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  "id": "nexus-sen-1-0007-1236188",
  "citation": "Res. 29457-2023 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo ambiental por extracción de materiales del río Seco se declara sin lugar",
  "title_en": "Environmental amparo for material extraction from Río Seco dismissed",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo contra el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano y el MINAE por la extracción de materiales del río Seco para la recuperación de caminos afectados por el huracán Eta. La mayoría considera que el recurrente no presentó denuncia previa ante las autoridades administrativas, requisito que la jurisprudencia exige para que la Sala pueda conocer de violaciones al derecho a un ambiente sano, salvo excepciones que no se configuran. Adicionalmente, la Sala estima que el municipio cumplió con los permisos y requisitos legales para la extracción, que las inspecciones del Área de Conservación Tempisque no hallaron afectación a las zonas de protección del río según el artículo 33 de la Ley Forestal, y que las labores ya habían sido suspendidas. El voto salvado de tres magistrados sostiene que debió continuarse el trámite y aplicar los principios precautorio, pro natura y de objetivación, al considerar insuficientes las pruebas aportadas y que la exigencia de denuncia previa no es aplicable a violaciones graves y evidentes del derecho al ambiente.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber dismisses an amparo action against the Municipal Council of Cóbano and MINAE regarding the extraction of materials from the Seco River for road repairs following Hurricane Eta. The majority holds that the claimant failed to file a prior complaint with the administrative authorities, a requirement established in case law for the Chamber to hear violations of the right to a healthy environment, unless exceptions apply, which were not met. Additionally, the Chamber finds that the municipality complied with all legal requirements and permits for the extraction, that inspections by the Tempisque Conservation Area found no damage to the river protection zones under Article 33 of the Forestry Law, and that the extraction work had already been halted. The dissenting vote of three justices argues that the proceeding should have continued and the precautionary, pro natura, and objectification principles applied, deeming the evidence insufficient and asserting that the prior-complaint requirement should not bar cases of grave and manifest environmental harm.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "10/11/2023",
  "year": "2023",
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    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "denuncia ambiental",
    "área de protección (artículo 33 Ley Forestal)",
    "principio precautorio",
    "principio pro natura",
    "objetivación de la tutela ambiental",
    "voto salvado",
    "Sala Constitucional"
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      "law": "Ley Forestal 7575"
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    "recurso de amparo",
    "extracción de materiales",
    "río Seco",
    "Cóbano",
    "área de protección",
    "artículo 33 Ley Forestal",
    "denuncia ambiental",
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  "keywords_en": [
    "amparo action",
    "material extraction",
    "Seco River",
    "Cóbano",
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    "Article 33 Forestry Law",
    "environmental complaint",
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  "excerpt_es": "IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite se tuvo por acreditado que el Distrito de Cóbano se encuentra dentro de una de las zonas más impactadas por el Huracán Eta, lo cual produjo una afectación considerablemente en casi toda la red vial distrital que requiere intervenciones de rehabilitación o reconstrucción de algunas de las vías. (...) En ambas inspecciones no se encontró evidencia de afectación a las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal. Finalmente, se coteja que a la fecha de rendido el informe la cantidad de metros cúbicos de extracción fue de 10.500 m3, toda vez que el concejo municipal tomó la determinación de no continuar en conjunto con la parte técnica (ingeniero vial y geólogo regente) de extraer el volumen restante, por cuanto ya no se cuenta con los recursos presupuestarios para cancelar más horas maquinaria dentro del proceso de licitación existente...",
  "excerpt_en": "IV. ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, it was established that the District of Cóbano is one of the areas most affected by Hurricane Eta, which caused considerable damage to almost the entire district road network requiring rehabilitation or reconstruction of some roads. (...) In both inspections, no evidence of damage to the protection zones defined in Article 33 of the Forestry Law was found. Finally, it is noted that at the time the report was submitted, the amount of cubic meters extracted was 10,500 m3, since the municipal council decided not to continue, together with the technical team (road engineer and supervising geologist), extracting the remaining volume, because there are no longer budgetary resources to pay for more machinery hours under the existing bidding process...",
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    "label_en": "Dismissed",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber dismisses the amparo action due to the claimant's failure to file a prior complaint and the lack of evidence of environmental damage.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo por falta de denuncia previa ante las autoridades y por no haberse acreditado el daño ambiental denunciado."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "for this Chamber to verify a violation of environmental rights, whether general or particular, we must be confronted with a scenario in which the affected person has filed a complaint, and during its processing it has been determined that there is a threat or that environmental damage is indeed occurring, and yet, the challenged administrative authorities have taken no measures whatsoever, thereby harming the constitutional right enshrined in Article 50 of the Constitution.",
      "quote_es": "para que esta Sala pueda corroborar una lesión a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que la persona afectada haya presentado una denuncia y que, durante su trámite, se haya determinado una amenaza o que efectivamente se esté dañando al medio ambiente, y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna."
    },
    {
      "context": "Voto salvado",
      "quote_en": "the violation of the right to the environment is distinct from the violation of the right to obtain prompt and complete justice due to delay in resolving an environmental complaint. Both are autonomous fundamental rights; while the second may entail the first, the first does not always entail the second.",
      "quote_es": "la violación al derecho al ambiente es distinta de una violación al derecho de obtener justicia pronta y cumplida por tardanza en la resolución de una denuncia ambiental. Ambos son derechos fundamentales autónomos, aunque el segundo pueda implicar al primero, el primero no siempre implica el segundo."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1236188",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 29457 - 2023\n\nFecha de la Resolución: 10 de Noviembre del 2023 a las 12:50\n\nExpediente: 23-012835-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencias Relacionadas Sentencias del mismo expediente\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nESTUDIOS AMBIENTALES.\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nTelf6046. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. SE CUESTIONA LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES PARA LA RECUPERACIÓN DE CAMINOS Y LA CANALIZACIÓN DE UN SECTOR DEL RÍO SECO. ADEMÁS, QUE DICHO MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA INTERVENIR LA CALLE DE DELICIAS, LA CUAL NO ES MUY CONCURRIDA DEJANDO DE LADO OTRAS QUE SI LO SON. SE DECLARA SIN LUGAR. VCG06/2024\n\n“(…) IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite se tuvo por acreditado que el Distrito de Cóbano se encuentra dentro de una de las zonas más impactadas por el Huracán Eta, lo cual produjo una afectación considerablemente en casi toda la red vial distrital que requiere intervenciones de rehabilitación o reconstrucción de algunas de las vías. En esa línea de ideas, se colige que mediante Decreto Ejecutivo No. 42705-MP, publicado en la Gaceta No. 271 del 12 de noviembre de 2020, el Poder Ejecutivo decretó emergencia debido al impacto generado por los efectos del Huracán Eta a nivel nacional en los siguientes cantones: “Provincia de Puntarenas: Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores y Garabito”. Consta que en oficio No. INT-2023-041 del 26 de febrero del 2023 el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano presentó ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias una solicitud de formal pronunciamiento, en la cual se haga constar que dentro de las afectaciones reportadas dentro del Plan General de la Emergencia del Decreto Ejecutivo No. 42705-MP se encuentran los caminos dispuestos para la intervención y con ello proceder a solicitar el permiso para la extracción de materiales de fuente pública ante la Dirección de Geología y minas del MINAE. En ese contexto, quedó demostrado que mediante resolución administrativa No. CNE-PRE-RESO-0023-2022 la Presidencia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias resolvió, en lo medular, que efectivamente los caminos números 6-01-002, 6-01-036, 6-01-038, 6-01-081, 6-01-110, 6-01-112, 6-01-126, 6-01-127, 6-01-129, 6-01-148, 6-01-150, 6-01-166, y 6-01-175 fueron incluidos dentro del Plan General y contaría con una vigencia de 120 días calendario a partir de la eficacia jurídica del decreto en cuestión. Así, se verifica que en oficio No. INT- 2023-106 del 06 de marzo del 2023 el intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano solicitó al MINAE, en acatamiento con lo establecido en el artículo 3 inciso h) Ley 8668 denominada \"Regulación de extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público por parte de las Municipalidades\", un permiso especial por un período máximo de 120 días en la localidad de Cóbano, donde se realizaría la extracción de material para la recuperación de caminos y la canalización de un sector del río Seco; ello, según lo indicado en la resolución administrativa No. CNE-PRE-RESO-0023-2022. Al efecto, se aportaron los requisitos legales y técnicos requeridos para la extracción de al menos 20.000 m3 de los 53.000 m3 que se requieren para intervenir la totalidad de los caminos registrados por el concejo municipal. Ahora bien, del elenco de hechos probados se extrae que el 05 de mayo de 2023 la fiscal de Cóbano se comunicó vía telefónica con la Subregión Cóbano, Área de Conservación Tempisque, MINAE, e indicó que ha recibido denuncias sobre una aparente extracción ilegal de material del río Arío y río Seco, cerca de la comunidad de San Ramón de Arío. En atención a lo expuesto, se demostró que el 05 de junio de 2023 el Área de Conservación Tempisque realizó una inspección al sitio en la que participaron funcionarios de la oficina subregional Cóbano del SINAC, quienes al aproximarse al sitio se toparon con el ingeniero Civil del Concejo Municipal de Cóbano, quien les mostró la Resolución No. 352-2023 de las 08:15 horas del 04 de mayo de 2023 correspondiente al expediente No. 2023-CDP-MUN-029, rubricada por el jefe del Registro Nacional Minero y les indicó que quien realiza las obras de extracción de material es el Concejo Municipal de Cóbano en cumplimiento de la legislación vigente. En la inspección realizada no se encontró maquinaria en labores de extracción de material; se hizo un recorrido por diferentes zonas del río donde se observaron signos de extracción de material; sin embargo, no se logró identificar afectaciones al área de protección del cuerpo de agua del dominio público. Posteriormente, sea el 12 de junio de 2023, el Área de Conservación Tempisque realizó una nueva inspección en la zona en compañía de un funcionario de la oficina Subregional Paquera-Lepanto y Cóbano con el fin de verificar si ha cambiado las condiciones desde la inspección realizada el 05 de junio de 2023. Durante dicha inspección se observaron condiciones similares a la de la primera visita y tampoco se evidenció afectación al área de protección del río. En ambas inspecciones no se encontró evidencia de afectación a las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal. Finalmente, se coteja que a la fecha de rendido el informe la cantidad de metros cúbicos de extracción fue de 10.500 m3, toda vez que el concejo municipal tomó la determinación de no continuar en conjunto con la parte técnica (ingeniero vial y geólogo regente) de extraer el volumen restante, por cuanto ya no se cuenta con los recursos presupuestarios para cancelar más horas maquinaria dentro del proceso de licitación existente; aunado a las variaciones climáticas que se están presentado en los últimas semanas afecta directamente el proceso de extracción, carga y traslado de los materiales.\n\nV.- SOBRE LA NECESIDAD DE INTERPONER UNA DENUNCIA EN TEMAS AMBIENTALES. En primera instancia, estima la Sala que resulta imperativo hacer algunas apreciaciones respecto a la necesidad de interponer una denuncia en temas ambientales.\n\nDel estudio de los autos se advierte que el Secretario General de la SETENA en el informe adjunto subrayó, en lo medular, lo siguiente:\n\n“Luego de la verificación de las bases de datos de esta Secretaría, no se localizó ningún expediente de Evaluación Ambiental con las características indicadas (…) Tampoco se localizó alguna solicitud del accionante dirigida a esta representación, denunciando algún hecho específico, caso en el cual se la hubiera redirigido al Tribunal Ambiental Administrativo, al determinase que no existe expediente abierto de Evaluación Ambiental”.\n\n \n\nSobre este aspecto, esta Sala ha dicho que, para que se pueda ventilar una lesión o amenaza a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que la persona afectada haya presentado una denuncia y que, durante su trámite, se haya determinado una amenaza o  que efectivamente se esté dañando al medio ambiente, y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna. Así, en la sentencia No. 2016-007678 de las 10:50 horas del 03 de junio de 2016, se resolvió lo siguiente:\n\n \n\n“III.- SOBRE EL FONDO. En reiterada jurisprudencia, esta Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el principio precautorio en materia ambiental, así como en relación con la obligación del Estado de asegurar que todos aquellos proyectos, de índole público o privado, se desarrollen bajo estrictos estándares que eviten cualquier daño al medio ambiente. De esta forma, el Estado, por medio de las instituciones creadas para tales efectos, deberá ejercer un control previo y posterior, en torno a la forma en la que se ejecutan los trabajos, las construcciones, los proyectos o las actividades de las empresas y comercios, para asegurar a todos los administrados, que no se ocasiona ningún tipo de daño ambiental con dichas actividades. Ahora bien, por las razones expuestas, ciertas actividades, como las mineras, requieren, de previo a llevarse a cabo, estudios y análisis de impacto ambiental, para lo cual se realizan investigaciones técnicas por parte de profesionales en cada área, para determinar si la actividad pretendida podría o no ocasionar algún perjuicio de ese tipo, todo con base en las diferentes legislaciones que regulan la materia ambiental, como de aguas, forestal, minera, entre otras. Posteriormente, una vez que se obtienen esos permisos de viabilidad o factibilidad, las autoridades administrativas deben prestar atención y atender oportunamente, las denuncias que se presenten por parte de aquellas personas que se consideran afectadas por alguna de las actividades mencionadas, ya sea una concesión, o trabajos privados y comerciales, con el fin de iniciar investigaciones que permitan establecer la veracidad de las quejas planteadas, para lo cual, nuevamente, deberá contarse con criterios técnicos al respecto. Es decir, para que esta Sala pueda corroborar una lesión a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que, la persona afectada haya presentado una denuncia, y que durante su trámite se haya determinado que, efectivamente se está ocasionando una daño al medio ambiente y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así, el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna”. (El destacado no es del original). \n\n \n\nIgualmente, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha dicho que no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias. En ese sentido, en la sentencia No. 2023019540 de las 09:30 horas del 11 de agosto de 2023 se resolvió lo siguiente:\n\n \n\n“III.- Objeto del recurso. Los recurrentes acusan que hace 25 años, aproximadamente, la Municipalidad de Carrillo realizó una zanja utilizando maquinaria pesada dentro de propiedades privadas, para el desagüe de aguas que va desde Dirección5107, pasando por Dirección5108 y culmina en zona protectora propiedad del INDER. Afirman que se han visto afectados por la contaminación ambiental que provoca el desfogue de aguas negras, estancamiento de agua que genera vectores de proliferación de zancudos transmisores de enfermedades, lo que afecta la salud y el medio ambiente.\n\n \n\n(…)\n\n \n\n VI.- Caso concreto.\n\n \n\n(…)\n\n \n\n Al respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que los recurrentes no han presentado una gestión formal y escrita ante las autoridades recurridas, con el fin de plantear la problemática expuesta en el escrito de interposición. Desde este plano, se le debe advertir que esta Sala no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. Tomen en cuenta los petentes que lo anterior no es lo mismo que agotar la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no debe sustituir directamente la voluntad de la Administración y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Por consiguiente, podrá la parte accionante, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas de manera formal, por escrito, o bien, en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones, en virtud de lo expuesto, el presente amparo se declara inadmisible.\n\n \n\n Sobre este particular, la Sala ha manifestado que denuncias como las que plantean los recurrentes en este amparo, deben ser interpuestas previamente ante las autoridades correspondiente, por medio de la sentencia n.° 2017-020375 de las 11:00 horas del 19 de diciembre de 2017, se indicó lo siguiente:\n\n \n\n“II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude directamente a este Tribunal a denunciar un problema con respecto a la contaminación generada por una canalización de aguas negras a través de sus propiedades, las cuales desembocan en un río. Sin embargo, del propio dicho de las recurrentes se colige que no han planteado denuncia alguna ante las autoridades competentes, en este caso la Municipalidad de Flores de Heredia. Ahora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncia, así lo señala la sentencia 2016-001150 de las 14:30 horas del 26 de enero de 2016. Consideraciones que son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Por ende, aun cuando las promoventes lo consideren innecesario, en situaciones como esta es preciso que acudan ante las autoridades recurridas a plantear formalmente el reclamo aludido, de previo a interponer el recurso de amparo, para que sean dichas instancias las que tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, establecer su reclamo en la vía de la legalidad ordinaria. Lo anterior sin demérito de que las recurrentes acudan a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental”. (El destacado no es del original). (Véase en similar sentido las sentencias No. 2023004954 de las 09:30 horas del 03 de marzo de 2023, 2023004299 de las 09:15 horas del 24 de febrero de 2023, y 2022026246 de las 09:45 horas del 04 de noviembre de 2022, entre otras).\n\n \n\nNo obstante, pese a lo dicho hasta ahora, el Tribunal Constitucional sí ha entrado a conocer recursos donde se demostró una violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sin la necesidad de la interposición de una denuncia previa; ello, bajo dos supuestos de excepción, a saber: 1) cuando se trate de una caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando una daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto. En ese sentido, en la sentencia No. 2008-04786 de las 12:35 horas del 27 de marzo de 2008, se resolvió lo siguiente:\n\n \n\n“II.-  OBJETO DEL RECURSO.-  El recurrente alega que ha acudido al Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes y otras instancias administrativas a denunciar una porqueriza que se ubica contiguo a su vivienda y que produce malos olores; sin embargo no han atendido sus gestiones (…)\n\n \n\nIV.- EN CUANTO A LA ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.- Para el caso que nos ocupa, el  Código Municipal obliga a las Municipalidades de cada cantón velar porque al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y a un ambiente sano. De los documentos aportados al expediente así como el informe dado bajo juramento por la Alcaldesa recurrida, indica que una vez que los funcionarios municipales se apersonaron al sitio objeto del presente recurso de amparo y constataron que la actividad carecía de permiso municipal procedieron a otorgarle al propietario de la porqueriza un plazo de ocho días para que obtuviera la patente respectiva. Sin embargo, considera la Sala que el papel de la Municipalidad no debe de limitar su actuación únicamente cuando recibe denuncia de supuestas situaciones anómalas  sino que su obligación se encuentra en garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado mediante el control continuo de todas las actividades que se realizan en la comunidad. A juicio de esta Sala, en la especie la Municipalidad de Alajuela ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona  a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas.  Es así como la Municipalidad recurrida teniendo pleno conocimiento de que dentro de su jurisdicción territorial un ciudadano realiza una actividad carente de los permisos de ley y que en sí resulta sensible debido al manejo de animales y desechos,  se ha limitado a otorgarle al administrado denunciado un plazo de ocho días para poner a derecho su situación, evadiendo su responsabilidad de estar siempre vigilantes a las acciones que realicen los habitantes de la comunidad.   Es así como se observa que la Municipalidad recurrida no ha ni siquiera intentado verificar si  la actividad genera algún tipo de contaminación y si lanzan aguas contaminadas.  Lo anterior, con el fin de imponer las sanciones que en Derecho corresponda una vez otorgado el debido proceso y derecho de defensa que les asiste. En consecuencia, la Municipalidad de Alajuela no ha tomado acción alguna para determinar existencia del problema y su eventual incidencia en el supuesto inconveniente sanitario que con insistencia revela el recurrente.  En tal virtud, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Alajuela por las violación  constitucional a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política.\n\n \n\nV.-  EN CUANTO A LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD.- Si  bien es cierto, el Estado debe respetar el derecho de los individuos, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad.  La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional.  En este caso, la Ley General de Salud, autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, con lo cual el Ministerio de Salud no solo  tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la salud pública calificada como bien de interés público, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir. Ahora bien, del informe presentado a esta Sala, la Ministra recurrida afirma que no consta ninguna denuncia presentada con relación a estos hechos,  no obstante, debe tener presente la jerarca del Ministerio de Salud que ese órgano no debe actuar únicamente a gestión de parte, como parece entenderlo, obviando así la función preventiva que es indispensable en la protección de la salud humana y que amerita su intervención, aún de oficio, en la labor de fiscalización y vigilancia del cumplimiento de los preceptos de la Ley General de Salud. Según lo acreditado en autos,  la actuación de las autoridades sanitarias en el caso bajo estudio se limitó a realizar una inspección a la porqueriza aquí denunciada debido a la interposición del presente recurso de amparo y constataron entre otros que la granja porcina cuenta con una población porcina de 150 cerdos  y que la zona se encuentra rodeada de viviendas. Si bien, la autoridad sanitaria manifestó que verificó que no existen malos olores a comidas en descomposición ni que las aguas de lavado de la granja fueran lanzadas a la vía pública, de ahí no ha pasado, declinando en el ejercicio de sus competencias y atribuciones al no constreñir,  a quienes corresponda,  ajustare a los demás requisitos que exige el ordenamiento jurídico para la operación de este tipo de actividad como lo son los debidos permisos de los diferentes órganos administrativos competentes en esta materia, por lo que queda demostrado que más allá de la inspección  realizada en virtud del presente recurso de amparo no se desprende del expediente ninguna otra actuación de parte de esta autoridad con la finalidad que la porqueriza cumpla con los requisitos de ley y así ser vigilantes de que dicha actividad no genere ningún tipo de contaminación sanitaria o ambiental y por ende, han omitido cumplir con su obligación de velar por el derecho a la salud de la población y por ende, tal omisión ha ocasionado lesiones a los derechos fundamentales de los todos los habitantes del lugar”. (El destacado no es del original).\n\n \n\nEn el sub examine, se estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso, por cuanto no se cumplen con los presupuestos indicados supra para entender que estamos ante un caso de excepción, esto es, ante uno de los dos supuestos que podrían justificar que la Sala Constitucional entre a conocer de este asunto, pese a que no hubo denuncia. Y, como se ha visto, no consta que previo a la interposición del recurso, el accionante haya interpuesto alguna denuncia formal ante las autoridades recurridas y que dicha denuncia no haya sido atendida.\n\n \n\nVI.- A MAYOR ABUNDAMIENTO. Pese a lo dicho, esta Sala estima conveniente referirse a otros motivos por los que el presente recurso debe declararse sin lugar,\n\n \n\nEn primer lugar, adviértase que el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano sí tramitó y cumplió con todos los requisitos establecidos para solicitar el permiso de extracción de materiales de fuente pública. En ese orden de ideas, del elenco de hechos probados se colige que en oficio No. INT-2023-041 del 26 de febrero del 2023 se presentó una solicitud de formal pronunciamiento ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, en la cual se haga constar que dentro de las afectaciones reportadas dentro del Plan General de la Emergencia del Decreto Ejecutivo No. 42705-MP se encuentran los caminos dispuestos para la intervención. Dicha solicitud fue debidamente resuelta en resolución administrativa No. CNE-PRE-RESO-0023-2022 por la Presidencia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Además, se corrobora que en oficio No. INT- 2023-106 del 06 de marzo del 2023 se solicitó al MINAE, en acatamiento con lo establecido en el artículo 3 inciso h) Ley 8668 denominada \"Regulación de extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público por parte de las Municipalidades\", un permiso especial por un período máximo de 120 días en la localidad de Cóbano, donde se realizaría la extracción de material para la recuperación de caminos y la canalización de un sector del río Seco; ello, según lo indicado en la resolución administrativa No. CNE-PRE-RESO-0023-2022, misma que fue aprobada en la Resolución No. 352-2023 de las 08:15 horas del 04 de mayo de 2023.\n\n \n\nEn segundo lugar, nótese que los días 05 de junio y 12 de junio de 2023 el Área de Conservación Tempisque realizó inspecciones en el sitio, pero no encontró evidencia de afectación a las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal. Sobre este punto es menester traer a colación que los personeros municipales indicaron que la solicitud de permiso de extracción de materiales de fuente pública lleva implícitamente un Plan de Explotación Minero a cargo de un consultor autorizado y responsable regencia ambiental, el cual establece aspectos esenciales en torno al desarrollo y proceso de extracción de la fuente, como lo son: el método de extracción propuesto, el desarrollo de cada una de las etapas previstas y su duración, el tipo de maquinaria a utilizar, un cronograma de labores de la obra a realizar en sitio a intervenir (proceso de remoción y explotación), mismo que fue debidamente tramitado bajo el expediente No. 2023-CDP-MUN-029 por el Departamento de Control Minero. Entonces, no se pudo verificar el dicho del accionante en el sentido de que existió una afectación al ambiente en las condiciones acusadas. Sobre este apartado, bajo la solemnidad del juramento, los funcionarios del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano informaron, en lo que interesa, lo siguiente:\n\n \n\n“Tampoco es cierto el hecho que se dio una afectación a la flora y la fauna del lugar, por la corta de la vegetación por parte de la maquinaria usada en el sitio, toda vez que la única remoción que fue efectuada es tacotal (zacate)”.\n\n \n\nEn tercer lugar, se coteja que a la fecha las labores de extracción que denuncia el recurrente fueron canceladas por el concejo accionado. En ese sentido, los representantes del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano subrayaron, bajo la solemnidad del juramento, lo siguiente:\n\n \n\n \n\n \n\n“…la citada cantidad de metros cúbicos de extracción permitidos, al día de hoy únicamente fueron extraídos 10.500 m3, toda vez que este Ente Municipal tomó la determinación de no continuar en conjunto con la parte técnica (ingeniero vial y geólogo regente) de extraer el volumen restante, por cuanto ya no se cuenta con los recursos presupuestarios para cancelar más horas maquinaria dentro del proceso de licitación existente, lo que nos imposibilita poder seguir con la labores de extracción y un agravante más a esta situación es el caso variaciones climáticas que se están presentado en los últimas semanas, lo que de igual forma afecta directamente el proceso de extracción, carga y traslado del mismo. Por lo tanto, tomo la decisión no continuar con las labores y en su lugar efectuar todas aquellas acciones necesarias para cerrar labores de extracción en dicho sitio”. (El destacado no es del original).\n\n \n\nVI.- Como último punto, respecto al cuestionamiento que hace el recurrente en relación con la calle que intervino la municipalidad recurrida, sea calle de Delicias a Río en medio, en el informe adjunto se indicó textualmente lo siguiente:\n\n \n\n“En lo referente al tema del intervención de los caminos que hace referencia el Recurrente, dicha información no resulta valedero, ello por cuanto la colocación de lastres se realiza un tramo que va desde la comunidad de San Ramón de Ario hasta el entronque con la ruta 160, aproximadamente 14 Kilómetros, siendo esta una de las primeras rutas intervenidas y que forma parte de los caminos públicos del Distrito, considerablemente transitado y que han sufrido alguna afectación, del mismo modo se interviene un tramo en las Delicias de Cóbano de aproximadamente dos kilómetros desde el Cementerio de Cóbano hacia la comunidad de las Delicias, que de igual forma es parte de los caminos públicos del distrito intervenidos hasta el momento, por lo que la afirmación hecha por el Recurrente no es cierta, siendo que los trabajos realizados benefician a una cantidad considerable de habitantes de nuestros distrito ello por cuanto los caminos intervenidos forman parte de la red de caminos públicos del Distrito de Cóbano y estos encuentran debidamente inventariados, situación que desacredita lo manifestado por el recurrente ya que dicho material no ha sido utilidad (sic) por la Unidad de Gestión vial de este Concejo Municipal en ningún camino de naturaleza privada”.\n\nConsecuentemente, es preciso advertir que, si la parte recurrente se encuentra disconforme con la intervención de caminos que realizó la recurrida, podrá plantear –si a bien lo tiene– sus inconformidades en cuanto a tal tema en la vía de legalidad ordinaria. En mérito de las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.\n\nVII.- Por lo demás, si bien en su informe el representante de SETENA se limitó a indicar las competencias de esa secretaría, así como a advertir que ante esa autoridad no consta ninguna solicitud, denuncia o expediente de Evaluación Ambiental con las características indicadas por el recurrente en el objeto del recurso, es criterio de esta Sala que resulta innecesario requerirle a dicha autoridad prueba adicional o bien que amplíe su informe; esto, debido a que del informe rendido por el Jefe a.i. Subregión Cóbano, Área de Conservación Tempisque, MINAE, y de los personeros del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano se logró determinar que el supuesto daño ambiental denunciado por la parte recurrente, en las condiciones en que fue planteado el recurso, no existió. En todo caso, se le recuerda a la SETENA que, como dependencia especializada en la materia de la Administración Central, tiene una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente, derivado de la obligación para el Estado –como un todo– de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados (véase en similar sentido la sentencia No. 2023014279 de las 09:30 horas del 16 de junio de 2023). (…)”\n\n \n\n \n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nESTUDIOS AMBIENTALES.\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nExp: 23-012835-0007-CO\n\nRes. N°202329457\n\nVoto salvado de magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y la magistrada Sánchez Navarro quienes consideran se debe continuar con la tramitación de este recurso, con redacción del primero.-\n\nContrario al criterio expresado por la mayoría, consideramos que este amparo debe continuar con su trámite, pedir prueba para mejor resolver, o en todo caso, aplicar los principios ambientales precautorio, pro natura y de objetivación.\n\n \n\n-En primer lugar, sobre lo indicado en el voto de mayoría respecto de exigirse la interposición previa de una denuncia en temas ambientales, debe tenerse presente que la violación al derecho al ambiente es distinta de una violación al derecho de obtener justicia pronta y cumplida por tardanza en la resolución de una denuncia ambiental.  Ambos son derechos fundamentales autónomos, aunque el segundo pueda implicar al primero, el primero no siempre implica el segundo. En este sentido, la Sala puede exigir la previa presentación de una denuncia ambiental únicamente cuando el alegato está relacionado ocn la tardanza en resolver un problema ambiental. Así entonces, es posible el supuesto de admisión de un recurso de amparo donde se alegue la violación al derecho al ambiente, sin exigir de previo la presentación de una denuncia ambiental.  Exigir tal denuncia sería contrariar el artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permite el recurso de amparo sin exigir la interposición de algún recurso administrativo. Además, nótese que en otros casos esta Sala ha conocido de amparos en protección del derecho al ambiente, sin exigirse que de previo se hubiera presentado una denuncia ambiental. Asimismo, nótese que en este caso se indica que existe una denuncia pendiente en la Fiscalía de Cóbano por aparente extracción ilegal de material del río Arío y río Seco, de la comunidad de San Ramón de Arío.\n\n \n\n-El voto citado por la mayoría para sustentar la declaratoria sin lugar, donde se dice que “para que esta Sala pueda corroborar una lesión a los derechos ambientales, …tendríamos que estar ante el escenario de que la persona afectada haya presentado una denuncia” (voto n°2016-007678) consideramos que no aplica a este caso, en especial, tomando en cuenta que lo que se plantea en este recurso de amparo es muy grave y evidente, cual es, la extracción de material de un río que afecta gravemente al ambiente. A diferencia de lo alegato en el amparo de dicho voto, referido a las condiciones concretas de una concesión. Por ello consideramos que el precedente mencionado en el voto de mayoría resulta inaplicable a este caso.\n\n \n\n-Además, considerando que el denunciado en este amparo es el propio Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, resulta improcedente tomar por absolutamente cierto todo lo informado, en especial cuando indica de manera tan tajante que no ha habido una afectación a la flora y fauna del lugar, pues esa es una afirmación que requiere prueba de parte de los contralores ambientales.\n\n \n\n-Finalmente, se observa que el informe rendido por el representante del MINAE resulta insuficiente y no se logra constatar, sin la menor duda, que no ha habido afectación al ambiente. Nótese que se indica que se hicieron dos inspecciones, en la primera del 05 de junio del 2023 “no se encontró maquinaria en labores de extracción de material, se hace un recorrido por diferentes zonas del río, se observan signos de extracción de material, sin embargo, no se logra identificar afectaciones al área de protección del cuerpo de agua del dominio público.” Luego, en la segunda inspección, del 12 de junio del 2023, “se observan condiciones similares a la de la primera visita y tampoco se evidencia afectación al área de protección del río. Durante ambas inspecciones, no se encontró evidencia de afectación a las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal. Por lo cual se recomiendo solicitarle criterio al ente competente que es la Dirección de Geología y Minas, sobre el cual ya la Fiscal de Cóbano ha indicado que se comunicó con la ingeniera Carolina Suárez Matarrita, Coordinadora de la Región Pacífico Central de la Dirección de Geología y Minas.” Sin embargo, la Dirección de Geología y Minas no fue llamada a este expediente, ni esta Sala le solicitó prueba alguna, entonces, no logró constatarse que la actividad desplegada por la Municipalidad recurrida se estaba realizando en respeto del derecho al ambiente.\n\n \n\n-Todo lo anterior pone de manifiesto la posible violación a los principios ambientales de: principio precautorio (cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. El principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible), principio pro natura (en caso de duda o incerteza las controversias deben resolverse y las normas deben interpretarse a favor de la protección y conservación del ambiente) y el principio de objetivación de la tutela ambiental (o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, según el cual se impone acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias- de donde se deriva la exigencia de la “vinculación a la ciencia y a la técnica”, con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esa materia. Ha sido definido como principio número 17 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente).\n\nPor todo lo anterior, procedemos a salvar el voto en este caso, pues consideramos debería continuarse con su tramitación, solicitar más prueba para mejor resolver, y aplicar los principios ambientales correspondientes.\n\nFernando Cruz Castro / Paul Rueda Leal / Ileana Sánchez Navarro\n\nVCG06/2024\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\nExp: 23-012835-0007-CO\n\nRes. Nº202329457\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las a las a las doce horas y cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 23-012835-0007-CO, interpuesto por Nombre9058   , cédula de identidad número CED7274, contra la MUNICIPALIDAD DE DISTRITO CÓBANO y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 18:48 horas del 1º  de junio de 2023, el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE DISTRITO CÓBANO y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Manifiesta que en el Distrito de Cóbano se están realizando labores de extracción de materiales para recuperación de caminos y la canalización de un sector del Río Seco, también se están extrayendo materiales de \"Río Seco\". Acota que, según el oficio No. INT-2023-106 del intendente del Concejo Municipal, el volumen de material pretendido a extraer del sitio será de 20.000 m³ y el volumen de la fuente de reserva estáticas es de 200.000 m³, en cuanto a reservas dinámicas se contabilizan en al menos 100.000 m³ anuales por lo que indica que de manera complementaria se reubicarán materiales dentro del cauce en otro sector destinados a la protección y canalización del cauce, indicando que estos materiales no saldrán del proyecto. Además, se tienen otros sitios que se solicitarán conforme avance el proyecto, por la falta de capacidad financiera para contratar la maquinaria necesaria, el proceso se realizará en etapas, la cantidad de material a extraer no se realizó con los estudios precisos que medirían el impacto de extraer senda cantidad de metros cúbicos del río, afectando gravemente el ambiente. Cuestiona que la calle mayormente intervenida con el material del río es la calle de Delicias a Río en medio, no es muy transitada, sino que se avoca a unas fincas particulares privadas; por tanto, la inversión se da en beneficio de unos pocos, dejando de lado la carretera principal de San Isidro a Delicias, que sí es ampliamente transitada; por tanto, la extracción del río no solo afecta bárbaramente el ambiente, sino que se realiza en beneficio de unos pocos. Destaca que la extracción de materiales se realizó al amparo del decreto que declara estado de emergencia nacional por la situación provocada por los efectos del Huracán ETA No. Placa1065; sin embargo, como es de conocimiento público, muchas calles y carreteras necesitan una intervención -algunas de forma urgente-, pero no significa que todas deban incluirse en una declaratoria de emergencia para lograr soslayar su intervención, mucho menos en detrimento del medio ambiente. Solicita la intervención de esta Sala a fin de que se ordene a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, detener esta vasta destrucción ambiental, reforestar con árboles nativos toda el área afectada, pagar los daños, costas y perjuicios ocasionados en el sitio, así como indicar cuales parámetros influyeron para escoger la calle menos transitada sobre una de mayor importancia en el distrito.\n\n2.- Mediante resolución de las 13:36 horas del 08 de junio de 2023 se solicitó informe al alcalde, al intendente y al presidente del Concejo, todos de la Municipalidad de Distrito de Cóbano; así como al secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al jefe de la Oficina Subregional de Cóbano del Ministerio de Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados por el recurrente.\n\n3.- Informan bajo juramento Favio José López Chacón, en su condición de intendente y Coordinador Municipal de Emergencias, y Eric Francis Salazar Rodríguez, en su condición de Presidente Municipal, ambos del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, lo siguiente:\n\n“Que producto del impacto generado por los efectos del Huracán Eta a nivel nacional, es que Poder Ejecutivo procede a tomar acciones en este sentido, por lo que en aras de solventar la situación es que procede con la declaratoria de emergencia mediante Decreto Ejecutivo N° 42705-MP, a fin de que inicialmente se ejecuten acciones por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, quien es la institución de atención primaria que canaliza de primera mano los reportes oficiales de los daños que se registran a través de sus comisiones de enlaces definidas por ley a nivel nacional los cuales generan documentalmente un plan general de la emergencia en que consta ampliamente una explicación causal del evento generador de la emergencia, la estimación de los daños y pérdidas, junto a la definición de las acciones, así como las obras necesarias para su atención y su en estimación de inversión de recursos económicos, en fase primaria o respuesta a la atención de la emergencia. No obstante, cabe mencionar que al encontrarse nuestro Distrito dentro de unas de las zonas donde hubo un impacto directo mucho mayor a causa de este fenómeno climatológico, el cual viene a producir una afectación considerablemente a casi todas nuestra red vial Distrital, para lo cual se requiere intervenciones de rehabilitación o reconstrucción de algunas de estas vías. Por lo tanto, siendo que nuestros recursos económicos son realmente limitados y aunado a ello contamos con más de 218 km² de rutas registradas e inventariadas a la cuales debemos brindarle atención de forma integral, a fin de brindar el mantenimiento óptimo que garantice una circulación vial más segura para las personas que la transitan. En virtud de lo anterior es que este Concejo Municipal de Distrito vio la imperante necesidad de proceder a solicitarle directamente a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias mediante oficio INT-2023-041 de fecha 26 de febrero del 2023, formal pronunciamiento a fin de que haga constar que dentro de las afectaciones reportadas dentro del Plan General de la Emergencia del Decreto Ejecutivo No. 42705-MP, se encuentran incluidos los caminos dispuestos en su petitoria para intervención. Solicitud que efectivamente fue acogida por parte de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, N° 048-02-2021, en su Sesión Extraordinaria N° 02-02-2021, celebrada el día 24 de febrero del año 2021, y Publicado en el Alcance N° 300 del dieciséis de noviembre de 2020, indicando que efectivamente los caminos números: 6-01-002, 6-01-036, 6-01-038, 6-01-081, 6-01-110, 6-01-112, 6-01-126, 6-01-127, 6-01-129, 6-01-148, 6-01-150, 6-01-166, 6-01-175, fueron incluidos dentro del citado Plan General y que contará con una vigencia de 120 días calendario a partir de la eficacia jurídica del presente decreto. Por tal razón, una vez obteniendo dicho aval se procedió de inmediato a plantear gestión formal mediante oficio N° INT-2023-106 del 06 de marzo del 2023, ante la Dirección de Geología y Minas conformidad con lo que establece el artículo 3 inciso h) Ley 8668 denominada \"Regulación de extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público por parte de las Municipalidades\", junto con los requisitos legales y técnicos requeridos por ley a fin de que se nos conceda el respectivo permiso para la extracción de materiales de fuente pública ( Río Seco) localizada en la comunidad de la Esperanza de Cóbano, para la extracción de al menos 20.000 metros cúbicos de los 53.000 metros cúbicos que se requiere para la lograr intervenir la totalidad de los caminos registrados por este Concejo Municipal, esto con el objetivo de contar con un programa de prevención al contar con apilamiento del mismo e terrenos municipales y así poder contar con reservas necesarias para ser utilizadas en las rutas distritales que fueron autorizadas, hasta que podamos contar con una fuente propia. Sin embargo, es importante destacar que la citada cantidad de metros cúbicos de extracción permitidos, al día de hoy únicamente fueron extraídos 10.500 m3, toda vez que este Ente Municipal tomó la determinación de no continuar en conjunto con la parte técnica (ingeniero vial y geólogo regente) de extraer el volumen restante, por cuanto ya no se cuenta con los recursos presupuestarios para cancelar más horas maquinaria dentro del proceso de licitación existente, lo que nos imposibilita poder seguir con la labores de extracción y un agravante más a esta situación es el caso variaciones climáticas que se están presentado en los últimas semanas, lo que de igual forma afecta directamente el proceso de extracción, carga y traslado del mismo. Por lo tanto, tomo la decisión no continuar con las labores y en su lugar efectuar todas aquellas acciones necesarias para cerrar labores de extracción en dicho sitio. Bajo este mismo orden de ideas no omito manifestar que la citada solicitud lleva implícitamente un Plan de Explotación Minero a cargo de un consultor autorizado y responsable regencia ambiental en este proceso, por lo que dicho informe técnico establece aspectos esenciales entorno al desarrollo y proceso de extracción de esta fuente, como lo son el método de extracción propuesto, así como el desarrollo cada una de las etapas previstas y su duración, el tipo de maquinaria a utilizar, también un cronograma de labores de la obra a realizar en sitio a intervenir (proceso de remoción y explotación), ello inclusive sin dejar de lado la matriz de impacto ambiental de acuerdo con el procedimiento establecido por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental y el establecimiento de las medidas ambientales, y tomando como base la guía establecida en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la extracción minera de bajo volumen que la Dirección Geología Minas y e incluso hasta un Plan de Recuperación Post - Operacional de la fuente de extracción. Mismo que fue debidamente tramitada bajo el expediente 2023-CDP-MUN-029 por el Departamento de Control Minero. Por tal razón podemos concluir que referente al tema de los permisos especiales de obras infraestructura de interés público, cabe señalar que dicha norma es clara en indica específicamente en sus numerales 2 y 3, que la Dirección de Geología y Minas cuenta desde la recepción de la solicitud con un plazo máximo de 5 días hábiles, para la revisión del cumplimiento correctamente de los requisitos de formales de forma completa, por lo que de no obtener respuesta alguna de parte de esta institución en este sentido, dicha norma permite que al ser casos de atención de emergencias locales de categoría menor, podrá iniciar labores respectivas hasta posteriormente subsanar lo requerimiento que sean necesarios a efector de prevenir daños mayores de difícil reparación y de ser necesario hasta suspender definitivamente los trabajos de extracción. Tampoco es cierto la afirmación hecha por el Recurrente de que administración municipal ha vulnerado, ni está vulnerando ningún derecho constitucional desde la óptica ambiental o de afectación directa a la integridad de la vida humana, toda vez que la actuación de esta administración municipal siempre estado al amparado al principio de legalidad ajustado a la normativa que rige que la materia lo que queda debidamente acreditado con las prueba documentales adjuntas. Tampoco es cierto el hecho que se dio una afectación a la flora y la fauna del lugar, por la corta de la vegetación por parte de la maquinaria usada en el sitio, toda vez que la única remoción que fue efectuada es tacotal (zacate) que efectuar una remoción automática o por sí solo.\n\nSegundo: Por otro lado, en lo referente al tema del intervención de los caminos que hace referencia el Recurrente, dicha información no resulta valedero, ello por cuanto la colocación de lastres se realiza un tramo que va desde la comunidad de San Ramón de Ario hasta el entronque con la ruta 160, aproximadamente 14 Kilómetros, siendo esta una de las primeras rutas intervenidas y que forma parte de los caminos públicos del Distrito, considerablemente transitado y que han sufrido alguna afectación, del mismo modo se interviene un tramo en las Delicias de Cóbano de aproximadamente dos kilómetros desde el Cementerio de Cóbano hacia la comunidad de las Delicias, que de igual forma es parte de los caminos públicos del distrito intervenidos hasta el momento, por lo que la afirmación hecha por el Recurrente no es cierta, siendo que los trabajos realizados benefician a una cantidad considerable de habitantes de nuestros distrito ello por cuanto los caminos intervenidos forman parte de la red de caminos públicos del Distrito de Cóbano y estos encuentran debidamente inventariados, situación que desacredita lo manifestado por el recurrente ya que dicho material no ha sido utilidad (sic) por la Unidad de Gestión vial de este Concejo Municipal en ningún camino de naturaleza privada”.\n\nSolicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Informa bajo juramento Ulises Álvarez Acosta, en su condición de Secretario General de la SETENA, lo siguiente:\n\n“PRIMERO: Sobre los alegatos del Recurrente que competen a esta Secretaría: En relación a lo hechos sobre los cuales se da curso a esta Secretaría en la resolución de marras, nos referiremos solo en lo que hace referencia a esta representación, en relación a la pretensión … de que se le ordene a la SETENA detener la basta destrucción ambiental, reforestar con árboles nativos todo el area afectada y pagar los daños y perjuicios en el sitio e indicar las razones por las cuales se escogió el arreglo de dicho caminos sobre otros que el acciónate estima son más transitadas....\n\nSEGUNDO: Sobre la competencia de la SETENA. Según nuestra legislación el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente establece: “Evaluación de Impacto Ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán de una Evaluación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo será requisito indispensable para iniciar actividades obras, o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.” (la negrita y el subrayado no es del texto original) Sobre las actividades objeto de la evaluación ambiental es claro que el proceso de evaluación ambiental debe ser predictivo. El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, establece respecto a la evaluación ambiental que realiza SETENA, un carácter eminentemente preventivo; es decir, de previo a la realización de actividades, obras o proyectos, supuestos que necesariamente tendrían un punto de partida, con la entrada en vigencia de Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554. Esta atribución de la SETENA encuentra sustento constitucional, en el deber estatal de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado: “La viabilidad ambiental por su parte, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de que se trate y amerite. (…) Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado, siendo la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, su necesidad.”(Sala Constitucional, Voto No. 9927-2004 de las 11 horas 1 minuto del 3 de setiembre del 2004). Es así que la pericia lógica del proceso, establece que una vez realizados los estudios técnicos que correspondan en el área del proyecto según la naturaleza del mismo, se pueden predecir los impactos que generará en el ambiente, y determinar la medidas de prevención, mitigación o compensación que se aplicarán, esto se determina en el denominado Plan de Gestión Ambiental o PGA, y sobre esas medidas aprobadas es que la SETENA ejerce sus competencias legales y de seguimiento ambiental, de manera que cualquier actividad u obra que se ejecute sin Evaluación Ambiental predictiva, no es susceptible de seguimiento ambiental, ya que dichas medidas son inexistentes, correspondiéndole a otras instancias Ambientales el conocer de posibles incumplimientos de tipo ambiental, tal como el Tribunal Ambiental Administrativo o Fiscalía Ambiental en el ámbito judicial, sin que se pueda realizar la Evaluación Ambiental en forma posterior, cuando ya los impactos se concretaron, siendo que el proceso técnico se desvirtúa de su objetivo preventivo y mitigatorio. De conformidad con el decreto 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la Evaluación Ambiental se define de la siguiente manera: Artículo 3. Definiciones y Abreviaciones: (…)39- Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De forma general, la Evaluación de Impacto Ambiental, abarca tres fases: a) la Evaluación Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) el Control y Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos(...). (El destacado es del original).\n\nTERCERO: Sobre el caso concreto: En relación al caso expuesto por el recurrente luego de la verificación de las bases de datos de esta Secretaría, no se localizó ningún expediente de Evaluación Ambiental con las características indicadas, de manera que al no existir expediente de evaluación la SETENA, no tiene la competencia para ordenar paralizar obras sobre un área de proyecto no sometido al proceso de EIA, menos asumir la reforestación de la zona con árboles nativos, ni pagar los daños y perjuicios en el sitio, tampoco podemos explicar las razones por las cuales se escogió el arreglo de dicho caminos sobre otros que el acciónate estima son más transitadas, ya que no nos corresponde. Tampoco se localizó alguna solicitud del accionante dirigida a esta representación, denunciando algún hecho específico, caso en el cual se la hubiera redirigido al Tribunal Ambiental Administrativo, al determinase que no existe expediente abierto de Evaluación Ambiental. (El destacado no es del original).\n\nSolicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- Informa bajo juramento Pedro Andrey Rojas Chaves, en su condición de Jefe a.i. Subregión Cóbano, Área de Conservación Tempisque, MINAE, lo siguiente:\n\n“El día 05 de mayo de 2023 ingresa una llamada de la fiscal de Cóbano Hellen Segura López, indicando que ha recibido denuncias sobre una aparente extracción ilegal de material del río Arío y río Seco, cerca de la comunidad de San Ramón de Arío, minutos más tarde, la Licenciada Segura López indica que ya se ha comunicado con la ingeniera Carolina Suárez Matarrita, Coordinadora de la Región Pacífico Central de la Dirección de Geología y Minas. De igual manera se realizó una inspección al sitio en la que participan Carolina Orozco Zamora y Pedro Rojas Chaves funcionarios de la oficina subregional Cóbano del SINAC, al aproximarse al sitio nos topamos al señor Franklin Obregón quien es el ingeniero Civil del Concejo Municipal de Cóbano, el cual nos muestra la Resolución N° 352-2023 correspondiente al expediente N° 2023-CDP-MUN-029 emitida por la Dirección de Geología y Minas, e indica que quien realiza las obras de extracción de material es el Concejo Municipal de Cóbano en cumplimiento de la legislación vigente. Al llegar al sitio de denuncia específicamente en las coordenadas 379236 - 1078723, sistema de proyección CRTM05, no se encontró maquinaria en labores de extracción de material, se hace un recorrido por diferentes zonas del río, se observan signos de extracción de material, sin embargo, no se logra identificar afectaciones al área de protección del cuerpo de agua del dominio público. Realizo una segunda inspección el día 12 de junio de 2023, en la que me acompaña el funcionario Alexis Obregón Carrillo funcionario de la oficina Subregional Paquera-Lepanto y Cóbano respectivamente; a razón de verificar si ha cambiado las condiciones del día 5 de junio de 2023. Durante esta inspección se observan condiciones similares a la de la primera visita y tampoco se evidencia afectación al área de protección del río. Durante ambas inspecciones, no se encontró evidencia de afectación a las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal. Por lo cual se recomiendo solicitarle criterio al ente competente que es la Dirección de Geología y Minas, sobre el cual ya la Fiscal de Cóbano ha indicado que se comunicó con la ingeniera Carolina Suárez Matarrita, Coordinadora de la Región Pacífico Central de la Dirección de Geología y Minas. Consideraciones Jurídicas para solicitar informe ante la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía: De conformidad con los artículos 11 de nuestra Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, claramente se establece una máxima jurídica de que la Administración Pública actuará sometida al Ordenamiento Jurídico, y que solo podrá autorizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice expresamente el Ordenamiento Jurídico, rigiendo siempre el Principio de Legalidad, el cual sirve de base a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, por consiguiente deberá el órgano desconcentrado en materia minero manifestarse sobre la resolución 352-202 de las ocho horas quince minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés rubricada por el Licenciado José Ignacio Sánchez Mora en ejercicio del cargo de jefe del REGISTRO NACIONAL MINERO; emitida en el EXPEDIENTES Nº 2023-CDP-MUN-029 de la DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS. El artículo primero del Código de Minería, Ley 6797 dispone: “Artículo 1º.- El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional y en su mar patrimonial, cualquiera que sea el origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contengan. El Estado procurará explotar las riquezas mineras por sí mismo o por medio de organismos que dependan de él. Sin embargo, el Estado podrá otorgar concesiones para el reconocimiento, exploración, explotación y beneficio de los recursos minerales, conforme con la presente ley. Las concesiones no afectarán en forma alguna el dominio del Estado, y se extinguirán en caso de incumplimiento de las exigencias legales para mantenerlas.” Conforme la norma anterior, el Estado como dueño de los recursos minerales, podrá otorgar concesiones a los particulares, sin que ello implique la pérdida de su autoridad sobre dichos recursos. Por su parte, todo aquel interesado en obtener una concesión de explotación, deberá cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en la legislación minera. Una vez obtenido el derecho, para mantenerlo vigente, el particular queda sometido al cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Minería y su Reglamento, así como a las demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto dispone el artículo 12 del Código de Minería: Artículo 12.- El permiso de exploración y la concesión de explotación son derechos reales limitados, que nacen de actos administrativos y soberanos del Estado, en virtud de los cuales éste, sin perder el dominio, autoriza a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para realizar actividades de exploración o explotación de los yacimientos o depósitos minerales, bajo las condiciones y requisitos que establecen esta ley, su reglamento y otras leyes especiales.\n\nAhora bien, el Ministerio del Ambiente y Energía el órgano rector del Poder Ejecutivo en materia minera, el MINAE cuenta con la Dirección de Geología y Minas, encargada de tramitar las solicitudes de concesión públicas (otorgadas al Gobierno Central o Desentralizado) o privadas, ya que es el órgano especializado técnicamente en todo lo relativo a la actividad minera y del procedimiento para el otorgamiento de concesiones de conformidad al Código de Minería y su Reglamento. De ahí, que todo concesionario, como lo puede ser la Municipalidad, además de cumplir con la legislación minera, deberá acatar las recomendaciones o directrices que en cualquier momento le gire la Dirección de Geología y Minas, como ente competente en la materia. Ahora bien, así como todo concesionario, adquiere con su concesión, una serie de obligaciones. Con fundamento en las normas anteriores, respecto a una solicitud en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 3° de la Ley N° 8668 para la gestión de permisos especiales de extracción de materiales en cauces de dominio público y en Canteras o Tajos, por situaciones de emergencia nacional declarada y en casos de riesgo inminente de emergencia; la Ley N° 8488 (Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos; así como lo estipulado en el Decreto Ejecutivo N° 37305 – MP, el cual rige a partir del 27 de Setiembre del 2012; la Municipalidad deberá presentar formalmente un permiso especial por un período máximo de 120 días en la localidad e indicar la ubicación en coordenadas Lambert y coordenadas CRTM05, punto aguas arriba y aguas abajo, de la hoja Básica cartográfica a escala 1:50000, editada por el I.G.N e indicar labores a realizar como son extracción de materiales para recuperación de caminos; e indicar la maquinaria (señalar la maquinaria, identificándola con el número de placa), una vez cumplidos los requisitos técnicos y legales, le corresponderá a la DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS analizar su pertinencia y posteriormente, le comunicará mediante resolución administrativa al concesionario, la aprobación o rechazo del contrato propuesto”.\n\nSolicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\nRedacta la magistrada Garro Vargas; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que en el Distrito de Cóbano se están realizando labores de extracción de materiales para recuperación de caminos y la canalización de un sector del río Seco. Acota que según el oficio No. INT-2023-106 del intendente del Concejo Municipal, el volumen de material pretendido a extraer del sitio será de 20.000 m³ y el volumen de la fuente de reserva estáticas es de 200.000 m³, en cuanto a reservas dinámicas se contabilizan en al menos 100.000 m³ anuales, por lo que indica que de manera complementaria se reubicarán materiales dentro del cauce en otro sector destinados a la protección y canalización del cauce, indicando que estos materiales no saldrán del proyecto. Además, se tienen otros sitios que se solicitarán conforme avance el proyecto por la falta de capacidad financiera para contratar la maquinaria necesaria, el proceso se realizará en etapas, la cantidad de material a extraer no se realizó con los estudios precisos que medirían el impacto de extraer senda cantidad de metros cúbicos del río, afectando gravemente el ambiente. Cuestiona que la calle mayormente intervenida con el material del río es la calle de Delicias a Río en medio, que no es muy transitada, sino que se avoca a unas fincas particulares privadas; por tanto, la inversión se da en beneficio de unos pocos, dejando de lado la carretera principal de San Isidro a Delicias, que sí es ampliamente transitada; por tanto, la extracción del río no solo afecta bárbaramente el ambiente, sino que se realiza en beneficio de unos pocos. Destaca que la extracción de materiales se realizó al amparo del decreto que declara estado de emergencia nacional por la situación provocada por los efectos del Huracán ETA No. 42705-MP; sin embargo, como es de conocimiento público, muchas calles y carreteras necesitan una intervención -algunas de forma urgente-, pero no significa que todas deban incluirse en una declaratoria de emergencia para lograr soslayar su intervención, mucho menos en detrimento del medio ambiente.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)    El Distrito de Cóbano se encuentra dentro de una de las zonas más impactadas por el Huracán Eta, lo cual produjo una afectación considerablemente en casi toda la red vial distrital que requiere intervenciones de rehabilitación o reconstrucción de algunas de las vías (véase el informe adjunto).\n\nb)   Mediante Decreto Ejecutivo No. 42705-MP, publicado en la Gaceta No. 271 del 12 de noviembre de 2020, el Poder Ejecutivo decretó emergencia debido al impacto generado por los efectos del Huracán Eta a nivel nacional en los siguientes cantones: “Provincia de Puntarenas: Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores y Garabito” (véase el informe adjunto).\n\nc)    En oficio No. INT-2023-041 del 26 de febrero del 2023, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano presentó ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias una solicitud de formal pronunciamiento, en la cual se haga constar que dentro de las afectaciones reportadas dentro del Plan General de la Emergencia del Decreto Ejecutivo No. 42705-MP se encuentran los caminos dispuestos para la intervención y con ello proceder a solicitar el permiso para la extracción de materiales de fuente pública ante la Dirección de Geología y minas del MINAE (véase el informe y la prueba adjunta). \n\nd)   Mediante resolución administrativa No. CNE-PRE-RESO-0023-2022, la Presidencia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias resolvió, en lo medular, que efectivamente los caminos números 6-01-002, 6-01-036, 6-01-038, 6-01-081, 6-01-110, 6-01-112, 6-01-126, 6-01-127, 6-01-129, 6-01-148, 6-01-150, 6-01-166, y 6-01-175 fueron incluidos dentro del Plan General y contará con una vigencia de 120 días calendario a partir de la eficacia jurídica del decreto en cuestión (véase el informe y la prueba adjunta).\n\ne)    En oficio No. INT- 2023-106 del 06 de marzo del 2023, el intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano solicitó al MINAE, en acatamiento con lo establecido en el artículo 3 inciso h) Ley 8668 denominada \"Regulación de extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público por parte de las Municipalidades\", un permiso especial por un período máximo de 120 días en la localidad de Cóbano, donde se realizará la extracción de material para la recuperación de caminos y la canalización de un sector del río Seco; ello, según lo indicado en la resolución administrativa No. CNE-PRE-RESO-0023-2022. Al efecto, se aportaron los requisitos legales y técnicos requeridos para la extracción de al menos 20.000 m3 de los 53.000 m3 que se requieren para intervenir la totalidad de los caminos registrados por el concejo municipal (véase el informe y la prueba adjunta).\n\nf)     El 05 de mayo de 2023, la fiscal de Cóbano se comunicó vía telefónica con la Subregión Cóbano, Área de Conservación Tempisque, MINAE, e indicó que ha recibido denuncias sobre una aparente extracción ilegal de material del río Arío y río Seco, cerca de la comunidad de San Ramón de Arío (véase el informe adjunto).\n\ng)   El 05 de junio de 2023, el Área de Conservación Tempisque realizó una inspección al sitio en la que participaron funcionarios de la oficina subregional Cóbano del SINAC, quienes al aproximarse al sitio se toparon con el ingeniero Civil del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, quien les mostró la Resolución No. 352-2023 de las 08:15 horas del 04 de mayo de 2023 correspondiente al expediente No. 2023-CDP-MUN-029, rubricada por el jefe del Registro Nacional Minero y les indicó que quien realiza las obras de extracción de material es el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano en cumplimiento de la legislación vigente. En la inspección realizada no se encontró maquinaria en labores de extracción de material; se hizo un recorrido por diferentes zonas del río donde se observaron signos de extracción de material; sin embargo, no se logró identificar afectaciones al área de protección del cuerpo de agua del dominio público (véase el informe y la prueba adjunta).\n\nh)   El 12 de junio de 2023, el Área de Conservación Tempisque realizó una nueva inspección en la zona en compañía de un funcionario de la oficina Subregional Paquera-Lepanto y Cóbano con el fin de verificar si ha cambiado las condiciones desde la inspección realizada el 05 de junio de 2023. Durante dicha inspección se observaron condiciones similares a la de la primera visita y tampoco se evidenció afectación al área de protección del río. En ambas inspecciones no se encontró evidencia de afectación a las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal (véase el informe y la prueba adjunta).\n\ni)     A la fecha de rendido el informe, la cantidad de metros cúbicos de extracción fue de 10.500 m3, toda vez que el concejo municipal tomó la determinación de no continuar en conjunto con la parte técnica (ingeniero vial y geólogo regente) de extraer el volumen restante, por cuanto ya no se cuenta con los recursos presupuestarios para cancelar más horas maquinaria dentro del proceso de licitación existente; aunado a las variaciones climáticas que se están presentado en los últimas semanas afecta directamente el proceso de extracción, carga y traslado de los materiales (véase el informe adjunto).\n\nIII.- HECHO NO PROBADO. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:\n\nÚnico. Que el recurrente haya interpuesto alguna denuncia ante las autoridades recurridas.\n\n IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite se tuvo por acreditado que el Distrito de Cóbano se encuentra dentro de una de las zonas más impactadas por el Huracán Eta, lo cual produjo una afectación considerablemente en casi toda la red vial distrital que requiere intervenciones de rehabilitación o reconstrucción de algunas de las vías. En esa línea de ideas, se colige que mediante Decreto Ejecutivo No. 42705-MP, publicado en la Gaceta No. 271 del 12 de noviembre de 2020, el Poder Ejecutivo decretó emergencia debido al impacto generado por los efectos del Huracán Eta a nivel nacional en los siguientes cantones: “Provincia de Puntarenas: Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores y Garabito”. Consta que en oficio No. INT-2023-041 del 26 de febrero del 2023 el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano presentó ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias una solicitud de formal pronunciamiento, en la cual se haga constar que dentro de las afectaciones reportadas dentro del Plan General de la Emergencia del Decreto Ejecutivo No. Placa1065 se encuentran los caminos dispuestos para la intervención y con ello proceder a solicitar el permiso para la extracción de materiales de fuente pública ante la Dirección de Geología y minas del MINAE. En ese contexto, quedó demostrado que mediante resolución administrativa No. CNE-PRE-RESO-0023-2022 la Presidencia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias resolvió, en lo medular, que efectivamente los caminos números 6-01-002, 6-01-036, 6-01-038, 6-01-081, 6-01-110, 6-01-112, 6-01-126, 6-01-127, 6-01-129, 6-01-148, 6-01-150, 6-01-166, y 6-01-175 fueron incluidos dentro del Plan General y contaría con una vigencia de 120 días calendario a partir de la eficacia jurídica del decreto en cuestión. Así, se verifica que en oficio No. INT- 2023-106 del 06 de marzo del 2023 el intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano solicitó al MINAE, en acatamiento con lo establecido en el artículo 3 inciso h) Ley 8668 denominada \"Regulación de extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público por parte de las Municipalidades\", un permiso especial por un período máximo de 120 días en la localidad de Cóbano, donde se realizaría la extracción de material para la recuperación de caminos y la canalización de un sector del río Seco; ello, según lo indicado en la resolución administrativa No. CNE-PRE-RESO-0023-2022. Al efecto, se aportaron los requisitos legales y técnicos requeridos para la extracción de al menos 20.000 m3 de los 53.000 m3 que se requieren para intervenir la totalidad de los caminos registrados por el concejo municipal. Ahora bien, del elenco de hechos probados se extrae que el 05 de mayo de 2023 la fiscal de Cóbano se comunicó vía telefónica con la Subregión Cóbano, Área de Conservación Tempisque, MINAE, e indicó que ha recibido denuncias sobre una aparente extracción ilegal de material del río Arío y río Seco, cerca de la comunidad de San Ramón de Arío. En atención a lo expuesto, se demostró que el 05 de junio de 2023 el Área de Conservación Tempisque realizó una inspección al sitio en la que participaron funcionarios de la oficina subregional Cóbano del SINAC, quienes al aproximarse al sitio se toparon con el ingeniero Civil del Concejo Municipal de Cóbano, quien les mostró la Resolución No. 352-2023 de las 08:15 horas del 04 de mayo de 2023 correspondiente al expediente No. 2023-CDP-MUN-029, rubricada por el jefe del Registro Nacional Minero y les indicó que quien realiza las obras de extracción de material es el Concejo Municipal de Cóbano en cumplimiento de la legislación vigente. En la inspección realizada no se encontró maquinaria en labores de extracción de material; se hizo un recorrido por diferentes zonas del río donde se observaron signos de extracción de material; sin embargo, no se logró identificar afectaciones al área de protección del cuerpo de agua del dominio público. Posteriormente, sea el 12 de junio de 2023, el Área de Conservación Tempisque realizó una nueva inspección en la zona en compañía de un funcionario de la oficina Subregional Paquera-Lepanto y Cóbano con el fin de verificar si ha cambiado las condiciones desde la inspección realizada el 05 de junio de 2023. Durante dicha inspección se observaron condiciones similares a la de la primera visita y tampoco se evidenció afectación al área de protección del río. En ambas inspecciones no se encontró evidencia de afectación a las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal. Finalmente, se coteja que a la fecha de rendido el informe la cantidad de metros cúbicos de extracción fue de 10.500 m3, toda vez que el concejo municipal tomó la determinación de no continuar en conjunto con la parte técnica (ingeniero vial y geólogo regente) de extraer el volumen restante, por cuanto ya no se cuenta con los recursos presupuestarios para cancelar más horas maquinaria dentro del proceso de licitación existente; aunado a las variaciones climáticas que se están presentado en los últimas semanas afecta directamente el proceso de extracción, carga y traslado de los materiales.\n\nV.- SOBRE LA NECESIDAD DE INTERPONER UNA DENUNCIA EN TEMAS AMBIENTALES. En primera instancia, estima la Sala que resulta imperativo hacer algunas apreciaciones respecto a la necesidad de interponer una denuncia en temas ambientales.\n\nDel estudio de los autos se advierte que el Secretario General de la SETENA en el informe adjunto subrayó, en lo medular, lo siguiente:\n\n \n\n“Luego de la verificación de las bases de datos de esta Secretaría, no se localizó ningún expediente de Evaluación Ambiental con las características indicadas (…) Tampoco se localizó alguna solicitud del accionante dirigida a esta representación, denunciando algún hecho específico, caso en el cual se la hubiera redirigido al Tribunal Ambiental Administrativo, al determinase que no existe expediente abierto de Evaluación Ambiental”.\n\nSobre este aspecto, esta Sala ha dicho que, para que se pueda ventilar una lesión o amenaza a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que la persona afectada haya presentado una denuncia y que, durante su trámite, se haya determinado una amenaza o  que efectivamente se esté dañando al medio ambiente, y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna. Así, en la sentencia No. 2016-007678 de las 10:50 horas del 03 de junio de 2016, se resolvió lo siguiente:\n\n“III.- SOBRE EL FONDO. En reiterada jurisprudencia, esta Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el principio precautorio en materia ambiental, así como en relación con la obligación del Estado de asegurar que todos aquellos proyectos, de índole público o privado, se desarrollen bajo estrictos estándares que eviten cualquier daño al medio ambiente. De esta forma, el Estado, por medio de las instituciones creadas para tales efectos, deberá ejercer un control previo y posterior, en torno a la forma en la que se ejecutan los trabajos, las construcciones, los proyectos o las actividades de las empresas y comercios, para asegurar a todos los administrados, que no se ocasiona ningún tipo de daño ambiental con dichas actividades. Ahora bien, por las razones expuestas, ciertas actividades, como las mineras, requieren, de previo a llevarse a cabo, estudios y análisis de impacto ambiental, para lo cual se realizan investigaciones técnicas por parte de profesionales en cada área, para determinar si la actividad pretendida podría o no ocasionar algún perjuicio de ese tipo, todo con base en las diferentes legislaciones que regulan la materia ambiental, como de aguas, forestal, minera, entre otras. Posteriormente, una vez que se obtienen esos permisos de viabilidad o factibilidad, las autoridades administrativas deben prestar atención y atender oportunamente, las denuncias que se presenten por parte de aquellas personas que se consideran afectadas por alguna de las actividades mencionadas, ya sea una concesión, o trabajos privados y comerciales, con el fin de iniciar investigaciones que permitan establecer la veracidad de las quejas planteadas, para lo cual, nuevamente, deberá contarse con criterios técnicos al respecto. Es decir, para que esta Sala pueda corroborar una lesión a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que, la persona afectada haya presentado una denuncia, y que durante su trámite se haya determinado que, efectivamente se está ocasionando una daño al medio ambiente y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así, el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna”. (El destacado no es del original). \n\nIgualmente, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha dicho que no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias. En ese sentido, en la sentencia No. 2023019540 de las 09:30 horas del 11 de agosto de 2023 se resolvió lo siguiente:\n\n“III.- Objeto del recurso. Los recurrentes acusan que hace 25 años, aproximadamente, la Municipalidad de Carrillo realizó una zanja utilizando maquinaria pesada dentro de propiedades privadas, para el desagüe de aguas que va desde Dirección1147  , pasando por Dirección1148  y culmina en zona protectora propiedad del INDER. Afirman que se han visto afectados por la contaminación ambiental que provoca el desfogue de aguas negras, estancamiento de agua que genera vectores de proliferación de zancudos transmisores de enfermedades, lo que afecta la salud y el medio ambiente.\n\n(…)\n\n VI.- Caso concreto.\n\n(…)\n\n Al respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que los recurrentes no han presentado una gestión formal y escrita ante las autoridades recurridas, con el fin de plantear la problemática expuesta en el escrito de interposición. Desde este plano, se le debe advertir que esta Sala no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. Tomen en cuenta los petentes que lo anterior no es lo mismo que agotar la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no debe sustituir directamente la voluntad de la Administración y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Por consiguiente, podrá la parte accionante, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas de manera formal, por escrito, o bien, en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones, en virtud de lo expuesto, el presente amparo se declara inadmisible.\n\n Sobre este particular, la Sala ha manifestado que denuncias como las que plantean los recurrentes en este amparo, deben ser interpuestas previamente ante las autoridades correspondiente, por medio de la sentencia n.° 2017-020375 de las 11:00 horas del 19 de diciembre de 2017, se indicó lo siguiente:\n\n“II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude directamente a este Tribunal a denunciar un problema con respecto a la contaminación generada por una canalización de aguas negras a través de sus propiedades, las cuales desembocan en un río. Sin embargo, del propio dicho de las recurrentes se colige que no han planteado denuncia alguna ante las autoridades competentes, en este caso la Municipalidad de Flores de Heredia. Ahora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncia, así lo señala la sentencia 2016-001150 de las 14:30 horas del 26 de enero de 2016. Consideraciones que son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Por ende, aun cuando las promoventes lo consideren innecesario, en situaciones como esta es preciso que acudan ante las autoridades recurridas a plantear formalmente el reclamo aludido, de previo a interponer el recurso de amparo, para que sean dichas instancias las que tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, establecer su reclamo en la vía de la legalidad ordinaria. Lo anterior sin demérito de que las recurrentes acudan a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental”. (El destacado no es del original). (Véase en similar sentido las sentencias No. 2023004954 de las 09:30 horas del 03 de marzo de 2023, 2023004299 de las 09:15 horas del 24 de febrero de 2023, y 2022026246 de las 09:45 horas del 04 de noviembre de 2022, entre otras).\n\nNo obstante, pese a lo dicho hasta ahora, el Tribunal Constitucional sí ha entrado a conocer recursos donde se demostró una violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sin la necesidad de la interposición de una denuncia previa; ello, bajo dos supuestos de excepción, a saber: 1) cuando se trate de una caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando una daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto. En ese sentido, en la sentencia No. 2008-04786 de las 12:35 horas del 27 de marzo de 2008, se resolvió lo siguiente:\n\n“II.-  OBJETO DEL RECURSO.-  El recurrente alega que ha acudido al Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes y otras instancias administrativas a denunciar una porqueriza que se ubica contiguo a su vivienda y que produce malos olores; sin embargo no han atendido sus gestiones (…)\n\nIV.- EN CUANTO A LA ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.- Para el caso que nos ocupa, el  Código Municipal obliga a las Municipalidades de cada cantón velar porque al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y a un ambiente sano. De los documentos aportados al expediente así como el informe dado bajo juramento por la Alcaldesa recurrida, indica que una vez que los funcionarios municipales se apersonaron al sitio objeto del presente recurso de amparo y constataron que la actividad carecía de permiso municipal procedieron a otorgarle al propietario de la porqueriza un plazo de ocho días para que obtuviera la patente respectiva. Sin embargo, considera la Sala que el papel de la Municipalidad no debe de limitar su actuación únicamente cuando recibe denuncia de supuestas situaciones anómalas  sino que su obligación se encuentra en garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado mediante el control continuo de todas las actividades que se realizan en la comunidad. A juicio de esta Sala, en la especie la Municipalidad de Alajuela ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona  a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas.  Es así como la Municipalidad recurrida teniendo pleno conocimiento de que dentro de su jurisdicción territorial un ciudadano realiza una actividad carente de los permisos de ley y que en sí resulta sensible debido al manejo de animales y desechos,  se ha limitado a otorgarle al administrado denunciado un plazo de ocho días para poner a derecho su situación, evadiendo su responsabilidad de estar siempre vigilantes a las acciones que realicen los habitantes de la comunidad.   Es así como se observa que la Municipalidad recurrida no ha ni siquiera intentado verificar si  la actividad genera algún tipo de contaminación y si lanzan aguas contaminadas.  Lo anterior, con el fin de imponer las sanciones que en Derecho corresponda una vez otorgado el debido proceso y derecho de defensa que les asiste. En consecuencia, la Municipalidad de Alajuela no ha tomado acción alguna para determinar existencia del problema y su eventual incidencia en el supuesto inconveniente sanitario que con insistencia revela el recurrente.  En tal virtud, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Alajuela por las violación  constitucional a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política.\n\nV.-  EN CUANTO A LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD.- Si  bien es cierto, el Estado debe respetar el derecho de los individuos, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad.  La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional.  En este caso, la Ley General de Salud, autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, con lo cual el Ministerio de Salud no solo  tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la salud pública calificada como bien de interés público, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir. Ahora bien, del informe presentado a esta Sala, la Ministra recurrida afirma que no consta ninguna denuncia presentada con relación a estos hechos,  no obstante, debe tener presente la jerarca del Ministerio de Salud que ese órgano no debe actuar únicamente a gestión de parte, como parece entenderlo, obviando así la función preventiva que es indispensable en la protección de la salud humana y que amerita su intervención, aún de oficio, en la labor de fiscalización y vigilancia del cumplimiento de los preceptos de la Ley General de Salud. Según lo acreditado en autos,  la actuación de las autoridades sanitarias en el caso bajo estudio se limitó a realizar una inspección a la porqueriza aquí denunciada debido a la interposición del presente recurso de amparo y constataron entre otros que la granja porcina cuenta con una población porcina de 150 cerdos  y que la zona se encuentra rodeada de viviendas. Si bien, la autoridad sanitaria manifestó que verificó que no existen malos olores a comidas en descomposición ni que las aguas de lavado de la granja fueran lanzadas a la vía pública, de ahí no ha pasado, declinando en el ejercicio de sus competencias y atribuciones al no constreñir,  a quienes corresponda,  ajustare a los demás requisitos que exige el ordenamiento jurídico para la operación de este tipo de actividad como lo son los debidos permisos de los diferentes órganos administrativos competentes en esta materia, por lo que queda demostrado que más allá de la inspección  realizada en virtud del presente recurso de amparo no se desprende del expediente ninguna otra actuación de parte de esta autoridad con la finalidad que la porqueriza cumpla con los requisitos de ley y así ser vigilantes de que dicha actividad no genere ningún tipo de contaminación sanitaria o ambiental y por ende, han omitido cumplir con su obligación de velar por el derecho a la salud de la población y por ende, tal omisión ha ocasionado lesiones a los derechos fundamentales de los todos los habitantes del lugar”. (El destacado no es del original).\n\nEn el sub examine, se estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso, por cuanto no se cumplen con los presupuestos indicados supra para entender que estamos ante un caso de excepción, esto es, ante uno de los dos supuestos que podrían justificar que la Sala Constitucional entre a conocer de este asunto, pese a que no hubo denuncia. Y, como se ha visto, no consta que previo a la interposición del recurso, el accionante haya interpuesto alguna denuncia formal ante las autoridades recurridas y que dicha denuncia no haya sido atendida.\n\nVI.- A MAYOR ABUNDAMIENTO. Pese a lo dicho, esta Sala estima conveniente referirse a otros motivos por los que el presente recurso debe declararse sin lugar,\n\nEn primer lugar, adviértase que el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano sí tramitó y cumplió con todos los requisitos establecidos para solicitar el permiso de extracción de materiales de fuente pública. En ese orden de ideas, del elenco de hechos probados se colige que en oficio No. INT-2023-041 del 26 de febrero del 2023 se presentó una solicitud de formal pronunciamiento ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, en la cual se haga constar que dentro de las afectaciones reportadas dentro del Plan General de la Emergencia del Decreto Ejecutivo No. 42705-MP se encuentran los caminos dispuestos para la intervención. Dicha solicitud fue debidamente resuelta en resolución administrativa No. CNE-PRE-RESO-0023-2022 por la Presidencia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Además, se corrobora que en oficio No. INT- 2023-106 del 06 de marzo del 2023 se solicitó al MINAE, en acatamiento con lo establecido en el artículo 3 inciso h) Ley 8668 denominada \"Regulación de extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público por parte de las Municipalidades\", un permiso especial por un período máximo de 120 días en la localidad de Cóbano, donde se realizaría la extracción de material para la recuperación de caminos y la canalización de un sector del río Seco; ello, según lo indicado en la resolución administrativa No. CNE-PRE-RESO-0023-2022, misma que fue aprobada en la Resolución No. 352-2023 de las 08:15 horas del 04 de mayo de 2023.\n\nEn segundo lugar, nótese que los días 05 de junio y 12 de junio de 2023 el Área de Conservación Tempisque realizó inspecciones en el sitio, pero no encontró evidencia de afectación a las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal. Sobre este punto es menester traer a colación que los personeros municipales indicaron que la solicitud de permiso de extracción de materiales de fuente pública lleva implícitamente un Plan de Explotación Minero a cargo de un consultor autorizado y responsable regencia ambiental, el cual establece aspectos esenciales en torno al desarrollo y proceso de extracción de la fuente, como lo son: el método de extracción propuesto, el desarrollo de cada una de las etapas previstas y su duración, el tipo de maquinaria a utilizar, un cronograma de labores de la obra a realizar en sitio a intervenir (proceso de remoción y explotación), mismo que fue debidamente tramitado bajo el expediente No. Placa1066 por el Departamento de Control Minero. Entonces, no se pudo verificar el dicho del accionante en el sentido de que existió una afectación al ambiente en las condiciones acusadas. Sobre este apartado, bajo la solemnidad del juramento, los funcionarios del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano informaron, en lo que interesa, lo siguiente:\n\n \n\n“Tampoco es cierto el hecho que se dio una afectación a la flora y la fauna del lugar, por la corta de la vegetación por parte de la maquinaria usada en el sitio, toda vez que la única remoción que fue efectuada es tacotal (zacate)”.\n\nEn tercer lugar, se coteja que a la fecha las labores de extracción que denuncia el recurrente fueron canceladas por el concejo accionado. En ese sentido, los representantes del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano subrayaron, bajo la solemnidad del juramento, lo siguiente:\n\n \n\n“…la citada cantidad de metros cúbicos de extracción permitidos, al día de hoy únicamente fueron extraídos 10.500 m3, toda vez que este Ente Municipal tomó la determinación de no continuar en conjunto con la parte técnica (ingeniero vial y geólogo regente) de extraer el volumen restante, por cuanto ya no se cuenta con los recursos presupuestarios para cancelar más horas maquinaria dentro del proceso de licitación existente, lo que nos imposibilita poder seguir con la labores de extracción y un agravante más a esta situación es el caso variaciones climáticas que se están presentado en los últimas semanas, lo que de igual forma afecta directamente el proceso de extracción, carga y traslado del mismo. Por lo tanto, tomo la decisión no continuar con las labores y en su lugar efectuar todas aquellas acciones necesarias para cerrar labores de extracción en dicho sitio”. (El destacado no es del original).\n\nVI.- Como último punto, respecto al cuestionamiento que hace el recurrente en relación con la calle que intervino la municipalidad recurrida, sea calle de Delicias a Río en medio, en el informe adjunto se indicó textualmente lo siguiente:\n\n“En lo referente al tema del intervención de los caminos que hace referencia el Recurrente, dicha información no resulta valedero, ello por cuanto la colocación de lastres se realiza un tramo que va desde la comunidad de San Ramón de Ario hasta el entronque con la ruta 160, aproximadamente 14 Kilómetros, siendo esta una de las primeras rutas intervenidas y que forma parte de los caminos públicos del Distrito, considerablemente transitado y que han sufrido alguna afectación, del mismo modo se interviene un tramo en las Delicias de Cóbano de aproximadamente dos kilómetros desde el Cementerio de Cóbano hacia la comunidad de las Delicias, que de igual forma es parte de los caminos públicos del distrito intervenidos hasta el momento, por lo que la afirmación hecha por el Recurrente no es cierta, siendo que los trabajos realizados benefician a una cantidad considerable de habitantes de nuestros distrito ello por cuanto los caminos intervenidos forman parte de la red de caminos públicos del Distrito de Cóbano y estos encuentran debidamente inventariados, situación que desacredita lo manifestado por el recurrente ya que dicho material no ha sido utilidad (sic) por la Unidad de Gestión vial de este Concejo Municipal en ningún camino de naturaleza privada”.\n\nConsecuentemente, es preciso advertir que, si la parte recurrente se encuentra disconforme con la intervención de caminos que realizó la recurrida, podrá plantear –si a bien lo tiene– sus inconformidades en cuanto a tal tema en la vía de legalidad ordinaria. En mérito de las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.\n\nVII.- Por lo demás, si bien en su informe el representante de SETENA se limitó a indicar las competencias de esa secretaría, así como a advertir que ante esa autoridad no consta ninguna solicitud, denuncia o expediente de Evaluación Ambiental con las características indicadas por el recurrente en el objeto del recurso, es criterio de esta Sala que resulta innecesario requerirle a dicha autoridad prueba adicional o bien que amplíe su informe; esto, debido a que del informe rendido por el Jefe a.i. Subregión Cóbano, Área de Conservación Tempisque, MINAE, y de los personeros del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano se logró determinar que el supuesto daño ambiental denunciado por la parte recurrente, en las condiciones en que fue planteado el recurso, no existió. En todo caso, se le recuerda a la SETENA que, como dependencia especializada en la materia de la Administración Central, tiene una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente, derivado de la obligación para el Estado –como un todo– de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados (véase en similar sentido la sentencia No. 2023014279 de las 09:30 horas del 16 de junio de 2023).\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nPor mayoría, se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y la magistrada Sánchez Navarro salvan el voto y ordenan continuar con la tramitación.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Cruz C.                                                                        Paul Rueda L.\n\n \n\n \n\nJorge Araya G.             Anamari Garro V.                                                                      \n\n \n\n \n\nIleana Sánchez N.         Ingrid Hess H.\n\n \n\nExp: 23-012835-0007-CO\n\nRes. N°202329457\n\n \n\nVoto salvado de magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y la magistrada Sánchez Navarro quienes consideran se debe continuar con la tramitación de este recurso, con redacción del primero.-\n\n \n\nContrario al criterio expresado por la mayoría, consideramos que este amparo debe continuar con su trámite, pedir prueba para mejor resolver, o en todo caso, aplicar los principios ambientales precautorio, pro natura y de objetivación.\n\n-En primer lugar, sobre lo indicado en el voto de mayoría respecto de exigirse la interposición previa de una denuncia en temas ambientales, debe tenerse presente que la violación al derecho al ambiente es distinta de una violación al derecho de obtener justicia pronta y cumplida por tardanza en la resolución de una denuncia ambiental.  Ambos son derechos fundamentales autónomos, aunque el segundo pueda implicar al primero, el primero no siempre implica el segundo. En este sentido, la Sala puede exigir la previa presentación de una denuncia ambiental únicamente cuando el alegato está relacionado ocn la tardanza en resolver un problema ambiental. Así entonces, es posible el supuesto de admisión de un recurso de amparo donde se alegue la violación al derecho al ambiente, sin exigir de previo la presentación de una denuncia ambiental.  Exigir tal denuncia sería contrariar el artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permite el recurso de amparo sin exigir la interposición de algún recurso administrativo. Además, nótese que en otros casos esta Sala ha conocido de amparos en protección del derecho al ambiente, sin exigirse que de previo se hubiera presentado una denuncia ambiental. Asimismo, nótese que en este caso se indica que existe una denuncia pendiente en la Fiscalía de Cóbano por aparente extracción ilegal de material del río Arío y río Seco, de la comunidad de San Ramón de Arío.\n\n-El voto citado por la mayoría para sustentar la declaratoria sin lugar, donde se dice que “para que esta Sala pueda corroborar una lesión a los derechos ambientales, …tendríamos que estar ante el escenario de que la persona afectada haya presentado una denuncia” (voto n°2016-007678) consideramos que no aplica a este caso, en especial, tomando en cuenta que lo que se plantea en este recurso de amparo es muy grave y evidente, cual es, la extracción de material de un río que afecta gravemente al ambiente. A diferencia de lo alegato en el amparo de dicho voto, referido a las condiciones concretas de una concesión. Por ello consideramos que el precedente mencionado en el voto de mayoría resulta inaplicable a este caso.\n\n-Además, considerando que el denunciado en este amparo es el propio Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, resulta improcedente tomar por absolutamente cierto todo lo informado, en especial cuando indica de manera tan tajante que no ha habido una afectación a la flora y fauna del lugar, pues esa es una afirmación que requiere prueba de parte de los contralores ambientales.\n\n-Finalmente, se observa que el informe rendido por el representante del MINAE resulta insuficiente y no se logra constatar, sin la menor duda, que no ha habido afectación al ambiente. Nótese que se indica que se hicieron dos inspecciones, en la primera del 05 de junio del 2023 “no se encontró maquinaria en labores de extracción de material, se hace un recorrido por diferentes zonas del río, se observan signos de extracción de material, sin embargo, no se logra identificar afectaciones al área de protección del cuerpo de agua del dominio público.” Luego, en la segunda inspección, del 12 de junio del 2023, “se observan condiciones similares a la de la primera visita y tampoco se evidencia afectación al área de protección del río. Durante ambas inspecciones, no se encontró evidencia de afectación a las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal. Por lo cual se recomiendo solicitarle criterio al ente competente que es la Dirección de Geología y Minas, sobre el cual ya la Fiscal de Cóbano ha indicado que se comunicó con la ingeniera Carolina Suárez Matarrita, Coordinadora de la Región Pacífico Central de la Dirección de Geología y Minas.” Sin embargo, la Dirección de Geología y Minas no fue llamada a este expediente, ni esta Sala le solicitó prueba alguna, entonces, no logró constatarse que la actividad desplegada por la Municipalidad recurrida se estaba realizando en respeto del derecho al ambiente.\n\n-Todo lo anterior pone de manifiesto la posible violación a los principios ambientales de: principio precautorio (cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. El principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible), principio pro natura (en caso de duda o incerteza las controversias deben resolverse y las normas deben interpretarse a favor de la protección y conservación del ambiente) y el principio de objetivación de la tutela ambiental (o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, según el cual se impone acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias- de donde se deriva la exigencia de la “vinculación a la ciencia y a la técnica”, con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esa materia. Ha sido definido como principio número 17 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente).\n\nPor todo lo anterior, procedemos a salvar el voto en este caso, pues consideramos debería continuarse con su tramitación, solicitar más prueba para mejor resolver, y aplicar los principios ambientales correspondientes.\n\n \n\nFernando Cruz Castro  Paul Rueda Leal\n\n \n\nIleana Sánchez Navarro\n\n \n\n \n\n \n\nExp: 23-012835-0007-CO         1\n\n\n\nObservaciones de SALA CONSTITUCIONAL\n\nvotado con boleta\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:09:38.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**Resolución Nº 29457 - 2023**\n\n**Date of Resolution:** November 10, 2023, at 12:50\n\n**Expediente:** 23-012835-0007-CO\n\n**Drafted by:** Anamari Garro Vargas\n\n**Type of matter:** Recurso de amparo\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Judgment with Dissenting Vote**\n\n**Relevance Indicators**\n\n**Relevant Judgment**\n\n**Related Judgments** Judgments in the same expediente\n\n**Content of Interest:**\n\n**Strategic Themes:** Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS\n\n**Topic:** ENVIRONMENT\n\n**Subtopics:**\n\nENVIRONMENTAL STUDIES.\n\n**Topic:** MUNICIPALITY\n\n**Subtopics:**\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\nTelf6046. ENVIRONMENT. MUNICIPALITY. THE EXTRACTION OF MATERIALS FOR ROAD RECOVERY AND THE CANALIZATION OF A SECTOR OF THE RÍO SECO IS QUESTIONED. ADDITIONALLY, THAT SAID MATERIAL WILL BE USED TO INTERVENE ON DELICIAS STREET, WHICH IS NOT VERY BUSY, LEAVING ASIDE OTHERS THAT ARE. THE APPEAL IS DECLARED WITHOUT MERIT. VCG06/2024\n\n“(…) IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the *sub lite*, it was proven that the District of Cóbano is located within one of the areas most impacted by Hurricane Eta, which produced considerable damage to almost the entire district road network, requiring rehabilitation or reconstruction interventions on some of the roads. Along these lines, it is inferred that through Decreto Ejecutivo No. 42705-MP, published in Gaceta No. 271 of November 12, 2020, the Poder Ejecutivo decreed an emergency due to the impact generated by the effects of Hurricane Eta at the national level in the following cantons: “Province of Puntarenas: Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores and Garabito”. It is on record that in official communication No. INT-2023-041 of February 26, 2023, the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano submitted to the Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias a request for a formal pronouncement, certifying that the roads designated for intervention are included within the reported damages of the Plan General de la Emergencia of Decreto Ejecutivo No. 42705-MP, and thereby to proceed to request the permit for the extraction of materials from a public source from the Dirección de Geología y Minas of MINAE. In that context, it was demonstrated that through administrative resolution No. CNE-PRE-RESO-0023-2022, the Presidency of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias resolved, in essence, that roads numbers 6-01-002, 6-01-036, 6-01-038, 6-01-081, 6-01-110, 6-01-112, 6-01-126, 6-01-127, 6-01-129, 6-01-148, 6-01-150, 6-01-166, and 6-01-175 were effectively included within the Plan General and would have a validity of 120 calendar days from the legal effectiveness of the decree in question. Thus, it is verified that in official communication No. INT- 2023-106 of March 6, 2023, the mayor of the Concejo Municipal de Distrito de Cóbano requested from MINAE, in compliance with the provisions of Article 3, subsection h) of Ley 8668, called \"Regulación de extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público por parte de las Municipalidades\", a special permit for a maximum period of 120 days in the locality of Cóbano, where the extraction of material would take place for the recovery of roads and the canalization of a sector of the Río Seco; this, according to what was indicated in administrative resolution No. CNE-PRE-RESO-0023-2022. To this effect, the legal and technical requirements necessary for the extraction of at least 20,000 m3 of the 53,000 m3 required to intervene on all the roads registered by the municipal council were provided. Now then, from the list of proven facts, it is gleaned that on May 5, 2023, the prosecutor of Cóbano communicated by telephone with the Cóbano Subregion, Área de Conservación Tempisque, MINAE, and indicated that complaints had been received regarding an apparent illegal extraction of material from the Río Arío and Río Seco, near the community of San Ramón de Arío. In response to the foregoing, it was demonstrated that on June 5, 2023, the Área de Conservación Tempisque conducted a site inspection in which officials from the Cóbano subregional office of SINAC participated, who, upon approaching the site, encountered the Civil Engineer of the Concejo Municipal de Cóbano, who showed them Resolution No. 352-2023 of 8:15 a.m. on May 4, 2023, corresponding to expediente No. 2023-CDP-MUN-029, signed by the head of the Registro Nacional Minero, and indicated that the material extraction works are being carried out by the Concejo Municipal de Cóbano in compliance with current legislation. During the inspection, no machinery was found engaged in material extraction activities; a tour was made of different areas of the river where signs of material extraction were observed; however, it was not possible to identify impacts to the protection area of the public domain water body. Subsequently, on June 12, 2023, the Área de Conservación Tempisque conducted a new inspection in the area accompanied by an official from the Paquera-Lepanto and Cóbano Subregional office in order to verify if conditions had changed since the inspection conducted on June 5, 2023. During said inspection, conditions similar to those of the first visit were observed, and no impact to the river's protection area was evidenced. In both inspections, no evidence was found of impacts to the protection areas defined in Article 33 of the Ley Forestal. Finally, it is corroborated that as of the date the report was submitted, the quantity of cubic meters extracted was 10,500 m3, given that the municipal council decided not to continue, together with the technical team (road engineer and supervising geologist), to extract the remaining volume, as budgetary resources are no longer available to pay for more machinery hours within the existing bidding process; in addition to the climatic variations that have been occurring in recent weeks, directly affecting the process of extraction, loading, and transport of the materials.\n\nV.- ON THE NEED TO FILE A COMPLAINT IN ENVIRONMENTAL MATTERS. In the first instance, this Chamber considers it imperative to make some observations regarding the need to file a complaint in environmental matters.\n\nFrom the study of the case file, it is noted that the Secretario General of SETENA, in the attached report, emphasized, in essence, the following:\n\n“After verifying the databases of this Secretariat, no expediente de Evaluación Ambiental was located with the indicated characteristics (…) Nor was any request from the petitioner addressed to this representation located, reporting any specific fact, in which case it would have been redirected to the Tribunal Ambiental Administrativo, upon determining that no open expediente de Evaluación Ambiental exists”.\n\nOn this aspect, this Chamber has stated that, for an injury or threat to environmental rights to be aired, in general or in particular, we would have to be facing the scenario that the affected person has filed a complaint and that, during its processing, a threat has been determined or that the environment is indeed being harmed, and even so, the respondent administrative authorities have not taken any type of measure in this regard, thus injuring the constitutional right enshrined in Article 50 of the Carta Magna. Thus, in judgment No. 2016-007678 of 10:50 a.m. on June 3, 2016, the following was resolved:\n\n“III.- ON THE MERITS. In reiterated jurisprudence, this Sala Constitucional has had the opportunity to rule on the precautionary principle in environmental matters, as well as in relation to the State's obligation to ensure that all projects, whether public or private, are developed under strict standards that prevent any damage to the environment. In this way, the State, through the institutions created for such purposes, must exercise prior and subsequent control over the manner in which works, constructions, projects, or activities of companies and businesses are executed, to assure all citizens that no type of environmental damage is caused by these activities. Now then, for the reasons stated, certain activities, such as mining, require, prior to being carried out, environmental impact studies and analyses, for which technical investigations are conducted by professionals in each area to determine whether or not the intended activity could cause any such harm, all based on the different laws regulating environmental matters, such as water, forestry, mining, among others. Subsequently, once these viability or feasibility permits are obtained, the administrative authorities must pay attention to and timely address complaints filed by those persons who consider themselves affected by any of the mentioned activities, whether a concession, or private and commercial works, in order to initiate investigations that allow establishing the veracity of the complaints raised, for which, again, technical criteria must be available. That is, for this Chamber to be able to corroborate an injury to environmental rights, in general or in particular, we would have to be facing the scenario that the affected person has filed a complaint, and that during its processing it has been determined that damage to the environment is indeed being caused, and even so, the respondent administrative authorities have not taken any type of measure in this regard, thus injuring the constitutional right enshrined in Article 50 of the Carta Magna”. (The highlighting is not from the original).\n\nLikewise, on repeated occasions, this Court has stated that it should not substitute the active Administration in its competencies, nor is it a venue for the processing of complaints. In this sense, in judgment No. 2023019540 of 9:30 a.m. on August 11, 2023, the following was resolved:\n\n“III.- Purpose of the appeal. The appellants allege that approximately 25 years ago, the Municipalidad de Carrillo dug a trench using heavy machinery within private properties, for the drainage of water that runs from Dirección5107, passing through Dirección5108 and ending in a protective zone owned by INDER. They state that they have been affected by the environmental contamination caused by the discharge of raw sewage, water stagnation that generates vectors for the proliferation of disease-transmitting mosquitoes, affecting health and the environment.\n\n(…)\n\n VI.- Specific case.\n\n(…)\n\n In this regard, from the study of the case file, it is proven that the appellants have not filed a formal, written request before the respondent authorities in order to raise the issue described in the filing brief. From this perspective, it must be warned that this Chamber should not substitute the active Administration in its competencies, nor is it a venue for the processing of complaints. The petitioners must bear in mind that the foregoing is not the same as exhausting the administrative remedy, but rather the simple admission that this Court should not directly substitute the will of the Administration and supplant public offices in managing matters within their competence. Consequently, the petitioner may, if it deems appropriate, formally raise its disagreements or claims before the respondent authorities in writing, or alternatively, in the ordinary jurisdictional venue, forums in which it may broadly discuss the merits of the matter and assert its claims. By virtue of the foregoing, this amparo is declared inadmissible.\n\n On this particular matter, the Chamber has stated that complaints such as those raised by the appellants in this amparo must be previously filed before the corresponding authorities. Through judgment No. 2017-020375 of 11:00 a.m. on December 19, 2017, the following was indicated:\n\n“II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant party comes directly to this Court to denounce a problem regarding contamination generated by a sewage canalization through their properties, which empties into a river. However, from the appellants' own statements, it is inferred that they have not filed any complaint before the competent authorities, in this case the Municipalidad de Flores de Heredia. Now then, as has been repeatedly stated, this Court should not substitute the active Administration in its competencies, nor is it a venue for the processing of complaints, as indicated in judgment 2016-001150 of 2:30 p.m. on January 26, 2016. Considerations that are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgment, nor motives to assess the situation raised differently. Therefore, even if the petitioners consider it unnecessary, in situations such as this, it is necessary that they appeal to the respondent authorities to formally raise the aforementioned claim, prior to filing the recurso de amparo, so that it is those instances that take the pertinent measures to resolve the denounced problem or, failing that, to establish their claim in the ordinary legality venue. The foregoing without prejudice to the appellants' recourse to the constitutional venue after an unreasonable period has elapsed without effective action by the Administration and provided there is a threat or injury to a fundamental right”. (The highlighting is not from the original). (See in a similar vein judgments No. 2023004954 of 9:30 a.m. on March 3, 2023, 2023004299 of 9:15 a.m. on February 24, 2023, and 2022026246 of 9:45 a.m. on November 4, 2022, among others).\n\nNevertheless, despite what has been said up to now, the Tribunal Constitucional has indeed agreed to hear appeals where a violation of a healthy and ecologically balanced environment was demonstrated without the need for the filing of a prior complaint; this, under two exceptional assumptions, namely: 1) when it is a case of great magnitude and; 2) when it can be derived from the case file that the competent authorities have had knowledge of the denounced situation, which is threatening or causing damage to the environment, and they have not taken any type of measure in this regard. In this sense, in judgment No. 2008-04786 of 12:35 p.m. on March 27, 2008, the following was resolved:\n\n“II.-  PURPOSE OF THE APPEAL.-  The appellant alleges that he has gone to the Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes, and other administrative bodies to report a pig farm located next to his home that produces foul odors; however, they have not addressed his requests (…)\n\n IV.- REGARDING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.- For the case at hand, the Código Municipal obligates the Municipalities of each canton to ensure that citizens are guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and a healthy environment. From the documents submitted to the expediente, as well as the report given under oath by the respondent Mayor, it indicates that once municipal officials appeared at the site subject to this recurso de amparo and verified that the activity lacked a municipal permit, they proceeded to grant the owner of the pig farm a period of eight days to obtain the respective business license. However, the Chamber considers that the Municipality's role should not be limited to acting only when it receives a complaint of alleged anomalous situations, but rather its obligation lies in guaranteeing, defending, and preserving the right of everyone to enjoy a healthy and ecologically balanced environment through the continuous control of all activities carried out in the community. In the judgment of this Chamber, in the present case, the Municipalidad de Alajuela has shown an inability to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the enjoyment by the area's inhabitants of a healthy and ecologically balanced environment, with consequences for the health of these people. It is thus that the respondent Municipality, having full knowledge that within its territorial jurisdiction, a citizen carries out an activity lacking the required legal permits and which is inherently sensitive due to the handling of animals and waste, has limited itself to granting the reported citizen a period of eight days to legalize their situation, evading its responsibility to always be vigilant of the actions undertaken by the community's inhabitants. It is thus observed that the respondent Municipality has not even attempted to verify if the activity generates any type of contamination and if contaminated water is being discharged. The foregoing, in order to impose the sanctions that legally apply once the due process and right of defense that assist them have been granted. Consequently, the Municipalidad de Alajuela has not taken any action to determine the existence of the problem and its eventual incidence on the alleged sanitary issue that the appellant insistently reveals. In such virtue, the granting of this appeal against the Municipalidad de Alajuela is imposed for the constitutional violation of Articles 50 and 21 of the Constitución Política.\n\n V.-  REGARDING THE ACTIONS OF THE MINISTERIO DE SALUD.- If it is true that the State must respect the rights of individuals, it is also true that it must ensure the well-being of the community. Public Health and environmental protection are principles protected both at the constitutional level (Articles 21, 50, 73 and 89 of the Carta Magna) and through international regulations. In this case, the Ley General de Salud authorizes the Ministerio de Salud to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions, whereby the Ministerio de Salud not only has the duty to enforce the Ley General de Salud but also to protect public health, classified as a matter of public interest, since the rights to health and to a healthy environment free from contamination—at least below the limits tolerable for human beings—are inalienable fundamental rights whose violation cannot legitimately be consented to. Now then, from the report presented to this Chamber, the respondent Minister states that there is no record of any complaint filed in relation to these facts. However, the head of the Ministerio de Salud must bear in mind that this body should not act solely upon a party's request, as it seems to understand it, thus ignoring the preventive function that is essential in the protection of human health and that warrants its intervention, even ex officio, in the task of auditing and monitoring compliance with the precepts of the Ley General de Salud. According to what was proven in the case file, the action of the health authorities in the case under study was limited to conducting an inspection of the pig farm denounced here due to the filing of this recurso de amparo and they verified, among other things, that the pig farm has a swine population of 150 pigs and that the area is surrounded by dwellings. While the health authority stated that it verified that there are no foul odors from decomposing food and that the wash water from the farm was not being discharged onto the public road, it has not gone further than that, declining in the exercise of its competencies and powers by not compelling those responsible to comply with the other requirements demanded by the legal system for the operation of this type of activity, such as the due permits from the different administrative bodies competent in this matter. Therefore, it is demonstrated that beyond the inspection conducted by virtue of this recurso de amparo, no other action is apparent from the expediente on the part of this authority with the purpose of ensuring that the pig farm complies with the legal requirements and thus being vigilant that said activity does not generate any type of sanitary or environmental contamination. Hence, they have failed to fulfill their obligation to ensure the population's right to health, and therefore, such omission has caused injuries to the fundamental rights of all inhabitants of the place”. (The highlighting is not from the original).\n\nIn the *sub examine*, it is considered that the appropriate course is to declare the appeal without merit, as the assumptions indicated above to understand that we are in an exceptional case are not met, that is, neither of the two situations that could justify the Sala Constitucional agreeing to hear this matter, despite the absence of a complaint. And, as has been seen, there is no record that prior to the filing of the appeal, the petitioner had filed any formal complaint before the respondent authorities and that said complaint had not been addressed.\n\nVI.- FOR THE SAKE OF AMPLIFICATION. Despite what has been said, this Chamber deems it appropriate to refer to other reasons why this appeal must be declared without merit.\n\nFirstly, it should be noted that the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano did process and comply with all the established requirements to request the permit for the extraction of materials from a public source. Along these lines of reasoning, from the list of proven facts, it is inferred that in official communication No. INT-2023-041 of February 26, 2023, a request for a formal pronouncement was filed before the Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, to certify that the roads designated for intervention are included within the reported damages of the Plan General de la Emergencia of Decreto Ejecutivo No. 42705-MP. Said request was duly resolved in administrative resolution No. CNE-PRE-RESO-0023-2022 by the Presidency of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Furthermore, it is corroborated that in official communication No. INT- 2023-106 of March 6, 2023, a special permit was requested from MINAE, in compliance with the provisions of Article 3, subsection h) of Ley 8668, called \"Regulación de extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público por parte de las Municipalidades\", for a maximum period of 120 days in the locality of Cóbano, where the extraction of material would take place for the recovery of roads and the canalization of a sector of the Río Seco; this, according to what was indicated in administrative resolution No. CNE-PRE-RESO-0023-2022, which was approved in Resolución No. 352-2023 of 8:15 a.m. on May 4, 2023.\n\nSecondly, it should be noted that on June 5 and June 12, 2023, the Área de Conservación Tempisque conducted inspections at the site but found no evidence of impact to the protection areas defined in Article 33 of the Ley Forestal. On this point, it is necessary to bring up that the municipal personnel indicated that the application for a permit for the extraction of materials from a public source implicitly carries a Mining Exploitation Plan under the charge of an authorized consultant and responsible environmental supervisor (regencia ambiental), which establishes essential aspects regarding the development and extraction process of the source, such as: the proposed extraction method, the development of each of the planned stages and their duration, the type of machinery to be used, a work schedule for the tasks to be carried out at the site to be intervened (removal and exploitation process), which was duly processed under expediente No. 2023-CDP-MUN-029 by the Departamento de Control Minero. Therefore, the petitioner's statement to the effect that there was an impact on the environment under the alleged conditions could not be verified. Regarding this section, under the solemnity of oath, the officials of the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano reported, in what is relevant, the following:\n\n“Nor is it true that there was an impact on the flora and fauna of the place, due to the cutting of vegetation by the machinery used at the site, given that the only removal that was carried out is scrubland (tacotal) (zacate)”.\n\nThirdly, it is corroborated that to date the extraction activities denounced by the appellant were canceled by the respondent council. In this sense, the representatives of the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano emphasized, under the solemnity of oath, the following:\n\n“…the cited amount of permitted cubic meters of extraction, as of today only 10,500 m3 were extracted, given that this Municipal Entity decided not to continue, together with the technical team (road engineer and supervising geologist), to extract the remaining volume, as budgetary resources are no longer available to pay for more machinery hours within the existing bidding process, which makes it impossible for us to continue with the extraction activities, and another aggravating factor to this situation is the climatic variations that have been occurring in recent weeks, which likewise directly affects the process of extraction, loading, and transport of the same. Therefore, I made the decision to not continue with the activities and instead carry out all necessary actions to close extraction activities at said site”. (The highlighting is not from the original).\n\nVI.- As a final point, regarding the questioning made by the appellant in relation to the street intervened by the respondent municipality, i.e., the street from Delicias to Río en medio, the attached report textually indicated the following:\n\n“Regarding the matter of the intervention of roads referred to by the Appellant, said information is not valid, as the placement of ballast (lastres) is carried out on a stretch that runs from the community of San Ramón de Ario to the junction with route 160, approximately 14 kilometers, this being one of the first routes intervened and which forms part of the District's public roads, considerably traveled and which have suffered some damage. Likewise, a stretch is intervened in Las Delicias de Cóbano of approximately two kilometers from the Cóbano Cemetery towards the community of Las Delicias, which is likewise part of the district's public roads intervened so far, so the statement made by the Appellant is not true, with the work carried out benefiting a considerable number of inhabitants of our district, as the intervened roads form part of the public road network of the District of Cóbano and these are duly inventoried, a situation that discredits what was stated by the appellant since said material has not been used by the Unidad de Gestión Vial of this Concejo Municipal on any private road.”\n\nConsequently, it is necessary to warn that, if the appellant party disagrees with the road intervention carried out by the respondent, it may raise –if it deems it appropriate– its disagreements regarding this matter in the ordinary legality venue. In light of the considerations expressed, the appropriate course is to declare the appeal without merit, as is hereby ordered.\n\nVII.- Furthermore, although in its report, the representative of SETENA limited itself to indicating the competencies of that secretariat, as well as to warning that no request, complaint, or expediente de Evaluación Ambiental with the characteristics indicated by the appellant in the purpose of the appeal is on file before that authority, it is the criterion of this Chamber that it is unnecessary to require additional evidence from said authority or for it to expand its report; this is because, from the report rendered by the Acting Head of the Cóbano Subregion, Área de Conservación Tempisque, MINAE, and from the personnel of the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, it was possible to determine that the alleged environmental damage denounced by the appellant party, under the conditions in which the appeal was filed, did not exist. In any case, SETENA is reminded that, as a specialized agency in the matter of the Central Administration, it has broad participation and responsibility with regard to the conservation and preservation of the environment, derived from the obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, that endanger the health of citizens (see in a similar vein judgment No. 2023014279 of 9:30 a.m. on June 16, 2023). (…)”\n\n... See more\n**Related Judgments**\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Dissenting vote\n\n**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS\n\n**Topic:** ENVIRONMENT\n\n**Subtopics:**\n\nENVIRONMENTAL STUDIES.\n\n**Topic:** MUNICIPALITY\n\n**Subtopics:**\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\n**Exp:** 23-012835-0007-CO\n\n**Res.**\n\nCase Number 202329457\n\nDissenting vote of Magistrates Cruz Castro, Rueda Leal, and Magistrate Sánchez Navarro, who consider that the processing of this remedy should continue, with reasoning drafted by the first.-\n\nContrary to the criterion expressed by the majority, we consider that this amparo should continue with its processing, request evidence for a better resolution, or in any case, apply the environmental principles of precaution, pro natura, and objectivization.\n\n-In the first place, regarding what is indicated in the majority vote concerning requiring the prior filing of a complaint in environmental matters, it must be kept in mind that the violation of the right to the environment is distinct from a violation of the right to obtain prompt and complete justice due to delay in the resolution of an environmental complaint. Both are autonomous fundamental rights, although the second may imply the first, the first does not always imply the second. In this sense, the Chamber can require the prior filing of an environmental complaint only when the allegation is related to the delay in resolving an environmental problem. Thus, the scenario of admitting an amparo remedy where a violation of the right to the environment is alleged is possible, without requiring the prior filing of an environmental complaint. Requiring such a complaint would contradict Article 31 of the Law of Constitutional Jurisdiction, which allows the amparo remedy without requiring the filing of any administrative remedy. Furthermore, it should be noted that in other cases, this Chamber has heard amparos in protection of the right to the environment, without requiring that an environmental complaint had been previously filed. Likewise, it should be noted that in this case, it is indicated that there is a pending complaint in the Prosecutor's Office of Cóbano for the apparent illegal extraction of material from the Arío River and Seco River, in the community of San Ramón de Arío.\n\n-The vote cited by the majority to support the declaration without merit, where it is stated that \"in order for this Chamber to corroborate an injury to environmental rights, ...we would have to be before the scenario that the affected person has filed a complaint\" (vote No. 2016-007678), we consider that it does not apply to this case, especially considering that what is raised in this amparo remedy is very serious and evident, which is the extraction of material from a river that seriously affects the environment. Unlike the allegation in the amparo of said vote, referring to the specific conditions of a concession. Therefore, we consider that the precedent mentioned in the majority vote is inapplicable to this case.\n\n-Furthermore, considering that the respondent in this amparo is the Municipal Council of the District of Cóbano itself, it is inappropriate to take everything reported as absolutely true, especially when it so emphatically indicates that there has been no impact on the flora and fauna of the place, because that is an affirmation that requires proof from the environmental controllers.\n\n-Finally, it is observed that the report rendered by the representative of MINAE is insufficient and it cannot be verified, without the slightest doubt, that there has been no impact on the environment. Note that it is indicated that two inspections were made, in the first on 05 June 2023, \"no machinery was found in material extraction work, a tour was made through different areas of the river, signs of material extraction are observed, however, it was not possible to identify impacts to the protection area of the publicly owned body of water.\" Then, in the second inspection, on 12 June 2023, \"conditions similar to those of the first visit are observed, and impact to the river's protection area is also not evidenced. During both inspections, no evidence of impact to the protection areas defined in Article 33 of the Ley Forestal was found. Therefore, it is recommended to request an opinion from the competent entity, which is the Dirección de Geología y Minas, about which the Prosecutor of Cóbano has already indicated that she communicated with engineer Carolina Suárez Matarrita, Coordinator of the Central Pacific Region of the Dirección de Geología y Minas.\" However, the Dirección de Geología y Minas was not called to this expediente, nor did this Chamber request any evidence from it; therefore, it was not possible to verify that the activity carried out by the respondent Municipality was being conducted in respect of the right to the environment.\n\n-All of the above reveals the possible violation of the environmental principles of: the precautionary principle (when there is a danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on costs to prevent the degradation of the environment. The principle starts from a reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage), the pro natura principle (in case of doubt or uncertainty, controversies must be resolved and norms must be interpreted in favor of the protection and conservation of the environment), and the principle of objectivization of environmental protection (or the principle of linkage to science and technology, according to which it is required to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature—both legal and regulatory—from which the requirement of \"linkage to science and technology\" is derived, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter. It has been defined as principle number 17 of the Rio Declaration on Environment and Development).\n\nFor all of the foregoing, we proceed to cast a dissenting vote in this case, because we believe its processing should continue, more evidence should be requested for a better resolution, and the corresponding environmental principles should be applied.\n\nFernando Cruz Castro / Paul Rueda Leal / Ileana Sánchez Navarro\n\nVCG06/2024\n\n... See more\nText of the resolution\n\nExp: 23-012835-0007-CO\n\nRes. No. 202329457\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve hours and fifty minutes on the tenth of November two thousand twenty-three.\n\nAmparo remedy processed in expediente number 23-012835-0007-CO, filed by [Name9058], identity card number [CED7274], against the MUNICIPALITY OF THE DISTRICT OF CÓBANO and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 18:48 hours on 1 June 2023, the petitioner files an amparo remedy against the MUNICIPALITY OF THE DISTRICT OF CÓBANO and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. He states that in the District of Cóbano, material extraction works are being carried out for road recovery and the channelization of a sector of the Seco River; materials are also being extracted from \"Río Seco\". He notes that, according to official letter No. INT-2023-106 from the mayor of the Municipal Council, the volume of material intended to be extracted from the site will be 20,000 m³ and the volume of the static reserve source is 200,000 m³; as for dynamic reserves, they are accounted for at least 100,000 m³ annually, for which reason he indicates that materials will be complementarily relocated within the riverbed in another sector destined for the protection and channelization of the riverbed, indicating that these materials will not leave the project. In addition, there are other sites that will be requested as the project progresses; due to the lack of financial capacity to contract the necessary machinery, the process will be carried out in stages; the amount of material to be extracted was not determined with precise studies that would measure the impact of extracting such a quantity of cubic meters from the river, seriously affecting the environment. He questions that the road most intervened with river material is the road from Delicias to Río en Medio, which is not heavily traveled, but rather leads to some private farms; therefore, the investment benefits a few, leaving aside the main road from San Isidro to Delicias, which is indeed widely traveled; therefore, the extraction from the river not only barbarically affects the environment but is also carried out for the benefit of a few. He highlights that the extraction of materials was carried out under the decree declaring a national state of emergency due to the situation caused by the effects of Hurricane ETA No. [LicensePlate1065]; however, as is public knowledge, many streets and roads need intervention—some urgently—but that does not mean that all must be included in an emergency declaration to manage to circumvent proper intervention, much less to the detriment of the environment. He requests the intervention of this Chamber so that the National Technical Environmental Secretariat, the Ministry of Environment and Energy, and the Municipal Council of the District of Cóbano be ordered to stop this vast environmental destruction, reforest the entire affected area with native trees, pay for the damages, costs, and losses caused at the site, as well as indicate which parameters influenced choosing the least traveled road over one of greater importance in the district.\n\n2.- By resolution at 13:36 hours on 08 June 2023, a report was requested from the mayor, the district mayor, and the president of the Council, all of the Municipality of the District of Cóbano; as well as from the secretary general of the National Technical Environmental Secretariat and the head of the Subregional Office of Cóbano of the Ministry of Environment and Energy, regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n3.- The following report under oath is submitted by Favio José López Chacón, in his capacity as district mayor and Municipal Emergency Coordinator, and Eric Francis Salazar Rodríguez, in his capacity as Municipal President, both of the Municipal Council of the District of Cóbano:\n\n\"That as a result of the impact generated by the effects of Hurricane Eta nationwide, the Executive Branch proceeded to take actions in this regard, so in order to resolve the situation, it proceeded with the emergency declaration by means of Executive Decree No. 42705-MP, so that initially actions are executed by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, which is the primary response institution that channels firsthand the official reports of damages recorded through its liaison commissions defined by law at a national level, which documentarily generate a general plan of the emergency in which an extensive causal explanation of the event generating the emergency, the estimation of damages and losses, together with the definition of the actions, as well as the works necessary for its attention and an estimation of the investment of economic resources, in the primary phase or response to the emergency care. However, it is worth mentioning that as our District is within one of the zones where there was a much greater direct impact due to this climatological phenomenon, which came to produce a considerable impact on almost all of our District road network, for which rehabilitation or reconstruction interventions on some of these roads are required. Therefore, since our economic resources are truly limited and coupled with that, we have more than 218 km² of registered and inventoried routes which we must provide comprehensive attention to, in order to provide the optimal maintenance that guarantees safer road circulation for the people who travel on them. By virtue of the foregoing, this District Municipal Council saw the pressing need to proceed to directly request the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response by means of official letter INT-2023-041 dated 26 February 2023, a formal pronouncement so that it can certify that within the reported impacts in the General Emergency Plan of Executive Decree No. 42705-MP, the roads set forth in its petition for intervention are included. A request that was effectively accepted by the Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, No. 048-02-2021, in its Extraordinary Session No. 02-02-2021, held on 24 February 2021, and Published in Supplement No. 300 of the sixteenth of November 2020, indicating that effectively the roads numbers: 6-01-002, 6-01-036, 6-01-038, 6-01-081, 6-01-110, 6-01-112, 6-01-126, 6-01-127, 6-01-129, 6-01-148, 6-01-150, 6-01-166, 6-01-175, were included within the cited General Plan and that it will have a validity of 120 calendar days from the legal effectiveness of this decree. For this reason, once said endorsement was obtained, we immediately proceeded to submit a formal request by means of official letter No. INT-2023-106 dated 06 March 2023, before the Dirección de Geología y Minas in accordance with what is established in Article 3 subsection h) of Law 8668 called 'Regulation of the extraction of materials from quarries and publicly owned riverbeds by the Municipalities', together with the legal and technical requirements required by law in order for us to be granted the respective permit for the extraction of materials from the public source (Seco River) located in the community of La Esperanza de Cóbano, for the extraction of at least 20,000 cubic meters of the 53,000 cubic meters required to manage to intervene all of the roads registered by this Municipal Council, this with the objective of having a prevention program by having a stockpile of the material on municipal lands and thus being able to have necessary reserves to be used on the district routes that were authorized, until we can have our own source. However, it is important to highlight that of the cited quantity of cubic meters allowed for extraction, to date only 10,500 m3 have been extracted, since this Municipal Entity made the determination, together with the technical team (road engineer and regent geologist), not to continue extracting the remaining volume, given that budget resources are no longer available to pay for more hours of machinery within the existing bidding process, which makes it impossible for us to continue with the extraction work, and a further aggravating factor to this situation is the case of climatic variations that have been occurring in recent weeks, which likewise directly affects the process of extraction, loading, and transport of the material. Therefore, I made the decision not to continue with the work and instead carry out all necessary actions to close extraction work at said site. Under this same line of thought, I do not omit to state that the cited request implicitly carries a Mining Exploitation Plan in charge of an authorized consultant responsible for environmental oversight in this process, for which reason said technical report establishes essential aspects surrounding the development and extraction process of this source, such as the proposed extraction method, as well as the development of each of the planned stages and their duration, the type of machinery to be used, also a work schedule for the tasks to be carried out on the site to be intervened (removal and exploitation process), this without even setting aside the environmental impact matrix in accordance with the procedure established by the National Technical Environmental Secretariat and the establishment of environmental measures, and taking as a base the guide established in the Manual of Good Environmental Practices for low-volume mining extraction that the Dirección Geología Minas and even a Post-Operational Recovery Plan for the extraction source. The same was duly processed under expediente 2023-CDP-MUN-029 by the Department of Mining Control. For this reason, we can conclude that regarding the issue of special permits for public interest infrastructure works, it should be noted that said norm is clear in specifically indicating in its provisions 2 and 3, that the Dirección de Geología y Minas has, from the receipt of the request, a maximum period of 5 business days for the review of the correct fulfillment of the formal requirements in a complete manner, so if no response is received from this institution in this regard, said norm allows that, for cases of minor category local emergency response, the respective work may begin and subsequently rectify any requirements that are necessary in order to prevent greater damages that are difficult to repair, and if necessary, even definitively suspend the extraction work. Nor is the assertion made by the Petitioner true that the municipal administration has violated, nor is violating, any constitutional right from the environmental perspective or of direct impact on the integrity of human life, since the actions of this municipal administration have always been protected by the principle of legality adjusted to the regulations governing the matter, which is duly accredited by the attached documentary evidence. Nor is it true that there was an impact on the flora and fauna of the place, due to the cutting of vegetation by the machinery used on the site, since the only removal that was carried out was scrubland (zacate), which clears automatically or by itself.\n\nSecond: On the other hand, regarding the issue of the intervention of the roads that the Petitioner refers to, said information is not valid, because the placement of ballast is being carried out on a stretch that goes from the community of San Ramón de Ario to the junction with route 160, approximately 14 kilometers, this being one of the first routes intervened and that forms part of the public roads of the District, considerably traveled and that have suffered some impact; in the same way, a stretch is being intervened in Las Delicias de Cóbano of approximately two kilometers from the Cóbano Cemetery towards the community of Las Delicias, which is similarly part of the public roads of the district intervened to date, so the assertion made by the Petitioner is not true, given that the work carried out benefits a considerable number of inhabitants of our district because the intervened roads form part of the public road network of the District of Cóbano and these are duly inventoried, a situation that discredits what was stated by the petitioner since said material has not been used (sic) by the Road Management Unit of this Municipal Council on any road of a private nature.\"\n\nIt requests that the remedy be declared without merit.\n\n4.- The following report under oath is submitted by Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as Secretary General of SETENA:\n\n\"FIRST: Regarding the allegations of the Petitioner that fall under the purview of this Secretariat: In relation to the facts for which this Secretariat is given notice in the resolution in question, we will refer only to what pertains to this representation, in relation to the claim … that SETENA be ordered to stop the vast environmental destruction, reforest the entire affected area with native trees, and pay the damages and losses at the site and indicate the reasons why the repair of said roads was chosen over others that the plaintiff deems are more traveled....\n\nSECOND: Regarding the competence of SETENA. According to our legislation, Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente establishes: 'Environmental Impact Assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an Environmental Impact Assessment by the National Technical Environmental Secretariat created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to initiate activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment.' (bold and underlining not in original text) Regarding the activities subject to environmental assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), it is clear that the environmental assessment process must be predictive. Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente establishes, regarding the environmental assessment performed by SETENA, an eminently preventive nature; that is, prior to the execution of activities, works, or projects, scenarios that would necessarily have a starting point with the entry into force of Ley Orgánica del Ambiente No. 7554. This attribution of SETENA finds constitutional support in the state duty to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment: 'Environmental viability for its part, represents the condition of harmonization or acceptable balance, from the point of view of environmental load, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographical space where it is desired to be implemented. From the administrative and legal point of view, environmental viability corresponds to the act in which the environmental impact assessment process is approved, whether in its Initial Environmental Assessment phase, or in the phase of approval of the Environmental Impact Study or the Environmental Management Plan, depending on the activity in question and what it merits. (…) Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures in order to avoid its impact; and among the main measures provided by the legislator in this regard, there are several technical instruments, among which the Environmental Impact Study stands out, according to the provisions in the cited article, with the condition of the project or work being what will determine, in each case, its necessity.' (Constitutional Chamber, Vote No. 9927-2004 of 11 hours 1 minute of 3 September 2004). Thus, the logical expertise of the process establishes that once the corresponding technical studies are carried out in the project area according to its nature, the impacts it will generate on the environment can be predicted, and the prevention, mitigation, or compensation measures to be applied can be determined; this is determined in the so-called Environmental Management Plan or PGA, and it is over these approved measures that SETENA exercises its legal competencies and environmental follow-up, such that any activity or work executed without a predictive Environmental Assessment is not susceptible to environmental follow-up, since said measures are nonexistent; it falls to other Environmental instances to hear of possible environmental-type non-compliances, such as the Administrative Environmental Tribunal or the Environmental Prosecutor's Office in the judicial sphere, without the Environmental Assessment being able to be carried out subsequently, when the impacts have already materialized, given that the technical process loses its preventive and mitigatory objective. In accordance with decree 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, the Environmental Assessment is defined as follows: Article 3. Definitions and Abbreviations: (…)39- Environmental Impact Assessment (EIA): Administrative scientific-technical procedure that allows identifying and predicting what effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making. Generally, the Environmental Impact Assessment encompasses three phases: a) the Initial Environmental Assessment, b) the preparation of the Environmental Impact Study or other corresponding environmental assessment instruments, and c) the Environmental Control and Follow-up of the activity, work, or project through the established environmental commitments(...). (Highlighting is from the original).\n\nTHIRD: Regarding the specific case: In relation to the case presented by the petitioner, after verifying the databases of this Secretariat, no Environmental Assessment expediente with the indicated characteristics was located, so as there is no assessment expediente, SETENA does not have the competence to order the halting of works on a project area not subjected to the EIA process, much less to undertake the reforestation of the area with native trees, nor pay the damages and losses at the site; we also cannot explain the reasons why the repair of said roads was chosen over others that the plaintiff deems are more traveled, since it does not correspond to us. Nor was any request from the plaintiff directed to this representation found, denouncing any specific fact, in which case it would have been redirected to the Administrative Environmental Tribunal, upon determining that no open Environmental Assessment expediente exists. (The highlighting is not from the original).\n\nIt requests that the remedy be declared without merit.\n\n5.- The following report under oath is submitted by Pedro Andrey Rojas Chaves, in his capacity as Acting Head of Subregion Cóbano, Tempisque Conservation Area, MINAE:\n\n\"On 05 May 2023, a call came in from the prosecutor of Cóbano, Hellen Segura López, indicating that she had received complaints about an apparent illegal extraction of material from the Arío River and Seco River, near the community of San Ramón de Arío; minutes later, Ms. Segura López indicates that she has already communicated with engineer Carolina Suárez Matarrita, Coordinator of the Central Pacific Region of the Dirección de Geología y Minas. Similarly, an inspection of the site was conducted in which Carolina Orozco Zamora and Pedro Rojas Chaves, officials of the subregional office of Cóbano of SINAC, participated; upon approaching the site, we encountered Mr. Franklin Obregón, who is the Civil engineer of the Municipal Council of Cóbano, who showed us Resolution No. 352-2023 corresponding to expediente No. 2023-CDP-MUN-029 issued by the Dirección de Geología y Minas, and indicated that the material extraction works are being carried out by the Municipal Council of Cóbano in compliance with current legislation. Upon arriving at the site of the complaint, specifically at coordinates 379236 - 1078723, CRTM05 projection system, no machinery was found in material extraction work, a tour was made through different areas of the river, signs of material extraction are observed, however, it was not possible to identify impacts to the protection area of the publicly owned body of water. I conducted a second inspection on 12 June 2023, accompanied by official Alexis Obregón Carrillo, an official of the Subregional office Paquera-Lepanto and Cóbano respectively; for the purpose of verifying if the conditions from 5 June 2023 had changed. During this inspection, conditions similar to those of the first visit are observed, and impact to the river's protection area is also not evidenced. During both inspections, no evidence of impact to the protection areas defined in Article 33 of the Ley Forestal was found. Therefore, it is recommended to request an opinion from the competent entity, which is the Dirección de Geología y Minas, about which the Prosecutor of Cóbano has already indicated that she communicated with engineer Carolina Suárez Matarrita, Coordinator of the Central Pacific Region of the Dirección de Geología y Minas. Legal Considerations for requesting a report from the Dirección de Geología y Minas of the Ministry of Environment and Energy: In accordance with Article 11 of our Political Constitution and Article 11 of the General Law of Public Administration, a legal maxim is clearly established that Public Administration shall act subject to the Legal Order, and may only authorize those acts or provide those public services that the Legal Order expressly authorizes, always governed by the Principle of Legality, which serves as the basis of our Social and Democratic Rule of Law; consequently, the deconcentrated body in mining matters must pronounce on resolution 352-202 of eight hours fifteen minutes on the fourth of May two thousand twenty-three signed by Mr. José Ignacio Sánchez Mora, exercising the position of head of the NATIONAL MINING REGISTRY; issued in EXPEDIENTE No. 2023-CDP-MUN-029 of the DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS. Article first of the Mining Code, Law 6797, provides: 'Article 1.- The State has the absolute, inalienable, and imprescriptible dominion of all mineral resources existing in the national territory and in its patrimonial sea, whatever the origin, physical state, or nature of the substances they contain. The State shall endeavor to exploit mining wealth by itself or through bodies that depend on it. However, the State may grant concessions for the reconnaissance, exploration, exploitation, and beneficiation of mineral resources, in accordance with this law. The concessions shall not affect in any way the dominion of the State, and shall be extinguished in case of non-compliance with the legal requirements to maintain them.' According to the foregoing norm, the State, as owner of the mineral resources, may grant concessions to private parties, without this implying the loss of its authority over said resources. For its part, anyone interested in obtaining an exploitation concession must comply with the requirements and procedures established in mining legislation.\"\n\nOnce the right is obtained, to keep it in force, the private party is subject to compliance with the provisions of the Mining Code (Código de Minería) and its Regulations, as well as with the other laws of our legal system. In this regard, Article 12 of the Mining Code provides: Article 12.- The exploration permit and the exploitation concession are limited real rights, arising from administrative and sovereign acts of the State, by virtue of which the State, without losing ownership, authorizes natural or legal persons, national or foreign, to carry out exploration or exploitation activities of mineral deposits or beds, under the conditions and requirements established by this law, its regulations, and other special laws.\n\nNow, the Ministry of Environment and Energy is the governing body of the Executive Branch in mining matters; MINAE has the Directorate of Geology and Mines, responsible for processing public concession applications (granted to the Central or Decentralized Government) or private ones, as it is the technically specialized body in everything related to mining activity and the procedure for granting concessions in accordance with the Mining Code and its Regulations. Hence, every concessionaire, such as the Municipality may be, in addition to complying with mining legislation, must abide by the recommendations or directives that the Directorate of Geology and Mines, as the competent entity in the matter, may issue at any time. Now, just as every concessionaire acquires a series of obligations with its concession. Based on the foregoing rules, regarding an application in compliance with the provisions of Article 3 of Law No. 8668 for the management of special permits for the extraction of materials in public-domain watercourses and in quarries or open-pit mines (Canteras o Tajos), due to declared national emergency situations and in cases of imminent risk of emergency; Law No. 8488 (National Law on Emergencies and Risk Prevention); as well as the provisions of Executive Decree No. 37305 – MP, which is effective as of September 27, 2012; the Municipality must formally submit a special permit for a maximum period of 120 days in the locality and indicate the location in Lambert coordinates and CRTM05 coordinates, upstream and downstream point, of the basic cartographic sheet at a 1:50000 scale, published by the I.G.N, and indicate the tasks to be carried out, such as material extraction for road recovery; and indicate the machinery (specify the machinery, identifying it by its license plate number), once the technical and legal requirements have been met, it will be the responsibility of the DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINES to analyze its relevance and subsequently, it will notify the concessionaire, by administrative resolution, of the approval or rejection of the proposed contract.\"\n\nIt requests that the appeal be dismissed.\n\n6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Garro Vargas; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that in the District of Cóbano, material extraction work is being carried out for road recovery and the channeling of a sector of the Seco River. He notes that according to official letter No. INT-2023-106 from the mayor of the Municipal Council, the volume of material intended to be extracted from the site will be 20,000 m³ and the volume of the static reserve source is 200,000 m³, as for dynamic reserves, they account for at least 100,000 m³ annually, so he indicates that, in a complementary manner, materials will be relocated within the watercourse in another sector for the protection and channeling of the watercourse, indicating that these materials will not leave the project. Furthermore, there are other sites that will be requested as the project progresses due to the lack of financial capacity to hire the necessary machinery, the process will be carried out in stages, the quantity of material to be extracted was not determined through the precise studies that would measure the impact of extracting such a quantity of cubic meters from the river, seriously affecting the environment. He questions that the road most heavily intervened with river material is the road from Delicias to Río en medio, which is not heavily traveled, but rather leads to some private farms; therefore, the investment benefits a few, leaving aside the main highway from San Isidro to Delicias, which is indeed widely traveled; therefore, the extraction from the river not only barbarically affects the environment, but is also carried out for the benefit of a few. He emphasizes that the material extraction was carried out under the decree declaring a national state of emergency due to the situation caused by the effects of Hurricane ETA No. 42705-MP; however, as is public knowledge, many streets and highways require intervention—some urgently—but this does not mean that all of them should be included in an emergency declaration to manage to circumvent their intervention, much less to the detriment of the environment.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:\n\na) The District of Cóbano is within one of the areas most impacted by Hurricane Eta, which produced considerable damage to almost the entire district road network, requiring rehabilitation or reconstruction interventions on some of the roads (see attached report).\n\nb) By Executive Decree No. 42705-MP, published in Gazette No. 271 of November 12, 2020, the Executive Branch declared an emergency due to the impact generated by the effects of Hurricane Eta nationally in the following cantons: \"Province of Puntarenas: Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores, and Garabito\" (see attached report).\n\nc) In official letter No. INT-2023-041 of February 26, 2023, the District Municipal Council of Cóbano submitted to the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response a request for a formal statement, indicating that among the damages reported within the General Emergency Plan of Executive Decree No. 42705-MP are the roads designated for intervention, and thereby to proceed to request the permit for the extraction of materials from a public source from the Directorate of Geology and Mines of MINAE (see report and attached evidence).\n\nd) Through administrative resolution No. CNE-PRE-RESO-0023-2022, the Presidency of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response resolved, in substance, that roads numbers 6-01-002, 6-01-036, 6-01-038, 6-01-081, 6-01-110, 6-01-112, 6-01-126, 6-01-127, 6-01-129, 6-01-148, 6-01-150, 6-01-166, and 6-01-175 were effectively included within the General Plan and would be valid for 120 calendar days from the legal effectiveness of the decree in question (see report and attached evidence).\n\ne) In official letter No. INT-2023-106 of March 6, 2023, the mayor of the District Municipal Council of Cóbano requested from MINAE, in compliance with the provisions of Article 3, subsection h) of Law 8668 called \"Regulation of material extraction from quarries and public-domain watercourses by Municipalities,\" a special permit for a maximum period of 120 days in the locality of Cóbano, where material extraction will be carried out for road recovery and the channeling of a sector of the Seco River; this, as indicated in administrative resolution No. CNE-PRE-RESO-0023-2022. To this effect, the legal and technical requirements required for the extraction of at least 20,000 m³ of the 53,000 m³ required to intervene on all the roads registered by the municipal council were provided (see report and attached evidence).\n\nf) On May 5, 2023, the prosecutor of Cóbano communicated by telephone with the Cóbano Subregion, Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque), MINAE, and indicated that she had received complaints about an apparent illegal extraction of material from the Arío River and Seco River, near the community of San Ramón de Arío (see attached report).\n\ng) On June 5, 2023, the Tempisque Conservation Area conducted an inspection of the site, in which officials from the Cóbano subregional office of SINAC participated, who, upon approaching the site, encountered the Civil Engineer of the District Municipal Council of Cóbano, who showed them Resolution No. 352-2023 of 08:15 hours on May 4, 2023, corresponding to case file No. 2023-CDP-MUN-029, signed by the head of the National Mining Registry (Registro Nacional Minero), and indicated that the entity carrying out the material extraction work is the District Municipal Council of Cóbano in compliance with current legislation. During the inspection conducted, no machinery was found engaged in material extraction work; a tour was made through different areas of the river where signs of material extraction were observed; however, no impacts to the protection area (área de protección) of the public-domain body of water could be identified (see report and attached evidence).\n\nh) On June 12, 2023, the Tempisque Conservation Area conducted a new inspection of the area accompanied by an official from the Paquera-Lepanto and Cóbano Subregional office in order to verify if conditions had changed since the inspection conducted on June 5, 2023. During said inspection, conditions similar to the first visit were observed, and no impact to the river's protection area was evidenced either. In both inspections, no evidence of impact to the protection areas defined in Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) was found (see report and attached evidence).\n\ni) As of the date the report was submitted, the quantity of cubic meters extracted was 10,500 m³, since the municipal council decided not to continue, together with the technical team (road engineer and supervising geologist (geólogo regente)), extracting the remaining volume, as budgetary resources are no longer available to pay for more machine hours within the existing bidding process; in addition to the climatic variations that have been occurring in recent weeks directly affecting the extraction, loading, and transport process of the materials (see attached report).\n\nIII.- UNPROVEN FACT. The following fact of relevance for this resolution is not deemed proven:\n\nOnly. That the appellant has filed any complaint before the respondent authorities.\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, it was accredited that the District of Cóbano is within one of the areas most impacted by Hurricane Eta, which produced considerable damage to almost the entire district road network, requiring rehabilitation or reconstruction interventions on some of the roads. Along these lines, it is inferred that by Executive Decree No. 42705-MP, published in Gazette No. 271 of November 12, 2020, the Executive Branch declared an emergency due to the impact generated by the effects of Hurricane Eta nationally in the following cantons: \"Province of Puntarenas: Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores, and Garabito.\" It is on record that in official letter No. INT-2023-041 of February 26, 2023, the District Municipal Council of Cóbano submitted to the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response a request for a formal statement, indicating that among the damages reported within the General Emergency Plan of Executive Decree No. Placa1065 are the roads designated for intervention, and thereby to proceed to request the permit for the extraction of materials from a public source from the Directorate of Geology and Mines of MINAE. In this context, it was proven that through administrative resolution No. CNE-PRE-RESO-0023-2022, the Presidency of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response resolved, in substance, that roads numbers 6-01-002, 6-01-036, 6-01-038, 6-01-081, 6-01-110, 6-01-112, 6-01-126, 6-01-127, 6-01-129, 6-01-148, 6-01-150, 6-01-166, and 6-01-175 were effectively included within the General Plan and would be valid for 120 calendar days from the legal effectiveness of the decree in question. Thus, it is verified that in official letter No. INT-2023-106 of March 6, 2023, the mayor of the District Municipal Council of Cóbano requested from MINAE, in compliance with the provisions of Article 3, subsection h) of Law 8668 called \"Regulation of material extraction from quarries and public-domain watercourses by Municipalities,\" a special permit for a maximum period of 120 days in the locality of Cóbano, where material extraction would be carried out for road recovery and the channeling of a sector of the Seco River; this, as indicated in administrative resolution No. CNE-PRE-RESO-0023-2022. To this effect, the legal and technical requirements required for the extraction of at least 20,000 m³ of the 53,000 m³ required to intervene on all the roads registered by the municipal council were provided. Now, from the list of proven facts it is evident that on May 5, 2023, the prosecutor of Cóbano communicated by telephone with the Cóbano Subregion, Tempisque Conservation Area, MINAE, and indicated that she had received complaints about an apparent illegal extraction of material from the Arío River and Seco River, near the community of San Ramón de Arío. In response to the foregoing, it was demonstrated that on June 5, 2023, the Tempisque Conservation Area conducted an inspection of the site in which officials from the Cóbano subregional office of SINAC participated, who, upon approaching the site, encountered the Civil Engineer of the Municipal Council of Cóbano, who showed them Resolution No. 352-2023 of 08:15 hours on May 4, 2023, corresponding to case file No. 2023-CDP-MUN-029, signed by the head of the National Mining Registry, and indicated that the entity carrying out the material extraction work is the Municipal Council of Cóbano in compliance with current legislation. During the inspection conducted, no machinery was found engaged in material extraction work; a tour was made through different areas of the river where signs of material extraction were observed; however, no impacts to the protection area of the public-domain body of water could be identified. Subsequently, on June 12, 2023, the Tempisque Conservation Area conducted a new inspection of the area accompanied by an official from the Paquera-Lepanto and Cóbano Subregional office in order to verify if conditions had changed since the inspection conducted on June 5, 2023. During said inspection, conditions similar to the first visit were observed, and no impact to the river's protection area was evidenced either. In both inspections, no evidence of impact to the protection areas defined in Article 33 of the Forestry Law was found. Finally, it is verified that as of the date the report was submitted, the quantity of cubic meters extracted was 10,500 m³, since the municipal council decided not to continue, together with the technical team (road engineer and supervising geologist), extracting the remaining volume, as budgetary resources are no longer available to pay for more machine hours within the existing bidding process; in addition to the climatic variations that have been occurring in recent weeks directly affecting the extraction, loading, and transport process of the materials.\n\nV.- ON THE NECESSITY OF FILING A COMPLAINT IN ENVIRONMENTAL MATTERS. In the first instance, this Chamber considers it imperative to make some observations regarding the necessity of filing a complaint in environmental matters.\n\nFrom the study of the case file, it is noted that the Secretary General of SETENA, in the attached report, underlined, in substance, the following:\n\n\"After verifying the databases of this Secretariat, no Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) file was located with the indicated characteristics (...) Nor was any request from the complainant addressed to this office located, reporting any specific fact, in which case it would have been redirected to the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), upon determining that no open Environmental Assessment file exists.\"\n\nOn this aspect, this Chamber has stated that, for a violation or threat to environmental rights to be actionable, generally or particularly, we would have to be facing a scenario where the affected person has filed a complaint and, during its processing, a threat has been determined, or that the environment is effectively being damaged, and even so, the respondent administrative authorities have not taken any type of measure in this regard, thereby violating the constitutional right enshrined in Article 50 of the Constitution (Carta Magna). Thus, in judgment No. 2016-007678 of 10:50 a.m. on June 3, 2016, the following was resolved:\n\n\"III.- ON THE MERITS. In reiterated case law, this Constitutional Chamber has had the opportunity to rule on the precautionary principle in environmental matters, as well as in relation to the State's obligation to ensure that all projects, whether public or private, are developed under strict standards that prevent any damage to the environment. In this way, the State, through the institutions created for such purposes, must exercise prior and subsequent control over the manner in which works, constructions, projects, or activities of companies and businesses are executed, to assure all citizens that no type of environmental damage is caused by said activities. However, for the stated reasons, certain activities, such as mining, require, prior to being carried out, environmental impact studies and analyses, for which technical investigations are conducted by professionals in each area, to determine whether the intended activity could or could not cause any harm of that type, all based on the different laws regulating environmental, water, forestry, mining matters, among others. Subsequently, once these viability or feasibility permits are obtained, the administrative authorities must pay attention and timely address the complaints filed by those persons who consider themselves affected by any of the aforementioned activities, be it a concession, or private and commercial works, in order to initiate investigations that allow establishing the veracity of the complaints raised, for which, again, technical criteria must be available in this regard. That is, for this Chamber to be able to corroborate a violation of environmental rights, generally or particularly, we would have to be facing a scenario where the affected person has filed a complaint, and during its processing it has been determined that damage to the environment is effectively being caused, and even so, the respondent administrative authorities have not taken any type of measure in this regard, thereby violating the constitutional right enshrined in Article 50 of the Constitution.\" (Emphasis not in original).\n\nLikewise, on repeated occasions, this Court has stated that it should not substitute the active Administration in its competencies, nor is it an instance for processing complaints. In that sense, in judgment No. 2023019540 of 9:30 a.m. on August 11, 2023, the following was resolved:\n\n\"III.- Purpose of the appeal. The appellants claim that approximately 25 years ago, the Municipality of Carrillo dug a trench using heavy machinery on private properties for the drainage of water running from Dirección1147, passing through Dirección1148, and ending in a protected zone owned by INDER. They affirm that they have been affected by the environmental pollution caused by the discharge of sewage, water stagnation that generates vectors for the proliferation of disease-transmitting mosquitoes, which affects health and the environment.\n\n(...)\n\nVI.- Specific case.\n\n(...)\n\nIn this regard, from the study of the case file, it is proven that the appellants have not filed a formal and written request before the respondent authorities in order to raise the issues set forth in the filing brief. From this standpoint, it must be warned that this Chamber should not substitute the active Administration in its competencies, nor is it an instance for processing complaints. The petitioners must take into account that the foregoing is not the same as exhausting administrative remedies, but rather the simple admission that this Court should not directly substitute the will of the Administration and supplant public offices in the management of matters within their competence. Consequently, the complainant party may, if it deems appropriate, formally raise its disagreements or claims before the respondent authorities, in writing, or through ordinary jurisdiction, venues in which it may broadly discuss the merits of the matter and assert its claims. By virtue of the foregoing, this amparo is declared inadmissible.\n\nOn this particular matter, the Chamber has stated that complaints such as those raised by the appellants in this amparo must be previously filed before the corresponding authorities. Through judgment No. 2017-020375 of 11:00 a.m. on December 19, 2017, the following was indicated:\n\n\"II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the appellant party comes directly to this Court to report a problem regarding pollution generated by the channeling of sewage through their properties, which flows into a river. However, from the appellants' own statements, it is inferred that they have not filed any complaint before the competent authorities, in this case the Municipality of Flores de Heredia. However, as has been repeatedly stated, this Court should not substitute the active Administration in its competencies, nor is it an instance for processing complaints, as stated in judgment 2016-001150 of 2:30 p.m. on January 26, 2016. These considerations are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgment, nor grounds to assess the situation raised differently. Therefore, even if the petitioners consider it unnecessary, in situations like this it is necessary for them to go before the respondent authorities to formally raise the aforementioned claim, prior to filing the amparo appeal, so that said instances may take the pertinent measures to solve the reported problem or, failing that, to establish their claim through ordinary legality. The foregoing without prejudice to the appellants resorting to the constitutional avenue after an unreasonable period has elapsed without effective action from the Administration, and provided there is a threat or violation of a fundamental right.\" (Emphasis not in original). (See in a similar sense judgments No. 2023004954 of 9:30 a.m. on March 3, 2023, 2023004299 of 9:15 a.m. on February 24, 2023, and 2022026246 of 9:45 a.m. on November 4, 2022, among others).\n\nHowever, despite what has been said so far, the Constitutional Court has indeed heard appeals where a violation of a healthy and ecologically balanced environment was demonstrated without the need for a prior complaint; this, under two exceptional scenarios, namely: 1) when it involves a case of great magnitude and; 2) when it can be derived from the case file that the competent authorities have had knowledge of the accused situation, which is threatening or causing environmental damage, and have not taken any type of measure in this regard. In that sense, in judgment No. 2008-04786 of 12:35 p.m. on March 27, 2008, the following was resolved:\n\n\"II.- PURPOSE OF THE APPEAL.- The appellant claims that he has gone to the Ministry of Health, the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), and other administrative bodies to report a pig farm located adjacent to his home that produces bad odors; however, his requests have not been addressed (...)\n\nIV.- REGARDING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA.- In the case at hand, the Municipal Code obliges the Municipalities of each canton to ensure that the citizen is guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and a healthy environment. From the documents provided to the file and the report given under oath by the respondent Mayor, she indicates that once municipal officials appeared at the site subject to this amparo appeal and verified that the activity lacked a municipal permit, they proceeded to grant the owner of the pig farm a period of eight days to obtain the respective business license (patente). However, the Chamber considers that the Municipality's role should not be limited to acting only when it receives a complaint of supposedly anomalous situations, but rather its obligation lies in guaranteeing, defending, and preserving the right of all to enjoy a healthy and ecologically balanced environment through continuous control of all activities carried out in the community. In the judgment of this Chamber, in this case the Municipality of Alajuela has demonstrated an inability to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the inhabitants of the area's enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequences for the health of those people. It is thus that the respondent Municipality, having full knowledge that within its territorial jurisdiction a citizen carries out an activity lacking legal permits and which is itself sensitive due to the handling of animals and waste, has limited itself to granting the reported citizen a period of eight days to regularize his situation, evading its responsibility to always be vigilant of the actions carried out by the community's inhabitants. It is thus observed that the respondent Municipality has not even attempted to verify if the activity generates any type of contamination and if contaminated water is discharged. The foregoing, in order to impose the sanctions that apply in law once due process and the right to defense that assists them have been granted. Consequently, the Municipality of Alajuela has not taken any action to determine the existence of the problem and its eventual incidence in the supposed sanitary inconvenience that the appellant insistently reveals. By virtue thereof, the granting of this appeal against the Municipality of Alajuela is warranted for the constitutional violation of Articles 50 and 21 of the Political Constitution.\n\nV.- REGARDING THE ACTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH.- Although it is true that the State must respect the rights of individuals, it is also true that it must ensure the well-being of the community. Public Health and environmental protection are principles protected both at the constitutional level (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Constitution), and through international regulations. In this case, the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions, whereby the Ministry of Health not only has the duty to enforce the General Health Law but also to protect public health, classified as a matter of public interest, since the rights to health and to a healthy environment free of contamination—at least below the tolerable limits for human beings—are fundamental and inalienable rights, whose violation cannot be legitimately consented to. Now, from the report submitted to this Chamber, the respondent Minister affirms that there is no record of any complaint filed in relation to these facts; however, the head of the Ministry of Health must be aware that this body should not act only upon request, as she seems to understand it, thus disregarding the preventive function that is indispensable in the protection of human health and that merits its intervention, even ex officio, in the task of supervising and monitoring compliance with the precepts of the General Health Law. According to what is accredited in the case file, the action of the health authorities in the case under study was limited to conducting an inspection of the pig farm reported here due to the filing of this amparo appeal, and they verified, among other things, that the pig farm has a swine population of 150 pigs and that the area is surrounded by homes.\n\nAlthough the health authority stated that it verified that there are no foul odors of decaying food nor that the farm's wash water was being discharged onto the public thoroughfare, it has gone no further, declining to exercise its powers and attributions by not compelling those responsible to comply with the other requirements that the legal system demands for the operation of this type of activity, such as the proper permits from the different administrative bodies with competence in this matter. It is therefore demonstrated that, beyond the inspection carried out by virtue of this recurso de amparo, no other action on the part of this authority is evident from the case file aimed at ensuring the pig farm complies with legal requirements, thereby acting as a watchdog to ensure that such activity does not generate any type of sanitary or environmental contamination. Consequently, they have failed to fulfill their obligation to safeguard the population's right to health, and therefore, such omission has caused harm to the fundamental rights of all the inhabitants of the place.” (Emphasis not in original).\n\nIn the sub examine, it is deemed appropriate to dismiss the recurso, since the conditions indicated above for understanding that we are facing an exceptional case are not met; that is, neither of the two scenarios that could justify the Sala Constitucional taking cognizance of this matter exists, despite the absence of a prior complaint. And, as has been seen, there is no record that, prior to the filing of the recurso, the petitioner filed any formal complaint before the respondent authorities, nor that such a complaint went unattended.\n\nVI.- BY WAY OF FURTHER AMPLIFICATION. Despite the foregoing, this Sala deems it appropriate to refer to other reasons why this recurso must be dismissed.\n\nIn the first place, it should be noted that the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano did process and fulfill all the requirements established for requesting a permit for the extraction of materials from a public source. In that vein, from the list of proven facts, it is inferred that in official communication No. INT-2023-041 of February 26, 2023, a request for a formal pronouncement was filed before the Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, requesting certification that the roads designated for intervention are among the damages reported in the Plan General de la Emergencia of Decreto Ejecutivo No. 42705-MP. Said request was duly resolved in administrative resolution No. CNE-PRE-RESO-0023-2022 by the Presidency of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Furthermore, it is corroborated that in official communication No. INT-2023-106 of March 6, 2023, the MINAE was requested, in compliance with the provisions of Article 3, subsection h) of Ley 8668, called “Regulación de extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público por parte de las Municipalidades,” a special permit for a maximum period of 120 days in the locality of Cóbano, where the extraction of material would take place for road recovery and the channeling of a sector of río Seco; this, according to what is stated in administrative resolution No. CNE-PRE-RESO-0023-2022, which was approved in Resolución No. 352-2023 at 08:15 hours on May 4, 2023.\n\nIn the second place, it is noted that on June 5 and June 12, 2023, the Área de Conservación Tempisque conducted inspections at the site but found no evidence of impact on the protection areas defined in Article 33 of the Ley Forestal. On this point, it is necessary to bring up that the municipal officers indicated that the application for a permit to extract materials from a public source implicitly includes a Plan de Explotación Minero managed by an authorized consultant and responsible environmental regency, which establishes essential aspects regarding the development and extraction process of the source, such as: the proposed extraction method, the development of each of the planned stages and their duration, the type of machinery to be used, and a work schedule for the task to be carried out at the intervention site (removal and exploitation process). This was duly processed under case file No. Placa1066 by the Departamento de Control Minero. Therefore, the petitioner's claim that there was an impact on the environment under the alleged conditions could not be verified. On this section, under the solemnity of oath, the officials of the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano reported, as relevant, the following:\n\n“It is also not true that there was an impact on the flora and fauna of the place due to the cutting of vegetation by the machinery used on the site, given that the only removal carried out was of scrubland (tacotal).”\n\nIn the third place, it is verified that as of today, the extraction work reported by the petitioner was canceled by the respondent council. In that regard, the representatives of the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano emphasized, under the solemnity of oath, the following:\n\n“…of the cited amount of permitted cubic meters of extraction, to date only 10,500 m3 have been extracted, given that this Municipal Entity made the determination not to continue, together with the technical team (road engineer and regent geologist), extracting the remaining volume, as there are no longer budgetary resources to pay for more machinery hours within the existing bidding process, which makes it impossible for us to continue the extraction work. An additional aggravating factor to this situation is the climatic variations that have been occurring in recent weeks, which likewise directly affects the extraction, loading, and transportation process. Therefore, I made the decision not to continue the work and instead carry out all necessary actions to close the extraction work at said site.” (Emphasis not in original).\n\nVI.- As a final point, regarding the petitioner's questioning concerning the road intervened by the respondent municipality, that is, the road from Delicias to Río en medio, the attached report literally stated the following:\n\n“Regarding the intervention of the roads mentioned by the Petitioner, such information is not valid, because the placement of ballast is carried out on a stretch that goes from the community of San Ramón de Ario to the junction with route 160, approximately 14 kilometers, this being one of the first routes intervened and which forms part of the public roads of the District, considerably traveled and which have suffered some impact. Similarly, a stretch is intervened in Las Delicias de Cóbano of approximately two kilometers from the Cóbano Cemetery towards the community of Las Delicias, which likewise forms part of the district's public roads intervened so far. Thus, the assertion made by the Petitioner is not true, given that the work carried out benefits a considerable number of inhabitants of our district, because the intervened roads form part of the public road network of the District of Cóbano and these are duly inventoried, a situation that discredits what was stated by the petitioner since said material has not been used by the Road Management Unit of this Concejo Municipal on any private road.”\n\nConsequently, it is necessary to warn that, if the petitioner disagrees with the road intervention carried out by the respondent, they may raise – if they so wish – their objections regarding this matter through ordinary legal channels. In view of the considerations set forth, it is appropriate to dismiss the recurso, as is hereby ordered.\n\nVII.- Furthermore, although in its report, the representative of SETENA limited herself to indicating the powers of that secretariat, as well as warning that before that authority there is no record of any application, complaint, or Environmental Assessment case file with the characteristics indicated by the petitioner in the purpose of the recurso, it is the criterion of this Sala that it is unnecessary to require additional evidence from that authority or to have her expand her report; this is because, from the report rendered by the Acting Head of the Cóbano Subregion, Área de Conservación Tempisque, MINAE, and the officers of the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, it was possible to determine that the alleged environmental damage reported by the petitioner, under the conditions in which the recurso was filed, did not exist. In any case, SETENA is reminded that, as a specialized agency of the Central Administration in this field, it has broad participation and responsibility regarding environmental conservation and preservation, derived from the obligation of the State – as a whole – to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid levels of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or inappropriate use of natural resources that endanger the health of the administered (see, in a similar sense, judgment No. 2023014279 at 09:30 hours on June 16, 2023).\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are cautioned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or device produced by new technologies, were provided, these must be withdrawn from the court within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nBy majority vote, the recurso is dismissed. Magistrates Cruz Castro, Rueda Leal, and Magistrate Sánchez Navarro dissent and order that the proceedings continue.\n\n\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\n\nFernando Cruz C. Paul Rueda L.\n\n\n\nJorge Araya G. Anamari Garro V.\n\n\n\nIleana Sánchez N. Ingrid Hess H.\n\nExp: 23-012835-0007-CO\n\nRes. N°202329457\n\nDissenting vote of Magistrates Cruz Castro, Rueda Leal, and Magistrate Sánchez Navarro, who consider that the processing of this recurso should continue, with the drafting by the first.-\n\nContrary to the opinion expressed by the majority, we consider that this amparo should continue with its processing, request evidence for a better resolution, or in any case, apply the precautionary, pro natura, and objectification environmental principles.\n\n-Firstly, regarding what is stated in the majority vote concerning the requirement of filing a prior complaint in environmental matters, it must be borne in mind that the violation of the right to the environment is distinct from a violation of the right to obtain prompt and complete justice due to delay in resolving an environmental complaint. Both are autonomous fundamental rights, and although the second may imply the first, the first does not always imply the second. In this sense, the Sala can require the prior filing of an environmental complaint only when the allegation is related to the delay in resolving an environmental problem. Thus, it is possible to admit a recurso de amparo alleging a violation of the right to the environment without requiring the prior filing of an environmental complaint. To require such a complaint would contravene Article 31 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which allows the recurso de amparo without requiring the filing of any administrative appeal. Furthermore, it should be noted that in other cases, this Sala has heard amparos in protection of the right to the environment, without requiring the prior filing of an environmental complaint. Likewise, it is noted that in this case, it is indicated that there is a pending complaint in the Prosecutor's Office of Cóbano for the apparent illegal extraction of material from río Arío and río Seco, in the community of San Ramón de Arío.\n\n-The vote cited by the majority to support the dismissal, which states that “for this Sala to be able to corroborate an injury to environmental rights, …we would have to be in the scenario where the affected person has filed a complaint” (vote no. 2016-007678), we consider does not apply to this case, especially considering that what is alleged in this recurso de amparo is very serious and evident, namely, the extraction of material from a river that seriously affects the environment. Unlike what was alleged in the amparo of that vote, which referred to the specific conditions of a concession. For this reason, we consider the precedent mentioned in the majority vote to be inapplicable to this case.\n\n-Moreover, considering that the respondent in this amparo is the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano itself, it is inappropriate to take everything it reported as absolutely true, especially when it so emphatically states that there has been no impact on the flora and fauna of the place, as this is an assertion that requires proof from the environmental comptrollers.\n\n-Finally, it is observed that the report rendered by the representative of MINAE is insufficient and it cannot be verified, without the slightest doubt, that there has been no impact on the environment. Note that it is stated that two inspections were carried out; in the first, on June 5, 2023, “no machinery was found in material extraction activities; a tour of different areas of the river is conducted; signs of material extraction are observed; however, it is not possible to identify impacts on the protection area of the public domain water body.” Then, in the second inspection, on June 12, 2023, “similar conditions to those of the first visit are observed and no impact on the river's protection area is evidenced. During both inspections, no evidence of impact on the protection areas defined in Article 33 of the Ley Forestal was found. Therefore, it is recommended to request an opinion from the competent entity, which is the Dirección de Geología y Minas, about which the Prosecutor of Cóbano has already indicated that she contacted engineer Carolina Suárez Matarrita, Coordinator of the Central Pacific Region of the Dirección de Geología y Minas.” However, the Dirección de Geología y Minas was not called into this case file, nor did this Sala request any evidence from it; therefore, it was not possible to verify that the activity carried out by the respondent Municipality was being conducted respecting the right to the environment.\n\n-All of the foregoing reveals the possible violation of environmental principles: the precautionary principle (when there is danger of serious and irreversible damage, lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. The principle starts from reasonable scientific uncertainty coupled with the threat of serious and irreversible environmental damage), the pro natura principle (in case of doubt or uncertainty, disputes must be resolved, and norms must be interpreted in favor of the protection and conservation of the environment), and the principle of objectification of environmental protection (or the principle of binding force of science and technique, according to which it is required to support decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and general provisions - both legal and regulatory - from which derives the requirement of \"binding force of science and technique,\" which conditions the Administration's discretion in this area. It has been defined as principle number 17 of the Río Declaration on the Environment).\n\nFor all of the foregoing, we hereby dissent in this case, as we consider that its processing should continue, more evidence should be requested for a better resolution, and the corresponding environmental principles should be applied.\n\nFernando Cruz Castro  Paul Rueda Leal\n\nIleana Sánchez Navarro\n\n\n\nExp: 23-012835-0007-CO         1\n\nObservations by SALA CONSTITUCIONAL\n\nvoted with ballot\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:09:38.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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