Jurídica del Minae en oficio DAJ-701-2010 de 06 de marzo de 2010, donde se reitera que: “No se debe otorgar viabilidad ambiental dentro del Área del Parque”. Acusa que lo anterior ha sido vulnerado en perjuicio del área protegida del Parque Nacional Marino Las Baulas, pues la recurrida sigue otorgando permisos de construcción.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:\n\na)      Mediante registro ambiental D2-1158-2022 del 5 de setiembre de 2022, Setena aprobó la construcción de una vivienda unifamiliar en el inmueble matrícula [Valor 004], plano catastrado [Valor 005], propiedad de Surf Sun & Serenity Playa Grande SRL, cédula jurídica número 3-102-869134. (Ver prueba documental).\n\nb)      El 15 de noviembre de 2022, se otorgó permiso de construcción nro. 1247-2022, para la construcción de una vivienda unifamiliar en la finca matrícula [Valor 002], plano catastrado [Valor 003]. Tal construcción cuenta con el registro ambiental D2-0885-2022-R emitido por Setena. (Ver prueba documental).\n\nc)      Por oficio ACT-PNMBG-012-223 de 23 de enero de 2023, el encargado del Parque Nacional Marino Las Baulas le indicó al de Jefe del Departamento Evaluación Ambiental de la Setena: “En seguimiento al Permiso de Construcción N° 1247-2022 aprobado el día 16 de noviembre del 2022 de una vivienda unifamiliar en la finca matrícula [Valor 002], plano catastrado [Valor 003], llama la atención de la administración del área silvestre protegida que este predio se encuentra parcialmente dentro de la delimitación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste según su ley de creación y pronunciamientos; y según se entiende del voto constitucional número 2008-18529 del 16 de diciembre de 2008 (expediente N° 07-005611-0007-CO), donde se le ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de entre otros puntos \"girar las instrucciones dentro del ámbito de su competencia para no tramitar nuevas viabilidad dentro del parque\". Se les recuerda que, según resolución N° 1410-2010-SETENA y su modificación N° 2174-2010-SETENA, en el apartado de “Otras regulaciones” para cada uno de los sectores se indica que: “Todo proyecto de construcción deberá contar como mínimo: 1. Criterio del Área de Conservación, indicando que la propiedad se encuentra fuera del Parque Nacional Marino Las Baulas”. Esto igual queda enfatizado en oficio DM-363-2010 del 19 de marzo el 2010, en el que el entonces ministro, Jorge Rodríguez Quirós, instruye a la SETENA a la aplicabilidad del criterio emitido por la Dirección Jurídica del MINAET mediante oficio DAJ-701-2010 del 6 de marzo del 2010 donde se reitera que: “No se debe otorgar viabilidad ambiental dentro del Área del Parque.” Es de suma importancia el acatamiento al voto constitucional considerando que, de darse la construcción, podría ocasionarse consecuencias en perjuicio del Estado y al proceso de expropiación”. (Ver prueba documental).\n\nd)      En oficio SETENA-DT-DEA-0637-2023 del 9 de junio de 2023, la señora María Julliet Betancur Vélez, en su condición de Jefe del Departamento Evaluación Ambiental del SETENA comunicó a la señora Karla Martos, en su condición de Jefe Asesoría Legal del ministerio lo siguiente: “1. Acerca de la vulnerabilidad extrema del acuífero costero Playa Grande Guanacaste: Mediante el Voto de la Sala Constitucional Voto N° 2008-18529 del 16 de diciembre de 2008, se ordena la realización de un estudio integral sobre el impacto que las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas produciría al ambiente y las medidas necesarias a tomar, y se indicara expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso de agua para consumo humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría sobre todo el ecosistema de la zona, en especial hacia la tortuga Baula. Por lo que el “Estudio Integral sobre el Impacto de las Construcciones y el Desarrollo Turístico y Urbanístico de la Zona de Amortiguamiento del Parque Marino Las Baulas, Guanacaste”, se toma como referencia para la evaluación del impacto ambiental de acuerdo al Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, para el otorgamiento de las viabilidades ambientales en dicha zona de amortiguamiento, en acato a los dispuesto por dicha Sala Constitucional. Por lo anterior y por medio de la Resolución N°1410-2010 del 28 de junio del 2010, se establecen los lineamientos para que las actividades, obras y proyectos, se ajusten a las recomendaciones técnico-ambientales que se generaron a partir del estudio técnico, donde se analizó entre otras cosas la vulnerabilidad a la contaminación. 2. Aprobación de registros ambientales en inmuebles que forman parcialmente parte del parque (D2-0885-2022 y D2-1158-2022), cuyo ingreso es por calle pública que se encuentra dentro del parque: Acerca de ambos registros, la huella constructiva dentro del plano y de acuerdo a los diseños de sitio que se aportan para cada registro, están fuera del Parque Nacional, de manera que se infiere que el registro se otorgó para la construcción en el área del plano que está fuera del Parque Nacional, caso en el cual no se estaría violentando la resolución de la Sala Constitucional que ordenó que no se otorguen VA dentro del parque, ya que la propiedad es privada y solo estaría afectada la prohibición en el área que se localiza dentro del Parque Nacional, y la resolución indicó claramente que la zona de Parque Nacional se delimita y se deja sin uso alguno por lo que la construcción evaluada estaría fuera de dicha zona. Registro 0885-2022. Se observa que se encuentra parcialmente dentro del Parque Marino Las Baulas, sin embargo, esa área no es objeto de construcción según lo aprobado en el permiso ambiental. Diseño de sitio donde se confirma que se encuentra fuera del PNM Las Baulas Registro 1158-2022. Se observa que se encuentra parcialmente dentro del Parque Marino Las Baulas, sin embargo, esa área no es objeto de construcción según lo aprobado en el permiso ambiental Diseño de sitio donde se confirma que se encuentra fuera del PN Por lo anterior, una vez analizados los expedientes anteriores, esta Secretaría ha determinado que, si bien parte del inmueble se encuentra parcialmente dentro del PNM Las Baulas, el área de proyecto aprobada para realizar las obras se ubican fuera de los límites del Parque Nacional, con lo cual no existe ninguna violación al Voto N° 2008-18529 del 16 de diciembre de 2008, por lo que tampoco se estaría en contra de lo establecido en el Oficio DAJ-701- 2010 del 6 de marzo del 2010, por cuanto éste lo que prohibió fue el otorgar VLA dentro de los límites del Parque Nacional, situación que no ocurre para este caso particular. Acerca de que el acceso es por calle pública dentro del parque, como bien se menciona el acceso es por vía pública, donde no existe restricción de ingreso al parque, ya les corresponde a las autoridades correspondientes determinar si se limita el acceso o no por dicha vía, que al día de hoy es de tránsito libre para cualquier ciudadano. 3. En lo que corresponde a la solicitud de Criterio del Área de Conservación, indicando que la propiedad se encuentra fuera del Parque Nacional Marino Las Baulas, efectivamente así está establecido, pero el motivo es claro que es para efectos determinar si el proyecto está fuera del Parque Nacional, situación que según sus indicaciones se solventó con el estudio geoespacial de la unidad SIG de la SETENA, la cual se realiza con los mapas oficiales definidos por el SINAC, y que se encuentran en el SNIT, y donde ya esta Secretaría ha establecido que la huella constructiva esta fuera del parque de manera que a no ser que el SINAC pueda demostrar que dicho estudio que proviene de mapas oficiales esta errado, no existe afectación al Área Silvestre Protegida. Adicionalmente, se consideró innecesario realizar la consulta, teniendo en cuenta que la resolución data del año 2010 y los sistemas de información geográfica desde ese entonces han evolucionado a nivel nacional, contándose con los insumos necesarios para verificar la ubicación de proyectos dentro de Áreas Silvestres Protegidas. 4. Acerca de que no se respetó el área de protección del Manglar la Chipriota, se aclara que los manglares no tienen área de protección, dado que no hay normativa que así lo establezca. Adicionalmente el proyecto no se encuentra dentro de ningún manglar y no se pueden establecer condiciones que no se encuentren normadas según la Ley 8220”. (Ver prueba documental).\n\ne)      Por oficio ACT-PNMBG-148-2023 del 6 de setiembre de 2023, el administrador del Parque Nacional Marino Las Baulas le indicó al director del Área de Conservación Tempisque lo siguiente: “Mediante la presente se procede a realizar el informe técnico sobre el recurso de amparo (RA) EXPEDIENTE N°23-012486-0007-CO. Con el fin de situar en el contexto de la ubicación de las propiedades mencionadas en el RA, se elaboraron las siguientes imágenes: Con respecto a lo mencionado por la recurrente sobre los criterios de uso según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico del SENARA, y la vulnerabilidad extrema del acuífero costero de playa grande Guanacaste recomendado su uso únicamente para la conservación absoluta ; así como el estudio integral del impacto de las construcciones; los suscritos recomendamos que se debe solicitar al ente especializado el análisis detallado del uso de estos estudios para el otorgamiento de los registros ambientales entregados por parte de SETENA. Con respecto a lo mencionado por la recurrente respecto a “en dichos inmuebles están dando inicio proyectos constructivos sin contar con un acceso a calle pública dado que el único acceso que cuente es propiedad del Parque Nacional” se debe aclarar que como se aprecia en las figuras anteriores existe una calle pública dentro de los límites del Parque Nacional que da acceso a las propiedades privadas de esa zona incluyendo las que dieron motivo a este RA, por lo que sí hay acceso por vía pública a los inmuebles. Ahora bien, el recurrido indica que respecto a la “Aprobación de registros ambientales en inmuebles que forman parcialmente parte del parque (D2-0885-2022 y D2-1158- 2022), cuyo ingreso es por calle pública que se encuentra dentro del parque: Acerca de ambos registros, la huella constructiva dentro del plano y de acuerdo a los diseños de sitio que se aportan para cada registro, están fuera del Parque Nacional, de manera que se infiere que el registro se otorgó para la construcción en el área del plano que esta (sic) fuera del Parque Nacional, caso en el cual no se estaría violentando la resolución de la Sala Constitucional que ordenó que no se otorguen VA dentro del parque, ya que la propiedad es privada y solo estaría afectada la prohibición en el área que se localiza dentro del Parque Nacional” es importante aclarar que para ambos registros, como bien se aprecia en las imágenes 3 y 4, si bien tienen acceso a las propiedades por calle pública dentro del PN, dadas las condiciones actuales, el único acceso posible desde la calle pública al área autorizada para el desarrollo, es a través del área que está afectada por los límites del PN. Se recomienda el análisis de la Resolución de la Sala N el 18529-2008, en el punto b del por tanto, donde solicita no otorgar viabilidades ambientales dentro del PN, sin hacer distinción entre si es total o parcial la afectación de los límites del PN sobre propiedad privada. Por otra parte, importante resaltar que en el Registro Ambiental D2-1158-2022 en la descripción del proyecto, SETENA indica: Por lo anterior señalado, el área afectada por el parque no será intervenida” y en el Registro Ambiental D2-0885-2022 SETENA indica: “Por lo anterior, la casa se construirá en la zona del terreno no afectada por el parque en cuestión, es decir, el área afectada por el parque no será intervenida y se dejará como zona verde”, además el recurrido menciona que en el punto 2 “…que de manera que se infiere que el registro se otorgó para la construcción en el área del plano que esta (sic) fuera del Parque Nacional, caso en el cual no se estaría violentando la resolución de la Sala Constitucional que ordenó que no se otorguen VA dentro del parque, ya que la propiedad es privada y solo estaría afectada la prohibición en el área que se localiza dentro del Parque Nacional, y la resolución indicó claramente que la zona de Parque Nacional se delimita y se deja sin uso alguno por lo que la construcción evaluada estaría fuera de dicha zona”. En ambos casos, es contradictoria la afirmación que no se esté interviniendo el área dentro del PN, ya que como se puede apreciar en las imágenes siguientes, se está utilizando el área afectada por los límites del PN para el depósito de materiales, ingreso al área autorizada y como parte del proceso de construcción. Con respecto a la zona de protección del manglar que hace mención la recurrente, como bien lo indica el recurrido, no existe norma que contemple zonas de protección de manglares. Es importante señalar, que como se aprecia en las imágenes 1 y 2 de este informe, el desarrollo inmobiliario de esa franja en la que están inmersas las propiedades que se mencionan en este informe, puede resultar contraproducente con los objetivos de conservación del área protegida, al ser un área ambientalmente frágil, como se señala Resolución de la Sala N el 18529-2008 en el apartado 5 sobre las cómo las omisiones de SETENA vulneran el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A manera que conclusión, los suscritos consideramos que: 1. En ambos casos, existe intervención de las áreas dentro de los límites del PN, ya sea como acceso o como depósito de materiales. 2. El desarrollo inmobiliario de esa franja puede afectar los objetivos de conservación del área protegida. 3. El desarrollo inmobiliario de esa franja, aumentaría significativamente los costos de expropiación”. (Ver prueba documental).\n\nIV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Respecto a este derecho, en la sentencia nro. 2022022070 de las 9:20 horas del 23 de setiembre de 2022, la Sala señaló:\n\n“Concerniente a la naturaleza de los agravios acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:\n\n“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios. Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.\n\nInteresa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.\n\nEn esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:\n\n“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)\n\n49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52. Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. 53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”, por lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (…) 55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45) (…) 59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.\n\nEsta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:\n\n“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales.”.\n\nTambién, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, ese Consejo señaló:\n\n “(…) Reconociendo que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos, incluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación en la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)\n\nReconociendo además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)\n\nReconociendo la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)\n\n1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos;\n\n2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El resaltado no corresponde al original).\n\nDe este modo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de este bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un factor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser humano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en lo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.\n\nAllende de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra aludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible de protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas individuales. En tal sentido, dispuso:\n\n“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.”. (El resaltado no corresponde al original).\n\nEsta tesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH afirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia existencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de manera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques, mares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de la CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la trascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de la referida resolución:\n\n“203. La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).\n\nCon base en lo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo” (el resaltado es del original).\n\nAunado a lo anterior, recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, en la que se consignó:\n\n“1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano;\n\n2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente;\n\n3. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional;\n\n4. Exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos”.\n\nEsta resolución es la expresión formal de la voluntad del órgano principal de deliberación, adopción de políticas y representación de la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, constituye un compromiso político de carácter universal que debe ser valorado como fuente de soft law de la mayor relevancia.\n\nPrecisamente, la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 afirma que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto, en buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su comprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción de que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que vale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual propia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de otros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección trasciende al ser humano, puesto que brinda cobijo a los diversos componentes de la naturaleza debido a su trascendencia para preservar la existencia de los organismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los seres humanos.\n\nAsimismo, reitera y, por esa vía, fortalece la tesitura de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra vinculado con otros derechos humanos, lo que implica que su transgresión puede acarrear la vulneración de la salud, la vida, el desarrollo sostenible democrático, por citar tan solo algunos ejemplos. Lo anterior confiere un significado jurídico particularmente relevante al derecho de marras.\n\nEn adición, la Asamblea General de la ONU preceptúa que la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado demanda la plena aplicación de los derechos convencionales relacionados con el ambiente en consonancia con los principios del derecho ambiental internacional. De lo anterior se colige su imprescindible inclusión dentro del control jurisdiccional de constitucionalidad por parte de esta Sala.\n\nPor último, en armonía con la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regula que la obligación de resguardar al ambiente, allende de los estados, se extiende a organizaciones internacionales, empresas y otros interesados, término último que comprende a los seres humanos en general. Justamente es en ese sentido, que la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla el amparo contra sujetos de derecho privado.\n\nEn suma, bajo el marco conceptual explicado ut supra, este Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de los compromisos convencionales y constitucionales que al Estado costarricense y a la sociedad en general le imponen no solo la obligación de reconocer los derechos, principios y valores de la materia ambiental, sino también la de implementar todas aquellas medidas y actuaciones que se precisan para asegurar la efectiva protección a aquellos” (el resaltado es del original).\n\nV.- SOBRE EL FONDO. En la especie, la recurrente reclama que actualmente en el área limítrofe del Parque Nacional Marino las Baulas la autoridad recurrida ha aprobado registros ambientales o permisos de viabilidad ambiental, en inmuebles que forman parcialmente parte del parque y sin contar con un acceso a calle pública dado que el único acceso que cuentan es propiedad del Parque Nacional Marino Las Baulas y encontrándose en forma colindante a manglares sin respetar un área de protección. En la resolución nro. 1410- 2010-SETENA y su modificación nro. 2174-2010-SETENA, en el apartado de “otras regulaciones” para cada uno de los sectores se indica que: “Todo proyecto de construcción deberá contar como mínimo: 1. Criterio del Área de Conservación, indicando que la propiedad se encuentra fuera del Parque Nacional Marino Las Baulas”. Además, en oficio DM-363-2010 de 19 de marzo de 2010, en el que el entonces ministro, Jorge Rodríguez Quirós, instruyó a la Setena a la aplicabilidad del criterio emitido por la Dirección Jurídica del Minae en oficio DAJ-701-2010 de 06 de marzo de 2010, donde se reitera que: “No se debe otorgar viabilidad ambiental dentro del Área del Parque”. Acusa que lo anterior ha sido vulnerado en perjuicio del área protegida del Parque Nacional Marino Las Baulas, pues la recurrida sigue otorgando permisos de construcción.\n\nAl respecto, la Sala observa que mediante registro ambiental D2-1158-2022 del 5 de setiembre de 2022, Setena aprobó la construcción de una vivienda unifamiliar en el inmueble matrícula [Valor 004], plano catastrado [Valor 005], propiedad de Surf Sun & Serenity Playa Grande SRL, cédula jurídica número 3-102-869134. El 15 de noviembre de 2022, se otorgó permiso de construcción nro. 1247-2022, para la construcción de una vivienda unifamiliar en la finca matrícula [Valor 002], plano catastrado [Valor 003]. Tal construcción cuenta con el registro ambiental D2-0885-2022-R emitido por Setena.\n\nPor su parte, se tiene que por oficio ACT-PNMBG-012-223 de 23 de enero de 2023, el encargado del Parque Nacional Marino Las Baulas le indicó al de Jefe del Departamento Evaluación Ambiental de la Setena: “En seguimiento al Permiso de Construcción N° 1247-2022 aprobado el día 16 de noviembre del 2022 de una vivienda unifamiliar en la finca matrícula [Valor 002], plano catastrado [Valor 003], llama la atención de la administración del área silvestre protegida que este predio se encuentra parcialmente dentro de la delimitación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste según su ley de creación y pronunciamientos; y según se entiende del voto constitucional número 2008-18529 del 16 de diciembre de 2008 (expediente N° 07-005611-0007-CO), donde se le ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de entre otros puntos \"girar las instrucciones dentro del ámbito de su competencia para no tramitar nuevas viabilidad dentro del parque\". Se les recuerda que, según resolución N° 1410-2010-SETENA y su modificación N° 2174-2010-SETENA, en el apartado de “Otras regulaciones” para cada uno de los sectores se indica que: “Todo proyecto de construcción deberá contar como mínimo: 1. Criterio del Área de Conservación, indicando que la propiedad se encuentra fuera del Parque Nacional Marino Las Baulas”. Esto igual queda enfatizado en oficio DM-363-2010 del 19 de marzo el 2010, en el que el entonces ministro, Jorge Rodríguez Quirós, instruye a la SETENA a la aplicabilidad del criterio emitido por la Dirección Jurídica del MINAET mediante oficio DAJ-701-2010 del 6 de marzo del 2010 donde se reitera que: “No se debe otorgar viabilidad ambiental dentro del Área del Parque.” Es de suma importancia el acatamiento al voto constitucional considerando que, de darse la construcción, podría ocasionarse consecuencias en perjuicio del Estado y al proceso de expropiación”.\n\nPor su parte, en oficio SETENA-DT-DEA-0637-2023 del 9 de junio de 2023, la señora María Julliet Betancur Vélez, en su condición de jefe del Departamento Evaluación Ambiental de la Setena comunicó a la señora Karla Martos, en su condición de Jefe Asesoría Legal del ministerio lo siguiente: “1. Acerca de la vulnerabilidad extrema del acuífero costero Playa Grande Guanacaste: Mediante el Voto de la Sala Constitucional Voto N° 2008-18529 del 16 de diciembre de 2008, se ordena la realización de un estudio integral sobre el impacto que las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas produciría al ambiente y las medidas necesarias a tomar, y se indicara expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso de agua para consumo humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría sobre todo el ecosistema de la zona, en especial hacia la tortuga Baula. Por lo que el “Estudio Integral sobre el Impacto de las Construcciones y el Desarrollo Turístico y Urbanístico de la Zona de Amortiguamiento del Parque Marino Las Baulas, Guanacaste”, se toma como referencia para la evaluación del impacto ambiental de acuerdo al Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, para el otorgamiento de las viabilidades ambientales en dicha zona de amortiguamiento, en acato a los dispuesto por dicha Sala Constitucional. Por lo anterior y por medio de la Resolución N°1410-2010 del 28 de junio del 2010, se establecen los lineamientos para que las actividades, obras y proyectos, se ajusten a las recomendaciones técnico-ambientales que se generaron a partir del estudio técnico, donde se analizó entre otras cosas la vulnerabilidad a la contaminación. 2. Aprobación de registros ambientales en inmuebles que forman parcialmente parte del parque (D2-0885-2022 y D2-1158-2022), cuyo ingreso es por calle pública que se encuentra dentro del parque: Acerca de ambos registros, la huella constructiva dentro del plano y de acuerdo a los diseños de sitio que se aportan para cada registro, están fuera del Parque Nacional, de manera que se infiere que el registro se otorgó para la construcción en el área del plano que está fuera del Parque Nacional, caso en el cual no se estaría violentando la resolución de la Sala Constitucional que ordenó que no se otorguen VA dentro del parque, ya que la propiedad es privada y solo estaría afectada la prohibición en el área que se localiza dentro del Parque Nacional, y la resolución indicó claramente que la zona de Parque Nacional se delimita y se deja sin uso alguno por lo que la construcción evaluada estaría fuera de dicha zona. Registro 0885-2022. Se observa que se encuentra parcialmente dentro del Parque Marino Las Baulas, sin embargo, esa área no es objeto de construcción según lo aprobado en el permiso ambiental. Diseño de sitio donde se confirma que se encuentra fuera del PNM Las Baulas Registro 1158-2022. Se observa que se encuentra parcialmente dentro del Parque Marino Las Baulas, sin embargo, esa área no es objeto de construcción según lo aprobado en el permiso ambiental Diseño de sitio donde se confirma que se encuentra fuera del PN Por lo anterior, una vez analizados los expedientes anteriores, esta Secretaría ha determinado que, si bien parte del inmueble se encuentra parcialmente dentro del PNM Las Baulas, el área de proyecto aprobada para realizar las obras se ubican fuera de los límites del Parque Nacional, con lo cual no existe ninguna violación al Voto N° 2008-18529 del 16 de diciembre de 2008, por lo que tampoco se estaría en contra de lo establecido en el Oficio DAJ-701- 2010 del 6 de marzo del 2010, por cuanto éste lo que prohibió fue el otorgar VLA dentro de los límites del Parque Nacional, situación que no ocurre para este caso particular. Acerca de que el acceso es por calle pública dentro del parque, como bien se menciona el acceso es por vía pública, donde no existe restricción de ingreso al parque, ya les corresponde a las autoridades correspondientes determinar si se limita el acceso o no por dicha vía, que al día de hoy es de tránsito libre para cualquier ciudadano. 3. En lo que corresponde a la solicitud de Criterio del Área de Conservación, indicando que la propiedad se encuentra fuera del Parque Nacional Marino Las Baulas, efectivamente así está establecido, pero el motivo es claro que es para efectos determinar si el proyecto está fuera del Parque Nacional, situación que según sus indicaciones se solventó con el estudio geoespacial de la unidad SIG de la SETENA, la cual se realiza con los mapas oficiales definidos por el SINAC, y que se encuentran en el SNIT, y donde ya esta Secretaría ha establecido que la huella constructiva esta fuera del parque de manera que a no ser que el SINAC pueda demostrar que dicho estudio que proviene de mapas oficiales esta errado, no existe afectación al Área Silvestre Protegida. Adicionalmente, se consideró innecesario realizar la consulta, teniendo en cuenta que la resolución data del año 2010 y los sistemas de información geográfica desde ese entonces han evolucionado a nivel nacional, contándose con los insumos necesarios para verificar la ubicación de proyectos dentro de Áreas Silvestres Protegidas. 4. Acerca de que no se respetó el área de protección del Manglar la Chipriota, se aclara que los manglares no tienen área de protección, dado que no hay normativa que así lo establezca. Adicionalmente el proyecto no se encuentra dentro de ningún manglar y no se pueden establecer condiciones que no se encuentren normadas según la Ley 8220” (Lo resaltado no corresponde al original).\n\nFinalmente, se tiene que por oficio ACT-PNMBG-148-2023 del 6 de setiembre de 2023, el administrador del Parque Nacional Marino Las Baulas le indicó al director del Área de Conservación Tempisque lo siguiente: “Mediante la presente se procede a realizar el informe técnico sobre el recurso de amparo (RA) EXPEDIENTE N°23-012486-0007-CO. Con el fin de situar en el contexto de la ubicación de las propiedades mencionadas en el RA, se elaboraron las siguientes imágenes: Con respecto a lo mencionado por la recurrente sobre los criterios de uso según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico del SENARA, y la vulnerabilidad extrema del acuífero costero de playa grande Guanacaste recomendado su uso únicamente para la conservación absoluta ; así como el estudio integral del impacto de las construcciones; los suscritos recomendamos que se debe solicitar al ente especializado el análisis detallado del uso de estos estudios para el otorgamiento de los registros ambientales entregados por parte de SETENA. Con respecto a lo mencionado por la recurrente respecto a “en dichos inmuebles están dando inicio proyectos constructivos sin contar con un acceso a calle pública dado que el único acceso que cuente es propiedad del Parque Nacional” se debe aclarar que como se aprecia en las figuras anteriores existe una calle pública dentro de los límites del Parque Nacional que da acceso a las propiedades privadas de esa zona incluyendo las que dieron motivo a este RA, por lo que sí hay acceso por vía pública a los inmuebles. Ahora bien, el recurrido indica que respecto a la “Aprobación de registros ambientales en inmuebles que forman parcialmente parte del parque (D2-0885-2022 y D2-1158- 2022), cuyo ingreso es por calle pública que se encuentra dentro del parque: Acerca de ambos registros, la huella constructiva dentro del plano y de acuerdo a los diseños de sitio que se aportan para cada registro, están fuera del Parque Nacional, de manera que se infiere que el registro se otorgó para la construcción en el área del plano que esta (sic) fuera del Parque Nacional, caso en el cual no se estaría violentando la resolución de la Sala Constitucional que ordenó que no se otorguen VA dentro del parque, ya que la propiedad es privada y solo estaría afectada la prohibición en el área que se localiza dentro del Parque Nacional” es importante aclarar que para ambos registros, como bien se aprecia en las imágenes 3 y 4, si bien tienen acceso a las propiedades por calle pública dentro del PN, dadas las condiciones actuales, el único acceso posible desde la calle pública al área autorizada para el desarrollo, es a través del área que está afectada por los límites del PN. Se recomienda el análisis de la Resolución de la Sala N el 18529-2008, en el punto b del por tanto, donde solicita no otorgar viabilidades ambientales dentro del PN, sin hacer distinción entre si es total o parcial la afectación de los límites del PN sobre propiedad privada. Por otra parte, importante resaltar que en el Registro Ambiental D2-1158-2022 en la descripción del proyecto, SETENA indica: Por lo anterior señalado, el área afectada por el parque no será intervenida” y en el Registro Ambiental D2-0885-2022 SETENA indica: “Por lo anterior, la casa se construirá en la zona del terreno no afectada por el parque en cuestión, es decir, el área afectada por el parque no será intervenida y se dejará como zona verde”, además el recurrido menciona que en el punto 2 “…que de manera que se infiere que el registro se otorgó para la construcción en el área del plano que esta (sic) fuera del Parque Nacional, caso en el cual no se estaría violentando la resolución de la Sala Constitucional que ordenó que no se otorguen VA dentro del parque, ya que la propiedad es privada y solo estaría afectada la prohibición en el área que se localiza dentro del Parque Nacional, y la resolución indicó claramente que la zona de Parque Nacional se delimita y se deja sin uso alguno por lo que la construcción evaluada estaría fuera de dicha zona”. En ambos casos, es contradictoria la afirmación que no se esté interviniendo el área dentro del PN, ya que como se puede apreciar en las imágenes siguientes, se está utilizando el área afectada por los límites del PN para el depósito de materiales, ingreso al área autorizada y como parte del proceso de construcción. Con respecto a la zona de protección del manglar que hace mención la recurrente, como bien lo indica el recurrido, no existe norma que contemple zonas de protección de manglares. Es importante señalar, que como se aprecia en las imágenes 1 y 2 de este informe, el desarrollo inmobiliario de esa franja en la que están inmersas las propiedades que se mencionan en este informe, puede resultar contraproducente con los objetivos de conservación del área protegida, al ser un área ambientalmente frágil, como se señala Resolución de la Sala N el 18529-2008 en el apartado 5 sobre las cómo las omisiones de SETENA vulneran el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A manera que conclusión, los suscritos consideramos que: 1. En ambos casos, existe intervención de las áreas dentro de los límites del PN, ya sea como acceso o como depósito de materiales. 2. El desarrollo inmobiliario de esa franja puede afectar los objetivos de conservación del área protegida. 3. El desarrollo inmobiliario de esa franja, aumentaría significativamente los costos de expropiación”.\n\nDesde este panorama, se acredita una lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nEn este sentido, es necesario aclarar que, prima facie, no le corresponde a esta Sala determinar la procedencia de los permisos de construcción y aprobación de los registros ambientales D2-1158-2022 y D2-0885-2022-R emitido por Setena.\n\nCon independencia de lo anterior, si bien se observa que la huella constructiva de los proyectos aprobados por Setena está fuera del Parque Nacional Marino Las Baulas, no menos cierto es que del oficio ACT-PNMBG-148-2023 -citado ut supra- se desprende que el administrador del parque consignó: “como se puede apreciar en las imágenes siguientes, se está utilizando el área afectada por los límites del PN para el depósito de materiales, ingreso al área autorizada y como parte del proceso de construcción. Con respecto a la zona de protección del manglar que hace mención la recurrente, como bien lo indica el recurrido, no existe norma que contemple zonas de protección de manglares. Es importante señalar, que como se aprecia en las imágenes 1 y 2 de este informe, el desarrollo inmobiliario de esa franja en la que están inmersas las propiedades que se mencionan en este informe, puede resultar contraproducente con los objetivos de conservación del área protegida, al ser un área ambientalmente frágil, como se señala Resolución de la Sala N el 18529-2008 en el apartado 5 sobre las cómo las omisiones de SETENA vulneran el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A manera que conclusión, los suscritos consideramos que: 1. En ambos casos, existe intervención de las áreas dentro de los límites del PN, ya sea como acceso o como depósito de materiales. 2. El desarrollo inmobiliario de esa franja puede afectar los objetivos de conservación del área protegida. 3. El desarrollo inmobiliario de esa franja, aumentaría significativamente los costos de expropiación”.\n\nAsí las cosas, en resguardo y tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo correspondiente es declarar con lugar el recurso a los efectos de que tanto las autoridades de la Setena como del Sinac realicen las inspecciones necesarias a los efectos de determinar si las construcciones implican o no una afectación al Parque Nacional Marino Las Baulas y resuelvan lo que en derecho corresponde.\n\n VI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:\n\nLa protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Ulises Álvarez Acosta, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y a David Chavarría Morales, en su condición de director ejecutivo a. i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o a quienes ocupe tales cargos, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que DE FORMA INMEDIATA, se realice una inspección a las construcciones realizadas bajo los registros ambientales D2-0885-2022 y D2-1158-2022 y esa inspección deberá finalizar en un plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Además, en caso de determinarse afectación alguna al área del Parque Nacional Marino Las Baulas, tal situación deberá ser resuelta como en derecho corresponde dentro del plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y al Sistema Nacional de Área de Conservación al pago de costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese. \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n NYAXA47YJLOY61\n\nEXPEDIENTE N° 23-012486-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:54:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 01082 – 2024**\n\n**Date of Resolution:** January 19, 2024, at 09:15\n\n**Case File:** 23-012486-0007-CO\n\n**Drafted by:** Fernando Cruz Castro\n\n**Type of matter:** Amparo action\n\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**\n\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS\n\n**Topic:** ENVIRONMENT\n\n**Subtopics:**\n\nENVIRONMENTAL DAMAGE.\n\n001082-24. THE LACK OF DELIMITATION OF THE LAS BAULAS NATIONAL MARINE PARK AND CONSTRUCTION PERMITS THAT HAVE BEEN GRANTED ARE QUESTIONED. THE ACTION IS GRANTED. THE SECRETARY GENERAL OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT AND THE ACTING EXECUTIVE DIRECTOR OF THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS ARE ORDERED TO COORDINATE WHAT IS NECESSARY SO THAT AN INSPECTION OF THE CONSTRUCTIONS CARRIED OUT UNDER ENVIRONMENTAL REGISTRATIONS D2-0885-2022 AND D2-1158-2022 IS IMMEDIATELY PERFORMED, AND SAID INSPECTION MUST BE CONCLUDED WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF ONE MONTH. FURTHERMORE, IF ANY IMPACT ON THE AREA OF THE LAS BAULAS NATIONAL MARINE PARK IS DETERMINED, SUCH SITUATION MUST BE RESOLVED AS LEGALLY CORRESPONDS WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWO MONTHS.\n\n... See more\n**Text of the resolution**\n\n\n\nExp: 23-012486-0007-CO\n\nRes. No. 2024001082\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on January nineteenth, two thousand twenty-four.\n\nAmparo action filed by [Name 001], identification number [Value 001], against the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL).\n\n**Whereas:**\n\n1.- By written submission provided to the Chamber on May 30, 2023, the petitioner files an amparo action and states that the matrix of use criteria based on aquifer contamination vulnerability for water resource protection by SENARA determined the coastal aquifer of Playa Grande Guanacaste to be of extreme vulnerability, recommending its use solely for absolute conservation. Indicates that in compliance with resolutions of this Constitutional Chamber No. 1923-2004 and No. 8892-2012, which set forth the mandatory creation of aquifer vulnerability maps for several cantons of the country and a matrix of technical criteria. States that currently, in the boundary area of the Las Baulas National Marine Park (Parque Nacional Marino las Baulas), environmental registrations or environmental viability (viabilidad ambiental) permits have been approved on properties that are partially part of the park. Recounts that on said properties, construction projects are beginning, without having access to a public road given that the only access they have is property of the Las Baulas National Marine Park, and being adjacent to mangroves without respecting a protection area. Adds that on November 15, 2022, Construction Permit No. 1247-2022 was granted for the construction of a single-family home on the property with registration number [Value 002], cadastral map [Value 003], having Environmental Registration D2-0885-2022-R issued by SETENA, owned by Childs River LLC Limitada, legal identification number 3-102-870613. Indicates that this property borders the Las Baulas National Marine Park and its access is directly the Park. States that this property borders the Manglar la Chipriota, that the construction process of arranging the ground foundations has already begun, and the mangrove protection area has not been respected. Recounts that, as can be seen in the photographs provided, the fill is located barely three meters from where construction would begin. Adds that construction permit and environmental registration D2-1158-2022 approved and issued by SETENA were granted for the construction of a single-family home, to the property with registration number [Value 004], cadastral map [Value 005], owned by Surf Sun & Serenity Playa Grande SRL, legal identification number 3-102-869134. Indicates that according to an internal geospatial review form ST-LRA-For-01- v.01 of September 5, 2022, signed by Paulo Esteban Gutiérrez Cascante, an official of SETENA, this property borders the Las Baulas National Marine Park and its access is directly the park, so the project will be developed within the National Park, 90 meters from the landmark within the concessionable zone, 20% of this lot is affected by the Las Baulas National Marine Park, that is, 160 square meters, given the above, the dwelling will be built on the area of the lot not affected by said Park (in the 640 meters); although the environmental registration indicates the park will not be intervened, due to the design shown in the plan, it notes that the direct access to the property is through property of the Las Baulas National Marine Park. States that this property and the construction are located in front of the National Park Station. Recounts that the project is located within the Buffer Zone (Zona de Amortiguamiento) of the Las Baulas National Marine Park, an area with extreme aquifer vulnerability of the Huacas Tamarindo aquifer. Adds that on January 23, 2023, via official communication ACT-PNMBG-012-2023, Alexander Sánchez Chavarría, of the Las Baulas National Marine Park of Guanacaste, addressed Ms. Julliet Betancur, Head of Environmental Evaluation (Evaluación Ambiental) of the National Environmental Technical Secretariat, where he indicated, in relation to Construction Permit No. 1247-2022 approved on November 16, 2022 for a single-family home on the property with registration number [Value 002], cadastral map [Value 006], the following: \"They are reminded that, according to resolution No. 1410- 2010-SETENA and its modification No. 2174-2010-SETENA, in the 'Other regulations' section for each of the sectors, it is indicated that: 'Every construction project must have at least: 1. Criterion from the Conservation Area (Área de Conservación), indicating that the property is located outside the Las Baulas National Marine Park'.\" Indicates that this is equally emphasized in official communication DM-363-2010 of March 19, 2010, in which the then minister, Jorge Rodríguez Quirós, instructed SETENA on the applicability of the criterion issued by the Legal Directorate of MINAET in official communication DAJ-701-2010 of March 6, 2010, where it is reiterated that: \"Environmental viability should not be granted within the Park Area.\" Complains that in violation of these provisions and to the detriment of the protected area of the Las Baulas National Marine Park, construction permits continue to be granted by SETENA, which injures the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\n2.- By resolution of 12:49 on May 31, 2023, the process is set in motion and reports are requested from the respondent authorities.\n\n3.- Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, reports under oath that, in order to provide an accurate response from a technical point of view regarding the claims made, a technical criterion was requested for better resolution, which was issued through official communication No. SETENA-DT-ASA-0637-2023 of June 9, 2023, in which it was explained: “... 1. Regarding the extreme vulnerability of the Playa Grande Guanacaste coastal aquifer: Through Vote of the Constitutional Chamber Vote No. 2008-18529 of December 16, 2008, a comprehensive study was ordered on the impact that constructions and tourism and urban development in the buffer zone of the Las Baulas National Marine Park would produce on the environment and the necessary measures to be taken, and to expressly indicate the impact that noise, lights, the use of water for human consumption, black and wastewater, human presence, and others would produce on the entire ecosystem of the zone, especially on the leatherback turtle (tortuga Baula). Therefore, the 'Comprehensive Study on the Impact of Constructions and Tourism and Urban Development in the Buffer Zone of Las Baulas Marine Park, Guanacaste,' is taken as a reference for the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) according to Article 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), for the granting of environmental viabilities in said buffer zone, in compliance with the provisions of said Constitutional Chamber. For the above reasons and through Resolution No. 1410-2010 of June 28, 2010, the guidelines are established so that activities, works, and projects conform to the technical-environmental recommendations generated from the technical study, where, among other things, contamination vulnerability was analyzed. 2. Approval of environmental registrations on properties that are partially part of the park (D2-0885-2022 and D2-1158-2022), whose entrance is by a public road located within the park: Regarding both registrations, the construction footprint within the plan and according to the site designs provided for each registration, are outside the National Park, so it is inferred that the registration was granted for construction in the area of the plan that is outside the National Park, in which case the resolution of the Constitutional Chamber that ordered that environmental viabilities not be granted within the park would not be violated, since the property is private and the prohibition would only affect the area located within the National Park, and the resolution clearly indicated that the National Park zone is delimited and left without any use, so the evaluated construction would be outside said zone. Therefore, having analyzed the previous case files, this Secretariat has determined that, although part of the property is partially within the PNM Las Baulas, the project area approved for carrying out the works is located outside the limits of the National Park, meaning there is no violation of Vote No. 2008-18529 of December 16, 2008, nor would it be against what was established in Official Communication DAJ-701- 2010 of March 6, 2010, as this prohibited granting environmental viability licenses (VLA) within the limits of the National Park, a situation that does not occur in this particular case. Regarding the access being by a public road within the park, as is mentioned, the access is via a public road, where there is no restriction on entering the park, and it is up to the corresponding authorities to determine whether or not to limit access via said road, which today is freely transited by any citizen. 3. Regarding the request for a Criterion from the Conservation Area, indicating that the property is located outside the Las Baulas National Marine Park, this is indeed established, but the clear reason is for purposes of determining whether the project is outside the National Park, a situation which, according to its indications, was resolved with the geospatial study by the GIS unit of SETENA, which is carried out with the official maps defined by SINAC, and that are found in the SNIT, and where this Secretariat has already established that the construction footprint is outside the park, so unless SINAC can demonstrate that said study, derived from official maps, is erroneous, there is no impact on the Wild Protected Area (Área Silvestre Protegida). Additionally, it was deemed unnecessary to make the consultation, considering that the resolution dates from 2010 and geographic information systems have since evolved nationally, having the necessary inputs to verify the location of projects within Wild Protected Areas. 