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  "id": "nexus-sen-1-0007-1283323",
  "citation": "Res. 07757-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Participación ciudadana en reforma del plan regulador tras audiencia pública única",
  "title_en": "Citizen participation in regulatory plan reform after a single public hearing",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo contra la Municipalidad de Santa Ana por supuestas violaciones al derecho de participación ciudadana y a un ambiente sano, relacionadas con cambios en la zonificación de un plan regulador. La recurrente alegó que, tras una audiencia pública celebrada en julio de 2021, el mapa de zonificación fue modificado sin informar a la comunidad, pasando un área de recuperación ambiental a zona comercial y logística. La Sala considera que la inconformidad sobre la categoría de zonificación asignada a una propiedad es un tema de legalidad ordinaria que excede la naturaleza sumaria del amparo. Respecto a la participación ciudadana, la mayoría de la Sala reitera que el cumplimiento del principio de participación es materia de legalidad ordinaria, no de jurisdicción constitucional. Dos magistrados emiten razones diferentes, argumentando que la participación ciudadana es un derecho fundamental derivado del artículo 9 constitucional y de instrumentos internacionales, pero coinciden en que en el caso concreto no se aprecia una violación evidente que amerite la intervención de la Sala, ya que los cambios fueron publicados en la web municipal y el plan no había entrado en vigor.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber rejects an amparo action against the Municipality of Santa Ana for alleged violations of the right to citizen participation and a healthy environment, regarding zoning changes in a regulatory plan. The petitioner argued that after a public hearing held in July 2021, the zoning map was modified without informing the community, changing an environmental recovery area to a commercial and logistics zone. The Chamber finds that the disagreement over the zoning category assigned to a property is a matter of ordinary legality beyond the summary nature of amparo. As for citizen participation, the majority reiterates that compliance with the participation principle is a matter of ordinary legality, not constitutional jurisdiction. Two judges issue concurring opinions, arguing that citizen participation is a fundamental right derived from Article 9 of the Constitution and international instruments, but agree that in this specific case no evident violation warrants the Chamber's intervention, since the changes were published on the municipal website and the plan had not yet entered into force.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "14/03/2025",
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    "environmental-law-7554"
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    "artículo 9 Constitución"
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    "amparo ambiental",
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    "Santa Ana",
    "Sala Constitucional",
    "artículo 9 Constitución"
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    "Article 9 Constitution"
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  "excerpt_es": "Así las cosas, la Sala constata que los reclamos planteados son ajenos al ámbito de competencia de esta jurisdicción, por tratarse de un agravio de legalidad ordinaria. En ese tanto, se declara sin lugar el recurso.\n\n[…] las inconformidades de la recurrente deberán ser planteadas y resueltas ante las instancias administrativas o jurisdiccionales ordinarias competentes.\n\nA partir de lo expuesto, no se advierte algún quebranto al derecho de participación ciudadana, que de manera evidente y manifiesta deba ser declarado en esta vía constitucional.",
  "excerpt_en": "Thus, the Chamber finds that the claims raised are outside the scope of this jurisdiction, as they involve a grievance of ordinary legality. Accordingly, the appeal is dismissed.\n\n[…] the petitioner's objections must be raised and resolved before the competent administrative or ordinary judicial bodies.\n\nBased on the foregoing, no violation of the right to citizen participation is observed that requires a manifest and evident declaration through this constitutional avenue.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber denies the amparo appeal, finding that the claims about the zoning category and the need for further public hearings are matters of ordinary legality outside constitutional jurisdiction.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo, al considerar que los reclamos sobre la categoría de zonificación y la necesidad de nuevas audiencias públicas son cuestiones de legalidad ordinaria ajenas a la jurisdicción constitucional."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Voto salvado magistrados Cruz y Rueda",
      "quote_en": "citizen participation, beyond a general principle, has been established as a true fundamental right in light of the conventional framework that accompanies and integrates our fundamental rights system.",
      "quote_es": "la participación ciudadana, allende de un principio general, se ha instituido como un verdadero derecho fundamental a la luz del marco convencional que acompaña e integra nuestro régimen de derechos fundamentales."
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    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "it is not for this Chamber to review administrative decisions and actions to determine whether a particular property should be classified as a commercial, residential, or any other type of zone, as that falls to the competent administrative or judicial bodies.",
      "quote_es": "no le compete a esta Sala revisar las decisiones y actuaciones administrativas, a fin de determinar si una propiedad en particular debe catalogarse como zona comercial, residencial, o de alguna otra naturaleza, pues ello corresponde a las instancias administrativas o jurisdiccionales competentes."
    },
    {
      "context": "Cita de Corte IDH, Caso Habitantes de la Oroya vs. Perú",
      "quote_en": "This Court has emphasized that this right entails the obligation of States to guarantee the participation of individuals in decision-making that may affect the environment, which relates to the obligation to provide relevant information.",
      "quote_es": "Este Tribunal ha destacado que este derecho conlleva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones que pueden afectar el medio ambiente, lo cual se relaciona con la obligación de proveer información relevante."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1283323",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 07757 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 14 de Marzo del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 24-034397-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-034397-0007-CO\n\nRes. Nº 2025007757\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil veinticinco .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente nro. 24-034397-0007-CO, interpuesto por Nombre52822, cédula de identidad CED26672, contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA.\n\n \n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 6 de diciembre de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo. Manifiesta que la Municipalidad de Santa Ana, en la única audiencia pública celebrada el 22 de julio del 2021, sobre el nuevo Plan Regulador del Cantón, el Concejo Municipal presentó a los participantes -en cuenta a su personas- un mapa de zonificación, pero posterior a ello y sin informarle a la población dicho plano fue variado sustancialmente para luego ser presentado para su aprobación en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Que \"Según lo manifestado por el Concejo Municipal, el cambio del mapa de zonificación se realizó aparentemente, acogiendo la propuesta de un ciudadano que no reside en nuestro residencial y, por tanto, no tiene conocimiento de los graves efectos ambientales y sociales que durante años hemos vivido en la zona.\". Reclama que la nueva zonificación afecta directamente un área de recuperación ambiental -señalada como de Recuperación 1-, que ha sido objeto de explotación minera y desarrollo industrial permitido por la Municipalidad de Santa Ana, actividades estas que han agravado los problemas ambientales y de convivencia en el área. Acusa que tampoco se abrió un proceso participativo con la \"nueva propuesta\" y ello -a su juicio- vulnera el derecho de acceso a la información pública, el derecho a participar en decisiones de interés público y el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Afirma que el residencial donde vive quedará a menos de 50 metros de esta nueva zonificación. Reitera que la ausencia de consulta y participación en la decisión sobre un tema de alta incidencia en la calidad de vida de los residentes contradice los principios democráticos y de transparencia establecidos en la Constitución Política, la Ley General de Administración Pública y la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, así como afecta también el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Que \"aparentemente y para la modificación del mapa de zonificación sin nuestro conocimiento, fue de mucho peso la manifestación de un participante, al señalar éste que la zona Comercial y Logística debe de ser más amplia, provocando que se haga una modificación tan significativa, eliminando gran parte de la zona de Recuperación 1 y asignándola como Comercial y logística. Durante muchos años se ha desarrollado a escasos 50 metros del Residencial Bosques de Santa Ana actividad minera e industrial aun por estar en una Zona Residencial de Alta Densidad, según plan regulador vigente. Esta área, incluida la Dirección7606 debe ser de recuperación 1 en su totalidad, así estaba establecido en el mapa propuesto y visto en la audiencia y aprobado por nosotros.\".\n\n2.- Mediante resolución de las 14:08 horas de 11 de diciembre de 2024, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso y le solicitó informe al alcalde y al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Santa Ana.  \n\n3.- Por escrito incorporado al expediente el 18 de diciembre de 2024, Juan José Vargas Fallas, alcalde de la Municipalidad de Santa Ana, informa: “Esta Municipalidad está realizando el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para reformar el plan regulador. El cual inició en el año 2012 con el proceso participativo realizado en cada distrito, del cual surgió un proyecto que fue depurado por la Comisión Municipal de Plan Regulador y cuyos productos han sido publicados en la página web desde octubre de 2013. La incorporación de la variable ambiental tramitada ante Nombre3763 bajo el expediente EAE-0004-2017, fue aprobada el 23 de setiembre de 2020 mediante resolución 1657-2020-SETENA. Y el 22 de julio de 2021 durante la sesión extraordinaria del Concejo Municipal número 30- 2021, el proyecto fue expuesto en audiencia pública en dos modalidades, presencial con aforo limitado debido a las medidas sanitarias por la pandemia y virtual mediante la plataforma Teams con el requisito de registro previo. Todo bajo las directrices del REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PRESENCIAL Y VIRTUAL DEL PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DEL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE SANTA ANA, publicación en La Gaceta 98 del 24 de mayo de 2021. El proyecto de zonificación puesto en conocimiento, para el sector de interés para la amparada, tenía la siguiente situación. Durante la audiencia se apersonó de manera virtual el señor Emersson Orozco Suarez con las siguientes observaciones: En el reglamento de construcción no queda claro si una modificación eléctrica requiere una autorización o permiso de construcción para hacer este tiempo de trabajos, siempre que no conlleven, un trabajo estructural. Favor aclarar. Sirva la presente para manifestar mi oposición al Capítulo 16 en su totalidad, particularmente a los articulos100 al 115. Cesión obligatoria de área para uso público por desarrollo en condominio, por ser contrarios a la Ley, va en contra de varias normativas, entre ellas, Código Civil, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y su reglamento y la Constitución Política; sin contar al dictamen de la Procuraduría General de la Republica C-114-2018. Lo anterior del Reglamento de Fraccionamientos. Del Reglamento de Renovación Urbana, favor aclarar en qué consiste la obligación de ceder en zonas receptoras, no queda claro si existe la obligación de ceder estas zonas. Manifestamos nuestra oposición con la clasificación de zona de recuperación 1 para la finca 1-424979- 000, que debería estar clasificada como comercial y logística. Mediante acuerdo adoptado en la sesión 94 celebrada el 15 de febrero de 2022, el Concejo Municipal aprobó el informe “respuestas a consultas en audiencia pública”. Concretamente sobre la consulta del señor Emersson Orozco Suarez, la respuesta fue: La finca fue cambiada a la zona comercial y logística debido al uso actual. El cambio obedece a que en la finca 424979-000 estaba el Centro de distribución (CEDI) de la empresa Walmart (hoy desocupado), por lo que su ubicación en zona de recuperación no era conforme con el uso actual, porque esta zona corresponde al sector de explotación de materiales al norte del cantón, que busca regenerarse con actividades mixtas y residenciales, y en esta finca nunca a habido un tajo. En la siguiente imagen aérea del año 2023, se observa el techo blanco de la edificación existente en la finca 424979-000. Así como las excavaciones en los terrenos adyacentes cuyo uso ha sido de extracción minera. Con lo cual ilustramos e motivo de que la solicitud del señor Emersson Orozco Suarez haya sido aceptada, extrayendo la Dirección7607 de la Dirección7608 y reasignandola (sic) en la zona comercial y logística (…) Ahora bien; la amparada considera que los cambios de zonificación producto de la audiencia pública debieron ser informados a su representada, sin embargo, no menciona que todas las versiones del proyecto de reforma del plan regulador han sido publicadas íntegramente en nuestra página web desde el primer día y que la versión final presentada ante el INVU ha estado a disposición del público desde que la modificación obtuvo la aprobación de Nombre3763 mediante resolución 0241-2023 del 15 de febrero de 2023, en: https://www.santaana.go.cr/repositorio-documentos/#72-768-wpfd-propuesta-plan-regulador-cambiospost-audiencia-publica-v2023 Además, el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana y desarrollado en el Manual de Planes Reguladores del INVU, no establecen una etapa de reconsulta pública ya que esto haría interminable el procedimiento. Máxime que cada cambio en la zonificación debe ser aprobado por SETENA. Y nuestro proyecto fue aprobado dos veces, primero en el proyecto inicial para audiencia pública y también los cambios producto de la audiencia. Finalmente; solicito a la Honorable Sala Constitucional considerar que el presente amparo se presenta en contra de un proyecto de reforma que no ha entrado en vigor y como tal no ha tenido efectos jurídicos que puedan perturbar derechos constitucionales.”.\n\n4.- Por constancia de 6 de enero de 2025, Mariane Castro Villalobos y Paola Castro Pérez, por su orden, secretaria y técnica judicial, ambas de la Sala, consignan: “revisado, a las catorce horas veintisiete minutos del seis de enero de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 16 al 19 de diciembre de 2024, el presidente del Concejo de la Municipalidad de Santa Ana haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las catorce horas ocho minutos del once de diciembre de dos mil veinticuatro, en el expediente número 24-034397-0007-CO que es RECURSO DE AMPARO promovido por Nombre52822.”.\n\n5.- Por escrito incorporado al expediente el 17 de enero de 2025, la recurrente expone: “Según respuesta al recurso de amparo ante esta respetada Sala Constitucional del Señor Juan José Vargas Fallas Alcalde de la Municipalidad del cantón de Santa Ana, manifiesto lo siguiente: 1. Reconoce por parte de la Municipalidad de Santa Ana, que posterior a la UNICA audiencia pública, hubo un cambio de zonificación pasando de Recuperación 1 a Industrial y Logística, argumentando estar publicado en su sitio web. Esto vulnera nuestros derechos fundamentales, como al derecho a conocer y opinar sobre las nuevas disposiciones antes de que sean aprobadas. Este método de ninguna forma puede suplir una notificación de una variación tan significativa para nuestra comunidad el sólo hecho de hacerlo público en su página en internet, no es un método inclusivo de comunicación para todos los vecinos hasta se podría interpretar como no es un principio de transparencia y participación ciudadana. Es así como no se vale llegar a un consenso con la comunidad y luego variar lo acordado sin comunicarlo, alegando simplemente que dicha situación se encuentra en la página web. Esto está mal y vulnera seriamente nuestros derechos fundamentales, puesto que no se avisó de esa modificación posterior a lo acordado primeramente. 2. Reiteramos lo indicado con respecto a la zonificación del área en cuestión. Se presentan tres mapas, de los cuales en el último se evidencia la modificación sin consulta pública (…) a. La zona en cuestión según Plan Regulador vigente es Zona Residencial de Alta Densidad ( mapa título ACTUAL, zona celeste), es una amplia zona que comprende al Dirección7609, Residencial Montana, Condominio el Viñedo, Residencial Bosques de Santa Ana, Condominio Q y recientemente construidas Torres de apartamentos y casas complejos habitacionales. También hay algunas otras actividades catalogadas por la Municipalidad de Santa Ana como de Uso no conforme que estaban antes de entrar en vigencia de este Plan regulador en 1991, como por ejemplo las 3 concesiones de explotación minera. Algunas otras se han trasladado a zonas industriales por no contar con las condiciones de expansión, modificación cercanía a residenciales que la misma Zona no les permite realizar. b. Es así como el la única audiencia pública nos muestra un mapa de zonificación acorde al Plan regulador en vigencia y que contempla la zona de Expansión Pozos noreste y la Caraña (destinadas a absorber el crecimiento urbano futuro del cantón), la zona Residencial Tipo 1 (habitacional pero también permite el desarrollo de servicios básicos y pequeños comercios). Zona Comercial y logística (planteado lejos de la zona residencial) y la zona de recuperación 1 (de gran necesidad en las zonas de explotación minera y de la zona industrial que se construyó en Uso no conforme). Reiteramos, éste fue el único mapa que conocimos en la Audiencia para conocer las modificaciones al Plan Regulador vigente. c. El último mapa señalado como “modificado sin consulta pública” y presentado ante el INVU para aprobación, no corresponde a la realidad de la zona y significará un retroceso en materia ambiental y calidad de vida para alrededor de 6 mil habitantes y de nuestro derecho a la protección de la propiedad. El cambio, según asegura el Alcalde, obedece a que en la Dirección7607 funcionaba como el Centro de distribución (CEDI) de la empresa Walmart (Corporación de Supermercados Unidos, trasladando sus operaciones a una Zona Industrial, al verse limitado su ampliación por estar en una ZRAD). Cabe destacar que la infraestructura citada como CEDI Walmart, no está en funcionamiento desde el año 2013. Somos la comunidad más afectada, tanto en nuestra calidad de vida y con la falta de participación en este proceso. Desde su intensión de modificación hasta la fecha, nos presentan un panorama el cual aprobamos y luego se envía a las autoridades competentes otro distinto para su aprobación, a Nombre3763 e INVU, violado nuestros derechos a ser partícipes, a conocer, opinar y participar en decisiones que nos afecten y que no es suficiente utilizar como método de divulgación de actos públicos, una publicación en una página Web, sin garantizar la transparencia, accesibilidad para todos los vecinos.”.\n\n6.- Por escrito incorporado al expediente el 11 de marzo de 2025, el magistrado Araya García plantea inhibitoria.\n\n7.- Mediante resolución de las 14:50 horas de 11 de marzo de 2025, la Presidencia de la Sala dispuso “rechazar la gestión planteada por el magistrado Jorge Araya García. En consecuencia, se le declara habilitado para el conocimiento de este amparo.”,\n\n8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\nI.- CUESTIÓN PREVIA. En vista de que el presidente del Concejo Municipal de Santa Ana omitió rendir el informe dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se procede a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas aportadas a los autos.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que, en julio de 2021, la municipalidad accionada realizó una audiencia pública mediante la cual expuso a los participantes un mapa de zonificación, relativo al nuevo plan regulador del cantón. Sin embargo, acota que, posterior a ello, y sin informarle a la población, varió el mapa aludido, el cual fue presentado al INVU para su respectiva aprobación. Indica que la nueva zonificación afecta un área de recuperación ambiental, pues se pasó de “zona de recuperación 1” a “zona comercial y logística”, y que no se abrió un proceso participativo atinente a la “nueva propuesta”. Estima tal situación lesiona los derechos a un ambiente sano, al acceso a la información pública y a la participación de la ciudadanía. Solicita que se deje sin efecto la aprobación del nuevo mapa de zonificación y que se realice una nueva audiencia pública.\n\nIII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)    La Municipalidad de Santa Ana está realizando el proceso de reforma al plan regulador del cantón. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nb)   El 22 de julio de 2021, la municipalidad accionada realizó audiencia pública sobre el proyecto de reforma al plan regulador, y se expuso ante la ciudadanía la zonificación planteada. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nc)    Ante una objeción formulada por un ciudadano en la audiencia pública, atinente a la clasificación de la finca nro. 1-424979- 000, como “zona de recuperación 1”, la municipalidad accionada acogió la gestión y en fecha concreta indeterminada, pero en enero de 2022, cambió la categoría a “zona comercial y logística”, toda vez que “su ubicación en zona de recuperación no era conforme con el uso actual, porque esta zona corresponde al sector de explotación de materiales al norte del cantón, que busca regenerarse con actividades mixtas y residenciales (…)”. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nd)   Las versiones del proyecto de zonificación han sido publicadas en la página web de la municipalidad accionada, concretamente en el enlace: https://www.santaana.go.cr/repositorio-documentos/#72-768-wpfd-propuesta-plan-regulador-cambios-post-audiencia-publica-v2023.”. (Informe de la autoridad recurrida).\n\ne)    El proyecto con la modificación efectuada luego de la audiencia pública obtuvo la aprobación de Nombre3763, a través de la resolución nro. 241-2023 de 15 de febrero de 2023. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nf)     Al 18 de diciembre de 2024 (fecha del informe del alcalde accionado), la reforma al plan regulador de Santa Ana no había entrado en vigor. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nIV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, la recurrente manifiesta que, en julio de 2021, la municipalidad accionada realizó una audiencia pública mediante la cual expuso a los participantes un mapa de zonificación, relativo al nuevo plan regulador del cantón. Sin embargo, acota que, posterior a ello, y sin informarle a la población, varió el mapa aludido, el cual fue presentado al INVU para su respectiva aprobación. Indica que la nueva zonificación afecta un área de recuperación ambiental, pues se pasó de “zona de recuperación 1” a “zona comercial y logística”, y que no se abrió un proceso participativo atinente a la “nueva propuesta”. Estima tal situación lesiona los derechos a un ambiente sano, al acceso a la información pública y a la participación de la ciudadanía. Solicita que se deje sin efecto la aprobación del nuevo mapa de zonificación y que se realice una nueva audiencia pública.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que la Municipalidad de Santa Ana está realizando el proceso de reforma al plan regulador del cantón. El 22 de julio de 2021, la municipalidad accionada realizó audiencia pública sobre el proyecto de reforma al plan regulador, y se expuso ante la ciudadanía la zonificación planteada. Ante una objeción formulada por un ciudadano en la audiencia pública, atinente a la clasificación de la finca nro. 1-424979- 000, como “zona de recuperación 1”, la municipalidad accionada acogió la gestión y en fecha concreta indeterminada, pero en enero de 2022, cambió la categoría a “zona comercial y logística”, toda vez que “su ubicación en zona de recuperación no era conforme con el uso actual, porque esta zona corresponde al sector de explotación de materiales al norte del cantón, que busca regenerarse con actividades mixtas y residenciales (…)”. Las versiones del proyecto de zonificación han sido publicadas en la página web de la municipalidad accionada, concretamente en el enlace: https://www.santaana.go.cr/repositorio-documentos/#72-768-wpfd-propuesta-plan-regulador-cambios-post-audiencia-publica-v2023.”. El proyecto con la modificación efectuada luego de la audiencia pública obtuvo la aprobación de Nombre3763, a través de la resolución nro. 241-2023 de 15 de febrero de 2023. Al 18 de diciembre de 2024 (fecha del informe del alcalde accionado), la reforma al plan regulador de Santa Ana no había entrado en vigor.\n\nEn primer lugar, conviene advertir que la inconformidad de la accionante, relativa a la categoría que la municipalidad accionada asignó a una propiedad en el esquema de zonificación del cantón, constituye un diferendo de legalidad ordinaria que excede la naturaleza sumaria de este proceso de amparo. En ese tanto, en tesis de principio no le compete a esta Sala revisar las decisiones y actuaciones administrativas, a fin de determinar si una propiedad en particular debe catalogarse como zona comercial, residencial, o de alguna otra naturaleza, pues ello corresponde a las instancias administrativas o jurisdiccionales competentes, sedes en las que de manera amplia puede discutirse y resolverse tal situación.\n\nEn consecuencia, si la recurrente se encuentra inconforme con la categoría asignada a determinado sitio, a pesar de la respectiva aprobación de Nombre3763, deberá acudir ante las instancias comunes competentes a plantear lo alegatos que resulten pertinentes.\n\nPor otra parte, la accionante cuestiona aspectos relativos a la consulta pública del proyecto de reforma al plan regulador del cantón. En ese sentido, acusa que únicamente se realizó una audiencia en julio de 2021, y que, luego de las objeciones y gestiones formuladas en esa diligencia, se efectuaron modificaciones al proyecto que posteriormente no fueron expuestas a la ciudadanía a través de otras audiencias (pese a que las distintas versiones fueron publicadas en la página web de la municipalidad). Bajo este escenario, estima la recurrente que las variaciones ameritaban nuevas audiencias, y por ende estima lesionado el derecho de participación ciudadana. Sin embargo, considera la mayoría de esta Cámara que tales alegatos, relativos al procedimiento de audiencia, constituyen diferendos de legalidad ordinaria.\n\nAl respecto, conviene advertir que en la sentencia nro. 2024033132 de las 9:20 horas de 8 de noviembre de 2024, este Tribunal resolvió:\n\n“OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta que la municipalidad de Oreamuno, está llevando a cabo un proceso de modificación del plan regulador del cantón. Sostienen que parte de las consultas y audiencias públicas se llevaron a cabo en época de pandemia y se realizó únicamente de manera virtual, lo que implicó que la gran mayoría de los residentes de los distritos no tuvieran acceso a ese tipo de herramientas, situación que redujo significativamente su capacidad de participación y acceso a la documentación pertinente. Añaden que los recurridos informaron que las consultas se llevaron a cabo con diversos agentes sociales, como vecinos, asociaciones, comercios y  empresas, pero no proporcionan evidencia documental que respalde tal afirmación. Además, refieren que la consulta se centró únicamente en la zonificación, dejando de lado aspectos fundamentales como la conservación del recurso hídrico, el desarrollo urbanístico, los programas de conservación, la gestión integral de desechos y la protección del patrimonio cultural y arquitectónico, lo cual implica que haya una visión incompleta y parcializada del proceso de planificación, ya que obvia aspectos esenciales que impactan directamente en la calidad de vida y el bienestar de la comunidad. Expresan que la situación descrita lesiona el derecho a la participación efectiva (…)\n\n Al respecto, debe de indicarse que esulta oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2012004250 de las 8:30 horas del 30 de marzo de 2012:\n\n“IV.- Sobre el fondo. Según se constata del conjunto de hechos probados y del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, este Tribunal tiene por demostrado que, mediante publicación en el diario oficial La Gaceta No. 25 del tres de febrero de dos mil doce, la Municipalidad recurrida convocó a las audiencias públicas realizadas el diez y once de marzo de dos mil doce, con el fin de dar a conocer la propuesta de Plan Regulador  Costero, en las que se brindó información y se permitió la libre participación ciudadana, de manera que no se constata violación alguna a los derechos fundamentales de la amparada, toda vez que, al tratarse de  audiencias públicas para informar a los ciudadanos sobre dicho proyecto, ésta tuvo la opción de participar en éstas para obtener la información requerida. Lo anterior, por cuanto la Ley de Planificación urbana no exige que la propuesta de reforma sea publicada con anterioridad a la audiencia pública, pues uno de los objetivos de la misma es, precisamente, dar a conocer la propuesta (véase el voto Nº 2011-006163 de las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del trece de mayo del dos mil once). Por otra parte, respecto a lo acusado por el recurrente en cuanto a que la autoridad recurrida no cuenta con el dictamen de impacto ambiental emitido por Nombre3763, es del criterio de esta Sala que resulta prematuro su alegato, toda vez que la audiencia convocada fue para dar a conocer el plan en cuestión y no para proceder a su aprobación final, de manera que la Municipalidad aún está en tiempo para solicitar dicho estudio. Sin embargo, se reitera, con el fin de que tome nota  la autoridad recurrida, que todo plan regulador  de desarrollo urbano debe contar con un examen del impacto ambiental, en observancia del derecho fundamental a un  ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna, y asimismo, como requisito indispensable  para su adopción, debe someter a audiencia pública el proyecto final del Plan Regulador con los estudios respectivos (véase el voto Nº 2005-02589 de las catorce horas con cincuenta y tres minutos del nueve de marzo del dos mil cinco). Con fundamento en lo anterior, este Tribunal no logró constatar las alegadas violaciones a los derechos fundamentales de la amparada, por lo que procede declarar sin lugar el presente recurso de amparo, como en efecto se dispone” (el destacado fue agregado).”\n\nAsí las cosas, en el sub examine el Tribunal verifica que la audiencia efectuada por el gobierno local de Nicoya el 28 de mayo de 2022 fue para conocer lo propuesto respecto al Plan Regulador  de Playa Sámara, no para efectuar el trámite correspondiente para su aprobación final. En consecuencia, de acuerdo con lo indicado en el pronunciamiento supratranscrito, el reclamo de la parte accionante referente a la falta de realización de un estudio de impacto ambiental en relación con tal plan regulador  resulta prematuro y, por ende, no procede acoger el recurso (en similar sentido véase la sentencia n.° 2021016551 de las 9:15 horas del 30 de julio de 2021).”\n\nEn el sub examine, la Sala estima que es aplicable el criterio expuesto. En efecto, se determina que es un tema de legalidad establecer si la propuesta del Concejo accionado debe ser catalogada como “modificación”, “ajuste” o “rectificación” del plan regulador, toda vez que es incompatible con la vía sumaria del recurso de amparo analizar si el porcentaje alcanzaría el 20% del área total utilizable de la zona marítimo terrestre. Además, se verifica que la audiencia del 8 de febrero de 2023 tenía el propósito de exponer y dar a conocer la propuesta del Concejo, a fin de que los interesados presentaran las observaciones u objeciones que estimaran pertinentes. Al igual que en el precedente transcrito, no se tenía la intención de dar aprobación final a la propuesta, por lo que el reclamo resulta prematuro en los mismos términos. En virtud de lo expuesto, se desestima el reclamo.\n\nV.- Atinente a la participación ciudadana, la Sala traer a colación lo indicado la sentencia nro. 2019015250 de las 9:20 horas del 16 de agosto de 2019:\n\n“I.- Objeto del recurso. Los recurrentes no están de acuerdo con el plan regulador elaborado hace más de 20 años para la Isla Caballo, por las siguientes razones: a) fue realizado por una empresa privada con el fin de lograr desarrollo turístico, sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad (…)\n\nIV.- Sobre la participación de la comunidad en la aprobación del plan regulador  y la ejecución del proyecto para el suministro de servicios públicos en la Isla Caballo. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2014 – 006773 de las 11:41 horas de 16 de mayo de 2014, explicó lo siguiente:\n\n“(…) Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional (…)” (criterio reiterado, entre otras, en la sentencia No. 2019 – 000688 de las 09:15 horas de 18 de enero de 2019) (el énfasis no pertenece al original).\n\nAsí las cosas, a partir de lo expuesto, este extremo del recurso deviene manifiestamente improcedente. Cualquier inconformidad que mantengan los promoventes al respecto, deben plantearla ante la propia Administración, o en la sede jurisdiccional de legalidad ordinaria” (el destacado no fue suplido).\n\nMientras que en la sentencia n.° 2019015927 de las 9:30 horas del 23 de agosto de 2019 se indicó:\n\n“II.- Sobre el caso concreto. Vistas las pretensiones de la parte amparada, se le hace ver que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento genérico para garantizar el principio de supremacía constitucional o el principio de legalidad, por medio del cual sea posible accionar contra cualquier otra clase de quebrantos constitucionales o legales. Por esa razón, el proceso de amparo no puede ser empleado para controlar la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas, ya que es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad.\n\nEn el sub lite, en cambio, aun cuando la parte recurrente invoque una supuesta violación por falta de celebración de una consulta pública, en el fondo pretende que esta Sala analice la legalidad de las reformas del Plan Regulador  de Paraíso. Dado lo anterior, se le hace ver que determinar si las gestiones para las reformas alegadas cumplieron los requisitos requeridos por el ordenamiento jurídico infraconstitucional para ser válidos y eficaces —o, por el contrario, contienen vicios que ameritan su anulación—, francamente, significaría reconducir a la vía del amparo una discusión propia de la legalidad ordinaria, que no está relacionada directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental, puesto que no le corresponde a este Tribunal hacer las veces de alzada en la materia y revisar si lo pedido es procedente de acuerdo con la normativa infraconstitucional que resulte aplicable al caso. Tan así, que en lo tocante a audiencias públicas —tema al que el tutelado le da gran importancia—, esta Sala declaró lo siguiente:\n\n\"OBJETO DEL RECURSO. El recurrente expone que el Concejo Municipal de Montes de Oca, en la sesión ordinaria No. 266-2015, acordó un alza en la tarifa por servicios de limpieza de vías y sitios públicos, publicado en la Gaceta No. 113 del 12 de junio de 2015. Sin embargo, incumplió con su deber de comunicar y otorgar audiencia pública a sus contribuyentes.\n\nII.- SOBRE EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. En relación a (sic) la alegada infracción al principio de partición (sic) ciudadana, esta Sala mediante la sentencia No. 2014-002735 de las 9:15 hrs. de 28 de febrero de 2014, en lo conducente, dispuso lo siguiente:\n\n“(…) V.- Finalmente, con respecto a la falta de audiencia pública previa a fijación de tarifas por la prestación de servicios municipales, considera la mayoría de este Tribunal que al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional, por lo que en ese orden de ideas la discusión acerca de si la corporación municipal recurrida debía de llevar a cabo o no la audiencia contemplada en el artículo 43 del Código Municipal previo a acordar el aumento de las tarifas de servicios municipales de recolección de basura y manejo de desechos sólidos es un tema de legalidad ordinaria, por lo que los tutelados, si a bien lo tiene, deberán de formular dicha disconformidad ante las vías ordinarias de legalidad (…) (Lo resaltado en negrita. Criterio reiterado, por la mayoría de este Tribunal, en las sentencias Nos. 05627-2014 de las 9:15 hrs. de 28 de febrero de 2014, 06773-2014 de las 11:41 hrs. de 16 de mayo de 2014 y 09947-2015 de las 09:20 hrs. de 3 de julio de 2015) (…)”\n\nPor lo expuesto, debe advertirse que el reclamo planteado por el recurrente es una cuestión de mera legalidad que, desde esa perspectiva, este Tribunal resulta incompetente para definir si la corporación municipal recurrida debía llevar a cabo o no, la audiencia pública reclamada. Asimismo, en la sentencia No. 2015011105 de las 09:05 del 24 de julio de 2015, esta Sala dispuso que el tema planteado, referente al principio de participación ciudadana, ya que la autoridad recurrida no consultó a los usuarios, mediante audiencia pública, el modelo tarifario aprobado, está lejos de las competencias específicas, que la Sala Constitucional está llamada a proteger, sin que ello signifique que no merezca análisis en la jurisdicción ordinaria o de mera legalidad contenciosa administrativa, conforme al artículo 49 constitucional. En consecuencia, el presente recurso es inadmisible y se rechaza de plano de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional\". (Sentencia N° 2016002377 de las 09:50 horas del 17 de febrero de 2016).\n\nPor lo tanto, lo propio es que este asunto sea dirimido en la vía común, administrativa o jurisdiccional, por lo que deberá la parte accionada, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante la vía de legalidad competente, ya que es en tal sede en la cual podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible” (el resaltado es del original).\n\nPor su parte, en el pronunciamiento 2019019902 de las 9:20 horas del 11 de octubre de 2019 se consignó:\n\n“III.- SOBRE LAS INFRACCIONES AL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTOS DE PERMISOS. Los recurrentes cuestionan que se les irrespetó el derecho de participación ciudadana al otorgar los permisos sin previa audiencia a la comunidad. No obstante, es preciso indicar que este Tribunal, a partir de una mejor ponderación, estimó en la sentencia No. 6773-2014 de las 11:41 hrs. de 16 de mayo de 2014, que la sede natural para vigilar el cumplimiento del principio de participación ciudadana es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. En la referida resolución, se consideró lo siguiente:\n\n“IV.- BAJO UNA MEJOR PONDERACIÓN.  DISCUSIÓN DE LEGALIDAD.  Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. Por esa razón,  son ajenas y lejanas a la competencia de este Tribunal, las cuestiones que se plantean en el caso concreto, a saber, el mecanismo alternativo ordenado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –a raíz de la violencia y la situación de intimidación generada en las audiencias de 9 de noviembre de 2013 y 25 de enero de 2014–   a fin de garantizar la fase de comentarios de los interesados y réplicas del desarrollador en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto de una nueva Terminal de Contenedores en Moín, a nombre de APM Terminals Moín S.A. En el caso específico, precisamente el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, no define si esa participación es a viva voz, por escrito o de qué manera se satisface la exigencia de la participación, lo cual requiere ser analizado en un proceso que permita la amplitud de prueba y contradictorio que, desde nuestro punto de vista, no encuadra en el amparo como proceso rápido, sencillo, sumario y especial de protección de derechos humanos fundamentales. Le corresponde entonces, al control de legalidad y no a este Tribunal Constitucional, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas), por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se ajustan o no, al ordenamiento jurídico infra constitucional. Por las razones indicadas, estimamos que el tema planteado está lejos de las competencias específicas, que la Sala Constitucional está llamada a proteger, sin que ello signifique que no merezca análisis en la jurisdicción ordinaria o de mera legalidad contenciosa administrativa, conforme al artículo 49 constitucional. (…)”\n\nA partir de lo expuesto, no le corresponde a este Tribunal definir –como lo pretenden los recurrentes– cuál debió ser el mecanismo para que, en el caso concreto, se garantizara de forma óptima la participación ciudadana, máxime que se pretende revisar la legalidad de las actuaciones administrativas. De este modo y conforme el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal Constitucional determinar si las conductas administrativas desplegadas (activas u omisas) por las autoridades recurridas en el caso concreto se ajustan o no al ordenamiento jurídico infra constitucional, todo lo cual deberá ser cuestionado por los recurrentes en las vías ordinarias de legalidad. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.\n\nAsimismo, la parte accionante vincula la participación ciudadana con la posibilidad de impugnar los actos cuestionados y una supuesta violación al debido proceso. Según se indicó en la relación de hechos probados, el Concejo recurrido declaró inadmisibles las impugnaciones planteadas por las recurrentes. Ahora bien, la Sala recuerda que el tema de admisibilidad de recursos administrativos ha sido considerado materia de legalidad:\n\n“…es evidente que no le corresponde a este Tribunal entrar a determinar si la apelación planteada por la parte accionante era admisible o no, pues el diferendo en cuestión hace referencia a una eventual irregularidad procesal del tipo que, como se dijo, no cabe ventilar aquí, en tanto no se traduce —al menos, de manera directa— en una violación o amenaza de violación al derecho de defensa o al debido proceso constitucional. Tenga presente el accionante, además, que, según criterio reiterado de la Sala Constitucional, el derecho a la doble instancia no existe en sede administrativa (véase los pronunciamientos N° 2005-03757 de las 14:54  horas del 13 de abril de 2005, Nº 2006-10008 de las 16:19 horas del 11 de julio de 2006, Nº 2006-012615 de las 17:27 horas del 30 de agosto de 2006 y 2006-014446 de las 08:51 horas del 29 de setiembre de 2006), pues el afectado cuenta con la posibilidad de cuestionar la validez del acto lesivo ante la jurisdicción ordinaria. De esta suerte, deberá la parte recurrente acudir ante la vía de legalidad respectiva, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”. (Sentencia nro. 2021-005564 de las 9:30 horas del 16 de marzo de 2021).\n\n“II.- Sobre el caso concreto. - En el sub lite, se advierte que lo planteado por la parte accionante no es más que un conflicto de legalidad ordinaria. En ese sentido, se impone advertir que, lo expresado en el Resultando primero de la presente resolución, constituye un diferendo ajeno al ámbito de competencia de esta Jurisdicción, ya que, a esta Sala, no es Tribunal de alzada, ya que, no es su competencia, determinar la corrección o no, de la resolución administrativa, que ordenó la apertura del procedimiento administrativo que se sigue en su contra, al igual, que tampoco le corresponde determinar la debida tramitación de la instrucción, ni la admisibilidad de los recursos de apelación interpuestos. Es necesario indicarle a la parte gestionante que, la Sala Constitucional no puede, ni debe suplantar a los despachos públicos en la resolución de los asuntos que, por su naturaleza y por mandato expreso de la Ley, deban ser resueltos por ellos. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo, ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.” (Sentencia nro. 2021-014887 de las 10:05 horas del 29 de junio de 2021).\n\nEn virtud de lo expuesto, la Sala constata que los reclamos planteados son ajenos al ámbito de competencia de esta jurisdicción, por tratarse de un agravio de legalidad ordinaria. En ese tanto, se declara sin lugar el recurso.”.\n\n \n\nAsí las cosas, tales consideraciones también resultan aplicables al sub iudice. En ese sentido, las inconformidades de la recurrente deberán ser planteadas y resueltas ante las instancias administrativas o jurisdiccionales ordinarias competentes.\n\nV.- RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO.\n\n1.- Tal como se consignó en el voto salvado a la sentencia nro. 2017001163 de las 9:40 horas del 27 de enero de 2017, estimamos que del ordinal 9 de la Constitución Política se extrae que la participación ciudadana, allende de un principio general, se ha instituido como un verdadero derecho fundamental a la luz del marco convencional que acompaña e integra nuestro régimen de derechos fundamentales.\n\nJustamente, en la sentencia nro. 2013-017305 de las 11:32 horas de 20 de diciembre de 2013, esta Sala consideró que el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. En nuestro país, el legislador constitucional recogió este derecho en el artículo 9 de la Constitución Política al disponer que el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable (destacado no corresponde al original), según la reforma propiciada por ley nro. 8364 del 1º de julio de 2003, publicada en La Gaceta nro. 146 de 31 de julio de 2003. Este mandato de la Ley Fundamental, en particular la cualidad de “participativo”, ha orientado un posterior desarrollo normativo constitucional e infra constitucional. Así, se ha establecido una serie de mecanismos que buscan que el derecho al gobierno participativo pueda ser aplicado en forma eficaz y efectiva, de manera que no quede únicamente como un derecho de papel; ejemplos de lo anterior son el referéndum para la aprobación o derogación de leyes y reformas parciales a la Constitución, o la iniciativa popular en la formación de leyes (véase, entre otras, la sentencia nro. 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005).\n\nEl derecho al gobierno participativo no solo encarna un reconocimiento del más alto rango jurídico-positivo a la función del control político por parte de los habitantes de la República, sino que, además, significa una revalorización del papel de estos en los procesos de formulación, aplicación y control de la política pública. Por voluntad del legislador constituyente, que esta Sala no debe ni puede desconocer, el derecho al gobierno participativo se erige como pilar fundamental de nuestro régimen democrático (cuestión erróneamente desconocida por el voto de minoría, que a la participación ciudadana le baja la categoría de derecho a principio general en clara contraposición a la línea jurisprudencial de esta Sala, como más adelante se demuestra), lo que resulta conteste con un sistema político basado en la tolerancia, el pluralismo y el respeto a la libertad.\n\nComo indicamos supra, esta categorización del gobierno participativo o de la participación ciudadana como derecho, se explica a través del respaldo convencional contenido en varios instrumentos internacionales de derechos humanos.\n\nVerbigracia, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” (destacado no corresponde al original).\n\nConcordante con lo anterior, el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce de modo expreso el derecho de los ciudadanos: “(…) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.\n\nEn igual sentido, la Carta Democrática Interamericana señala en su ordinal 5 que: “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.\n\nDe manera más vehemente, el artículo 6 de esta Carta estatuye que: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”. (Destacado no corresponde al original).\n\nEl Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también reconoció la participación ciudadana como fundamental para la protección del ambiente:\n\n“Reconociendo también que el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos la libertad de buscar, recibir y difundir información y de participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos y el derecho a un recurso efectivo, es fundamental para la protección de un medio ambiente limpio, saludable, sin riesgos y sostenible,” (Consejo de Derechos Humanos, 46° periodo de sesiones, A/HRC/RES/46/7 de 23 de marzo de 2021).\n\nTambién, resulta importante resaltar que, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidades le otorga el estatus de derecho humano a la participación efectiva en materia ambiental. En tal sentido, señaló:\n\n“Reconociendo que el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los derechos a buscar, recibir y difundir información y a participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos y en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente, así como el derecho a un recurso efectivo, es fundamental para la protección de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.”. (El resaltado no corresponde al original).\n\nPor su parte, en la Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que:\n\n“226. La participación pública representa uno de los pilares fundamentales de los derechos instrumentales o de procedimiento, dado que es por medio de la participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, la participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. En particular, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la participación pública requiere la aplicación de los principios de publicidad y transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable” (el destacado fue adicionado).\n\nTesitura que también había sido adoptada en la sentencia de 19 de septiembre de 2006, relativa al caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, en la que se dispuso:\n\n“86. En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. 87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.”. (El destacado fue adicional).\n\nEn adición, la Corte IDH, en la sentencia 27 de noviembre de 2023 dictada en el caso “Habitantes de la Oroya vs. Perú”, dispuso:\n\n“B.2.5.2. Derecho a la participación política\n\n150. El derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos se encuentra consagrado en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana270 . Con respecto a asuntos ambientales, la Corte ha establecido que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan al medio ambiente. Asimismo, la participación en la toma de decisiones aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, construir consensos y mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales271 . Al respecto, el Acuerdo de Escazú señala que cada Estado Parte “deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”272.\n\n151. Asimismo, la Corte advierte que el derecho a la participación política en temas ambientales se encuentra consagrado en diversos instrumentos de Derecho Internacional, tales como la Declaración de Estocolmo273, la Carta Mundial de la Naturaleza de Nairobi274, la Declaración de Río275, la Convención de Aarhus276, y el Convenio sobre Diversidad Biológica277 . En este punto, el Tribunal considera pertinente recordar que la referencia a fuentes, principios y criterios del corpus iuris internacional, en este caso en materia ambiental, no implica que asuma competencia sobre otros tratados o que les reconozca obligatoriedad para los Estados. Esta normativa se utiliza como criterio interpretativo para la determinación del alcance de los derechos protegidos por la Convención Americana y otros instrumentos que son vinculantes para el Estado y sobre los que la Corte tiene competencia, de conformidad con el artículo 29 de la Convención278 .\n\n152. La Corte ha estimado que el derecho de participar en los asuntos públicos consagrado en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana establece la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante. Asimismo, que en lo que se refiere a la participación pública, el Estado debe garantizar oportunidades para la participación efectiva desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones e informar al público sobre estas oportunidades de participación. Finalmente, los mecanismos de participación pública en materia ambiental son variados e incluyen, entre otros, audiencias públicas, la notificación y consultas, participación en procesos de formulación y aplicación de leyes, así como mecanismos de revisión judicial279 .\n\n(…)\n\nB.3.6.2. Derecho a la participación política\n\n256. La Corte recuerda que el derecho a la participación política es uno de los pilares fundamentales de la democracia, pues a través de su ejercicio las personas pueden establecer límites a las gestiones estatales y cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. La participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y así participar en la dirección de los asuntos públicos que afecten el medio ambiente. Este Tribunal ha destacado que este derecho conlleva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones que pueden afectar el medio ambiente, lo cual se relaciona con la obligación de proveer información relevante. Esta participación debe ser efectiva desde las primeras etapas del proceso de toma de decisiones, lo cual puede realizarse a través de diversos mecanismos (supra párr. 152)”\n\nAsí las cosas, este reconocimiento convencional a la participación ciudadana incide hermenéuticamente en su naturaleza jurídica, puesto que de principio constitucional lo transforma en verdadero derecho fundamental colectivo.\n\nDe este modo, la participación ciudadana representa un aspecto esencial del modelo democrático y republicano de este siglo, en el que el control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas destacan como elementos expresivos de este tipo de régimen político, lo que a su vez confiere mucha mayor legitimidad a la toma de decisiones políticas, cuestión clave cuando de gobernabilidad se trata. Así, en el marco de este tipo de régimen ‑esto es, con activa y plena participación ciudadana‑, el gobierno participativo impacta con mayor intensidad, favoreciendo la toma de decisiones a través de medios más abiertos y transparentes.\n\nPrecisamente, uno de los mecanismos ideados para cumplir lo dispuesto en el numeral 9 constitucional es la audiencia pública, a través de la cual las personas interesadas pueden hacer valer sus derechos o manifestar su criterio, participando de manera activa en temas de relevancia nacional o local, y poniendo en conocimiento de la Administración todas aquellas anomalías o disconformidades en relación con algún proyecto por desarrollar.\n\nAsí las cosas, la audiencia pública es un instrumento típico de una democracia republicana, mediante la cual se fomenta la participación del ciudadano en el proceso de toma de decisiones públicas. Por su significado, la audiencia debe efectuarse de tal forma que garantice la mayor participación posible de las personas que puedan verse afectadas, de ahí que cualquier acción u omisión que obstaculice lo anterior configura una abierta vulneración al derecho constitucional a la participación ciudadana (véase, entre otras, la sentencia número 2009-018223 de las 12:34 horas del 27 de noviembre de 2009).\n\nEn cuanto al carácter participativo de la audiencia pública, como se indicó, el ordinal 9 de la propia Constitución Política obliga a ello, pues la calificación “participativo” ahí dispuesta implica, entre otros aspectos, que el Gobierno debe ser un articulador de lo definido por deliberación popular, cuando ello es obligatorio, al tiempo que en la formulación de la política pública, dentro de las posibilidades que el marco jurídico-positivo vigente plantee, está obligado a escuchar el criterio de individuos o grupos afectados, sea este vinculante o no.\n\nEn otras palabras, en la democracia republicana actual, los ciudadanos gozan, por mandato constitucional, ya no solo del derecho al voto para ejercer su derecho al gobierno participativo, sino de cantidad de instrumentos de diversa naturaleza para coadyuvar en la toma de decisiones gubernativas y el control político, lo que propicia que puedan ejercer influencia directa en las grandes decisiones públicas.\n\nEn este contexto, interesa resaltar que este Tribunal, en la sentencia nro. 2018004117 de las 9:15 horas de 13 de marzo de 2018, realizó un desarrollo respecto a la consulta pública en materia ambiental, destacando que este mecanismo es un pilar en la toma de decisiones relaciones con el medio ambiente. Asimismo, a manera de soft law, acudió a un instrumento particularmente relevante en materia de acceso a la información ambiental y participación ciudadana: el “Convenio sobre el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en la toma de decisiones en temas ambientales”, mejor conocido como “Convenio de Aarhus”. En tal sentido, en el referido pronunciamiento se indicó:\n\n“La Convención de Aarhus, por su parte, en el artículo 6.2.3.4 dispone:\n\n“2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:\n\na) La actividad propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de la que se adoptará una decisión;\n\nb) La naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían adoptarse;\n\nc) La autoridad pública encargada de tomar la decisión;\n\nd) El procedimiento previsto, en particular, los casos en que estas informaciones puedan facilitarse:\n\ni) La fecha en que comenzará el procedimiento;\n\nii) Las posibilidades que se ofrecen al público de participar en el mismo;\n\niii) La fecha y el lugar de toda audiencia pública prevista;\n\niv) La autoridad pública a la que cabe dirigirse para obtener informaciones pertinentes ante la que se hayan depositado esas informaciones para que el público pueda examinarlas;\n\nv) La autoridad pública o cualquier otro organismo público o competente al que puedan dirigirse observaciones o preguntas y el plazo previsto para la comunicación de observaciones o preguntas;\n\nvi) La indicación de las informaciones sobre el medio ambiente relativas a la actividad propuesta que están disponibles; y\n\ne) El hecho de que la actividad sea objeto de un procedimiento de evaluación del impacto nacional o transfronterizo sobre el medio ambiente.\n\n3. Para las diferentes fases del procedimiento de participación del público se preverán plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público de conformidad con el párrafo 2 supra y para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.\n\n4. Cada Parte adoptará medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real.”\n\nDe conformidad con lo expuesto, debe propiciarse la consulta de manera transparente y con la mayor información posible. Esto genera una mejor administración de los recursos naturales, contribuye a la transparencia y al adecuado manejo de fondos públicos. Recordemos que el asunto ambiental es un tema de todos los miembros de la sociedad, no solamente del gobierno, por lo que también corresponde a cada ciudadano velar por la conservación del ambiente y procurar un desarrollo sostenible. Es por ello que debe abarcar en forma integral los diferentes sectores de la población (…)”. (El destacado fue adicional).\n\nEn adición, en el pronunciamiento aludido, la Sala subrayó que la audiencia ciudadana, por tratarse de una manifestación del principio democrático, no debe convertirse en una simple formalidad que simple y llanamente debe ser agendada, aunque tampoco debe instrumentalizarse como un mero obstáculo para el dictado de una decisión administrativa.\n\nRelacionado con lo anterior, esta Sala ha señalado de modo reiterado, que la Constitución se caracteriza por su supremacía y su eficacia directa e inmediata, merced a las cuales los derechos y garantías que confiere resultan directamente exigibles y vinculantes para todos los Poderes Públicos. Así, en la sentencia nro. 1992-3194 de las 16:00 horas del 27 de octubre de 1992, se puntualizó:\n\n“(…) La Constitución Política en su unánime concepción contemporánea, no sólo es “suprema” en cuanto criterio de validez de sí misma y del resto del ordenamiento jurídico, sino también conjunto de normas y principios fundamentales jurídicamente vinculantes, por ende, exigibles por sí mismos, frente a todas las autoridades públicas, y a los mismos particulares, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o hagan aplicables salvo casos calificados de excepción, en que sin ellos resulta imposible su aplicación-; con la consecuencia de que las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales- tienen la atribución-deber de aplicar directamente el Derecho de la Constitución en su pleno sentido, incluso en ausencia de norma de rango inferior o desaplicando las que se le opongan.”\n\nPor su parte, en la resolución nro. 1995-1185 de las 14:33 horas de 2 de marzo de 1995, este Tribunal confirmó:\n\n“Si la Constitución Política tiene un carácter normativo supremo, debe efectivamente conformar y condicionar la validez y eficacia de toda norma inferior o subordinada, y sirve de parámetro para legitimar o no la actuación de cualquier autoridad pública y hasta de los sujetos privados.... El principio de supremacía de la Constitución, en el caso costarricense, no solamente lo tenemos expresamente consagrado en el artículo 10, sino que de modo clarísimo, complementado respecto del órgano encargado de mantenerla o preservarla, según lo que adelante analizaremos. Esto que hemos expresado hasta ahora gira alrededor de que la Constitución tiene una eficacia directa y vincula sin necesidad de intermediación de ninguna otra norma. Y, es por ello, que toda autoridad, en general, tiene capacidad y poder para aplicar, desarrollar y expandir los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política. Si esto no fuera así, toda la argumentación acerca de la jerarquía de las normas, principios y valores constitucionales, caería convertida en una fantasía insubsistente. Sería mera ciencia ficción, una entelequia, en la que simultáneamente existen dos mundos jurídicos ubicados en planos diferentes y sin comunicación entre sí.”\n\nEn conclusión, la participación ciudadana constituye un derecho constitucional y convencional, que se erige como una cualidad del sistema democrático republicano. Al respecto, los derechos consagrados en la Ley Fundamental, en diverso grado según su contenido sea más o menos programático, tienen una eficacia directa y vinculan sin necesidad de norma alguna. Incluso, su efectividad a través del desarrollo normativo infra constitucional y la aplicación de este no es ajena al control jurisdiccional de constitucionalidad, cuando se advierten regulaciones, actuaciones u omisiones que representan una lesión al núcleo duro (Kernbereich) de ese bien constitucional.\n\n2.- Ahora bien, en el sub lite, a priori se descarta alguna situación que amerite la intervención de esta Sala, en los términos formulados por la parte accionante.\n\nAl respecto, véase que la inconformidad no versa propiamente respecto de algún agravio relativo a la audiencia pública que se efectuó en julio de 2021, sino a que, a juicio de la accionante, los ajustes que se efectuaron al proyecto de zonificación como consecuencia de ese proceso de participación ciudadana requerían ulteriores audiencias, pese a que tales versiones habían sido publicadas en la página web de la municipalidad, y, por ende, eran de acceso para la ciudadanía. En ese sentido, consideramos que no le compete a esta Sala en esta vía sumaria revisar todos los aspectos de fondo del procedimiento a los efectos de determinar si se deben efectuar posteriores audiencias a la formalmente convocada y realizada. Así, si la accionante mantiene alguna inconformidad con los resultados de la audiencia que se realizó en el procedimiento, lo propio es acuda ante las instancias ordinarias competentes, lo cual no consta que haya efectuado, pues no se corrobora alguna objeción formulada ante la autoridad recurrida ni tampoco ante otra instancia ordinaria, pese a que el proyecto de reforma al plan regulador no había entrado en vigor al momento en el que se acude en amparo.\n\nA partir de lo expuesto, no se advierte algún quebranto al derecho de participación ciudadana, que de manera evidente y manifiesta deba ser declarado en esta vía constitucional.\n\nVI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n \n\n Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal consignan razones diferentes en relación con el derecho a la participación ciudadana.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n HCWZKMWTQAS61\n\nEXPEDIENTE N° 24-034397-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:54:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "RESOLUTION Nº 07757 - 2025\n\nDate of Resolution: March 14, 2025, at 09:20\n\nCase File: 24-034397-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nType of Matter: Amparo remedy\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 24-034397-0007-CO\n\nRes. Nº 2025007757\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of March of two thousand twenty-five.\n\nAmparo remedy processed in case file no. 24-034397-0007-CO, filed by Nombre52822, identity card CED26672, against the MUNICIPALITY OF SANTA ANA.\n\nResulting:\n\n1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber on December 6, 2024, the petitioner files an amparo remedy. She states that the Municipality of Santa Ana, in the only public hearing held on July 22, 2021, regarding the new Regulating Plan of the Canton, the Municipal Council presented a zoning map to the participants—including her person—but after that and without informing the population, said map was substantially varied and then submitted for approval to the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo). That “According to what was stated by the Municipal Council, the change to the zoning map was made, apparently, by accepting the proposal of a citizen who does not reside in our residential complex and, therefore, has no knowledge of the serious environmental and social effects we have experienced in the area for years.” She claims that the new zoning directly affects an environmental recovery area—designated as Recovery 1—which has been the subject of mining exploitation and industrial development permitted by the Municipality of Santa Ana, activities that have aggravated the environmental and coexistence problems in the area. She accuses that a participatory process was also not opened with the “new proposal” and this—in her judgment—violates the right of access to public information, the right to participate in decisions of public interest, and the right to live in a healthy and balanced environment. She affirms that the residential complex where she lives will be less than 50 meters from this new zoning. She reiterates that the absence of consultation and participation in the decision on a matter of high impact on the quality of life of the residents contradicts the democratic and transparency principles established in the Political Constitution, the General Law of Public Administration, and the jurisprudence of this Constitutional Chamber, and also affects the right to live in a healthy and ecologically balanced environment. That “apparently and for the modification of the zoning map without our knowledge, the statement of one participant carried great weight, when he pointed out that the Commercial and Logistics zone should be larger, causing such a significant modification to be made, eliminating a large part of the Recovery 1 zone and assigning it as Commercial and logistics. For many years, mining and industrial activity has been carried out barely 50 meters from the Bosques de Santa Ana Residential Complex, even though it is in a High-Density Residential Zone, according to the current regulating plan. This area, including Dirección7606, should be Recovery 1 in its entirety, as was established in the map proposed and seen at the hearing and approved by us.”\n\n2.- By resolution at 14:08 hours on December 11, 2024, the Presidency of the Chamber admitted the process and requested a report from the mayor and the president of the Council, both of the Municipality of Santa Ana.\n\n3.- By written submission incorporated into the case file on December 18, 2024, Juan José Vargas Fallas, mayor of the Municipality of Santa Ana, reports: “This Municipality is carrying out the procedure established in Article 17 of the Urban Planning Law to reform the regulating plan. Which began in 2012 with the participatory process carried out in each district, from which a project emerged that was refined by the Municipal Regulating Plan Commission and whose products have been published on the website since October 2013. The incorporation of the environmental variable processed before Nombre3763 under file EAE-0004-2017 was approved on September 23, 2020, through resolution 1657-2020-SETENA. And on July 22, 2021, during the extraordinary session of the Municipal Council number 30-2021, the project was presented in a public hearing in two modalities, in-person with limited capacity due to the sanitary measures for the pandemic and virtual through the Teams platform with the requirement of prior registration. All under the guidelines of the REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PRESENCIAL Y VIRTUAL DEL PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DEL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE SANTA ANA, publication in La Gaceta 98 of May 24, 2021. The zoning project made known, for the sector of interest to the petitioner, had the following situation. During the hearing, Mr. Emersson Orozco Suarez appeared virtually with the following observations: In the construction regulation it is not clear if an electrical modification requires an authorization or construction permit to carry out this type of work, provided it does not involve structural work. Please clarify. I use this to express my opposition to Chapter 16 in its entirety, particularly to articles 100 to 115. Mandatory cession of area for public use for condominium development, because they are contrary to the Law, it goes against several regulations, among them, the Civil Code, the Regulatory Law of Condominium Property and its regulation, and the Political Constitution; without considering the opinion of the Attorney General's Office of the Republic C-114-2018. The foregoing from the Reglamento de Fraccionamientos. From the Urban Renewal Regulation, please clarify what the obligation to cede in receptor zones consists of, it is not clear if there is an obligation to cede these zones. We express our opposition to the classification of Recovery 1 zone for farm 1-424979-000, which should be classified as commercial and logistics. By agreement adopted in session 94 held on February 15, 2022, the Municipal Council approved the report “responses to consultations in public hearing.” Specifically regarding the consultation of Mr. Emersson Orozco Suarez, the response was: The farm was changed to the commercial and logistics zone due to its current use. The change is because the Distribution Center (CEDI) of the company Walmart was on farm 424979-000 (now vacant), so its location in a recovery zone was not consistent with the current use, because this zone corresponds to the material extraction sector in the north of the canton, which seeks to regenerate with mixed and residential activities, and there has never been an open-pit mine (tajo) on this farm. In the following aerial image from 2023, the white roof of the existing building on farm 424979-000 is observed. As well as the excavations in the adjacent lands whose use has been mining extraction. With which we illustrate the reason why Mr. Emersson Orozco Suarez's request was accepted, extracting Dirección7607 from the Dirección7608 and reassigning it (sic) in the commercial and logistics zone (...) Now then; the petitioner considers that the zoning changes resulting from the public hearing should have been informed to her represented party, however, she does not mention that all versions of the regulating plan reform project have been published in full on our website from the first day and that the final version submitted to the INVU has been available to the public since the modification obtained the approval of Nombre3763 through resolution 0241-2023 of February 15, 2023, at: https://www.santaana.go.cr/repositorio-documentos/#72-768-wpfd-propuesta-plan-regulador-cambios-post-audiencia-publica-v2023 Furthermore, the procedure established in Article 17 of the Urban Planning Law and developed in the INVU's Manual de Planes Reguladores does not establish a public re-consultation stage as this would make the procedure endless. Especially since each zoning change must be approved by SETENA. And our project was approved twice, first in the initial project for the public hearing and also the changes resulting from the hearing. Finally; I request the Honorable Constitutional Chamber to consider that this amparo is filed against a reform project that has not entered into force and as such has not had legal effects that could disturb constitutional rights.”\n\n4.- By certification of January 6, 2025, Mariane Castro Villalobos and Paola Castro Pérez, in order, secretary and judicial technician, both of the Chamber, record: “reviewed, at fourteen hours twenty-seven minutes on January six, two thousand twenty-five, in the SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES the CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, it did not appear that from December 16 to 19, 2024, the president of the Council of the Municipality of Santa Ana had filed any writing or document, in order to render the report requested in the resolution issued at fourteen hours eight minutes on December eleven, two thousand twenty-four, in case file number 24-034397-0007-CO which is a RECURSO DE AMPARO brought by Nombre52822.”\n\n5.- By written submission incorporated into the case file on January 17, 2025, the petitioner states: “According to the response to the amparo remedy before this respected Constitutional Chamber from Mr. Juan José Vargas Fallas, Mayor of the Municipality of the canton of Santa Ana, I state the following: 1. It is acknowledged by the Municipality of Santa Ana that, subsequent to the ONLY public hearing, there was a zoning change from Recovery 1 to Industrial and Logistics, arguing that it was published on its website. This violates our fundamental rights, such as the right to know and give an opinion on the new provisions before they are approved. This method can in no way substitute for notification of such a significant variation for our community; merely making it public on its internet page is not an inclusive method of communication for all residents and could even be interpreted as not a principle of transparency and citizen participation. Thus, it is invalid to reach a consensus with the community and then vary what was agreed upon without communicating it, simply alleging that said situation is on the website. This is wrong and seriously violates our fundamental rights, since no notice was given of that subsequent modification to what was initially agreed. 2. We reiterate what was indicated regarding the zoning of the area in question. Three maps are presented, the last of which shows the modification without public consultation (...) a. The area in question according to the current Regulating Plan is a High-Density Residential Zone (map titled ACTUAL, light blue zone), it is a large zone that includes Dirección7609, Residencial Montana, Condominio el Viñedo, Residencial Bosques de Santa Ana, Condominio Q and recently built apartment towers and housing complexes. There are also some other activities classified by the Municipality of Santa Ana as Non-Conforming Use that existed before this Regulating Plan entered into force in 1991, such as the 3 mining exploitation concessions. Some others have moved to industrial zones for not having the conditions for expansion or modification due to proximity to residential areas that the Zone itself does not allow them to carry out. b. Thus, the only public hearing shows us a zoning map consistent with the Regulating Plan in force and which contemplates the Pozos Northeast and La Caraña Expansion zone (intended to absorb future urban growth of the canton), the Residential Type 1 zone (residential but also allows the development of basic services and small businesses), the Commercial and logistics zone (proposed far from the residential zone), and the Recovery 1 zone (of great need in the mining exploitation zones and the industrial zone that was built under Non-Conforming Use). We reiterate, this was the only map we knew about at the Hearing to learn about the modifications to the current Regulating Plan. c. The last map indicated as “modified without public consultation” and submitted to the INVU for approval does not correspond to the reality of the area and will signify a setback in environmental matters and quality of life for around 6 thousand inhabitants and of our right to property protection. The change, according to the Mayor's assurance, is due to the fact that Dirección7607 functioned as the Distribution Center (CEDI) of the company Walmart (Corporación de Supermercados Unidos, transferring its operations to an Industrial Zone, having been limited in its expansion because it was in a ZRAD). It should be noted that the infrastructure cited as CEDI Walmart has not been in operation since 2013. We are the most affected community, both in our quality of life and by the lack of participation in this process. From its intention to modify to date, they present us with a scenario which we approved and then they send another different one to the competent authorities for approval, to Nombre3763 and INVU, violating our rights to be participants, to know, to give an opinion, and to participate in decisions that affect us and that it is not sufficient to use a publication on a Web page as a method of disseminating public acts, without guaranteeing transparency and accessibility for all residents.”\n\n6.- By written submission incorporated into the case file on March 11, 2025, Magistrate Araya García raises a motion for recusal (inhibitoria).\n\n7.- By resolution at 14:50 hours on March 11, 2025, the Presidency of the Chamber ordered “to reject the motion raised by Magistrate Jorge Araya García. Consequently, he is declared qualified for the hearing of this amparo.”\n\n8.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY MATTER. Given that the president of the Municipal Council of Santa Ana omitted to render the report within the deadline set by this Tribunal in the admitting resolution of the sub lite, in accordance with Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the remedy is hereby resolved based on the other documents and evidence provided in the case record.\n\nII.- OBJECT OF THE REMEDY. The petitioner states that, in July 2021, the respondent municipality conducted a public hearing in which it presented a zoning map to the participants, relating to the new regulating plan of the canton. However, she notes that, subsequent to that, and without informing the population, it varied the aforementioned map, which was submitted to the INVU for its respective approval. She indicates that the new zoning affects an environmental recovery area, as it changed from “Recovery 1 zone” to “commercial and logistics zone,” and that a participatory process related to the “new proposal” was not opened. She deems this situation injures the rights to a healthy environment, to access to public information, and to citizen participation. She requests that the approval of the new zoning map be nullified and that a new public hearing be held.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed as duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial decree:\n\na) The Municipality of Santa Ana is carrying out the reform process for the cantonal regulating plan. (Report of the respondent authority).\n\nb) On July 22, 2021, the respondent municipality held a public hearing on the regulating plan reform project, and the proposed zoning was presented to the citizenry. (Report of the respondent authority).\n\nc) In response to an objection made by a citizen at the public hearing, concerning the classification of farm no. 1-424979-000 as “Recovery 1 zone,” the respondent municipality accepted the petition and on an unspecified specific date, but in January 2022, changed the category to “commercial and logistics zone,” since “its location in a recovery zone was not consistent with the current use, because this zone corresponds to the material extraction sector in the north of the canton, which seeks to regenerate with mixed and residential activities (...).” (Report of the respondent authority).\n\nd) The versions of the zoning project have been published on the website of the respondent municipality, specifically at the link: https://www.santaana.go.cr/repositorio-documentos/#72-768-wpfd-propuesta-plan-regulador-cambios-post-audiencia-publica-v2023.” (Report of the respondent authority).\n\ne) The project with the modification made after the public hearing obtained the approval of Nombre3763, through resolution no. 241-2023 of February 15, 2023. (Report of the respondent authority).\n\nf) As of December 18, 2024 (date of the report of the respondent mayor), the reform of the Santa Ana regulating plan had not entered into force. (Report of the respondent authority).\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioner states that, in July 2021, the respondent municipality conducted a public hearing in which it presented a zoning map to the participants, relating to the new regulating plan of the canton. However, she notes that, subsequent to that, and without informing the population, it varied the aforementioned map, which was submitted to the INVU for its respective approval. She indicates that the new zoning affects an environmental recovery area, as it changed from “Recovery 1 zone” to “commercial and logistics zone,” and that a participatory process related to the “new proposal” was not opened. She deems this situation injures the rights to a healthy environment, to access to public information, and to citizen participation. She requests that the approval of the new zoning map be nullified and that a new public hearing be held.\n\nFrom the study of the case record, it is held as demonstrated that the Municipality of Santa Ana is carrying out the reform process for the cantonal regulating plan. On July 22, 2021, the respondent municipality held a public hearing on the regulating plan reform project, and the proposed zoning was presented to the citizenry. In response to an objection made by a citizen at the public hearing, concerning the classification of farm no. 1-424979-000 as “Recovery 1 zone,” the respondent municipality accepted the petition and on an unspecified specific date, but in January 2022, changed the category to “commercial and logistics zone,” since “its location in a recovery zone was not consistent with the current use, because this zone corresponds to the material extraction sector in the north of the canton, which seeks to regenerate with mixed and residential activities (...).” The versions of the zoning project have been published on the website of the respondent municipality, specifically at the link: https://www.santaana.go.cr/repositorio-documentos/#72-768-wpfd-propuesta-plan-regulador-cambios-post-audiencia-publica-v2023.” The project with the modification made after the public hearing obtained the approval of Nombre3763, through resolution no. 241-2023 of February 15, 2023. As of December 18, 2024 (date of the report of the respondent mayor), the reform of the Santa Ana regulating plan had not entered into force.\n\nFirst of all, it is pertinent to note that the petitioner's disagreement, regarding the category that the respondent municipality assigned to a property in the canton's zoning scheme, constitutes a dispute of ordinary legality that exceeds the summary nature of this amparo process. In that regard, as a matter of principle, it is not for this Chamber to review administrative decisions and actions to determine whether a particular property must be categorized as a commercial, residential, or some other type of zone, as that corresponds to the competent administrative or jurisdictional instances, venues where such a situation can be broadly discussed and resolved.\n\nConsequently, if the petitioner disagrees with the category assigned to a particular site, despite the respective approval of Nombre3763, she must resort to the competent ordinary instances to file the arguments deemed pertinent.\n\nOn the other hand, the petitioner questions aspects relating to the public consultation of the cantonal regulating plan reform project. In that sense, she accuses that only one hearing was held in July 2021, and that, after the objections and petitions formulated at that proceeding, modifications were made to the project that were not subsequently presented to the citizenry through other hearings (even though the different versions were published on the municipality's website). Under this scenario, the petitioner considers that the variations warranted new hearings, and therefore considers the right to citizen participation injured. However, the majority of this Chamber considers that such arguments, relating to the hearing procedure, constitute disputes of ordinary legality.\n\nIn this regard, it is pertinent to note that in judgment no. 2024033132 at 9:20 hours on November 8, 2024, this Tribunal resolved:\n\n“OBJECT OF THE REMEDY. The petitioners state that the municipality of Oreamuno is carrying out a modification process for the cantonal regulating plan. They maintain that part of the consultations and public hearings were carried out during the pandemic and were held only virtually, which meant that the vast majority of district residents did not have access to such tools, a situation that significantly reduced their capacity for participation and access to the relevant documentation. They add that the respondents reported that the consultations were carried out with various social agents, such as neighbors, associations, businesses, and companies, but they do not provide documentary evidence to support that assertion. Furthermore, they state that the consultation focused solely on zoning, leaving aside fundamental aspects such as water resource conservation, urban development, conservation programs, comprehensive waste management, and the protection of cultural and architectural heritage, which implies an incomplete and partial vision of the planning process, as it ignores essential aspects that directly impact the quality of life and well-being of the community. They express that the described situation injures the right to effective participation (…)\n\nIn this regard, it must be indicated that it is opportune to bring to mind what was indicated in judgment n.° 2012004250 at 8:30 hours on March 30, 2012:\n\n‘IV.- On the merits. As verified from the set of proven facts and the report rendered under oath by the respondent authority, this Tribunal holds as demonstrated that, through publication in the official newspaper La Gaceta No. 25 of February 3, 2012, the respondent Municipality called for the public hearings held on March 10 and 11, 2012, to make known the proposed Coastal Regulating Plan, in which information was provided and free citizen participation was allowed, so no violation of the fundamental rights of the petitioner is verified, given that, as these were public hearings to inform the citizens about said project, she had the option to participate in them to obtain the required information. The foregoing, because the Urban Planning Law does not require that the reform proposal be published prior to the public hearing, since one of the objectives of the hearing is, precisely, to make the proposal known (see vote Nº 2011-006163 at nine hours and fifty-five minutes on May 13, 2011). On the other hand, regarding what the petitioner accuses in that the respondent authority does not have the environmental impact assessment issued by Nombre3763, it is this Chamber's criterion that her argument is premature, since the hearing called was to make the plan in question known and not to proceed with its final approval, such that the Municipality is still in time to request said study. However, it is reiterated, so that the respondent authority takes note, that every urban development regulating plan must have an examination of environmental impact, in observance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Article 50 of the Magna Carta, and likewise, as an indispensable requisite for its adoption, it must submit the final project of the Regulating Plan with the respective studies to a public hearing (see vote Nº 2005-02589 at fourteen hours fifty-three minutes on March 9, 2005). Based on the foregoing, this Tribunal could not verify the alleged violations of the fundamental rights of the petitioner, so it is appropriate to declare without merit this amparo remedy, as is indeed ordered’ (emphasis added).”\n\nThus, in the sub examine the Tribunal verifies that the hearing held by the local government of Nicoya on May 28, 2022, was to learn what was proposed regarding the Regulating Plan of Playa Sámara, not to carry out the corresponding procedure for its final approval. Consequently, in accordance with what was indicated in the supra-transcribed pronouncement, the petitioners' claim concerning the lack of completion of an environmental impact study in relation to such a regulating plan is premature and, therefore, it is not appropriate to grant the remedy (in a similar sense, see judgment n.° 2021016551 at 9:15 hours on July 30, 2021).”\n\nIn the sub examine, the Chamber deems that the criterion set forth is applicable. Indeed, it is determined that it is a matter of legality to establish whether the proposal of the respondent Council must be cataloged as a “modification,” “adjustment,” or “rectification” of the regulating plan, since it is incompatible with the summary nature of the amparo remedy to analyze whether the percentage would reach 20% of the total usable area of the terrestrial maritime zone. Furthermore, it is verified that the hearing of February 8, 2023, had the purpose of setting out and making known the Council's proposal, so that interested parties could submit the observations or objections they deemed pertinent. As in the transcribed precedent, the intention was not to give final approval to the proposal, so the claim is premature in the same terms. By virtue of the foregoing, the claim is dismissed.\n\nV.- Regarding citizen participation, the Chamber brings to mind what was indicated in judgment no. 2019015250 at 9:20 hours on August 16, 2019:\n\n“I.- Object of the remedy. The petitioners do not agree with the regulating plan drawn up more than 20 years ago for Isla Caballo, for the following reasons: a) it was carried out by a private company with the aim of achieving tourism development, without taking into account the community's opinion (…)\n\nIV.- On community participation in the approval of the regulating plan and the execution of the project for the supply of public services on Isla Caballo. This Constitutional Chamber, in judgment No. 2014 – 006773 at 11:41 hours on May 16, 2014, explained the following:\n\n‘(…) By modifying Article 9 of the Political Constitution, the reformist constituent body sought to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the administered closer to the state decision-making process, as part of what the doctrine calls “correction mechanisms” of representative democracy. Thus, the reformist Constituent body left the means, scope, and opportunity of citizen participation to infra-constitutional regulations, except in exceptional cases. In this sense, the natural venue to oversee its compliance is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction (…)’ (criterion reiterated, among others, in judgment No. 2019 – 000688 at 09:15 hours on January 18, 2019) (emphasis does not belong to the original).\n\nThus, based on the foregoing, this aspect of the remedy becomes manifestly improper. Any disagreement the promoters may maintain in this regard must be raised before the Administration itself, or in the ordinary legality jurisdictional venue” (emphasis was not supplied).\n\nHaving reviewed the claims of the protected party, it is pointed out that the purpose of the amparo remedy is to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as a generic instrument to guarantee the principle of constitutional supremacy or the principle of legality, through which it is possible to bring action against any other type of constitutional or legal breaches. For that reason, the amparo process cannot be used to control the legality of the acts of the various Public Administrations, as it is eminently summary in nature—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to previously examine—with a declaratory character—whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual list of the amparo remedy or the legal report, as the case may be, actually exist.\n\nIn the case at bar, however, even though the appealing party invokes an alleged violation due to the lack of a public consultation, it fundamentally seeks for this Chamber to analyze the legality of the amendments to the Regulatory Plan (Plan Regulador) of Paraíso. Given the foregoing, it is pointed out that determining whether the procedures for the alleged amendments met the requirements required by the infra-constitutional legal system to be valid and effective—or, on the contrary, contain defects that merit their annulment—would, frankly, mean redirecting to the amparo channel a discussion typical of ordinary legality, which is not directly related to an eventual violation of any fundamental right, since it is not for this Court to act as an appellate body in the matter and review whether what is requested is appropriate in accordance with the infra-constitutional regulations applicable to the case. So much so, that regarding public hearings—a topic to which the protected party gives great importance—this Chamber declared the following:\n\n\"PURPOSE OF THE REMEDY. The appellant states that the Municipal Council of Montes de Oca, in ordinary session No. 266-2015, agreed to an increase in the rate for road and public site cleaning services, published in La Gaceta No. 113 of June 12, 2015. However, it failed to fulfill its duty to notify and grant a public hearing to its taxpayers.\n\nII.- ON THE PRINCIPLE OF CITIZEN PARTICIPATION. In relation to the alleged infringement of the principle of citizen participation, this Chamber, through judgment No. 2014-002735 of 9:15 a.m. on February 28, 2014, as relevant, ruled the following:\n\n\"(…) V.- Finally, regarding the lack of a prior public hearing before setting rates for the provision of municipal services, the majority of this Court considers that by amending Article 9 of the Political Constitution, the constituent reforming body sought to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the administered closer to the state decision-making process, as part of what doctrine calls 'correction mechanisms' of representative democracy. Thus, the reforming Constituent left the means, scope, and timing of citizen participation to infra-constitutional regulations, except in exceptional cases. In that sense, the natural venue to monitor its compliance is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction, therefore, in that vein, the discussion about whether the appealed municipal corporation had to carry out or not the hearing contemplated in Article 43 of the Municipal Code prior to agreeing on the increase in municipal service rates for garbage collection and solid waste management is a matter of ordinary legality, so the protected parties, if they see fit, must formulate said disagreement before the ordinary legality channels (…) (Emphasis added. Criterion reiterated by the majority of this Court, in judgments Nos. 05627-2014 of 9:15 a.m. on February 28, 2014, 06773-2014 of 11:41 a.m. on May 16, 2014, and 09947-2015 of 09:20 a.m. on July 3, 2015) (…)\"\n\nBased on the foregoing, it must be warned that the claim raised by the appellant is a matter of mere legality that, from that perspective, this Court is incompetent to define whether the appealed municipal corporation had to carry out or not the claimed public hearing. Likewise, in judgment No. 2015011105 of 09:05 on July 24, 2015, this Chamber ruled that the issue raised, concerning the principle of citizen participation, since the appealed authority did not consult the users, through a public hearing, about the approved tariff model, is far from the specific competencies that the Constitutional Chamber is called upon to protect, without this meaning that it does not merit analysis in the ordinary or mere administrative contentious legality jurisdiction, in accordance with Article 49 of the Constitution. Consequently, this remedy is inadmissible and is rejected outright in accordance with Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional)\". (Judgment No. 2016002377 of 09:50 a.m. on February 17, 2016).\n\nTherefore, it is proper for this matter to be resolved in the common, administrative, or jurisdictional channel, so the respondent party must, if it sees fit, raise its disagreements or claims before the competent legality channel, since it is in that venue where it will be able, in a broad manner, to discuss the merits of the matter and assert its claims. Consequently, the remedy is inadmissible\" (emphasis is from the original).\n\nFor its part, in pronouncement 2019019902 of 9:20 a.m. on October 11, 2019, it was recorded:\n\n\"III.- ON THE INFRINGEMENTS TO THE PRINCIPLE OF CITIZEN PARTICIPATION IN PERMIT GRANTING PROCEDURES. The appellants question that their right to citizen participation was disrespected by granting the permits without prior community hearing. However, it is necessary to indicate that this Court, based on a better assessment, considered in judgment No. 6773-2014 of 11:41 a.m. on May 16, 2014, that the natural venue to monitor compliance with the principle of citizen participation is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction. In the referred resolution, the following was considered:\n\n\"IV.- UNDER A BETTER ASSESSMENT. DISCUSSION OF LEGALITY. By amending Article 9 of the Political Constitution, the constituent reforming body sought to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the administered closer to the state decision-making process, as part of what doctrine calls 'correction mechanisms' of representative democracy. Thus, the reforming Constituent left the means, scope, and timing of citizen participation to infra-constitutional regulations, except in exceptional cases. In that sense, the natural venue to monitor its compliance is the ordinary justice system and not the constitutional jurisdiction. For that reason, the questions raised in the specific case are alien and distant from the competence of this Court, namely, the alternative mechanism ordered by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) –as a result of the violence and intimidation situation generated in the hearings of November 9, 2013, and January 25, 2014– in order to guarantee the comment phase for interested parties and the developer's replies in the environmental assessment procedure for the project of a new Container Terminal in Moín, on behalf of APM Terminals Moín S.A. In the specific case, precisely Article 22 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), does not define whether that participation is by voice, in writing, or in what manner the participation requirement is satisfied, which requires analysis in a process that allows the breadth of evidence and adversary proceedings that, from our point of view, does not fit into the amparo as a rapid, simple, summary, and special process for the protection of fundamental human rights. It is therefore up to the legality control and not this Constitutional Court to determine whether the administrative actions and behaviors deployed (active or omitted), by the National Environmental Technical Secretariat, do or do not conform to the infra-constitutional legal system. For the reasons indicated, we consider that the issue raised is far from the specific competencies that the Constitutional Chamber is called upon to protect, without this meaning that it does not merit analysis in the ordinary or mere administrative contentious legality jurisdiction, in accordance with Article 49 of the Constitution. (…)\"\n\nBased on the foregoing, it is not for this Court to define –as the appellants intend– what the mechanism should have been to optimally guarantee citizen participation in the specific case, especially since it is sought to review the legality of the administrative actions. In this way and according to the cited precedent, it is not for this Constitutional Court to determine whether the administrative behaviors deployed (active or omitted) by the appealed authorities in the specific case do or do not conform to the infra-constitutional legal system, all of which must be questioned by the appellants in the ordinary legality channels. Consequently, the remedy is inadmissible and is hereby declared so\".\n\nFurthermore, the plaintiff party links citizen participation with the possibility of challenging the questioned acts and an alleged violation of due process. As indicated in the statement of proven facts, the appealed Council declared the challenges raised by the appellants inadmissible. Now, the Chamber reminds that the issue of admissibility of administrative appeals has been considered a matter of legality:\n\n\"…it is evident that it does not correspond to this Court to determine whether the appeal filed by the plaintiff party was admissible or not, since the dispute in question refers to an eventual procedural irregularity of the type that, as stated, cannot be ventilated here, insofar as it does not translate —at least, directly— into a violation or threat of violation of the right of defense or constitutional due process. Let the plaintiff also bear in mind that, according to the reiterated criterion of the Constitutional Chamber, the right to a double instance does not exist in administrative venues (see pronouncements No. 2005-03757 of 2:54 p.m. on April 13, 2005, No. 2006-10008 of 4:19 p.m. on July 11, 2006, No. 2006-012615 of 5:27 p.m. on August 30, 2006, and 2006-014446 of 8:51 a.m. on September 29, 2006), since the affected party has the possibility of questioning the validity of the harmful act before the ordinary jurisdiction. In this manner, the appealing party must resort to the respective legality channel, in order to file there the actions it deems pertinent so that what is legally appropriate may be resolved. Consequently, the remedy is inadmissible and is hereby declared so\". (Judgment no. 2021-005564 of 9:30 a.m. on March 16, 2021).\n\n\"II.- On the specific case. - In the case at bar, it is warned that what is raised by the plaintiff party is nothing more than a conflict of ordinary legality. In that sense, it is necessary to warn that what is expressed in the First Resultando of this resolution constitutes a dispute alien to the scope of competence of this Jurisdiction, since this Chamber is not an appellate court, and it is not its competence to determine the correctness or not of the administrative resolution that ordered the opening of the administrative procedure being followed against them, just as it also does not correspond to it to determine the proper handling of the investigation, nor the admissibility of the appeals filed. It is necessary to indicate to the managing party that the Constitutional Chamber cannot, nor should it, supplant public offices in the resolution of matters that, by their nature and by express mandate of the Law, must be resolved by them. Therefore, the appealing party must raise its disagreement or claim before the appealed authority or in the competent jurisdictional channel, channels in which it will be able, in a broad manner, to discuss the merits of the matter and assert its claims.\" (Judgment no. 2021-014887 of 10:05 a.m. on June 29, 2021).\n\nBy virtue of the foregoing, the Chamber verifies that the claims raised are alien to the scope of competence of this jurisdiction, as they constitute a grievance of ordinary legality. To that extent, the remedy is declared without merit.\".\n\nThus, such considerations are also applicable to the sub iudice. In that sense, the disagreements of the appellant must be raised and resolved before the competent ordinary administrative or jurisdictional instances.\n\nV.- DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL IN RELATION TO THE RIGHT TO CITIZEN PARTICIPATION, WITH THE DRAFTING OF THE SECOND.\n\n1.- As recorded in the dissenting vote to judgment no. 2017001163 of 9:40 a.m. on January 27, 2017, we consider that from Article 9 of the Political Constitution it is extracted that citizen participation, beyond a general principle, has been instituted as a true fundamental right in light of the conventional framework that accompanies and integrates our fundamental rights regime.\n\nPrecisely, in judgment no. 2013-017305 of 11:32 a.m. on December 20, 2013, this Chamber considered that the right to citizen participation in decision-making has become one of the fundamental pillars on which the democratic system rests. In our country, the constitutional legislator enshrined this right in Article 9 of the Political Constitution by providing that the Government of the Republic be popular, representative, participatory, alternative, and responsible (emphasis not corresponding to the original), according to the reform promoted by Law No. 8364 of July 1, 2003, published in La Gaceta No. 146 of July 31, 2003. This mandate of the Fundamental Law, in particular the quality of \"participatory,\" has guided a subsequent normative constitutional and infra-constitutional development. Thus, a series of mechanisms have been established that seek to ensure that the right to participatory government can be applied efficiently and effectively, so that it does not remain merely a right on paper; examples of the above are the referendum for the approval or repeal of laws and partial reforms to the Constitution, or the popular initiative in the formation of laws (see, among others, judgment no. 2005-05649 of 2:39 p.m. on May 11, 2005).\n\nThe right to participatory government not only embodies a recognition of the highest legal-positive rank to the function of political control by the inhabitants of the Republic but also signifies a revaluation of their role in the processes of public policy formulation, implementation, and control. By the will of the constituent legislator, which this Chamber should not and cannot ignore, the right to participatory government is erected as a fundamental pillar of our democratic regime (a matter erroneously ignored by the minority vote, which lowers citizen participation from the category of a right to a general principle in clear opposition to the jurisprudential line of this Chamber, as demonstrated below), which is consistent with a political system based on tolerance, pluralism, and respect for freedom.\n\nAs we indicated supra, this categorization of participatory government or citizen participation as a right is explained through the conventional backing contained in various international human rights instruments.\n\nFor example, Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 provides that \"everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives\" (emphasis not corresponding to the original).\n\nIn accordance with the above, Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights expressly recognizes the right of citizens: \"(…) to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives\".\n\nIn the same vein, the Inter-American Democratic Charter states in its Article 5 that: \"Representative democracy is strengthened and deepened by permanent, ethical, and responsible participation of the citizenry within a legal framework conforming to the respective constitutional order.\"\n\nMore vehemently, Article 6 of this Charter establishes that: \"The participation of the citizenry in decisions relating to its own development is a right and a responsibility. It is also a necessary condition for the full and effective exercise of democracy. Promoting and fostering diverse forms of participation strengthens democracy.\" (Emphasis not corresponding to the original).\n\nThe United Nations Human Rights Council also recognized citizen participation as fundamental for environmental protection:\n\n\"Recognizing also that the exercise of human rights, including the freedom to seek, receive and impart information and to participate effectively in the conduct of government and public affairs and the right to an effective remedy, is fundamental for the protection of a clean, healthy, safe and sustainable environment,\" (Human Rights Council, 46th session, A/HRC/RES/46/7 of March 23, 2021).\n\nIt is also important to highlight that, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, the United Nations Human Rights Council granted the status of a human right to effective participation in environmental matters. In that regard, it stated:\n\n\"Recognizing that the exercise of human rights, including the rights to seek, receive and impart information and to participate effectively in the conduct of government and public affairs and in environmental decision-making, as well as the right to an effective remedy, is fundamental for the protection of a clean, healthy and sustainable environment.\" (Emphasis not in the original).\n\nFor its part, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, the Inter-American Court of Human Rights highlighted that:\n\n\"226. Public participation represents one of the fundamental pillars of the instrumental or procedural rights, given that it is through participation that individuals exercise democratic control over state management and thus can question, investigate, and consider the fulfillment of public functions. In that sense, participation allows individuals to be part of the decision-making process and for their opinions to be heard. In particular, public participation facilitates that communities demand accountability from public authorities for decision-making and, at the same time, improves the efficiency and credibility of governmental processes. As has been mentioned on previous occasions, public participation requires the application of the principles of publicity and transparency and, above all, must be supported by access to information that allows social control through effective and responsible participation\" (emphasis added).\n\nA stance that had also been adopted in the judgment of September 19, 2006, concerning the case \"Claude Reyes et al. vs. Chile,\" in which it was ruled:\n\n\"86. In this sense, the actions of the State must be governed by the principles of publicity and transparency in public administration, which makes it possible for persons under its jurisdiction to exercise democratic control over state management, so that they can question, investigate, and consider whether public functions are being adequately fulfilled. Access to information under State control that is of public interest can permit participation in public administration, through the social control that can be exercised with such access. 87. Democratic control, by society through public opinion, fosters transparency in state activities and promotes the responsibility of officials regarding their public management. Therefore, in order for individuals to exercise democratic control, it is essential that the State guarantees access to information of public interest under its control. By allowing the exercise of such democratic control, greater participation by individuals in the interests of society is fostered.\" (Emphasis added).\n\nIn addition, the Inter-American Court (IDH), in the judgment of November 27, 2023, issued in the case \"Inhabitants of La Oroya vs. Peru,\" ruled:\n\n\"B.2.5.2. Right to political participation\n\n150. The right of citizens to participate in the conduct of public affairs is enshrined in Article 23.1.a) of the American Convention270. With respect to environmental matters, the Court has established that participation represents a mechanism to integrate citizens' concerns and knowledge into public policy decisions that affect the environment. Likewise, participation in decision-making increases the capacity of governments to respond to public concerns and demands in a timely manner, build consensus, and improve the acceptance of and compliance with environmental decisions271. In this regard, the Escazú Agreement states that each State Party “shall ensure the public's right to participation and, for this purpose, undertakes to implement open and inclusive participation in environmental decision-making processes, on the basis of domestic and international regulatory frameworks”272.\n\n151. Furthermore, the Court notes that the right to political participation in environmental matters is enshrined in various instruments of International Law, such as the Stockholm Declaration273, the Nairobi World Charter for Nature274, the Rio Declaration275, the Aarhus Convention276, and the Convention on Biological Diversity277. At this point, the Court considers it pertinent to recall that the reference to sources, principles, and criteria of the international corpus iuris, in this case in environmental matters, does not imply that it assumes jurisdiction over other treaties or that it recognizes their binding nature for States. These regulations are used as interpretative criteria for determining the scope of the rights protected by the American Convention and other instruments that are binding on the State and over which the Court has jurisdiction, in accordance with Article 29 of the Convention278.\n\n152. The Court has considered that the right to participate in public affairs enshrined in Article 23.1.a) of the American Convention establishes the obligation of States to guarantee the participation of persons under their jurisdiction in decision-making and policies that may affect the environment, without discrimination, in an equitable, meaningful, and transparent manner, for which they must have previously guaranteed access to relevant information. Likewise, regarding public participation, the State must guarantee opportunities for effective participation from the early stages of the decision-making process and inform the public about these participation opportunities. Finally, the mechanisms for public participation in environmental matters are varied and include, among others, public hearings, notification and consultations, participation in law-making and law-application processes, as well as mechanisms for judicial review279.\n\n(…)\n\nB.3.6.2. Right to political participation\n\n256. The Court recalls that the right to political participation is one of the fundamental pillars of democracy, since through its exercise, individuals can set limits on state management and question, investigate, and consider the fulfillment of public functions. Participation allows individuals to be part of the decision-making process and thus participate in the conduct of public affairs that affect the environment. This Court has highlighted that this right entails the obligation of States to guarantee the participation of individuals in decision-making that may affect the environment, which is related to the obligation to provide relevant information. This participation must be effective from the early stages of the decision-making process, which can be carried out through various mechanisms (supra para. 152)\"\n\nThus, this conventional recognition of citizen participation hermeneutically affects its legal nature, since from a constitutional principle it transforms it into a true collective fundamental right.\n\nIn this way, citizen participation represents an essential aspect of the democratic and republican model of this century, in which citizen control, transparency, and accountability stand out as expressive elements of this type of political regime, which in turn confers much greater legitimacy to political decision-making, a key issue when it comes to governance. Thus, within the framework of this type of regime—that is, with active and full citizen participation—, participatory government impacts with greater intensity, favoring decision-making through more open and transparent means.\n\nPrecisely, one of the mechanisms designed to comply with the provisions of Article 9 of the Constitution is the public hearing, through which interested persons can assert their rights or express their opinion, actively participating in matters of national or local relevance, and bringing to the attention of the Administration all those anomalies or disagreements in relation to a project to be developed.\n\nThus, the public hearing is a typical instrument of a republican democracy, through which citizen participation in the public decision-making process is fostered. Due to its significance, the hearing must be conducted in such a way as to guarantee the greatest possible participation of the people who may be affected, hence any action or omission that hinders the foregoing constitutes an open violation of the constitutional right to citizen participation (see, among others, judgment number 2009-018223 of 12:34 p.m. on November 27, 2009).\n\nRegarding the participatory nature of the public hearing, as indicated, Article 9 of the Political Constitution itself obliges it, since the qualification \"participatory\" provided therein implies, among other aspects, that the Government must be an articulator of what is defined by popular deliberation, when this is mandatory, while in the formulation of public policy, within the possibilities that the current positive legal framework poses, it is obliged to listen to the opinion of affected individuals or groups, whether it is binding or not.\n\nIn other words, in the current republican democracy, citizens enjoy, by constitutional mandate, not only the right to vote to exercise their right to participatory government, but a number of instruments of diverse nature to assist in governmental decision-making and political control, which enables them to exercise direct influence on major public decisions.\n\nIn this context, it is of interest to highlight that this Court, in judgment no. 2018004117 of 9:15 a.m. on March 13, 2018, made a development regarding public consultation in environmental matters, emphasizing that this mechanism is a pillar in decision-making related to the environment. Likewise, as a form of soft law, it resorted to a particularly relevant instrument in matters of access to environmental information and citizen participation: the \"Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters,\" better known as the \"Aarhus Convention\". In that regard, the referred pronouncement stated:\n\n\"The Aarhus Convention, for its part, in Article 6.2.3.4 provides:\n\n\"2. When a decision-making process regarding the environment is initiated, the public concerned shall be informed, as appropriate, effectively and in a timely manner, by means of public notice or individually, as the case may be, at the beginning of the process.\n\nThe information shall refer in particular to:\n\na) The proposed activity, including the corresponding application with respect to which a decision will be adopted;\n\nb) The nature of the decisions or draft decisions that may be adopted;\n\nc) The public authority responsible for making the decision;\n\nd) The procedure foreseen, in particular, the cases in which this information may be provided:\n\ni) The date on which the procedure will begin;\n\nii) The possibilities offered to the public to participate therein;\n\niii) The date and place of any public hearing foreseen;\n\niv) The public authority to which relevant information can be addressed and before which such information has been deposited so that the public may examine it;\n\nv) The public authority or any other public or competent body to which comments or questions may be directed and the time frame provided for the submission of comments or questions;\n\nvi) An indication of the environmental information related to the proposed activity that is available; and\n\ne) The fact that the activity is subject to a national or transboundary environmental impact assessment (evaluación del impacto) procedure.\n\n3. For the different phases of the public participation procedure, reasonable time frames shall be provided that allow sufficient time to inform the public in accordance with paragraph 2 above and for the public to prepare and participate effectively throughout the entire environmental decision-making process.\n\n4. Each Party shall adopt measures to ensure that public participation begins at the start of the procedure, that is, when all options and solutions are still possible and when the public can exercise real influence.\"\n\nIn accordance with the foregoing, consultation must be fostered in a transparent manner and with the greatest possible information. This generates better administration of natural resources, and contributes to transparency and the proper handling of public funds. Let us recall that environmental matters are an issue for all members of society, not only for the government, and therefore it also falls upon each citizen to safeguard the conservation of the environment and to pursue sustainable development. That is why it must comprehensively encompass the different sectors of the population (...)\". (The highlighting was additional).\n\nIn addition, in the aforementioned pronouncement, the Chamber underscored that the citizen hearing, being a manifestation of the democratic principle, must not become a mere formality that simply must be scheduled, nor must it be instrumentalized as a mere obstacle to the issuance of an administrative decision.\n\nRelated to the foregoing, this Chamber has repeatedly indicated that the Constitution is characterized by its supremacy and its direct and immediate legal effect (eficacia directa e inmediata), by virtue of which the rights and guarantees it confers are directly enforceable and binding upon all Public Powers. Thus, in judgment No. 1992-3194 of 4:00 p.m. on October 27, 1992, it was specified:\n\n\"(...) The Political Constitution, in its unanimous contemporary conception, is not only 'supreme' as a criterion of validity for itself and for the rest of the legal order, but also a set of fundamental norms and principles that are legally binding, and therefore, enforceable by themselves, against all public authorities, and against private individuals as well, without the need for other norms or acts that develop them or make them applicable —save for qualified exceptional cases, in which without them its application is impossible—; with the consequence that the authorities —both administrative and jurisdictional— have the attribution-duty to directly apply the Law of the Constitution in its fullest sense, even in the absence of a lower-ranking norm or setting aside those that oppose it.\"\n\nFor its part, in resolution No. 1995-1185 of 2:33 p.m. on March 2, 1995, this Court confirmed:\n\n\"If the Political Constitution has a supreme normative character, it must effectively shape and condition the validity and efficacy of every inferior or subordinate norm, and serves as a parameter to legitimize or not the actions of any public authority and even of private subjects.... The principle of supremacy of the Constitution, in the Costa Rican case, is not only expressly enshrined in Article 10, but is very clearly complemented regarding the body in charge of maintaining or preserving it, according to what we will analyze further on. What we have expressed up to now revolves around the fact that the Constitution has direct legal effect (eficacia directa) and binds without the need for intermediation of any other norm. And it is for this reason that every authority, in general, has the capacity and power to apply, develop, and expand the fundamental rights contained in the Political Constitution. If this were not the case, the entire argument about the hierarchy of constitutional norms, principles, and values would be reduced to an unsustainable fantasy. It would be mere science fiction, an entelechy, in which two legal worlds simultaneously exist, located on different planes and without communication between them.\"\n\nIn conclusion, citizen participation constitutes a constitutional and conventional right, which stands as a quality of the republican democratic system. In this regard, the rights enshrined in the Fundamental Law, to varying degrees according to whether their content is more or less programmatic, have direct legal effect (eficacia directa) and bind without the need for any norm. Even their effectiveness through infra-constitutional regulatory development and the application thereof is not exempt from jurisdictional constitutional control, when regulations, actions, or omissions are observed that represent an injury to the essential core (Kernbereich) of that constitutional good.\n\n2.- Now then, in the sub lite case, any situation that merits the intervention of this Chamber, in the terms formulated by the claimant, is a priori dismissed.\n\nIn this regard, note that the disagreement does not properly concern any grievance related to the public hearing held in July 2021, but rather that, in the claimant's judgment, the adjustments made to the zoning project as a consequence of that citizen participation process required further hearings, even though such versions had been published on the municipality's website, and, therefore, were accessible to the citizenry. In that sense, we consider that it is not incumbent upon this Chamber in this summary proceeding to review all the substantive aspects of the procedure for the purpose of determining whether further hearings must be held beyond the one formally convened and carried out. Thus, if the claimant maintains any disagreement with the results of the hearing conducted in the procedure, the proper course is to resort to the competent ordinary instances, which it is not evidenced that she has done, since no objection formulated before the appealed authority or before any other ordinary instance is corroborated, despite the fact that the regulatory plan reform project had not entered into force at the time the amparo (constitutional complaint) was filed.\n\nBased on the foregoing, no violation of the right to citizen participation is observed that must be declared, in an evident and manifest manner, in this constitutional proceeding.\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies have been provided, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (approved by the Corte Plena in article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial No. 43-12 of May 3, 2012.\n\nPor tanto:\n\n\nThe appeal is dismissed on all grounds (Se declara sin lugar el recurso). Justices Cruz Castro and Rueda Leal set forth different reasons regarding the right to citizen participation.\n\n\n\n\n\n\\t\n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i\n\n\\t\n\n \\\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\\t\n\n \\\n\n\\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\\t\n\n \\\n\n\\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\\t\n\n \\\n\n\\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \\\n\n \\\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n HCWZKMWTQAS61\n\nEXPEDIENTE N° 24-034397-0007-CO\n\n \\\n\nTeléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \\\n\n \\\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:54:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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