{ "id": "nexus-sen-1-0007-1273740", "citation": "Res. 09467-2024 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Denegatoria de servicio de agua por falta de factibilidad técnica no es arbitraria", "title_en": "Denial of water service due to lack of technical feasibility is not arbitrary", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un vecino de Parcelas Monseñor Morera contra la ASADA Monseñor Morera y el AyA, por la negativa a otorgarle el servicio de agua potable. El recurrente alega que habita en esa comunidad con su esposa y un adulto mayor con problemas de salud, y que su solicitud fue rechazada sin fundamento. La Sala constata que la ASADA negó el servicio argumentando falta de factibilidad técnica: no existe estudio de capacidad hídrica del sistema ni red hidráulica frente a la propiedad, y el inmueble se encuentra fuera del perímetro del asentamiento. Además, la vivienda se construyó sin la constancia previa de disponibilidad de servicios. En cuanto al derecho de petición, la Sala recuerda que, tratándose de un sujeto de derecho privado, no es titular del mismo al no ser abonado o asociado. Se declara sin lugar el recurso, pues la negativa no fue arbitraria, sino basada en razones técnicas objetivas, conforme a la jurisprudencia que reconoce que el derecho al agua no implica un acceso irrestricto.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by a resident of Parcelas Monseñor Morera against the local ASADA and AyA for denying water service. The petitioner, who lives with his wife and an elderly person with health problems, claims the denial was arbitrary. The Chamber finds that the ASADA based its refusal on lack of technical feasibility: no hydraulic capacity study exists, no water main passes the property, and the house is outside the settlement perimeter. The house was built without a prior service availability certificate. Regarding the right to petition, the Chamber notes that, as a private entity, the ASADA owes no such duty to a non-member. The appeal is denied; the refusal was not arbitrary but grounded in objective technical reasons, consistent with jurisprudence holding that the right to water does not entail unrestricted access.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "12/04/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "water-law", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "factibilidad técnica", "capacidad hídrica", "capacidad hidráulica", "constancia de disponibilidad", "ASADA", "derecho al agua", "abonado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 27", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 14", "law": "Reglamento para la prestación de los servicios del AyA" }, { "article": "Art. 44", "law": "Reglamento de ASADAS" }, { "article": "Art. 35", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "derecho al agua", "ASADA", "AyA", "factibilidad técnica", "capacidad hídrica", "derecho de petición", "servicio de acueducto", "Sala Constitucional", "abonado", "perímetro del asentamiento", "constancia de disponibilidad", "adulto mayor", "pozo artesanal", "finca agrícola" ], "keywords_en": [ "amparo appeal", "right to water", "ASADA", "AyA", "technical feasibility", "hydraulic capacity", "right to petition", "water service", "Constitutional Chamber", "subscriber", "settlement perimeter", "service availability certificate", "elderly", "artisanal well", "agricultural property" ], "excerpt_es": "Así las cosas, se acredita que el sub lite no versa sobre una denegatoria arbitraria del servicio de agua potable, pues esta se fundamentó en la falta de factibilidad técnica. En esta línea, adviértase que este Tribunal Constitucional no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la autoridad recurrida y tampoco puede reemplazar a la Administración activa en la gestión de sus competencias, de modo que no le corresponde usurpar las atribuciones que le han sido legalmente conferidas a otras dependencias, órganos o entes, como el AyA. Tampoco este Tribunal funge como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea de derecho público o privado-, para interceder a fin de que se le conceda lo que la parte recurrente pretende.", "excerpt_en": "Thus, it is established that the matter does not involve an arbitrary denial of potable water service, as it is based on the lack of technical feasibility. In this regard, note that this Constitutional Court is not a controller of legality of the actions or decisions of the respondent authority, nor can it replace the active Administration in managing its powers; it may not usurp the attributions legally conferred on other agencies, bodies, or entities, such as AyA. Nor does this Court act as a mediator with a specific individual or legal entity—whether public or private—to intercede so that the petitioner is granted what they seek.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber denies the amparo because the ASADA's refusal to provide water service was based on lack of technical feasibility and was not arbitrary.", "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo porque la negativa de la ASADA a brindar el servicio de agua potable se basó en la falta de factibilidad técnica y no fue arbitraria." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The Constitutional Chamber has repeatedly established that the right of petition and prompt resolution, guaranteed in Article 27 of the Political Constitution, may only be exercised against Public Administrations.", "quote_es": "La Sala Constitucional ha establecido, en múltiples ocasiones, que el derecho de petición y pronta resolución, garantizado en el artículo 27, de la Constitución Política, sólo puede ser ejercido frente a las Administraciones Públicas." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "it is established that the matter does not involve an arbitrary denial of potable water service, as it is based on the lack of technical feasibility.", "quote_es": "se acredita que el sub lite no versa sobre una denegatoria arbitraria del servicio de agua potable, pues esta se fundamentó en la falta de factibilidad técnica." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "this Constitutional Court is not a controller of legality of the actions or decisions of the respondent authority, nor can it replace the active Administration in managing its powers.", "quote_es": "este Tribunal Constitucional no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la autoridad recurrida y tampoco puede reemplazar a la Administración activa en la gestión de sus competencias." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1273740", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 09467 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 12 de Abril del 2024 a las 09:20\n\nExpediente: 24-003231-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-003231-0007-CO\n\nRes. Nº 2024009467\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del doce de abril de dos mil veinticuatro .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 24-003231-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002] y de [Nombre 003], contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DEL ASENTAMIENTO MONSEÑOR MORERA y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Sala el 7 de febrero de 2024, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que viven en el asentamiento llamado Parcelas Monseñor Morera, exactamente 250 m al oeste del salón comunal. Acusa que, en reiteradas ocasiones, han solicitado el servicio de agua potable para su vivienda ante la ASADA recurrida, pero esta se lo ha denegado sin fundamento alguno, pues solo les han indicado que la casa se ubica fuera del perímetro del asentamiento Parcelas Monseñor Morera, sin señalar cuáles son las coordenadas geográficas en las cuales estiman que debe ubicarse su parcela; además, se trata de un criterio fuera de lugar. El ICAA contestó el 28 de febrero de 2022 a la Asada que en caso de peligro para la vida y la salud se pueden extender ramales. Apunta que él convive con un adulto mayor que requiere hidratación. Manifiesta que presentó gestiones el 25 de abril de 2022 y el 19 de diciembre de 2023. Señala que en el último escrito de solicitud se indicó que su padre está en cama, recibe alimentación por sonda y no tiene acceso a agua potable; sin embargo, siguen sin brindarle respuesta ni solución alguna. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de los derechos fundamentales de la parte tutelada y solicita que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Por resolución de las 18:03 horas del 9 de febrero de 2024 se dio curso al amparo.\n\n3.- Informan bajo juramento Juan Manuel Quesada Espinoza y Rafael Alberto Barboza Topping, por su orden presidente ejecutivo y jefe de la UEN Gestión Sistemas Delegados, ambos del ICAA, lo siguiente: “PRIMERO: No nos consta por ser hechos propios del recurrente. SEGUNDO: No nos consta, por ser hechos propios del recurrente, sin embargo, según lo referido en el informe N° GSD-UEN-GAR-2024-00563 de fecha 13 de febrero del 2024, emitido por la ORAC Región Chorotega: “Sobre el caso se puede indicar que el mismo fue abordado por el AyA mediante el oficio GSD-UENGAR- 2022-00769 del 28 de febrero del 2022, dirigido al recurrente, en donde se le explica cómo se debe proceder, según el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, y ante la inexistencia de tubería frente a la propiedad de la persona interesada, se debe proceder conforme al artículo 14 del Reglamento, que señala que la persona interesada podrá realizar la extensión de ramal hasta su propiedad. Posteriormente la persona interesada presenta nuevamente la solicitud a la ASADA en mayo del 2022, según consta en documento aportado por el recurrente, y ante esta solicitud, la ASADA responde con fecha del 01 de junio del 2022, mediante el cual se le indica al recurrente las razones por las cuales la ASADA se encuentra imposibilitada para otorgar nuevas disponibilidades de servicio alegando imposibilidades técnicas y económicas para realizar los estudios que requieren (Estudio Técnico y Prueba de bombeo por 72 horas)”. (ver prueba N° 1) TERCERO: Es cierto con rectificaciones. Según el informe supra citado: “Existe un antecedente de gestión por buscar solución al problema mediante oficio GSD-UEN-GAR-2022-00769 donde se le amplia y fundamenta según normativa al señor [Nombre 001] sobre el debido proceso en casos que la ASADA no cuente con capacidad hídrica y/o hidráulica en el sector donde se está solicitando la disponibilidad, según el artículo 14 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, el cual, “Entonces, se indica que la respuesta ante una solicitud de disponibilidad se debe de dar con base en factibilidad técnica, entiéndase mas específicamente que se cumpla con capacidad hídrica (agua suficiente debidamente comprobado por estudio de balance hídrico), capacidad hidráulica (tubería en frente de inmueble solicitante) y no afectación de los servicios existentes. Ahora, si se comprueba que existe la capacidad hídrica, se debe de proceder tal como lo indica en el segundo párrafo que se cita del articulo 14; se emite una respuesta de no disponibilidad acompañada de una constancia de capacidad hídrica que indica los requerimientos técnicos a construcción de obras a hacer de acorde a Norma Técnica. Por último, en caso de ser imposible para persona atender inversión de acorde a constancia de capacidad hídrica, es requerido que se demuestre condición de vulnerabilidad de documentación correspondiente, tal como constancias, entrevistas, referencias sociales y epicrisis y/o dictamen médico emitidas por parte de entidades estatales competentes.” (ver prueba N° 1) CUARTO: No nos consta por ser hechos propios del recurrente. No obstante, en este hecho es importante acotar que, las ASADAS están obligadas a acatar las normativas, dictámenes, directrices, circulares y criterios relacionadas con su funcionamiento y la prestación de servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28 inciso a) del Reglamento de ASADAS y, por consiguiente, para poder otorgar un servicio deben de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, así como, que existan las condiciones de factibilidad técnica requeridas en el numeral 7 inciso 12 del Reglamento para la prestación de los servicios del AyA. En los casos en que se compruebe que existe capacidad hídrica pero no capacidad hidráulica, el ordinal 14 del mismo cuerpo normativo otorga a la persona interesada la posibilidad de que realice las obras necesarias para la habilitación del servicio, al referir: “Si la red pública no alcanza hasta el punto de conexión, el AyA en un plazo que no supere los 15 días propondrá al propietario o poseedor la construcción de una extensión de ramal u otros componentes del sistema hidráulico, en observancia de los requerimientos detallados por AyA en el artículo 39 de este reglamento mediante el estudio técnico respectivo”. Por su parte, el ordinal 46 del mismo cuerpo normativo establece: “Otorgamiento de Servicios. La ASADA deberá llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar que todas las nuevas o futuras conexiones de servicios a los sistemas, se otorguen de acuerdo con sus capacidades hídrica e hidráulica. Cuando sea necesario, la persona interesada en el nuevo servicio, a su costa deberá realizar las mejoras requeridas para aumentar su capacidad para que las prestaciones de los servicios cumplan los principios de cantidad, calidad y continuidad, ajustándose a la normativa técnica, así como a las disposiciones emitidas o validadas por AyA” (la negrita y el subrayado no son del original), lo anterior sin omitir que, en el caso de ser necesario, se deba elaborar por parte de las personas interesadas un Estudio Técnico, de conformidad con el numeral 44 inciso d) de la norma supra citada, que determine las mejoras a realizar y el costo de las mismas, todo lo cual, corre por cuenta de los interesados. Otra situación necesaria de acotar es que, ningún operador de servicios de acueducto se encuentra en la obligación de prestar el servicio si no ha otorgado de previo una constancia de disponibilidad de servicios positiva, que le permita a las personas gestionar los debidos permisos municipales de construcción de sus inmuebles, conforme lo establecido en los numerales 67 y 68 del Reglamento para la prestación de los servicios del AyA. FUNDAMENTO DE DERECHO Y OTRAS CONSIDERACIONES NACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO El Estado ha delegado parte de sus competencias en forma exclusiva al AyA, estas competencias se refieren a la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, lo que nos lleva a concluir que este servicio público está nacionalizado. Lo anterior, encuentra fundamento en que estos servicios son servicios públicos esenciales (véase el dictamen C-373-03 de 26 de noviembre del 2003 y múltiples votos de la Sala Constitucional que establecen el acceso al agua potable como derecho fundamental), lo que significa que el AyA, las Municipalidades y empresas autorizadas por ley son los únicos que tienen competencia para la prestación directa de servicios públicos o aquellas entidades privadas en quienes el AyA ha delegado su prestación (prestación indirecta de servicios públicos). En el caso concreto, la Asociación Administradora del Acueducto del Asentamiento Monseñor Morera, cédula de personería jurídica N° 3-002-291122, cuenta con convenio de delegación firmado con el AyA el 27 de mayo del 2013, el cual fue refrendado por la Dirección Jurídica el mismo día, por ende, se encuentra legitimada para la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado en la comunidad. DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA De los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, se desprende el derecho de las personas a la vida y a la salud, los cuales se encuentran íntimamente ligados, toda vez que la vida como valor supremo de la Constitución, implica una especial protección, pues sin vida, poca utilidad tendría la protección de los demás derechos fundamentales. Así las cosas, la vida debe ser protegida en todas sus vertientes, desde un aspecto físico, mental y de entorno y es precisamente ahí donde surge la importancia de proteger, tanto el ambiente como los recursos naturales a fin de procurar el bienestar de las personas. Ahora bien, entre otros aspectos, ese bienestar se logra a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad de los recursos hídricos, para que ésta sea potable para el consumo humano y de esta forma proteger la salud de las personas, ya que, al tratarse de un recurso necesario para la higiene, alimento y bebida, su contaminación o mala gestión puede producir graves perjuicios en la salud pública. En ese sentido, la protección, conservación y gestión de los servicios debe ser brindada por el Estado (AyA, Municipalidades o ASADAS con convenio de delegación), lo anterior, para garantizar el acceso de ese recurso a todas las personas, así como velar por el cumplimiento de éstas. Bajo esa tesitura es que nace el DERECHO AL AGUA, el cual es protegido por el Tribunal Constitucional. Se reitera que el Estado ha delegado en el AyA el “Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas”, debiendo garantizar este derecho a la salud y la vida. La Sala Constitucional se ha pronunciado ante los casos en los cuales existen razones válidas para denegar la prestación del servicio, concluyendo sobre este tema que, se puede denegar la prestación del servicio cuando no haya infraestructura, cuando se afecte el servicio que vienen disfrutando los usuarios del sistema y cuando no se ha cumplido con los requisitos. “De tal forma, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento, por lo que se reconoce la posibilidad de limitar el otorgamiento de nuevas pajas de agua con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de suministro de agua potable a los actuales usuarios y domicilios que reciben dicho servicio -ver sentencias números 2007-17475, de las once horas cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil siete, y 2008-11390, de las once horas veintinueve minutos del veintidós de julio de dos mil ocho”. (la negrita y el subrayado no son del original) Se entiende entonces que, si bien existe un derecho fundamental de acceso al agua potable, que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse a que exista posibilidad material y formal de suministro, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable (Voto N° 2009-009936). Referente a este tema, recientemente ese honorable Tribunal se pronunció por medio del voto N° 2020009209 de las nueve horas con quince minutos del veintidós de mayo del dos mil veinte, al indicar: “Al respecto, es de mérito reiterar que como se indicó en la sentencia No. 2017- 000782 supra citada, esta Sala Constitucional ha considerado que, si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado al punto de que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. Se ha reconocido, reiteradamente, que el ICAA, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados y las municipalidades que prestan el servicio de agua potable, de previo a aprobar o rechazar las solicitudes de disponibilidad que les sean formuladas, están en plena capacidad de exigir el cumplimiento de requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico y ponderar razones de orden legal y técnico (véanse, por ejemplo, las sentencias No. 2009-003825 de las 16:49 hrs. del 10 de marzo de 2009 y No. 2010- 010768 de las 10:52 hrs. del 18 de junio de 2020)”. (el destacado no es del original) Continúa refiriendo el voto de marras: Se acredita que el rechazo a la disponibilidad de agua que reprocha el recurrente, no ha sido dictado de forma arbitraria o antojadiza, sino que obedece a la falta real y actual de capacidad hidráulica del acueducto y de la calidad del agua que lo abastece. En este contexto, habiendo razones objetivas para denegar la gestión, a la Sala no le corresponde mediar a favor de la parte amparada ante la Administración, en especial, si lo que pretende es que le sea concedido lo que desea, contra legem, sea, en forma contraria al derecho. Asimismo, este Tribunal tampoco está llamado a usurpar las atribuciones de las autoridades competentes y ordenar, previo análisis de la legalidad y procedencia técnica de ese pronunciamiento administrativo y comprobación de los requisitos legales y reglamentarios de la solicitud del tutelado, que se proceda conforme a sus deseos declarando en sentencia la pertinencia de resolver positivamente su gestión, como lo demanda”. (el destacado no es del original) SOBRE LA SOLICITUD DEL RECURRENTE El señor [Nombre 001] alega en su escrito de interposición del presente recurso, que es vecino de Parcelas Monseñor Morera, ubicado en Tilarán de Guanacaste y que reside en una vivienda con su esposa y su padre. Además, manifiesta que realizó una solicitud a la ASADA Monseñor Morera, para optar por un servicio de acueducto, pero el mismo le ha sido denegado sin fundamento y que, el AyA informó a la ASADA referida la posibilidad de realizar extensiones de ramal. Del informe N° GSD-UEN-GAR-2024-00563 de fecha 13 de febrero del 2024, emitido por la ORAC Región Chorotega (ver prueba N° 1) se desprende que, tanto el AyA como la ASADA Asentamiento Monseñor Morera han dado respuesta a las solicitudes del recurrente, indicando que en los casos en que se requiera un servicio y el operador no cuente con la certeza de factibilidad técnica, la persona interesada puede realizarlos, junto con las mejoras requeridas, costeando los gastos respectivos, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento para la prestación de los servicios del AyA y el ordinal 44 inciso d) del Reglamento de ASADAS. Indica el informe de marras en su conclusión: “La ASADA Parcelas Monseñor Morera, como ente operador delegado para el abastecimiento de agua potable del sector no cuenta con los estudios requeridos para determinar técnicamente si cuenta con capacidad hídrica e hidráulica para atender el crecimiento vegetativo y otorgar nuevas disponibilidades de servicio sin poner el riesgo el servicio que se brinda a los 80 abonados activos del sistema de acueducto. No obstante, el numeral 44 del Reglamento de ASADAS establece la posibilidad de que las personas interesadas puedan llevar a cabo estos estudios y las mejoras requeridas a su costo. El AyA a través de la Oficina Regional de Acueductos Comunales atendió este caso por medio del oficio GSD-UEN-GAR-2022-00769 dirigido al recurrente, donde se le informó lo procedente, con base al artículo 14 de Reglamento para la Prestación de los Servicios, en los casos en que la ASADA no cuente con condiciones técnicas idóneas para atender de manera positiva una disponibilidad de agua potable. Además, el AyA ha venido instruyendo a la Junta Directiva de la ASADA sobre el tema, mediante el oficio GSD-UEN-GAR-2022-02871 y bitácora de visita fecha del 11 de noviembre del 2022. Es necesario indicar que a la fecha no existe un estudio técnico que determine las condiciones de factibilidad técnica de la ASADA Parcelas Monseñor Morera, por lo cual se reitera lo indicado a la persona recurrente sobre la posibilidad de realizar los estudios requeridos que determine la posibilidad de atender su solicitud. Aunado a lo anterior cabe mencionar que la ASADA Parcelas Monseñor Morera nunca ha emitido una constancia de disponibilidad de servicios positiva al recurrente, que le permitiera gestionar los permisos de construcción ante el gobierno local, por lo cual se desconoce si los mismos fueron solicitados para la construcción de la vivienda del señor [Nombre 003]”. (ver prueba N° 1) De los mismos hechos narrados por el señor [Nombre 001], así como, de la prueba que adjunta, se desprende que, la ASADA de Asentamiento Monseñor Morera respondió a su solicitud mediante las notas del 22/04/2021, 21/02/2022 y 01/06/2022 y el AyA le responde por medio del oficio N° GSD-UEN-GAR-2022-00769 de fecha 28/02/2022. Por otra parte, nótese que el recurrente no manifiesta haber realizado ningún tipo de gestión ante el AyA, por lo cual, no existe incumplimiento por parte de nuestra representada, siendo incluso que, en el presente caso nuestra representada asesoró a la ASADA recurrida sobre cómo proceder conforme a derecho. La ASADA de Asentamiento Monseñor Morera remite al recurrente documento de fecha 01 de junio del 2022, donde le refiere lo respondido a la ORAC Región Chorotega, específicamente en el punto segundo del anexo 1 de la prueba N° 1 que aporta nuestra representada y que dentro de lo que nos interesa indica: “En el mes de abril del 2021, antes que don Norlin adquiriera la finca en mención se acercó a la Junta Directiva a solicitar y conversar la situación de disponibilidad de agua para su finca, en ese momento se le extendió una carta formal, indicando que su propiedad se encontraba fuera del perímetro del asentamiento y que el acueducto en este momento únicamente abastecía los 80 abonados existentes; verbalmente se conversó con él sobre la situación del pozo y de la naciente”. Lo anterior es consistente con la certificación registral presentada como prueba por el recurrente, donde se demuestra que la propiedad la adquirió el 21 de diciembre del 2021, bajo su propia responsabilidad y a sabiendas de que la ASADA le había indicado la imposibilidad técnica para otorgarle el servicio. La ASADA recurrida también indicó al AyA en el anexo 1 supra citado, que el señor [Nombre 003] vuelve a realizar consulta sobre el caso y el operador le responde que la solicitud de constancia de disponibilidad estaba incompleta, pero que, además, la ASADA no cuenta con un estudio técnico del sistema, que no cuentan con recursos económicos para realizar una extensión de ramal, por ser un acueducto con pocos usuarios y que para eso se requiere un estudio técnico de ampliación de redes; también refiere que la finca del recurrido es para uso agrícola, con una medida de más de 23 mil metros cuadrados y finalmente, que el inmueble adquirido por el recurrente tenía construida una vivienda, la cual no contó con los respectivos permisos Municipales, pues la ASADA nunca le emitió ninguna constancia de disponibilidad de servicios. Lo cierto es que en la actualidad no existe factibilidad técnica en el sector donde se ubica el inmueble del recurrente, pues según el numeral 7 inciso 12 del Reglamento para la prestación de los servicios del AyA, la factibilidad técnica se define: “Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente. Obsérvese que el inciso a) de la norma supra citada refiere específicamente que “las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio”, situación que en el presente caso no se está cumpliendo. La ASADA de Asentamiento Monseñor Morera se ha sujetado a los principios del servicio público, aplicando la normativa vigente y no ha violentado lo establecido en el numeral 50 de la Constitución Política, pues recientemente la Cámara Constitucional emite el voto N° 2021-007459 de las nueve horas quince minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el cual indica: Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual, debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, al resultar esencial para la vida y la salud. De igual manera, ha dicho esta Sala que, pese a lo anterior, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la Administración, válidamente, puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante, para valorar su particular requerimiento véase en ese sentido la Sentencia N° 2018-004915 de las 09:30 horas de 23 de marzo de 2018). Además, se ha señalado que si bien existe un derecho fundamental al agua, la prestación del servicio puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento, y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no pululen situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen brindar el servicio de agua potable (véanse en ese sentido las Sentencias N° 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009, y N° 2018-004915 de las 09:30 horas del 23 de marzo de 2018, entre otras)”. (la negrita y el subrayado no son del original) Se reitera, la ASADA de Asentamiento Monseñor Morera no tiene capacidad hidráulica hasta el sector donde se ubica el inmueble del recurrente, aunado al hecho de que no conoce la capacidad real de su sistema ante la ausencia de un estudio técnico que lo determine, por lo cual, no puede otorgar nuevos servicios de agua potable, posición que no es antojadiza ni arbitraria, pues encuentra fundamento en la normativa vigente. Además, dicho operador no ha otorgado constancias de disponibilidad de servicios que permitieran la tramitación de permisos de construcción para la edificación de la vivienda que se ubica en la propiedad del recurrente, según lo manifestado por la ASADA en documento Anexo N° 1 de la prueba N° 1 aportada por mi representada, por lo cual se desconoce bajo qué lineamientos o requisitos fue construida la casa donde habita el recurrente, pues no es obligación de un operador de sistemas de acueducto otorgar un servicio para un inmueble en donde previamente no se haya emitido la constancia de disponibilidad de servicios, que garantice la factibilidad técnica, para la posterior instalación del servicio, si no cuenta con las debidas condiciones técnicas, como es el caso que nos ocupa. Aunado a lo anterior, tal como lo ha referido el Honorable Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia: “Asimismo, la Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones de la Administración o, como en este caso, de Asociaciones actuando en nombre de esta, de modo que no le compete revisar la procedencia de lo resuelto por las partes accionadas, respecto a si, en virtud de las condiciones urbanísticas, técnicas y legales, se le debe otorgar o no el servicio de agua aludido al recurrente. Ergo, la disconformidad que tenga la parte promovente con tal denegatoria, no corresponde ser analizada ni resuelta en esta sede, sino ante la propia autoridad recurrida o en las vías de legalidad competentes, a efectos de que se resuelva lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, se desestima el recurso, tal como se indica en la parte dispositiva de la presente resolución. (ver voto Nº 2022008780 de las nueve horas veinte minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós) Para concluir, la Cámara Constitucional ha indicado: “Así, se verifican que existen razones de índole técnica para no otorgar la disponibilidad pretendida por el recurrente, lo cual fue avalado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Por ende, se descarta violación a los derechos fundamentales del recurrente. Por consiguiente, se declara sin lugar el recurso”. La ASADA de Asentamiento Monseñor Morera no ignora su misión de promover el desarrollo de los sistemas de agua y la sostenibilidad de los entes operadores comunales en el territorio nacional, para la prestación de los servicios de agua potable con calidad, cantidad y continuidad, sino que, más bien en aras del cumplimiento de dicha misión es que debe de apegarse a la normativa vigente. En lo que respecta a la actuación del AyA, se reitera que no existe solicitud o gestión realizada por el señor [Nombre 001] ante esta Institución, tal como se demuestra con todo el elenco probatorio que se encuentra en el expediente virtual, pero aún así, la Institución le remitió el oficio N° N° GSD-UEN-GAR-2022-00769 de fecha 28/02/2022, en atención a sus gestiones ante la ASADA de Asentamiento Monseñor Morera, razón por la cual, no existe incumplimiento por parte de nuestra representada”.\n\n 4.- Contesta Odiney Ramírez Soto, en su condición de presidente de la ASADA Monseñor Morera, lo siguiente: “HECHO ÚNICO: Es cierto que la Junta Directiva de la presente ASADA denegara las solicitudes de instalación del servicio de agua potable. La denegatorias se realizaron después de haber hecho un amplio análisis; el acto fue debidamente motivado formalmente de acuerdo con la Ley General de la Administración pública, así como Ley de Aguas, Reglamento de Acueductos Rurales y Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, por las siguientes razones:  a) No.es cierto que Don [Nombre 001] carezca de agua para su consumo, ya que su finca tiene  un pozo debidamente inscrito ante la Dirección de aguas, Expediente 23776, ID 33771(adjunto copia expediente). b) El aquí recurrente reside en una finca agrícola; claramente aporta certificación Registral del Inmueble, donde se verifica que la medida total del inmueble son 23.0313 metros cuadrados, donde tiene semovientes. No es cierto que resida en una casa de 250 metros, el cual presenta el mismo a su Autoridad estudio registral. Ante esta situación se le indicó al señor [Nombre 001] en contestación del 01 de junio del 2022, que ante esto cumplir con lo establecido del artículo 34 del Reglamento para la Prestación de Servicios de AYA, donde claramente estipula que debe CUMPLIR con el requisito ahí establecido “(…)” c) El señor [Nombre 001] desde antes de adquirir el inmueble en el año 2021, se acercó a la  ASADA para conversar sobre el servicio de agua para la finca que deseaba adquirir, además  envió solicitud y acudió a la oficina de Acueductos Rurales; oficios que fueron contestados  (se presenta copia de oficio enviado el día 01 de junio del 2022) y la ASADA en todo  momento le indicó que:  > Esa finca se encontraba fuera del perímetro y de la red hídrica de acueducto del área del asentamiento Monseñor Morera. Que la Asada no contaba con capacidad hídrica, ya que no existen estudios de Capacidad Hídrica que determinen la cantidad de agua existente, que las dos nacientes con las que contamos, en el tiempo de verano se secan en el mes de diciembre, dejando a la ASADA únicamente con la cantidad de agua que produce el pozo, y en dos veranos hemos tenido que racionalizar el agua, dejando al pueblo varias horas durante el día o toda la tarde y noche sin el servicio, para cumplir con el abastecimiento del pequeño pueblo. En el escrito notificado al aquí recurrente el día 01 de junio del 2022, claramente se menciona en el punto segundo “...La Asada NO cuenta con un estudio técnico, ni estudio específico sobre la cantidad de agua que puede proveer ese pozo, NO existe aforo, por lo tanto NO podemos de manera irresponsable brindar NINGUNA disponibilidad de agua. Claramente indica el Reglamento para la prestación de servicios en su artículo 9 “es obligación del prestador de los servicios de agua potable ... brindarlos dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad... ”; al no existir estudio técnico de factibilidad ni contar con red hidráulica donde se ubica la finca del señor [Nombre 001], 250 metros del asentamiento, la Junta Directiva no puede otorgar ninguna disponibilidad....”.   El servicio que presta la Asada actualmente está distribuido en el perímetro de la Asada, donde la última prevista se encuentra a 600 metros del tanque de almacenamiento y el resto que nos rodea son fincas ganaderas incluyendo la de él. Se le explicó que somos una d) ASADA muy pequeña y que nuestra tubería es antigua, por lo que no podemos irresponsable mente extender ramales, mucho menos para consumo de fincas, dejando sin el recurso a las 80 familias que en ese momento abastecíamos. Se le aclaró la situación de su propiedad al tener una extensión mayor de 5000 mil metros y tener ganado se consideraba como una finca agrícola.  Sobre todo se le manifestó que la ASADA NO CUENTA con presupuesto para realizar los estudios y las obras necesarias para contar con factibilidad técnica para otorgar un nuevo servicio en su finca y que debía esperar que la ASADA cuente con el dinero suficiente para realizar las pruebas de aforo al pozo, conforme norma técnica de AYA de 72 horas al único pozo existente, donde se verifique en verano la cantidad de agua.  En todo momento se ha fundamentado, motivado y justificado de forma técnica y legal la desestimación de su solicitud.  Nuestra ASADA NO cuenta con red hidráulica que vaya a 2 kilómetros de distancia. (presento imágenes del asentamiento facilitadas por INDER).  La Asociación de acueducto se formó con la finalidad de otorgar el servicio de agua potable, sin embargo NO puede éste ente actuar de forma desordenada, arbitraria, ni tampoco irresponsable, poniendo en carencias a la población existente, cayendo en imprudencias o  insensatez de nuestra parte, tenemos la obligación esencial de velar por los servicios ya  otorgados y que reciban el servicio de forma eficiente. Debemos gestionar y explotar eficientemente el preciado líquido resguardando un desarrollo sostenible ante la escases (sic) del preciado líquido. Estamos cada día trabajando en el mejoramiento de la red, pero debemos atender con prioridad las necesidades administrativas: pagar electricidad, fontanero, planilla de la C.C.S.S., póliza del INS, sistema de facturación, exámenes de calidad del agua, inventario, etc; tuvimos que realizar cambio en el tanque de captación, adquirir equipo de cómputo para realizar la facturación electrónica que exige el Ministerio de Hacienda; hace poco nos donaron dos terrenos en los cuales establecimos una oficina; inmuebles de los cuales tuvimos que poner el día en el pago de los bienes inmuebles, así como de los terrenos donde  se encuentra el pozo y el tanque de captación. 2)  h)  Esta Junta Directiva ha venido cotizando las pruebas de bombeo así como el Estudio Técnico correspondiente, para incluirlas en el Plan y Presupuesto Anual para el año 2025, sin embargo la inversión de ese proyecto es aproximadamente 8.927.000,00 (ocho millones novecientos veintisiete mil colones exactos), por lo que estamos en este momento en conversaciones con la Municipalidad de Tilarán, el INDER, y la entidad ACTIVA quien fue la que nos donó la perforación del pozo, en búsqueda de recursos o donaciones que nos puedan otorgar para llevarlo a cabo.  La Junta Directiva se encuentra muy activa y en búsqueda de recursos que nos permitan continuar creciendo y poder extender ramales, para que de forma futura toda la red continúe en crecimiento, haciendo todo lo posible para que los proyectos se lleven a cabo de forma ágil, procurando en todo momento la celeridad, la eficiencia y eficacia de las acciones de la asociación a pesar de encontramos con escasos recursos económicos.  Nuestra Junta Directiva se ha reunido en dos ocasiones con Don [Nombre 001] y su esposa, y hemos conversado toda la situación del acueducto existente; en todo momento se le ha explicado al señor que no podemos extender tubería, ni poner ramales de forma antojadiza, y sin cumplir las normas técnicas.  El recurrente conociendo toda la situación, e informándole el presupuesto que la ASADA necesita para realizar los estudios, parece hacer caso omiso a todo lo contestado e informado, realizando el presente recurso como una nueva forma de presión, a pesar de haberle explicado todos los inconvenientes existentes.  Todo ser humano mayor de edad debe ser responsable de sus actos, fue don [Nombre 001] quien decidió por voluntad propia comprar un inmueble que NO contaba con el servicio de agua potable, conociendo que la ASADA NO contaba con disponibilidad hídrica, situación que se le informó desde abril del 2021, y aún así decidió en diciembre del mismo año adquirir el inmueble, La presente ASADA en NINGÚN momento ha incurrido en la violación de los Derechos o Principios Constitucionales, Humanos o de la Persona Adulta Mayor, al señor [Nombre 001] o su familia, y quien irresponsablemente se llevó hace 4 meses a vivir con él un adulto mayor de más de 90 años, estando consiente que NO tiene agua potable y conociendo el estado de salud del adulto mayor con los dictámenes que aporta; en todo momento se le ha dado respuesta, inclusive el mismo aporta ante su Autoridad las contestaciones recibidas, tampoco se ha discriminado como pretende hacer ver, todo lo contrario, el recurrente miente, tratando de sacar provecho de un hecho falso, haciendo incurrir un Juez Constitucional en la falsedad de no contar con a; tiene en su  propiedad un pozo inscrito y exponiendo que vive en un: 255 metros; En cuanto a esto, la Sala Constitucional en sus fallos; véanse sentencias: 2006-1898, 2007- 13310,2008-16311, 2018-8650, 2018-007369 y resolución N°2020012942, menciona (…)  Por lo tanto NO ES CIERTO que la presente ASOCIACION, viole su derecho fundamental de los artículos 27, 21 o 33 de la Constitución Política”.\n\n5.- Mediante resolución de las 11:19 horas del 4 de marzo de 2024 se solicitó prueba para mejor resolver.\n\n6.- Contesta Odiney Ramírez Soto, en su condición de presidente de la ASADA Monseñor Morera, lo siguiente: “Cumpliendo con lo ordenado por su Autoridad en auto de las once horas diecinueve minutos del cuatro de marzo del dos mil veinticuatro, informo las gestiones realizadas en el presente caso: (inserta cuadro) Con el anterior cuadro dejo en evidencia que la Asada le ha dado seguimiento al caso, siempre se le contestó, los señores conocen ampliamente la situación del acueducto; también se explicó la situación financiera con detalle, y que a pesar de que la Asada es autosostenible, para llevar a cabo los proyectos importantes hemos contado con donaciones como es el caso de la perforación del pozo que fue donación especial de la empresa ACTIVA y el caso de los terrenos donde se encuentra hoy en día la oficina, que fueron donados por la Asociación de Agricultores de Monseñor Morera.  En nuestra función como Asada, nos hemos reunido con el personal de Inder para ver la posibilidad de donación de una nueva red, nos visitó el Departamento de Ingeniería de AYA, el ingeniero Oscar Ampié; nos reunimos con la empresa ACTIVA y enviamos una carta solicitando donaciones para realizar las pruebas, estudio técnico y mejoras en el acueducto; nos han visitado ingenieros para realizar las cotizaciones de los estudios, los cuales llevarán un costo de aproximadamente 8 millones de colones. La Junta Directiva está anuente al crecimiento, siempre que sea ordenado, sostenible, conforme la normativa y todos cumplamos con los reglamentos establecidos,  Por lo tanto, solicito al Presente Juez Constitucional declarar sin lugar el presente recurso, NUNCA se violó ningún principio constitucional, dejando certeza que se le contestó al recurrente cada una de sus solicitudes, nunca ha existido discriminación”.\n\n 7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD.- El presente recurso de amparo, a pesar de haber sido interpuesto contra un sujeto de derecho privado, es admisible, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de esta jurisdicción, pues es claro que el recurrido actúa en ejercicio de funciones o potestades públicas, y se encuentra, de derecho y de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resultan claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En el caso concreto, es claro el cumplimiento de esos presupuestos, pues se trata de un sujeto de derecho privado que está ejerciendo potestades públicas al prestar un servicio público, como lo es el suministro de agua potable, y por las circunstancias concretas está en la posibilidad de infringir los derechos constitucionales del recurrente, sin que los remedios jurisdiccionales comunes sean suficientes u oportunos.\n\nII.- Objeto del recurso. La parte recurrente acusa que la Asada accionada le niega el servicio de agua de manera arbitraria; señala que convive con un adulto mayor con problemas de salud, por lo que debería brindarle el servicio. Afirma que sus últimas dos gestiones (25 de abril de 2022 y 19 de diciembre de 2023) no fueron atendidas.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)       La parte recurrente habita en una finca de uso agrícola que tiene un pozo artesanal. Su vivienda fue construida sin contar con disponibilidad de agua de la Asada accionada. (Ver contestación rendida y prueba aportada).\n\nb)       El 25 de abril de 2022, la parte accionante gestionó ante la Asada recurrida: “1. Según indicación de ustedes en misiva 21 de febrero de 2022, nuestra propiedad se encuentra fuera del perímetro asentamiento Parcelas Monseñor Morera, por lo que solicito se nos indique ¿A qué institución le corresponde la prestación de Servicio de agua potable en nuestra propiedad, si no es a la ASADA MONSEÑOR MORERA VEGA?  2. Se nos indique mediante constancia cuál es la capacidad hídrica y/o Balances hídricos que mantiene la ASADA MONSEÑOR MORERA VEGA al día de hoy”. (Hecho incontrovertido).\n\nc)       Mediante oficio 1 de junio de 2022, la Asada accionada remitió al amparado un oficio del 18 de setiembre de 2020, comunicándole: “La Asada NO cuenta con un estudio técnico, ni estudio específico sobre la cantidad de agua que puede proveer ese pozo, NO existe aforo, por lo tanto NO podemos de manera irresponsable brindar NINGUNA disponibilidad de agua (…) La ASADA Monseñor Morera en este momento se encuentra IMPOSIBILITADA para otorgar un servicio de acueducto para el cual NO TENEMOS VIABILITAD TECNICA (sic), NI HIDRICA (sic), NI HIDRAULICA (sic)…”. (Ver contestación y prueba aportada).\n\nd)       Por nota del 19 de diciembre de 2023, el recurrente indicó a la Asada accionada que su necesidad de contar con el servicio de agua había aumentado, debido a que su padre (persona adulta mayor con padecimientos de salud) ahora vivía con él. Solicitó la ayuda de la Asada para obtener tal servicio. (Hecho incontrovertido).\n\nIV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente acusa que la Asada accionada le niega el servicio de agua de manera arbitraria. Afirma que sus últimas dos gestiones (25 de abril de 2022 y 19 de diciembre de 2023) no fueron atendidas. Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que la parte recurrente habita en una finca de uso agrícola que tiene un pozo artesanal. Su vivienda fue construida sin contar con disponibilidad de agua de la Asada accionada. Con respecto a la gestión del 25 de abril de 2022, la Sala verificó que la parte accionante gestionó ante la Asada recurrida: “1. Según indicación de ustedes en misiva 21 de febrero de 2022, nuestra propiedad se encuentra fuera del perímetro asentamiento Parcelas Monseñor Morera, por lo que solicito se nos indique ¿A qué institución le corresponde la prestación de Servicio de agua potable en nuestra propiedad, si no es a la ASADA MONSEÑOR MORERA VEGA?  2. Se nos indique mediante constancia cuál es la capacidad hídrica y/o Balances hídricos que mantiene la ASADA MONSEÑOR  MORERA VEGA al día de hoy”.\n\nEl reclamo por la atención de esa nota no puede prosperar. En primer lugar, se recuerda que el ejercicio del derecho de petición es limitado cuando se trata de un sujeto de derecho privado:\n\n“V.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE SUJETOS DE DERECHO PRIVADO: EL CASO DE LAS ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO. La Sala Constitucional ha establecido, en múltiples ocasiones, que el derecho de petición y pronta resolución, garantizado en el artículo 27, de la Constitución Política, sólo puede ser ejercido frente a las Administraciones Públicas. Recuérdese que, en cuanto a las solicitudes de información presentadas ante sujetos de derecho privado, como lo son las asociaciones, se tutelará a los asociados, por violación al derecho de asociación. Al respecto, esta Sala ha indicado:\n\n“(…) Tratándose la parte recurrida de una asociación de índole privada, no hay violación posible al artículo 27, de la Constitución. No obstante lo dicho, esta Sala reconoce que los miembros de una asociación sí tienen derecho a obtener información de ésta, precisamente por su calidad de asociados, y si no se les brinda la información, se violenta el derecho de asociación consagrado en el artículo 25, de la Constitución Política  (…)\" (ver Sentencia Nº 2003-15266 de las 13:52 horas del 19 de diciembre del 2003)”. (Sentencia nro. 2022001090 de las 9:20 horas del 14 de enero de 2022).\n\nEn el sub lite, el amparado busca pertenecer a la Asada recurrida y obtener su servicio; ergo, no cuenta con la condición de abonado o asociado, requerida para ejercer los derechos vinculados a tal condición, en los términos del precedente transcrito.