4. Regarding that the protection area of the Manglar la Chipriota was not respected, it is clarified that mangroves do not have a protection area, given that there is no regulation establishing such. Additionally, the project is not located within any mangrove, and conditions that are not regulated according to Law 8220 (Ley 8220) cannot be established.” In accordance with the aforementioned technical information, it is determined that this Secretariat acted in conformity within its competencies and has carried out the project evaluation as corresponds, under the due process and technical-environmental analysis required for the projects in question, given that the approved works are subject to the established guidelines for the zone and remain outside the national park area. It is not omitted to state that in accordance with Article 17 of the Organic Environmental Law, which establishes that Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) is the initial requirement for processing any request for final permits for the development of activities, works, or projects; SETENA performs this evaluation of the projects submitted and grants the environmental license (licencia ambiental) as a prior and predictive requirement for obtaining any final permit by the project developer. Thus, it is clear that the final permits for the construction of the properties in question are the responsibility of other bodies, to which the developers of these projects must turn. Requests that the action be declared without merit.\n\n4.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber on June 29, 2023, the petitioner states that the arguments put forward by the respondent's representative, firstly, confirm the claim made in the action, in the sense that the properties that partially form part of the park (D2-0885-2022 and D2-1158-2022) and their entrance is through national park access, are justified on the basis that the construction is carried out on property that does not belong to the park, but the reality of the analysis of the construction sketches is that the only access these constructions have is directly through property of the National Park. Now, regarding the Manglar la Chipriota, the reasoning to authorize construction a few meters from the mangrove is ludicrous, lacking motivation, given that, indeed, Costa Rica does have compliance regulations regarding mangroves, such as the Technical Criteria for the Identification, Classification, and Conservation of Wetlands, No. 35803-MINAET, which establishes: “Wetland ecosystems, whether or not created by decree or law, regardless of who owns them, must be protected and conserved; MINAET, through the National System of Conservation Areas, under national and international regulations, must ensure their conservation. However, only wetlands that are part of the Natural Heritage of the State must be administered by SINAC;” we also have the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), and the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, which establish that the Manglar La Chipriota, having multiple mangrove species such as piñuela mangrove, red, white or mariquito, and buttonwood, located within the Tamarindo, San Francisco, and Ventanas estuaries, is declared of importance for humanity. Given that, as established by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), mangroves are coastal forests found in protected estuaries and along the banks of rivers and lagoons in the tropics and subtropics. Thus, in our view, we have compelling evidence that determines that SETENA, with the granting of environmental registrations which in turn triggered the granting of construction permits, has caused an injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of having caused an injury to the conservation, use, and sustainable management of the biodiversity of the Las Baulas National Marine Park; as the construction projects are located not only in the buffer zone of the Las Baulas National Marine Park but are properties that are partially within the same Park and intend to continue using National Park lands for their access. They contradict the statement by establishing that the access is a public road, given that, under the constitutive limits of the National Park, the road known as “Calle Los Guanacastes,” is an access road to the Park, which should not have to be of unrestricted use by the administered; it could be considered exceptional for constructions existing at the time of the Park's constitution, but for new constructions, an access that is not part of the National Park's property should be required. Authorizing transit and entry through park property goes against the conservation objectives and the protection of the environment, especially regarding the protection of the nesting site of the leatherback turtles, which, as indicated, is of worldwide importance. All of the above implies, as indicated, a violation of the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The former has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is found in articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, especially those which, like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. Thus, with due respect, I request the magistrates to grant the present Amparo Action, ordering the suspension of the effects of the resolutions that authorize the constructions and to proceed with the denial of construction permits on properties that border the Las Baulas National Marine Park, both by SETENA and by the competent Municipalities. Ordering the respondent to clearly demarcate the zone corresponding to the Manglar La Chipriota and its protection zone and to exclude from said zone the authorization of any type of project. With the corresponding award of costs.\n\n5.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber on July 13, 2023, the petitioner states that as of the date incorporated below, the construction processes on the properties (of which almost 50% are within the limits of the Las Baulas National Marine Park) have continued their progress, thereby causing serious, irreversible harm to the ecosystems and endangered species that the park seeks to protect; these types of actions by SETENA represent a resounding violation of the principle of progressivity and non-regression of environmental protection. As has been raised, the issue of construction on property of the Las Baulas National Marine Park is not new, given that this Constitutional Chamber, through resolution No. 18529 – 2008, had previously proceeded to order the annulment of all environmental viabilities granted on properties located within the Las Baulas National Marine Park and to order the Ministry of Environment and Energy to immediately continue with the expropriation processes for such properties, and in turn ordered that the validity of the construction permits granted on properties located within the buffer zone (500-meter strip) of the Las Baulas National Marine Park by the Municipality of Santa Cruz be left suspended and conditional. In the claims raised in the filed amparo action, with properties that partially form part of the National Park, it is intended, without justification, to continue with their access directly through property of the National Park and, furthermore, in one of the cases raised, a construction work is underway without respecting a protection area for the Manglar la Chipriota, due to that entity's erroneous interpretation that there is no legal basis for their protection. Thus, with due respect, we reiterate to the magistrates to order the suspension of the effects of the resolutions that authorize the constructions and to proceed with the denial of construction permits on properties that border the Las Baulas National Marine Park, at least as a precautionary measure while they duly resolve our petition, in order not to cause greater environmental impact than already caused.\n\n6.- By resolution of 11:10 a.m. on August 20, 2023, the parties to the action were expanded and a report was requested from the executive director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) and the director of the Guanacaste Conservation Area (Área de Conservación Guanacaste).\n\n7.- David Chavarría Morales, in his condition as Acting Executive Director of the National System of Conservation Areas, reports under oath that in relation to the facts indicated in this amparo action, a report was requested from Mr. Nelson Marín Mora, Regional Director of the Tempisque Conservation Area, hereinafter ACT; on which this report, official communication ACT-PNMBG-148-2023 of September 6, 2023, attached as evidence, is based. In report ACT-PNMBG-148-2023 signed by ….. it is indicated: “…By this means, the technical report on the amparo action (RA) CASE FILE No. 23-012486-0007-CO is hereby submitted for the purposes of preparing the report. In order to situate the context of the location of the properties mentioned in the RA, the following images were prepared: With respect to what was mentioned by the petitioner about the use criteria based on the aquifer contamination vulnerability for the protection of SENARA’s water resources, and the extreme vulnerability of the Playa Grande Guanacaste coastal aquifer, recommending its use solely for absolute conservation; as well as the comprehensive study on the impact of constructions; the undersigned recommend that a detailed analysis of the use of these studies for the granting of the environmental registrations provided by SETENA should be requested from the specialized entity. With respect to what was mentioned by the petitioner regarding 'on said properties, construction projects are beginning without having access to a public road given that the only access they have is property of the National Park,' it must be clarified that, as seen in the previous figures, there is a public road within the limits of the National Park that gives access to the private properties in that zone, including those that gave rise to this RA, so there is public road access to the properties. However, the respondent indicates that regarding the 'Approval of environmental registrations on properties that are partially part of the park (D2-0885-2022 and D2-1158-2022), whose entrance is by a public road located within the park: Regarding both registrations, the construction footprint within the plan and according to the site designs provided for each registration, are outside the National Park, so it is inferred that the registration was granted for construction in the area of the plan that is outside the National Park, in which case the resolution of the Constitutional Chamber that ordered that environmental viabilities not be granted within the park would not be violated, since the property is private and the prohibition would only affect the area located within the National Park,' it is important to clarify that for both registrations, as is clearly shown in images 3 and 4, although they have access to the properties via a public road within the PN, given the current conditions, the only possible access from the public road to the area authorized for development is through the area that is affected by the limits of the PN. Is recommended the analysis of Chamber Resolution No. 18529-2008, in point b of the operative part, where it requests that environmental viabilities not be granted within the PN, without distinguishing between whether the impact of the PN limits on private property is total or partial. On the other hand, it is important to highlight that in Environmental Registration D2-1158-2022, in the project description, SETENA indicates: 'Therefore, the area affected by the park will not be intervened,' and in Environmental Registration D2-0885-2022, SETENA indicates: 'Therefore, the house will be built in the area of the land not affected by the park in question, that is, the area affected by the park will not be intervened and will be left as a green zone,' furthermore, the respondent mentions in point 2 '...so it is inferred that the registration was granted for construction in the area of the plan that is outside the National Park, in which case the resolution of the Constitutional Chamber that ordered that environmental viabilities not be granted within the park would not be violated, since the property is private and the prohibition would only affect the area located within the National Park, and the resolution clearly indicated that the National Park zone is delimited and left without any use, so the evaluated construction would be outside said zone.' In both cases, the statement that the area within the PN is not being intervened is contradictory, since, as can be seen in the following images, the area affected by the limits of the PN is being used for the deposit of materials, entry to the authorized area, and as part of the construction process. Property registration number 42757. Use of the affected area for the deposit of materials and access to the construction. Property registration number 42711. View from the public road to the lot. The path in the area affected by the PN for access to the construction area can be seen. Property registration number 42711. View towards the road from the authorized area. The path in the area affected by the PN for access to the construction area can be seen. With respect to the mangrove protection zone that the petitioner mentions, as the respondent correctly points out, there is no regulation that contemplates mangrove protection zones. It is important to note that, as shown in images 1 and 2 of this report, the real estate development of that strip in which the properties mentioned in this report are immersed could be counterproductive to the conservation objectives of the protected area, as it is an environmentally fragile area, as noted in Chamber Resolution No. 18529-2008 in Section 5 on how SETENA's omissions violate the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. In conclusion, the undersigned consider that: - In both cases, there is intervention in the areas within the limits of the PN, either as access or as a material deposit site. - The real estate development of that strip could affect the conservation objectives of the protected area. - The real estate development of that strip would significantly increase expropriation costs.” All of this reflects due and effective institutional attention and coordination. Requests that the amparo action filed by the petitioner be declared without merit, since my represented party's actions have not constituted a violation of any fundamental right, and instead, the actions of the National System of Conservation Areas are in accordance with the regulations, and response was provided to the petitioner as an organized and consolidated system that provides efficient customer service, by promoting the responsible management and conservation of natural resources in order to contribute to improving the quality of life of the inhabitants, even in a decentralized manner integrating the Conservation Areas, such as the specific case of ACT.\n\n8.- By written submission incorporated into the digital case file on September 22, 2023, the petitioner states: “with due respect, I state, by virtue of SINAC's statements through official communication SINAC-SE-DE- 1122 -2023 and the attached evidence report official communication ACT-PNMBG-148-2023, what I express to your authority: Regarding the land use criterion, the petitioner finds it of utmost importance that the court consider that the construction processes generated by the granting of environmental registrations by SETENA contravene the constitutional principles of progressivity and non-regression in environmental matters and in turn contravene the SENARA recommendation of extreme vulnerability of the Playa Grande Guanacaste coastal aquifer, recommending its use solely for absolute conservation. This representation agrees that there is a need to carry out a specialized study on the impact of the constructions and the need for a detailed analysis of the use of these studies for the granting of the environmental registrations provided by SETENA. In our consideration, this representation finds that, by virtue of what has been raised, SINAC confirms our request regarding the need for a clear demarcation of protection areas such as the zone corresponding to the Manglar La Chipriota and its protection zone, and to exclude from said zone the authorization of any type of project.”