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  "id": "nexus-sen-1-0007-1274556",
  "citation": "Res. 02797-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Acceso a expediente y petición sobre Parque Tecnológico Aczarri",
  "title_en": "Access to Administrative File and Petition Regarding Aczarri Environmental Technology Park",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un estudiante de periodismo contra la Municipalidad de Aserrí, por no haber respondido oportunamente dos gestiones relacionadas con el Parque Tecnológico Ambiental Aczarri. La primera gestión solicitaba copia del expediente administrativo completo del proyecto, con énfasis en los permisos municipales de la celda única. La segunda planteaba una serie de preguntas sobre el funcionamiento de dicha celda, la actuación de la COMIMA y la posición del municipio frente a la falta de estudio de impacto ambiental y audiencia pública. La Sala determinó que la Municipalidad lesionó el derecho de petición al contestar tardíamente las preguntas (solo lo hizo tras la notificación del curso del amparo) y lesionó el derecho de acceso a la información administrativa al denegar infundadamente la copia del expediente, argumentando que el caso estaba en trámite. Se declaró con lugar el amparo, ordenando entregar la copia del expediente y declarando la lesión del derecho de petición respecto de las preguntas ya contestadas. Se condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by a journalism student against the Municipality of Aserrí, for failing to respond promptly to two requests concerning the Aczarri Environmental Technology Park. The first request sought a copy of the complete administrative file for the project, emphasizing municipal permits for the single cell. The second posed a series of questions regarding the operation of that cell, COMIMA's role, and the municipality's stance on the lack of an environmental impact study and public hearing. The Chamber held that the Municipality violated the right to petition by answering the questions only after being notified of the amparo, and violated the right of access to administrative information by groundlessly denying the copy, claiming the case was pending. The amparo was granted: the Municipality was ordered to provide a copy of the file, and a declaration of violation of the right to petition was entered for the already-answered questions. The Municipality was ordered to pay costs, damages, and losses.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "31/01/2025",
  "year": "2025",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental",
    "environmental-law-7554"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "derecho de petición",
    "acceso a la información administrativa",
    "expediente administrativo",
    "amparo",
    "COMIMA",
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    "SETENA",
    "viabilidad ambiental"
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  "concept_anchors": [
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      "article": "Art. 11",
      "law": "Constitución Política"
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      "article": "Art. 27",
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      "law": "Constitución Política"
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      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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  "keywords_es": [
    "derecho de petición",
    "acceso a la información administrativa",
    "Municipalidad de Aserrí",
    "Parque Tecnológico Ambiental Aczarri",
    "celda única",
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    "recurso de amparo"
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  "keywords_en": [
    "right to petition",
    "access to administrative information",
    "Municipality of Aserrí",
    "Aczarri Environmental Technology Park",
    "single cell",
    "COMIMA",
    "administrative transparency",
    "administrative publicity",
    "amparo action"
  ],
  "excerpt_es": "VI.- CONCLUSIÓN. Expuestas las consideraciones anteriores, en la especie, se concluye que la Municipalidad de Aserrí ha lesionado los derechos de petición y de acceso a la información. En consecuencia, corresponde declarar con lugar este proceso de amparo, como en efecto se dispone y ordenar a la corporación municipal recurrida a entregarle al tutelado la copia del expediente administrativo completo del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri. En cuanto a la gestión de 28 de abril de 2024, se tiene que con ocasión de este proceso de amparo la pretensión del tutelado fue satisfecha, por lo que la declaratoria al respecto refiere, únicamente, a la declaratoria de la lesión del derecho de petición.\n\nPor tanto:\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Patricia Mayela Porras Segura, en calidad de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Aserrí, o a quien ocupe tal cargo, tomar las medidas correspondientes y en el ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, posteriores a la notificación de esta sentencia, al amparado se le brinde copia del expediente administrativo completo del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri.",
  "excerpt_en": "VI.- CONCLUSION. Having set forth the foregoing considerations, in the instant case, it is concluded that the Municipality of Aserrí has violated the rights to petition and to access to information. Consequently, this amparo proceeding must be granted, as hereby ordered, and the respondent municipal corporation is ordered to provide the petitioner with a copy of the complete administrative file of the Aczarri Environmental Technology Park. With regard to the request of April 28, 2024, it is noted that by reason of this amparo proceeding the petitioner's claim was satisfied, so that the declaration in this regard refers solely to the declaration of violation of the right to petition.\n\nTherefore:\nThe amparo is granted. Patricia Mayela Porras Segura, in her capacity as Municipal Mayor of the Municipality of Aserrí, or whoever holds that office, is ordered to take the corresponding measures and within the scope of her authority so that, within a period of TEN DAYS following notification of this judgment, the petitioner is provided with a copy of the complete administrative file of the Aczarri Environmental Technology Park.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The amparo is granted for violation of the rights to petition and access to information; the Municipality is ordered to provide a copy of the Aczarri Environmental Technology Park file within ten days, and costs and damages are awarded against the Municipality.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el amparo por violación de los derechos de petición y acceso a la información; se ordena entregar copia del expediente del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri en diez días y se condena en costas a la Municipalidad de Aserrí."
  },
  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "However, in the opinion of this Court, such restriction is arbitrary. This is because, from the elements of record, it is inferred that the file information relates to the execution and operation of a technology park, which is of public interest and relates to both transparency and publicity of administrative actions.",
      "quote_es": "No obstante, a criterio de este Tribunal, tal restricción resulta arbitraria. Ello, por cuanto, de los elementos que obran en autos, se colige que la información del expediente se relaciona con la ejecución y funcionamiento de un parque tecnológico, la cual reviste de interés público y se relaciona tanto con la transparencia como con la publicidad de las actuaciones administrativas."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "It must be borne in mind that said response was untimely, which constitutes a violation of the petitioner's right to petition.",
      "quote_es": "Debe tenerse presente que dicha contestación fue tardía, lo que se erige como una lesión al derecho de petición del recurrente."
    }
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1274556",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 02797 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 31 de Enero del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 24-013082-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-013082-0007-CO\n\nRes. Nº 2025002797\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de enero de dos mil veinticinco .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-013082-0007-CO, interpuesto por Nombre119984   , cédula de identidad CED6809, contra la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea y que fue incorporado al expediente electrónico a las 20:55 horas de Dirección5754    , el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Aserrí. Manifiesta que, mediante correo electrónico enviado el 23 de abril del 2024, a la dirección ...568, así como a otros correos electrónicos de diferentes funcionarios de la Municipalidad de Aserrí, solicitó la siguiente información: “(…)  el expediente administrativo completo del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri; con especial énfasis en los permisos municipales otorgados, denegados o en trámite para ese complejo, incluido todo lo relacionado con la celda única. Ruego acusar recibido (…)”. Asimismo, señala que, el 28 de abril del mismo año, presentó una nueva gestión dirigida al mismo correo electrónico oficial de la Municipalidad de Aserrí, en la cual solicitó la siguiente información: “(…) A continuación envío una serie de preguntas relacionadas al Parque Tecnológico Ambiental Aczarri, solicito respetuosamente me sean respondidas en el plazo de ley. 1. En la comparecencia en la Asamblea Legislativa funcionarias de la Municipalidad de Aserrí admitieron que la Celda Única del Parque Tecnológico Aczarri funcionó sin permisos municipales, ¿actualmente ya tiene esos permisos? 2. ¿Cuándo se dieron cuenta de que no tenía permisos? Llegado ese momento, ¿clausuraron la celda única hasta que tanto obtuviera dichos permisos? Y si no fue así, ¿por qué no se clausuró, a pesar de la falta de permisos? 3. ¿Iniciaron o van iniciar acciones administrativas de investigación y/o sancionatorias por el funcionamiento por casi 4 años sin permisos de la celda única? Y con esto me refiero tanto contra la empresa EBI-Berthier (administradora del relleno sanitario) como también contra las personas funcionarias que faltaron al deber de vigilancia.  4. Ustedes cuentan con un representante en la Comima, ¿Está en funcionamiento esa comisión? Y si no es así, ¿Cuáles son las razones?  5. ¿Cuál es el control que han realizado, ustedes como Municipalidad, sobre ese complejo y sobre la celda única?  6. ¿Cuál es la posición del municipio frente a que Nombre3456 haya permitido el funcionamiento de la celda única sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública? (…)”. No obstante, reclama que, a la fecha de interposición de este recurso de amparo, no había obtenido respuesta por parte de la Municipalidad de Aserrí. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala.\n\n 2.- Por resolución de las 14:43 horas de 17 de mayo de 2024, se le dio curso a este proceso de amparo y se le solicitó informe a la Alcaldesa Municipalidad de Aserrí.\n\n3.- Informa, bajo juramento, Patricia Mayela Porras Segura, en calidad de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Aserrí. Manifiesta que la dirección de correo electrónico ...568, es el único mecanismo de comunicación oficial establecido por esa municipalidad para que los administrados puedan plantear sus consultas y gestiones. De otra parte, señala que, tal como lo indica el mismo recurrente, sus consultas fueron remitidas en fecha del 23 y 28 de abril de 2024, y ambas fueron contestadas por la ingeniera Rebeca Soto Arce, mediante correo electrónico con fecha del 13 de mayo de 2024, donde se le indica que por estar en trámite la gestión, solo las partes pueden tener acceso, por lo que no es de recibo lo indicado por el recurrente respecto a la falta de respuesta a las consultas planteadas.  Además, alega que omite mencionar el recurrente que, de forma paralela, el 23 de abril de 2024, solicitó también, mediante correo al servicio al usuario, información sobre este mismo tema, la cual fue remitida en fecha del 25 de abril de 2024. Indica que, sobre esta respuesta, solicitó información adicional 16 de mayo de 2024 y se le contestó el 21 de mayo de 2024. Luego, volvió a solicitar información adicional mediante el correo con fecha del 23 de mayo de 2024 y la respuesta le fue enviada el 24 de mayo de 2024.  Afirma que en las respuestas dadas al recurrente, se le contestó algunas de las interrogantes planteadas en los otros correos, ya que en dichos acuerdos consta información sobre todos los pormenores de la celda única, lo cual evidencia mala fe en el actuar del recurrente al interponer este recurso de amparo.  Manifiesta que, el resto de la información, al encontrarse ya en el momento procesal oportuno, ya fue remitida al correo de este, incluyendo la respuesta a ciertas preguntas subjetivas, que, al no ser información pública, esa municipalidad no está en la obligación de contestar”.  Solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo.\n\n 4.- Los días 28 de mayo y 15 de octubre de 2024, el recurrente aporta manifestaciones.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que, mediante correos electrónicos enviados el 23 de abril y 28 de abril, ambos de 2024, interpuso ante la entidad recurrida una petición de información de su interés, ejerciendo su derecho de acceso a la información pública y derecho de petición respectivamente. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso de amparo, no había obtenido respuesta. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala.\n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1.    Mediante correo electrónico enviado en fecha 23 de abril de 2024 a la dirección electrónica ...568, el recurrente interpuso una gestión ante la Municipalidad de Aserrí, solicitando lo siguiente: “(…) solicito respetuosamente, en el plazo de ley, el expediente administrativo completo del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri; con especial énfasis en los permisos municipales otorgados, denegados o en trámite para ese complejo, incluido todo lo relacionado con la celda única. Ruego acusar recibido (…)” (prueba aportada).\n\n2.    El correo ...568 está designado como el canal oficial para la recepción de documentación u oficios digitales dirigidos la Municipalidad de Aserrí (informe rendido).\n\n3.    En fecha 25 de abril de 2024, la Municipalidad de Aserrí dio respuesta al recurrente, indicando: “(…) Se traslado a la Unidad Ejecutora correspondiente la información solicitada (…)” (Sic) (informe rendido y prueba aportada).\n\n4.    El 28 de abril de 2024, el recurrente presenta una nueva gestión, en los siguientes términos: “(…) A continuación envío una serie de preguntas relacionadas al Parque Tecnológico Ambiental Aczarri, solicito respetuosamente me sean respondidas en el plazo de ley. 1. En la comparecencia en la Asamblea Legislativa funcionarias de la Municipalidad de Aserrí admitieron que la Celda Única del Parque Tecnológico Aczarri funcionó sin permisos municipales, ¿actualmente ya tiene esos permisos? 2. ¿Cuándo se dieron cuenta de que no tenía permisos? Llegado ese momento, ¿clausuraron la celda única hasta que tanto obtuviera dichos permisos? Y si no fue así, ¿por qué no se clausuró, a pesar de la falta de permisos? 3. ¿Iniciaron o van iniciar acciones administrativas de investigación y/o sancionatorias por el funcionamiento por casi 4 años sin permisos de la celda única? Y con esto me refiero tanto contra la empresa EBI-Berthier (administradora del relleno sanitario) como también contra las personas funcionarias que faltaron al deber de vigilancia.  4. Ustedes cuentan con un representante en la Comima, ¿Está en funcionamiento esa comisión? Y si no es así, ¿Cuáles son las razones?  5. ¿Cuál es el control que han realizado, ustedes como Municipalidad, sobre ese complejo y sobre la celda única?  6. ¿Cuál es la posición del municipio frente a que Nombre3456 haya permitido el funcionamiento de la celda única sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública? (…)” (prueba aportada).\n\n5.    El 29 de abril del 2024, la municipalidad recurrida respondió el correo del recurrente, indicando: “(…) Las consultas se trasladaron directamente a la Alcaldía Municipal para su respuesta (…)” (informe y prueba aportada).\n\n6.    El 10 de mayo de 2024, el recurrente reitera las gestiones solicitadas al ente recurrido (prueba aportada).\n\n7.    El 14 de mayo de 2024, la Municipalidad de Aserrí, por medio de la ingeniera Rebeca Soto Arce contesta los correos remitidos por el amparado, y le contesta que se le rechaza la gestión ya que: (…) El caso aún se encuentra en trámite por lo que sólo las partes involucradas tienen acceso (…)” (informe y prueba aportada).\n\n8.    A la fecha de interposición de este recurso de amparo, sea, 16 de mayo de 2024, la Municipalidad de Aserrí no había dado respuesta al recurrente respecto de la gestión incoada el 28 de abril de 2024 (los autos).\n\n9.    La resolución de curso dictada en este proceso de amparo fue notificada a la Alcaldesa de Aserrí el 22 de mayo de 2024 (acta de notificación).\n\n10.   El 24 de mayo de 2024, mediante correo electrónico remitido a la cuenta de correo señalada por el recurrente, se le entregaron los oficios SMA-538-05-2024, SMA-0657-05-2024 y SMA-0684-05-2024. Además, se le indicó: “(…)  4. Le recalco el punto 2 del anterior correo donde se indica que solamente la empresa presentó recurso de apelación: \"En este caso, la empresa presentó el recurso de apelación de acuerdo con lo establecido en el artículo 163 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días después de ser notificados, cumpliendo así con los requisitos de tiempo y forma.\" 5. El acuerdo 14-003 todavía se encuentra en proceso de firmas (…)” (informe y prueba aportada).\n\n11.   El 27 de mayo de 2024, la Municipalidad de Aserrí notificó al recurrente el oficio MA-ASAM-001-2024, en los siguientes términos: “(…) En seguimiento a las preguntas realizadas por su persona, enviamos la siguiente información: ¿Iniciaron o van a iniciar acciones administrativas de investigación y/o sancionatorias por el funcionamiento por casi 4 años sin permisos de la celda única? Y con esto me refiero tanto contra la empresa EBI-Berthier (administradora del relleno sanitario) como también contra las personas funcionarias que faltaron al deber de vigilancia.” Como el caso aún se encuentra en estudio, no podemos adelantar criterio, debido al derecho a la legítima respuestas de las partes. “Ustedes cuentan con un representante en la COMIMA, ¿Está en funcionamiento esa comisión? Y si no es así, ¿Cuáles son las razones?” Efectivamente la Municipalidad de Aserrí, cuenta con un representante en la COMIMA, en este caso en la ingeniera Jossette Mata Ruiz, Gestora Ambiental. La COMIMA funciona con normalidad, siendo liderada por el Sr. Jorge Boza, representante de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). “¿Cuál es el control que han realizado, ustedes como Municipalidad, sobre ese complejo y sobre la celda única?” Se han realizado inspecciones con la COMIMA, con la Dirección de Gestión Urbana y Rural y con la Unidad Técnica de Gestión Vial. “¿Cuál es la posición del municipio frente a que Nombre3456 haya permitido el funcionamiento de la celda única sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública?” En este caso, Nombre3456 la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es el órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), de manera, que al brindar el permiso de viabilidad ambiental, es un tema en el que la Municipalidad de Aserrí, no tiene mayor injerencia (…)” (informe y prueba aportada).\n\n III.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN. Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo el artículo 27, de la Constitución Política, y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por lo anterior, debe emitir respuesta oportuna, sin denegación de ninguna especie, empero cabe la excepción de que no pueda cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud. Por su parte, el artículo 30, de la Constitución Política, recoge el derecho de las personas de acceder a la información de éstas de entregar dicha información de forma inmediata si lo pedido está disponible y todo lo anterior sin perjuicio la existencia de posibles excepciones en las que la información debe reservarse en atención a la protección de derechos e intereses relevantes, reconocidos formalmente.\n\nIV.- SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. Este Tribunal Constitucional, en la Sentencia N° 2120-2003 de las 13:30 horas de 14 de marzo de 2003, estimó lo siguiente:\n\n“(…) I.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD ADMINISTRATIVAS. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración respectiva, deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda la actuación o función administrativa. Las organizaciones colectivas del Derecho Público –entes públicos- están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados. Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con los administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor participación directa y activa en la gestión pública y de actuar los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas actualmente incorporados a nuestro texto constitucional (artículo 11 de la Constitución Política). Bajo esta inteligencia, el secreto o la reserva administrativa son una excepción que se justifica, únicamente, bajo circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes constitucionalmente relevantes. Existen diversos mecanismos para alcanzar mayores niveles de transparencia administrativa en un ordenamiento jurídico determinado, tales como la motivación de los actos administrativos, las formas de su comunicación –publicación y notificación-, el trámite de información pública para la elaboración de los reglamentos y los planes reguladores, la participación en el procedimiento administrativo, los procedimientos de contratación administrativa, etc., sin embargo, una de las herramientas más preciosas para el logro de ese objetivo lo constituye el derecho de acceso a la información administrativa.\n\nII.- EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. El ordinal 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los “departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público”, derecho fundamental que en la doctrina se ha denominado derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, sin embargo, la denominación más acertada es la de derecho de acceso a la información administrativa, puesto que, el acceso a los soportes materiales o virtuales de las administraciones públicas es el instrumento o mecanismo para alcanzar el fin propuesto que consiste en que los administrados se impongan de la información que detentan aquéllas. Es menester indicar que no siempre la información administrativa de interés público que busca un administrado se encuentra en un expediente, archivo o registro administrativo. El derecho de acceso a la información administrativa es un mecanismo de control en manos de los administrados, puesto que, le permite a éstos, ejercer un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes públicos. Las administraciones públicas eficientes y eficaces son aquellas que se someten al control y escrutinio público, pero no puede existir un control ciudadano sin una adecuada información. De este modo, se puede establecer un encadenamiento lógico entre acceso a la información administrativa, conocimiento y manejo de ésta, control ciudadano efectivo u oportuno y administraciones públicas eficientes. El derecho de acceso a la información administrativa tiene un profundo asidero en una serie de principios y valores inherentes al Estado Social y Democrático de Derecho, los cuales, al propio tiempo, actúa. Así, la participación ciudadana efectiva y directa en la gestión y manejo de los asuntos públicos resulta inconcebible si no se cuenta con un bagaje importante de información acerca de las competencias y servicios administrativos, de la misma forma, el principio democrático se ve fortalecido cuando las diversas fuerzas y grupos sociales, económicos y políticos participan activa e informadamente en la formación y ejecución de la voluntad pública. Finalmente, el derecho de acceso a la información administrativa es una herramienta indispensable, como otras tantas, para la vigencia plena de los principios de transparencia y publicidad administrativas. El contenido del derecho de acceso a la información administrativa es verdaderamente amplio y se compone de un haz de facultades en cabeza de la persona que lo ejerce tales como las siguientes: a) acceso a los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso a los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados –bases de datos ficheros-; c) facultad del administrado de conocer los datos personales o nominativos almacenados que le afecten de alguna forma, d) facultad del administrado de rectificar o eliminar esos datos si son erróneos, incorrectos o falsos; e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos o virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de los mismos.\n\nIII.- TIPOLOGIA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. Se puede distinguir con claridad meridiana entre el derecho de acceso a la información administrativa (a) ad extra –fuera- y (b) ad intra –dentro- de un procedimiento administrativo. El primero se otorga a cualquier persona o administrado interesado en acceder una información administrativa determinada –uti universi- y el segundo, únicamente, a las partes interesadas en un procedimiento administrativo concreto y específico –uti singuli-. Este derecho se encuentra normado en la Ley General de la Administración Pública en su Capítulo Sexto intitulado “Del acceso al expediente y sus piezas”, Título Tercero del Libro Segundo en los artículos 272 a 274 (…)”.\n\nV.- CASO CONCRETO. En el sub examine, a partir de la relación de hechos probados y demás elementos que obran en autos, se tiene por acreditado que el recurrente interpuso dos gestiones ante la Municipalidad de Aserrí, las cuales fueron incoadas a través de correos electrónicos remitidos a la cuenta ...568, la cual está designada como el canal oficial para la recepción de documentación u oficios digitales dirigidos a la corporación municipal. Dichas gestiones son las siguientes:\n\na.- Solicitud de copia del expediente administrativo. En una primera gestión, en fecha 23 de abril de 2024, el tutelado indicó: “(…) solicito respetuosamente, en el plazo de ley, el expediente administrativo completo del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri; con especial énfasis en los permisos municipales otorgados, denegados o en trámite para ese complejo, incluido todo lo relacionado con la celda única.  Ruego acusar recibido (…)”. En atención a esto, el 25 de abril de 2024, la entidad accionada dio respuesta al recurrente indicando: “(…) Se traslado a la Unidad Ejecutora correspondiente la información solicitada (…)” (Sic). En atención a ello, el 14 de mayo de 2024, la corporación municipal accionada indicó al amparado lo siguiente: “(…) El caso aún se encuentra en trámite por lo que sólo las partes involucradas tienen acceso (…)”.\n\nA partir de lo anterior, se tiene que la Municipalidad de Aserrí denegó la copia del expediente administrativo solicitado indicando que el tema de fondo se encontraba en trámite. No obstante, a criterio de este Tribunal, tal restricción resulta arbitraria. Ello, por cuanto, de los elementos que obran en autos, se colige que la información del expediente se relaciona con la ejecución y funcionamiento de un parque tecnológico, la cual reviste de interés público y se relaciona tanto con la transparencia como con la publicidad de las actuaciones administrativas. Asimismo, es menester indicar que la solicitud del recurrente, además de adecuar son los principios ante dichos, tiene fines académicos, pues este es estudiante de periodismo.\n\nA mayor abundamiento, el derecho de acceso a la información se encuentra vinculado al derecho de petición de los administrados, sobre los asuntos que son de su interés o de interés público, según sea el caso en particular, siendo que el ejercicio de este derecho se realiza por medio de petición escrita al medio oficial respectivo. Se hace ver que, para el rechazo de gestiones conducidas al acceso a la información de la Administración Pública, este debe ser fundado debidamente y amparado en una norma que como tal así lo disponga, con estricto respecto al Principio Generalísimo de Legalidad contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política.  Dado lo anterior, si bien no toda información que almacene la Administración Pública es de acceso para cualquier ciudadano, la realidad es que, cuando se trata de todo aquello distinto a un procedimiento administrativo en el cual se puedan vulnerar derechos fundamentales de terceros, debe ser de acceso público para el ejercicio correcto de la fiscalización de los actos públicos, en especial cuando se utilizan fondos públicos, como es el caso que nos ocupa.  El recurrente solicita información específicamente de un proyecto con fondos públicos que se desarrolla en el cantón de Aserrí, del cual la municipalidad recurrida tiene información requerida por el recurrente; empero, sin fundamentación oportuna y concreta, se le niega la información requerida. Dicho esto, no encuentra este Tribunal razón válida alguna para que la Municipalidad de Aserrí haya denegado al amparado la copia del expediente supra citado, lesionando, con ello, el derecho de acceso a la información de este.\n\nb.- Gestión relacionada con consultas sobre el Parque Tecnológico Ambiental Aczarri. En fecha 28 de abril de 2024, el recurrente presentó una nueva gestión, en los siguientes términos: “(…) A continuación envío una serie de preguntas relacionadas al Parque Tecnológico Ambiental Aczarri, solicito respetuosamente me sean respondidas en el plazo de ley. 1. En la comparecencia en la Asamblea Legislativa funcionarias de la Municipalidad de Aserrí admitieron que la Celda Única del Parque Tecnológico Aczarri funcionó sin permisos municipales, ¿actualmente ya tiene esos permisos? 2. ¿Cuándo se dieron cuenta de que no tenía permisos? Llegado ese momento, ¿clausuraron la celda única hasta que tanto obtuviera dichos permisos? Y si no fue así, ¿por qué no se clausuró, a pesar de la falta de permisos? 3. ¿Iniciaron o van iniciar acciones administrativas de investigación y/o sancionatorias por el funcionamiento por casi 4 años sin permisos de la celda única? Y con esto me refiero tanto contra la empresa EBI-Berthier (administradora del relleno sanitario) como también contra las personas funcionarias que faltaron al deber de vigilancia.  4. Ustedes cuentan con un representante en la Comima, ¿Está en funcionamiento esa comisión? Y si no es así, ¿Cuáles son las razones?  5. ¿Cuál es el control que han realizado, ustedes como Municipalidad, sobre ese complejo y sobre la celda única?  6. ¿Cuál es la posición del municipio frente a que Nombre3456 haya permitido el funcionamiento de la celda única sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública? (…)”. Sobre esta, la corporación municipal le brindó una primera respuesta, indicando: “(…) Las consultas se trasladaron directamente a la Alcaldía Municipal para su respuesta (…)”. Posterior a ello, la municipalidad no dio más respuesta al recurrente, por lo que este, en fecha 10 de mayo de 2024, reiteró la gestión. Sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso de amparo, al tutelado no se le había dado una respuesta. Fue con ocasión de la notificación de la resolución de curso dictada en este proceso de amparo, acto procesal efectuado el 22 de mayo de 2024, que la Municipalidad de Aserrí dio una respuesta al recurrente. Así, el 24 de mayo de 2024, al amparado se le entregaron los oficios SMA-538-05-2024, SMA-0657-05-2024 y SMA-0684-05-2024. Además, se le indicó: “(…)  4. Le recalco el punto 2 del anterior correo donde se indica que solamente la empresa presentó recurso de apelación: \"En este caso, la empresa presentó el recurso de apelación de acuerdo con lo establecido en el artículo 163 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días después de ser notificados, cumpliendo así con los requisitos de tiempo y forma.\" 5. El acuerdo 14-003 todavía se encuentra en proceso de firmas (…)”.\n\nAunado a lo anterior, el 27 de mayo de 2024, la Municipalidad de Aserrí notificó al recurrente el oficio MA-ASAM-001-2024, en los siguientes términos: “(…) En seguimiento a las preguntas realizadas por su persona, enviamos la siguiente información: ¿Iniciaron o van a iniciar acciones administrativas de investigación y/o sancionatorias por el funcionamiento por casi 4 años sin permisos de la celda única? Y con esto me refiero tanto contra la empresa EBI-Berthier (administradora del relleno sanitario) como también contra las personas funcionarias que faltaron al deber de vigilancia.” Como el caso aún se encuentra en estudio, no podemos adelantar criterio, debido al derecho a la legítima respuestas de las partes. “Ustedes cuentan con un representante en la COMIMA, ¿Está en funcionamiento esa comisión? Y si no es así, ¿Cuáles son las razones?” Efectivamente la Municipalidad de Aserrí, cuenta con un representante en la COMIMA, en este caso en la ingeniera Jossette Mata Ruiz, Gestora Ambiental. La COMIMA funciona con normalidad, siendo liderada por el Sr. Jorge Boza, representante de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). “¿Cuál es el control que han realizado, ustedes como Municipalidad, sobre ese complejo y sobre la celda única?” Se han realizado inspecciones con la COMIMA, con la Dirección de Gestión Urbana y Rural y con la Unidad Técnica de Gestión Vial. “¿Cuál es la posición del municipio frente a que Nombre3456 haya permitido el funcionamiento de la celda única sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública?” En este caso, Nombre3456 la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es el órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), de manera, que al brindar el permiso de viabilidad ambiental, es un tema en el que la Municipalidad de Aserrí, no tiene mayor injerencia (…)” .\n\nEn virtud de lo solicitado por el recurrente y la respuesta brindada por la autoridad, corresponde hacer el siguiente análisis comparativo:\n\n \n\n \n\n \n\nSolicitud\n\n\t\n\n \n\nSe le dio respuesta\n\n\n\n\n \n\n1. En la comparecencia en la Asamblea Legislativa funcionarias de la Municipalidad de Aserrí admitieron que la Celda Única del Parque Tecnológico Aczarri funcionó sin permisos municipales, ¿actualmente ya tiene esos permisos?\n\n\t\n\n \n\nSí\n\n\n\n\n \n\n2. ¿Cuándo se dieron cuenta de que no tenía permisos? Llegado ese momento, ¿clausuraron la celda única hasta que tanto obtuviera dichos permisos? Y si no fue así, ¿por qué no se clausuró, a pesar de la falta de permisos?\n\n\t\n\n \n\nSí\n\n\n\n\n \n\n3. ¿Iniciaron o van iniciar acciones administrativas de investigación y/o sancionatorias por el funcionamiento por casi 4 años sin permisos de la celda única? Y con esto me refiero tanto contra la empresa EBI-Berthier (administradora del relleno sanitario) como también contra las personas funcionarias que faltaron al deber de vigilancia.\n\n\t\n\n \n\nSí\n\n\n\n\n \n\n4. Ustedes cuentan con un representante en la Comima, ¿Está en funcionamiento esa comisión? Y si no es así, ¿Cuáles son las razones? \n\n\t\n\n \n\nSí\n\n\n\n\n \n\n5. ¿Cuál es el control que han realizado, ustedes como Municipalidad, sobre ese complejo y sobre la celda única?\n\n\t\n\n \n\nSí\n\n\n\n\n \n\n6. ¿Cuál es la posición del municipio frente a que Nombre3456 haya permitido el funcionamiento de la celda única sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública?\n\n\t\n\n \n\nAcceso a la información.\n\n \n\nEn virtud de lo anterior, se tiene que con fue por la intervención de este Tribunal, que la Municipalidad de Aserrí dio respuesta al recurrente, contestando todos los puntos de la gestión planteada el 28 de abril de 2024. Debe tenerse presente que dicha contestación fue tardía, lo que se erige como una lesión al derecho de petición del recurrente.\n\nVI.- CONCLUSIÓN. Expuestas las consideraciones anteriores, en la especie, se concluye que la Municipalidad de Aserrí ha lesionado los derechos de petición y de acceso a la información. En consecuencia, corresponde declarar con lugar este proceso de amparo, como en efecto se dispone y ordenar a la corporación municipal recurrida a entregarle al tutelado la copia del expediente administrativo completo del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri. En cuanto a la gestión de 28 de abril de 2024, se tiene que con ocasión de este proceso de amparo la pretensión del tutelado fue satisfecha, por lo que la declaratoria al respecto refiere, únicamente, a la declaratoria de la lesión del derecho de petición.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Patricia Mayela Porras Segura, en calidad de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Aserrí, o a quien ocupe tal cargo, tomar las medidas correspondientes y en el ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, posteriores a la notificación de esta sentencia, al amparado se le brinde copia del expediente administrativo completo del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri. Esto, bajo, bajo advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Aserrí al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n DQ9GOY43ZZEY61\n\nEXPEDIENTE N° 24-013082-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:44:28.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the thirty-first of January of two thousand twenty-five.\n\nA writ of amparo processed under case file number 24-013082-0007-CO, filed by Nombre119984, identification number CED6809, against the MUNICIPALITY OF ASERRÍ.\n\n**Whereas:**\n\n**1.-** In a brief filed through Online Filing, incorporated into the electronic case file at 20:55 hours on Dirección5754, the petitioner files a writ of amparo against the Municipality of Aserrí. He states that, via email sent on April 23, 2024, to the address ...568, as well as to other email addresses of various officials of the Municipality of Aserrí, he requested the following information: “(…) the complete administrative file of the Aczarri Environmental Technology Park; with special emphasis on the municipal permits granted, denied, or in process for that complex, including everything related to the single cell. Please acknowledge receipt (…)”. He also indicates that, on April 28 of the same year, he filed a new request addressed to the same official email of the Municipality of Aserrí, in which he requested the following information: “(…) Below I send a series of questions related to the Aczarri Environmental Technology Park, I respectfully request that they be answered within the legal timeframe. 1. In the hearing before the Legislative Assembly, officials of the Municipality of Aserrí admitted that the Single Cell of the Aczarri Technology Park operated without municipal permits; does it currently have those permits? 2. When did you realize it did not have permits? At that moment, did you close down the single cell until it obtained said permits? And if not, why was it not closed down, despite the lack of permits? 3. Have you initiated, or are you going to initiate, administrative investigative and/or sanctioning actions for the operation of the single cell for almost 4 years without permits? And by this I mean both against the company EBI-Berthier (administrator of the landfill) as well as against the officials who failed in their duty of oversight. 4. You have a representative on the Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental (Comima), is that commission functioning? And if not, what are the reasons? 5. What control have you, as the Municipality, exercised over that complex and over the single cell? 6. What is the municipality's position regarding the fact that Nombre3456 allowed the operation of the single cell without an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) or a public hearing? (…)”. However, he claims that, as of the filing date of this writ of amparo, he had not received a response from the Municipality of Aserrí. Therefore, he requests the intervention of the Chamber.\n\n**2.-** By resolution at 14:43 hours on May 17, 2024, this amparo proceeding was processed, and a report was requested from the Mayor of the Municipality of Aserrí.\n\n**3.-** Patricia Mayela Porras Segura, in her capacity as Municipal Mayor of the Municipality of Aserrí, reports under oath. She states that the email address ...568 is the only official communication mechanism established by that municipality for the public to raise their inquiries and requests. Furthermore, she notes that, as the petitioner himself indicates, his inquiries were sent on April 23 and 28, 2024, and both were answered by engineer Rebeca Soto Arce, via email dated May 13, 2024, where he was informed that because the matter was in process, only the parties involved could have access, so the petitioner's assertion regarding the lack of response to the inquiries raised is not admissible. Moreover, she alleges that the petitioner omits to mention that, in parallel, on April 23, 2024, he also requested information on this same topic via email to the user service department, which was sent on April 25, 2024. She indicates that, regarding this response, he requested additional information on May 16, 2024, and was answered on May 21, 2024. Subsequently, he requested further information again via email on May 23, 2024, and the response was sent to him on May 24, 2024. She affirms that in the responses given to the petitioner, some of the questions posed in the other emails were answered, since those agreements contain information regarding all the details of the single cell, which demonstrates bad faith on the petitioner's part in filing this writ of amparo. She states that, the rest of the information, being already at the opportune procedural stage, was already sent to his email, including the response to certain subjective questions, which, not being public information, this municipality is not obligated to answer.” She requests that this writ of amparo be dismissed.\n\n**4.-** On May 28 and October 15, 2024, the petitioner submits statements.\n\n**5.-** The procedures followed have observed the legal requirements.\n\nDrafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,\n\n**Considering:**\n\n**I.-** Purpose of the writ. The petitioner states that, via emails sent on April 23 and April 28, both in 2024, he filed a request for information of interest to him with the respondent entity, exercising his right of access to public information and right of petition, respectively. However, as of the filing date of this writ of amparo, he had not received a response. Therefore, he requests the intervention of the Chamber.\n\n**II.-** Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:\n\n1.  Via email sent on April 23, 2024, to the electronic address ...568, the petitioner filed a request with the Municipality of Aserrí, requesting the following: “(…) I respectfully request, within the legal timeframe, the complete administrative file of the Aczarri Environmental Technology Park; with special emphasis on the municipal permits granted, denied, or in process for that complex, including everything related to the single cell. Please acknowledge receipt (…)” (evidence provided).\n\n2.  The email ...568 is designated as the official channel for the receipt of digital documentation or official letters addressed to the Municipality of Aserrí (report rendered).\n\n3.  On April 25, 2024, the Municipality of Aserrí responded to the petitioner, stating: “(…) The requested information was forwarded to the corresponding Executing Unit (…)” (Sic) (report rendered and evidence provided).\n\n4.  On April 28, 2024, the petitioner filed a new request, in the following terms: “(…) Below I send a series of questions related to the Aczarri Environmental Technology Park, I respectfully request that they be answered within the legal timeframe. 1. In the hearing before the Legislative Assembly, officials of the Municipality of Aserrí admitted that the Single Cell of the Aczarri Technology Park operated without municipal permits; does it currently have those permits? 2. When did you realize it did not have permits? At that moment, did you close down the single cell until it obtained said permits? And if not, why was it not closed down, despite the lack of permits? 3. Have you initiated, or are you going to initiate, administrative investigative and/or sanctioning actions for the operation of the single cell for almost 4 years without permits? And by this I mean both against the company EBI-Berthier (administrator of the landfill) as well as against the officials who failed in their duty of oversight. 4. You have a representative on the Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental (Comima), is that commission functioning? And if not, what are the reasons? 5. What control have you, as the Municipality, exercised over that complex and over the single cell? 6. What is the municipality's position regarding the fact that Nombre3456 allowed the operation of the single cell without an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) or a public hearing? (…)” (evidence provided).\n\n5.  On April 29, 2024, the respondent municipality replied to the petitioner's email, stating: “(…) The inquiries were forwarded directly to the Municipal Mayor's Office for their response (…)” (report and evidence provided).\n\n6.  On May 10, 2024, the petitioner reiterates the requests filed with the respondent entity (evidence provided).\n\n7.  On May 14, 2024, the Municipality of Aserrí, through engineer Rebeca Soto Arce, answers the emails sent by the person protected, and responds that the request is rejected because: (…) The case is still in process, so only the parties involved have access (…)” (report and evidence provided).\n\n8.  As of the filing date of this writ of amparo, i.e., May 16, 2024, the Municipality of Aserrí had not responded to the petitioner regarding the request filed on April 28, 2024 (the court record).\n\n9.  The processing resolution issued in this amparo proceeding was notified to the Mayor of Aserrí on May 22, 2024 (notification record).\n\n10. On May 24, 2024, via email sent to the email address indicated by the petitioner, the official letters SMA-538-05-2024, SMA-0657-05-2024, and SMA-0684-05-2024 were delivered to him. Additionally, he was informed: “(…) 4. I reiterate point 2 of the previous email where it is indicated that only the company filed an appeal: \\\"In this case, the company filed the appeal in accordance with the provisions of Article 163 of the Municipal Code, within the five-day period after being notified, thus complying with the requirements of time and form.\\\" 5. Agreement 14-003 is still in the process of being signed (…)” (report and evidence provided).\n\n11. On May 27, 2024, the Municipality of Aserrí notified the petitioner of official letter MA-ASAM-001-2024, in the following terms: “(…) Following up on the questions asked by you, we send the following information: Have you initiated, or are you going to initiate, administrative investigative and/or sanctioning actions for the operation of the single cell for almost 4 years without permits? And by this I mean both against the company EBI-Berthier (administrator of the landfill) as well as against the officials who failed in their duty of oversight.” As the case is still under study, we cannot anticipate a criterion, due to the right to legitimate answers of the parties. “You have a representative on the Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental (COMIMA), is that commission functioning? And if not, what are the reasons?” Indeed, the Municipality of Aserrí has a representative on COMIMA, in this case, engineer Jossette Mata Ruiz, Environmental Manager. COMIMA functions normally, being led by Mr. Jorge Boza, representative of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA). “What control have you, as the Municipality, exercised over that complex and over the single cell?” Inspections have been carried out with COMIMA, with the Urban and Rural Management Directorate, and with the Road Management Technical Unit. “What is the municipality's position regarding the fact that Nombre3456 allowed the operation of the single cell without an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) or a public hearing?” In this case, Nombre3456, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), is the maximum deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), so, when granting the environmental viability permit, it is a matter in which the Municipality of Aserrí has no major involvement (…)” (report and evidence provided).\n\n**III.-** ON THE RIGHT OF PETITION. This Court has indicated that the right of petition and prompt response encompasses a double aspect, as it implies not only the right held by every citizen to address any official or public entity to present a matter of their interest, or to request certain information, but also obliges the Administration to receive and respond to such requests within ten days, in accordance with Article 27 of the Political Constitution and numeral 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Therefore, it must issue a timely response, without denial of any kind; however, the exception exists that if it cannot satisfy the request within the referred timeframe, it must communicate the impossibility of resolving it and shall set a reasonable period within which it will address the request. For its part, Article 30 of the Political Constitution enshrines the right of individuals to access information and the obligation to deliver such information immediately if what is requested is available, all without prejudice to the existence of possible exceptions in which the information must be reserved in consideration of the protection of relevant rights and interests, formally recognized.\n\n**IV.-** ON THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. This Constitutional Court, in Ruling No. 2120-2003 of 13:30 hours on March 14, 2003, considered the following:\n\n“(…) I.- ADMINISTRATIVE TRANSPARENCY AND PUBLICITY. Within the framework of the Social and Democratic Rule of Law, each and every one of the public entities and bodies that make up the respective administration must be subject to the implicit constitutional principles of transparency and publicity, which must be the rule for all administrative actions or functions. Public Law collective organizations –public entities– are called to be true glass houses, inside which all members of the public can scrutinize and supervise, in broad daylight. Public administrations must create and foster permanent and fluid channels of communication or information exchange with the public and the mass media in order to encourage greater direct and active participation in public management and to actuate the principles of performance evaluation and accountability currently incorporated into our constitutional text (Article 11 of the Political Constitution). Under this understanding, administrative secrecy or confidentiality is an exception that is justified, only, under qualified circumstances when constitutionally relevant values and assets are protected through it. There are various mechanisms to achieve greater levels of administrative transparency in a given legal system, such as the statement of reasons for administrative acts, the forms of their communication –publication and notification–, the public information process for the drafting of regulations and regulatory plans, participation in the administrative procedure, administrative contracting procedures, etc.; however, one of the most valuable tools for achieving that objective is the right of access to administrative information.\n\nII.- THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. Ordinal 30 of the Political Constitution guarantees free access to “administrative departments for purposes of information on matters of public interest,” a fundamental right that in doctrine has been called the right of access to administrative archives and records; however, the most accurate denomination is the right of access to administrative information, since access to the material or virtual supports of public administrations is the instrument or mechanism to achieve the intended purpose, which is for the public to become aware of the information held by those administrations. It is necessary to indicate that the administrative information of public interest sought by a member of the public is not always found in an administrative file, archive, or record. The right of access to administrative information is a control mechanism in the hands of the public, since it allows them to exercise optimal control over the legality and the opportunity, convenience, or merit, and, in general, over the efficacy and efficiency of the administrative function carried out by the various public entities. Efficient and effective public administrations are those that submit to public control and scrutiny, but citizen control cannot exist without adequate information. In this way, a logical chain can be established between access to administrative information, knowledge and handling thereof, effective and timely citizen control, and efficient public administrations. The right of access to administrative information has a deep foundation in a series of principles and values inherent to the Social and Democratic Rule of Law, which, at the same time, it actuates. Thus, effective and direct citizen participation in the management and handling of public affairs is inconceivable without a significant amount of information about administrative competences and services; likewise, the democratic principle is strengthened when the various social, economic, and political forces and groups participate actively and informedly in the formation and execution of public will. Finally, the right of access to administrative information is an indispensable tool, like many others, for the full validity of the principles of administrative transparency and publicity. The content of the right of access to administrative information is truly broad and is composed of a bundle of faculties held by the person exercising it, such as the following: a) access to public departments, units, offices, and buildings; b) access to archives, records, files, and physical or automated documents –databases, files-; c) the faculty of the member of the public to know the personal or nominative data stored that affect them in some way, d) the faculty of the member of the public to rectify or delete such data if they are erroneous, incorrect, or false; e) the right to know the content of physical or virtual documents and files; and f) the right to obtain, at their cost, certifications or copies thereof.\n\nIII.- TYPOLOGY OF THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. A clear distinction can be made between the right of access to administrative information (a) ad extra –outside- and (b) ad intra –inside- an administrative procedure. The first is granted to any person or member of the public interested in accessing specific administrative information –uti universi- and the second, only to the interested parties in a concrete and specific administrative procedure –uti singuli-. This right is regulated in the General Law of Public Administration in its Sixth Chapter entitled “On access to the file and its parts,” Third Title of the Second Book, in Articles 272 to 274 (…)”.\n\n**V.-** SPECIFIC CASE. In the sub examine, based on the list of proven facts and other elements in the court record, it is considered accredited that the petitioner filed two requests with the Municipality of Aserrí, which were made via emails sent to the account ...568, which is designated as the official channel for receiving digital documentation or official letters addressed to the municipal corporation. These requests are as follows:\n\na.- Request for a copy of the administrative file. In a first request, on April 23, 2024, the protected party stated: “(…) I respectfully request, within the legal timeframe, the complete administrative file of the Aczarri Environmental Technology Park; with special emphasis on the municipal permits granted, denied, or in process for that complex, including everything related to the single cell. Please acknowledge receipt (…)”. In response to this, on April 25, 2024, the respondent entity replied to the petitioner, stating: “(…) The requested information was forwarded to the corresponding Executing Unit (…)” (Sic). In response to this, on May 14, 2024, the respondent municipal corporation informed the protected party as follows: “(…) The case is still in process, so only the parties involved have access (…)”.\n\nBased on the foregoing, it is established that the Municipality of Aserrí denied the requested copy of the administrative file, indicating that the substantive matter was in process. However, in the opinion of this Court, such a restriction is arbitrary. This is because, from the elements in the record, it is inferred that the information in the file relates to the execution and operation of a technology park, which is of public interest and is related to both the transparency and the publicity of administrative actions. Furthermore, it is necessary to indicate that the petitioner's request, in addition to aligning with the aforementioned principles, has academic purposes, as he is a journalism student.\n\nFurthermore, the right of access to information is linked to the right of petition of the public, regarding matters that are of their interest or of public interest, as the particular case may be, and the exercise of this right is carried out through a written petition to the respective official channel. It should be noted that, for the rejection of requests aimed at accessing Public Administration information, such rejection must be duly substantiated and based on a norm that expressly so stipulates, with strict respect for the General Principle of Legality contemplated in Article 11 of the Political Constitution. Given the above, while it is true that not all information stored by the Public Administration is accessible to any citizen, the reality is that when it concerns anything other than an administrative procedure in which fundamental rights of third parties could be violated, it must be publicly accessible for the correct exercise of oversight of public acts, especially when public funds are used, as is the case at hand. The petitioner specifically requests information on a project using public funds being developed in the canton of Aserrí, about which the respondent municipality has information required by the petitioner; however, without timely and concrete substantiation, the required information was denied. That said, this Court finds no valid reason for the Municipality of Aserrí to have denied the protected party a copy of the aforementioned file, thereby violating his right of access to information.\n\nb.- Request related to inquiries about the Aczarri Environmental Technology Park. On April 28, 2024, the petitioner filed a new request, in the following terms: “(…) Below I send a series of questions related to the Aczarri Environmental Technology Park, I respectfully request that they be answered within the legal timeframe. 1. In the hearing before the Legislative Assembly, officials of the Municipality of Aserrí admitted that the Single Cell of the Aczarri Technology Park operated without municipal permits; does it currently have those permits? 2. When did you realize it did not have permits? At that moment, did you close down the single cell until it obtained said permits? And if not, why was it not closed down, despite the lack of permits? 3. Have you initiated, or are you going to initiate, administrative investigative and/or sanctioning actions for the operation of the single cell for almost 4 years without permits? And by this I mean both against the company EBI-Berthier (administrator of the landfill) as well as against the officials who failed in their duty of oversight. 4. You have a representative on the Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental (Comima), is that commission functioning? And if not, what are the reasons? 5. What control have you, as the Municipality, exercised over that complex and over the single cell? 6. What is the municipality's position regarding the fact that Nombre3456 allowed the operation of the single cell without an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) or a public hearing? (…)”. Regarding this, the municipal corporation gave an initial response, stating: “(…) The inquiries were forwarded directly to the Municipal Mayor's Office for their response (…)”. After this, the municipality gave no further response to the petitioner, so on May 10, 2024, he reiterated the request. However, as of the filing date of this writ of amparo, the protected party had not been given a response. It was on the occasion of the notification of the processing resolution issued in this amparo proceeding, a procedural act carried out on May 22, 2024, that the Municipality of Aserrí gave a response to the petitioner. Thus, on May 24, 2024, the protected party was delivered official letters SMA-538-05-2024, SMA-0657-05-2024, and SMA-0684-05-2024. Additionally, he was informed: “(…) 4. I reiterate point 2 of the previous email where it is indicated that only the company filed an appeal: \\\"In this case, the company filed the appeal in accordance with the provisions of Article 163 of the Municipal Code, within the five-day period after being notified, thus complying with the requirements of time and form.\\\" 5. Agreement 14-003 is still in the process of being signed (…)”.\n\nIn addition to the above, on May 27, 2024, the Municipality of Aserrí notified the petitioner of official letter MA-ASAM-001-2024, in the following terms: “(…) Following up on the questions asked by you, we send the following information: Have you initiated, or are you going to initiate, administrative investigative and/or sanctioning actions for the operation of the single cell for almost 4 years without permits? And by this I mean both against the company EBI-Berthier (administrator of the landfill) as well as against the officials who failed in their duty of oversight.” As the case is still under study, we cannot anticipate a criterion, due to the right to legitimate answers of the parties. “You have a representative on the Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental (COMIMA), is that commission functioning? And if not, what are the reasons?” Indeed, the Municipality of Aserrí has a representative on COMIMA, in this case, engineer Jossette Mata Ruiz, Environmental Manager. COMIMA functions normally, being led by Mr. Jorge Boza, representative of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). “What control have you, as the Municipality, exercised over that complex and over the single cell?” Inspections have been carried out with COMIMA, with the Urban and Rural Management Directorate, and with the Road Management Technical Unit. “What is the municipality's position regarding the fact that Nombre3456 allowed the operation of the single cell without an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) or a public hearing?” In this case, Nombre3456, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), is the maximum deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), so, when granting the environmental viability permit, it is a matter in which the Municipality of Aserrí has no major involvement (…)” .\n\nBy virtue of what was requested by the petitioner and the response provided by the authority, it is appropriate to make the following comparative analysis:\n\n|  |  |  |\n| :--- | :--- | :--- |\n| Request |  | A response was given |\n|  |  |  |\n| 1. In the hearing before the Legislative Assembly, officials of the Municipality of Aserrí admitted that the Single Cell of the Aczarri Technology Park operated without municipal permits; does it currently have those permits? |  | Yes |\n|  |  |  |\n| 2. When did you realize it did not have permits? At that moment, did you close down the single cell until it obtained said permits? And if not, why was it not closed down, despite the lack of permits? |  | Yes |\n|  |  |  |\n| 3. Have you initiated, or are you going to initiate, administrative investigative and/or sanctioning actions for the operation of the single cell for almost 4 years without permits? And by this I mean both against the company EBI-Berthier (administrator of the landfill) as well as against the officials who failed in their duty of oversight. |  | Yes |\n|  |  |  |\n| 4. You have a representative on the Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental (Comima), is that commission functioning? And if not, what are the reasons? |  | Yes |\n|  |  |  |\n| 5. What control have you, as the Municipality, exercised over that complex and over the single cell? |  | Yes |\n|  |  |  |\n| 6. |  |  |\n\nWhat is the municipality's position regarding Nombre3456 having allowed the operation of the single cell without an environmental impact assessment or public hearing?\n\nAccess to information.\n\nBy virtue of the foregoing, it is established that it was through the intervention of this Tribunal that the Municipality of Aserrí responded to the petitioner, answering all the points of the request filed on April 28, 2024. It must be borne in mind that said response was untimely, which constitutes an injury to the petitioner's right of petition.\n\nVI.- CONCLUSION. Having set forth the foregoing considerations, in the instant case, it is concluded that the Municipality of Aserrí has injured the rights of petition and of access to information. Consequently, it is appropriate to grant this amparo proceeding, as is hereby ordered, and to order the respondent municipal corporation to deliver to the protected party a copy of the complete administrative file of the Parque Tecnológico Ambiental Aczarri. Regarding the request of April 28, 2024, it is established that on the occasion of this amparo proceeding, the protected party's claim was satisfied; therefore, the declaration in this regard refers solely to the declaration of the injury to the right of petition.\n\nVII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE. The parties are warned that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is granted. It is ordered that Patricia Mayela Porras Segura, in her capacity as Alcaldesa Municipal of the Municipality of Aserrí, or whoever holds such office, take the corresponding measures and within the scope of her competencies so that, within a period of TEN DAYS following the notification of this judgment, the protected party be provided with a copy of the complete administrative file of the Parque Tecnológico Ambiental Aczarri. This, under warning that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Aserrí is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nDQ9GOY43ZZEY61\n\nEXPEDIENTE N° 24-013082-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  \n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 09:44:28.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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