\n\nUn segundo motivo para desestimar el reclamo surge a partir de la respuesta brindada al recurrente mediante nota del 1 de junio de 2022, toda vez que se le remitió un oficio del 18 de setiembre de 2020, comunicándole: “La Asada NO cuenta con un estudio técnico, ni estudio específico sobre la cantidad de agua que puede proveer ese pozo, NO existe aforo, por lo tanto NO podemos de manera irresponsable brindar NINGUNA disponibilidad de agua (…) La ASADA Monseñor Morera en este momento se encuentra IMPOSIBILITADA para otorgar un servicio de acueducto para el cual NO TENEMOS VIABILITAD TECNICA (sic), NI HIDRICA (sic), NI HIDRAULICA (sic)…”. Se considera que la respuesta anterior atiende la gestión del interesado en lo que concierne a la competencia de la Asada recurrida.\n\nFinalmente, también resulta improcedente pretender que se acoja tal extremo vía amparo, visto que transcurrió un plazo poco menor a los dos años entre la presentación de la gestión (25 de abril de 2022) y la interposición de este recurso (7 de febrero de 2024), lo que conlleva que decaiga la posibilidad de acoger tal extremo en esta vía (artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nV.- Atinente a la gestión del 19 de diciembre de 2023, la Sala observa que no transcurrieron dos meses entre ese momento y la interposición del amparo (7 de febrero de 2024), por lo que se estima prematura tal interposición.\n\nVI.- En lo concierne a la denegatoria del servicio de agua, la Sala recuerda su jurisprudencia:\n\n“…la denegatoria se sustentó en la falta de factibilidad técnica debido a la insuficiencia de capacidad hídrica e hidráulica en el sistema de abastecimiento de la zona, por lo que no se tiene disponibilidad del servicio de agua potable para nuevos proyectos de desarrollo.\n\nAsí las cosas, se acredita que el sub lite no versa sobre una denegatoria arbitraria del servicio de agua potable, pues esta se fundamentó en la falta de factibilidad técnica. En esta línea, adviértase que este Tribunal Constitucional no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la autoridad recurrida y tampoco puede reemplazar a la Administración activa en la gestión de sus competencias, de modo que no le corresponde usurpar las atribuciones que le han sido legalmente conferidas a otras dependencias, órganos o entes, como el AyA. Tampoco este Tribunal funge como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea de derecho público o privado-, para interceder a fin de que se le conceda lo que la parte recurrente pretende…” (Sentencia nro. 2021-18977 de las 11:50 horas de 24 de agosto de 2021).\n\nEn ese tanto, la Sala no estima que la respuesta de la Asada sea arbitraria, visto que aduce la falta de capacidad técnica para brindar el servicio pretendido, lo que no constituye un actuar arbitrario, según lo indicado en la jurisprudencia transcrita. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.\n\nVII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n Se declara sin lugar el recurso.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n TKM82GER8OE61\n\nEXPEDIENTE N° 24-003231-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:49:49.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twelfth of April two thousand twenty-four.\n\nAn amparo action processed under case file no. 24-003231-0007-CO, filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], on behalf of [Nombre 002] and [Nombre 003], against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DEL ASENTAMIENTO MONSEÑOR MORERA and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nWhereas:\n\n1.- Through a written submission received by the Chamber on February 7, 2024, the petitioner files an amparo action. He states that they live in the settlement called Parcelas Monseñor Morera, exactly 250 m west of the community hall. He alleges that, on repeated occasions, they have requested potable water service for their dwelling from the respondent ASADA, but it has denied them without any basis, since they have only been told that the house is located outside the perimeter of the Parcelas Monseñor Morera settlement, without indicating the geographic coordinates within which they consider their parcel should be located; furthermore, this is an out-of-place criterion. The ICAA responded on February 28, 2022, to the ASADA that in case of danger to life and health, branch lines can be extended. He notes that he lives with an older adult who requires hydration. He states that he filed petitions on April 25, 2022, and December 19, 2023. He points out that in the last written request it was indicated that his father is bedridden, receives tube feeding, and has no access to potable water; however, they still have not provided him with a response or any solution. Based on the foregoing, he comes before the Chamber in protection of the fundamental rights of the protected party and requests that the action be granted.\n\n2.- By resolution at 18:03 hours on February 9, 2024, the amparo action was admitted.\n\n3.- Juan Manuel Quesada Espinoza and Rafael Alberto Barboza Topping, in their respective capacities as Executive President and head of the UEN Gestión Sistemas Delegados, both of the ICAA, report under oath the following: “FIRST: We cannot attest to this, as they are facts belonging to the petitioner himself. SECOND: We cannot attest to this, as they are facts belonging to the petitioner himself; however, according to what was stated in report No. GSD-UEN-GAR-2024-00563 dated February 13, 2024, issued by the ORAC Región Chorotega: “Regarding the case, it can be indicated that it was addressed by AyA through official letter GSD-UENGAR-2022-00769 dated February 28, 2022, addressed to the petitioner, where he is explained how to proceed, according to the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, and given the absence of piping in front of the interested person's property, they must proceed in accordance with Article 14 of the Regulation, which states that the interested person may carry out the branch extension to their property. Subsequently, the interested person again presented the request to the ASADA in May 2022, as stated in the document provided by the petitioner, and in response to this request, the ASADA replied on June 1, 2022, through which the petitioner is informed of the reasons why the ASADA is unable to grant new service availabilities, alleging technical and economic impossibilities to carry out the required studies (Technical Study and 72-hour Pumping Test).” (see exhibit No. 1) THIRD: It is true, with corrections. According to the report cited above: “There is a precedent of efforts to find a solution to the problem through official letter GSD-UEN-GAR-2022-00769 where Mr. [Nombre 001] is given detailed information and explanation according to regulations regarding the due process in cases where the ASADA does not have water capacity and/or hydraulic capacity in the sector where the availability is being requested, according to Article 14 of the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, which, “Therefore, it is indicated that the response to a request for availability must be based on technical feasibility, meaning more specifically that water capacity (sufficient water duly proven by a water balance study), hydraulic capacity (piping in front of the applicant's property), and non-affectation of existing services are fulfilled. Now, if it is proven that water capacity exists, one must proceed as indicated in the second paragraph cited from Article 14; a response of non-availability is issued accompanied by a certificate of water capacity indicating the technical requirements for the construction of works to be done in accordance with the Technical Standard. Finally, if it is impossible for the person to address the investment according to the certificate of water capacity, it is required that a condition of vulnerability be demonstrated with corresponding documentation, such as certificates, interviews, social references, and medical discharge summaries and/or medical opinions issued by competent state entities.” (see exhibit No. 1) FOURTH: We cannot attest to this, as they are facts belonging to the petitioner himself. However, regarding this fact, it is important to note that ASADAs are required to comply with regulations, opinions, directives, circulars, and criteria related to their operation and the provision of public services, in accordance with the provisions of clause 28, subsection a) of the Reglamento de ASADAS and, consequently, in order to grant a service, they must verify compliance with technical and legal requirements, as well as that the conditions of technical feasibility required in clause 7, subsection 12 of the Reglamento para la prestación de los servicios del AyA exist. In cases where it is proven that there is water capacity but not hydraulic capacity, Article 14 of the same regulatory body grants the interested person the possibility of carrying out the works necessary for the enabling of the service, by stating: “If the public network does not reach the connection point, AyA, within a period not exceeding 15 days, shall propose to the owner or possessor the construction of a branch extension or other components of the hydraulic system, in observance of the requirements detailed by AyA in Article 39 of this regulation through the respective technical study”. For its part, Article 46 of the same regulatory body establishes: “Granting of Services. The ASADA must carry out the pertinent actions to guarantee that all new or future service connections to the systems are granted in accordance with their water and hydraulic capacities. When necessary, the person interested in the new service, at their own cost, must make the required improvements to increase its capacity so that the service provisions comply with the principles of quantity, quality, and continuity, conforming to technical regulations, as well as to the provisions issued or validated by AyA” (the bold and underline are not from the original), without omitting that, if necessary, a Technical Study must be prepared by the interested persons, in accordance with clause 44 subsection d) of the rule cited above, which determines the improvements to be made and their cost, all of which is at the expense of the interested parties. Another situation that must be noted is that no aqueduct service operator is obligated to provide the service if they have not previously granted a positive certificate of service availability, which allows the persons to manage the proper municipal construction permits for their properties, as established in clauses 67 and 68 of the Reglamento para la prestación de los servicios del AyA. LEGAL BASIS AND OTHER CONSIDERATIONS NATIONALIZATION OF THE SERVICE The State has delegated part of its exclusive powers to AyA; these powers refer to the administration, operation, maintenance, and development of aqueduct and sewerage systems throughout the country, which leads us to conclude that this public service is nationalized. The foregoing finds its basis in the fact that these services are essential public services (see legal opinion C-373-03 of November 26, 2003, and multiple rulings of the Constitutional Chamber establishing access to potable water as a fundamental right), which means that AyA, the Municipalities, and companies authorized by law are the only ones with competence for the direct provision of public services or those private entities to which AyA has delegated its provision (indirect provision of public services). In the specific case, the Asociación Administradora del Acueducto del Asentamiento Monseñor Morera, legal entity identification number N° 3-002-291122, has a delegation agreement signed with AyA on May 27, 2013, which was countersigned by the Legal Directorate on the same day; therefore, it is legitimated to provide the aqueduct and/or sewerage service in the community. RIGHT TO HEALTH AND LIFE From Articles 21 and 50 of the Political Constitution, the right of persons to life and to health emerges, which are intimately linked, since life, as the supreme value protected by the Constitution, implies special protection, because without life, the protection of other fundamental rights would be of little use. Thus, life must be protected in all its aspects, from a physical, mental, and environmental perspective, and it is precisely there where the importance of protecting both the environment and natural resources arises in order to ensure the well-being of persons. Now, among other aspects, this well-being is achieved through the protection and conservation of the quality and quantity of water resources, so that it is potable for human consumption and thus protects people's health, since, being a necessary resource for hygiene, food, and drink, its contamination or poor management can produce serious harm to public health. In that sense, the protection, conservation, and management of services must be provided by the State (AyA, Municipalities, or ASADAs with a delegation agreement), the foregoing, to guarantee the access of this resource to all persons, as well as to ensure their compliance. Under that principle, the RIGHT TO WATER arises, which is protected by this Constitutional Court. It is reiterated that the State has delegated to AyA the task of “Directing and supervising everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection and evacuation of blackwater and liquid industrial waste and rainwater in urban areas”, it being required to guarantee this right to health and life. The Constitutional Chamber has ruled on cases where there are valid reasons to deny the provision of the service, concluding on this matter that, the provision of the service can be denied when there is no infrastructure, when the service enjoyed by the system's users is affected, and when the requirements have not been met. “Thus, this character as a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration can validly establish general requirements that must necessarily be met by each applicant to evaluate their particular requirement, for which reason the possibility of limiting the granting of new water connections is recognized for the purpose of ensuring the continuity of the provision of the public potable water supply service to the current users and domiciles that receive said service - see judgments numbers 2007-17475, at eleven hours five minutes on November thirtieth, two thousand seven, and 2008-11390, at eleven hours twenty-nine minutes on July twenty-second, two thousand eight”. (the bold and underline are not from the original) It is understood then that, although there is a fundamental right of access to potable water, which can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service can very well be subject to the existence of material and formal possibility of supply, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the potable water service (Ruling No. 2009-009936). Regarding this topic, this honorable Court recently ruled through ruling No. 2020009209 at nine hours fifteen minutes on May twenty-second, two thousand twenty, by stating: “In this regard, it is of merit to reiterate that as indicated in judgment No. 2017-000782 cited above, this Constitutional Chamber has considered that, although there is a fundamental right to potable water, its exercise is not indiscriminate to the point that there is an obligation on the part of the entities that provide that service to provide it under any condition and at any time. It has been repeatedly recognized that the ICAA, the associations that administer aqueducts and sewerage systems, and the municipalities that provide the potable water service, prior to approving or rejecting the availability requests made to them, are fully capable of demanding compliance with requirements established in the legal system and weighing legal and technical reasons (see, for example, judgments No. 2009-003825 at 16:49 hrs. on March 10, 2009, and No. 2010-010768 at 10:52 hrs. on June 18, 2020)”. (the highlighting is not from the original) The aforementioned ruling continues to state: It is accredited that the rejection of water availability that the petitioner complains about has not been dictated in an arbitrary or capricious manner, but rather is due to the real and current lack of hydraulic capacity of the aqueduct and of the quality of the water that supplies it. In this context, there being objective reasons to deny the request, it is not for the Chamber to mediate in favor of the protected party before the Administration, especially if what is sought is to be granted what is desired, contra legem, that is, contrary to the law. Likewise, this Court is not called upon to usurp the powers of the competent authorities and order, after analyzing the legality and technical appropriateness of said administrative ruling and verifying the legal and regulatory requirements of the protected party's request, that it proceed according to their wishes by declaring in a judgment the pertinence of resolving their request positively, as demanded”. (the highlighting is not from the original) REGARDING THE PETITIONER'S REQUEST Mr. [Nombre 001] alleges in his filing of this action that he is a resident of Parcelas Monseñor Morera, located in Tilarán de Guanacaste, and that he resides in a dwelling with his wife and his father. Furthermore, he states that he made a request to the ASADA Monseñor Morera, to apply for an aqueduct service, but it has been denied without basis and that, AyA informed the referenced ASADA of the possibility of making branch extensions. From report No. GSD-UEN-GAR-2024-00563 dated February 13, 2024, issued by the ORAC Región Chorotega (see exhibit No. 1) it follows that, both AyA and the ASADA Asentamiento Monseñor Morera have responded to the petitioner's requests, indicating that in cases where a service is required and the operator does not have the certainty of technical feasibility, the interested person may carry them out, along with the required improvements, covering the respective costs, in accordance with Article 14 of the Reglamento para la prestación de los servicios del AyA and clause 44 subsection d) of the Reglamento de ASADAS. The aforementioned report states in its conclusion: “The ASADA Parcelas Monseñor Morera, as the delegated operating entity for the potable water supply of the sector, does not have the required studies to technically determine if it has water and hydraulic capacity to address vegetative growth and grant new service availabilities without putting at risk the service provided to the 80 active subscribers of the aqueduct system. However, clause 44 of the Reglamento de ASADAS establishes the possibility for interested persons to carry out these studies and the required improvements at their own cost. AyA through the Oficina Regional de Acueductos Comunales addressed this case through official letter GSD-UEN-GAR-2022-00769 addressed to the petitioner, where he was informed of the appropriate procedure, based on Article 14 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios, in cases where the ASADA does not have suitable technical conditions to positively address a potable water availability. Furthermore, AyA has been instructing the ASADA's Board of Directors on the matter, through official letter GSD-UEN-GAR-2022-02871 and a visit logbook entry dated November 11, 2022. It is necessary to indicate that to date there is no technical study that determines the conditions of technical feasibility of the ASADA Parcelas Monseñor Morera, for which reason what was indicated to the petitioner is reiterated regarding the possibility of carrying out the required studies that determine the possibility of addressing his request. In addition to the above, it is worth mentioning that the ASADA Parcelas Monseñor Morera has never issued a positive certificate of service availability to the petitioner, that would allow him to process construction permits before the local government, for which reason it is unknown whether these were requested for the construction of the dwelling of Mr. [Nombre 003]”. (see exhibit No. 1) From the same facts narrated by Mr. [Nombre 001], as well as from the evidence he attaches, it follows that the ASADA of Asentamiento Monseñor Morera responded to his request through notes dated 04/22/2021, 02/21/2022, and 06/01/2022, and AyA responds through official letter No. GSD-UEN-GAR-2022-00769 dated 02/28/2022. On the other hand, it is noted that the petitioner does not state having made any type of request before AyA, for which reason, there is no non-compliance on the part of our client, it even being the case that, in the present case, our client advised the respondent ASADA on how to proceed in accordance with the law. The ASADA of Asentamiento Monseñor Morera sent the petitioner a document dated June 1, 2022, where it refers to what was responded to the ORAC Región Chorotega, specifically in the second point of Annex 1 of Exhibit No. 1 provided by our client, and which, within what interests us, indicates: “In the month of April 2021, before Mr. Norlin acquired the farm in question, he approached the Board of Directors to request and discuss the situation of water availability for his farm. At that time, a formal letter was issued to him, indicating that his property was located outside the perimeter of the settlement and that the aqueduct at this time only supplied the 80 existing subscribers; verbally, the situation of the well and the spring (naciente) was discussed with him.” The foregoing is consistent with the property registration certification presented as evidence by the petitioner, which demonstrates that he acquired the property on December 21, 2021, under his own responsibility and knowing that the ASADA had indicated the technical impossibility of granting him the service. The respondent ASADA also indicated to AyA in Annex 1 cited above, that Mr. [Nombre 003] again inquired about the case and the operator responded that the request for a certificate of availability was incomplete, but that, in addition, the ASADA does not have a technical study of the system, that they do not have economic resources to carry out a branch extension, because it is an aqueduct with few users, and that for this, a technical study of network expansion is required; it also refers that the farm of the respondent is for agricultural use, with an area of more than 23 thousand square meters, and finally, that the property acquired by the petitioner had a house built on it, which did not have the respective Municipal permits, because the ASADA never issued any certificate of service availability to him. The fact is that currently there is no technical feasibility in the sector where the petitioner's property is located, since according to clause 7, subsection 12 of the Reglamento para la prestación de los servicios del AyA, technical feasibility is defined as: “Analysis of technical feasibility for the granting of services: Process of verification of the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For such purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks pass in front of the boundaries of the property or have direct access via a public road or easement (servidumbre) of passage from the property for which a service is requested. b. That the systems have water, hydraulic, purification, and treatment capacity, sufficient to grant new services. c. That the system complies with the established quality attributes. d. That it complies with the corresponding environmental regulations. Observe that subsection a) of the rule cited above specifically refers that “the distribution and collection networks pass in front of the boundaries of the property or have direct access via a public road or easement (servidumbre) of passage from the property for which a service is requested”, a situation that is not being met in the present case. The ASADA of Asentamiento Monseñor Morera has abided by the principles of public service, applying the regulations in force, and has not violated what is established in clause 50 of the Political Constitution, since the Constitutional Chamber recently issued ruling No. 2021-007459 at nine hours fifteen minutes on April sixteenth, two thousand twenty-one, which states: This Court, in repeated jurisprudence, has recognized the so-called fundamental right to water, by which, all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, as it is essential for life and health. Likewise, this Chamber has stated that, despite the foregoing, this character as a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the Administration can validly establish general requirements that must necessarily be met by each applicant to evaluate their particular requirement, see in that regard Judgment No. 2018-004915 at 09:30 hours on March 23, 2018). Furthermore, it has been pointed out that although there is a fundamental right to water, the provision of the service may be subject to compliance with the requirements established for its granting, and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no abundant technical situations that make it impossible or inadvisable to provide the potable water service (see in that regard Judgments No. 2009-003825 at 16:49 hours on March 10, 2009, and No. 2018-004915 at 09:30 hours on March 23, 2018, among others)”. (the bold and underline are not from the original) It is reiterated, the ASADA of Asentamiento Monseñor Morera does not have hydraulic capacity up to the sector where the petitioner's property is located, in addition to the fact that it does not know the real capacity of its system given the absence of a technical study that determines it, for which reason it cannot grant new potable water services, a position that is neither capricious nor arbitrary, as it finds basis in the regulations in force. Furthermore, said operator has not granted certificates of service availability that would allow the processing of construction permits for the building of the dwelling located on the petitioner's property, as stated by the ASADA in Document Anexo No. 1 of Exhibit No. 1 provided by my client, for which reason it is unknown under what guidelines or requirements the house where the petitioner lives was built, since it is not the obligation of an aqueduct system operator to grant a service for a property where the certificate of service availability had not previously been issued, which guarantees technical feasibility, for the subsequent installation of the service, if it does not have the proper technical conditions, as is the case at hand. In addition to the above, as this Honorable Constitutional Court has referred to in repeated jurisprudence: “Likewise, the Chamber is not a comptroller of the legality of the actions of the Administration or, as in this case, of Associations acting on its behalf, so it is not its place to review the appropriateness of what was resolved by the respondent parties, regarding whether, by virtue of urbanistic, technical, and legal conditions, the water service alluded to by the petitioner should or should not be granted. Ergo, the disagreement that the promoting party has with such denial does not correspond to being analyzed or resolved in this venue, but rather before the respondent authority itself or through the competent legal channels, so that what is legally appropriate is resolved. Consequently, the action is dismissed, as indicated in the operative part of this resolution. (See ruling No. 2022008780 at nine hours twenty minutes on April twenty-second, two thousand twenty-two) To conclude, the Constitutional Chamber has indicated: “Thus, it is verified that there are technical reasons for not granting the availability sought by the petitioner, which was endorsed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Therefore, a violation of the fundamental rights of the petitioner is ruled out. Consequently, the action is declared without merit.” The ASADA of Asentamiento Monseñor Morera does not ignore its mission to promote the development of water systems and the sustainability of the communal operating entities in the national territory, for the provision of potable water services with quality, quantity, and continuity, but rather, for the sake of fulfilling said mission, it must adhere to the regulations in force. Regarding the actions of AyA, it is reiterated that there is no request or procedure carried out by Mr. [Nombre 001] before this Institution, as demonstrated by all the evidentiary material found in the virtual case file, but even so, the Institution sent him official letter No. GSD-UEN-GAR-2022-00769 dated 02/28/2022, in response to his procedures before the ASADA of Asentamiento Monseñor Morera, which is why there is no non-compliance on the part of our client”.\n\n4.- Odiney Ramírez Soto, in his capacity as president of the ASADA Monseñor Morera, responds as follows: “SOLE FACT: It is true that the Board of Directors of this ASADA denied the requests for installation of potable water service. The denials were made after having carried out a broad analysis; the act was duly motivated formally in accordance with the Ley General de la Administración Pública, as well as the Ley de Aguas, Reglamento de Acueductos Rurales, and Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, for the following reasons: a) It is not true that Mr. [Nombre 001] lacks water for his consumption, since his farm has a well duly registered before the Dirección de Aguas, File 23776, ID 33771 (copy of file attached). b) The petitioner here resides on an agricultural farm; he clearly provides a Property Registration Certification of the Property, where it is verified that the total area of the property is 23.0313 square meters, where he has livestock. It is not true that he resides in a 250-meter house, which he presents to your Authority as a registered study. In light of this situation, Mr. [Nombre 001] was informed in a reply dated June 1, 2022, that regarding this, he must comply with what is established in Article 34 of the Reglamento para la Prestación de Servicios de AYA, which clearly stipulates that he must COMPLY with the requirement established therein “(…)” c) Mr. [Nombre 001], even before acquiring the property in 2021, approached the ASADA to discuss the water service for the farm he wished to acquire; he also sent a request and went to the office of Acueductos Rurales; letters that were answered (a copy of the letter sent on June 1, 2022, is presented) and the ASADA at all times indicated to him that: > Said farm was located outside the perimeter and the water network of the aqueduct for the Monseñor Morera settlement area. That the ASADA did not have water capacity, since there are no Water Capacity studies that determine the amount of water existing, that the two springs (nacientes) we have dry up in the summer season in the month of December, leaving the ASADA only with the amount of water produced by the well, and in two summers we have had to ration the water, leaving the town without service for several hours during the day or all afternoon and night, in order to supply the small town.\n\nIn the brief notified to the appellant herein on June 1, 2022, it is clearly mentioned in the second point: \"...The ASADA does NOT have a technical study, nor a specific study on the quantity of water that well can provide, there is NO capacity test (aforo), therefore we CANNOT irresponsibly grant ANY water availability. The Service Provision Regulation clearly states in its Article 9 'it is the obligation of the drinking water service provider ... to provide them within the parameters of optimal provision regarding quality, quantity, continuity, reliability, universal access, efficiency, timeliness, sustainability...'; since there is no technical feasibility study nor a hydraulic network where Mr. [Name 001]'s property is located, 250 meters from the settlement, the Board of Directors cannot grant any availability....\". The service currently provided by the Asada is distributed within the perimeter of the Asada, where the last service connection (prevista) is located 600 meters from the storage tank and the rest of the area surrounding us consists of livestock farms, including his. It was explained to him that we are d) a very small ASADA and that our piping is old, so we cannot irresponsibly extend branches, much less for farm consumption, leaving the 80 families we were supplying at that time without the resource. The situation of his property was clarified to him, as having an area greater than 5,000 meters and having livestock, it was considered an agricultural farm. Above all, it was stated to him that the ASADA DOES NOT HAVE the budget to carry out the studies and works necessary to have technical feasibility to grant a new service on his farm and that he had to wait for the ASADA to have sufficient funds to perform the well capacity test, according to the AYA technical standard of 72 hours on the only existing well, where the quantity of water is verified in summer. At all times, the dismissal of his request has been substantiated, motivated, and justified on technical and legal grounds. Our ASADA DOES NOT have a hydraulic network that extends 2 kilometers away. (I present images of the settlement provided by INDER). The aqueduct association was formed for the purpose of providing drinking water service; however, this entity CANNOT act in a disorderly, arbitrary, or irresponsible manner, putting the existing population in need, falling into imprudence or recklessness on our part; we have the essential obligation to ensure the services already granted and that they receive the service efficiently. We must manage and efficiently exploit the precious liquid, safeguarding sustainable development in the face of the scarcity (sic) of the precious liquid. We are working every day on improving the network, but we must prioritize administrative needs: paying for electricity, the plumber, the C.C.S.S. payroll, the INS policy, the billing system, water quality tests, inventory, etc.; we had to make changes to the collection tank, acquire computer equipment for the electronic billing required by the Ministry of Finance; recently, two plots of land were donated to us on which we established an office; real estate for which we had to bring the real estate tax payments up to date, as well as for the lands where the well and the collection tank are located. 2) h) This Board of Directors has been requesting quotes for the pumping tests as well as the corresponding Technical Study, to include them in the Annual Plan and Budget for the year 2025; however, the investment for that project is approximately 8,927,000.00 (eight million nine hundred twenty-seven thousand exact colones), so we are currently in talks with the Municipality of Tilarán, INDER, and the entity ACTIVA, which was the one that donated the well drilling to us, seeking resources or donations that they can grant us to carry it out. The Board of Directors is very active and searching for resources that allow us to continue growing and to be able to extend branches, so that in the future the entire network continues to grow, doing everything possible so that projects are carried out in a timely manner, always seeking speed, efficiency, and effectiveness of the association's actions despite our scarce economic resources. Our Board of Directors has met on two occasions with Mr. [Name 001] and his wife, and we have discussed the entire situation of the existing aqueduct; at all times, it has been explained to the gentleman that we cannot extend piping, nor install branches capriciously and without complying with technical standards. The appellant, knowing the entire situation, and having been informed of the budget the ASADA needs to conduct the studies, seems to ignore everything answered and informed, filing this appeal as a new form of pressure, despite having explained all the existing drawbacks. Every human being of legal age must be responsible for their actions; it was Mr. [Name 001] who voluntarily decided to buy a property that did NOT have drinking water service, knowing that the ASADA did NOT have water availability, a situation that was reported to him since April 2021, and even so he decided in December of the same year to acquire the property. This ASADA has at NO time incurred in the violation of the Constitutional, Human, or Elderly Person Rights or Principles of Mr. [Name 001] or his family, and who irresponsibly, 4 months ago, brought an elderly person over 90 years old to live with him, being aware that he does NOT have drinking water and knowing the health status of the elderly person with the medical opinions he provides; at all times, he has been given a response, he even provides the responses received to Your Authority, nor has there been discrimination as he tries to portray; quite the contrary, the appellant lies, trying to take advantage of a false fact, leading a Constitutional Judge into the falsehood of not having a; he has a registered well on his property and states that he lives at: 255 meters; In this regard, the Constitutional Chamber in its rulings; see judgments: 2006-1898, 2007-13310, 2008-16311, 2018-8650, 2018-007369, and resolution N°2020012942, mentions (...) Therefore, IT IS NOT TRUE that this ASSOCIATION violates his fundamental right under Articles 27, 21, or 33 of the Political Constitution.