\n\nRegarding the access to a public road for the properties registered under folios 42757 and 42711 of the province of Guanacaste, as presented through the images incorporated in the technical report ACT-PNMBG-148-2023, in effect, the only existing access they possess is via a public road that is located within the boundaries of the National Park and, in turn, access to the authorized constructions, as proposed, would only be accessible through the area that is affected by the National Park boundaries, a circumstance that affects the protection objectives and presuppositions. The information submitted by SINAC, together with the photographs, proves with absolute certainty that, to date, the construction processes are causing a severe construction footprint, given that the areas that form part of the PN boundaries – contrary to what was indicated by SETENA (that there is no impact) – it is proven that these areas are being used for access, material storage, and siting of a materials warehouse; such that, to date, the green and forested zone typical of the area is practically destroyed, causing grave, irreversible damage to the ecosystems and endangered species that the park seeks to protect, representing a forceful violation of the principle of progressivity and non-regression of environmental protection. And it is that, according to the submitted plans and as has been argued, the area belonging to the PN is intended to be used as a “green area,” i.e., the garden of the same property (since the private area would be practically pure construction area); thus, the protection presuppositions will not be met. Now, regarding the construction in close proximity to the Manglar la Cripiota, where they argue there is no regulation, contrary to what was argued by SINAC, as has been argued by this representation, national and international regulations do exist that ensure the protection and conservation of mangroves, since they are constituted as part of the Natural Heritage of the State, Executive Decree No. 35803-MINAET, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora -CITES, Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat - RAMSAR, which establishes that Manglar La Chipriota, containing multiple mangrove species such as piñuela, red, white or mariquito, and buttonwood mangroves, being within the Tamarindo, San Francisco, and Ventanas estuaries, is declared of importance to humanity. The statement by SINAC, in disregarding the regulations protecting mangroves, worries this representation inasmuch as the regulations state that it is precisely SINAC who is called upon to guarantee their protection and conservation. The aforementioned report once again proves that the properties to which the environmental registries and corresponding construction permits were granted have their only access as the road that forms part of the PN boundaries, and with the construction, its use will surely increase; furthermore, the on-site photographs are consistent in showing that a construction work is being developed, without respecting a protection area for Manglar la Chipriota, due to the erroneous interpretation by said entity and the very disregard by SINAC regarding its responsibility to guarantee its conservation and protection, the aforementioned by saying that they are unaware of the existence of a legal basis for protecting these. SINAC is correct in its conclusions where it proves that in both cases there is intervention within the areas inside the PN boundaries, whether for access or as a material storage site. Moreover, that the real estate development of that strip may affect the conservation objectives of the protected area and, of course, the real estate development of that strip would significantly increase expropriation costs. Therefore, with due respect, we reiterate to the Magistrates to order the suspension of the effects of the resolutions authorizing the constructions and proceed to deny construction permits on the properties bordering Parque Nacional Marino Las Baulas, at least as a precautionary measure while our petition is duly resolved, in order not to cause greater environmental impact than has already been caused. And, in turn, to declare this Recurso de Amparo well-founded, ordering the suspension of the effects of the resolutions authorizing the constructions and proceeding to the denial of construction permits on the properties bordering Parque Nacional Marino Las Baulas, both by SETENA and the competent Municipalities. Ordering the respondent the clear demarcation of the zone corresponding to Manglar La Chipriota and its protection zone and exclude from said zone the authorization of any type of project. With the corresponding award of costs.”\n\n9.- According to a record issued by the judicial technician 3 and the acting secretary, both of the Constitutional Chamber, they indicate that at 2:24 p.m. on September 26, 2023, it was not recorded that, between September 4 and 25, 2023, the director of the Guanacaste Conservation Area had submitted the report requested by resolution at 11:10 a.m. on August 21, 2023.\n\n10.- By brief incorporated into the digital case file on October 17, 2023, the petitioner states: “This weekend I visited Playa Grande, I was able to verify that on the properties registered under folios 42757 and 42711, the subject of this proceeding, there are construction workers both on Saturday and Sunday, to expedite the construction process of the residential houses; I was able to verify that each of the projects had at least ten workers in each one and the progress of the constructions is totally evident. As was argued through the technical report ACT-PNMBG-148-2023, on both properties, the area of the properties that forms part of Parque Nacional Marino Las Baulas has been seriously affected, they have destroyed the green area, felled the existing trees, to date, said areas contain large amounts of debris, an area for concrete mixing, a warehouse to store materials, etc. I hereby incorporate recent photographs, the first ones correspond to the property under folio 42757, known as lot A14”, the residential house has, since the appeal was filed to date, a progress of 100%, given that it has an important group of workers, who do not stop even on weekends; in the photographs, it can be first verified that the entire area has a perimeter mesh screen, the area that forms part of the PN perimeter is totally destroyed—the green area—by virtue of containing debris, a container, and a materials warehouse. In photographs 1, 3, 4, 5, 6, 7, the area that forms part of the PN boundaries can be verified; these are totally intervened; additionally, in photographs 2 and 4, the progress on both the first and second floors of the building can be corroborated. Regarding property 42711-G, known as Lot A5, although it is complex to gauge the proximity to Manglar la Chipriota through the photographs we have submitted, it is certainly located barely three meters away; in photographs 8 and 9, it can be verified that there is debris in the area close to the mangrove, so it could be said with a high degree of certainty that the setback requirements are not being respected. As has been argued by this representation, regardless of whether a mangrove or wetland is registered or not, they all belong to the natural heritage of the State, thus warranting their due protection; in this particular case, we are talking about a mangrove that forms part of PN Marino Las Baulas, for which setbacks are not being respected, representing that their vulnerability increases, given that unfortunately, with the increase in constructions in the buffer zone, it generates an impact on the mangrove. The information submitted by SINAC, together with the photographs, proves with absolute certainty that, to date, the construction processes are causing a severe construction footprint, given that the areas that form part of the PN boundaries—contrary to what was indicated by SETENA (that there is no impact)—it is proven that these areas are being used for access, material storage, and siting of a materials warehouse; such that, to date, the green and forested zone typical of the area is practically destroyed, causing grave, irreversible damage to the ecosystems and endangered species that the park seeks to protect, representing a forceful violation of the principle of progressivity and non-regression of environmental protection. And it is that, according to the submitted plans and as has been argued, the area belonging to the PN is intended to be used as a “green area,” i.e., the garden of the same property (since the private area would be practically pure construction area); thus, the protection presuppositions will not be met. The reality is that, if the exclusion of the property area that forms part of the PN boundaries proceeds, it would be impossible to meet the percentage presuppositions where only the intervention of 50% of the total area is authorized (including driveway areas, gardens, walls, pools, and roofed area), as well as respecting the setback area of at least 10 meters with respect to the PN boundaries stipulated by resolutions 1410-2010-SETENA and 2174-2010 SETENA; in compliance with Constitutional Chamber Voto number 2008- 018529 of 12-16-2008, guidelines were issued to regulate constructions and Tourism and Urban Development in the Buffer Zone of Parque Nacional las Baulas. Take into consideration, your Honor, that the mentioned properties are located in the first strip. As I have previously argued, the construction in close proximity to Manglar la Cripriota represents a direct impact on a living forest; our country is one of the awardees for having mangroves declared by RAMSAR1 as sites of importance to humanity, by virtue of containing at least 5 different types of mangrove species, such as piñuela, red, white or mariquito, and buttonwood mangroves; mangroves are indispensable, given that they offer everything from water supply, food, and biodiversity to flood control, groundwater recharge, and climate change mitigation; they also act as a protective barrier against floods, droughts, and other natural disasters. Capable of storing more carbon than any other ecosystem. All these ecosystem services make them key environments for ensuring sustainable development. Therefore, with due respect, I reiterate to the Magistrates to order the suspension of the effects of the resolutions authorizing the constructions and proceed to deny construction permits on the properties bordering Parque Nacional Marino Las Baulas, at least as a precautionary measure while our petition is duly resolved, in order not to cause greater environmental impact than has already been caused. And, in turn, to declare this Recurso de Amparo well-founded, ordering the suspension of the effects of the resolutions authorizing the constructions and proceeding to the denial of construction permits on the properties bordering Parque Nacional Marino Las Baulas, both by SETENA and the competent Municipalities. Ordering the respondent the clear demarcation of the zone corresponding to Manglar La Chipriota and its protection zone and exclude from said zone the authorization of any type of project. With the corresponding award of costs.”\n\n11.- By brief incorporated into the digital case file on November 20, 2023, the petitioner states: “With due respect, urgent attention to this matter is requested; in the zone, as has been argued, the authorization of construction projects endorsed by SETENA has been proceeding; the questioned properties have made significant progress, by virtue of working Monday to Sunday, practically. Making use of and destroying the area that forms part of the PN, as visualized in the attached photographs. We require the criterion of this Constitutional Chamber, regarding the clear demarcation of the zone corresponding to Manglar La Chipriota and its protection zone and exclude from said zone the authorization of any type of project.”\n\n12.- By brief incorporated into the digital case file on December 5, 2023, the petitioner indicates: “With due respect, urgent attention to this matter is requested; in the zone, as has been iterated by the undersigned, constructions are being carried out at great speed, where one of them is causing great impact to part of Manglar la Chipriota, which forms part of Parque Nacional Marino Las Baulas and, in turn, is Natural Heritage of the State; take into consideration, your Honor, that the Law on the Maritime Terrestrial Zone, No. 6043, in its articles 11 and 12, states that all mangroves on the continental and insular coastlines and estuaries of the national territory are part of the public zone, it being prohibited, without due legal authorization, to exploit the existing flora and fauna, to demarcate with fences, trails, or in any other way, to erect buildings or installations, to cut trees, to extract products, or to carry out any other type of development, activity, or occupation. Therefore, being before a construction that is precisely not respectful of the area corresponding to the Mangrove, it is that the clear demarcation of the zone corresponding to Manglar La Chipriota and its protection zone must proceed, and the authorization of any type of project from said zone must be excluded.”\n\n13.- In the substantiation of the proceeding, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Judge Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY QUESTION. In view of the fact that the director of the Guanacaste Conservation Area omitted to render the report within the deadline set by this Tribunal in the resolution managing this matter, in accordance with Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, we proceed to analyze the constitutionality of the matter based on the other elements provided in the case record.\n\nII.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner claims that currently, in the bordering area of Parque Nacional Marino las Baulas, the respondent authority has approved environmental registries or environmental feasibility permits, on properties that partially form part of the park and without access to a public road, given that the only access they have is property of Parque Nacional Marino Las Baulas and is located adjacent to mangroves without respecting a protection area. In resolution No. 1410- 2010-SETENA and its modification No. 2174-2010-SETENA, in the “other regulations” section for each of the sectors, it is indicated that: “Every construction project must have at minimum: 1. A criterion from the Conservation Area, indicating that the property is located outside of Parque Nacional Marino Las Baulas.” Furthermore, in official letter DM-363-2010 of March 19, 2010, in which the then minister, Jorge Rodríguez Quirós, instructed SETENA regarding the applicability of the criterion issued by the Legal Directorate of MINAE in official letter DAJ-701-2010 of March 6, 2010, where it is reiterated that: “Environmental feasibility should not be granted within the Park Area.” She accuses that the foregoing has been violated to the detriment of the protected area of Parque Nacional Marino Las Baulas, since the respondent continues to grant construction permits.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this recurso de amparo, the following are considered accredited:\n\na) By environmental registry D2-1158-2022 of September 5, 2022, SETENA approved the construction of a single-family dwelling on the property registered under folio [Value 004], cadastral map [Value 005], owned by Surf Sun & Serenity Playa Grande SRL, legal identification number 3-102-869134. (See documentary evidence).\n\nb) On November 15, 2022, construction permit No. 1247-2022 was granted for the construction of a single-family dwelling on the farm registered under folio [Value 002], cadastral map [Value 003]. Such construction has environmental registry D2-0885-2022-R issued by SETENA. (See documentary evidence).\n\nc) By official letter ACT-PNMBG-012-223 of January 23, 2023, the manager of Parque Nacional Marino Las Baulas indicated to the Head of the Environmental Evaluation Department of SETENA: “Following up on Construction Permit No. 1247-2022 approved on November 16, 2022, for a single-family dwelling on the farm registered under folio [Value 002], cadastral map [Value 003], it draws the attention of the administration of the protected wild area that this property is partially within the delimitation of Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste according to its creation law and pronouncements; and as understood from constitutional voto number 2008-18529 of December 16, 2008 (case file No. 07-005611-0007-CO), where the National Environmental Technical Secretariat was ordered, among other points, \"to issue instructions within the scope of its competence to not process new feasibilities within the park.\" You are reminded that, according to resolution No. 1410-2010-SETENA and its modification No. 2174-2010-SETENA, in the “Other regulations” section for each of the sectors, it is indicated that: “Every construction project must have at minimum: 1. Criterion from the Conservation Area, indicating that the property is located outside of Parque Nacional Marino Las Baulas.” This is equally emphasized in official letter DM-363-2010 of March 19, 2010, in which the then minister, Jorge Rodríguez Quirós, instructs SETENA on the applicability of the criterion issued by the Legal Directorate of MINAET through official letter DAJ-701-2010 of March 6, 2010, where it is reiterated that: “Environmental feasibility should not be granted within the Park Area.” Compliance with the constitutional voto is of utmost importance considering that, should the construction occur, consequences could arise to the detriment of the State and the expropriation process.” (See documentary evidence).\n\nd) In official letter SETENA-DT-DEA-0637-2023 of June 9, 2023, Ms. María Julliet Betancur Vélez, in her capacity as Head of the Environmental Evaluation Department of SETENA, communicated to Ms. Karla Martos, in her capacity as Head of Legal Advisory of the ministry, the following: “1. Regarding the extreme vulnerability of the Playa Grande Guanacaste coastal aquifer: Through the Constitutional Chamber Voto No. 2008-18529 of December 16, 2008, an integral study is ordered on the impact that constructions and the tourism and urban development in the buffer zone of Parque Nacional Marino Las Baulas would produce on the environment and the necessary measures to take, and expressly indicate the impact that noise, lights, the use of water for human consumption, black and grey waters, human presence, and others would produce on the entire ecosystem of the zone, especially on the Baula sea turtle. Therefore, the “Estudio Integral sobre el Impacto de las Construcciones y el Desarrollo Turístico y Urbanístico de la Zona de Amortiguamiento del Parque Marino Las Baulas, Guanacaste,” is taken as a reference for the environmental impact assessment in accordance with Article 17 of the Organic Environmental Law, for the granting of environmental feasibilities in said buffer zone, in compliance with what was ordered by said Constitutional Chamber. Due to the foregoing, and through Resolution No. 1410-2010 of June 28, 2010, the guidelines are established so that the activities, works, and projects conform to the technical-environmental recommendations that were generated from the technical study, where, among other things, vulnerability to contamination was analyzed. 2. Approval of environmental registries on properties that partially form part of the park (D2-0885-2022 and D2-1158-2022), whose access is via a public road located within the park: Regarding both registries, the construction footprint within the map and according to the site designs provided for each registry are outside the National Park, thus it is inferred that the registry was granted for the construction in the area of the map that is outside the National Park, in which case the resolution of the Constitutional Chamber that ordered not to grant Environmental Viabilities within the park would not be violated, since the property is private and the prohibition would only affect the area located within the National Park, and the resolution clearly indicated that the National Park zone is delimited and left without any use, so the evaluated construction would be outside said zone. Registry 0885-2022. It is observed that it is partially within Parque Marino Las Baulas; however, that area is not subject to construction according to what was approved in the environmental permit. Site design confirming it is outside PNM Las Baulas. Registry 1158-2022. It is observed that it is partially within Parque Marino Las Baulas; however, that area is not subject to construction according to what was approved in the environmental permit. Site design confirming it is outside the PN. Due to the foregoing, having analyzed the previous case files, this Secretariat has determined that, although part of the property is partially within PNM Las Baulas, the project area approved to carry out the works is located outside the boundaries of the National Park; thus, there is no violation of Voto No. 2008-18529 of December 16, 2008, and therefore, it would not be against what was established in Official Letter DAJ-701- 2010 of March 6, 2010, since what it prohibited was granting Environmental Feasibility Licenses within the boundaries of the National Park, a situation that does not occur in this particular case. Regarding access being via a public road within the park, as is well mentioned, access is via a public road, where there is no restriction on entry to the park, it is the responsibility of the corresponding authorities to determine whether access via said road, which to this day is freely transit for any citizen, is limited or not. 3. Regarding the request for a Criterion from the Conservation Area, indicating that the property is located outside of Parque Nacional Marino Las Baulas, this is indeed established, but the reason is clearly for purposes of determining if the project is outside the National Park, a situation that according to your indications was resolved with the geospatial study from the GIS unit of SETENA, which is carried out with the official maps defined by SINAC, and which are found in the SNIT, and where this Secretariat has already established that the construction footprint is outside the park, so unless SINAC can demonstrate that said study derived from official maps is wrong, there is no impact on the Protected Wild Area. Additionally, conducting the consultation was considered unnecessary, taking into account that the resolution dates from the year 2010, and geographic information systems have evolved at the national level since then, having the necessary inputs to verify the location of projects within Protected Wild Areas. 4. Regarding that the protection area of Manglar la Chipriota was not respected, it is clarified that mangroves do not have a protection area, given that there is no regulation that so establishes. Additionally, the project is not within any mangrove, and conditions that are not regulated according to Law 8220 cannot be established.” (See documentary evidence).\n\ne) By official letter ACT-PNMBG-148-2023 of September 6, 2023, the administrator of Parque Nacional Marino Las Baulas indicated to the director of the Tempisque Conservation Area the following: “Hereby, the technical report on the recurso de amparo (RA) CASE FILE No. 23-012486-0007-CO is provided. In order to situate the context of the location of the properties mentioned in the RA, the following images were prepared: Regarding what was mentioned by the petitioner about the use criteria according to the aquifer contamination vulnerability for the protection of SENARA's water resources, and the extreme vulnerability of the Playa Grande Guanacaste coastal aquifer, its use being recommended only for absolute conservation; as well as the comprehensive study of the impact of constructions; the undersigned recommend that the specialized entity should be requested for a detailed analysis of the use of these studies for the granting of the environmental registries delivered by SETENA. Regarding what was mentioned by the petitioner regarding “on said properties, construction projects are starting without access to a public road, given that the only access they have is property of the National Park,” it must be clarified that, as seen in the previous figures, there is a public road within the boundaries of the National Park that provides access to the private properties in that zone, including those that gave rise to this RA, so access to the properties via a public road does exist. Now, the respondent indicates that regarding the “Approval of environmental registries on properties that partially form part of the park (D2-0885-2022 and D2-1158- 2022), whose access is via a public road located within the park: Regarding both registries, the construction footprint within the map and according to the site designs provided for each registry are outside the National Park, thus it is inferred that the registry was granted for the construction in the area of the map that is outside the National Park, in which case the resolution of the Constitutional Chamber that ordered not to grant Environmental Viabilities within the park would not be violated, since the property is private and the prohibition would only affect the area located within the National Park,” it is important to clarify that for both registries, as is well seen in images 3 and 4, although they have access to the properties via a public road within the PN, under current conditions, the only possible access from the public road to the area authorized for development is through the area that is affected by the PN boundaries. Analysis of Chamber Resolution No. 18529-2008 is recommended, in point b of the Por tanto, where it requests not to grant environmental feasibilities within the PN, without distinguishing whether the affectation of the PN boundaries over private property is total or partial. On the other hand, it is important to highlight that in Environmental Registry D2-1158-2022, in the project description, SETENA indicates: “Due to the foregoing, the area affected by the park will not be intervened,” and in Environmental Registry D2-0885-2022, SETENA indicates: “Therefore, the house will be built in the area of the land not affected by the park in question, that is, the area affected by the park will not be intervened and will be left as a green area,” furthermore, the respondent mentions in point 2 “…so it is inferred that the registry was granted for the construction in the area of the map that is outside the National Park, in which case the resolution of the Constitutional Chamber that ordered not to grant Environmental Viabilities within the park would not be violated, since the property is private and the prohibition would only affect the area located within the National Park, and the resolution clearly indicated that the National Park zone is delimited and left without any use, so the evaluated construction would be outside said zone.” In both cases, the affirmation that the area within the PN is not being intervened is contradictory, given that, as can be seen in the following images, the area affected by the PN boundaries is being used for materials storage, access to the authorized area, and as part of the construction process. Regarding the mangrove protection zone mentioned by the petitioner, as correctly indicated by the respondent, there is no regulation that contemplates mangrove protection zones. It is important to note that, as can be seen in images 1 and 2 of this report, the real estate development of that strip in which the properties mentioned in this report are immersed may be counterproductive to the conservation objectives of the protected area, being an environmentally fragile area, as indicated in Chamber Resolution No. 18529-2008 in section 5 on how SETENA's omissions violate the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. In conclusion, the undersigned consider that: 1. In both cases, there is intervention in the areas within the PN boundaries, whether for access or as a material storage site. 2. The real estate development of that strip may affect the conservation objectives of the protected area. 3. The real estate development of that strip would significantly increase expropriation costs.” (See documentary evidence).\n\nIV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Regarding this right, in judgment No. 2022022070 of 9:20 a.m. on September 23, 2022, the Chamber indicated:\n\n“Concerning the nature of the grievances alleged in the sub lite, this Tribunal has repeatedly pronounced on the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nFor example, in judgment no. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:\n\n“On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has underscored that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized at both the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that effective protection of that right requires that resources be used in a rational manner, a context in which the State and the general citizenry must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, specialized doctrine has noted that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle proves useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle indicates that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures, in light of the costs, to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle departs from a reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work may cause. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obligated to adopt measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment in accordance with these principles. Now, this objective obligation does not unavoidably entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right to have those measures adopted that are suitable for the protection of that right, in the face of openly negligent attitudes of authorities, or of natural and legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo against subjects of private law.\n\nIt is also of interest to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed matters pertaining to State obligations in relation to the environment, in the interest of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.\n\nIn that opinion, the Court recognized the interrelationship between environmental protection and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and development of human rights. In this regard, it stated:\n\n“47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between the protection of the environment and the realization of other human rights, insofar as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter the ‘Protocol of San Salvador’), highlights the close relationship between the validity of economic, social, and cultural rights—which includes the right to a healthy environment—and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indissoluble whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which reason they require permanent protection and promotion with the object of achieving their full validity, without it ever being justifiable to violate some in order to realize others (…)\n\n49. For its part, the Inter-American Commission has emphasized that several rights of fundamental rank require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same sense, the OAS General Assembly has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and emphasized that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect an individual’s well-being and, as a consequence, generate violations of people’s rights, such as the rights to life, to respect for private and family life, and to private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples’ Rights has indicated that the right to a ‘general satisfactory environment favorable to development’ is closely related to economic and social rights insofar as the environment affects the quality of life and safety of the individual (…) 52. Furthermore, there is broad recognition in international law regarding the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelationship has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter the ‘Stockholm Declaration’), where it was established that ‘[e]conomic and social development is essential to ensure a favorable living and working environment for man and to create on earth the conditions necessary for improving the quality of life,’ affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter the ‘Rio Declaration’), the States recognized that ‘[h]uman beings are at the centre of concerns for sustainable development’ and, at the same time, stressed that ‘[i]n order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.’ Following up on the foregoing, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development, and environmental protection. Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, States recognized the consideration that must be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development. 53. Moreover, upon adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the scope of the human rights of all persons depends on the achievement of the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. In the same sense, several instruments within the inter-American sphere have referred to environmental protection and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter, which provides that ‘[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and proper management of the environment,’ for which reason ‘[i]t is essential that the States of the Hemisphere implement policies and strategies for environmental protection, respecting the various treaties and conventions, to achieve sustainable development for the benefit of future generations’ (…) 55. As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development, and human rights (supra paras. 47 to 55), currently (i) multiple human rights protection systems recognize the right to a healthy environment as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) multiple other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations of the States for the purpose of fulfilling their obligations to respect and guarantee these rights. Precisely, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in determining these State obligations, the Court may make use of the principles, rights, and obligations of international environmental law, which, as part of the international corpus juris, contribute decisively to setting the scope of the obligations derived from the American Convention in this matter (supra paras. 43 to 45) (…) 59. The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, owed to both present and future generations. Now, the right to a healthy environment also has an individual dimension, insofar as its violation can have direct or indirect repercussions on persons due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others. The degradation of the environment can cause irreparable damage to human beings, for which reason a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity.”.\n\nThis interrelationship between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which, in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021, at its 46th session, held:\n\n“Recognizing also that sustainable development and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and to the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, to an adequate standard of living, to adequate food, to safe drinking water and sanitation, to housing, and cultural rights.”.\n\nAlso, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, that Council stated:\n\n“ (…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to and promote human well-being and the enjoyment of human rights, including the enjoyment of the rights to life, to the highest attainable standard of physical and mental health, to an adequate standard of living, to adequate food, to housing, to safe drinking water and sanitation and to participation in cultural life, for present and future generations (…)\n\nRecognizing further that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)\n\nRecognizing the importance of a clean, healthy and sustainable environment as fundamental to the enjoyment of all human rights (…)\n\n1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right that is important for the enjoyment of human rights;\n\n2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nIn this way, the particular relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is reflected, the defense of which transcends the protection of this constitutional right in itself, since its preservation constitutes an essential factor for the effective safeguarding of other primordial rights of the human being (such as life, health, property, equality), such that if the former fails, the effective safeguarding of the latter is not achieved.\n\nBeyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the opinion alluded to above, recognized the right to a healthy environment as an autonomous right, susceptible to protection independently of any risk of harm to individual persons. In this regard, it held:\n\n“62. This Court considers it important to emphasize that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature and the environment not only because of their connection to a utility for human beings or because of the effects that their degradation could cause on other rights of persons, such as health, life, or personal integrity, but because of their importance for the other living organisms with whom the planet is shared, also deserving of protection in themselves. In this sense, the Court notes a tendency to recognize legal personhood and, therefore, rights to nature not only in judicial judgments but even in constitutional systems. 63. In this manner, the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity.”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nThis position was adopted in the judgment of February 6, 2020, relating to the case of “Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina,” in which, surpassing an anthropocentric focus, the Inter-American Court affirms that the right to a healthy environment, besides being fundamental for the very existence of the human being, constitutes an autonomous and universal right, such that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers, and others) constitutes a legal interest in itself. In the words of the Inter-American Court: “It is about protecting nature,” not only for its “utility” or “effects” regarding human beings, “but for its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.” Given the significance of this affirmation, it is appropriate to transcribe this section of the referenced resolution:\n\n“203. The Court has already referred to the content and scope of this right, considering various relevant norms, in its Advisory Opinion OC-23/17, and thus refers to said pronouncement. It affirmed at that time that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humanity,’ and that ‘as an autonomous right […] it protects the components of the […] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature,’ not only for its ‘utility’ or ‘effects’ regarding human beings, ‘but for its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.’ The foregoing does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage.”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nBased on the foregoing, this Chamber, as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for the conventional and constitutional obligations that bind the State not only to recognize the rights enshrined therein, but also to impose the legal measures required for their protection” (the highlighting is from the original).\n\nIn addition to the foregoing, recently, the United Nations General Assembly adopted resolution no. A/RES/76/1-A/RES/76/300 of July 28, 2022, in which it was stated:\n\n“1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right;\n\n2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law;\n\n3. Affirms that the promotion of the human right to a clean, healthy and sustainable environment requires the full implementation of the multilateral environmental agreements under the principles of international environmental law;\n\n4. Calls upon States, international organizations, business enterprises and other relevant stakeholders to adopt policies, to enhance international cooperation, strengthen capacity-building and continue to share good practices in order to scale up efforts to ensure a clean, healthy and sustainable environment for all”.\n\nThis resolution is the formal expression of the will of the main deliberative, policy-making, and representative organ of the United Nations Organization. Consequently, it constitutes a political commitment of a universal character that must be valued as a source of soft law of the greatest relevance.\n\nPrecisely, resolution no. A/RES/76/1-A/RES/76/300 affirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment has the nature of a human right. With this, it contributes significantly to its positivization, resulting in its technical understanding as a “fundamental right.” Likewise, it reinforces the notion that environmental protection is an “autonomous” human right, that is, that it is valid in itself, such that, on the one hand, it has its own conceptual existence distinct from the environmental content that undoubtedly arises from the protection of other rights (such as life or health) and, on the other hand, its object of protection transcends the human being, since it provides shelter to the diverse components of nature due to their significance for preserving the existence of living organisms in general, independently of their utility for human beings.\n\nLikewise, it reiterates and, through that path, strengthens the position that the right to a healthy and ecologically balanced environment is linked to other human rights, which implies that its transgression can lead to the violation of health, life, democratic sustainable development, to cite just a few examples. The foregoing confers a particularly relevant legal meaning to the right in question.\n\nIn addition, the UN General Assembly prescribes that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment demands the full implementation of conventional rights related to the environment in accordance with the principles of international environmental law. From the foregoing, its indispensable inclusion within the jurisdictional control of constitutionality by this Chamber is inferred.\n\nFinally, in harmony with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), resolution no. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regulates that the obligation to protect the environment, beyond states, extends to international organizations, businesses, and other stakeholders, the latter term encompassing human beings in general. Precisely in that sense, the Law of Constitutional Jurisdiction contemplates the amparo against subjects of private law.\n\nIn sum, under the conceptual framework explained ut supra, this Constitutional Court, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the conventional and constitutional commitments that impose upon the Costa Rican State and society in general not only the obligation to recognize the rights, principles, and values of environmental matters, but also that of implementing all those measures and actions required to ensure the effective protection of those” (the highlighting is from the original).\n\nV.- ON THE MERITS. In the present case, the petitioner claims that currently in the boundary area of the Las Baulas National Marine Park, the respondent authority has approved environmental registrations or environmental viability permits, on properties that partially form part of the park and without having access to a public street given that the only access they have is property of the Las Baulas National Marine Park and being adjacent to mangroves without respecting a protection area. In resolution no. 1410- 2010-SETENA and its modification no. 2174-2010-SETENA, under the “other regulations” section for each of the sectors, it is indicated that: “Every construction project must have at least: 1. Criterion from the Conservation Area, indicating that the property is located outside the Las Baulas National Marine Park”. Furthermore, in official letter DM-363-2010 of March 19, 2010, in which the then minister, Jorge Rodríguez Quirós, instructed SETENA on the applicability of the criterion issued by the Legal Directorate of MINAE in official letter DAJ-701-2010 of March 6, 2010, where it is reiterated that: “Environmental viability should not be granted within the Park Area.” She alleges that the foregoing has been violated to the detriment of the protected area of the Las Baulas National Marine Park, since the respondent continues to grant construction permits.\n\nIn this regard, the Chamber observes that through environmental registration D2-1158-2022 of September 5, 2022, SETENA approved the construction of a single-family dwelling on the property registered under folio [Valor 004], cadastral map [Valor 005], owned by Surf Sun & Serenity Playa Grande SRL, legal identification number 3-102-869134. On November 15, 2022, construction permit no. 1247-2022 was granted for the construction of a single-family dwelling on the property registered under folio [Valor 002], cadastral map [Valor 003]. This construction has environmental registration D2-0885-2022-R issued by SETENA.\n\nFor its part, it is noted that by official letter ACT-PNMBG-012-223 of January 23, 2023, the person in charge of the Las Baulas National Marine Park indicated to the Head of the Environmental Assessment Department of SETENA: “In follow-up to Construction Permit No. 1247-2022 approved on November 16, 2022, for a single-family dwelling on the property registered under folio [Valor 002], cadastral map [Valor 003], the administration of the protected wild area is struck by the fact that this property is partially within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park of Guanacaste according to its creation law and pronouncements; and as understood from constitutional vote number 2008-18529 of December 16, 2008 (docket No. 07-005611-0007-CO), where the National Environmental Technical Secretariat was ordered, among other points, to 'issue the instructions within the scope of its competence not to process new viability permits within the park.' It is reminded that, according to resolution No. 1410-2010-SETENA and its modification No. 2174-2010-SETENA, under the ‘Other regulations’ section for each of the sectors, it is indicated that: ‘All construction projects must have, at minimum: 1. Criterion from the Conservation Area, indicating that the property is located outside the Las Baulas National Marine Park.’ This is equally emphasized in official letter DM-363-2010 of March 19, 2010, in which the then minister, Jorge Rodríguez Quirós, instructs SETENA on the applicability of the criterion issued by the Legal Directorate of MINAET through official letter DAJ-701-2010 of March 6, 2010, where it is reiterated that: ‘Environmental viability should not be granted within the Park Area.’ Compliance with the constitutional vote is of utmost importance considering that, if construction were to occur, it could cause consequences to the detriment of the State and the expropriation process.”\n\nFor its part, in official letter SETENA-DT-DEA-0637-2023 of June 9, 2023, Ms. María Julliet Betancur Vélez, in her capacity as head of the Environmental Assessment Department of SETENA, communicated to Ms. Karla Martos, in her capacity as Head of Legal Advisory of the ministry, the following: “1. Regarding the extreme vulnerability of the Playa Grande Guanacaste coastal aquifer: By means of Constitutional Chamber Vote No. 2008-18529 of December 16, 2008, an integral study is ordered on the impact that constructions and tourism and urban development in the buffer zone of the Las Baulas National Marine Park would produce to the environment and the necessary measures to be taken, and it expressly indicated the impact that noise, lights, the use of water for human consumption, black and sewage waters, human presence, and others would produce on the entire ecosystem of the zone, especially on the leatherback sea turtle (tortuga Baula). Therefore, the ‘Integral Study on the Impact of Constructions and Tourism and Urban Development in the Buffer Zone of the Las Baulas Marine Park, Guanacaste’ is taken as a reference for the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) in accordance with Article 17 of the Organic Law of the Environment, for the granting of environmental feasibility permits (viabilidades ambientales) in said buffer zone, in compliance with that ordered by said Constitutional Chamber. By virtue of the foregoing and through Resolution No. 1410-2010 of June 28, 2010, the guidelines are established so that the activities, works, and projects adjust to the technical-environmental recommendations that were generated from the technical study, where, among other things, vulnerability to contamination was analyzed. 2. Approval of environmental registrations on properties that partially form part of the park (D2-0885-2022 and D2-1158-2022), whose access is via a public street that is located within the park: Regarding both registrations, the building footprint within the map and according to the site designs provided for each registration is outside the National Park, so it is inferred that the registration was granted for construction in the area of the map that is outside the National Park, in which case the resolution of the Constitutional Chamber ordering that environmental viability permits (VA) not be granted within the park would not be violated, since the property is private and the prohibition would only affect the area located within the National Park, and the resolution clearly indicated that the National Park zone is delimited and left without any use, such that the evaluated construction would be outside said zone. Registration 0885-2022. It is observed that it is partially within the Las Baulas Marine Park; however, that area is not the object of construction according to what was approved in the environmental permit. Site design confirming it is outside the PNM Las Baulas. Registration 1158-2022. It is observed that it is partially within the Las Baulas Marine Park; however, that area is not the object of construction according to what was approved in the environmental permit. Site design confirming it is outside the PN. Therefore, once the foregoing files were analyzed, this Secretariat has determined that, although part of the property is partially within the PNM Las Baulas, the project area approved for carrying out the works is located outside the limits of the National Park, with which there is no violation of Vote No. 2008-18529 of December 16, 2008, so it would also not be contrary to what is established in Official Letter DAJ-701-2010 of March 6, 2010, since what that letter prohibited was granting environmental viability permits (VLA) within the limits of the National Park, a situation that does not occur in this particular case. Regarding the access being via a public street within the park, as is rightly mentioned, the access is via a public road, where there is no restriction on entry to the park; it is up to the corresponding authorities to determine whether access is limited or not on said road, which to this day is freely transitable for any citizen. 3. Regarding the request for Criterion from the Conservation Area, indicating that the property is located outside the Las Baulas National Marine Park, it is indeed so established, but the reason is clear: it is for the purposes of determining whether the project is outside the National Park, a situation that, according to their indications, was resolved through the geospatial study by the SIG unit of SETENA, which is carried out with the official maps defined by SINAC and found in the SNIT, and where this Secretariat has already established that the building footprint is outside the park, such that unless SINAC can demonstrate that said study, which comes from official maps, is erroneous, there is no impact on the Protected Wild Area. Additionally, it was considered unnecessary to make the consultation, taking into account that the resolution dates from 2010 and geographic information systems have evolved nationally since then, having the necessary inputs to verify the location of projects within Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas). 4. Regarding the claim that the protection area of the Manglar la Chipriota was not respected, it is clarified that mangroves do not have a protection area (área de protección), given that there is no regulation that so establishes.”\n\nAdditionally, the project is not located within any mangrove and conditions cannot be established that are not regulated under Ley 8220” (The highlighted text does not correspond to the original).\n\nFinally, it is noted that by official letter ACT-PNMBG-148-2023 dated September 6, 2023, the administrator of the Parque Nacional Marino Las Baulas indicated to the director of the Área de Conservación Tempisque the following: “This serves to submit the technical report regarding the amparo appeal (RA) EXPEDIENTE N°23-012486-0007-CO. In order to situate the context of the location of the properties mentioned in the RA, the following images were prepared: Regarding the appellant’s mention of the use criteria based on aquifer contamination vulnerability for the protection of water resources from SENARA, and the extreme vulnerability of the coastal aquifer of Playa Grande Guanacaste recommending its use solely for absolute conservation; as well as the comprehensive study of the impact of the constructions; the undersigned recommend that the specialized entity be requested to provide a detailed analysis of the use of these studies for the granting of the environmental registrations (registros ambientales) issued by SETENA. Regarding the appellant’s mention that ‘construction projects are being initiated on said properties without access to a public street, given that the only access that exists is property of the National Park’, it must be clarified that as seen in the previous figures, there is a public street within the boundaries of the National Park that provides access to the private properties in that area, including those that gave rise to this RA, so there is indeed access to the properties via a public road. Now, the respondent indicates that regarding the ‘Approval of environmental registrations on properties that partially form part of the park (D2-0885-2022 and D2-1158-2022), access to which is via a public street located within the park: Regarding both registrations, the building footprint (huella constructiva) within the site plan and according to the site designs provided for each registration, is outside of the National Park, so it is inferred that the registration was granted for construction on the area of the map that is outside of the National Park, in which case the ruling of the Sala Constitucional that ordered that environmental feasibility approvals (VA) not be granted within the park would not be violated, since the property is private and the prohibition would only affect the area located within the National Park.’ It is important to clarify that for both registrations, as can be clearly seen in images 3 and 4, although they have property access via a public street within the PN, under current conditions, the only possible access from the public street to the authorized development area is through the area affected by the PN boundaries. Analysis of the Sala’s Resolution No. 18529-2008 is recommended, in point b of the Por tanto, where it orders that environmental feasibilities not be granted within the PN, without distinguishing whether the impact of the PN boundaries on private property is total or partial. Moreover, it is important to highlight that in Environmental Registration D2-1158-2022, in the project description, SETENA states: ‘Therefore, as noted above, the area affected by the park will not be disturbed’ and in Environmental Registration D2-0885-2022, SETENA states: ‘Therefore, the house will be built on the area of the land not affected by the park in question, meaning that the area affected by the park will not be disturbed and will be left as green space.’ Furthermore, the respondent mentions that in point 2 ‘…so it is inferred that the registration was granted for construction on the area of the map that is outside of the National Park, in which case the ruling of the Sala Constitucional that ordered that environmental feasibility approvals (VA) not be granted within the park would not be violated, since the property is private and the prohibition would only affect the area located within the National Park, and the resolution clearly indicated that the National Park area is delimited and left without any use, meaning the construction evaluated would be outside said zone.’ In both cases, the claim that the area within the PN is not being disturbed is contradictory, since as can be seen in the following images, the area affected by the PN boundaries is being used for the storage of materials, access to the authorized area, and as part of the construction process. Regarding the mangrove protection zone mentioned by the appellant, as the respondent correctly indicates, there is no regulation that contemplates mangrove protection zones. It is important to note that, as seen in images 1 and 2 of this report, the real estate development of that strip in which the properties mentioned in this report are situated may be counterproductive to the conservation objectives of the protected area, as it is an environmentally fragile area, as indicated in Sala Resolution No. 18529-2008 in section 5 regarding how SETENA’s omissions violate the right to a healthy and ecologically balanced environment. In conclusion, the undersigned consider that: 1. In both cases, there is disturbance of the areas within the PN boundaries, whether as access or as material storage. 2. The real estate development of that strip could affect the conservation objectives of the protected area. 3. The real estate development of that strip would significantly increase expropriation costs.”\n\nIn light of this panorama, a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is proven.\n\nIn this sense, it is necessary to clarify that, prima facie, it is not for this Sala to determine the appropriateness of the construction permits and approval of environmental registrations D2-1158-2022 and D2-0885-2022-R issued by Setena.\n\nNotwithstanding the foregoing, while it is observed that the building footprint of the projects approved by Setena is outside the Parque Nacional Marino Las Baulas, it is no less true that from official letter ACT-PNMBG-148-2023 –cited above– it follows that the park administrator stated: “as can be seen in the following images, the area affected by the PN boundaries is being used for the storage of materials, access to the authorized area, and as part of the construction process. Regarding the mangrove protection zone mentioned by the appellant, as the respondent correctly indicates, there is no regulation that contemplates mangrove protection zones. It is important to note that, as seen in images 1 and 2 of this report, the real estate development of that strip in which the properties mentioned in this report are situated may be counterproductive to the conservation objectives of the protected area, as it is an environmentally fragile area, as indicated in Sala Resolution No. 18529-2008 in section 5 regarding how SETENA’s omissions violate the right to a healthy and ecologically balanced environment. In conclusion, the undersigned consider that: 1. In both cases, there is disturbance of the areas within the PN boundaries, whether as access or as material storage. 2. The real estate development of that strip could affect the conservation objectives of the protected area. 3. The real estate development of that strip would significantly increase expropriation costs.”\n\nThus, in safeguard and protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the appropriate course is to grant the appeal with the result that both the authorities of Setena and Sinac undertake the necessary inspections to determine whether or not the constructions entail an impact on the Parque Nacional Marino Las Baulas and resolve what is legally appropriate.\n\nVI.- DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. With all due respect, I dissent from the majority vote that grants the appeal, based on the following reasons:\n\nThe protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 of October 21, 1992; and Decreto Ejecutivo N° 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional control from legality control. In this sense, it is my criterion that this Sala, via amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed in the legality jurisdiction. Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is appropriate to be heard in the legality jurisdiction –administrative or judicial– where, with much greater scope, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be kept in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and processes a procedure, with the issuance of administrative acts (actos administrativos), its knowledge becomes alien to the sphere of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out concerning an environmental topic that requires, for its proper assessment, a full-knowledge process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria elaborated under the protection of current legal or regulatory norms, or with the taking of new and more extensive evidence necessary for the contrasting or reviewing of criteria already contained in the administrative case file. To do otherwise would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge process, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts regarding an environmental matter, its knowledge and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter is the competence of the legality jurisdiction. Consequently, this appeal should have been dismissed out of hand, since its subject matter is an issue properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality jurisdiction. However, since it was not done so, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the question raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically to the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nVII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that if any paper document has been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is granted. Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as secretary general of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and David Chavarría Morales, in his capacity as acting executive director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, or whoever holds such positions, are ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their powers so that IMMEDIATELY, an inspection is carried out of the constructions undertaken under environmental registrations D2-0885-2022 and D2-1158-2022, and this inspection must be completed within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment. Furthermore, if any impact on the area of the Parque Nacional Marino Las Baulas is determined, such situation must be resolved as legally appropriate within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this pronouncement. The foregoing is issued with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must execute or cause to be executed, issued in an amparo appeal, and who do not execute it or do not cause it to be executed, provided that the offense is not more severely punished. The State and the Sistema Nacional de Área de Conservación are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Judge Salazar Alvarado dissents and declares the appeal without merit, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically to the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notify.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nElectronically Signed Document\n-- Verification code --\n\nNYAXA47YJLOY61\n\nEXPEDIENTE N° 23-012486-0007-CO\n\nPhones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClassification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:54:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }