{ "id": "nexus-sen-1-0007-1220554", "citation": "Res. 07541-2024 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Inadmisibilidad por prematuro de amparo ambiental por camino desplomado y contaminación de aguas negras en San Antonio de Barranca", "title_en": "Premature inadmissibility of environmental amparo for collapsed road and blackwater contamination in San Antonio de Barranca", "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo presentado por vecinos de San Antonio de Barranca de Naranjo contra la Municipalidad de Naranjo y el Ministerio de Salud. Los recurrentes alegaban la omisión de respuesta a una denuncia sobre el desplome de un camino público, riesgo a la vida y contaminación del río Barranca por aguas negras, afectando propiedades y la reserva forestal del río. La denuncia se había presentado el 8 de febrero de 2024. La Sala determinó que el amparo era prematuro, pues no había transcurrido el plazo de dos meses establecido en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública para que la administración resolviera. Aunque el caso podía vincularse con derechos fundamentales como ambiente sano y salud, no se acreditó una demora excesiva e irrazonable. Se declaró inadmisible, sin perjuicio de que los recurrentes pudieran acudir nuevamente a la vía constitucional si, vencido el plazo legal, las autoridades persistían en la omisión.", "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismissed an amparo petition filed by residents of San Antonio de Barranca de Naranjo against the Municipality of Naranjo and the Ministry of Health. The petitioners claimed failure to respond to a complaint about a collapsed public road, life-threatening risk, and contamination of the Barranca River by blackwater, affecting properties and the river's forest reserve. The complaint had been filed on February 8, 2024. The Chamber held the amparo was premature because the two-month period under Article 261 of the General Public Administration Law for the administration to issue a final decision had not yet elapsed. Although the matter could relate to fundamental rights such as a healthy environment and health, no excessive or unreasonable delay was demonstrated. The amparo was declared inadmissible, without prejudice to the petitioners' right to refile if, after the legal deadline, the authorities remained inactive.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "15/03/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "principio de prematuro", "artículo 261 Ley General de la Administración Pública", "reserva forestal", "aguas negras", "Municipalidad de Naranjo", "Ministerio de Salud" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 27", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 41", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 9", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 261", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 3", "law": "Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097" } ], "keywords_es": [ "amparo", "derecho de petición", "ambiente sano", "riesgo", "contaminación aguas negras", "camino público", "reserva forestal", "Sala Constitucional", "inadmisibilidad", "prematuro", "plazo administrativo" ], "keywords_en": [ "amparo", "right to petition", "healthy environment", "risk", "blackwater contamination", "public road", "forest reserve", "Constitutional Chamber", "inadmissibility", "premature", "administrative deadline" ], "excerpt_es": "II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. (...) en el caso concreto, si bien, se plantea un supuesto de excepción, que eventualmente podría ser tutelado por esta Sala, pues está relacionado con el derecho a un ambiente sano, a la salud y riesgo para las personas, lo cierto es que, el amparo resulta prematuro, pues la denuncia cuya falta de resolución se reclama en este amparo, se presentó el 08 de febrero de 2024 y este amparo se interpuso el 12 de marzo de 2024, es decir, poco más de un mes después de presentada la denuncia, por lo que no puede considerarse que haya transcurrido un plazo excesivo e irrazonable, sin que la autoridad recurrida resuelva la solicitud del amparado, toda vez que, no ha transcurrido el plazo de dos meses que dispone el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que las autoridades recurridas aún se encuentran en plazo para resolver en definitiva su gestión.", "excerpt_en": "II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. (...) In the specific case, although an exceptional situation is raised which could eventually be protected by this Chamber, since it relates to the right to a healthy environment, health, and risk to individuals, the truth is that the amparo is premature, because the complaint whose lack of resolution is claimed in this amparo was filed on February 8, 2024, and this amparo was filed on March 12, 2024—that is, little more than a month after filing the complaint. Therefore, it cannot be considered that an excessive and unreasonable period has elapsed without the respondent authority resolving the petitioner's request, given that the two-month period established by Article 261 of the General Public Administration Law has not passed, and the respondent authorities are therefore still within the time limit to definitively resolve the matter.", "outcome": { "label_en": "Inadmissible", "label_es": "Inadmisible", "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismissed the amparo as premature because the two-month period for the administration to resolve the complaint had not yet elapsed.", "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano el amparo por prematuro al no haber transcurrido el plazo de dos meses para que la administración resuelva la denuncia." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "the amparo is premature, because the complaint whose lack of resolution is claimed in this amparo was filed on February 8, 2024, and this amparo was filed on March 12, 2024—that is, little more than a month after filing the complaint—so it cannot be considered that an excessive and unreasonable period has elapsed", "quote_es": "el amparo resulta prematuro, pues la denuncia cuya falta de resolución se reclama en este amparo, se presentó el 08 de febrero de 2024 y este amparo se interpuso el 12 de marzo de 2024, es decir, poco más de un mes después de presentada la denuncia, por lo que no puede considerarse que haya transcurrido un plazo excesivo e irrazonable" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1220554", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 07541 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 15 de Marzo del 2024 a las 09:20\n\nExpediente: 24-006819-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-006819-0007-CO\n\nRes. Nº 2024007541\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de marzo de dos mil veinticuatro .