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  "id": "nexus-sen-1-0007-1283008",
  "citation": "Res. 02806-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Corrección de error material en sentencia de amparo por inundaciones en Pococí",
  "title_en": "Correction of material error in amparo ruling on flooding in Pococí",
  "summary_es": "La Sala Constitucional corrige un error material en la sentencia 2024029767 del 11 de octubre de 2024, que declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo por desbordamiento de aguas debido al taponamiento de un alcantarillado en Pococí. La sentencia original ordenó a la Municipalidad de Pococí y al CONAVI coordinar una solución en seis meses, bajo apercibimiento de prisión y multa. La corrección consistió en completar la parte dispositiva en el Sistema de Gestión en Línea, que se había registrado de forma incompleta. La Sala fundamenta la corrección de oficio en el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La sentencia subyacente abordaba la falta de coordinación institucional frente a inundaciones causadas por una obstrucción en propiedad privada, donde ambas autoridades se imputaban recíprocamente la responsabilidad, afectando los derechos fundamentales de los vecinos. La Sala determinó que la discrepancia competencial no podía resolverse en amparo, pero sí la omisión administrativa, ordenando una solución conjunta y condenando al Estado y al municipio al pago de costas, daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber corrects a material error in ruling 2024029767 of October 11, 2024, which partially granted an amparo action for water overflow due to a clogged sewer in Pococí. The original ruling ordered the Municipality of Pococí and CONAVI to coordinate a solution within six months, under penalty of imprisonment and fine. The correction completed the operative part in the online case management system, which had been incompletely recorded. The Chamber based its ex officio correction on Article 12 of the Constitutional Jurisdiction Law. The underlying decision addressed the lack of institutional coordination regarding flooding caused by an obstruction on private property, where both authorities blamed each other, violating the fundamental rights of neighbors. The Chamber held that the jurisdictional dispute could not be resolved via amparo, but the administrative omission could, so it ordered a joint solution and condemned the State and the municipality to pay costs, damages, and losses.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "31/01/2025",
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    "procedural-environmental"
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    "recurso de amparo",
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    "Ley de la Jurisdicción Constitucional",
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    "condena en costas",
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
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    "inundaciones",
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    "Ley de la Jurisdicción Constitucional",
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    "amparo appeal",
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    "Constitutional Jurisdiction Law",
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  "excerpt_es": "Se corrige el error material consignado en el registro de los datos de la resolución del Sistema de Gestión Judicial, de la sentencia número 2024029767 de las 09:15 hrs. del 11 de octubre de 2024, para que se lea como corresponde en los términos indicados en el considerando segundo de esta resolución.\n\nPor tanto:\n\nSe corrige el error material consignado en el registro de los datos de la resolución del Sistema de Gestión Judicial, de la sentencia número 2024029767 de las 09:15 hrs. del 11 de octubre de 2024, para que se lea como corresponde en los términos indicados en el considerando segundo de esta resolución.\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Cristhian Arroyo Gamboa, en su condición de Director Ejecutivo a.i del Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a Manuel Hernández Rivera, en su condición de alcalde municipal del cantón de Pococí o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario y den las órdenes que correspondan para que, en forma conjunta y según el marco de sus competencias, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, den una solución al problema de desbordamiento de aguas que se presenta en las inmediaciones de la Dirección22365, debido al taponamiento del alcantarillado en el sector denunciado por la parte recurrente. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Pococí al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso.",
  "excerpt_en": "The material error recorded in the resolution data of the Judicial Management System for judgment number 2024029767 of 9:15 a.m. on October 11, 2024, is corrected to read as appropriate in the terms indicated in the second considering clause of this resolution.\n\nTherefore:\n\nThe material error recorded in the resolution data of the Judicial Management System for judgment number 2024029767 of 9:15 a.m. on October 11, 2024, is corrected to read as appropriate in the terms indicated in the second considering clause of this resolution.\n\nThe appeal is partially granted. Cristhian Arroyo Gamboa, in his capacity as Acting Executive Director of the National Road Council of the Ministry of Public Works and Transport, and Manuel Hernández Rivera, in his capacity as Mayor of the Municipality of Pococí, or whoever holds those positions, are ordered to coordinate the necessary actions and issue the corresponding orders so that, jointly and within their respective areas of competence, within six months from notification of this judgment, they provide a solution to the water overflow problem in the vicinity of Dirección22365, due to the clogging of the sewer in the area reported by the appellant. The respondent authorities are warned that, in accordance with Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an enforceable order issued in an amparo proceeding and fails to comply or cause compliance, provided the offense is not more severely penalized. The State and the Municipality of Pococí are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts on which this declaration is based, which shall be determined in enforcement of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. The rest of the appeal is dismissed.",
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    "summary_en": "The Constitutional Chamber ex officio corrects the material error in the registry of the operative part of judgment 2024029767, completing it in the Judicial Management System.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional corrige de oficio el error material en el registro de la parte dispositiva de la sentencia 2024029767, completándola en el Sistema de Gestión Judicial."
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      "context": "Considerando I",
      "quote_en": "In accordance with the provisions of Article 12 of the Constitutional Jurisdiction Law, the rulings issued by the Chamber may be clarified or supplemented, at the request of a party, if requested within three days, and ex officio at any time, including in enforcement proceedings, to the extent necessary to ensure full compliance with the judgment's content.",
      "quote_es": "De conformidad con lo que dispone el artículo 12, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro del tercer día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 02806 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 31 de Enero del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 24-019296-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-019296-0007-CO\n\nRes. Nº 2025002806\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de enero de dos mil veinticinco .\n\n \n\nCorrección de error material en el recurso de amparo interpuesto por Nombre195589   , cédula de identidad CED142569, contra la MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ Y EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD.\n\nResultando:\n\n1.- Mediante sentencia No. 2024029767 de las 09:15 hrs. del 11 de octubre de 2024, esta Sala declaró  parcialmente con lugar el recurso y ordenó a Cristhian Arroyo Gamboa, en su condición de Director Ejecutivo a.i del Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a Manuel Hernández Rivera, en su condición de alcalde municipal del cantón de Pococí o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario y den las órdenes que correspondan para que, en forma conjunta y según el marco de sus competencias, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, den una solución al problema de desbordamiento de aguas que se presenta en las inmediaciones de la Dirección22365   , debido al taponamiento del alcantarillado en el sector denunciado por la parte recurrente. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Pococí al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.” \n\nAdvierte la Sala que, en el apartado que contiene los datos de resolución del Sistema de Gestión en Línea, se consignó de manera incompleta la parte dispositiva indicada.\n\n2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n  I.- Cuestión preliminar. De conformidad con lo que dispone el artículo 12, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro del tercer día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo.\n\nII.- Sobre la corrección del error material que contienen los datos de resolución en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales.- En el apartado de los datos de resolución se consignó de forma incompleta la parte dispositiva de la sentencia 2024029767 de las 09:15 hrs. del 11 de octubre de 2024, en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales. Por lo anterior, se corrige el error material de los datos de resolución de la sentencia No. 2024029767 de las 09:15 hrs. del 11 de octubre de 2024, para que se lea de forma completa de la siguiente manera:\n\n“Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Cristhian Arroyo Gamboa, en su condición de Director Ejecutivo a.i del Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a Manuel Hernández Rivera, en su condición de alcalde municipal del cantón de Pococí o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario y den las órdenes que correspondan para que, en forma conjunta y según el marco de sus competencias, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, den una solución al problema de desbordamiento de aguas que se presenta en las inmediaciones de la Dirección22365   , debido al taponamiento del alcantarillado en el sector denunciado por la parte recurrente. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Pococí al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.”\n\nPor tanto:\n\nSe corrige el error material consignado en el registro de los datos de la resolución del Sistema de Gestión Judicial, de la sentencia número 2024029767 de las 09:15 hrs. del 11 de octubre de 2024, para que se lea como corresponde en los términos indicados en el considerando segundo de esta resolución.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nNombre9143\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nExp: 24-019296-0007-CO\n\nRes. Nº 2024029767\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del once de octubre de dos mil veinticuatro .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente nro. 24-019296-0007-CO, interpuesto por [Nombre62 001], cédula de identidad [Valor CED63], contra la MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ Y EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:09 horas del 15 de julio de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo. Señala que es vecina del Dirección22366   ( ) de Pococí, Limón. Menciona que habita en las inmediaciones de la Dirección22365   , la cual se encuentra colapsada en cuanto a su infraestructura. Expone que desde hace tres años los vecinos de su comunidad enfrentan problemas de inundaciones en sus viviendas ocasionados por la obstaculización del paso normal de las aguas que discurren por la calle. Lo anterior, debido al taponamiento del alcantarillado que atraviesa la propiedad del señor Nombre195590  , donde habita la señora Nombre195591  . Acusa que esa obstrucción fue realizada por dichas personas, con palos, escombros y la implementación de maquinaria pesada, en la zona donde se encontraban las cajas de registro de las aguas. Por ello, el 03 de setiembre de 2020 se planteó la denuncia 310-2020 ante el Ministerio de Salud. Luego de una visita de campo se emitió el informe MS-DRRSHC-ARSP-10652-2020 del 22 de octubre de 2020, en el cual se indicó: “se procede con el traslado de la denuncia a la Unidad de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Pococí, para que se realice un análisis real de la situación, pues al no fiscalizar los fraccionamientos de terrenos para que se ajusten a los requerimientos normativos vigentes, tendrán tarde que temprano asumir ellos esas responsabilidades, pues es a todas luces poco responsable desarrollar alcantarillados pluviales y no concluirlos como en el caso que nos ocupa, afectando con estas acciones, a los pobladores y fundos que se ubiquen después del final del sistema que queda inconcluso, cada vez que llueve fuertemente\". Afirma que el 04 de abril de 2021, se reportó el problema de inundaciones ante la Unidad de Desarrollo y Control Urbano de la municipalidad recurrida. El 02 de mayo de 2022 se envió un correo al funcionario Brandon Agüero, de Gestión Ambiental, quien respondió lo siguiente: \"el caso ha sido trasladado al despacho del alcalde, ya que la posible solución excede las competencias de esta área. Se recomienda a la alcaldía coordinar con CONAVI y el área de planificación y desarrollo urbano para un mejor resolver\". Acusa que el 29 de mayo de 2023, los propietarios del fundo donde se obstruye el paso normal de las aguas, iniciaron la construcción de una tapia, sin contar con los permisos municipales correspondientes, ocasionando aún más el cierre del paso de las aguas en la servidumbre existente y generando inundaciones en su vivienda y en las de sus vecinos. Narra que el 23 de junio de 2023, la señora Nombre29901  (vecina de la localidad), planteó denuncia ante la municipalidad accionada, y el funcionario