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  "id": "nexus-sen-1-0007-1283121",
  "citation": "Res. 07084-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Municipalidad de La Unión debe resolver denuncia sobre muro en peligro de colapso en dos meses",
  "title_en": "Municipality of La Unión Must Resolve Complaint on Collapsing Wall Within Two Months",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una vecina de San Juan de La Unión contra la Municipalidad de La Unión, por no haber resuelto una denuncia presentada en octubre de 2022 sobre un muro inclinado que amenazaba con caer sobre la acera, poniendo en riesgo la vida e integridad física de transeúntes, especialmente niños. La recurrente alegó violación al derecho de petición y a una justicia administrativa pronta y cumplida. La Sala determinó que, tratándose de una denuncia que involucra peligro para la vida e integridad física, se configuraba una excepción a la regla general de remitir estos asuntos a la jurisdicción contencioso-administrativa. Constató que, tras más de dos años, la municipalidad solo había realizado una inspección a raíz de la interposición del amparo, sin resolver el fondo. Declaró con lugar el recurso y ordenó al alcalde municipal resolver la denuncia en el plazo improrrogable de dos meses, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia. Se condenó a la municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios. Los magistrados Castillo Víquez y Cruz Castro consignaron nota y voto salvado, respectivamente, sobre la competencia de la Sala en casos de mora administrativa.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by a resident of San Juan de La Unión against the Municipality of La Unión for failing to resolve a complaint submitted in October 2022 regarding a leaning wall that threatened to collapse onto the sidewalk, endangering the life and physical integrity of passersby, especially children. The petitioner alleged violation of the right to petition and to prompt and complete administrative justice. The Chamber held that, as the complaint involved danger to life and physical integrity, it fell under an exception to the general rule of remitting such matters to the administrative-contentious jurisdiction. It found that after more than two years, the municipality had only carried out an inspection prompted by the amparo filing, without addressing the merits. It granted the action and ordered the municipal mayor to resolve the complaint within a non-extendable two-month period, under warning of disobedience. The municipality was ordered to pay costs, damages, and losses. Justices Castillo Víquez and Cruz Castro appended a note and dissenting vote, respectively, on the Chamber's jurisdiction over administrative delay cases.",
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  "date": "07/03/2025",
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    "denuncia municipal",
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    "peligro vida e integridad física",
    "plazo para resolver denuncias",
    "excepción remisión a contencioso-administrativo",
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    "exception referral to administrative-contentious",
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    "Constitutional Chamber"
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  "excerpt_es": "En la especie, se ha tenido por demostrado que la recurrente presentó su reclamo en octubre de 2022. Sin embargo, el Gobierno Local accionado no comenzó a actuar a ese respecto, sino a raíz de la interposición del presente recurso de amparo. A ello se le suma que la citada denuncia, en cuanto a su fondo, no ha sido resuelta, toda vez que la Corporación Local solamente ha practicado una inspección en el lugar y, con base en ella, concluido que solucionar el problema no es resorte de la Unidad Ambiental, sino de la Dirección de Infraestructura y Servicios (DISE), sin que se haya determinado nada todavía sobre la adopción de alguna medida alguna para solucionar la situación. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar este recurso.",
  "excerpt_en": "In the present case, it has been proven that the petitioner filed her claim in October 2022. However, the respondent Local Government only began to act in this regard upon the filing of this amparo action. Moreover, the complaint has not been resolved on its merits, since the Local Corporation has only conducted an on-site inspection and, based on it, concluded that solving the problem is not the responsibility of the Environmental Unit, but of the Department of Infrastructure and Services (DISE), without any determination yet on the adoption of any measure to solve the situation. Therefore, the appropriate course is to grant this appeal.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Chamber granted the amparo action and ordered the Municipality of La Unión to resolve the complaint about the dangerous wall within a non-extendable two-month period.",
    "summary_es": "La Sala declaró con lugar el recurso de amparo y ordenó a la Municipalidad de La Unión resolver la denuncia sobre el muro peligroso en el plazo improrrogable de dos meses."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando I",
      "quote_en": "In the case under review, the petitioner's claim arises from the alleged failure to resolve a complaint filed regarding the dilapidated state of a wall that could supposedly collapse at any moment, endangering the lives of passersby, all of which, if true, could constitute a violation of the right to prompt and complete administrative justice.",
      "quote_es": "En el sub judice, el reclamo de la recurrente se debe a la supuesta falta de resolución a una denuncia formulada por el estado ruinoso de un muro que puede, supuestamente, derrumbarse en cualquier momento y pone en peligro la vida de los transeúntes, todo lo cual, de ser cierto, podría configurar una lesión al derecho a gozar de una justicia administrativa pronta y cumplida."
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "In the case of complaints — which are no less a form of petition — there is no statutory deadline, either specifically or by supplementary or generic provision; therefore, in such cases it must necessarily be assessed whether the time taken by the administration to resolve a specific complaint is excessive or not for the exercise of the legitimate right to complain and to obtain a response from the authority.",
      "quote_es": "En el caso de las denuncias —que no dejan de ser una modalidad de petición— no existe plazo legal establecido, ni específicamente ni en forma supletoria o genérica, por lo que en estos supuestos se tiene que valorar, necesariamente, si el plazo tomado por la administración, para resolver una denuncia específica, resulta excesivo o no a los efectos del ejercicio del legítimo derecho de denunciar y de obtener una respuesta por parte del administrado."
    },
    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "Cristian Torres Garita, in his capacity as Municipal Mayor of La Unión, or whoever holds the office, is ordered to take the necessary measures so that the complaint filed by the petitioner in October 2022 is resolved within a non-extendable period of TWO MONTHS from notification of this ruling, and that the decision be notified to the respondent within the same period.",
      "quote_es": "Se le ordena a Cristian Torres Garita, en su carácter de alcalde municipal de La Unión, o a quien ocupe su cargo, adoptar las previsiones necesarias para que la denuncia interpuesta por la recurrente en octubre de 2022 sea resuelta en el término improrrogable de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta resolución, y lo resuelto le sea notificado a la accionada dentro del mismo plazo."
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      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "Justice Cruz Castro dissents with respect to the decision concerning Article 41 of the Constitution.",
      "quote_es": "El magistrado Cruz Castro salva el voto en relación con lo dispuesto sobre el artículo 41 constitucional."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1283121",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 07084 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 07 de Marzo del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-004119-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-004119-0007-CO\n\nRes. Nº 2025007084\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-004119-0007-CO, interpuesto por Nombre105038, cédula de identidad CED58717, contra la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN.-  \n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 07:44 horas del 13 de febrero de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que en octubre de 2022 presentó una queja formal ante la Corporación Local accionada por causa de un muro situado en la entrada a Loma Verde, San Juan de La Unión, detrás de locales comerciales esquineros, toda vez que estaba a punto de caer sobre la acera y generaba un peligro para los transeúntes —y, en particular, los niños de la escuela que pasan por esa calle—. Añade que, el 27 de octubre de 2023, recibió una respuesta con traslado al alcalde. Sin embargo, acusa que, a pesar de las múltiples llamadas que ha realizado para indagar sobre el estado de la cuestión, todavía no ha obtenido respuesta alguna sobre el fondo de su denuncia. Agrega que, el 27 de noviembre de 2023, presentó un recurso de amparo que le fue rechazado, al ser considerado prematuro, pero insiste en que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no ha obtenido una respuesta a su gestión y tampoco una solución a la problemática que pone en peligro la salud y la vida de las personas que transitan por el lugar. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.\n\n 2.- Informa bajo gravedad de juramento Cristian Torres Garita, en su carácter de alcalde municipal de La Unión, lo siguiente: “... mediante oficio MLU-GESA-INS-EP-024-2025 fechado 20 de febrero de 2025 y suscrito por el Téc. Oscar Mario Hernández Badilla, Asistente Operativo de Espacios Públicos de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de La Unión, presenta un informe de la inspección realizada el día de ayer 19 de febrero de 2025 al lugar denunciado y tomando en consideración la foto aérea aportada, se infiere: ' … 1. Tras la inspección realizada el día de ayer (19 de febrero de 2025) se constató la existencia de un pequeño muro con una inclinación hacia la acera (ver fotografía 1). Al consultar el sitio web del Registro Nacional de Costa Rica , se ha identificado que el muro en cuestión se ubica sobre la finca municipal No. 3-142964-000. 2. Ante esta situación, y siendo que no corresponde a una competencia de la Unidad Ambiental, se procederá a comunicar a la Alcaldía Municipal, para que por medio de la Dirección de Infraestructura y Servicios (DISE) se realicen las gestiones necesarias para su intervención y/o reparación, en lo que queda del semestre del presente año…” Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.\n\n 3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\n Considerando:\n\n I.- DE PREVIO. En el sub judice, el reclamo de la recurrente se debe a la supuesta falta de resolución a una denuncia formulada por el estado ruinoso de un muro que puede, supuestamente, derrumbarse en cualquier momento y pone en peligro la vida de los transeúntes, todo lo cual, de ser cierto, podría configurar una lesión al derecho a gozar de una justicia administrativa pronta y cumplida. Por lo tanto, antes de analizar el fondo del presente asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo —instruido de oficio o a instancia de parte— como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Ahora bien, en este caso se plantea, justamente, un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por un problema que atañe a la vida e integridad física de las personas. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.\n\n II.- OBJETO DEL RECURSO.  La recurrente alega que, en octubre de 2022 presentó una queja formal ante la Municipalidad de la Unión por causa de un muro que está a punto de caer sobre la acera y genera un peligro para los transeúntes en general y, en particular, los niños de escuela que pasan por la calle, sita en la entrada a Loma Verde, San Juan de La Unión, detrás de locales comerciales esquineros. Sin embargo, todavía no ha obtenido respuesta.\n\n III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) En octubre de 2022, la amparda presentó una queja formal ante la Municipalidad de la Unión por causa de un muro situado en la entrada a Loma Verde, San Juan de La Unión, detrás de locales comerciales esquineros, toda vez que estaba a punto de caer sobre la acera y generaba un peligro para los transeúntes —y, en particular, los niños de la escuela que pasan por esa calle— (hecho no controvertido).\n\nb) Por resolución de las 10:11 horas del 17 de febrero de 2025, la Presidencia de la Sala le dio curso a este amparo (ver expediente).\n\nc) Dicha resolución fue notificada a la Autoridad recurrida en fecha 18 de febrero de 2025 (ver acta de notificación incorporada al expediente digital).\n\nd) A raíz de la interposición de este recurso, se solicitó una inspección en el lugar (ver oficio MLU-GESA-INS-EP-024-2025 del 20 de febrero de 2025).\n\ne) El 19 de febrero de 2025, se realizó la inspección (ver oficio MLU-GESA-INS-EP-024-2025 del 20 de febrero de 2025).\n\nf) En el oficio MLU-GESA-INS-EP-024-2025 del 20 de febrero de 2025, a raíz de lo anterior, se indicó lo siguiente: “... 1. Tras la inspección realizada el día de ayer (19 de febrero de 2025) se constató la existencia de un pequeño muro con una inclinación hacia la acera (ver fotografía 1). Al consultar el sitio web del Registro Nacional de Costa Rica , se ha identificado que el muro en cuestión se ubica sobre la finca municipal Dirección7539. 2. Ante esta situación, y siendo que no corresponde a una competencia de la Unidad Ambiental, se procederá a comunicar a la Alcaldía Municipal, para que por medio de la Dirección de Infraestructura y Servicios (DISE) se realicen las gestiones necesarias para su intervención y/o reparación, en lo que queda del semestre del presente año…” (ver oficio respectivo e informe). \n\n III.- SOBRE EL FONDO. En el presente caso, la parte recurrente alega haber presentado una denuncia por el mal estado de un muro ubicado sobre la vía pública y acusa que, a la fecha, su gestión no ha sido resuelta, omisión que reputa violatoria del artículo 27 de la Constitución Política. Sin embargo, aunque el derecho de petición, establecido en el mencionado ordinal 27 Constitucional, entendido de forma genérica, haga referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, es necesario distinguir las peticiones puras y simples de información de las denuncias. En el primer caso, normalmente la respuesta deberá darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. Sin embargo, aunque la Sala ha reconocido que la denuncia se ubica dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener resolución, en sentencia Nº 2000-00037 de las 16:18 horas del 4 de enero de 2000 declaró lo siguiente:\n\n“…no nos encontramos ante hipótesis como las reguladas en los artículos 27 y 41 de la Constitución, los cuales se refieren a la libertad de petición ante cualquier funcionario público o entidad oficial y al derecho a obtener justicia pronta y cumplida, respectivamente. En este caso debe hacerse la distinción entre este tipo de peticiones y la denuncia, ya que para el análisis resulta meritorio. Las denuncias son medios utilizados por los administrados para poner en conocimiento de la Administración, hechos que el denunciante estima irregulares o ilegales, con el objeto de instar el ejercicio de competencias normalmente disciplinarias o sancionatorias, depositadas en los órganos públicos. En ocasiones, la denuncia configura incluso un deber para quien dada su función o su actividad tiene conocimiento de esos hechos, pero en otros casos es más bien un modo de participación en asuntos que conciernen al interés público, perfectamente compatible, y, de hecho, fundamentado en el principio democrático (no se olvide a este respecto que los funcionarios públicos son simples depositarios de esa autoridad). No obstante lo anterior, no se puede negar que las denuncias, al igual que las peticiones de información, los reclamos administrativos y las solicitudes de otorgamiento de ciertos derechos, se encuentran incluidas dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener respuesta como complemento del ejercicio del derecho de pedir. Ahora bien, cada una de estas peticiones se encuentra reglada por distintos regímenes en cuanto al tiempo otorgado a la administración para contestar una vez solicitada su intervención. Por ejemplo, en el caso de las peticiones de información, los términos para que se brinde ésta por parte de la administración no se encuentran contemplados en la Ley General de la Administración Pública, pero sí en la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo 32, como un complemento al numeral 27 constitucional, para estos casos concretos. Los reclamos administrativos encuentran su plazo de resolución en la legislación administrativa. La Ley General de la Administración Pública, la cual rige para los procedimientos ordinarios, establece para éstos el término perentorio de resolución del asunto al establecido genéricamente para todos los trámites ante la administración, sea el contenido en el artículo 261 de dicho cuerpo normativo, el cual es de dos meses, sin perjuicio de los términos establecidos independientemente para los recursos en vía administrativa. A pesar de que en los supuestos citados el plazo se encuentra establecido claramente en la legislación, en el caso de las denuncias —que no dejan de ser una modalidad de petición— no existe plazo legal establecido, ni específicamente ni en forma supletoria o genérica, por lo que en estos supuestos se tiene que valorar, necesariamente, si el plazo tomado por la administración, para resolver una denuncia específica, resulta excesivo o no a los efectos del ejercicio del legítimo derecho de denunciar y de obtener una respuesta por parte del administrado…” (el resaltado y subrayado no es del original).\n\n En efecto, el quebrantamiento de los ordinales constitucionales, en estos casos, se constata al ponderar —de conformidad con la prueba que obra en autos— que la substanciación del procedimiento se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002), toda vez que, aunque el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 solamente establece que no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley, lo cierto es que, en tratándose de denuncias, la Administración necesita llevar a cabo un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes, la Sala ha sostenido reiteradamente que el correspondiente quebrantamiento de los ordinales constitucionales se constata al ponderar —de conformidad con la prueba que obra en autos— que la substanciación se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002), sin perjuicio de aplicar como guía general el término previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública.\n\n En la especie, se ha tenido por demostrado que la recurrente presentó su reclamo en octubre de 2022. Sin embargo, el Gobierno Local accionado no comenzó a actuar a ese respecto, sino a raíz de la interposición del presente recurso de amparo. A ello se le suma que la citada denuncia, en cuanto a su fondo, no ha sido resuelta, toda vez que la Corporación Local solamente ha practicado una inspección en el lugar y, con base en ella, concluido que solucionar el problema no es resorte de la Unidad Ambiental, sino de la Dirección de Infraestructura y Servicios (DISE), sin que se haya determinado nada todavía sobre la adopción de alguna medida alguna para solucionar la situación. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar este recurso.\n\n IV.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\n V.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO SOBRE MORA ADMINISTRATIVA. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que -salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso-administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.\n\n   VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n  Se declara CON LUGAR el recurso. Se le ordena a Cristian Torres Garita, en su carácter de alcalde municipal de La Unión, o a quien ocupe su cargo, adoptar las previsiones necesarias para que la denuncia interpuesta por la recurrente en octubre de 2022 sea resuelta en el término improrrogable de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta resolución, y lo resuelto le sea notificado a la accionada dentro del mismo plazo. Se le advierte a dicho servidor, o a quien ocupe el cargo de alcalde de La Unión, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Municipalidad de La Unión al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Cruz Castro salva el voto en relación con lo dispuesto sobre el artículo 41 constitucional. Notifíquese. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n Q2YFNU4747ZSU61\n\nEXPEDIENTE N° 25-004119-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:52:14.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on March seventh, two thousand twenty-five.\n\n  Amparo appeal processed under case file number 25-004119-0007-CO, filed by Nombre105038, identity card CED58717, against the MUNICIPALITY OF LA UNIÓN.-\n\n  Whereas:\n\n  1.- In a written submission received at the Chamber's Secretariat at 07:44 hours on February 13, 2025, the appellant files an amparo appeal against the MUNICIPALITY OF LA UNIÓN, and states the following, in summary: that in October 2022 she filed a formal complaint before the respondent Local Corporation regarding a wall located at the entrance to Loma Verde, San Juan de La Unión, behind corner commercial premises, since it was about to fall onto the sidewalk and posed a danger to passersby—and, particularly, to the schoolchildren who use that street—. She adds that, on October 27, 2023, she received a response with a referral to the mayor. However, she alleges that, despite the multiple calls she has made to inquire about the status of the matter, she has not yet received any response on the merits of her complaint. She adds that, on November 27, 2023, she filed an amparo appeal that was rejected, as it was considered premature, but she insists that, despite the time elapsed, she has still not obtained a response to her petition nor a solution to the problem that endangers the health and lives of the people who transit the area. She requests that the appeal be granted, with the legal consequences.\n\n  2.- Cristian Torres Garita, in his capacity as municipal mayor of La Unión, reports under oath, as follows: “... through official letter MLU-GESA-INS-EP-024-2025 dated February 20, 2025 and signed by Téc. Oscar Mario Hernández Badilla, Operational Assistant for Public Spaces of the Environmental Unit of the Municipality of La Unión, an inspection report is submitted for the inspection carried out yesterday, February 19, 2025, at the reported location, and taking into consideration the aerial photo provided, it is inferred: '… 1. Following the inspection carried out yesterday (February 19, 2025), the existence of a small wall with an inclination towards the sidewalk was verified (see photograph 1). Upon consulting the National Registry of Costa Rica website, it has been identified that the wall in question is located on municipal property No. 3-142964-000. 2. Given this situation, and since this does not fall under the competence of the Environmental Unit, this will be communicated to the Municipal Mayor's Office, so that through the Infrastructure and Services Directorate (DISE) the necessary steps are taken for its intervention and/or repair, in what remains of the semester this year…'\". He requests that the filed appeal be declared without merit.\n\n  3.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\n  Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,\n\n  Considering:\n\n  I.- PRELIMINARY. In the case at hand (sub judice), the appellant's claim is based on the alleged failure to resolve a complaint filed regarding the dilapidated state of a wall that could, supposedly, collapse at any moment and endanger the lives of passersby, all of which, if true, could constitute an injury to the right to prompt and complete administrative justice. Therefore, before analyzing the merits of this matter for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure, it must be clarified that, based on ruling No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the timeframes, stipulated by the General Law on Public Administration (Articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the instance of a party—and to hear the pertinent administrative remedies. However, in this case, an exception is precisely raised, as we are faced with a complaint regarding a problem that concerns the life and physical integrity of persons. By virtue of the foregoing, the Chamber will proceed to resolve the appeal.\n\n  II.- OBJECT OF THE APPEAL.  The appellant alleges that, in October 2022, she filed a formal complaint before the Municipality of La Unión regarding a wall that is about to fall onto the sidewalk and generates a danger for passersby in general and, in particular, the schoolchildren who use the street, located at the entrance to Loma Verde, San Juan de La Unión, behind corner commercial premises. However, she has not yet received a response.\n\n  III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) In October 2022, the appellant filed a formal complaint before the Municipality of La Unión regarding a wall located at the entrance to Loma Verde, San Juan de La Unión, behind corner commercial premises, since it was about to fall onto the sidewalk and posed a danger to passersby—and, particularly, to the schoolchildren who use that street— (uncontested fact).\n\nb) By resolution at 10:11 hours on February 17, 2025, the Presidency of the Chamber ordered this amparo to proceed (see case file).\n\nc) Said resolution was notified to the respondent Authority on February 18, 2025 (see notification record incorporated into the digital case file).\n\nd) As a result of the filing of this appeal, an inspection was requested at the location (see official letter MLU-GESA-INS-EP-024-2025 of February 20, 2025).\n\ne) On February 19, 2025, the inspection was carried out (see official letter MLU-GESA-INS-EP-024-2025 of February 20, 2025).\n\nf) In official letter MLU-GESA-INS-EP-024-2025 of February 20, 2025, as a result of the foregoing, the following was indicated: “... 1. Following the inspection carried out yesterday (February 19, 2025), the existence of a small wall with an inclination towards the sidewalk was verified (see photograph 1). Upon consulting the National Registry of Costa Rica website, it has been identified that the wall in question is located on municipal property Dirección7539. 2. Given this situation, and since this does not fall under the competence of the Environmental Unit, this will be communicated to the Municipal Mayor's Office, so that through the Infrastructure and Services Directorate (DISE) the necessary steps are taken for its intervention and/or repair, in what remains of the semester this year…” (see respective official letter and report). \n\n  III.- ON THE MERITS. In the present case, the appellant alleges having filed a complaint regarding the poor condition of a wall located on the public thoroughfare and alleges that, to date, her petition has not been resolved, an omission she considers violates Article 27 of the Political Constitution. However, although the right of petition, established in the aforementioned Constitutional provision 27, understood generically, refers to the power every citizen possesses to address any public official or official entity in writing in order to present a matter of their interest, it is necessary to distinguish pure and simple requests for information from complaints. In the first case, normally the response must be given within the ten business days following receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction and other regulations governing the matter. However, although the Chamber has recognized that the complaint falls within the generic concept of petition established in Article 27 of the Constitution, with its correlative right to obtain a resolution, in ruling No. 2000-00037 at 16:18 hours on January 4, 2000 it declared the following:\n\n“…we are not faced with hypotheses such as those regulated in Articles 27 and 41 of the Constitution, which refer to the freedom of petition before any public official or official entity and the right to obtain prompt and complete justice, respectively. In this case, a distinction must be made between this type of petition and the complaint, as it is meritorious for the analysis. Complaints are means used by citizens (administrados) to bring to the knowledge of the Administration facts that the complainant considers irregular or illegal, with the aim of prompting the exercise of competencies, normally disciplinary or sanctioning, vested in public bodies. On occasion, the complaint even constitutes a duty for someone who, given their function or activity, has knowledge of those facts, but in other cases it is rather a mode of participation in matters concerning the public interest, perfectly compatible with, and, in fact, founded on the democratic principle (one should not forget in this respect that public officials are mere depositaries of that authority). Notwithstanding the foregoing, it cannot be denied that complaints, just like requests for information, administrative claims, and applications for the granting of certain rights, are included within the generic concept of petition established in Article 27 of the Constitution, with its correlative right to obtain a response as a complement to the exercise of the right to petition. Now, each of these petitions is governed by different regimes regarding the time granted to the administration to respond once its intervention is requested. For example, in the case of requests for information, the terms for the administration to provide it are not contemplated in the General Law on Public Administration, but rather in the Law on Constitutional Jurisdiction in Article 32, as a complement to constitutional numeral 27, for these specific cases. Administrative claims find their resolution timeframe in administrative legislation. The General Law on Public Administration, which governs ordinary procedures, establishes for these the peremptory term for resolving the matter as generically established for all proceedings before the administration, that is, the term contained in Article 261 of said normative body, which is two months, without prejudice to the terms established independently for remedies in the administrative venue. Despite the fact that in the cited cases the timeframe is clearly established in legislation, in the case of complaints—which are nonetheless a modality of petition—no legal timeframe is established, neither specifically nor in a supplementary or generic manner, so in these cases it must necessarily be assessed whether the time taken by the administration, to resolve a specific complaint, is excessive or not for the purposes of exercising the legitimate right to complain and to obtain a response from the citizen…” (the highlighting and underlining are not from the original).\n\n  Indeed, the violation of the constitutional provisions, in these cases, is evidenced by weighing—in accordance with the evidence in the record—that the processing of the procedure occurred without undue delay (see ruling No. 2002-09041 at 15:02 hours on September 17, 2002), given that, although numeral 3 of the Law Regulating the Right of Petition No. 9097 only establishes that those requests, complaints or suggestions for whose satisfaction the legal system established a specific administrative procedure and timeframes different from those regulated in said law are not subject to the right of petition, the truth is that, in the case of complaints, the Administration needs to carry out a procedure to verify the facts that are to serve as grounds for the final act, as well as to adopt the pertinent evidentiary measures, the Chamber has repeatedly held that the corresponding violation of the constitutional provisions is evidenced by weighing—in accordance with the evidence in the record—that the processing occurred without undue delay (see ruling No. 2002-09041 at 15:02 hours on September 17, 2002), without prejudice to applying as a general guide the term provided in Article 261 of the General Law on Public Administration.\n\n  In the present case (En la especie), it has been proven that the appellant filed her claim in October 2022. However, the respondent Local Government did not begin to act in this regard until prompted by the filing of this amparo appeal. Added to this is that the aforementioned complaint, as to its merits, has not been resolved, given that the Local Corporation has only carried out an inspection at the site and, based on it, concluded that solving the problem is not the responsibility of the Environmental Unit, but of the Infrastructure and Services Directorate (DISE), without having yet determined anything regarding the adoption of any measure to solve the situation. Therefore, the appropriate course of action is to grant this appeal.\n\n  IV.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ. I have supported the thesis of this Tribunal that when a citizen alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by Article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, exclusively has the power to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (ruling No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\n  V.- DISSENTING VOTE BY MAGISTRATE CRUZ CASTRO ON ADMINISTRATIVE DELAY. Although in the past I have supported the majority criterion of the Tribunal, under a better weighting of the fundamental rights being claimed, I consider that administrative delay constitutes an injury to a fundamental procedural guarantee, which is why I change the criterion I had previously expressed, admitting the possible infringement of the right to prompt and complete administrative justice, separating myself from the majority view of the Tribunal, in the sense that—save for a few exceptions—this type of reproach must be resolved in the contentious-administrative jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights that this jurisdiction is called upon to protect is that of prompt and complete justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is in accordance with the scope of competence assigned to this Tribunal in matters of protecting fundamental rights, in view of the provisions of Articles 10 and 48 of the Political Constitution. While I understand the importance of the reforms to the contentious-administrative jurisdiction from the entry into force of Law 8508 of April twenty-fourth, two thousand six, the truth is that this situation does not justify the referral to that instance of matters concerning matters that fall within the competence of this Chamber, which has demonstrated over the years that it is a swift and effective means for the protection of the fundamental rights of the country's inhabitants.\n\n   VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\n  The appeal is declared GRANTED. Cristian Torres Garita, in his capacity as municipal mayor of La Unión, or whoever holds his position, is ordered to take the necessary measures so that the complaint filed by the appellant in October 2022 is resolved within the non-extendable term of TWO MONTHS, counted from the notification of this resolution, and that the resolution be notified to the petitioner (accionada) within the same term. Said official, or whoever holds the position of mayor of La Unión, is warned that failure to comply with said order will result in the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of La Unión is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Cruz Castro dissents in relation to the provisions regarding Article 41 of the Constitution. Notify."
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