{ "id": "nexus-sen-1-0007-1256254", "citation": "Res. 08794-2024 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo por atraso en disponibilidad de agua para adulto mayor", "title_en": "Amparo for delay in water availability for older adult", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce de un recurso de amparo interpuesto por una persona adulta mayor contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) por la falta de respuesta a una solicitud de disponibilidad de agua potable presentada el 21 de diciembre de 2023. La persona recurrente alega violación de sus derechos fundamentales dada su condición de vulnerabilidad. Durante el trámite del amparo, el ICAA emitió respuesta el 5 de marzo de 2024, notificándola al día siguiente. La Sala determina que se excedió el plazo normativo para atender la solicitud, por lo que declara con lugar el recurso. Sin embargo, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la mayoría de la Sala decide no imponer condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar que la naturaleza del agravio no es evidentemente patrimonial y que la restitución se produjo antes de la sentencia. Los magistrados Salazar Alvarado y Garro Vargas salvan parcialmente el voto, argumentando que procede la condenatoria en abstracto de daños y perjuicios por la vulneración sufrida.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by an older adult against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) for failing to respond to a water availability request submitted on December 21, 2023. The petitioner claims violation of fundamental rights due to his vulnerable condition. During the proceedings, the ICAA issued a response on March 5, 2024 and notified it the following day. The Chamber finds that the regulatory timeframe for deciding the request was exceeded, so the amparo is granted. However, applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, the majority declines to award costs and damages, reasoning that the grievance is not clearly patrimonial and restitution occurred before judgment. Justices Salazar Alvarado and Garro Vargas file separate partial dissents, arguing that abstract condemnation for damages is mandatory whenever a rights violation is acknowledged.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "05/04/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "amparo", "disponibilidad de agua", "ICAA", "adulto mayor", "Ley de la Jurisdicción Constitucional", "voto salvado", "condenatoria en abstracto", "daños y perjuicios" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 51", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 261", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 7", "law": "Reglamento de Prestación de los Servicios AYA" }, { "article": "Art. 8", "law": "Ley de Aguas" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "disponibilidad de agua", "ICAA", "adulto mayor", "derechos fundamentales", "plazo normativo", "condenatoria en costas", "daños y perjuicios", "voto salvado", "Sala Constitucional" ], "keywords_en": [ "amparo", "water availability", "ICAA", "older adult", "fundamental rights", "statutory timeframe", "costs award", "damages", "dissenting vote", "Constitutional Chamber" ], "excerpt_es": "IV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente indica que presentó una solicitud de disponibilidad de agua ante el ICCA. Acusa que su gestión no ha sido resuelta. Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que el tutelado es persona adulta mayor. Se constató que, el 21 de diciembre de 2023, el amparado presentó una solicitud de disponibilidad de agua ante el ICAA. Asimismo, se verificó que tal gestión fue atendida con ocasión de este proceso, notificado a la parte recurrida el 4 de marzo de 2024. En efecto, mediante oficio GSP-RCHO-2024-00643 del 5 de marzo de 2024, el ICAA atendió la gestión del amparado. La respuesta fue notificada al tutelado el 6 de marzo de 2024. Así las cosas, el reclamo resulta procedente, visto que se excedió el plazo normativo para la atención de tales gestiones. Vista la atención brindada con ocasión de este proceso, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explica de seguido.", "excerpt_en": "IV. Regarding the specific case. Here, the petitioner states that he filed a water availability request with the ICAA and complains that it was not resolved. Upon review, the Chamber found it proven that the protected party is an older adult. It was established that on December 21, 2023 the petitioner submitted a water availability request to the ICAA. It was also verified that this request was addressed as a result of this proceeding, after the respondent was notified on March 4, 2024. Indeed, by official letter GSP-RCHO-2024-00643 dated March 5, 2024, the ICAA resolved the petitioner’s request. The response was notified to the protected party on March 6, 2024. Thus, the claim is well-founded, as the statutory timeframe for resolving such requests was exceeded. Given that the request was addressed during this process, the amparo is granted, without special award of costs or damages, as explained below.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The amparo is granted because the statutory timeframe for deciding the water availability request was exceeded; without award of costs or damages, with dissenting votes ordering abstract condemnation.", "summary_es": "Se declara con lugar el recurso de amparo por haberse excedido el plazo para resolver la solicitud de disponibilidad de agua; sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, con votos salvados que disponen la condenatoria en abstracto." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Thus, the claim is well-founded, as the statutory timeframe for resolving such requests was exceeded.", "quote_es": "Así las cosas, el reclamo resulta procedente, visto que se excedió el plazo normativo para la atención de tales gestiones." }, { "context": "Por tanto", "quote_en": "The amparo is granted, without special award of costs or damages.", "quote_es": "Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios." }, { "context": "Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado", "quote_en": "In my opinion, this exception must be interpreted to mean... that condemnation is always appropriate, even if the respondent issues a decision... that revokes, halts or suspends the challenged action, unless it is indubitably and clearly shown that no compensable harm was caused.", "quote_es": "En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que... esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución... que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado." }, { "context": "Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas", "quote_en": "If the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages may have arisen. Therefore, abstract condemnation is appropriate.", "quote_es": "Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1256254", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 08794 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 05 de Abril del 2024 a las 09:20\n\nExpediente: 24-004721-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-004721-0007-CO\n\nRes. Nº 2024008794\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cinco de abril de dos mil veinticuatro .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 24-004721-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Sala el 21 de febrero de 2024, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que es una persona adulta mayor. El 20 de diciembre de 2023 presentó en la agencia del ICAA de Cañas, Guanacaste, una solicitud de disponibilidad de agua potable para su propiedad, inscrita en el Registro Público bajo el sistema de folio real, matrícula 89309, sub matrícula 000, ubicada en el distrito central del cantón de Cañas, Guanacaste. Basó tal solicitud en el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales estipulados en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado del ICAA, así como en que el inmueble se ubica frente a la calle pública y en condiciones favorables, tales como la proximidad tanto a la red de distribución, como al pozo de abastecimiento de agua potable. Reclama que no se le había resuelto nada al respecto. Agrega que el 13 de febrero en curso consultó en la agencia recurrida y se le contestó que su solicitud fue remitida a la Agencia de Liberia para su evaluación técnica, sin proporcionar una explicación sobre esta decisión, ni sobre el incumplimiento del plazo legalmente establecido. Estima que los hechos acusados violan sus derechos fundamentales, en especial, dada su condición de vulnerabilidad. Solicita que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Por resolución de las 22:18 horas del 23 de febrero de 2024 se dio curso al amparo.\n\n3.- Informan bajo juramento Eliecer Edgardo Robles Vargas y Olman Jiménez Cerdas, por su orden jefe a.i. de la Cantonal de Cañas y jefe a.i. de la Cantonal de Liberia, ambos del ICAA, lo siguiente: “EN CUANTO A LOS HECHOS PRIMERO: Mediante informe No.GSP-RCHO-2024-00665 de fecha 6 de marzo del 2024 el funcionario Juan Jose Murillo Arias de la Región Chorotega informa: Se remite la argumentación técnica relativa al recurso de amparo interpuesto por el señor [Nombre 001], tras el atraso con la respuesta a su segunda solicitud de disponibilidad de agua. (Insertan imagen) 2-. Emisión criterio de ingeniería para dar respuesta a la solicitud de disponibilidad Exp. 2021- 00026751-1. En fecha 8 de junio de 2022, se emite el criterio GSP-RCHO-2022-01853, en relación con la Solicitud de Disponibilidad N°2021- 00026751-1 donde se indica, en resumen: (…) Lo indicado por este departamento, responde al análisis de la existencia real y actual de los recursos, con el fin de verificar la factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios. No así, factibilidad ambiental. Primero: La propiedad de plano catastro [Valor 002], según estudio Técnico: • Cuenta con frente a calle Publica en el lindero Este. • Cuenta con infraestructura para el abastecimiento de AyA Segundo: Según informe técnico, Las condiciones hidráulicas e hídricas reales existentes en el sistema de Sandillal y de la infraestructura frente a la propiedad, cuenta con la factibilidad técnica para abastecer, puesto se cuenta con la presión necesaria para la prestación de servicios para una única vivienda unifamiliar. Obteniéndose así una presión de 35 Psi (25 mca). Tercero: Según se indica en el informe técnico, la propiedad se encuentra a dentro de los 40 metros del pozo #4 en Sandillal. por lo que este informe no cuenta con el alcance el análisis de la factibilidad ambiental para la prestación del servicio. “…De conformidad con el artículo 8º de la Ley de Aguas Nº 276, todo pozo con fines de aprovechamiento de agua se le establece una distancia de retiro de operacional de hasta 40 metros, dentro de la cual se permiten únicamente actividades directamente relacionadas con la extracción, distribución del agua y mantenimiento del pozo…” Este informe en sus conclusiones en los puntos 1 y 2 señala: (…) 1. Según el Reglamento de Prestación de Servicios, existen las condiciones técnicas he hidráulicas para la prestación del servicio, no obstante, antes de dar una constancia de disponibilidad de agua positiva por parte de la oficina Cantonal de Cañas, se le recomienda dar traslado a las áreas competentes para el análisis de factibilidad ambiental para el otorgamiento del servicio, tal y como lo indica el artículo 7 (apartado 134), artículo 8 y artículo 10 del Reglamento de Prestación de los Servicios AYA. 2. Según lo mencionado, la propiedad con plano catastro [Valor 002]. No cuenta con disponibilidad de agua potable hasta que se resuelva la factibilidad ambiental. Pero sí cuenta con capacidad hídrica e hidráulica. (…) 3-. Solicitud de Análisis de factibilidad ambiental. En fecha 4 de julio 2022, el señor Jorge Rodríguez Murillo, quien en ese momento fungía como jefe de la Cantonal de Cañas, emite el documento GSP-RCH-CA-2022-00323, en el que se le solicita al Geólogo Christian Delgado Segura de la Dirección A.F. Hidrogeología UEN Gestión Ambiental de AYA que de acuerdo a los procedimientos vigentes y acorde a las competencias de cada Área de AyA, para dar continuidad a la gestión de solicitud de disponibilidad al Expediente N° 2021- 00026751-1 a nombre de [Nombre 001], y con base a lo que refiere el Informe Técnico del Oficio N° GSP-RCHO-2022-01853 señalado en punto “2” que por ubicarse la propiedad a dentro de los 40 metros del POZO #4 EN SANDILLAL. Se requiere el alcance el análisis de la factibilidad ambiental para la prestación del servicio a fin de determinar si existe Factibilidad Técnica Ambiental para otorgar el servicio de agua potable al inmueble (se adjunta como Prueba N°2). 4-.Mediante informe rotulado “ ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ÁREA ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL POZO 4- SANDILLAL (N°87-05), CAÑAS, GUANACASTE” se emite Respuesta de por la Dirección A.F. Hidrogeología UEN Gestión Ambiental. Con fecha 10 de noviembre de 2022, se emite el estudio donde se describen las características del POZO #4, y se hacen las recomendaciones respectivas para delimitar la zona de protección mediante el memorando No.UEN-GA2022-02285, dirigido a la dirección regional y a la jefatura cantonal en su momento, indicando las principales conclusiones y recomendaciones del estudio Hidrogeológico que en resumen señala en sus conclusiones: (…) D. La dirección de flujo del acuífero captado por el Pozo 4 Sandillal N°87-05 tiene una dirección de sureste-noroeste y que la gradiente hidráulica es de 0,01. Con una transmisividad de 457 m2/día y una conductividad hidráulica para el acuífero de 11.22 m/día. E. A partir de la nueva revisión y actualización de las dimensiones y forma de la zona de protección con base en las nuevas metodologías hidrogeológicas vigentes al 2022, se recalculó el área especial de protección para la zona Pozo 4-Sandillal N°87-05, en donde la zona operacional y de protección absoluta se deberá cumplir lo siguiente: • La zona operacional y de protección absoluta, donde se localiza la captación del pozo debe contar con las dimensiones mínimas de 15 metros de radio alrededor de este. • La zona de protección absoluta solamente deberá ser utilizada para actividades relacionadas con la extracción misma del agua. • Las partes usadas para actividades de mantenimiento del pozo deben estar debidamente selladas (sin fugas), para prevenir la infiltración de sustancias químicas u otras (aceites, etc). • Mantener una cerca perimetral alrededor de la fuente. F. Se definió para la zona de protección absoluta bacteriológica un ancho total de 216 m (108 m medidos a ambos lados del pozo tomados a partir del Radio Fijo), y con una distancia hacia aguas arriba del pozo de 108 m tomada a partir de la metodología de radio fijo, mientras que en la dirección aguas abajo la distancia está dada por el límite de la zona operacional y de protección absoluta correspondiente a 15 m. En esta zona no se debe permitir la instalación de tanques sépticos, o ningún tipo de vertido (fertilizantes, herbicidas, aguas residuales) en el suelo…”. 5. Nuevo ingreso de solicitud de agua por parte del señor [Nombre 001], mediate el Exp. 2023-00029083-1. El señor [Nombre 002], solicita nuevamente el servicio a la cantonal en fecha 21 de diciembre de 2023, según consta en el acta de recepción de documentos. No obstante, se remitió al departamento de ingeniería de la Región Chorotega, específicamente a este servidor Juan José Murillo Arias, en fecha 26 de diciembre de 2023. (Temporada de vacaciones colectivas). (Insertan imagen) 6. Emisión de criterio de Ingeniería. Mediante oficio GSP-RCHO-2024-00643, de fecha 5 de marzo de 2024, se da respuesta a la solicitud de disponibilidad de un nuevo servicio mediante el Exp. 2023-00029083-1. tomando en consideración los criterios emitidos por el Geólogo Christian Delgado Segura en el memorando No.UEN-GA-2022-02285 y en el oficio GSP-RCHO-2022-0185. (Insertan imagen) Finalmente, en relación los puntos que anteceden este informe y de los hechos investigados y los hallazgos encontrados para el caso que nos ocupa en el presente Recurso de Amparo, queda demostrado que la actuación de AyA no ha sido entorpecer los tiempos de respuesta, si no siempre brindar un criterio que salvaguarde la salud pública, protegiendo los acuíferos que abastecen la zona y el sistema de agua potable de Cañas. En relación con la solicitud de Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto sin Alcantarillado SIGDD-2023-00029083-1-1-1 de fecha 6 de marzo del 2024 se le resolvió lo siguiente: (Insertan imagen) Dicha resolución fue notificada el día 6 de marzo del 2024 a la 12:09.31 pm al correo [...] , aportado por el usuario como medio para recibir notificaciones con los siguientes documentos: 1 SIGDD-2023-00029083-1-1-1 2 SIGDD-2023-00029083-1-1-1 Inspección de Factibilidad de Agua Potable. 3 No.UEN-GA-2022-02285. 4 No.GSP-RCHO-2024-00643 5 TRAMITE CANTONAL DE SOLICITUDES INSPECCION TECNICA CANTONAL Según consta en el sistema de Disponibilidades (Insertan imagen) SOBRE LAS ACCIONES DE AYA SEGUNDO: En relación a la tardanza en la resolución de la solicitud como se indica en el PUNTO PRIMERO de este informe; se indica que el recurrente accionó en dos ocasiones solicitud de disponibilidad la primera mediante la solicitud N°2021- 00026751-1 la cual fue dictada negativa por los siguiente: “…Según inspección técnica la propiedad cuenta con la infraestructura hídrica e hidráulica, pero dada su ubicación, contiguo al pozo #4 en Sandillal y la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del manto acuífero existente, no posee disponibilidad. Ver documento. UEN-GA-2022-02285….” Donde ese estudio señala que: 2. Según lo mencionado, la propiedad con plano catastro [Valor 002]. No cuenta con disponibilidad de agua potable hasta que se resuelva la factibilidad ambiental. Pero sí cuenta con capacidad hídrica e hidráulica. Y como resultado de los estudios básicos que constan en expediente administrativo 2021-00026751-1-AP; se determinó lo siguiente: NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD Mediante un nuevo ingreso de solicitud (segunda disponibilidad) por parte del señor [Nombre 001], mediante el Exp. 2023-00029083-1 con fecha 21 de diciembre de 2023, se realiza revaloración del criterio UEN-GA-2022-02285”. Esta valoración requirió una reunión con el área competente para reanalizar esta nueva solicitud bajo los criterios contenido en dicho documento, tomando en cuenta el área del inmueble del recurrente y lo retiros que establece el criterios UEN-GA-2022-02285”. Esto generó que se coordinara con el área técnica, para valorar el área construible del inmueble del recurrente y el área de retiro por el pozo; esta coordinación, llevo tiempo para determinar, revalorar y concluir que el informe UEN-GA-2022-02285”, permitía valorar únicamente la condición de la nueva solicitud que corresponde a uso residencial. Por lo tanto, el análisis concluye que las infraestructuras e hidráulicos no tiene el alcance para un número mayor de servicios o cambio de USO a lo solicitado. Por lo que, si aumenta la cantidad de servicios y/o cambia el USO, debe tramitarse una nueva solicitud de disponibilidad de agua. Además para materializar los servicios se le solicita a la Municipalidad de Cañas, ser vigilante del cumplimiento del retiro de 15m de radio de protección para la zona operacional y de protección absoluta (medidos desde el pozo #4), solicitado por parte del departamento Dirección A.F. Hidrogeología UEN Gestión Ambiental del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Para la propiedad con plano de catastro [Valor 002], finca 5-89309---000. TERCERO: De los informes técnicos citados, claramente se determina el procedimiento que se ha observado para efectos de atender la gestión del recurrente, que tal y como se le indicó mediante la primera solicitud 2021-00026751-1-AP, la propiedad cuenta con la infraestructura hídrica e hidráulica, pero dada su ubicación, contiguo al pozo #4 en Sandillal y la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del manto acuífero existente, no posee disponibilidad. Ver documento. UEN-GA-2022-0228”. En esta nueva solicitud del 2023 se retoma y se revalora por el tamaño del inmueble y el margen de retiro en relación con el pozo, siendo que por tratarse de un asunto de alta complejidad, pues requiere inspecciones de campo, análisis de documentos, coordinación con áreas internas e instituciones externas, ya que para su resolución, era necesario la coordinación con las áreas técnicas citadas , para obtener el insumo que fundamenta la respuesta. Por tanto, al tratarse de un caso de alta complejidad, no es viable enmarcarla dentro de una gestión pura y simple y por tanto debemos remitirnos a lo dispuesto por el artículo 261 inciso 1) y 263 de la Ley General de la Administración Pública, que disponen un plazo de dos meses y su prórroga de hasta un plazo que no exceda al previamente establecido. No omitimos indicar que sobre el avance y estudios realizados en la presente investigación, la señora recurrente ha estado informada y además ha participado conjuntamente con los funcionarios de AyA relacionados con este tema, tal y como se demuestra en el siguiente punto, en el cual se adjuntan fotografía de su participación. Sobre lo anterior se ha dispuesto por parte de la propia Sala Constitucional, mediante Resolución No. 006084-2007, de las dieciséis horas cuarenta y ocho minutos del ocho de mayo del dos mil siete; (…) Por todo lo anteriormente expuesto, considerando que, a pesar de la reconocida demora en el estudio, se considera oportuno comunicar a la Honorable Sala sobre lo actuado a efecto de que tenga por conocimiento ese Tribunal que lo peticionado por el recurrente ante la Magistratura ya fue atendido mediante correo electrónico enviado el día 6 de marzo del 2024 a la 12:09.31 pm al correo [...], aportado por el usuario como medio para recibir notificaciones”.\n\n 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Cuestión previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa‑administrativa aquellos asuntos, en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos fijados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales en los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo ‑instruido de oficio o a instancia de parte‑ o conocer de los recursos administrativos correspondientes. Sin embargo, también ha contemplado casos de excepción a lo anterior, como sucede en la especie, toda vez que el agravio se refiere a una gestión de una persona adulta mayor. En este tipo de materia, la jurisprudencia constitucional ha estimado procedente la aplicación del control de constitucionalidad, de modo que se procede a resolver el sub iudice.\n\nII.- Objeto del recurso. La parte recurrente indica que presentó una solicitud de disponibilidad de agua ante el ICCA. Acusa que su gestión no ha sido resuelta.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)       El tutelado es persona adulta mayor. (Consulta pública en la página del Tribunal Supremo de Elecciones).\n\nb)       El 21 de diciembre de 2023, el amparado presentó una solicitud de disponibilidad de agua ante el ICAA. (Ver informe rendido).\n\nc)       La resolución de curso de este proceso fue notificada a la parte recurrida el 4 de marzo de 2024. (Los autos).\n\nd)       Mediante oficio GSP-RCHO-2024-00643 del 5 de marzo de 2024, el ICAA atendió la gestión del amparado. La respuesta fue notificada al tutelado el 6 de marzo de 2024. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nIV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente indica que presentó una solicitud de disponibilidad de agua ante el ICCA. Acusa que su gestión no ha sido resuelta. Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que el tutelado es persona adulta mayor. Se constató que, el 21 de diciembre de 2023, el amparado presentó una solicitud de disponibilidad de agua ante el ICAA. Asimismo, se verificó que tal gestión fue atendida con ocasión de este proceso, notificado a la parte recurrida el 4 de marzo de 2024. En efecto, mediante oficio GSP-RCHO-2024-00643 del 5 de marzo de 2024, el ICAA atendió la gestión del amparado. La respuesta fue notificada al tutelado el 6 de marzo de 2024. Así las cosas, el reclamo resulta procedente, visto que se excedió el plazo normativo para la atención de tales gestiones. Vista la atención brindada con ocasión de este proceso, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explica de seguido.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nVII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nVIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlejandro Delgado F.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n ODMQQJDG7YY61\n\nEXPEDIENTE N° 24-004721-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:32:29.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the fifth of April of two thousand twenty-four.\n\nAmparo action processed in file number 24-004721-0007-CO, filed by [Name 001], identity card number [Value 001], against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA).\n\nWhereas:\n\n1.- By document received in the Chamber on February 21, 2024, the petitioner filed an amparo action. They state that they are an older adult. On December 20, 2023, they submitted an application for potable water availability for their property, registered in the Public Registry under the real estate folio system, registration number 89309, sub-registration 000, located in the central district of the canton of Cañas, Guanacaste, at the ICAA agency in Cañas, Guanacaste. They based this application on compliance with the technical and legal requirements stipulated in the Reglamento para la Prestación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado of the ICAA, as well as on the fact that the property is located fronting a public street and in favorable conditions, such as proximity to both the distribution network and the potable water supply well. They claim that nothing had been resolved in this regard. They add that on the 13th of this past February [2024], they inquired at the respondent agency and were told that their application was sent to the Liberia Agency for technical evaluation, without providing an explanation for this decision, nor regarding the non-compliance with the legally established timeframe. They consider that the accused facts violate their fundamental rights, especially given their condition of vulnerability. They request that the action be granted.\n\n2.- By resolution issued at 22:18 hours on February 23, 2024, the amparo was admitted for processing.\n\n3.- The following individuals report under oath, Eliecer Edgardo Robles Vargas and Olman Jiménez Cerdas, in their order, acting head of the Cañas Cantonal Office and acting head of the Liberia Cantonal Office, both of the ICAA, as follows: \"REGARDING THE FACTS FIRST: Through report No. GSP-RCHO-2024-00665 dated March 6, 2024, official Juan Jose Murillo Arias from the Chorotega Region reports: The technical argumentation related to the amparo action filed by Mr. [Name 001] is submitted, following the delay in responding to his second water availability application. (Insert image) 2-. Issuance of engineering criteria to respond to the availability application Exp. 2021- 00026751-1. On June 8, 2022, criteria GSP-RCHO-2022-01853 was issued, in relation to Availability Application No. 2021- 00026751-1, which states, in summary: (...) What is indicated by this department responds to the analysis of the real and current existence of resources, in order to verify the technical feasibility (factibilidad técnica) for granting services. Not, however, environmental feasibility (factibilidad ambiental). First: The property from cadastral plan [Value 002], according to a Technical Study: • Has frontage on a Public street on the East boundary. • Has infrastructure for AyA supply. Second: According to the technical report, the real existing hydraulic and water conditions in the Sandillal system and the infrastructure fronting the property have the technical feasibility to supply, given that the necessary pressure exists for providing services to a single single-family dwelling. Thus obtaining a pressure of 35 Psi (25 mca). Third: As indicated in the technical report, the property is located within 40 meters of well #4 in Sandillal. Therefore, this report does not have the scope to analyze the environmental feasibility for the provision of the service. '...Pursuant to article 8 of the Ley de Aguas No. 276, an operational withdrawal distance of up to 40 meters is established for every well intended for water use, within which only activities directly related to the extraction, distribution of water, and maintenance of the well are permitted...' This report in its conclusions in points 1 and 2 states: (...) 1. According to the Reglamento de Prestación de Servicios, the technical and hydraulic conditions exist for the provision of the service; however, before issuing a positive water availability certificate (constancia de disponibilidad de agua) by the Cañas Cantonal Office, it is recommended to forward to the competent areas for the environmental feasibility analysis for granting the service, as indicated in article 7 (section 134), article 8, and article 10 of the Reglamento de Prestación de los Servicios AYA. 2. According to what was mentioned, the property with cadastral plan [Value 002]. Does not have potable water availability until the environmental feasibility is resolved. But it does have water and hydraulic capacity. (...) 3-. Request for Environmental Feasibility Analysis. On July 4, 2022, Mr. Jorge Rodríguez Murillo, who at that time served as head of the Cañas Cantonal Office, issued document GSP-RCH-CA-2022-00323, in which Geologist Christian Delgado Segura of the Dirección A.F. Hidrogeología UEN Gestión Ambiental of AYA is requested, in accordance with current procedures and according to the competencies of each AyA Area, to proceed with the management of the availability application for File No. 2021- 00026751-1 in the name of [Name 001], and based on what is referred to in the Technical Report of Official Letter No. GSP-RCHO-2022-01853 mentioned in point '2', because the property is located within 40 meters of WELL #4 IN SANDILLAL. The scope of the environmental feasibility analysis for the service provision is required in order to determine if there is Environmental Technical Feasibility to grant potable water service to the property (attached as Evidence No. 2). 4-. Through a report labeled “ ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ÁREA ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL POZO 4- SANDILLAL (N°87-05), CAÑAS, GUANACASTE” a Response is issued by the Dirección A.F. Hidrogeología UEN Gestión Ambiental. On November 10, 2022, the study was issued describing the characteristics of WELL #4, and the respective recommendations are made to delimit the protection zone via memorandum No. UEN-GA2022-02285, addressed to the regional directorate and the cantonal head office at that time, indicating the main conclusions and recommendations of the Hydrogeological study, which in summary states in its conclusions: (...) D. The flow direction of the aquifer (acuífero) captured by Well 4 Sandillal No. 87-05 has a southeast-northwest direction and the hydraulic gradient is 0.01. With a transmissivity of 457 m2/day and a hydraulic conductivity for the aquifer of 11.22 m/day. E. Based on the new review and update of the dimensions and shape of the protection zone based on the new hydrogeological methodologies in force as of 2022, the special protection area for the Well 4-Sandillal No. 87-05 zone was recalculated, wherein the operational and absolute protection zone must comply with the following: • The operational and absolute protection zone, where the well catchment is located, must have minimum dimensions of a 15-meter radius around it. • The absolute protection zone shall only be used for activities related to the water extraction itself. • The parts used for well maintenance activities must be properly sealed (without leaks) to prevent the infiltration of chemical substances or others (oils, etc.). • Maintain a perimeter fence around the source. F. For the bacteriological absolute protection zone, a total width of 216 m was defined (108 m measured on both sides of the well taken from the Fixed Radius), and with a distance up-gradient of the well of 108 m taken from the fixed radius methodology, while in the down-gradient direction, the distance is given by the limit of the operational and absolute protection zone corresponding to 15 m. In this zone, the installation of septic tanks, or any type of discharge (fertilizers, herbicides, wastewater) into the soil must not be permitted...\". 5. New entry of water application by Mr. [Name 002] [Note: Original says [Name 002] here, but context suggests the same applicant], through Exp. 2023-00029083-1. Mr. [Name 001] [Note: Original says [Name 001] here] again requests the service from the cantonal office on December 21, 2023, as recorded in the document receipt record. However, it was forwarded to the engineering department of the Chorotega Region, specifically to this employee Juan José Murillo Arias, on December 26, 2023. (Collective vacation season). (Insert image) 6. Issuance of Engineering criteria. Through official letter GSP-RCHO-2024-00643, dated March 5, 2024, a response is given to the request for availability of a new service through Exp. 2023-00029083-1, taking into consideration the criteria issued by Geologist Christian Delgado Segura in memorandum No. UEN-GA-2022-02285 and in official letter GSP-RCHO-2022-0185 [sic]. (Insert image) Finally, in relation to the points preceding this report and the facts investigated and the findings encountered for the case at hand in this Amparo Action, it is demonstrated that AyA's action has not been to obstruct response times, but rather to always provide a criterion that safeguards public health, protecting the aquifers that supply the zone and the Cañas potable water system. In relation to the application for Certificado de Disponibilidad de Servicio de Acueducto sin Alcantarillado [Availability Certificate for Aqueduct Service without Sewer] SIGDD-2023-00029083-1-1-1 dated March 6, 2024, the following was resolved: (Insert image) Said resolution was notified on March 6, 2024, at 12:09:31 pm to the email [...], provided by the user as a means to receive notifications, with the following documents: 1 SIGDD-2023-00029083-1-1-1 2 SIGDD-2023-00029083-1-1-1 Potable Water Feasibility Inspection. 3 No.UEN-GA-2022-02285. 4 No.GSP-RCHO-2024-00643 5 TRAMITE CANTONAL DE SOLICITUDES INSPECCION TECNICA CANTONAL [Cantonal Procedure for Applications Cantonal Technical Inspection]. As recorded in the Availability system. (Insert image) REGARDING AYA'S ACTIONS SECOND: In relation to the delay in resolving the application as indicated in POINT ONE of this report; it is stated that the petitioner filed a water availability application on two occasions, the first through application No. 2021- 00026751-1, which was issued negatively for the following reason: '...According to technical inspection, the property has the water and hydraulic infrastructure, but given its location, adjacent to well #4 in Sandillal and the intrinsic vulnerability to contamination of the existing groundwater aquifer (manto acuífero), it does not have availability. See document. UEN-GA-2022-02285....' Where that study states that: 2. According to what was mentioned, the property with cadastral plan [Value 002]. Does not have potable water availability until the environmental feasibility is resolved. But it does have water and hydraulic capacity. And as a result of the basic studies contained in administrative file 2021-00026751-1-AP; the following was determined: THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY AT THE FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY AT THE FRONT OF THE PROPERTY Through a new application entry (second availability) by Mr. [Name 001], through Exp. 2023-00029083-1 dated December 21, 2023, a reassessment of the UEN-GA-2022-02285 criterion is carried out\". This assessment required a meeting with the competent area to re-analyze this new application under the criteria contained in said document, taking into account the area of the petitioner's property and the withdrawals established by the UEN-GA-2022-02285 criterion\". This led to coordination with the technical area to assess the buildable area of the petitioner's property and the withdrawal area for the well; this coordination took time to determine, reassess, and conclude that the UEN-GA-2022-02285 report allowed for assessing only the condition of the new application, which corresponds to residential use. Therefore, the analysis concludes that the infrastructure and hydraulic capacity do not have the scope for a greater number of services or a change of USE from what was requested. Consequently, if the number of services increases and/or the USE changes, a new water availability application must be processed. Furthermore, to materialize the services, the Municipality of Cañas is requested to monitor compliance with the 15m protection radius withdrawal for the operational and absolute protection zone (measured from well #4), requested by the department Dirección A.F. Hidrogeología UEN Gestión Ambiental of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. For the property with cadastral plan [Value 002], farm 5-89309---000. THIRD: From the cited technical reports, the procedure that has been followed for the purpose of addressing the petitioner's request is clearly determined, that as indicated to him through the first application 2021-00026751-1-AP, the property has the water and hydraulic infrastructure, but given its location, adjacent to well #4 in Sandillal and the intrinsic vulnerability to contamination of the existing groundwater aquifer, it does not have availability. See document. UEN-GA-2022-0228\" [sic]. In this new 2023 application, it is revisited and reassessed due to the size of the property and the withdrawal margin in relation to the well, being that since it is a highly complex matter, it requires field inspections, document analysis, coordination with internal areas and external institutions, since for its resolution, coordination with the cited technical areas was necessary to obtain the input that grounds the response. Therefore, as this is a highly complex case, it is not feasible to frame it within a purely simple procedure, and we must therefore refer to the provisions of article 261, subsection 1) and 263 of the Ley General de la Administración Pública, which establish a period of two months and its extension up to a period not exceeding the previously established one. We do not omit to indicate that regarding the progress and studies carried out in this investigation, the recurring lady has been informed and has also participated jointly with the AyA officials related to this matter, as demonstrated in the following point, where photographs of her participation are attached. Regarding the above, the Constitutional Chamber itself has ruled, through Resolution No. 006084-2007, of sixteen hours forty-eight minutes on May eight, two thousand seven; (...) Due to all the foregoing, considering that, despite the acknowledged delay in the study, it is considered opportune to inform the Honorable Chamber about what has been done so that this Court is aware that what the petitioner requested before the Magistrature has already been addressed via email sent on March 6, 2024 at 12:09:31 pm to the email [...], provided by the user as a means to receive notifications\".\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Rueda Leal; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Preliminary matter. Before analyzing the merits of the case, it must be clarified that, since judgment number 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws in special administrative procedures, to resolve through a final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the corresponding administrative remedies. However, it has also contemplated exceptions to the above, as occurs in this case, given that the grievance refers to a request from an older adult. In this type of matter, constitutional jurisprudence has deemed the application of constitutional control appropriate, and therefore, we proceed to resolve the sub iudice.\n\nII.- Object of the action. The petitioner indicates that they filed a water availability application before the ICCA. They claim that their request has not been resolved.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted referring to them, as provided in the initial order:\n\na) The protected party is an older adult. (Public query on the Tribunal Supremo de Elecciones website).\n\nb) On December 21, 2023, the protected party filed a water availability application before the ICAA. (See submitted report).\n\nc) The resolution admitting this process was notified to the respondent party on March 4, 2024. (The court records).\n\nd) Through official letter GSP-RCHO-2024-00643 dated March 5, 2024, the ICAA addressed the protected party's request. The response was notified to the protected party on March 6, 2024. (See submitted report and evidence provided).\n\nIV.- Regarding the specific case. In the sub examine, the petitioner indicates that they filed a water availability application before the ICCA. They claim that their request has not been resolved. Having analyzed the record, the Chamber deemed it proven that the protected party is an older adult. It was verified that, on December 21, 2023, the protected party filed a water availability application before the ICAA. Likewise, it was verified that such request was addressed on the occasion of this process, notified to the respondent party on March 4, 2024. Indeed, through official letter GSP-RCHO-2024-00643 dated March 5, 2024, the ICAA addressed the protected party's request. The response was notified to the protected party on March 6, 2024. As matters stand, the claim is appropriate, given that the regulatory period for addressing such requests was exceeded. In view of the response provided on the occasion of this process, the action is granted, without special award for costs, damages, and losses, as explained below.\n\nV.- REGARDING THE AWARD FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (\"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable\"), the granting must be without special award for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the dispositif part of the ruling to indicate that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is issued \"solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable\". It is emphasized that the Law states \"if they are applicable\", which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the protected person's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: \"any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and their liquidation shall be reserved for the execution of the judgment\", where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority opinion to resolve this action without an award for costs, damages, and losses.\n\nVI.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. While I concur with the rest of the Chamber in granting the action, I differ from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from the payment of costs, damages, and losses derived from the harm caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable\".\n\nFurthermore, in article 51 ibídem, it is established that:\n\n\"...any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and their liquidation shall be reserved for the execution of the judgment\".\n\nThis latter norm establishes the general system governing the matter of compensation and payment of costs, which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".\n\nIn the majority's opinion, the cited article 51 regulates the cases in which the Chamber has verified the grievance; and, as a consequence, the need for an award for costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the action, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in the referenced article 52—, by mandate of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the offender for the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action. This rule is none other than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has verified the grievance and proceeded to consider the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for an award for costs, damages, and losses against the offender, the basis for which lies in the principles of protection of individuals' rights and that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that at the time of hearing and granting the amparo, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of articles 50 and 52 of the cited law, does not preclude the appropriateness of the award for costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of necessary award on those points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nFurthermore, it is clear that the aforementioned article 52 applies solely in cases where the Chamber, even though it has not considered or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber asserts, implies an \"abnormal termination of the process\".\n\nThe legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo for processing; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that unquestionably orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of award for costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted \"solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable\". As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of individuals' fundamental right to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my opinion, such an exception should be interpreted as meaning that, in accordance with the general system of automatic award for costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, such an award is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly shown that in the specific case no compensable harm was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. Since in this case there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions -the concrete determination of which is not the responsibility of this jurisdiction-, the granting of this action must necessarily entail the award for costs, damages, and losses, and we so rule.\n\nAs an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a violation of the fundamental rights regime of individuals. From that perspective, the analysis conducted in this venue focuses on said verification, but it does not delve into pondering whether such issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons.\n\nAlthough the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, statutes that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned does not consider that this examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the actions or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of property-related injuries that are legally compensable. For reference, numerals 179 through 184 of the Contentious-Administrative Procedure Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from condemnations dictated in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public Law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”\n\nIt is clear that this proceeding is directed toward the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those areas, since such types of claims would not be appropriate within this type of case when the judgment issued within the amparo proceeding expressly establishes the inapplicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my opinion, pursuant to the cited ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that pecuniary condemnation requires accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of pecuniary injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is duly reasoned to be estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial sentence is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action does not rule out, per se, that, prior to that cessation by cause of the sued entity or another party, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order of what is regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of an abstract condemnation that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, this is not their object or primary ratio. Thus, it does not correspond to the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative actions have produced injuries is an extreme that, by thesis of principle and save for exceptional cases, does not form part of the analysis basis for this type of case. Note that, in the assumption regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not perform a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no entering into assessing whether there is an infraction or not, and therefore, much less can it be defined whether, from what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the dispensation from condemnation referred to in that norm is of an exceptional, not a principled, nature. Therefore, in those assumptions, the norm imposes the abstract condemnation, so that its applicability is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if this liberation from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the responding party, may have suffered injuries in their property sphere would be placed at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and ignoring the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Additionally, it must not be ignored that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, if the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease for the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses, it is a topic that, save for evidence to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, must in no way be denied, as a presumption, solely due to the concretization of the factual assumption regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority position, I cast my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the abstract condemnation in costs, damages, and losses.\n\nVII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRADA GARRO VARGAS. REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared well-grounded solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.”\n\nMy interpretation of that norm is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.\n\nCertainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restorative; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that upholds the appeal shall abstractly condemn the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies it, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title – derived from this proceeding – to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If despite there being abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, as it corresponds only to him/her to take as proven the real existence and the magnitude thereof.\n\nWith the thesis defended by the majority, I estimate that, contrary to what is sought, this would incentivize the Administration to respect rights only upon the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the condemnation in damages and losses, but not the condemnation in costs.\n\nVIII.- Documentation provided to the file. The parties are advised that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, they must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Full Court in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judicial Power, approved in Article LXXXI of session No. 43-12 held on May 3, 2012.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is declared well-grounded, without special condemnation in costs, damages, and losses. Magistrado Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation in damages, losses, and costs. Magistrada Garro Vargas partially dissents and orders condemnation in damages and losses, but not condemnation in costs. Notify.\n\n\n\n\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\n\nAlejandro Delgado F.\n\n\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n ODMQQJDG7YY61\n\nEXPEDIENTE N° 24-004721-0007-CO\n\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:32:29.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }