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  "id": "nexus-sen-1-0007-1276135",
  "citation": "Res. 05015-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Rechazo de amparo sobre botadero en Tucurrique por falta de gestión previa",
  "title_en": "Dismissal of amparo regarding Tucurrique dump for failure to first seek administrative remedy",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto contra el Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique y el Ministerio de Salud, relativo a la construcción de un botadero de basura en dicha localidad. El recurrente alegó violación del derecho a un ambiente sano, por la falta de información sobre impacto ambiental y permisos, y posible afectación futura. La mayoría de la Sala considera que el amparo es inadmisible porque el interesado no presentó previamente una denuncia o gestión formal por escrito ante las autoridades competentes, acudiendo directamente a la vía constitucional. Señala que la jurisdicción constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias y que una llamada telefónica no sustituye ese requisito. Tres magistrados salvan el voto, argumentando que en materia ambiental, cuando la propia Administración es la que genera el riesgo, no es exigible una denuncia previa para admitir el amparo, dada la obligación del Estado de fiscalizar y proteger el ambiente de oficio.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismisses an amparo petition filed against the Municipal District Council of Tucurrique and the Ministry of Health concerning the construction of a garbage dump. The petitioner alleged violation of the right to a healthy environment due to lack of information on environmental impact and permits, and possible future harm. The majority holds the amparo inadmissible because the petitioner did not first file a formal written complaint or request with the competent authorities, going directly to constitutional court. It reiterates that the constitutional jurisdiction is not an instance for filing complaints and that a phone call does not meet this requirement. Three justices dissent, arguing that in environmental matters, when the public administration itself creates the risk, a prior administrative complaint is not required for amparo admission, given the State's duty to proactively monitor and protect the environment.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "18/02/2025",
  "year": "2025",
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    "procedural-environmental"
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    "recurso de amparo",
    "artículo 50 Constitución Política",
    "voto salvado",
    "inadmisibilidad",
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    "derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado",
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    "amparo ambiental",
    "botadero de basura",
    "denuncia previa",
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    "derecho fundamental",
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  "keywords_en": [
    "environmental amparo",
    "garbage dump",
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    "healthy environment",
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  "excerpt_es": "II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Del escrito de interposición ni de la prueba aportada se colige que la parte interesada haya planteado alguna denuncia por escrito ante las autoridades competentes en torno a las pretensiones expuestas en este amparo, sino que acude directamente ante la Sala a denunciar la situación.\n\nAhora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias.\n\n[...]\n\nIII.- Voto salvado de los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, y de la magistrada Hess Herrera, con redacción del segundo. [...] La mayoría rechaza de plano este asunto, respecto de lo cual disentimos abiertamente, toda vez que el incumplimiento a las obligaciones de la Administración Pública en materia ambiental es susceptible de ser conocido en la vía constitucional, verbigracia, cuando la naturaleza del conflicto permite su resolución en la vía sumaria del amparo, lo que resulta aún más necesario cuando la acusada lesión al ambiente es de particular envergadura.\n\nAmén de eso, contrario a lo argüido por la mayoría, estimamos que, merced a las características particulares de la problemática denunciada por la parte recurrente, deviene del todo prescindible el requerimiento de una denuncia previa ante las autoridades con miras a admitir el amparo.",
  "excerpt_en": "II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. From the filing and the evidence provided, it cannot be inferred that the interested party filed any written complaint with the competent authorities regarding the claims raised in this amparo; instead, they came directly to the Chamber to report the situation.\n\nFurthermore, as has been repeatedly stated, this Court must not replace the active Administration in its competences nor is it an instance for processing complaints.\n\n[...]\n\nIII.- Dissenting vote of Judges Cruz Castro and Rueda Leal, and Judge Hess Herrera, drafted by the second. [...] The majority summarily dismisses this matter, from which we openly dissent, since the failure to comply with the obligations of the Public Administration in environmental matters may be heard through constitutional means, for example, when the nature of the conflict allows its resolution through the summary amparo proceeding, which is even more necessary when the alleged environmental harm is of particular magnitude.\n\nMoreover, contrary to the majority's argument, we believe that, due to the particular characteristics of the problem reported by the petitioner, the requirement of a prior complaint to the authorities in order to admit the amparo is entirely dispensable.",
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    "summary_en": "The Chamber summarily dismisses the amparo because no formal prior complaint was filed with the competent authorities; three justices dissent and order the amparo to proceed.",
    "summary_es": "La Sala rechaza de plano el amparo por no haberse planteado una denuncia formal previa ante las autoridades competentes; tres magistrados salvan el voto y disponen cursar el amparo."
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      "quote_en": "in cases covered by the duty of direct oversight, it is not feasible to impose as a requirement for access to this amparo jurisdiction a prior administrative claim, as that would entail condoning a sort of acceptance of the non-exercise of a constitutionally and legally assigned duty.",
      "quote_es": "tratándose de los casos cubiertos por el deber de fiscalización directa, no es factible imponer como requisito de acceso a esta sede de amparo, un ejercicio previo de reclamo administrativo, pues ello supondría cohonestar una suerte de aceptación del no ejercicio de un deber constitucional y legalmente asignado."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 05015 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 18 de Febrero del 2025 a las 10:12\n\nExpediente: 25-001576-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 25-001576-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2025005015\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas doce minutos del dieciocho de febrero de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre55213, con cédula de identidad número CED28067; contra el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE Y EL MINISTERIO DE SALUD.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 20 de enero de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo y señala que interpone este recurso en defensa del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Refiere que en el distrito de Tucurrique, cantón de Jiménez, Cartago, el Concejo Municipal de Distrito ha iniciado la construcción de un botadero de basura en un terreno que pertenece al Centro Agrícola de Tucurrique. Los vecinos de la comunidad han manifestado su preocupación, ya que dicho botadero podría tener efectos nocivos sobre la salud, el ambiente y los mantos acuíferos de la zona. Con el fin de obtener información sobre la legalidad del proyecto, intentó contactar al señor Héctor Luna Agüero, intendente del Concejo Municipal de Distrito, llamando al número telefónico Telf3863 el 17 de enero de 2024, a las 10:00 horas. En esa llamada solicitó, de manera respetuosa, confirmar si el proyecto cuenta con los permisos respectivos del Ministerio de Salud, específicamente de la dirección de Protección al Ambiente Humano (DPAH). Sin embargo, el personal del Concejo indicó que el señor Luna no se encontraba disponible y que difícilmente podría atender consultas por su ocupada agenda. Aduce que también solicitó un correo electrónico para enviar la consulta formalmente, pero el personal indicó que no estaban autorizados a proporcionar dicha información. Indica que este proyecto genera incertidumbre y preocupación en la comunidad, debido a informaciones no confirmadas que indican que se estará recibiendo basura de otras comunidades como Juan Viñas y Pejivalle, también del cantón de Jiménez, sin que se hayan dado a conocer los estudios de impacto ambiental, los permisos requeridos o los costos relacionados al proyecto, tales como el alquiler del terreno al Centro Agrícola de Tucurrique y los ingresos por manejo de basura de terceros. Solicita: 1. Que se requiera al recurrido presentar los permisos otorgados por el Ministerio de Salud, específicamente por la Dirección de Protección al Ambiente Humano (DPAH), y los estudios de impacto ambiental relacionados con la construcción del botadero. Detallar los costos asociados al proyecto, incluyendo el monto pagado al Centro Agrícola de Tucurrique por el alquiler del terreno y los ingresos esperados por el manejo de basura de otras comunidades. 2. Que se ordene al Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Protección al Ambiente Humano (DPAH), pronunciarse sobre la existencia de permisos otorgados para este proyecto, especificando las fechas de aprobación y las bases técnicas utilizadas. 3. Que se conceda una medida cautelar para suspender la construcción del botadero hasta tanto esta Sala no resuelva la legalidad del proyecto. 4. Que se ordene a la Administración tomar las medidas necesarias para garantizar el respeto al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n2.- El 20 de enero de 2025, el recurrente solicitó corregir el nombre del intendente municipal en el escrito inicial, para que se lea Héctor Agüero Luna.\n\n3.- Por resolución de las 17:18 horas del 21 de enero de 2025, se previno al recurrente aclarar lo siguiente: “•Si lo que acusa en el escrito de interposición es únicamente que no \"se hayan dado a conocer los estudios de impacto ambiental, los permisos requeridos o los costos relacionados al proyecto, tales como el alquiler del terreno al Centro Agrícola de Tucurrique y los ingresos por manejo de basura de terceros\", o si su agravio va más allá y también reclama que el referido botadero está causando contaminación ambiental. En este último caso, deberá detallar el por qué. Además, deberá el recurrente, dentro del mismo plazo, indicar •si ha planteado de manera formal y por escrito alguna solicitud de información o denuncia ante la autoridad accionada en relación con los estudios de impacto ambiental, los permisos requeridos o los costos relacionados al proyecto del botadero; • De ser afirmativa su respuesta, deberá aportar copias completas, legibles y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico (donde se observe la dirección electrónica completa del destinatario) de la gestión que formuló; • De haber recibido alguna resolución, deberá indicar claramente cuál fue el resultado obtenido y aportar la documentación generada con ocasión de tales diligencias; • Si dicha gestión se encuentran pendiente de resolución a la fecha de interposición de este recurso, también deberá indicarlo expresamente a esta Sala; • Igualmente si no ha planteado por escrito y de manera formal esa gestión, así deberá aclararlo. De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho\".\n\n4.- Mediante escrito remitido a esta Sala el 22 de enero de 2025, el recurrente señala que, lo que se expuso en el escrito inicial se refiere específicamente a la preocupación de los vecinos por la posible afectación ambiental que podría generar el proyecto del botadero en construcción. Debido a que el proyecto no ha iniciado operaciones, no resulta posible medir daños ambientales concretos en este momento. Sin embargo, se cuestiona el manejo de información relacionada con los estudios de impacto ambiental, los permisos requeridos y los costos asociados, así como el secretismo con que se ha llevado a cabo este proceso. Sobre las gestiones realizadas ante la autoridad accionada, aduce lo siguiente: a) No se pudo presentar una solicitud de información formal, debido a que no se facilitó ningún medio para ello. Tal como se indicó en el recurso inicial, se intentó obtener información directamente a través del concejo municipal, incluyendo conversaciones telefónicas y solicitudes para contactar al intendente; sin embargo, no fue posible establecer dicha comunicación. Asimismo, se solicitó un correo electrónico para plantear la consulta de manera oficial, pero este tampoco fue proporcionado. b) Estas limitaciones evidencian una falta de transparencia en el manejo del proyecto y justifican la necesidad de interponer el presente recurso de amparo con el fin de esclarecer si el proyecto cumple con la normativa costarricense y cuenta con los permisos respectivos. De las pruebas adicionales, indica que, por el momento, no cuenta con documentos adicionales, ya que las solicitudes de información no pudieron formalizarse, debido a los impedimentos descritos anteriormente. Agradece a esta Sala la consideración de lo expuesto y la oportunidad de continuar con este trámite, que busca garantizar el acceso a información pública y la protección de los derechos constitucionales de los habitantes de la comunidad afectada.\n\n5.- El 23 de junio de 2025, el recurrente aporta antecedentes jurisprudenciales de interés.\n\n6.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, por cuanto aduce que en el distrito de Tucurrique se ha iniciado la construcción de un botadero de basura, por el cual los vecinos de la comunidad están preocupados, por los efectos que pueda producir en la salud y en el ambiente, ya que la municipalidad no les ha informado nada sobre la legalidad del proyecto. Indica que han intentado, vía telefónica, pedir información, incluso se solicitó un correo electrónico para remitir una gestión, pero no se le brindó.    \n\nII.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Del escrito de interposición ni de la prueba aportada se colige que la parte interesada haya planteado alguna denuncia por escrito ante las autoridades competentes en torno a las pretensiones expuestas en este amparo, sino que acude directamente ante la Sala a denunciar la situación.\n\nAhora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias.\n\nAsí, por ejemplo, mediante sentencia 2016-001150 de las 14:30 horas del 26 de enero de 2016, este Tribunal conoció un amparo en el que se acusaba que: “la Dirección2590 del cantón de San Antonio Belén de Heredia, carece de aceras, rampas para acceso universal y sistemas de drenajes con la protección respectiva. Además, sobre el extremo oeste, frente a DIPO, S.A., se ubica otro predio en el que también se destaca la carencia de aceras, rampas y sistemas de recolección de aguas fluviales. Consideran que dicha problemática atenta contra la seguridad vial y, por ende, la vida humana, ya que incrementa el riesgo de accidentes, particularmente, con relación a las personas que sufren alguna discapacidad, adultos mayores y demás personas en condición de vulnerabilidad”.\n\nEn dicha ocasión, la Sala dispuso lo siguiente: “Sobre este particular, es necesario indicar que, reiteradamente, este Tribunal ha sostenido que la jurisdicción constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias (ver sentencia nro. 2012-018538 de las 09:05 horas de 21 de diciembre de 2012, reiterada en la nro. 2024-32725, de las 9:20 horas del 1 de noviembre de 2024), de manera que acudir directamente a esta sede, sin antes interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, impide endilgar una omisión ilegítima que atente contra los derechos fundamentales de las personas. Consideraciones que son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada.\n\nPor ende, en situaciones como esta es preciso que la parte interesada acuda ante las autoridades recurridas a plantear el reclamo aludido, a fin de que aquellas tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, plantee su reclamo en la vía de legalidad ordinaria. Lo anterior sin demérito de que el recurrente acuda a la vía constitucional luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental.\n\nAhora, si bien el tutelado alega haber realizado una llamada telefónica al concejo recurrido y no haber obtenido información, incluso para remitir una gestión, ello no resulta suficiente para amparar el derecho pretendido ante esta jurisdicción, pues la gestión debe ser remitida por escrito a la autoridad recurrida, a fin de exigirle una respuesta, para lo cual no se depende únicamente de que se le brinde un correo electrónico, pues de ser necesario, la gestión pudo haber sido planteada presencialmente y era deber del recurrido, recibirla.\n\nVisto lo anterior y que el tutelado no ha gestionado por escrito la información pretendida, el recurso deviene inadmisible y así se declara.\n\n III.- Voto salvado de los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, y de la magistrada Hess Herrera, con redacción del segundo. En el sub lite, la parte accionante acude en defensa del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Refiere que, en el distrito de Tucurrique del cantón de Jiménez, el Concejo Municipal de Distrito empezó la construcción de un botadero de basura en un terreno perteneciente al Centro Agrícola de Tucurrique. Asevera que los vecinos de la comunidad han manifestado su preocupación, ya que ese botadero podría tener efectos nocivos contra la salud, el ambiente y los mantos acuíferos de la zona. Destaca que, con el fin de obtener información sobre el proyecto, intentó contactar al intendente del Concejo Municipal de Distrito mediante una llamada telefónica y solicitó confirmar si el proyecto contaba con los permisos del Ministerio de Salud, específicamente de la Dirección de Protección al Ambiente Humano (DPAH). Acusa que el personal del concejo accionado le dijo que el intendente no estaba disponible. Afirma que también solicitó un correo electrónico con la finalidad de enviar la consulta formalmente, pero el personal adujo que no estaban autorizados a proporcionar tal información. Indica que este proyecto le causa incertidumbre y preocupación a la comunidad, debido a informaciones no confirmadas, según las cuales se recibirá basura de otras comunidades, sin que se hayan dado a conocer los estudios de impacto ambiental correspondientes, los permisos requeridos ni los costos del proyecto.\n\nLa mayoría rechaza de plano este asunto, respecto de lo cual disentimos abiertamente, toda vez que el incumplimiento a las obligaciones de la Administración Pública en materia ambiental es susceptible de ser conocido en la vía constitucional, verbigracia, cuando la naturaleza del conflicto permite su resolución en la vía sumaria del amparo, lo que resulta aún más necesario cuando la acusada lesión al ambiente es de particular envergadura.\n\nAmén de eso, contrario a lo argüido por la mayoría, estimamos que, merced a las características particulares de la problemática denunciada por la parte recurrente, deviene del todo prescindible el requerimiento de una denuncia previa ante las autoridades con miras a admitir el amparo. En este sentido, traemos a colación la nota que el infrascrito magistrado Rueda Leal suscribió en la sentencia nro. 2024015774 de las 9:30 horas del 7 de junio de 2024:\n\n“VII.- NOTA SEPARADA DE LOS MAGISTRADOS RUEDA LEAL, HESS HERRERA Y GARITA NAVARRO, CON REDACCIÓN DE ESTE ÚLTIMO, EN CUANTO A LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA COMO REQUISITO DEL RECURSO DE AMPARO. Con el respeto de siempre, los suscritos magistrados Rueda Leal, Hess Herrera y Garita Navarro, consignamos nota separada en el presente asunto. A nuestro juicio la formulación de una denuncia ante la Municipalidad de Heredia respecto de las acciones de contaminación que se producían en el sector contiguo a la propiedad de la recurrente no constituye, en este caso concreto, un presupuesto que pueda condicionar el acceso a la tutela del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mediante el proceso de recurso de amparo. En efecto, de conformidad con el ordinal 50 de la Constitución Política, los entes públicos (Estado y demás entes menores, dentro de estos, las corporaciones locales) cuentan con el deber de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano, asignación que compone de potestades que tiene por finalidad el resguardo de este bien jurídico de conformidad con el conjunto de principios que le nutren, de orden preventivo, precautorio, correctivo, regenerativo, pero además progresivo. Estas acciones de protección se concretan en asignaciones competenciales mediante normas sectoriales que imponen a la Administración el deber de emprender las conductas de gestión, fiscalización y control de los diversos ecosistemas y componentes del medio ambiente. Se trata del otorgamiento de poderes de imperio que le permiten (pero a la vez exigen e imponen -poder-deber-) la adopción de conductas de contenido vinculante y coactivo direccionadas a la satisfacción del marcado interés público que subyace en la materia ambiental, como derecho de tercera generación. Si bien esa potestad pretende el control de las acciones y omisiones de terceros, el mismo deber constitucionalmente asignado se impone a los entes públicos como pauta rectora de su funcionamiento. Es decir, el resguardo del ambiente se establece como un deber ser, un fin impuesto, que debe analizarse no solamente respecto de los comportamientos de los administrados sujetos a la fiscalización administrativa, sino que, además, la misma Administración debe ajustar su proceder a comportamientos congruentes con ese deber de tutela. En esa línea de pensamiento, el ejercicio de fiscalización puede ser directo (propio) cuando las competencias del ente público le obligan la adopción de acciones de control y verificación del Ordenamiento Ambiental, sin necesidad de petición de tercero. Consiste en un deber o posibilidad objetivos de fiscalización, a la postre, una función oficiosa que procura la tutela del fin público asignado. De igual manera, la fiscalización indirecta (impropia) se impone cuando no concurra la posibilidad objetiva de conocimiento de una conducta transgresora del medio ambiente, pero converge una denuncia o petición de un tercero (en ejercicio de la acción popular que consagra el numeral 50 constitucional) que pone en conocimiento de la Administración una circunstancia de amenaza para el ambiente, que impone su intervención. Así visto, es claro para los suscribientes que tratándose de los casos cubiertos por el deber de fiscalización directa, no es factible imponer como requisito de acceso a esta sede de amparo, un ejercicio previo de reclamo administrativo, pues ello supondría cohonestar una suerte de aceptación del no ejercicio de un deber constitucional y legalmente asignado. Lo mismo sucede cuando las actuaciones que en grado de probabilidad configuran un riesgo para los ecosistemas, son atribuibles al mismo ente público requerido, quien en esos casos se constituye como el “agente infractor” del derecho bajo examen, producto de sus acciones contaminantes o transgresoras del medio. En tal hipótesis, el requerimiento de denuncia previa resulta aún más desbordado, en tanto implica la necesidad de una advertencia previa, en sede administrativa, como requisito sine qua non de un resguardo judicial de esos derechos aludidos, requisito que ni siquiera consiste en la comunicación de comportamiento de terceros a quienes debe fiscalizar, sino de conductas propias que desatienden un fin público. De ahí que como en este asunto las conductas que la recurrente alega generan una perturbación al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado recaen sobre el mismo ente local recurrido, la exigencia de una denuncia previa resulta inoponible para poder ingresar al examen que se propone”. (El resaltado no es del original).\n\nCon base en lo expuesto, salvamos el voto y disponemos que se curse el amparo con relación a la alegada lesión al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política.\n\n IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI\n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, y la magistrada Hess Herrera salvan el voto y disponen cursar el amparo.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n UTDAZQAIMEY61\n\nEXPEDIENTE N° 25-001576-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección1786\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:45:18.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 05015 - 2025\n\nDate of Resolution: February 18, 2025, at 10:12 a.m.\n\nExpediente: 25-001576-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 25-001576-0007-CO\n\nPROCESS: AMPARO APPEAL\n\nRESOLUTION Nº 2025005015\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours twelve minutes on February eighteenth, two thousand twenty-five.\n\nAmparo appeal filed by Nombre55213, with identity card number CED28067; against the CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE AND THE MINISTERIO DE SALUD.\n\nResulting:\n\n1.- By brief filed with the Secretariat of the Sala on January 20, 2025, the appellant files an amparo appeal and states that he files this appeal in defense of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. He reports that in the district of Tucurrique, canton of Jiménez, Cartago, the Concejo Municipal de Distrito has begun the construction of a garbage dump on land belonging to the Centro Agrícola de Tucurrique. Community residents have expressed their concern, as said dump could have harmful effects on health, the environment, and the area's aquifers. In order to obtain information on the legality of the project, he tried to contact Mr. Héctor Luna Agüero, mayor (intendente) of the Concejo Municipal de Distrito, by calling telephone number Telf3863 on January 17, 2024, at 10:00 a.m. In that call, he respectfully requested confirmation of whether the project has the respective permits from the Ministerio de Salud, specifically from the Directorate for the Protection of the Human Environment (Dirección de Protección al Ambiente Humano, DPAH). However, the Council's staff indicated that Mr. Luna was unavailable and that he could hardly attend to inquiries due to his busy schedule. He asserts that he also requested an email address to formally send the inquiry, but the staff indicated they were not authorized to provide such information. He indicates that this project generates uncertainty and concern in the community, due to unconfirmed reports indicating that garbage will be received from other communities such as Juan Viñas and Pejivalle, also in the canton of Jiménez, without the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), required permits, or costs related to the project having been disclosed, such as the land lease from the Centro Agrícola de Tucurrique and the income from third-party garbage handling. He requests: 1. That the respondent be required to present the permits granted by the Ministerio de Salud, specifically by the Directorate for the Protection of the Human Environment (DPAH), and the environmental impact studies related to the construction of the dump. Detail the costs associated with the project, including the amount paid to the Centro Agrícola de Tucurrique for the land lease and the expected income from handling garbage from other communities. 2. That the Ministerio de Salud, through the Directorate for the Protection of the Human Environment (DPAH), be ordered to rule on the existence of permits granted for this project, specifying the approval dates and the technical bases used. 3. That a precautionary measure be granted to suspend the construction of the dump until this Sala resolves the legality of the project. 4. That the Administration be ordered to take the necessary measures to guarantee respect for the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\n2.- On January 20, 2025, the appellant requested to correct the name of the municipal mayor (intendente municipal) in the initial brief, to read Héctor Agüero Luna.\n\n3.- By resolution at 5:18 p.m. on January 21, 2025, the appellant was warned to clarify the following: \"•Whether what he alleges in the filing brief is solely that the 'environmental impact studies, required permits, or costs related to the project, such as the land lease from the Centro Agrícola de Tucurrique and the income from third-party garbage handling' have not been disclosed, or if his grievance goes further and also claims that the referenced dump is causing environmental contamination. In the latter case, he must detail why. Furthermore, the appellant must, within the same period, indicate •whether he has formally submitted in writing any information request or complaint before the defendant authority regarding the environmental impact studies, required permits, or costs related to the dump project; • If his answer is affirmative, he must provide complete, legible copies with the respective proof of receipt or email transmission (where the recipient's full electronic address can be seen) of the proceeding he filed; • If he has received any resolution, he must clearly indicate the result obtained and provide the documentation generated on the occasion of such proceedings; • If said proceeding is pending resolution as of the date of filing this appeal, he must also expressly state this to this Sala; • Likewise, if he has not submitted that proceeding formally and in writing, he must clarify as such. Similarly, he must provide any additional evidence on which he bases his claim.\"\n\n4.- By brief sent to this Sala on January 22, 2025, the appellant states that what was set forth in the initial brief refers specifically to the neighbors' concern about the possible environmental impact (afectación ambiental) that the garbage dump project under construction could generate. Because the project has not begun operations, it is not possible to measure concrete environmental damage at this time. However, the handling of information related to the environmental impact studies, the required permits, and the associated costs is questioned, as is the secrecy with which this process has been carried out. Regarding the proceedings completed before the defendant authority, he asserts the following: a) A formal information request could not be filed because no means to do so were provided. As indicated in the initial appeal, an attempt was made to obtain information directly through the municipal council, including telephone conversations and requests to contact the mayor (intendente); however, it was not possible to establish such communication. Likewise, an email address was requested to formally pose the inquiry, but this was also not provided. b) These limitations demonstrate a lack of transparency in the project's handling and justify the need to file this amparo appeal in order to clarify whether the project complies with Costa Rican regulations and has the respective permits. Regarding additional evidence, he indicates that, for the moment, he does not have additional documents, since the information requests could not be formalized due to the impediments described above. He thanks this Sala for considering the above and the opportunity to continue with this proceeding, which seeks to guarantee access to public information and the protection of the constitutional rights of the residents of the affected community.\n\n5.- On June 23, 2025, the appellant provides jurisprudential background of interest.\n\n6.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Sala to reject outright or on the merits, at any time, even from its submission, any proceeding brought before it that is manifestly inadmissible, or when it considers that sufficient elements of judgment exist to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a previous, identical or similar rejected proceeding.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant considers his fundamental rights violated, as he asserts that in the Tucurrique district, the construction of a garbage dump has begun, about which community residents are concerned due to the effects it may have on health and the environment, since the municipality has not informed them of anything about the legality of the project. He indicates that they have tried, by telephone, to request information, even requesting an email address to send a proceeding, but it was not provided to him.\n\nII.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. From the filing brief and the evidence provided, it cannot be deduced that the interested party has filed any written complaint before the competent authorities regarding the claims set forth in this amparo, but rather he comes directly to the Sala to report the situation.\n\nNow, as has been repeatedly stated, this Tribunal should not substitute for the active Administration in its competencies, nor is it a processing instance for complaints.\n\nThus, for example, through judgment 2016-001150 at 2:30 p.m. on January 26, 2016, this Tribunal heard an amparo in which it was alleged that: \"Dirección2590 in the canton of San Antonio Belén de Heredia lacks sidewalks, ramps for universal access, and drainage systems with the respective protection. In addition, on the west end, in front of DIPO, S.A., there is another property where the lack of sidewalks, ramps, and stormwater collection systems is also highlighted. They consider that this problem threatens road safety and, therefore, human life, since it increases the risk of accidents, particularly concerning people with disabilities, older adults, and other persons in vulnerable conditions.\"\n\nOn that occasion, the Sala ruled as follows: \"On this particular, it is necessary to indicate that, repeatedly, this Tribunal has held that the constitutional jurisdiction is not a processing instance for complaints (see judgment no. 2012-018538 at 09:05 a.m. on December 21, 2012, reiterated in no. 2024-32725, at 9:20 a.m. on November 1, 2024), so that coming directly to this venue, without first filing the corresponding complaints before the competent authorities, prevents an illegitimate omission from being imputed that violates people's fundamental rights. These considerations are applicable to the case under study, as this Tribunal finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgment, nor motives to assess the situation differently.\n\nTherefore, in situations like this, it is necessary for the interested party to go before the defendant authorities to raise the aforementioned claim, so that they may take the pertinent measures to solve the reported problem or, failing that, file his claim through the ordinary legality channel. This is without prejudice to the appellant going to the constitutional channel after an unreasonable period has elapsed without effective action by the Administration and provided there is a threat or injury to a fundamental right.\n\nNow, while the protected party alleges having made a telephone call to the defendant council and not having obtained information, even to send a proceeding, this is not sufficient to protect the right sought before this jurisdiction, as the proceeding must be sent in writing to the defendant authority in order to demand a response, for which it is not solely dependent on being provided an email address, because if necessary, the proceeding could have been filed in person and it was the duty of the respondent to receive it.\n\nIn view of the foregoing and that the protected party has not processed the requested information in writing, the appeal becomes inadmissible and is so declared.\n\nIII.- Dissenting vote of Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal, and Magistrate Hess Herrera, drafted by the second. In the sub lite, the plaintiff acts in defense of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. He reports that, in the district of Tucurrique in the canton of Jiménez, the Concejo Municipal de Distrito began the construction of a garbage dump on land belonging to the Centro Agrícola de Tucurrique. He asserts that community residents have expressed their concern, as this dump could have harmful effects on health, the environment, and the area's aquifers. He emphasizes that, in order to obtain information about the project, he tried to contact the mayor (intendente) of the Concejo Municipal de Distrito by telephone call and requested confirmation of whether the project had the permits from the Ministerio de Salud, specifically from the Directorate for the Protection of the Human Environment (DPAH). He alleges that the defendant council's staff told him the mayor was not available. He affirms that he also requested an email address in order to send the inquiry formally, but the staff argued they were not authorized to provide such information. He indicates that this project causes the community uncertainty and concern, due to unconfirmed reports, according to which garbage will be received from other communities, without the corresponding environmental impact studies, the required permits, or the project costs having been disclosed.\n\nThe majority rejects this matter outright, with which we openly disagree, since non-compliance with the Public Administration's obligations in environmental matters is susceptible to being heard in the constitutional channel, for example, when the nature of the conflict allows its resolution in the summary amparo process, which is even more necessary when the alleged injury to the environment is of particular magnitude.\n\nBesides that, contrary to what is argued by the majority, we consider that, thanks to the particular characteristics of the problem reported by the appellant, the requirement of a prior complaint before the authorities with a view to admitting the amparo becomes entirely dispensable. In this sense, we bring up the note that the undersigned Magistrate Rueda Leal signed in judgment no. 2024015774 at 9:30 a.m. on June 7, 2024:\n\n\"VII.