\n\n Recurso de amparo interpuesto por ANA RITA SANABRIA CORRALES, cédula de identidad número 205190436, a favor de LELIA SANABRIA CORRALES, cédula de identidad número 203620290, AIDA LOPEZ RETANA,   cédula de identidad número 202950082 y RAFAEL LÓPEZ RETANA,  cédula de identidad número 202330640,  todos vecinos de San Antonio de Barranca de Naranjo; CONTRA LA  MUNICIPALIDAD DE NARANJO Y  EL MINISTERIO DE SALUD NARANJO.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea   a las 19:12 horas  del 12 de marzo de 2024, la  recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que: “1 Que actualmente hay un camino público en San Antonio de Barranca que se derrumbó más de la mitad de este camino y la otra mitad está en riesgo de derrumbe. 2. Que dicho camino público es un riesgo al transitar en vehículo e incluso a pie tanto para personas como animales. 3. Que solicite una valoración al comité de emergencias y reparación del camino y hasta la fecha no he recibido respuesta. 4.Que el camino público de la entrada a finca Baranca actual Globalterra Costa Rica es un riesgo para la vida y además presenta contaminación ambiental al rio Barranca por contaminación de las aguas negras que debe ser supervisado y atendido por la Municipalidad y el Ministerio de Salud. 5. Que debido al deslave de aguas negras se han deteriorado dos propiedades que necesitan reparaciones. 6. Que debido al deslave de terreno se ha visto afectada la propiedad de la señora Aida y Rafael ambos de Apellidos López Retana. 7. Que ha inicios del mes de febrero del año 2024 la señora Lelia Sanabria Corrales entrego una denuncia para solicitar la valoración y reparación del camino y hasta la fecha no ha recibido respuesta.” Solicita que se realicen las reparaciones en el camino descrito,  se brinde protección ambiental a la reserva forestal del Río Barranca y se tomen medidas para el tratamiento de aguas negras para que no lleguen al río, así como las reparaciones en el terreno afecta. Asimismo, se condene al pago de costas, daños y perjuicios.\n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n   I.- OBJETO DEL RECURSO.  La recurrente alega que, a inicios del febrero de 2024, la  amparada  Leila Sanabria presentó una denuncia para solicitar la valoración y reparación del camino público en San Antonio de Barranca, el cual  se derrumbó más de la mitad de este camino y la otra mitad está en riesgo de derrumbe. Acusa que existe  un riesgo al transitar en vehículo e incluso a pie tanto para personas como animales. Sostiene que solicitó una valoración al comité de emergencias y reparación del camino y hasta la fecha no he recibido respuesta. Además presenta contaminación ambiental al río Barranca por contaminación de las aguas negras. Sin embargo, a la fecha de interposición de este amparo, no han recibido respuesta.\n\nII.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. En primer término, es preciso aclarar que el derecho de petición, establecido en el ordinal 27 constitucional, entendido como la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, se refiere a peticiones puras y simples de información, en cuyo caso normalmente la respuesta deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. A diferencia de las peticiones puras y simples, existen otros supuestos, en los que el artículo 27 Constitucional, en sentido estricto, no es el aplicable, sino el numeral 41 de la Carta Fundamental: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”; tesis que fue recogida en el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, según el cual no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, reclamos,  quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley. En sentido, salvo plazos especiales que establezca la ley, se aplican los plazos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325). No obstante,  a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones—– aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo —incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes.\n\nAhora bien, en el caso concreto,  si bien, se plantea un supuesto de excepción, que eventualmente podría ser tutelado por esta Sala,  pues está relacionado con el derecho a un ambiente sano, a la salud y riesgo para las personas, lo cierto es que, el amparo resulta prematuro, pues la denuncia cuya falta de resolución se reclama en este amparo, se presentó el  08 de febrero de 2024 y este amparo se interpuso el  12 de marzo de 2024, es decir, poco más de un mes después de presentada la denuncia,  por lo que no puede considerarse que haya transcurrido un plazo excesivo e irrazonable, sin que la autoridad recurrida resuelva la solicitud del amparado, toda vez que, no ha transcurrido el plazo de dos meses que dispone el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que las autoridades recurridas  aún se encuentran en plazo para resolver en definitiva su gestión. Por ende el recurso resulta inadmisible y así se declara, sin perjuicio -claro está- que la  recurrente pueda acudir nuevamente en amparo, si una vez transcurrido el plazo indicado, las autoridades recurridas no atendieran la denuncia.\n\nIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlejandro Delgado F.\n\n\n\n\nRosibel Jara V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n VER7D9477THA61\n\nEXPEDIENTE N° 24-006819-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:30:38.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nSala Constitucional\n\nResolution No. 07541 - 2024\n\nResolution Date: March 15, 2024 at 09:20\n\nExpediente: 24-006819-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 24-006819-0007-CO\n\nRes. No. 2024007541\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the fifteenth of March two thousand twenty-four.\n\nAn amparo appeal filed by ANA RITA SANABRIA CORRALES, identity card number 205190436, on behalf of LELIA SANABRIA CORRALES, identity card number 203620290, AIDA LOPEZ RETANA, identity card number 202950082 and RAFAEL LÓPEZ RETANA, identity card number 202330640, all residents of San Antonio de Barranca de Naranjo; AGAINST THE MUNICIPALITY OF NARANJO AND THE MINISTRY OF HEALTH OF NARANJO.\n\nWhereas:\n\n1.- By a brief filed through Online Case Management at 19:12 hours on March 12, 2024, the petitioner files an amparo appeal and states that: \"1 That currently there is a public road in San Antonio de Barranca where more than half of this road collapsed and the other half is at risk of collapse. 2. That said public road poses a risk when traveling by vehicle and even on foot for both people and animals. 3. That I requested an assessment from the emergency committee and repair of the road and to date I have not received a response. 4. That the public road at the entrance to the Baranca estate, currently Globalterra Costa Rica, is a risk to life and also causes environmental contamination to the Barranca River due to blackwater contamination, which must be supervised and addressed by the Municipality and the Ministry of Health. 5. That due to the blackwater spill, two properties have deteriorated and need repairs. 6. That due to the landslide, the property of Mrs. Aida and Rafael, both with the last name López Retana, has been affected. 7. That at the beginning of February 2024, Mrs. Lelia Sanabria Corrales submitted a complaint to request the assessment and repair of the road and to date has not received a response.\" She requests that the repairs on the described road be carried out, that environmental protection be provided to the forest reserve of the Barranca River, and that measures be taken for blackwater treatment so that it does not reach the river, as well as the repairs on the affected land. Likewise, she requests a condemnation for costs, damages, and losses.\n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction authorizes the Chamber to reject a matter outright or on its merits, at any time, even from its filing, any proceeding brought before it that is manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient grounds to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of an equal or similar previous proceeding that was rejected.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner alleges that, at the beginning of February 2024, the protected party Leila Sanabria filed a complaint to request the assessment and repair of the public road in San Antonio de Barranca, where more than half of this road collapsed and the other half is at risk of collapse. She accuses that there is a risk when traveling by vehicle and even on foot for both people and animals. She maintains that she requested an assessment from the emergency committee and repair of the road and to date has not received a response. Furthermore, it presents environmental contamination to the Barranca River due to blackwater contamination. However, as of the date this amparo was filed, they have not received a response.\n\nII.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. In the first instance, it is necessary to clarify that the right of petition, established in Article 27 of the Constitution, understood as the power of every citizen to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of their interest, refers to pure and simple requests for information, in which case the response must normally be given within 10 business days following the receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and other regulations governing the matter. Unlike pure and simple petitions, there are other cases in which Constitutional Article 27, in its strict sense, is not applicable, but rather Article 41 of the Fundamental Charter: \"Resorting to the laws, all shall find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests. Justice must be administered promptly, completely, without denial, and in strict conformity with the laws\"; a thesis that was included in Article 3 of the Law on the Regulation of the Right of Petition No. 9097, according to which those requests, claims, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system established a specific administrative procedure and deadlines different from those regulated in said law are not subject to the right of petition. In this sense, unless there are special deadlines established by law, the deadlines established in the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) apply. However, as of vote number 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is debated whether the public authority has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the admissible administrative appeals.\n\nNow then, in the specific case, although an exception is raised that could eventually be protected by this Chamber, since it is related to the right to a healthy environment, to health, and risk to individuals, the truth is that the amparo is premature, because the complaint whose lack of resolution is claimed in this amparo was filed on February 8, 2024, and this amparo was filed on March 12, 2024, that is, just over a month after the complaint was filed, and therefore it cannot be considered that an excessive and unreasonable period has elapsed without the respondent authority resolving the protected party's request, given that the two-month period provided for in Article 261 of the General Law of Public Administration has not elapsed, and therefore the respondent authorities are still within the deadline to definitively resolve her proceeding. Therefore, the appeal is inadmissible and is so declared, without prejudice —of course— that the petitioner may resort to amparo again, if once the indicated deadline has elapsed, the respondent authorities have not addressed the complaint.\n\nIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The petitioner is warned that if she has provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is rejected outright.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nIngrid Hess H.\n\nAlejandro Delgado F.\n\nRosibel Jara V.\n\nJose Roberto Garita N.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\nVER7D9477THA61\n\nEXPEDIENTE N° 24-006819-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. 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