Henry Madrigal Calvó, le respondió: “Le comento que su denuncia fue trasladada a los procesos respectivos”. El 27 de octubre 2023, se les comunicó el informe técnico CNE-UIAR-729-2023: Valoración de riesgo por inundación en la Colonia de Pococí por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, el cual indica: “a. La cercanía a la zona de inundación del Río San Rafael, sumado al mal manejo de las aguas pluviales, está provocando los anegamientos de este sector. B. De no intervenir las obras de drenaje y tomar medidas de mitigación los anegamientos seguirán afectando a estos vecinos durante épocas de lluvia”. Además, se emitieron una serie de recomendaciones. El 24 de mayo de 2024, ante la solicitud de la vecina Nombre29901 , mediante informe DRHA-02-2024-0182, el MOPT respondió que no les compete el problema, pues no está a derecho de vía (pues la servidumbre en donde escurren las aguas de la calle está declarada como privada). Menciona que el 03 de julio 2024, se presentaron fuertes aguaceros y se hicieron los siguientes reportes de inundaciones al 911: reporte 2024-07-03-2018 realizado por Nombre148760  , reporte 2024- 07-03-2597 de Nombre195592  , reporte 2024-07-03-2102 de Nombre195593 . Refiere que el 04 de julio 2024, se les brindó audiencia a los vecinos de la comunidad para exponer el problema ante el Concejo Municipal, pero la respuesta verbal por parte del alcalde municipal fue que el problema existente le corresponde al CONAVI, ya que se requiere realizar una cuneta para el paso efectivo de aguas pluviales por la calle y que ello implica quitar el alcantarillado vecinal existente, ya que el actual es de limitada capacidad para el paso de aguas. Ante ello, el 04 de julio de 2024 se envió una nota al CONAVI, y mediante oficio DRHA-02-2024-243, se respondió que la situación presentada queda fuera del alcance del CONAVI, ya que: “las obras de construcción de previos privados, debe ser legislado por la municipalidad local, la cual debe velar por las buenas prácticas constructivas y aprobar los permisos de construcción en previos privados, así como salidas de aguas y desfogues correspondientes, como lo es en el caso y por tanto no puede asumir la responsabilidad, ni destinar fondos públicos en obras de propiedad privada lo cual contraviene la ley\". Enfatiza que, a la fecha de interposición del presente recurso, las autoridades recurridas no han brindado solución definitiva a la problemática expuesta, por lo que estima lesionados sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.\n\n2.-Mediante resolución de las 8:55 horas del 30 de julio de 2024 se dio curso al proceso y se solicitó informe al alcalde y el jefe de la Unidad de Desarrollo y Control Urbano, ambos de la Municipalidad de Pococí, así como, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad\n\n3.-Informa Cristhian Arroyo Gamboa, en su condición de Director Ejecutivo a.i del Consejo Nacional de Vialidad.  Explica: “La recurrente, en relación al CONAVI, solicita, que: “… se ordene al CONAVI la realización del trabajo responsable para el manejo de las aguas pluviales que produce la ruta 249, con la construcción de un sistema de cunetas que propicien mayor capacidad para brinda el cauce adecuado a las aguas de la ruta vial. En determinado caso que no se pueda declarar como servidumbre de paso de aguas pluviales, solicitamos que se obligue a las instituciones que forman parte (CONAVI y MOPT), que gestionen infraestructuralmente la canalización de aguas pluviales procedentes de ruta nacional 249.” El Consejo Nacional de Vialidad requirió informe técnico a la Dirección de Diseño de Vías y Puentes, además de su Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para atender el recurso que nos compete. En cuanto a la Dirección de Diseño de Vías y Puentes, brinda informe técnico en el documento GCTT- 31-2024-0193 de fecha 31 de julio del presente año, en el cual se indica lo siguiente: “nos permitimos indicarle que la calle en mención es una servidumbre, por lo tanto, se encuentra fuera del alcance de las competencias de CONAVI para su intervención, por no estar dentro del derecho de vía.” Lo señalado por la Dirección de Diseño de Vías y Puentes, no difiere a la establecido anteriormente por el CONAVI, lo cual es de conocimiento de la recurrida, ya que lo menciona en su escrito de interposición del recurso en cuestión. Así mismo, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, emite informe técnico, el documento DRHA- 02-2024-0295 (0233), de fecha 31 de julio del presente año, en el que atiende la situación de aguas que provoca problemas de inundaciones en propiedad privada por la obstaculización del paso normal de las aguas en propiedad privada que discurren por la servidumbre en el sector de Guápiles en Pococí, que interseca la Ruta Nacional No. 249, Sección de Control: 70580 (San Rafael (R.809) - Teresa (Dirección22367  ). Se señala que la problemática del caso recurrido se da por una situación de aguas, que se ha presentado en propiedad privada desde hace 3 años a los vecinos de su comunidad que enfrentan problemas de inundaciones en sus viviendas ocasionadas por la obstaculización del paso normal en propiedad privada de las aguas que discurren por la servidumbre. El informe brinda imágenes para determinar la ubicación de la propiedad y descripción del sitio, lo cual nos permite referirnos a las competencias legales del CONAVI. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes con la imagen 1 muestra el lugar donde se encuentra la propiedad privada que causa la afectación presentada en el recurso, para referirse a su ubicación, precisamente dentro de las competencias legales de esta Gerencia de Conservación Vial, a lo alegado en el expediente del presente recurso de amparo. Señalando en el documento DRHA-02-2024-0295 (0233), que, “se encuentra fuera del derecho de vía de la Ruta de Nacional No. 249, Sección de Control: 70580”. Además, indica lo siguiente “el inicio de la propiedad privada en mención se encuentra a 60 m al Este de la Ruta Nacional No. 249, lo que evidencia que la propiedad se encuentra fuera del derecho de vía de dicha Ruta Nacional tal como se muestra en el Plano Catastro No. 7-1054201- 2006.” El plano catastro al que hace mención, se encuentra como anexo en el informe emitido por dicha Gerencia. Como segundo punto, referente a la ubicación, señala la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes que, el paso de agua se encuentra en la servidumbre agrícola y da paso al agua de la Propiedad privada al Sur hacia la Propiedad Privada al Norte, como apoyo a este punto, se aporta la imagen Nº2. Como tercer punto, establece, en el informe de la Gerencia, previamente señalado, que la ubicación de la tapia construida, obstruye el flujo de agua proveniente de la servidumbre y de la propiedad privada ubicada al Sur, como se evidencia en la Imagen No. 3. Por último, establece la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, que “la alcantarilla más cercana se encuentra sobre la Ruta Nacional No. 249, Sección de Control: 70580 (San Rafael (R.809)-Teresa (Dirección22367  ). Guápiles, se encuentra específicamente en la estación km 6+410 a una distancia de 44 metros de la entrada de la servidumbre agrícola y aproximadamente 105 metros sobre dicha servidumbre agrícola hasta donde se encuentra el cruce de aguas o desfogue en la propiedad privada ubicada al Sur, como se muestra en la Imagen No. 4.” (La cual se adjunta) En conclusión, con lo señalado anteriormente, así, como lo que se demuestra con las imágenes, se evidencia la ubicación de la propiedad privada donde se obstaculizó el desfogue natural y de los sistemas de evacuación de agua que utiliza la Ruta Nacional No. 249 en el sector, siendo estos los mismos cortes de aguas que siempre han existido en la Ruta Nacional No. 249. La Gerencia de Conservación procedió a analizar, en el informe supra mencionado, punto a punto lo indicado por la recurrente, en el escrito en el que se establece el respectivo recurso de amparo, de lo cual se considera necesario mencionar los siguientes puntos: En cuanto al alegato 1. a) la Gerencia resalta que “Tal como se evidencia en este punto, efectivamente la servidumbre de paso donde desfoga las aguas pluviales de la Ruta Nacional No. 249 existe desde hace de 30 años, la cual atraviesa por varias propiedades privadas y fuera del derecho de vía, tal como lo declara la recurrente, lo que demuestra que este Consejo no ha realizado labores que alteren las condiciones del sistema de alcantarillado pluvial.” En el alegato 1. b) es preciso resaltar que se evidencia que la servidumbre de paso desfoga las aguas pluviales de la Ruta Nacional No. 249, que su existencia es desde hace de 30 años y los vecinos corroboran la existencia de dicho paso de agua que ha formado parte del desfogue de la Ruta Nacional No. 249 y la importancia del mismo para el buen mantenimiento de la carretera. En el punto 1. c) alegado por la recurrente, sobresale que tal y como se describe en el escrito interpuesto, la situación de obstrucción del paso de las aguas ocurre en propiedad privada, fuera del derecho de vía y frente a servidumbre de paso, evento generado por terceros al realizar una obra en propiedad privada que interrumpe el paso del agua. Comprobándose de esta manera, que el CONAVI no ha alterado las condiciones originales de la Ruta Nacional No. 249 que acredite una alteración a los vecinos. En cuanto a lo señalado en el alegato 1. d), la Gerencia de conservación de Vías y Puentes, señala que, “Con respecto a este punto, La Ley General de Caminos Públicos, en el Capítulo 20, es clara en indicar la obligatoriedad de los propietarios a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, así como dar mantenimiento al mismo y garantizar la escorrentía y demarca las obligaciones de las entidades competentes. En este caso, al ser una obra en propiedad privada, sobre una servidumbre y fuera del derecho de vía, le corresponde a la Municipalidad local atender la situación descrita por la recurrente. (Lo resaltado en negrita no es del original). Con relación al punto 1. i) se resalta de parte de la Gerencia de conservación de Vías y Puentes, que el caso presentado ocurre fuera del derecho de vía, además, que los problemas presentados son debido a una construcción en propiedad privada, la cual se da posterior a la construcción de la carretera y el sistema de drenaje, situación de la cual el CONAVI, no a tenido injerencia, ni responsabilidad, ya que, los permisos de construcción son legislados y le corresponde brindarlos a la Municipalidad correspondiente, por lo que el caso presente en este recurso se encuentra fuera de los alcances legales del CONAVI. (Lo resaltado en negrita no es del original) Lo que la recurrente alega en el punto 1. L, se evidencia en la prueba aportada, que, la gestión está dirigida a la Municipalidad y con copia a otras entidades, por lo que la atención y respuesta del mismo debió ser atendida por la Municipalidad. La Gerencia de Conservación en el análisis que hace del punto 1. m) se refiere sobre el Informe Técnico CNE-UIAR-729-2023, aportado como prueba por la recurrente, en el que se señala la evidente necesidad de intervenir en propiedad privada las obras de drenaje mejorando los sistemas de drenajes en la servidumbre, fuera del derecho de vía de la Ruta Nacional No. 249, por lo que se evidencia que las recomendaciones del informe técnico van dirigidas hacia la Municipalidad local para su atención dentro de sus competencias. En cuanto al punto 1. o), señalado por la recurrente, la Gerencia de Conservación en su informe mantiene el criterio emitido en el informe DRHA-02-2024-0182, en cuanto a que es un hecho que la problemática generada está fura de las competencias de este Consejo. En relación al punto 1. q), alegado en el recurso de la parte interesada, señala la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes que se mantiene el criterio emitido en el informe IRSSA 289-2024, además, señala lo siguiente: Como evidencia de la pronta atención al evento presentado por hundimiento provocado por falla estructural de una alcantarilla, se adjunta fotografías 1 y 2 sobre la reposición del paso transversal con sus respectivas cajas de registro manteniendo las condiciones existentes desde hace 30 años del sistema de drenaje pluvial. En atención a lo alegado en el punto 1. s), la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, específicamente la Dirección Regional Huetar Atlántica, quienes tiene injerencia en la Dirección22368  , la cual corresponde a la zona de interés en el presente recurso, señalan que, “Efectivamente se realizó una visita in situ el día 2 de julio del 2024 en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Pococí. Que de esta visita se evidencia, que, el evento que causa las inundaciones de las viviendas (propiedades privadas) se genera por la obstrucción que posee el desfogue de las aguas en propiedad privada. Ver Imagen 1. En atención a lo alegado en el punto 1. u), la Gerencia de Conservación, expone lo siguiente: “En relación a este punto es importante aclarar que la aseveración indicada no representa la realidad existente sobre la Ruta, en función de que ya existe un sistema de drenaje con cunetas a ambos lados de la vía, tuberías, desfogues, etc. que funcionan normalmente y cumplen el propósito para el cual fueron diseñados (el manejo exclusivo de las aguas pluviales de la ruta) y construidos, por lo que de esto se deriva que ya existe el sistema de alcantarillado de aguas pluviales in situ.” Procediendo a enfatizar en el informe de fecha 31 de julio que la situación mencionada por la recurrente es provocada por una obstrucción del drenaje existente en propiedad privada, fuera del derecho de vía, generado por la construcción de carácter privado que debe ser regulada por la municipalidad local, quien es la responsable de velar por las buenas prácticas constructivas incluyendo el sistema de manejo de las aguas afectado. Con respecto a lo alegado en el punto1. v) La Gerencia de Conservación mantiene el criterio emitido en el informe No. DRHA-02-2024-0243 del 7 de julio del 2024, aportado por la recurrente, el cual indica:… “el caso presentado ocurre fuera del derecho de vía, debido a una construcción en propiedad privada, posterior a la construcción de la carretera y el sistema de drenaje, situación de la cual el CONAVI, no tiene injerencias ni responsabilidad, siendo que los permisos de construcción son legislados por el ente Municipal correspondiente, por lo que de esto se deriva que el caso presente esta fuera de los alcances legales del CONAVI al presentarse en una propiedad privada”… “ Las obras de construcción en previos privados, deber ser legislado por la Municipalidad local, la cual debe velar por las buenas prácticas constructivas y aprobar permisos de construcción para este tipo de casos, velando por todos los pormenores del mismo, el CONAVI no tiene participación ni da vistos buenos, o permisos de construcción en previos privados, como lo es en este caso y por tanto no puede asumir responsabilidad, ni destinar fondos públicos en obras en propiedad privada, lo cual contraviene la ley.“ …Por todo lo anterior se rechazan los alegatos realizados por la recurrente en los puntos señalados y desarrollados anteriormente se evidencia que la problemática generada en el caso que se recurre está fuera de las competencias del Consejo Nacional de Vialidad. En cuanto a los puntos 1. e), f), g), h), j), k), n), p), r) y t) señalados por la recurrente, son hechos o menciones que no forma parte de los alcances del CONAVI por lo que se omite criterio. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en el informe técnico DRHA-02-2024-0295 (0233), de fecha 31 de julio, se refiere a la atención del caso por parte del CONAVI (dentro de sus alcances legales establecidos por ley). En el informe de la Gerencia de Conservación se indica que, actualmente se atiende, de forma proactiva y diligente, la sustitución de la alcantarilla dañada, se procedió a reconstruir las condiciones originales de la Ruta Nacional No. 249, dentro del derecho de vía, garantizando así la transitabilidad segura por la vía nacional, tal como se evidencia en las fotografías No.3 y 4, estableciendo estos trabajos estarán por concluir en el mes de Julio del 2024, el informe DRHA-02-2024-0295 (0233) se recalca, que la problemática del caso que nos compete, ocurre fuera del derecho de vía, generado por a una construcción en propiedad privada, la cual se dio posterior a la construcción de la carretera y el sistema de drenaje, situación de la cual el CONAVI, no tiene injerencia, ni responsabilidad, ya que los permisos de construcción son legislados por el ente Municipal correspondiente, por lo que se concluye que el presente caso está fuera de los alcances legales del CONAVI al ser en una propiedad privada. En cuanto a los arreglos que se observan en las fotografías 1, 2, 3 y 4, indica la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes lo siguiente: “Es importante aclarar que en ningún momento se está alterando las condiciones iniciales del sistema de drenaje existente, debido a que los trabajos consisten a la reparación de las alcantarillas en el Km 6+410, debido a una falla por fatiga estructural y no por capacidad del caudal o capacidad hídrica, este trabajo se realiza para sustituir el paso de alcantarilla por otras de mejor calidad que atraviesa la Dirección22369  . , y esta reposición mantiene el diámetro, a saber 80 centímetros, iguales a las que había originalmente. Asimismo, tal como se aporta y se evidencia en el escrito de interposición la génesis del problema corresponde a una falta de atención por una obstrucción de una obra en propiedad privada por parte de la Municipalidad local, debido a que las obras de construcción en previos (sic) privados, deber ser legislado por la Municipalidad local, la cual debe velar por las buenas prácticas constructivas y aprobar permisos de construcción para este tipo de casos, velando por todos los pormenores del mismo, el CONAVI no tiene participación ni da vistos buenos, o permisos de construcción en previos privados, como lo es en este caso y por tanto no puede asumir responsabilidad, ni destinar fondos públicos en obras en propiedad privada, lo cual contraviene la ley.” (Lo resaltado en negrita no es del original) La Ley General de Caminos Públicos, en el Capítulo 20, hace referencia a la obligatoriedad de los propietarios a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, así como dar mantenimiento al mismo y garantizar la escorrentía. Además, se debe tener claro que, el paso de agua que genera inconvenientes se encuentra en la servidumbre agrícola y da paso al agua de la Propiedad privada al Sur hacia la Propiedad Privada al Norte, en cuanto a esto el CONAVI no tiene injerencia sobre servidumbre agrícola, al no formar parte de la red vial nacional. Así mismo, se debe contemplar que la tapia construida en propiedad privada, es la que obstruye el flujo de agua proveniente de la servidumbre y de la propiedad privada ubicada al Sur, por esto y los puntos anteriormente expuestos, se concluye que el CONAVI, no tiene injerencia, ni responsabilidad, ya que es tema de competencia de la Municipalidad correspondiente.” Pide se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Informa Manuel Hernández Rivera, en su condición de alcalde municipal del cantón de Pococí. Expresa: “Tal como lo expusimos en el RECURSO DE AMPARO tramitado bajo expediente número 22-22336-007-CO, declarado SIN LUGAR a favor de este Gobierno Local, con idénticas situaciones y agravios; igual caso tramitado en expediente Nº 24- 18619-0007-CO, ambos recursos interpuestos por la señora Nombre195594 , quien construyó la tapia, con el respectivo permiso de construcción municipal, presuntamente motivo por el cual se producen inundaciones. No obstante, al no existir servidumbre de agua sobre ese inmueble y al cumplir con los requisitos exigidos para la construcción de tapia en su propiedad, no existió motivo alguno para denegarse tal permiso constructivo. Reitero, ese inmueble, FOLIO REAL 7- 118583-002, Dirección14271 , PLANO: L-1054201-2006, el cual NO SOPORTA NINGUNA SERVIDUMBRE DE AGUA; únicamente servidumbre de paso y agrícola. Esto de acuerdo con el estudio registral emitida por el Registro Nacional. Sobre este tema de la tapia, debo indicar que en este momento no existe ninguna obra de construcción irregular, de acuerdo con lo indicado por el Ing. Jeancarlo Ruiz, Coordinador del Proceso de Control Constructivo, en su Oficio DPCC-128-2024 del 6 de agosto 2024, el cual adjunto. Recordemos que en el pasado, tal como lo indica el Oficio de la INSPECCION DE CAMPO, de MAYO DE 2021, emitido por el Ing. Fabian Delgado, encargado de Control Ambiental, la señora había manifestado que ella misma bloqueó el paso de alcantarilla, ya que su terreno no soporta ningún gravamen de servidumbre de agua, situación que provoca las inundaciones en ese sector. De acuerdo al Oficio UTGAM-0282-2021 del 24 de mayo de 2021, de la Oficina de Gestión Ambiental Municipal, se indica lo siguiente: “… Durante la inspección se evidencia un estancamiento de aguas aparentemente de escorrentía en la propiedad del señor Fernández, esto debido a que la señora Céspedes rellenó el supuesto paso de aguas. No se percibe a simple vista que estas aguas sean residuales. …”. Así las cosas, considera este gobierno local, que estamos ante un conflicto vecinal (privado), y siendo que este terreno no colinda frente a calle pública, sino que su salida es a través de una SERVIDUMBRE de paso, al sur, la cual sale a la Dirección22370 , consideramos que es el CONAVI quien debe de realizar un trabajo de mantenimiento preventivo y proceder a cambiar la tubería o alcantarillado que colocaron hace más de treinta años en ese sector. Pues la realidad del camino, de la comunidad, del caudal del agua y sus pobladores ha cambiado (ver prueba documental ofrecida, Oficio SPCA-404-2024). Es en esa RUTA NACIONAL donde se originaron los problemas de desfogue de agua; esta carretera, se encuentra debidamente asfaltada (por CONAVI). Sobre esa ruta, es donde al parecer existe una tubería rota, no obstante, es importante retomar lo señalado en la Ley General de Caminos Públicos, Ley 5060, en su artículo 20, veamos: “Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos. El Ministerio o las Municipalidades mandarán a ejecutar el trabajo y cobrarán el trabajo más el cincuenta por ciento (50%) de recargo, si esta obligación no se cumpliere. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las Municipalidades deberán coordinar con el Ministerio de Agricultura las medidas de protección de los caminos en los proyectos de nuevos trazados o en los trabajos de conservación de los existentes, en las regiones donde los mismos puedan provocar o intensificar la erosión ó desviar el desagüe natural de los campos” (lo subrayado no es del original). En consecuencia, este Gobierno Local, ya ha realizado la respectiva coordinación con el MOPT, ya que al tratarse de una situación por resolver, sobre la RUTA NACIONAL 249, no puede este municipio entrar a intervenir ni invertir fondos públicos ahí, pues estaríamos excediendo las competencias otorgadas por ley. Ya que la atención e intervención en las rutas nacionales, le corresponde al Consejo Nacional de Viabilidad del Ministerio de Obra Pública. (…) En el Primer párrafo: Solicita que se le ordene a este municipio a “desarrollar acciones administrativas y legales para que se propicie el readecuado cauce de las aguas pluviales”. Sobre este primer punto debo indicar que precisamente esto ya se realizó mediante una adecuada coordinación interinstitucional y se remitió al Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI). En el Segundo párrafo: Solicita que “se le indique a los dueños de esa propiedad que realicen los ajustes y limpieza”. En este caso no se trata de una pretensión contra mi representada. Por lo que no me referiré a ella. En el Tercero y Cuarto párrafo: Solicita que se le ORDENE AL CONAVI la realización del trabajo respectivo para el manejo de las aguas pluviales en la ruta Nº 249. Y que éste gestione la canalización de aguas pluviales procedentes de la citada ruta nacional. Como se ha indicado antes, se trata de una ruta nacional, por ende competencia del Ministerio de Obra Pública y Transporte, no es competencia municipal, lo que imposibilita la inversión de fondos públicos en esta ruta. En consecuencia, la solución definitiva de esa problemática, no está en manos de mi representada, sino del ente rector en materia de rutas nacionales, a saber, el MOPT, a través del Concejo Nacional de Viabilidad (Conavi) 5. Finalmente, es criterio de este Despacho Municipal, que no estamos ante aguas naturales donde se deba “recibir y dejar discurrir dentro de sus predios” sino que existe una evidente intervención humana (MOPT) quienes construyeron de manera transversal un alcantarillado en una ruta nacional. No se trata de un desnivel natural, sino de una obra de infraestructura vial, asfaltada, tal como lo demuestra incluso la misma prueba ofrecida por el CONAVI. Se trata de agua pluviales encausadas por el CONAVI y direccionadas a una propiedad privada, la cual no tiene ningún gravamen que soportar de servidumbre de agua. En este mismo sentido, tenemos el criterio técnico, emitido por el Ing. Henry Madrigal, Director del Área de Planificación y Desarrollo Urbano, quien indica en su Oficio APDU-69-2024, que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, señala: “Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuarias o forestal, para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otro similar. No obstante, la municipalidad, ni ninguna institución pública, tienen obligación de dar mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre”. (la negrita no pertenece al original). Por lo tanto, en temas de servidumbres agrícolas, queda claro que la función municipal en razón del mantenimiento que ellas requieran es obligan expresa del propietario registral que se indica. bien un desfogue constituido a lo largo de los años, como bien lo indican los interesados.” Pide se declare sin lugar el recurso.\n\n5.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n \n\n Redacta la Magistrada Fernandez Acuña; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La accionante expone que habita en las inmediaciones de la Dirección22365   , la cual se encuentra colapsada en cuanto a su infraestructura, debido al taponamiento del alcantarillado que atraviesa la propiedad del señor Nombre195590  , donde habita la señora Nombre195591  . Acusa que esa obstrucción fue realizada por dichas personas, con palos, escombros y la implementación de maquinaria pesada, en la zona donde se encontraban las cajas de registro de las aguas y provoca problemas de inundaciones en sus viviendas ocasionados por la obstaculización del paso normal de las aguas que discurren por la calle. Reclama que las autoridades recurridas no quieren dar una solución al problema, y las denuncias planteadas en julio de presente año, no han sido atendidas. Piden la intervención de la Sala.\n\nII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\n \n\na)     La servidumbre de paso donde desfogan las aguas pluviales de la Ruta Nacional No. 249 existe desde hace de 30 años, y atraviesa  varias propiedades privadas, fuera del derecho de vía (ver informe)\n\nb)    La situación de obstrucción del paso de las aguas que denuncia la parte recurrente, ocurre en propiedad privada, fuera del derecho de vía y frente a servidumbre de paso, evento generado por terceros al realizar una obra (tapia) en propiedad privada que obstruye el flujo de agua proveniente de la servidumbre y de la propiedad privada (ver informe).\n\nc)     El cuerpo de aguas en cuestión no se clasifica como un cuerpo de aguas de dominio público, sino más bien un desfogue constituido a lo largo de los años (ver informe).\n\nd)    El día 2 de julio del 2024, funcionarios del CONAVI,  junto con funcionarios de la Municipalidad de Pococí, realizaron una visita de valoración al área afectada y confirmaron que la causa de las inundaciones de las viviendas (propiedades privadas) de los vecinos de Pococí se genera por la obstrucción que posee el desfogue de las aguas en propiedad privada (ver informe)\n\ne)     El CONAVI considera que: “las obras de construcción de previos (sic) privados, debe ser legislado por la municipalidad local, la cual debe velar por las buenas prácticas constructivas y aprobar los permisos de construcción en previos privados, así como salidas de aguas y desfogues correspondientes, como lo es en el caso y por tanto no puede asumir la responsabilidad, ni destinar fondos públicos en obras de propiedad privada lo cual contraviene la ley\" (ver informe).\n\nf)      La Municipalidad de Pococí considera que: “(…) estamos ante un conflicto vecinal (privado), y siendo que este terreno no colinda frente a calle pública, sino que su salida es a través de una SERVIDUMBRE de paso, al sur, la cual sale a la RUTANACIONAL 249, consideramos que es el CONAVI quien debe de realizar un trabajo de mantenimiento preventivo y proceder a cambiar la tubería o alcantarillado que colocaron hace más de treinta años en ese sector. Pues la realidad del camino, de la comunidad, del caudal del agua y sus pobladores ha cambiado (ver prueba documental ofrecida, Oficio SPCA-404-2024). Es en esa RUTA NACIONAL donde se originaron los problemas de desfogue de agua; esta carretera, se encuentra debidamente asfaltada (por CONAVI).” (ver informe).\n\nIII.- Precedente. En relación con el mismo asunto que aquí se plantea, esta Sala, por resolución 2022028682 de las 9:30 horas del 2 de diciembre de 2022, resolvió el reclamo planteado contra la Municipalidad de Pococí aquí recurrida, por la desviación de aguas de lluvia hacia propiedades vecinas por falta de alcantarillado y el desagüe de aguas residuales en la misma zona que describe la recurrente. Esta Sala dispuso:\n\n \n\n“VI.- Caso concreto. De conformidad con los informes bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción, se comprueba que la recurrente habita una vivienda ubicada en La Colonia de Pococí de Guápiles. En el lugar no existe alcantarillado pluvial de manera que las aguas discurren formando una zanja que atraviesa varias propiedades entre ellas la de la recurrente que se encuentra en un fundo inferior. En el año 2020, la recurrente denunció ante el Ministerio de Salud la ausencia de alcantarillado pluvial y que los vecinos del lugar aprovechan la corriente para verter aguas residuales. El 20 de agosto del 2022, denunció ante la Municipalidad de Pococí que varias casas de habitación vertían aguas residuales en la corriente de aguas pluviales. El 28 de enero del 2021, el Área Rectora de Salud de Pococí, tras verificar la ausencia de alcantarillado, puso en conocimiento de la Municipalidad de Pococí lo denunciado. El 23 de mayo del 2022, la recurrente de nuevo expuso la situación ante la Municipalidad de Pococí. En el año 2022, sin precisar fecha, la Municipalidad de Pococí respondió al Área Rectora de Salud de Pococí que el problema de aguas pluviales debe solucionarse en conjunto con el CONAVI. Además, la Municipalidad es del criterio que el problema se origina por problemas vecinales y acciones de la propia recurrente. El Área Rectora de Salud de Pococí no ha dictado ninguna orden sanitaria, pese a que ha verificado un problema de aguas residuales con olores repulsivos y arrastre de desechos. Si bien las aguas discurren por el terreno donde vive la recurrente no le ha causado daño a la casa de habitación. Por otra parte, no consta que el Área Rectora de Salud de Pococí y la Municipalidad de Pococí hubieran notificado a la recurrente el resultado de la denuncia interpuesta.\n\n \n\nVII.- De lo expuesto se deben distinguir varios aspectos. En primer término, la falta de alcantarillado pluvial. Por otra parte, el desagüe de aguas residuales. En tercer lugar, el eventual conflicto vecinal tanto por las acciones de los vecinos como de la propia recurrente. Finalmente, la omisión de las autoridades recurridas en responder a la recurrente.\n\n \n\n VIII.- En cuanto al eventual conflicto vecinal no le corresponde a esta Sala pronunciarse. Es un aspecto que se debe conocer en la vía ordinarias. No es competencia de un Tribunal Constitucional, sino del juez ordinario, conocer sobre las eventuales responsabilidades extracontractuales.\n\n \n\n IX.- En cuanto al alcantarillado pluvial, se debe aclarar lo siguiente: a esta Sala no le corresponde intervenir directamente en lo que a la gestión de obra pública se refiere. No le corresponde tomar el lugar del ente municipal y planificar el desarrollo de la infraestructura local. Ahora bien, esta Sala interviene en la medida en que la ausencia de infraestructura genere un problema de salud o bien de contaminación ambiental. En este caso, no se ha demostrado que las aguas pluviales sean las que generan tales problemas. El problema de contaminación proviene de las aguas residuales. Eventualmente podría resultar que la construcción de alcantarillado elimine la posibilidad de verter aguas residuales en la corriente de agua pluvial, pero el alcantarillado pluvial no tiene como fin recoger aguas residuales y la falta de este no autoriza el desagüe de aguas residuales en la corriente de agua pluvial. Aunado a ello se debe advertir que la misma recurrente reconoce en el escrito de réplica que la corriente de agua si bien afecta el terreno no así la casa de habitación. No es aquí donde se debe determinar si, por tratarse de aguas pluviales, el fundo inferior debe o no soportar. Se debe agregar también que en este caso existe contención no solo sobre la infraestructura que exactamente se requiere sino también de los entes encargados de realizarla. Finamente, la municipalidad bien apunta que no cabe construir obras de infraestructura pública en propiedad privada e, incluso, alega que parte de problema se origina en acciones tomadas por la misma recurrente. La misma Municipalidad considera que se realizó una construcción sin permiso, todo lo cual no puede conocerse en la vía del amparo. En suma, no procede ordenar aquí la construcción del alcantarillado ni la indemnización que pretende la amparada. En cuanto a este punto, el recurso debe desestimarse.\n\n \n\nX.- Por el contrario, el Área Rectora de Salud de Pococí reconoce que discurren aguas residuales, pero no ha dictado ninguna orden sanitaria al respecto. Es muy claro que no le corresponde a esta Sala dictarlas directamente, pero sí conocer la omisión del ente encargado. Es cierto, que el Área Rectora de Salud de Pococí remitió la denuncia interpuesta en el año 2020 a la Municipalidad de Pococí, con el fin de que esta la conociera. Sin embargo, la responsabilidad del Ministerio de Salud no se limita simplemente al traslado de una denuncia, sino a conocer lo planteado y, en lo atinente a sus competencias, dictar las órdenes pertinentes contra quien, según se determine, genere el problema de contaminación. Debido a la omisión del Ministerio de Salud, se debe acoger el recurso en su contra con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva. Se debe advertir también que no le corresponde a esta Sala revisar la pertinencia técnica de lo que eventualmente dicte el Ministerio de Salud.\n\n \n\nXI.- Finalmente, en lo que a la falta de respuesta se refiere, se trata de una cuestión que sí conoce este Tribunal, pues como se explicó al inicio, se trata de una denuncia sobre contaminación y, además, relacionada con un posible impacto en la salud. Sobre este punto, no consta que Municipalidad y el Área Rectora de Salud de Pococí hubieran contestado. Si bien el Ministerio de Salud hace referencia al carácter confidencial de la denuncia, esta no es anónima. Ambas instituciones tienen el deber de dar una respuesta aunque no le concedan a la recurrente lo que pide. Es decir, si las autoridades consideran que la denuncia es improcedente, así deben indicárselo al denunciante. No consta que lo hubiera hecho. En consecuencia, sobre este punto también debe estimarse el recurso. (…). POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por la falta de respuesta a las denuncias y la falta de intervención del Ministerio de Salud. En consecuencia, se le ordena a Karen Mayorga Quirós, Directora del Área Rectora de Salud de Pococí, o quien ocupe ese cargo,  que realice las gestiones necesarias para que, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, se verifique la contaminación por aguas residuales y se emitan las órdenes sanitarias pertinentes. De igual forma, se le ordena a Karen Mayorga Quirós, Directora del Área Rectora de Salud de Pococí, o quien ocupe ese cargo, y a Manuel Hernández Rivera, Alcalde Municipal de Pococí, o a quien ocupe ese cargo, que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde a la recurrente una respuesta a las denuncias interpuestas respectivamente en esa Área de Salud y en la Municipalidad. (…)”.\n\n \n\nEl precedente de cita es plenamente aplicable al caso particular, pues en el mismo sentido indicado en ese asunto, tanto en el informe dado a la Sala por el Alcalde Municipal de Pococí como por el Director Ejecutivo a.i del Consejo Nacional de Vialidad, se desprende que la situación de obstrucción del paso de las aguas, frente a servidumbre de paso,  en el área descrita por la parte recurrente, mantiene la contención sobre el ente encargado de dar la solución al problema. Para el CONAVI, al ser una obra en propiedad privada, sobre una servidumbre y fuera del derecho de vía, le corresponde a la Municipalidad local atender la situación descrita por la recurrente. Para la Municipalidad de Pococí, el terreno en cuestión, como no colinda frente a calle pública, sino que su salida es a través de una servidumbre de paso, al sur, la cual sale a la ruta nacional 249, es el CONAVI quien debe de realizar un trabajo de mantenimiento preventivo y proceder a cambiar la tubería o alcantarillado que colocaron los vecinos de la localidad, hace más de treinta años en ese sector.  Así las cosas, al igual que se resolvió por la sentencia N°2022-28682 de las 9:30 horas del 2 de diciembre de 2022, esta Sala reitera que  no puede conocerse en la vía del amparo la discrepancia de competencia entre la Municipalidad y el MOPT sobre cuál debe dar una solución al problema de taponamiento del alcantarillado que atraviesa la propiedad donde reside la señora Nombre195591  ; que en lo que coinciden las autoridades informantes, es que se origina en un conflicto vecinal, en propiedad privada.  \n\nEn suma, si bien el presente recurso debe desestimarse sobre los aspectos nuevamente planteados en esta vía de amparo, pues, no corresponde a esta Sala resolver el problema de competencia que se evidencia en este caso entre el CONAVI y la Municipalidad de Pococí, también es cierto que  la situación de obstrucción del paso de las aguas, frente a servidumbre de paso,  en el área descrita por la parte recurrente se mantiene sin solución sin que el Estado  haya dado respuesta efectiva a los administrados. Ello por cuanto la Municipalidad  de Pococí y el CONAVI, en sus respectivos informes, se atribuyen de manera recíproca la responsabilidad sobre la omisión denunciada, sin definir ninguna solución, lo que afecta los derechos fundamentales de los tutelados. Esta falta de coordinación y definición de las autoridades es ajena a los recurrentes, por lo que no tendrían que sufrir esa falta de armonización entre los órganos recurridos. Así las cosas, procede acoger parcialmente con lugar el recurso, para que las autoridades recurridas definan en el marco de sus competencias, las acciones que se deben tomar para dar una solución definitiva al problema de alcantarillado, en el plazo que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\n \n\n IV.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que el amparado asegura haber denunciado, ante la Municipalidad de Pococí y el Consejo Nacional de Vialidad, la problemática presentada en la Ruta Nacional N°249, la cual se encuentra en deplorables condiciones y provoca inundaciones, pero que presuntamente no ha sido resuelto en un plazo prudencial.\n\n V.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la ejecución de esta sentencia.\n\nSi bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar parcialmente con lugar, difiero sobre dónde corresponde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar un adecuado seguimiento.\n\nComo bien se sabe, de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) la ejecución de las órdenes dictadas por la Sala Constitucional corresponde, en principio, ser fiscalizada por la propia Sala. Sin embargo, el art. 56 de la LJC contempla supuestos de excepción en los que, por determinación de la propia Sala, se ordene residenciar la ejecución de la sentencia en la jurisdicción contencioso-administrativa. La norma en cuestión establece lo siguiente:\n\n \n\n“Art. 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original).\n\nRecuérdese que en el proyecto de ley de discusión de la LJC se preveía originalmente lo siguiente:\n\n \n\n“Art. 56. Las sentencias favorables al recurrente se ejecutarán en la vía contencioso-administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley Reguladora de esa Jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original).\n\n \n\nSin embargo, el texto fue modificado vía moción para que la norma fuera coincidente con lo regulado en el art. 153 de la Constitución Política, pero se realizó la siguiente explicación:\n\n \n\n“EL SECRETARIO:\n\nMoción No. 68 (32-19) del diputado Chacón Jiménez:\n\n“artículo 57 (antes 56): para que el texto se lea así: “la ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones o responsabilidades pecuniarias en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción”.\n\nEL PRESIDENTE:\n\nEn discusión la moción leída?\n\nDoctor Piza Escalante:\n\nAquí había una contradicción con la tesis genérica de que son los Tribunales los que ejecutan sus sentencias y enviaba la Jurisdicción Contencioso Administrativo toda la ejecución; entonces quedaban al aire los otros artículos que le permitían a la Sala ejecutarlos.\n\nDiputado Corrales Bolaños:\n\nEn esa parte dice: “o en otros aspectos que la propia Sala considere del aso…”, a qué se está refiriendo?\n\nDoctor Piza Escalante:\n\nLa idea es que la Sala, en la vía de ejecución de sentencia, resuelva lo que ella considere que le corresponde. Lo que demás, lo envía a la vía Contencioso Administrativa.\n\nEL SECRETARIO:\n\nSe considera suficientemente discutida la moción?\n\nEL Nombre9143:\n\nDiscutida. Aprobada (unanimidad, cinco señores diputados presentes).” (Sic. Ver actas de aprobación de la LJC. Lo destacado no corresponde al original).\n\n \n\nA partir de lo anterior, está claro que la propia LJC autoriza a esta Sala a que resuelva lo que ella considera que le atañe y podría, de estimarlo así, derivar en la jurisdicción contenciosa administrativa los aspectos que ella valore que así corresponde.\n\n \n\nEn el caso concreto, la sentencia dispone lo siguiente:\n\n \n\n“Se ordena a Cristhian Arroyo Gamboa, en su condición de Director Ejecutivo a.i del Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a  Manuel Hernández Rivera, en su condición de alcalde municipal del cantón de Pococí o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario y den las órdenes que correspondan para que, en forma conjunta y según el marco de sus competencias, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, den una  solución  al problema de desbordamiento de aguas  que se presenta en las inmediaciones de la Dirección22365   , debido al taponamiento del alcantarillado en el sector denunciado por la parte recurrente”. \n\n \n\nSe aprecia de los autos que lo acusado por el recurrente es la obstaculización del paso normal de las aguas que discurren por la Dirección22371 .\n\n \n\nEs palmario que lo ordenado reviste cierta complejidad, cuya ejecución difícilmente puede seguirse con eficacia en esta Sala Constitucional. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (art. 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la LJC, a mi juicio, la ejecución de esta sentencia debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.\n\n \n\nPor lo anterior, salvo el voto respecto de la ejecución de la sentencia, la cual, de conformidad con el art. 56 de la LJC, corresponde ser residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. A tales efectos, ordeno remitir una copia de esta resolución para que se inicien los procedimientos de ejecución de este fallo.\n\n \n\nV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\n \n\nPor tanto:\n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Cristhian Arroyo Gamboa, en su condición de Director Ejecutivo a.i del Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a  Manuel Hernández Rivera, en su condición de alcalde municipal del cantón de Pococí o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario y den las órdenes que correspondan para que, en forma conjunta y según el marco de sus competencias, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, den una  solución  al problema de desbordamiento de aguas  que se presenta en las inmediaciones de la Dirección22365   , debido al taponamiento del alcantarillado en el sector denunciado por la parte recurrente. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Pococí al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso.  El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo.  Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\n \n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nObservaciones de SALA CONSTITUCIONAL\n\nSe adjunta la sentencia 24-029767 del expediente 24-019296-0007-CO\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:50:31.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**File**: 24-019296-0007-CO\n\n**Res. No.** 2025002806\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the thirty-first of January of two thousand twenty-five.\n\nCorrection of a **clerical error (error material)** in the **amparo action (recurso de amparo)** filed by Nombre195589, identity card CED142569, against the MUNICIPALITY OF POCOCÍ AND THE NATIONAL ROAD COUNCIL.\n\n**Whereas (Resultando):**\n\n1.- By judgment No. 2024029767 of 09:15 hrs. on October 11, 2024, this Chamber declared the action **partially with merit (parcialmente con lugar)** and ordered Cristhian Arroyo Gamboa, in his capacity as Interim Executive Director of the National Road Council of the Ministry of Public Works and Transport, and Manuel Hernández Rivera, in his capacity as municipal mayor of the canton of Pococí, or whoever holds those positions, to coordinate what is necessary and issue the corresponding orders so that, jointly and according to the framework of their competencies, within a period of six months counted from the notification of this judgment, they provide a solution to the problem of water overflow occurring in the vicinity of Dirección22365, due to the clogging of the sewer system in the sector reported by the claimant. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be executed or enforced, issued within an amparo action, and fails to execute or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of Pococí are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. In all other respects, the action is declared without merit. Magistrate Salazar Alvarado files a note. Magistrate Garro Vargas issues a dissenting vote (salva el voto) regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the rules of execution established in Articles 155 and following of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the execution procedures of this ruling. Notify.”\n\nThe Chamber notes that, in the section containing the resolution data in the Online Management System, the operative part indicated was incompletely recorded.\n\n2.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\n**Considering (Considerando):**\n\nI.- Preliminary question. In accordance with Article 12 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the judgments issued by the Chamber may be clarified or supplemented, at the request of a party, if requested within three days, and *ex officio* (de oficio) at any time, including in execution proceedings, to the extent necessary to give full compliance to the content of the ruling.\n\nII.- Regarding the correction of the clerical error contained in the resolution data in the Judicial Office Management System.- The operative part of judgment 2024029767 of 09:15 hrs. on October 11, 2024, was incompletely recorded in the resolution data section of the Judicial Office Management System. Therefore, the clerical error in the resolution data of judgment No. 2024029767 of 09:15 hrs. on October 11, 2024, is corrected to be read in full as follows:\n\n“The action is partially with merit. Cristhian Arroyo Gamboa, in his capacity as Interim Executive Director of the National Road Council of the Ministry of Public Works and Transport, and Manuel Hernández Rivera, in his capacity as municipal mayor of the canton of Pococí, or whoever holds those positions, are ordered to coordinate what is necessary and issue the corresponding orders so that, jointly and according to the framework of their competencies, within a period of six months counted from the notification of this judgment, they provide a solution to the problem of water overflow occurring in the vicinity of Dirección22365, due to the clogging of the sewer system in the sector reported by the claimant. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be executed or enforced, issued within an amparo action, and fails to execute or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of Pococí are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. In all other respects, the action is declared without merit. Magistrate Salazar Alvarado files a note. Magistrate Garro Vargas issues a dissenting vote regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the rules of execution established in Articles 155 and following of the Contentious Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the execution procedures of this ruling. Notify.”\n\n**Therefore (Por tanto):**\n\nThe clerical error recorded in the registry of the resolution data in the Judicial Management System, of judgment number 2024029767 of 09:15 hrs. on October 11, 2024, is corrected to be read as appropriate in the terms indicated in the second considering of this resolution.\n\nFernando Castillo V.\n\nNombre9143\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\n**File:** 24-019296-0007-CO\n\n**Res. No.** 2024029767\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on the eleventh of October of two thousand twenty-four.\n\n**Amparo action** processed in case file no. 24-019296-0007-CO, filed by [Nombre62 001], identity card [Valor CED63], against the MUNICIPALITY OF POCOCÍ AND THE NATIONAL ROAD COUNCIL.\n\n**Whereas (Resultando):**\n\n1.- By a document received in the Secretariat of the Chamber at 15:09 hours on July 15, 2024, the claimant files an amparo action. She states that she is a resident of Dirección22366 ( ) in Pococí, Limón. She mentions that she lives in the vicinity of Dirección22365, which is collapsed in terms of its infrastructure. She explains that for three years the residents of her community have faced flooding problems in their homes caused by the obstruction of the normal flow of water running along the street. This is due to the clogging of the sewer system that crosses the property of Mr. Nombre195590, where Mrs. Nombre195591 lives. She accuses that this obstruction was carried out by those persons, using sticks, debris, and the implementation of heavy machinery, in the area where the water catch basins (cajas de registro) were located. For this reason, on September 3, 2020, complaint 310-2020 was filed with the Ministry of Health. After a field visit, report MS-DRRSHC-ARSP-10652-2020 of October 22, 2020, was issued, stating: “the complaint is forwarded to the Urban Development and Control Unit of the Municipality of Pococí, so that a real analysis of the situation is carried out, since by not supervising land subdivisions (fraccionamientos) to ensure they meet current regulatory requirements, they will sooner or later have to assume those responsibilities, as it is patently irresponsible to develop rainwater drainage systems and not complete them as in the case at hand, affecting with these actions the residents and properties located after the end of the unfinished system, every time it rains heavily.\" She affirms that on April 4, 2021, the flooding problem was reported to the Urban Development and Control Unit of the respondent municipality. On May 2, 2022, an email was sent to the official Brandon Agüero, from Environmental Management, who responded as follows: \"the case has been referred to the mayor's office, as the possible solution exceeds the competencies of this area. It is recommended that the mayor's office coordinate with CONAVI and the urban planning and development area for a better resolution.\" She accuses that on May 29, 2023, the owners of the property where the normal flow of water is obstructed began the construction of a wall (tapia), without having the corresponding municipal permits, further closing the water passage in the existing easement (servidumbre) and generating flooding in her home and in those of her neighbors. She narrates that on June 23, 2023, Mrs. Nombre29901 (a local resident), filed a complaint with the sued municipality, and the official Henry Madrigal Calvó replied: “I inform you that your complaint was referred to the respective processes.” On October 27, 2023, they were informed of technical report CNE-UIAR-729-2023: Flood risk assessment in the Colonia de Pococí by the National Emergency Commission, which indicates: “a. The proximity to the flood zone of the San Rafael River, added to the poor management of rainwater, is causing the waterlogging (anegamientos) of this sector. B. If the drainage works are not intervened and mitigation measures taken, the waterlogging will continue to affect these residents during rainy seasons.” In addition, a series of recommendations were issued. On May 24, 2024, upon the request of resident Nombre29901, through report DRHA-02-2024-0182, MOPT responded that the problem is not their responsibility, as it is not within the right-of-way (derecho de vía) (since the easement where the street water flows is declared private). She mentions that on July 3, 2024, heavy rains occurred and the following flooding reports were made to 911: report 2024-07-03-2018 made by Nombre148760, report 2024-07-03-2597 by Nombre195592, report 2024-07-03-2102 by Nombre195593. She relates that on July 4, 2024, a hearing was granted to the community residents to present the problem before the Municipal Council, but the verbal response from the municipal mayor was that the existing problem corresponds to CONAVI, since a roadside ditch (cuneta) needs to be built for the effective passage of rainwater along the street and that this implies removing the existing neighborhood sewer system, as the current one has limited capacity for the passage of water. In response, on July 4, 2024, a note was sent to CONAVI, and through official letter DRHA-02-2024-243, it was responded that the situation presented is beyond the scope of CONAVI, since: \"the construction works on private lots must be legislated by the local municipality, which must ensure good construction practices and approve construction permits on private lots, as well as corresponding water outlets and drains, as is the case, and therefore it cannot assume responsibility, nor allocate public funds to works on private property, which contravenes the law.\" She emphasizes that, as of the filing date of this action, the respondent authorities have not provided a definitive solution to the problem described, and therefore considers her fundamental rights violated. She requests that the action be declared with merit.\n\n2.- By resolution of 8:55 hours on July 30, 2024, the process was initiated and a report was requested from the mayor and the head of the Urban Development and Control Unit, both of the Municipality of Pococí, as well as the executive director of the National Road Council.\n\n3.- Cristhian Arroyo Gamboa, in his capacity as Interim Executive Director of the National Road Council, reports. He explains: “The claimant, in relation to CONAVI, requests that: ‘… CONAVI be ordered to carry out responsible work for the management of rainwater produced by route 249, with the construction of a system of roadside ditches (cunetas) that provide greater capacity to give adequate channeling to the waters of the road route. In the event that it cannot be declared as an easement for rainwater passage, we request that the institutions involved (CONAVI and MOPT) be obligated to manage infrastructurally the channeling of rainwater coming from national route 249.’ The National Road Council requested a technical report from the Road and Bridge Design Directorate (Dirección de Diseño de Vías y Puentes), in addition to its Road and Bridge Conservation Management (Gerencia de Conservación de Vías y Puentes), to address the action that concerns us. Regarding the Road and Bridge Design Directorate, it provides a technical report in document GCTT-31-2024-0193 dated July 31 of the current year, in which the following is indicated: ‘we can inform you that the street in question is an easement, therefore, it is outside the scope of CONAVI’s competencies for its intervention, because it is not within the right-of-way.’ What was pointed out by the Road and Bridge Design Directorate does not differ from what was previously established by CONAVI, which is known to the respondent, as she mentions it in her filing of the action in question. Likewise, the Road and Bridge Conservation Management issues a technical report, document DRHA-02-2024-0295 (0233), dated July 31 of the current year, in which it addresses the water situation causing flooding problems on private property due to the obstruction of the normal flow of water on private property that runs through the easement in the sector of Guápiles in Pococí, which intersects National Route No. 249, Control Section: 70580 (San Rafael (R.809) - Teresa (Dirección22367). It is pointed out that the problem of the appealed case is due to a water situation, which has occurred on private property for 3 years for the residents of her community who face flooding problems in their homes caused by the obstruction of the normal flow on private property of the waters running through the easement. The report provides images to determine the location of the property and description of the site, which allows us to refer to the legal competencies of CONAVI. The Road and Bridge Conservation Management with image 1 shows the location where the private property causing the effect presented in the action is located, to refer to its location, precisely within the legal competencies of this Road Conservation Management, to what is alleged in the case file of this amparo action. Pointing out in document DRHA-02-2024-0295 (0233), that, ‘it is outside the right-of-way of National Route No. 249, Control Section: 70580.’ Additionally, it indicates the following: ‘the beginning of the private property in question is located 60 m East of National Route No. 249, which shows that the property is outside the right-of-way of said National Route as shown in Cadastral Plan (Plano Catastro) No. 7-1054201-2006.’ The cadastral plan mentioned is attached in the report issued by said Management. As a second point, regarding the location, the Road and Bridge Conservation Management points out that the water passage is located in the agricultural easement and allows water passage from the Private property to the South towards the Private Property to the North, in support of this point, Image No. 2 is provided. As a third point, it establishes, in the report of the Management, previously indicated, that the location of the constructed wall obstructs the flow of water coming from the easement and from the private property located to the South, as shown in Image No. 3. Finally, the Road and Bridge Conservation Management establishes that: ‘the nearest culvert (alcantarilla) is located on National Route No. 249, Control Section: 70580 (San Rafael (R.809)-Teresa (Dirección22367). Guápiles, it is specifically at station km 6+410 at a distance of 44 meters from the entrance of the agricultural easement and approximately 105 meters along said agricultural easement to where the water crossing or drain (desfogue) is located on the private property located to the South, as shown in Image No. 4.’ (Which is attached). In conclusion, with what was previously indicated, as well as what is demonstrated with the images, the location of the private property where the natural drainage and the water evacuation systems used by National Route No. 249 in the sector were obstructed is evident, these being the same water drainage channels that have always existed on National Route No. 249. The Conservation Management proceeded to analyze, in the aforementioned report, point by point what was indicated by the claimant, in the document establishing the respective amparo action, regarding which it is considered necessary to mention the following points: Regarding claim 1. a) the Management highlights that: ‘As evidenced in this point, effectively the passage easement where the rainwater of National Route No. 249 drains has existed for 30 years, which crosses several private properties and is outside the right-of-way, as declared by the claimant, demonstrating that this Council has not carried out work that alters the conditions of the rainwater sewer system.’ In claim 1. b) it is necessary to highlight that it is evidenced that the passage easement drains the rainwater of National Route No. 249, that its existence dates back 30 years and the residents corroborate the existence of said water passage that has formed part of the drainage of National Route No. 249 and its importance for the proper maintenance of the road. In point 1. c) claimed by the claimant, it stands out that, as described in the filed document, the situation of obstruction of the water passage occurs on private property, outside the right-of-way and in front of a passage easement, an event generated by third parties when carrying out work on private property that interrupts the passage of water. Thus verifying, that CONAVI has not altered the original conditions of National Route No. 249 that would prove an alteration to the residents. Regarding what is indicated in claim 1. d), the Road and Bridge Conservation Management points out that: ‘With respect to this point, the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), in Chapter 20, is clear in indicating the obligation of owners to receive and allow water to flow within their lands, as well as to maintain it and guarantee the runoff and demarcates the obligations of the competent entities. In this case, as it is a work on private property, on an easement and outside the right-of-way, it corresponds to the local Municipality to attend to the situation described by the claimant. (The boldfacing is not from the original). Regarding point 1. i) it is highlighted by the Road and Bridge Conservation Management, that the case presented occurs outside the right-of-way, in addition, that the problems presented are due to a construction on private property, which occurs after the construction of the road and the drainage system, a situation in which CONAVI has had no interference, nor responsibility, since construction permits are legislated and are to be granted by the corresponding Municipality, therefore this case presented in this action is outside the legal scope of CONAVI. (The boldfacing is not from the original). What the claimant alleges in point 1. L is evidenced in the provided proof, that the management is directed to the Municipality and with a copy to other entities, so the attention and response thereof should have been handled by the Municipality. The Conservation Management in its analysis of point 1. m) refers to Technical Report CNE-UIAR-729-2023, provided as evidence by the claimant, in which the evident need to intervene on the drainage works on private property is indicated by improving the drainage systems in the easement, outside the right-of-way of National Route No. 249, thus evidencing that the recommendations of the technical report are directed towards the local Municipality for its attention within its competencies. Regarding point 1. o), indicated by the claimant, the Conservation Management in its report maintains the criterion issued in report DRHA-02-2024-0182, in that it is a fact that the problem generated is outside the competencies of this Council. In relation to point 1. q), alleged in the appeal of the interested party, the Road and Bridge Conservation Management points out that the criterion issued in report IRSSA 289-2024 is maintained, in addition, it indicates the following: As evidence of the prompt attention to the event presented by subsidence caused by structural failure of a culvert, photographs 1 and 2 are attached regarding the replacement of the cross-passage with its respective catch basins maintaining the conditions existing for 30 years of the rainwater drainage system. In response to what is alleged in point 1. s), the Road and Bridge Conservation Management, specifically the Huetar Atlántica Regional Directorate, which has jurisdiction over Dirección22368, which corresponds to the area of interest in this action, points out that: ‘Indeed, an on-site visit was made on July 2, 2024, together with officials from the Municipality of Pococí. From this visit, it is evidenced that the event causing the flooding of the homes (private properties) is generated by the obstruction that the water drain on private property has. See Image 1. In response to what is alleged in point 1. u), the Conservation Management states the following: ‘In relation to this point, it is important to clarify that the stated assertion does not represent the existing reality on the Route, given that there is already a drainage system with roadside ditches on both sides of the road, pipes, drains, etc. that function normally and fulfill the purpose for which they were designed (the exclusive management of the road's rainwater) and built, so it follows that there is already a rainwater sewer system in situ.’ Proceeding to emphasize in the report of July 31 that the situation mentioned by the claimant is caused by an obstruction of the existing drainage on private property, outside the right-of-way, generated by the private construction that must be regulated by the local municipality, which is responsible for ensuring good construction practices including the affected water management system. With respect to what is alleged in point 1. v) The Conservation Management maintains the criterion issued in report No. DRHA-02-2024-0243 of July 7, 2024, provided by the claimant, which indicates: … ‘the case presented occurs outside the right-of-way, due to a construction on private property, subsequent to the construction of the road and the drainage system, a situation in which CONAVI has no interference or responsibility, as construction permits are legislated by the corresponding Municipal entity, therefore it follows that this case is outside the legal scope of CONAVI as it occurs on private property’… ‘Construction works on private lots must be legislated by the local Municipality, which must ensure good construction practices and approve construction permits for this type of case, ensuring all its details, CONAVI has no participation nor gives approvals, or construction permits on private lots, as is this case, and therefore cannot assume responsibility, nor allocate public funds to works on private property, which contravenes the law.’ … For all the aforementioned, the allegations made by the claimant in the indicated and previously developed points are rejected; it is evidenced that the problem generated in the appealed case is outside the competencies of the National Road Council. Regarding points 1. e), f), g), h), j), k), n), p), r), and t) indicated by the claimant, they are facts or mentions that are not part of CONAVI's scope, so a criterion is omitted. The Road and Bridge Conservation Management, in technical report DRHA-02-2024-0295 (0233), dated July 31, refers to CONAVI's attention to the case (within its legal scope established by law). The Conservation Management report indicates that the replacement of the damaged culvert is currently being attended to proactively and diligently, the original conditions of National Route No. 249 were reconstructed within the right-of-way, thus guaranteeing safe transit on the national road, as evidenced in photographs No. 3 and 4, establishing these works will be completed in the month of July 2024; report DRHA-02-2024-0295 (0233) emphasizes that the problem of the case that concerns us occurs outside the right-of-way, generated by a construction on private property, which occurred after the construction of the road and the drainage system, a situation in which CONAVI has no interference, nor responsibility, since construction permits are legislated by the corresponding Municipal entity, so it is concluded that this case is outside the legal scope of CONAVI as it is on private property. Regarding the repairs observed in photographs 1, 2, 3, and 4, the Road and Bridge Conservation Management indicates the following: ‘It is important to clarify that at no time are the initial conditions of the existing drainage system being altered, because the works consist of repairing the culverts at Km 6+410, due to a failure from structural fatigue and not due to flow capacity or hydraulic capacity; this work is carried out to replace the culvert passage with higher quality ones that cross Dirección22369, and this replacement maintains the diameter, namely 80 centimeters, the same as those originally there. Likewise, as provided and evidenced in the filing document, the genesis of the problem corresponds to a lack of attention to an obstruction of a work on private property by the local Municipality, because construction works on private lots must be legislated by the local Municipality, which must ensure good construction practices and approve construction permits for this type of case, ensuring all its details; CONAVI has no participation nor gives approvals, or construction permits on private lots, as is this case, and therefore cannot assume responsibility, nor allocate public funds to works on private property, which contravenes the law.’ (The boldfacing is not from the original). The General Law of Public Roads, in Chapter 20, refers to the obligation of owners to receive and allow water to flow within their lands, as well as to maintain it and guarantee the runoff. Furthermore, it must be clear that the water passage causing inconveniences is located in the agricultural easement and allows water passage from the Private property to the South towards the Private Property to the North; in this regard, CONAVI has no jurisdiction over the agricultural easement, as it is not part of the national road network. Likewise, it must be considered that the wall built on private property is what obstructs the flow of water coming from the easement and from the private property located to the South; for this reason and the points previously stated, it is concluded that CONAVI has no interference, nor responsibility, as it is a matter for the corresponding Municipality.” He requests that the action be declared without merit.\n\n4.- Manuel Hernández Rivera, in his capacity as municipal mayor of the canton of Pococí, reports.\n\nIt states: “As we set forth in the AMPARO APPEAL (RECURSO DE AMPARO) processed under case file number 22-22336-007-CO, declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR) in favor of this Local Government, with identical situations and grievances; the same case processed in case file No. 24-18619-0007-CO, both appeals filed by Mrs. Nombre195594, who built the wall (tapia), with the respective municipal construction permit, allegedly the reason why flooding occurs. However, since no water easement (servidumbre de agua) exists on that property and the requirements for building a wall (tapia) on her property were met, there was no reason whatsoever to deny that construction permit. I reiterate, that property, REGISTERED PROPERTY FOLIO (FOLIO REAL) 7-118583-002, Dirección14271, PLAN: L-1054201-2006, DOES NOT SUPPORT ANY WATER EASEMENT (SERVIDUMBRE DE AGUA); only a right-of-way and agricultural easement (servidumbre de paso y agrícola). This is according to the registry study issued by the National Registry. Regarding this wall (tapia) issue, I must indicate that at this time there is no irregular construction work, according to what was stated by Eng. Jeancarlo Ruiz, Coordinator of the Construction Control Process, in his Official Letter DPCC-128-2024 of August 6, 2024, which I attach. Let us remember that in the past, as indicated in the FIELD INSPECTION Official Letter, of MAY 2021, issued by Eng. Fabian Delgado, in charge of Environmental Control, the lady had stated that she herself blocked the culvert (alcantarilla) passage, since her land supports no water easement (servidumbre de agua) encumbrance, a situation that causes flooding in that sector. According to Official Letter UTGAM-0282-2021 of May 24, 2021, from the Municipal Environmental Management Office, the following is indicated: '… During the inspection, a stagnation of waters, apparently runoff, is evident on Mr. Fernández's property, due to the fact that Mrs. Céspedes filled in the supposed water passage. It is not perceptible at first glance that these are wastewater. …'. Thus, this local government considers that we are facing a neighborhood conflict (private), and given that this land does not border a public road, but rather its exit is through a right-of-way EASEMENT (SERVIDUMBRE), to the south, which leads to Dirección22370, we consider that it is CONAVI that must perform preventive maintenance work and proceed to change the pipe or culvert (alcantarillado) that they installed more than thirty years ago in that sector. For the reality of the road, the community, the water flow, and its inhabitants has changed (see documentary evidence offered, Official Letter SPCA-404-2024). It is on that NATIONAL ROUTE (RUTA NACIONAL) where the water drainage (desfogue) problems originated; this road is duly paved (by CONAVI). On that route, that is where there appears to be a broken pipe, however, it is important to revisit what is set forth in the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), Law 5060, in its Article 20, let us see: 'All possessors of real estate, by any title, are obligated to receive and allow to flow within their properties, the waters from the roads when so determined by the terrain's slope and, when their properties are adjacent to the drainage of a road, they must keep these drainage systems clean, in perfect working order, and free of obstacles. The Ministry or the Municipalities shall order the work to be executed and shall charge for the work plus fifty percent (50%) surcharge, if this obligation is not fulfilled. The Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) and the Municipalities must coordinate with the Ministry of Agriculture regarding road protection measures in new road layout projects or in conservation work on existing ones, in regions where they may cause or intensify erosion or divert the natural drainage of the fields' (underlining is not from the original). Consequently, this Local Government has already coordinated with the MOPT, since as this is a situation to be resolved on NATIONAL ROUTE 249, this municipality cannot intervene or invest public funds there, as we would be exceeding the powers granted by law. Since care and intervention on national routes is the responsibility of the National Road Council (Consejo Nacional de Viabilidad) of the Ministry of Public Works. (...) In the First paragraph: Requests that this municipality be ordered to 'develop administrative and legal actions to facilitate the re-adequate channeling of rainwater (aguas pluviales)'. On this first point, I must indicate that precisely this has already been done through proper inter-institutional coordination and was referred to the National Road Council (CONAVI). In the Second paragraph: Requests that 'the owners of that property be instructed to make the adjustments and cleaning'. In this case, it is not a claim against my client. Therefore, I will not refer to it. In the Third and Fourth paragraphs: Requests that CONAVI BE ORDERED to carry out the respective work for rainwater management on route No. 249. And that it manage the channeling of rainwater coming from the cited national route. As previously indicated, this is a national route, therefore within the competence of the Ministry of Public Works and Transport, it is not municipal competence, which makes the investment of public funds on this route impossible. Consequently, the definitive solution to this problem is not in the hands of my client, but rather of the governing body on national routes, namely, the MOPT, through the National Road Council (Conavi) 5. Finally, it is the opinion of this Municipal Office that we are not dealing with natural waters where one must 'receive and allow to flow within their properties,' but rather there is an evident human intervention (MOPT) who built a culvert (alcantarillado) transversely on a national route. It is not a natural slope, but a road infrastructure work, paved, as evidenced even by the same evidence offered by CONAVI. It involves rainwater channeled by CONAVI and directed to a private property, which has no encumbrance of water easement (servidumbre de agua) to bear. In this same vein, we have the technical criteria, issued by Eng. Henry Madrigal, Director of the Urban Planning and Development Area, who indicates in his Official Letter APDU-69-2024, that according to what is established in the Subdivision and Urbanization Regulation (Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones) of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), it states: 'Any authority or official of the entities in charge of providing public services may access the parcel through the agricultural, livestock, or forestry easement (servidumbre agrícola, pecuarias o forestal), for purposes of urban, municipal, public safety, health, fire department, and any other similar control. However, the municipality, nor any public institution, has the obligation to maintain or provide services to the easement'. (bold is not from the original). Therefore, regarding agricultural easements (servidumbres agrícolas), it is clear that the municipal function concerning the maintenance they require is the express obligation of the registered owner indicated. indeed a drainage (desfogue) constituted over the years, as the interested parties well indicate.” It requests that the appeal be declared without merit.\n\n5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Fernandez Acuña; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The plaintiff states that she lives in the vicinity of Dirección22365, which is collapsed in terms of its infrastructure, due to the clogging of the culvert (alcantarillado) that crosses the property of Mr. Nombre195590, where Mrs. Nombre195591 lives. She accuses that this obstruction was carried out by these individuals, with sticks, debris, and the implementation of heavy machinery, in the area where the water catch basins (cajas de registro) were located, and causes flooding problems in their homes caused by the obstruction of the normal flow of water running down the street. She claims that the appealed authorities do not want to provide a solution to the problem, and the complaints filed in July of this year have not been addressed. They request the intervention of this Chamber.\n\nII.- PROVEN FACTS. For importance in deciding this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the appealed authority has omitted referring to them, as provided in the initial order:\n\na) The right-of-way easement (servidumbre de paso) where the rainwater from National Route No. 249 drains has existed for 30 years, and crosses several private properties, outside the right-of-way (see report)\n\nb) The situation of obstruction of the water passage reported by the appellant occurs on private property, outside the right-of-way and facing a right-of-way easement (servidumbre de paso), an event generated by third parties when carrying out work (a wall) on private property that obstructs the water flow coming from the easement and from the private property (see report).\n\nc) The body of water in question is not classified as a public domain water body, but rather a drainage (desfogue) constituted over the years (see report).\n\nd) On July 2, 2024, CONAVI officials, together with officials from the Municipality of Pococí, carried out an assessment visit to the affected area and confirmed that the cause of the flooding of the homes (private properties) of the neighbors of Pococí is generated by the obstruction that the water drainage (desfogue) on private property possesses (see report)\n\ne) CONAVI considers that: \"the construction works of private (sic) properties, must be legislated by the local municipality, which must ensure good construction practices and approve construction permits on private properties, as well as corresponding water outlets and drainages (desfogues), as is the case and therefore cannot assume responsibility, nor allocate public funds to private property works which contravenes the law\" (see report).\n\nf) The Municipality of Pococí considers that: \"(…) we are facing a neighborhood conflict (private), and given that this land does not border a public road, but rather its exit is through a right-of-way EASEMENT (SERVIDUMBRE), to the south, which leads to NATIONAL ROUTE 249, we consider that it is CONAVI that must perform preventive maintenance work and proceed to change the pipe or culvert (alcantarillado) that was placed more than thirty years ago in that sector. For the reality of the road, the community, the water flow, and its inhabitants has changed (see documentary evidence offered, Official Letter SPCA-404-2024). It is on that NATIONAL ROUTE where the water drainage (desfogue) problems originated; this road is duly paved (by CONAVI).\" (see report).\n\nIII.- Precedent. In relation to the same matter raised here, this Chamber, by resolution 2022028682 of 9:30 a.m. on December 2, 2022, resolved the claim filed against the Municipality of Pococí appealed here, for the diversion of rainwater towards neighboring properties due to lack of sewer system (alcantarillado) and the discharge of wastewater in the same area described by the appellant. This Chamber ordered:\n\n\"VI.- Specific Case. In accordance with the sworn statements with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, it is verified that the appellant inhabits a dwelling located in La Colonia de Pococí de Guápiles. In the location there is no stormwater sewer system (alcantarillado pluvial), so the waters run forming a ditch that crosses several properties, including that of the appellant which is on a lower property. In 2020, the appellant reported to the Ministry of Health the absence of stormwater sewer system (alcantarillado pluvial) and that the neighbors of the place take advantage of the flow to discharge wastewater. On August 20, 2022, she reported to the Municipality of Pococí that several residential houses were discharging wastewater into the rainwater flow. On January 28, 2021, the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Pococí, after verifying the absence of a sewer system, brought the reported issue to the attention of the Municipality of Pococí. On May 23, 2022, the appellant again presented the situation to the Municipality of Pococí. In 2022, without specifying a date, the Municipality of Pococí responded to the Health Governing Area of Pococí that the rainwater problem must be solved jointly with CONAVI. Furthermore, the Municipality is of the opinion that the problem originates from neighborhood issues and actions of the appellant herself. The Health Governing Area of Pococí has not issued any sanitary order, despite having verified a problem of wastewater with repulsive odors and waste drag. Although the waters run through the land where the appellant lives, it has not caused damage to the dwelling. On the other hand, there is no evidence that the Health Governing Area of Pococí and the Municipality of Pococí had notified the appellant of the result of the complaint filed.\n\nVII.- From the foregoing, several aspects must be distinguished. In the first term, the lack of stormwater sewer system (alcantarillado pluvial). On the other hand, the discharge of wastewater. In the third place, the eventual neighborhood conflict both because of the actions of the neighbors and of the appellant herself. Finally, the omission of the appealed authorities to respond to the appellant.\n\nVIII.- Regarding the eventual neighborhood conflict, it is not for this Chamber to rule. It is an aspect that must be heard in ordinary courts. It is not the competence of a Constitutional Court, but rather of the ordinary judge, to hear about eventual extra-contractual liabilities.\n\nIX.- Regarding the stormwater sewer system (alcantarillado pluvial), the following must be clarified: it is not for this Chamber to intervene directly in what concerns public works management. It is not for it to take the place of the municipal entity and plan the development of local infrastructure. However, this Chamber intervenes to the extent that the absence of infrastructure generates a health problem or environmental contamination. In this case, it has not been proven that rainwater is what generates such problems. The contamination problem comes from the wastewater. It could eventually turn out that the construction of a sewer system eliminates the possibility of discharging wastewater into the rainwater flow, but the stormwater sewer system is not intended to collect wastewater, and the lack thereof does not authorize the discharge of wastewater into the rainwater flow. In addition, it must be noted that the appellant herself acknowledges in the reply brief that the water flow, while affecting the land, does not affect the dwelling. This is not the place to determine whether, since it is rainwater, the lower property must or must not bear it. It must also be added that in this case there is contention not only over the exact infrastructure required but also over the entities responsible for carrying it out. Finally, the municipality correctly points out that public infrastructure works cannot be built on private property and even alleges that part of the problem originates from actions taken by the appellant herself. The Municipality itself considers that a construction was carried out without a permit, all of which cannot be heard in the amparo venue. In short, it is not appropriate to order here the construction of the sewer system nor the compensation sought by the appellee. On this point, the appeal must be dismissed.\n\nX.- On the contrary, the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Pococí acknowledges that wastewater runs, but has not issued any sanitary order in this regard. It is very clear that it is not for this Chamber to issue them directly, but it can hear the omission of the entity in charge. It is true that the Health Governing Area of Pococí forwarded the complaint filed in 2020 to the Municipality of Pococí, so that it could hear it. However, the responsibility of the Ministry of Health is not limited simply to forwarding a complaint, but rather to hear what was raised and, in what pertains to its powers, issue the pertinent orders against whoever, as determined, generates the contamination problem. Due to the omission of the Ministry of Health, the appeal against it must be accepted with the consequences indicated in the operative part. It must also be noted that it is not for this Chamber to review the technical pertinence of what the Ministry of Health eventually dictates.\n\nXI.- Finally, regarding the lack of response, it is a matter that this Court does hear, since, as explained at the beginning, it is a complaint about contamination and, moreover, related to a possible impact on health. On this point, there is no evidence that the Municipality and the Health Governing Area of Pococí had responded. While the Ministry of Health refers to the confidential nature of the complaint, it is not anonymous. Both institutions have the duty to provide a response even if they do not grant the appellant what she requests. That is, if the authorities consider that the complaint is without merit, they must inform the complainant accordingly. There is no evidence that they did so. Consequently, on this point, the appeal must also be granted. (…). THEREFORE (POR TANTO): The appeal is partially granted solely for the lack of response to the complaints and the lack of intervention by the Ministry of Health. Consequently, Karen Mayorga Quirós, Director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Pococí, or whoever occupies that position, is ordered to carry out the necessary efforts so that, within a period of six months from the notification of this judgment, the contamination by wastewater is verified and the pertinent sanitary orders are issued. Likewise, Karen Mayorga Quirós, Director of the Health Governing Area of Pococí, or whoever occupies that position, and Manuel Hernández Rivera, Municipal Mayor of Pococí, or whoever occupies that position, are ordered, within a period of five business days from the notification of this judgment, to provide the appellant with a response to the complaints filed respectively with that Health Area and with the Municipality. (…)”.\n\nThe cited precedent is fully applicable to the particular case, since in the same sense indicated in that matter, both from the report given to the Chamber by the Municipal Mayor of Pococí and by the Acting Executive Director of the National Road Council, it emerges that the situation of obstruction of the water passage, facing a right-of-way easement (servidumbre de paso), in the area described by the appellant, maintains the contention over the entity responsible for providing the solution to the problem. For CONAVI, since it is a work on private property, on an easement and outside the right-of-way, it is up to the local Municipality to address the situation described by the appellant. For the Municipality of Pococí, the land in question, since it does not border a public road, but rather its exit is through a right-of-way easement (servidumbre de paso), to the south, which leads to national route 249, it is CONAVI that must perform preventive maintenance work and proceed to change the pipe or culvert (alcantarillado) that the local residents placed more than thirty years ago in that sector. Thus, just as was resolved by judgment No. 2022-28682 of 9:30 a.m. on December 2, 2022, this Chamber reiterates that the discrepancy of competence between the Municipality and the MOPT over which must provide a solution to the problem of clogging of the culvert (alcantarillado) that crosses the property where Mrs. Nombre195591 resides cannot be heard in the amparo venue; on which the reporting authorities agree is that it originates from a neighborhood conflict, on private property.\n\nIn short, while the present appeal must be dismissed on the aspects newly raised in this amparo venue, since it is not for this Chamber to resolve the problem of competence evident in this case between CONAVI and the Municipality of Pococí, it is also true that the situation of obstruction of the water passage, facing a right-of-way easement (servidumbre de paso), in the area described by the appellant remains without resolution without the State having given an effective response to the citizens. This is because the Municipality of Pococí and CONAVI, in their respective reports, mutually attribute responsibility for the reported omission, without defining any solution, which affects the fundamental rights of those protected. This lack of coordination and definition by the authorities is extraneous to the appellants, who should not have to suffer this lack of harmonization among the appealed bodies. Thus, it is appropriate to partially grant the appeal, so that the appealed authorities define, within the framework of their powers, the actions that must be taken to provide a definitive solution to the sewer system (alcantarillado) problem, within the period indicated in the operative part of this judgment.\n\nIV.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the action or inaction of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work, must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, whose discussion belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when from that administrative conduct (omissive or otherwise) some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived, or groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, just as happens in this case, where the appellee claims to have reported, before the Municipality of Pococí and the National Road Council, the problem presented on National Route No. 249, which is in deplorable conditions and causes flooding, but which allegedly has not been resolved within a reasonable period.\n\nV.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the execution of this judgment.\n\nAlthough I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be partially granted, I differ on where the execution phase of the matter should reside, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction for proper follow-up.\n\nAs is well known, in accordance with the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC), the execution of the orders issued by the Constitutional Chamber corresponds, in principle, to be supervised by the Chamber itself. However, Art. 56 of the LJC contemplates exceptional cases in which, by determination of the Chamber itself, it is ordered to place the execution of the judgment under the contentious-administrative jurisdiction. The rule in question establishes the following:\n\n\"Art. 56. The execution of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except in relation to the liquidation and fulfillment of indemnities and pecuniary liabilities, or in other aspects that the Chamber itself deems appropriate, in which case it shall be carried out in the contentious-administrative venue through the judgment execution procedure provided for in the law regulating that jurisdiction.\" (Highlighting is not from the original).\n\nIt is recalled that the bill for the discussion of the LJC originally provided the following:\n\n\"Art. 56. Judgments favorable to the appellant shall be executed in the contentious-administrative venue through the judgment execution procedure provided for in the Law Regulating that Jurisdiction.\" (Highlighting is not from the original).\n\nHowever, the text was modified via a motion so that the rule would coincide with what is regulated in Art. 153 of the Political Constitution, but the following explanation was given:\n\n\"THE SECRETARY:\n\nMotion No. 68 (32-19) by Deputy Chacón Jiménez:\n\n\"Article 57 (formerly 56): so that the text reads as follows: 'the execution of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except in relation to the liquidation and fulfillment of indemnities or pecuniary liabilities in other aspects that the Chamber itself deems appropriate, in which case it shall be carried out in the contentious-administrative venue through the judgment execution procedure provided for in the law regulating that jurisdiction'.\n\nTHE PRESIDENT:\n\nThe motion read is under discussion?\n\nDr. Piza Escalante:\n\nHere there was a contradiction with the generic thesis that it is the Courts that execute their judgments and it sent all execution to the Contentious-Administrative Jurisdiction; then the other articles that allowed the Chamber to execute them were left hanging.\n\nDeputy Corrales Bolaños:\n\nIn that part it says: 'or in other aspects that the Chamber itself considers of the ase…', what is it referring to?\n\nDr. Piza Escalante:\n\nThe idea is that the Chamber, in the judgment execution venue, resolves what it considers corresponds to it. The rest, it sends to the Contentious-Administrative venue.\n\nTHE SECRETARY:\n\nIs the motion considered sufficiently discussed?\n\nTHE Noun9143:\n\nDiscussed. Approved (unanimity, five deputies present).\" (Sic. See LJC approval minutes. Highlighting is not from the original).\n\nBased on the foregoing, it is clear that the LJC itself authorizes this Chamber to resolve what it considers concerns it and could, if it so deems, derive to the contentious-administrative jurisdiction those aspects it evaluates as appropriate.\n\nIn the specific case, the judgment orders the following:\n\n\" Cristhian Arroyo Gamboa, in his capacity as Acting Executive Director of the National Road Council of the Ministry of Public Works and Transport, and Manuel Hernández Rivera, in his capacity as municipal mayor of the canton of Pococí, or those who occupy such positions, are ordered to coordinate what is necessary and issue the corresponding orders so that, jointly and according to the framework of their powers, within a period of six months from the notification of this judgment, they provide a solution to the water overflow problem that occurs in the vicinity of Dirección22365, due to the clogging of the culvert (alcantarillado) in the sector reported by the appellant\".\n\nIt is clear from the case file that what is accused by the appellant is the obstruction of the normal flow of water running along Dirección22371.\n\nIt is evident that what is ordered involves certain complexity, the execution of which can hardly be effectively followed in this Constitutional Chamber. Conversely, what is provided by the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (Art. 155 et seq.) has clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing liabilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the LJC, in my opinion, the execution of this judgment must be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.\n\nFor the foregoing reasons, I dissent from the vote regarding the execution of the judgment, which, in accordance with Art. 56 of the LJC, should be placed under the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. For these purposes, I order that a copy of this resolution be sent so that the execution procedures of this ruling may commence.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are advised that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)\", approved by the Plenary Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore (Por tanto):\n\nThe appeal is partially granted. Cristhian Arroyo Gamboa, in his capacity as Acting Executive Director of the National Road Council of the Ministry of Public Works and Transport, and Manuel Hernández Rivera, in his capacity as municipal mayor of the canton of Pococí, or those who occupy such positions, are ordered to coordinate what is necessary and issue the corresponding orders so that, jointly and according to the framework of their powers, within a period of six months from the notification of this judgment, they provide a solution to the water overflow problem that occurs in the vicinity of Dirección22365, due to the clogging of the culvert (alcantarillado) in the sector reported by the appellant.\n\nThe respondent authorities are warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Pococí are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts giving rise to this declaration, which shall be calculated in the enforcement of judgment phase of the contentious-administrative proceeding. The amparo petition is dismissed in all other respects. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Magistrate Garro Vargas dissents with respect to the enforcement of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it be carried out before the Enforcement Division (Área de Ejecución) of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in Articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. She also orders that a copy of the judgment be sent to said court so that enforcement proceedings for this ruling may commence. Notify.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\nObservations from SALA CONSTITUCIONAL\n\nJudgment 24-029767 from expediente 24-019296-0007-CO is attached.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:50:31.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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