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  "id": "nexus-sen-1-0007-1220692",
  "citation": "Res. 08016-2024 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho a respuesta pronta en denuncias ambientales ante la Municipalidad de Moravia",
  "title_en": "Right to a Timely Response in Environmental Complaints to the Municipality of Moravia",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo por violación al derecho a una justicia administrativa pronta. El recurrente presentó una denuncia ante la Municipalidad de Moravia solicitando información sobre si las construcciones cerca del río IPIS respetaban la zona de protección del artículo 33 de la Ley Forestal. La municipalidad no respondió sino hasta más de un año después, y solo tras ser notificada del amparo. La Sala consideró que la demora vulneró el derecho del recurrente y, aunque estimó el recurso, no condenó en costas, daños y perjuicios. Dos magistrados salvaron parcialmente el voto, sosteniendo que procedía la condenatoria en abstracto conforme a los artículos 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El fallo reafirma la obligación de la administración de responder las denuncias ambientales en un plazo razonable y discute el régimen de condenatorias cuando la administración cesa la lesión durante el trámite del amparo.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo action for violation of the right to prompt administrative justice. The petitioner filed a complaint with the Municipality of Moravia requesting information on whether constructions near the Ipís River respected the protection zone under Article 33 of the Forestry Law. The municipality did not respond until more than a year later, and only after being notified of the amparo. The Chamber found the delay violated the petitioner's right and granted the action, but without awarding costs or damages. Two justices partially dissented, arguing that a judgment in abstract should be imposed under Articles 51 and 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. The ruling reaffirms the administration's duty to respond to environmental complaints within a reasonable time and discusses the regime of monetary awards when the administration ceases the violation during amparo proceedings.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "22/03/2024",
  "year": "2024",
  "topic_ids": [
    "water-law",
    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "derecho de petición",
    "justicia administrativa pronta",
    "recurso de amparo",
    "retiro de ríos",
    "zona de protección",
    "condenatoria en abstracto",
    "voto salvado"
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  "keywords_es": [
    "derecho de petición",
    "justicia administrativa pronta",
    "recurso de amparo",
    "Municipalidad de Moravia",
    "río IPIS",
    "Ley Forestal artículo 33",
    "zona de protección",
    "retiro de ríos",
    "condenatoria en costas",
    "Sala Constitucional",
    "Artículo 52 LJC"
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  "keywords_en": [
    "right to petition",
    "prompt administrative justice",
    "amparo action",
    "Municipality of Moravia",
    "Ipís River",
    "Forestry Law Article 33",
    "protection zone",
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    "award of costs",
    "Constitutional Chamber",
    "Article 52 Constitutional Jurisdiction Law"
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  "excerpt_es": "Debido a lo expuesto, es que este Tribunal Constitucional considera que se violentó el derecho a una justicia administrativa pronta del tutelado, ya que la denuncia la presentó el 1 de marzo de 2023 y fue contestada de manera efectiva hasta el 13 de marzo de 2024, más de un año después. Todo lo anterior, luego de que el recurrido fuera notificado sobre los hechos alegados en este recurso -notificación realizada el 11 de marzo de 2024-. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consideraciones que se dirán a continuación.",
  "excerpt_en": "In light of the foregoing, this Constitutional Court considers that the petitioner's right to prompt administrative justice was violated, since the complaint was filed on March 1, 2023 and was not effectively answered until March 13, 2024, more than a year later. All of this occurred after the respondent was notified of the facts alleged in this appeal — notification made on March 11, 2024. Consequently, the appropriate course is to grant the appeal, with the considerations set forth below.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The amparo was granted for violation of the right to prompt administrative justice, without award of costs or damages.",
    "summary_es": "Se declaró con lugar el recurso por violación al derecho a una justicia administrativa pronta, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios."
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      "context": "Considerando V",
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      "quote_es": "Se violentó el derecho a una justicia administrativa pronta del tutelado, ya que la denuncia la presentó el 1 de marzo de 2023 y fue contestada de manera efectiva hasta el 13 de marzo de 2024, más de un año después."
    },
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      "context": "Considerando VI (citando Art. 52 LJC)",
      "quote_en": "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate.",
      "quote_es": "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
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    {
      "context": "Considerando VII (voto salvado)",
      "quote_en": "The mere fact that, during the proceedings, the Administration issues a resolution... that revokes, halts or suspends the challenged action does not, per se, rule out that... the alleged indifference or disturbance complained of may have caused damages.",
      "quote_es": "La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución... que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que... la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 08016 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 22 de Marzo del 2024 a las 09:20\n\nExpediente: 24-005494-0007-CO\n\nRedactado por: Ingrid Hess Herrera\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-005494-0007-CO\n\nRes. Nº 2024008016\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintidos de marzo de dos mil veinticuatro .\n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente N° 24-005494- 0007-CO, interpuesto por RAMIRO DE LOS ÁNGELES TORRES BEITA, cédula de identidad N° 0601530079, contra la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 28 de febrero de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Moravia. Manifiesta, que el 01 de marzo de 2023 presentó ante el municipio recurrido la siguiente gestión: \"(...) solicito se me indique, si en la Quebrada, (rio IPIS) que está en el cantón de Moravia, que va de la calle pública que va subiendo desde Moravia y previo a llegar al antiguo Centro Comercial los PANCHOS, que pasa por un puente y que se puede desviar a la Trinidad de Moravia o Coronado, en el puente propiamente, pareciera que hay unas construcciones, que podrían estar dentro de esas zonas de protección del río, señalar si se está respetando el retiro que estipula el artículo 33 de la Ley Forestal (…)\". Reclama que al día de interposición del recurso no ha recibido respuesta alguna. Solicita la intervención de este Tribunal Constitucional.\n\n2.- Por resolución de las 11:28 horas de 6 de marzo de 2024, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia al Alcalde de Moravia.\n\n3.- Informa Roberto Zoch Gutiérrez, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Moravia, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:\n\n“PRIMERO: Se admite como cierto: Efectivamente el amparado presentó una nota solicitando información sobre unas obras constructivas cerca del puente sobre el río IPIS, por el Centro Comercial Los Panchos, Cantón de Moravia.\n\nSEGUNDO: Se admite con variantes, toda vez que mediante oficio DAMM-133-03-2024 de fecha 13 de marzo de 2024, se dio respuesta al amparado (VER DOCUMENTO ADJUNTO), adjuntándole los informes técnicos correspondientes e información adicional (VER DOCUMENTOS ANEXOS). No se omite manifestar que para da respuesta al accionante, fue necesario solicitar informe técnico a las oficinas de Gestión Ambiental, Gestión de Riesgo y Emergencias, Inspección de Control Urbano; asimismo, fue necesario solicitar a la empresa contratista del AYA, información adicional sobre las obras en mención. Tal y como se le indicó al amparado, efectivamente el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ha venido realizando obras constructivas contiguo en ese lugar, a través de la empresa SADE, como parte de un Proyecto de Alcantarillado Sanitario Metropolitano, específicamente para la construcción y mejoras de colectores y subcolectores en las cuencas Rivera, Torres, María Aguilar y Tiribi conocido como Proyecto COMECO, que contempla la instalación de dos extensiones sanitarias referidas a la Extensión San Francisco y la Extensión Rivera, las cuales se interconectan a través de un puente de tubería de hierro dúctil instalado sobre el rio Ipís (al cual hace alusión el accionante en su misiva), para que las aguas residuales sigan su camino a través de la red de colectores sanitarios hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos. No omito manifestar, que las obras del AYA son realizadas por medio de una empresa contratada (SADE). Así las cosas, con la respuesta dada al recurrente, se da cumplimiento a los parámetros que rigen al derecho de petición”.\n\nEn atención a las consideraciones expuestas, solicita se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 22 de marzo de 2024, el señor Ronald Zamora Quirós, solicita se le tenga como coadyuvante activo a favor del señor Ramiro Torres Beita. Explica, lo siguiente:\n\n“Como podrá notar la Sala Constitucional el alcalde de la Municipalidad de Moravia el señor Roberto Zoch Gutiérrez, trata de evadir dar la contestación solicitada, pues don Ramiro, lo solicitó las construcciones que invaden la zona protegida que hay supuestamente muchas viviendas en esa área que representa un peligro a nuestro juicio para ellas y aún más ahora que el AYA, en apariencia se está invadiendo esa área protegida para realizar grandes construcciones para supuestamente el paso de las aguas negras de esos cantones: Vázquez de Coronado, Goicoechea, etc.\n\nEl principio general de eficiencia y eficacia se encuentra ya consagrado desde el numeral 11 de la Constitución. Norma que, establece un deber amplio de rendición de cuentas y evaluación del actuar administrativo. Sobre el tema, cítese el dictamen C-335-2003 de 28 de octubre de 2003\n\n(…)\n\nEl principio general de eficiencia y eficacia se encuentra ya consagrado desde el numeral 11 de la Constitución. Norma que, establece un deber amplio de rendición de cuentas y evaluación del actuar administrativo. Sobre el tema cítese el dictamen C-335-2003 de 28 de octubre de 2003:\n\n(…)\n\nPor lo que solicito con lodo respeto se declare con lugar el Recurso de Amparo a favor de Ramiro Torres Beita”.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto, por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute, si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues se está ante una denuncia de índole ambiental, la cual presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de la autoridad recurrida. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- SOBRE LA COADYUVANCIA PRESENTADA. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimada para actuar como coadyuvante, quien ostente un interés directo en el resultado del recurso. Empero, al no ser actor principal, el coadyuvante no resultar á directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de esta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter erga omnes de la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En el caso concreto, la Sala procede a admitir la coadyuvancia activa formulada por Ronald Zamora Quirós, por cuanto la parte solicitante tiene un claro interés en el resultado de este proceso.\n\nIII.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente asegura que el 01 de marzo de 2023 presentó ante el municipio recurrido la siguiente gestión: \"(...) solicito se me indique, si en la Quebrada, (rio IPIS) que está en el cantón de Moravia, que va de la calle pública que va subiendo desde Moravia y previo a llegar al antiguo Centro Comercial los PANCHOS, que pasa por un puente y que se puede desviar a la Trinidad de Moravia o Coronado, en el puente propiamente, pareciera que hay unas construcciones, que podrían estar dentro de esas zonas de protección del río, señalar si se está respetando el retiro que estipula el artículo 33 de la Ley Forestal (…)\". Reclama que al día de interposición del recurso no ha recibido respuesta alguna.\n\nIV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:\n\nEl 01 de marzo de 2023, el recurrente presentó ante el municipio recurrido la siguiente gestión: \"(...) solicito se me indique, si en la Quebrada, (rio IPIS) que está en el cantón de Moravia, que va de la calle pública que va subiendo desde Moravia y previo a llegar al antiguo Centro Comercial los PANCHOS, que pasa por un puente y que se puede desviar a la Trinidad de Moravia o Coronado, en el puente propiamente, pareciera que hay unas construcciones, que podrían estar dentro de esas zonas de protección del río, señalar si se está respetando el retiro que estipula el artículo 33 de la Ley Forestal (…)\" (véase al respecto copia de la gestión remitida por el recurrente).\nLa resolución de curso de este recurso, se le notificó a la autoridad recurrida el 11 de marzo de 2024 (véase al respecto el acta de notificación agregada en autos).\nEl 13 de marzo de 2024, por oficio N° DAMM 133-03-2024, al recurrente se le contestó lo siguiente: “Reciba usted un cordial saludo. Mediante la presente, procedo dar respuesta a su carta, en la cual usted nos consulta sobre unas obras constructivas que se llevan a cabo a la par del puente al cual usted hace referencia en su misiva. Para dar respuesta a su solicitud, adjunto encontrará el informe técnico, oficios DTO-CAAM-07-03-24, DTO-CU-ROR-015-02-2024 y A-GRAE-06-03-2024, suscrito por Daniel Barquero Quirós de la Oficina de Gestión Ambiental, Ileana Méndez Ocampo de la Oficina de Gestión de Riesgo y Emergencia, y Reynaldo Oconitrillo Rivera de la Oficina de Inspección de Control Urbano. Como usted podrá comprobar, efectivamente el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ha venido realizando obras constructivas contiguo en ese lugar, como parte de un Proyecto de Alcantarillado Sanitario Metropolitano, específicamente para la construcción y mejoras de colectores y subcolectores en las cuencas Rivera, Torres, María Aguilar y Tiribi conocido como Proyecto COMECO, que contempla la instalación de dos extensiones sanitarias referidas a la Extensión San Francisco y la Extensión Rivera, las cuales se interconectan a través de un puente de tubería de hierro dúctil instalado sobre el RIO IPIS (al cual usted hace indicación en su misiva), para que las aguas residuales sigan su camino a través de la red de colectores sanitarios hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos. No omito manifestar, que las obras del AYA son realizadas por medio de una empresa contratada (SADE). En apoyo a lo manifestado, le adjunto adicionalmente: 1- Resolución del Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Aguas de las 17 horas, 16 minutos de 13 de septiembre de 2022. 2.- Decreto Ejecutivo No. 36529-MINAET. 3.- Planos de las obras constructivas que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), a través de la empresa SADE, está llevando a cabo contiguo al puente al cual usted hace mención en su nota. Estos documentos son referenciados, toda vez que sustentan las obras constructivas que se llevan a cabo en ese lugar” (véase al respecto copia del documento remitido por la autoridad recurrida y el informe rendido)”.\n\nV.- SOBRE EL FONDO. En este caso, se acreditó que el 01 de marzo de 2023, el recurrente presentó ante el municipio recurrido la siguiente gestión: \"(...) solicito se me indique, si en la Quebrada, (rio IPIS) que está en el cantón de Moravia, que va de la calle pública que va subiendo desde Moravia y previo a llegar al antiguo Centro Comercial los PANCHOS, que pasa por un puente y que se puede desviar a la Trinidad de Moravia o Coronado, en el puente propiamente, pareciera que hay unas construcciones, que podrían estar dentro de esas zonas de protección del río, señalar si se está respetando el retiro que estipula el artículo 33 de la Ley Forestal (…)\". Además, que el 13 de marzo de 2024, por oficio N° DAMM 133-03-2024, al recurrente se le contestó lo siguiente: “Reciba usted un cordial saludo. Mediante la presente, procedo dar respuesta a su carta, en la cual usted nos consulta sobre unas obras constructivas que se llevan a cabo a la par del puente al cual usted hace referencia en su misiva. Para dar respuesta a su solicitud, adjunto encontrará el informe técnico, oficios DTO-CAAM-07-03-24, DTO-CU-ROR-015-02-2024 y A-GRAE-06-03-2024, suscrito por Daniel Barquero Quirós de la Oficina de Gestión Ambiental, Ileana Méndez Ocampo de la Oficina de Gestión de Riesgo y Emergencia, y Reynaldo Oconitrillo Rivera de la Oficina de Inspección de Control Urbano. Como usted podrá comprobar, efectivamente el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ha venido realizando obras constructivas contiguo en ese lugar, como parte de un Proyecto de Alcantarillado Sanitario Metropolitano, específicamente para la construcción y mejoras de colectores y subcolectores en las cuencas Rivera, Torres, María Aguilar y Tiribi conocido como Proyecto COMECO, que contempla la instalación de dos extensiones sanitarias referidas a la Extensión San Francisco y la Extensión Rivera, las cuales se interconectan a través de un puente de tubería de hierro dúctil instalado sobre el RIO IPIS (al cual usted hace indicación en su misiva), para que las aguas residuales sigan su camino a través de la red de colectores sanitarios hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos. No omito manifestar, que las obras del AYA son realizadas por medio de una empresa contratada (SADE). En apoyo a lo manifestado, le adjunto adicionalmente: 1- Resolución del Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Aguas de las 17 horas, 16 minutos de 13 de septiembre de 2022. 2.- Decreto Ejecutivo No. 36529-MINAET. 3.- Planos de las obras constructivas que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), a través de la empresa SADE, está llevando a cabo contiguo al puente al cual usted hace mención en su nota. Estos documentos son referenciados, toda vez que sustentan las obras constructivas que se llevan a cabo en ese lugar”.\n\nDebido a lo expuesto, es que este Tribunal Constitucional considera que se violentó el derecho a una justicia administrativa pronta del tutelado, ya que la denuncia la presentó el 1 de marzo de 2023 y fue contestada de manera efectiva hasta el 13 de marzo de 2024, más de un año después. Todo lo anterior, luego de que el recurrido fuera notificado sobre los hechos alegados en este recurso -notificación realizada el 11 de marzo de 2024-. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consideraciones que se dirán a continuación.\n\nVI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” . Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes” , lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y SOLANO AGUILAR, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. \n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: \n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:  \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. \n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.  \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.  \n\nEn nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:  \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.   \n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. \n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso respecto a la acusada violación del derecho a una justicia administrativa pronta, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Los magistrados Salazar Alvarado y Solano Aguilar salvan parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas.-\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n\n\n\nAlejandro Delgado F.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n YWMXGWYKIXK61\n\nEXPEDIENTE N° 24-005494-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:30:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Constitucional\n\n**Resolution No. 08016 - 2024**\n\n**Date of Resolution:** March 22, 2024, at 09:20\n\n**Expediente:** 24-005494-0007-CO\n\n**Drafted by:** Judge Ingrid Hess Herrera\n\n**Type of matter:** Amparo appeal\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Text of the resolution**\n\n*****\n\n**Exp:** 24-005494-0007-CO\n**Res. No.** 2024008016\n\n**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-second of March, two thousand twenty-four.\n\nAmparo appeal processed in expediente No. 24-005494-0007-CO, filed by RAMIRO DE LOS ÁNGELES TORRES BEITA, identification number No. 0601530079, against the MUNICIPALIDAD DE MORAVIA.\n\n**WHEREAS:**\n\n**1.-** By written submission filed with the Secretariat of the Sala and added to the expediente on February 28, 2024, the petitioner files an amparo appeal against the Municipalidad de Moravia. He states that on March 1, 2023, he submitted the following request to the respondent municipality: \"(...) I request to be informed, if in the Quebrada, (río IPIS) that is in the cantón of Moravia, that goes from the public road going up from Moravia and before reaching the old Los PANCHOS Shopping Center, which passes over a bridge and one can turn off to La Trinidad de Moravia or Coronado, on the bridge itself, it appears that there are some constructions, which might be within those river protection zones, to indicate whether the setback stipulated in Article 33 of the Ley Forestal (...) is being respected\". He claims that as of the date of filing the appeal, he has not received any response. He requests the intervention of this Constitutional Court.\n\n**2.-** By resolution at 11:28 hours on March 6, 2024, the proceeding was granted leave and a hearing was granted to the Mayor of Moravia.\n\n**3.-** Roberto Zoch Gutiérrez reports, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Moravia, regarding the accused facts, the following:\n\n\"FIRST: Admitted as true: Indeed, the protected party submitted a note requesting information about some construction works near the bridge over the Río IPIS, by the Los Panchos Shopping Center, Cantón de Moravia.\n\nSECOND: Admitted with variations, since through official communication DAMM-133-03-2024 dated March 13, 2024, a response was given to the protected party (SEE ATTACHED DOCUMENT), attaching the corresponding technical reports and additional information (SEE ANNEXED DOCUMENTS). I do not omit to state that to respond to the plaintiff, it was necessary to request a technical report from the offices of Environmental Management (Gestión Ambiental), Risk and Emergency Management (Gestión de Riesgo y Emergencias), and Urban Control Inspection (Inspección de Control Urbano); likewise, it was necessary to request additional information about the works in question from the AyA contractor company. As indicated to the protected party, indeed the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), has been carrying out adjacent construction works at that location, through the company SADE, as part of a Metropolitan Sanitary Sewer Project (Proyecto de Alcantarillado Sanitario Metropolitano), specifically for the construction and improvement of collectors and sub-collectors in the Rivera, Torres, María Aguilar, and Tiribí basins known as Proyecto COMECO, which includes the installation of two sanitary extensions referred to as the San Francisco Extension (Extensión San Francisco) and the Rivera Extension (Extensión Rivera), which are interconnected through a ductile iron pipe bridge installed over the Río Ipís (to which the plaintiff alludes in his missive), so that wastewater continues its path through the network of sanitary collectors to the Los Tajos Wastewater Treatment Plant (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos). I do not omit to state that the AyA works are carried out by a contracted company (SADE). Thus, with the response given to the petitioner, compliance is given to the parameters governing the right of petition.\"\n\nIn light of the considerations set forth, he requests that the appeal be dismissed.\n\n**4.-** By written submission filed with the Secretariat of the Sala and added to the expediente on March 22, 2024, Mr. Ronald Zamora Quirós requests to be considered an active coadjuvant in favor of Mr. Ramiro Torres Beita. He explains the following:\n\n\"As the Sala Constitucional may note, the mayor of the Municipalidad de Moravia, Mr. Roberto Zoch Gutiérrez, tries to evade giving the requested answer, since Mr. Ramiro requested the constructions that invade the protected area, where there are supposedly many dwellings in that area that represent a danger in our view to them and even more so now that AyA, apparently, is invading that protected area to carry out large constructions for supposedly the passage of wastewater from those cantones: Vázquez de Coronado, Goicoechea, etc.\n\nThe general principle of efficiency and effectiveness is already enshrined from Article 11 of the Constitution. A provision establishing a broad duty of accountability and evaluation of administrative action. On this subject, see opinion C-335-2003 of October 28, 2003\n\n(...)\n\nThe general principle of efficiency and effectiveness is already enshrined from Article 11 of the Constitution. A provision establishing a broad duty of accountability and evaluation of administrative action. On this subject, see opinion C-335-2003 of October 28, 2003:\n\n(...)\n\nTherefore, I respectfully request that the Amparo Appeal be granted in favor of Ramiro Torres Beita.\"\n\n**5.-** The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Judge Hess Herrera; and,\n\n**CONSIDERING:**\n\n**I.- PRELIMINARY MATTER.** Before analyzing the merits of the matter, regarding the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of the Public Administration (Ley General de la Administración Pública, articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario arises —supported by the majority of this Constitutional Court— since we are dealing with an environmental-type complaint, which allegedly has not been resolved within a reasonable timeframe by the respondent authority. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\n**II.- ON THE COADJUVANCY FILED.** Coadjuvancy is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding adhering to the claims of one of the main parties; consequently, anyone who holds a direct interest in the outcome of the appeal is legitimized to act as a coadjuvant. However, not being a principal actor, the coadjuvant will not be directly affected by the judgment, that is, the efficacy thereof cannot reach him directly and immediately, nor does the res judicata status of the ruling affect him, although in amparo matters, the efficacy of what is resolved may benefit him, due to the erga omnes nature of the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction (article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). In the specific case, the Sala proceeds to admit the active coadjuvancy filed by Ronald Zamora Quirós, since the requesting party has a clear interest in the outcome of this process.\n\n**III.- PURPOSE OF THE APPEAL.** The petitioner asserts that on March 1, 2023, he submitted the following request to the respondent municipality: \"(...) I request to be informed, if in the Quebrada, (río IPIS) that is in the cantón of Moravia, that goes from the public road going up from Moravia and before reaching the old Los PANCHOS Shopping Center, which passes over a bridge and one can turn off to La Trinidad de Moravia or Coronado, on the bridge itself, it appears that there are some constructions, which might be within those river protection zones, to indicate whether the setback stipulated in Article 33 of the Ley Forestal (...) is being respected\". He claims that as of the date of filing the appeal he has not received any response.\n\n**IV.- PROVEN FACTS.** Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are deemed duly demonstrated:\n\nOn March 1, 2023, the petitioner submitted the following request to the respondent municipality: \"(...) I request to be informed, if in the Quebrada, (río IPIS) that is in the cantón of Moravia, that goes from the public road going up from Moravia and before reaching the old Los PANCHOS Shopping Center, which passes over a bridge and one can turn off to La Trinidad de Moravia or Coronado, on the bridge itself, it appears that there are some constructions, which might be within those river protection zones, to indicate whether the setback stipulated in Article 33 of the Ley Forestal (...) is being respected\" (see in this regard a copy of the request sent by the petitioner).\nThe resolution granting leave for this appeal was notified to the respondent authority on March 11, 2024 (see in this regard the notification record added to the file).\nOn March 13, 2024, through official communication No. DAMM 133-03-2024, the petitioner was responded to with the following: \"Receive a cordial greeting. Hereby, I proceed to respond to your letter, in which you consult us about some construction works being carried out next to the bridge to which you refer in your missive. To respond to your request, attached you will find the technical report, official communications DTO-CAAM-07-03-24, DTO-CU-ROR-015-02-2024 and A-GRAE-06-03-2024, signed by Daniel Barquero Quirós from the Environmental Management Office (Oficina de Gestión Ambiental), Ileana Méndez Ocampo from the Risk and Emergency Management Office (Oficina de Gestión de Riesgo y Emergencia), and Reynaldo Oconitrillo Rivera from the Urban Control Inspection Office (Oficina de Inspección de Control Urbano). As you can verify, indeed the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), has been carrying out adjacent construction works at that location, as part of a Metropolitan Sanitary Sewer Project (Proyecto de Alcantarillado Sanitario Metropolitano), specifically for the construction and improvement of collectors and sub-collectors in the Rivera, Torres, María Aguilar, and Tiribí basins known as Proyecto COMECO, which includes the installation of two sanitary extensions referred to as the San Francisco Extension (Extensión San Francisco) and the Rivera Extension (Extensión Rivera), which are interconnected through a ductile iron pipe bridge installed over the RÍO IPIS (to which you make indication in your missive), so that the wastewater continues its path through the sanitary collector network to the Los Tajos Wastewater Treatment Plant (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos). I do not omit to state that the AyA works are carried out by a contracted company (SADE). In support of what is stated, I additionally attach: 1- Resolution from the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), Water Directorate (Dirección de Aguas) at 17 hours, 16 minutes on September 13, 2022. 2.- Decreto Ejecutivo No. 36529-MINAET. 3.- Plans of the construction works that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), through the company SADE, is carrying out adjacent to the bridge you mention in your note. These documents are referenced, since they support the construction works being carried out at that location\" (see in this regard a copy of the document sent by the respondent authority and the report rendered)\".\n\n**V.- ON THE MERITS.** In this case, it was proven that on March 1, 2023, the petitioner submitted the following request to the respondent municipality: \"(...) I request to be informed, if in the Quebrada, (río IPIS) that is in the cantón of Moravia, that goes from the public road going up from Moravia and before reaching the old Los PANCHOS Shopping Center, which passes over a bridge and one can turn off to La Trinidad de Moravia or Coronado, on the bridge itself, it appears that there are some constructions, which might be within those river protection zones, to indicate whether the setback stipulated in Article 33 of the Ley Forestal (...) is being respected\". Furthermore, that on March 13, 2024, through official communication No. DAMM 133-03-2024, the petitioner was responded to with the following: \"Receive a cordial greeting. Hereby, I proceed to respond to your letter, in which you consult us about some construction works being carried out next to the bridge to which you refer in your missive. To respond to your request, attached you will find the technical report, official communications DTO-CAAM-07-03-24, DTO-CU-ROR-015-02-2024 and A-GRAE-06-03-2024, signed by Daniel Barquero Quirós from the Environmental Management Office (Oficina de Gestión Ambiental), Ileana Méndez Ocampo from the Risk and Emergency Management Office (Oficina de Gestión de Riesgo y Emergencia), and Reynaldo Oconitrillo Rivera from the Urban Control Inspection Office (Oficina de Inspección de Control Urbano). As you can verify, indeed the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), has been carrying out adjacent construction works at that location, as part of a Metropolitan Sanitary Sewer Project (Proyecto de Alcantarillado Sanitario Metropolitano), specifically for the construction and improvement of collectors and sub-collectors in the Rivera, Torres, María Aguilar, and Tiribí basins known as Proyecto COMECO, which includes the installation of two sanitary extensions referred to as the San Francisco Extension (Extensión San Francisco) and the Rivera Extension (Extensión Rivera), which are interconnected through a ductile iron pipe bridge installed over the RÍO IPIS (to which you make indication in your missive), so that the wastewater continues its path through the sanitary collector network to the Los Tajos Wastewater Treatment Plant (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos). I do not omit to state that the AyA works are carried out by a contracted company (SADE). In support of what is stated, I additionally attach: 1- Resolution from the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), Water Directorate (Dirección de Aguas) at 17 hours, 16 minutes on September 13, 2022. 2.- Decreto Ejecutivo No. 36529-MINAET. 3.- Plans of the construction works that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), through the company SADE, is carrying out adjacent to the bridge you mention in your note. These documents are referenced, since they support the construction works being carried out at that location\".\n\nDue to the foregoing, this Constitutional Court considers that the protected party's right to prompt administrative justice was violated, since the complaint was filed on March 1, 2023, and was effectively answered only on March 13, 2024, more than a year later. All of the above, after the respondent was notified of the facts alleged in this appeal —notification made on March 11, 2024—. Consequently, it is appropriate to grant the appeal, with the considerations that will be set forth below.\n\n**VI.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.** Upon better consideration, the majority of the Sala considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (\"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable\"), the granting must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an explicit text in the law mandating that the operative part of the ruling state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that this same final paragraph refers that the granting is dictated \"solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable\". It is emphasized that the Law states \"if they are applicable\", which means that the applicability or inapplicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations do not directly refer to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it stipulates that: \"any resolution upholding the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment\", where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not contemplated. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, as applicable, International or Community Law, and furthermore, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional —cf. article 14—. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if deemed appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that he has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and prejudices.\n\n**VII.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF JUDGES SALAZAR ALVARADO AND SOLANO AGUILAR, ONLY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.**\n\nWhile we agree with the rest of the Sala in granting the appeal, we separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable\".\n\nOn the other hand, in article 51 ibidem, it is established that:\n\n\"...any resolution upholding the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment\".\n\nThis last norm establishes the general system regulating the matter of indemnification and payment of costs, and which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".\n\nIn the majority's criterion, article 51, cited, regulates the scenarios where the Sala has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and prejudices arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a scenario contemplated in article 52, referred to—, by imperative of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the infringer to the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of its fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Sala has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceedings, with restoration of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and prejudices against the infringer, whose basis lies in the principles of protection of individuals' rights and that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices caused by its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that at the moment the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms provided in articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and prejudices, because such a case forms an integral part of the general system of necessary award on those points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nOn the other hand, it is clear that article 52, mentioned, applies only in cases where the Sala, even when it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered in its fundamental rights, by virtue of the restitution, which, in the enjoyment of those rights, the Administration has granted in its favor; a situation that, as the majority of the Sala affirms, implies an \"abnormal termination of the process\".\n\nThe legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Sala can decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution granting leave for the amparo; and, 2) that an administrative or judicial resolution exists that indisputably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and prejudices, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted \"solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable\". As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection in the face of the damages and prejudices suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn our criterion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices upon a violation of fundamental rights, that award is always applicable, even in the case that the respondent party dictates a resolution, administrative or judicial, that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly evident that in the specific case no harm whatsoever capable of being indemnified was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from paying said items. Since in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions —the concrete determination of which does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs, damages, and prejudices, and we so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth noting that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or not of damages and prejudices, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From that perspective, the analysis conducted by this venue concentrates on said verification; however, it does not enter into the assessment of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Even though the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said award (in damages, prejudices, and costs) operates, if applicable, we the undersigned do not believe that such examination of pertinence can, a priori, be excluded automatically in this type of process, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special process whose object is the definition of the economic effects derived from awards dictated in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has the following object:\n\n\"ARTICLE 179.- It corresponds to the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, the execution of the judgments handed down by the Constitutional Jurisdiction, in hábeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications\".\n\nIt is clear that this process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Sala regarding an abstract award on those items, for such types of claims would not be applicable within those types of causes when the judgment handed down within the amparo process expressly establishes the inapplicability of damages, prejudices, and/or costs, as well as when there is no express ruling on this particular matter. That is, the special process in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express ruling by this Sala Constitucional. In that order, in our judgment, under the terms of the aforementioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceedings, the Administration dictates a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the sued entity's own cause or external cause, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and prejudices. However, such a substantive issue, concerning the effectiveness of the injuries, their quantification, timely claim, etc., are assessments that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are inherent to an abstract award that subsequently constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and prejudices, for, it is insisted, that is not its primary object or ratio. Thus, it does not correspond to the protected person to claim or demonstrate damages, given that what is sought is the safeguarding of their fundamental rights. Then, whether those administrative conducts have produced injuries is an extreme that, by principle and save exceptional cases, does not form part of the basis of analysis for this type of causes.\n\nNote that, in the situation governed by that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no inquiry into whether or not there is an infringement, and therefore, it is even less possible to determine whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of potential civil redress. In this way, the exemption from costs to which that norm alludes is of an exceptional, not a general, nature. Therefore, in those situations, the norm imposes an abstract award of costs, so that its appropriateness may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if this release from damages (daños y perjuicios) and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries to their pecuniary interests, would be placed at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted which causes the cessation of conduct that, in theory, threatens or violates the fundamental rights of the person. That is to say, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, if the continuance of the threat or the deterioration of their situation, insofar as it was made to cease due to the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses (daños y perjuicios), that is a matter which, except for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere materialization of the factual situation regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with our customary respect for the majority position, we express our vote and reiterate that the grant of this remedy must necessarily entail the abstract award of costs, damages and losses (costas, daños y perjuicios).\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in Session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial N° 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session N° 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe remedy is granted with respect to the alleged violation of the right to prompt administrative justice, without special award of costs, damages and losses (costas, daños y perjuicios). Judges Salazar Alvarado and Solano Aguilar partially dissent and order the award of damages, losses and costs (daños, perjuicios y costas).-\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n\n\n\nAlejandro Delgado F.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n YWMXGWYKIXK61\n\nEXPEDIENTE N° 24-005494-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:30:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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