- SEPARATE NOTE OF MAGISTRATES RUEDA LEAL, HESS HERRERA AND GARITA NAVARRO, DRAFTED BY THE LATTER, REGARDING THE ADMINISTRATIVE COMPLAINT AS A REQUIREMENT OF THE AMPARO APPEAL. With the usual respect, the undersigned magistrates Rueda Leal, Hess Herrera and Garita Navarro, record a separate note in the present matter. In our judgment, the filing of a complaint before the Municipalidad de Heredia regarding the pollution actions occurring in the sector adjacent to the appellant's property does not constitute, in this specific case, a prerequisite that can condition access to the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, through the amparo appeal process. In effect, in accordance with article 50 of the Constitución Política, public entities (the State and other minor entities, among these, local corporations) have the duty to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy environment, an assignment composed of powers whose purpose is the safeguarding of this legal right in accordance with the set of principles that nourish it, of a preventive, precautionary, corrective, regenerative, and also progressive nature. These protective actions are made concrete in competency assignments through sectoral norms that impose on the Administration the duty to undertake management, oversight, and control actions over the various ecosystems and components of the environment. It is about the granting of sovereign powers that allow it (but at the same time require and impose it -power-duty-) the adoption of actions of binding and coercive content aimed at satisfying the marked public interest that underlies environmental matters, as a third-generation right. While this power seeks to control the actions and omissions of third parties, the same constitutionally assigned duty is imposed on public entities as a governing guideline for their operation. That is, the safeguarding of the environment is established as a duty-to-be, an imposed purpose, which must be analyzed not only regarding the behavior of persons subject to administrative oversight, but also, the Administration itself must adjust its actions to behaviors consistent with that duty of protection. In this line of thought, the oversight exercise can be direct (proper) when the public entity's competencies oblige it to adopt control and verification actions of the Environmental Order, without the need for a third-party petition. It consists of an objective duty or possibility of oversight, ultimately, an ex officio function that seeks the protection of the assigned public purpose. Similarly, indirect (improper) oversight is imposed when the objective possibility of knowing about behavior that violates the environment does not exist, but a complaint or petition from a third party arises (in exercise of the popular action enshrined in constitutional article 50) that informs the Administration of a circumstance threatening the environment, which imposes its intervention. Thus seen, it is clear to the subscribers that in cases covered by the duty of direct oversight, it is not feasible to impose a prior administrative claim exercise as a requirement for access to this amparo venue, as that would entail condoning a sort of acceptance of the non-exercise of a constitutionally and legally assigned duty. The same occurs when the actions that, with a degree of probability, configure a risk to ecosystems, are attributable to the same defendant public entity, which in those cases becomes the 'infringing agent' of the right under examination, as a result of its polluting or environmentally violating actions. In such a hypothesis, the requirement of prior complaint is even more excessive, as it implies the necessity of prior notice, in the administrative venue, as a sine qua non requirement for judicial protection of those aforementioned rights, a requirement that does not even consist of reporting the behavior of third parties whom it must oversee, but of its own actions that disregard a public purpose. Hence, since in this matter the alleged conduct generating a disturbance to the right to a healthy and ecologically balanced environment falls upon the same defendant local entity, the requirement of a prior complaint is unenforceable to proceed to the proposed examination.\" (The emphasis is not from the original).\n\nBased on the foregoing, we dissent and order that the amparo be processed in relation to the alleged violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, contemplated in article 50 of the Constitución Política.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI\n\nTherefore:\n\nThe appeal is rejected outright. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal, and Magistrate Hess Herrera dissent and order the amparo be processed.\n\n\n\n \n\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\n \n\n\nFernando Cruz C.\n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\n \n\nJorge Araya G.\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nUTDAZQAIMEY61\n\nEXPEDIENTE N° 25-001576-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección1786\n\n \n\n \n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:45:18.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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