\"\n\n5.- By resolution at 11:19 a.m. on March 4, 2024, evidence was requested for a better resolution.\n\n6.- Odiney Ramírez Soto, in his capacity as president of the ASADA Monseñor Morera, responds as follows: \"Complying with what was ordered by Your Authority in the order of eleven hours nineteen minutes on March fourth, two thousand twenty-four, I report the steps taken in this case: (inserts table) With the above table, I make it evident that the Asada has followed up on the case, they were always answered, the gentlemen are fully aware of the aqueduct's situation; the financial situation was also explained in detail, and that even though the Asada is self-sustainable, to carry out the important projects we have relied on donations, such as the drilling of the well, which was a special donation from the company ACTIVA, and the lands where the office is located today, which were donated by the Farmers' Association of Monseñor Morera. In our role as Asada, we have met with Inder staff to see the possibility of a donation of a new network; we were visited by the Engineering Department of AYA, engineer Oscar Ampié; we met with the company ACTIVA and sent a letter requesting donations to carry out the tests, technical study, and improvements to the aqueduct; engineers have visited us to provide quotes for the studies, which will cost approximately 8 million colones. The Board of Directors is willing to grow, provided it is orderly, sustainable, in accordance with regulations, and we all comply with the established rules. Therefore, I request this Constitutional Judge to dismiss this appeal; NO constitutional principle was EVER violated, leaving certainty that the appellant was answered for each of his requests, there has never been any discrimination.\"\n\n7.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Rueda Leal; and,\n\nConsidering:\n\nI.- ON ADMISSIBILITY.- This amparo appeal, despite having been filed against a private law entity, is admissible, in accordance with Article 57 of the Law of this jurisdiction, since it is clear that the respondent acts in the exercise of public functions or powers, and is, de jure and de facto, in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a) of the Constitutional Jurisdiction Law. In the specific case, compliance with these conditions is clear, as it concerns a private law entity that is exercising public powers by providing a public service, such as the supply of drinking water, and due to the specific circumstances, it is in a position to infringe upon the constitutional rights of the appellant, without common jurisdictional remedies being sufficient or timely.\n\nII.- Purpose of the appeal. The appellant claims that the respondent Asada arbitrarily denies him water service; he notes that he lives with an elderly person with health problems, so it should provide him the service. He asserts that his last two requests (April 25, 2022, and December 19, 2023) were not addressed.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) The appellant resides on an agricultural-use farm that has an artisanal well (pozo artesanal). His dwelling was built without having water availability from the respondent Asada. (See response provided and evidence submitted).\n\nb) On April 25, 2022, the petitioner requested before the respondent Asada: \"1. As indicated by you in letter dated February 21, 2022, our property is located outside the perimeter of the Parcelas Monseñor Morera settlement, so I request that you indicate to us: Which institution is responsible for the provision of drinking water service on our property, if not the ASADA MONSEÑOR MORERA VEGA? 2. Please indicate to us by means of a certificate what the current water capacity and/or water balances (Balances hídricos) maintained by the ASADA MONSEÑOR MORERA VEGA are as of today.\" (Uncontroverted fact).\n\nc) By official letter dated June 1, 2022, the respondent Asada sent the protected party a letter from September 18, 2020, informing him: \"The Asada does NOT have a technical study, nor a specific study on the quantity of water that well can provide, there is NO capacity test (aforo), therefore we CANNOT irresponsibly grant ANY water availability (...) The ASADA Monseñor Morera is currently UNABLE to grant an aqueduct service for which WE DO NOT HAVE TECHNICAL, WATER, OR HYDRAULIC FEASIBILITY (sic)...\". (See response and evidence submitted).\n\nd) By note dated December 19, 2023, the appellant indicated to the respondent Asada that his need for water service had increased, because his father (an elderly person with health conditions) was now living with him. He requested the Asada's help in obtaining such service. (Uncontroverted fact).\n\nIV.- On the specific case. In the sub examine, the appellant claims that the respondent Asada arbitrarily denies him water service. He asserts that his last two requests (April 25, 2022, and December 19, 2023) were not addressed. Having analyzed the case file, the Chamber found it proven that the appellant resides on an agricultural-use farm that has an artisanal well (pozo artesanal). His dwelling was built without having water availability from the respondent Asada. With respect to the request of April 25, 2022, the Chamber verified that the petitioner requested before the respondent Asada: \"1. As indicated by you in letter dated February 21, 2022, our property is located outside the perimeter of the Parcelas Monseñor Morera settlement, so I request that you indicate to us: Which institution is responsible for the provision of drinking water service on our property, if not the ASADA MONSEÑOR MORERA VEGA? 2. Please indicate to us by means of a certificate what the current water capacity and/or water balances (Balances hídricos) maintained by the ASADA MONSEÑOR MORERA VEGA are as of today.\"\n\nThe claim regarding the response to that note cannot prosper. First, it is recalled that the exercise of the right of petition is limited when dealing with a private law entity:\n\n\"V.- ON THE RIGHT OF PETITION BEFORE PRIVATE LAW ENTITIES: THE CASE OF THE AQUEDUCT AND SANITARY SEWER ADMINISTRATIVE ASSOCIATIONS. The Constitutional Chamber has established, on multiple occasions, that the right of petition and prompt resolution, guaranteed in Article 27 of the Political Constitution, can only be exercised against Public Administrations. It is recalled that, regarding requests for information presented before private law entities, such as associations, the rights of members will be protected for violation of the right of association. In this regard, this Chamber has indicated:\n\n'(...) As the respondent party is a private association, no violation of Article 27 of the Constitution is possible. That said, this Chamber recognizes that the members of an association do have the right to obtain information from it, precisely because of their status as members, and if the information is not provided to them, the right of association enshrined in Article 25 of the Political Constitution is violated (...)' (see Judgment No. 2003-15266 of 13:52 hours on December 19, 2003).\" (Judgment No. 2022001090 of 9:20 a.m. on January 14, 2022).\n\nIn the sub lite, the protected party seeks to belong to the respondent Asada and obtain its service; ergo, he does not have the status of subscriber or member, required to exercise the rights linked to such status, in the terms of the transcribed precedent.\n\nA second reason to dismiss the claim arises from the response provided to the appellant through a note dated June 1, 2022, given that a letter from September 18, 2020, was sent to him, informing him: \"The Asada does NOT have a technical study, nor a specific study on the quantity of water that well can provide, there is NO capacity test (aforo), therefore we CANNOT irresponsibly grant ANY water availability (...) The ASADA Monseñor Morera is currently UNABLE to grant an aqueduct service for which WE DO NOT HAVE TECHNICAL, WATER, OR HYDRAULIC FEASIBILITY (sic)...\". It is considered that the previous response addresses the interested party's request regarding the competence of the respondent Asada.\n\nFinally, it is also inappropriate to seek to have this claim accepted via amparo, given that a period just under two years elapsed between the filing of the request (April 25, 2022) and the filing of this appeal (February 7, 2024), which means the possibility of accepting this claim in this venue has lapsed (Article 35 of the Constitutional Jurisdiction Law).\n\nV.- Regarding the request of December 19, 2023, the Chamber observes that two months had not elapsed between that moment and the filing of the amparo (February 7, 2024), so such filing is deemed premature.\n\nVI.- Regarding the denial of water service, the Chamber recalls its jurisprudence:\n\n\"...the denial was based on the lack of technical feasibility due to insufficient water and hydraulic capacity in the area's supply system, therefore there is no availability of drinking water service for new development projects.\n\nThus, it is proven that the sub lite does not concern an arbitrary denial of drinking water service, as this was based on the lack of technical feasibility. In this line, note that this Constitutional Court is not a controller of the legality of the actions or resolutions of the respondent authority, nor can it replace the active Administration in the management of its competencies, so it is not appropriate to usurp the powers that have been legally conferred on other dependencies, bodies, or entities, such as AyA. Nor does this Court act as a mediator before a specific physical or legal person —whether public or private— to intercede so that what the appellant seeks is granted...\" (Judgment No. 2021-18977 of 11:50 a.m. on August 24, 2021).\n\nTo that extent, the Chamber does not consider the Asada's response to be arbitrary, given that it cites the lack of technical capacity to provide the intended service, which does not constitute arbitrary action, as indicated in the transcribed jurisprudence. By virtue of the foregoing, the appeal is dismissed.\n\nVII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch\", approved by the Full Court in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in Article LXXXI of session No. 43-12 held on May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is dismissed.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\nAnamari Garro V.\nIngrid Hess H.\nIleana Sánchez N.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n*TKM82GER8OE61*\n\nEXPEDIENTE N° 24-003231-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:49:49.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }