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  "id": "nexus-sen-1-0007-1283380",
  "citation": "Res. 08177-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Caducidad del amparo por concesión minera en zona protectora",
  "title_en": "Amparo dismissal for untimeliness in mining concession case in protected zone",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara inadmisible el recurso de amparo interpuesto por Corporación Guapa Nova S.A. contra el SINAC y el MINAE, por extemporaneidad. La empresa solicitó la prórroga de una concesión de explotación de cantera ubicada dentro de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, otorgada en 1994. En 2018 pidió la prórroga, que fue denegada mediante resolución del SINAC de 24 de agosto de 2020, confirmada el 24 de octubre de 2020. El amparo se presentó el 10 de marzo de 2025, excediendo el plazo de dos meses previsto en el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Sala señala que la parte recurrente ya había planteado un amparo similar en el expediente 21-004414-0007-CO, donde consta la denegatoria. Aclara que la inadmisibilidad no prejuzga sobre la posibilidad de discutir el fondo en otras vías legales. El magistrado Rueda Leal agrega razones diferentes, proponiendo el rechazo de plano por tratarse de una persona jurídica, sin demostrar el vínculo esencial con una persona natural conforme a la Opinión Consultiva 22/16 de la Corte IDH.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber dismisses as untimely the amparo filed by Corporación Guapa Nova S.A. against SINAC and MINAE regarding the denial of a mining concession extension within the Cerros de la Carpintera Protected Zone. The concession was granted in 1994; an extension was requested in 2018 and formally denied by SINAC on August 24, 2020, and confirmed on October 24, 2020. The amparo was filed on March 10, 2025, exceeding the two-month deadline under Article 35 of the Constitutional Jurisdiction Law. The Chamber notes the petitioner had previously filed a similar amparo (case 21-004414-0007-CO) containing the denial. While the amparo is inadmissible on procedural grounds, the ruling does not preclude challenging the administrative decision via other legal avenues. Justice Rueda Leal provides additional grounds, arguing the amparo should be rejected outright because it was filed on behalf of a legal entity without demonstrating the essential link to a natural person as required by IACHR Advisory Opinion 22/16.",
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  "date": "14/03/2025",
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    "recurso de amparo",
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  "excerpt_es": "Es más que claro que el acto administrativo que denegó la prórroga de la concesión se dictó desde el 24 de octubre de 2020. Es decir, hace más de 4 años. Al respecto debe señalarse que el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece lo siguiente:\n\n“El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado. Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso”.\n\nAsí las cosas, existe una falta de acción de la parte recurrente, conforme lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de esta Jurisdicción. En el sentido que este amparo fue interpuesto el 10 de marzo de 2025, es decir, cuando el plazo de dos meses estaba superado. No obstante, ese mero hecho, en sí mismo, no prejuzga en modo alguno sobre la posibilidad de discutir esos mismos extremos en la vía de legalidad que corresponda, claramente a la luz de las exigencias procesales y procedimentales que se exijan en esas vías.",
  "excerpt_en": "It is abundantly clear that the administrative act denying the concession extension was issued as of October 24, 2020—more than four years ago. In this regard, Article 35 of the Constitutional Jurisdiction Law provides:\n\n\"The amparo remedy may be filed at any time while the violation, threat, disturbance, or restriction persists, and up to two months after its direct effects have completely ceased for the aggrieved party. However, when purely patrimonial rights or others whose violation may be validly consented to are involved, the remedy must be filed within two months from the date on which the aggrieved party had reliable notice of the violation and was legally able to file the remedy.\"\n\nThus, the petitioner has failed to act in a timely manner, pursuant to Article 35 of this Jurisdiction's Law. This amparo was filed on March 10, 2025, when the two-month deadline had already passed. Nevertheless, this fact alone does not in any way prejudge the possibility of litigating those same matters through the appropriate legal channels, clearly in light of the procedural and formal requirements demanded therein.",
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    "summary_es": "Se rechaza de plano el recurso de amparo por extemporaneidad, al haber transcurrido más de dos meses desde la notificación del acto que denegó la prórroga de la concesión minera."
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      "quote_es": "Es más que claro que el acto administrativo que denegó la prórroga de la concesión se dictó desde el 24 de octubre de 2020. Es decir, hace más de 4 años."
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      "quote_es": "Así las cosas, existe una falta de acción de la parte recurrente, conforme lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de esta Jurisdicción."
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      "quote_en": "Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights for natural persons; therefore, legal entities are not entitled to the rights set forth in said treaty.",
      "quote_es": "El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 08177 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 14 de Marzo del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-006905-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-006905-0007-CO\n\nRes. Nº 2025008177\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil veinticinco .\n\n  \n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-006905-0007-CO, interpuesto por CYNTHIA CAVALLINI CHINCHILLA, abogada, cédula de identidad No. 0105510306 a favor de GUILLERMO ARTURO PACHECO LÓPEZ y de CORPORACIÓN GUAPA NOVA S.A. contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.\n\nRESULTANDO\n\n \n\n1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 10 de marzo de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA y manifiesta que:\n\n“Primero: En el año 1992, se inició ante la Dirección de Geología y Minas el trámite de solicitud para el otorgamiento de concesión para la explotación de cantera a nombre de la sociedad Corporación Guapa Nova S.A. cédula jurídica 3-101-49843-15. El inmueble es propiedad de la sociedad “ARPAZA S.A”. sociedad que otorga la autorización para que se utilice el inmueble para la explotación de cantera. El área de interés carece de cobertura boscosa y por el tipo de suelo carece prácticamente de cualquier tipo de cobertura, se ubica en el Distrito de Patarra, Cantón Desamparados de la Provincia de San José. A dicha solicitud se le asignó el expediente 2284 ante la Dirección de Geología y Minas.\n\nSegundo: El inmueble en el que se ubica yacimiento, está inscrito a nombre de e Compañía Arpaza SA. El área se encuentra 100% dentro de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, razón por la que en resolución No. 1959 del 19 de noviembre de 1992, se previene a la solicitante la presentación del permiso de la Dirección General Forestal, conforme con el pronunciamiento C-143-87 de la Procuraduría General de la República, así consta en el Tomo 1, Folio 10 del 2284 de la DGM, además el Ing. Freddy Valerio Segura, del Departamento de Manejo y Producción, Sección Reservas Forestales, mediante oficio 094-93 del 23 de marzo de 1993 informa que con base en lo resuelto por la Sala Constitucional, mediante el Voto 796-91, en el que condiciona que para que las tierras sean patrimonio forestal del Estado, deben hacer sido expropiadas o compradas, por lo que no tienen competencia para el otorgamiento del permiso. Con base en este criterio, mediante resolución R-052-94- MIRENEM con fecha 27 de enero de 1994, se otorga la Concesión para la Explotación de Cantera, en favor de la empresa, CORPORACIÓN GUAPA NOVA S.A. Desde el inicio de las labores de explotación y procesamiento se cumplió con todos los requisitos técnicos, ambientales y legales, nunca tuvimos ninguna sanción por parte de la Dirección de Geología y Minas, SETENA o SINAC. Hace unos años frente a la propiedad se estableció un precario que con el paso de los años fue creciendo, ahí instalaron chancheras, las aguas negras las echaban a la calle, hay vandalismo a las propiedades adyacentes. En nuestra propiedad, tiran basura, hacen quemas de desechos, invaden una quebrada pequeña que protegemos, ingresan en horas de la noche a la propiedad a distintos actos, este precario no ha sido perturbado por ninguna autoridad ni del Poder Ejecutivo ni Municipal.\n\nTercero: Ejerciendo el derecho que concede el Código de Minería, en el inciso a) artículo 33, el 28 de junio del 2018, antes del vencimiento del plazo, se solicitó a la Dirección de Geología y Minas la prórroga del plazo de la concesión. En ese acto se adjunta el correspondiente informe técnico -geológico de reservas y estudio de conveniencia para el Estado, todo de conformidad con la legislación minera. Mediante el memorándum DGM-CRC1-075- 2018 del 08 de noviembre del 2018, el Lic. Esteban Bonilla Elizondo, Geólogo Coordinador Minero de la Región Central 1, se pronuncia sobre el Estudio de Conveniencia para el Estado aprobando el mismo y recomendando el otorgamiento de la prórroga de plazo solicitada.\n\nCuarto: Mediante oficio DGM-RNM-414-2019 con fecha 24 de setiembre del 2019, la Dirección de Geología y Minas realiza consulta al SINAC, específicamente al Área de Conservación Central, respecto a las limitaciones que pudieren afectar el área de concesión debido a su ubicación dentro de la Zona Protectora La Carpintera. Mediante oficio SINAC-ACC-D-1898-2019 con fecha 11 de noviembre del 2019, Firmado por Rafael Gutiérrez director del Área de Conservación Central adjuntando el oficio OSC-735 con fecha 01 de octubre del 2019 de la Oficina Subregional de Cartago en el que se le informa que, de acuerdo con el Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, creado mediante resolución R-SINAC-CONAC-09-2012 publicada en La Gaceta 96 del 18 de mayo del 2012. De acuerdo con ese Plan de Manejo la explotación minera no se encuentra contenida dentro de los objetivos del Área Silvestre Protegida y no recomienda prorrogar la concesión solicitada. Además, se adjunta una directriz del Ministro de Ambiente DM-11037-2015 de noviembre del 2015 en la que instruye la aplicación del plan de manejo. Con base en lo anterior, recomienda no otorgar la prórroga de plazo de vigencia de la concesión presentada por la empresa que represento.\n\nSobre el Fondo.\n\nEs evidente que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación está aplicando en forma retroactiva el Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, que se oficializó en el año 2012, para esa fecha Corporación Guapa Nova S.A. con la autorización de la sociedad propietaria del inmueble ARPAZA S.A según plano catastrado SJ-1- 1822238-2015 estaba realizando las labores de explotación y procesamiento de sílice según la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo. Nunca recibió la inspección de funcionarios del SINAC para determinar que la finca tiene o no características de ser protectora de zonas acuíferas, lo que demuestra que tanto la delimitación de la zona como área de protección y la elaboración del plan de manejo se realiza en forma genérica, sin análisis real.\n\nDispone el artículo 34 de la Constitución Política que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. La prohibición de dar efecto retroactivo no solo se refiere a la Ley, comprende decretos, reglamentos, directrices, resoluciones que generen actos administrativos, en esta interpretación la Sala Constitucional ha sido clara desde el voto 7286-2007 de fecha 25 de mayo del 2007.\n\nEn principio, los preceptos del presente artículo impiden que el Estado, a través de una Ley, desmejore, deje sin contenido o suprima los derechos adquiridos, o las situaciones jurídicas consolidadas obtenidas previamente. Sobre el particular, el artículo describe un escenario donde una determinada persona dentro de su esfera jurídica (incluso patrimonial) adquiere un derecho o el disfrute (agotamiento) de una situación jurídica consolidada.\n\nSobre el particular, la Sala Constitucional, mediante su sentencia n°. 07286-2007, del 25 de mayo del 2007, indicó que el artículo 34 de la Constitución Política “no solo quiere decir que se prohíbe dar efecto retroactivo a ninguna ley en perjuicio de las personas, sino que, también, con mayor razón, se prohíbe darlo a ningún reglamento, circular, acuerdo o cualquier otro acto administrativo”.\n\nConstitucionalmente se garantiza que el Estado no pueda suprimir o dejar sin contenido una situación jurídica consolidada. En la especie, la interpretación del precepto constitucional debe ponderar y armonizar las potestades de restricción con las que cuenta el Estado para garantizar la subsistencia, acceso y ejercicio de los derechos y libertades, respecto de los derechos adquiridos y de las situaciones jurídicas previamente consolidadas, que son producto del ejercicio de las libertades. En el caso concreto, de la actividad desarrollada en la propiedad y concesionada por el Poder Ejecutivo, depende la subsistencia nuestra familia, la que realizó una inversión importante en equipo e infraestructura. En este punto es menester aclarar el punto que ha sido desarrollado por la Dirección de Geología y Minas, en cuanto a que no es obligación del Estado prorrogar concesiones por ser bienes del Estado; si bien es cierto estamos frente a bienes del Estado, también es cierto que si teniendo una concesión debidamente tramitada y otorgada cumpliendo con los requisitos técnicos, legales y ambientales durante su ejercicio y bajo la supervisión de las autoridades competentes, la posibilidad de la prórroga es muy alta. O por lo menos, la Administración debe avisar con tiempo suficiente que no habrá posibilidad de prórroga del plazo de vigencia y no desde el 2019, tramitarla, aprobarla técnicamente y por último hacer una consulta a un órgano del propio Ministerio para aplicar en forma retroactiva el plan de manejo de la zona. Aunado a lo anterior, más sorpresa causa cuando frente a la propiedad en la que se ubica el Tajo y dentro de los límites de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, a vista y paciencia de las autoridades del MINAE, llámese SINAC y DGM, se instala un precario con más de 100 viviendas, las que fueron construyendo poco a poco, y nadie trató de evitar su desarrollo, es más, poseen todos los servicios y generan basura y otros contaminantes que a veces van a parar a la propiedad de ARPAZA S.A, donde se ubica la pequeña cantera de Guapa Nova S.A.\n\n Si bien el Estado tiene la potestad de limitar derechos, debe existir un equilibrio entre la equidad y la certeza jurídica, la posición del SINAC de aplicar el plan de manejo a nuestra sociedad dista mucho de esa equidad y certeza jurídica, ya que estando en la misma posición geográfica, se supone que en una zona de recarga acuífera, se permite la construcción de más de 100 viviendas con al menos tres ocupantes cada una, una porqueriza y otras actividades económicas como taller mecánico por ejemplo, y a Guapa Nova S.A. se le prohíba continuar desarrollando una actividad que no es intensiva, en su propiedad que genera empleo, que ha desarrollado por 25 años y solo le resta el plazo de la prórroga que es 10 años.\n\nSobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 2018-019030, de 14 de noviembre del 2018, sostuvo lo siguiente: “En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege –tornándola intangible– la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. Ahora bien, específicamente en punto a ésta última, se ha entendido también que nadie tiene un ‘derecho a la inmutabilidad del ordenamiento’, es decir, a que las reglas nunca cambien. Por eso, el precepto constitucional no consiste en que, una vez nacida a la vida jurídica, la regla que conecta el hecho con el efecto no pueda ser modificada o incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es que –como se explicó– si se ha producido el supuesto condicionante, una reforma legal que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el imperio de la norma anterior. Esto es así porque, se dijo, lo relevante es que el estado de cosas de que gozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque éstos todavía se estén produciendo o, incluso, no hayan comenzado a producirse. De este modo, a lo que la persona tiene derecho es a la consecuencia, no a la regla” (sic).\n\n2. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nCONSIDERANDO\n\nI. OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente reclama la lesión a los derechos de la empresa accionada, pues dice que en 1992, Corporación Guapa Nova S.A. inició el trámite para obtener una concesión de explotación de cantera ante la Dirección de Geología y Minas, con la autorización de ARPAZA S.A., propietaria del inmueble ubicado en Patarra, Desamparados. Explica que la zona carece de cobertura boscosa y se encuentra dentro de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera. Comenta que en 1994, tras cumplir con los requisitos legales y ambientales, se otorgó la concesión bajo la resolución R-052-94-MIRENEM. Arguye que desde entonces, la empresa ha operado sin sanciones por parte de Geología y Minas, SETENA o SINAC. Afirma que En 2018, previo al vencimiento del plazo, se solicitó la prórroga de la concesión, adjuntando los estudios técnicos exigidos. Manifiesta que el Geólogo Coordinador Minero de la Región Central 1 avaló el Estudio de Conveniencia y recomendó otorgar la prórroga. No obstante, en 2019, Geología y Minas consultó al SINAC, que respondió negativamente, basándose en el Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera, aprobado en 2012, donde la actividad minera no estaba contemplada. Argumenta que el SINAC aplica retroactivamente el Plan de Manejo, afectando derechos adquiridos y consolidando una situación jurídica injusta. Alega que unca se realizó una inspección específica de la finca para determinar su impacto ambiental. Además, en la misma zona se ha permitido la construcción de más de 100 viviendas y actividades económicas, sin intervención del Estado, mientras que a la empresa se le niega la continuidad de una actividad supervisada y regulada durante más de 25 años.\n\nII. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Dado que se invocan hechos y actos administrativos de vieja data -p.ej. del año 2018 y 2019-, esta Sala revisó en los antecedentes y se concluyó que la empresa demandante había interpuesto un recurso de amparo que se tramitó en el expediente No. 21-004414-0007-CO. Valga decir, que por agravios muy similares. Lo importante es que en dicho asunto -que se tiene ad effectum videndi et probandi-constan dos elementos probatorios de suma relevancia, pues en el amparo que aquí se plantea no se aportó: 1) el oficio No. OSC-735 de 1° de octubre de 2019 suscrito por el SINAC donde se consignó: “no se recomienda ampliar la vigencia de la concesión solicitada por Corporación Guapa Nova S.A. por contravenir la normativa vigente” y, 2) la resolución No. SINAC-ACC-OSC—UCZPGMZPCC-020-2020 de 24 de agosto de 2020 del Jefe de la Oficina Sub Regional de Cartago donde se resolvió: “PRIMERO: Denegar la solicitud de Procedencia de Prorroga de Ley en Concesión de Tajo\", firmado por el Señor Guillermo Arturo Pacheco López con cedula de identidad número 1-0249-0242, mayor, casado una vez, Arquitecto, vecino de San José, San Francisco de Dos Ríos, actuando como representante Judicial y Extrajudicial de la Corporación Guapa Nova S.A., relacionado con solicitud para que se emita resolución aprobando la prórroga de Ley que procede en este caso”.\n\nEs más que claro que el acto administrativo que denegó la prórroga de la concesión se dictó desde el 24 de octubre de 2020. Es decir, hace más de 4 años. Al respecto debe señalarse que el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece lo siguiente:\n\n“El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado. Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso”.\n\nAsí las cosas, existe una falta de acción de la parte recurrente, conforme lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de esta Jurisdicción. En el sentido que este amparo fue interpuesto el 10 de marzo de 2025, es decir, cuando el plazo de dos meses estaba superado. No obstante, ese mero hecho, en sí mismo, no prejuzga en modo alguno sobre la posibilidad de discutir esos mismos extremos en la vía de legalidad que corresponda, claramente a la luz de las exigencias procesales y procedimentales que se exijan en esas vías. De allí que, si a bien lo tiene, la parte accionante deberá acudir ante las instancias administrativas o jurisdiccionales competentes, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho proceda. En consecuencia, el recurso es inadmisible.\n\n III. RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia nro. 2019-2355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve: \n\n“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”. \n\nEn mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, colijo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.\n\nIV. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n EG8QWBBNP6861\n\nEXPEDIENTE N° 25-006905-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:54:58.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of March two thousand twenty-five.\n\nAmparo proceeding processed under case file number 25-006905-0007-CO, filed by CYNTHIA CAVALLINI CHINCHILLA, attorney, identity card No. 0105510306 on behalf of GUILLERMO ARTURO PACHECO LÓPEZ and CORPORACIÓN GUAPA NOVA S.A. against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN and the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.\n\nWHEREAS\n\n1. By brief received in the Secretariat of the Chamber on March 10, 2025, the petitioner files an amparo proceeding against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN and the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA and states that:\n\n“First: In 1992, the process of applying for the granting of a concession for quarry exploitation was initiated before the Dirección de Geología y Minas in the name of the company Corporación Guapa Nova S.A., legal ID 3-101-49843-15. The property is owned by the company “ARPAZA S.A.”, a company that grants authorization for the property to be used for quarry exploitation. The area of interest lacks forest cover (cobertura boscosa) and, due to the type of soil, practically lacks any type of cover; it is located in the District of Patarra, Canton of Desamparados, Province of San José. That application was assigned file number 2284 before the Dirección de Geología y Minas.\n\nSecond: The property on which the deposit is located is registered in the name of Compañía Arpaza SA. The area is 100% within the Zona Protectora Cerros de la Carpintera, which is why, in resolution No. 1959 of November 19, 1992, the applicant was warned to present the permit from the Dirección General Forestal, in accordance with pronouncement C-143-87 of the Procuraduría General de la República, as recorded in Volume 1, Folio 10 of file 2284 of the DGM; furthermore, Engineer Freddy Valerio Segura, of the Department of Management and Production, Forest Reserves Section, by official letter 094-93 of March 23, 1993, reports that based on what was resolved by the Constitutional Chamber, through Voto 796-91, in which it conditions that for lands to be State forest patrimony, they must have been expropriated or purchased, therefore they have no authority to grant the permit. Based on this criterion, through resolution R-052-94-MIRENEM dated January 27, 1994, the Concession for Quarry Exploitation is granted in favor of the company, CORPORACIÓN GUAPA NOVA S.A. Since the start of exploitation and processing work, all technical, environmental, and legal requirements were met; we never had any sanction from the Dirección de Geología y Minas, SETENA, or SINAC. A few years ago, a squatter settlement (precario) was established in front of the property, which grew over the years; pigsties were installed there, black water was thrown into the street, and there is vandalism against adjacent properties. On our property, they dump garbage, burn waste, invade a small stream (quebrada) that we protect, and enter the property at night for various acts; this squatter settlement has not been disturbed by any authority, neither from the Executive Branch nor the Municipal.\n\nThird: Exercising the right granted by the Mining Code, in subsection a) Article 33, on June 28, 2018, before the expiration of the term, the extension of the concession’s term was requested from the Dirección de Geología y Minas. In that act, the corresponding geological reserve technical report and study of convenience for the State were attached, all in accordance with mining legislation. Through memorandum DGM-CRC1-075-2018 of November 8, 2018, Lic. Esteban Bonilla Elizondo, Coordinating Mining Geologist of the Central Region 1, rules on the Study of Convenience for the State, approving it and recommending the granting of the requested extension of the term.\n\nFourth: Through official letter DGM-RNM-414-2019 dated September 24, 2019, the Dirección de Geología y Minas consulted SINAC, specifically the Área de Conservación Central, regarding the limitations that could affect the concession area due to its location within the Zona Protectora La Carpintera. Through official letter SINAC-ACC-D-1898-2019 dated November 11, 2019, signed by Rafael Gutiérrez, director of the Área de Conservación Central, attaching official letter OSC-735 dated October 1, 2019, from the Oficina Subregional de Cartago informing that, according to the Management Plan (Plan de Manejo) of the Zona Protectora Cerros de la Carpintera, created by resolution R-SINAC-CONAC-09-2012 published in La Gaceta 96 of May 18, 2012, in accordance with that Management Plan, mining exploitation is not contained within the objectives of the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) and does not recommend extending the requested concession. Furthermore, a directive from the Minister of Environment DM-11037-2015 of November 2015 is attached, instructing the application of the management plan. Based on the foregoing, it recommends not granting the extension of the validity term of the concession presented by the company I represent.\n\nOn the Merits.\n\nIt is evident that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is retroactively applying the Management Plan of the Zona Protectora Cerros de la Carpintera, which was made official in 2012; by that date, Corporación Guapa Nova S.A., with the authorization of the property-owning company ARPAZA S.A., according to cadastral map SJ-1-1822238-2015, was carrying out silica exploitation and processing work according to the concession granted by the Executive Branch. It never received an inspection from SINAC officials to determine whether the farm has characteristics of being a protector of aquifer zones or not, which demonstrates that both the delimitation of the zone as a protection area and the preparation of the management plan were carried out in a generic manner, without real analysis.\n\nArticle 34 of the Political Constitution provides that no law shall have retroactive effect to the detriment of any person or their acquired patrimonial rights or consolidated legal situations. The prohibition on giving retroactive effect refers not only to Law, but includes decrees, regulations, directives, and resolutions that generate administrative acts; in this interpretation, the Constitutional Chamber has been clear since Voto 7286-2007 of May 25, 2007.\n\nIn principle, the precepts of this article prevent the State, through a Law, from worsening, rendering devoid of content, or suppressing the acquired rights, or the consolidated legal situations obtained previously. The article describes a scenario where a given person, within their legal (including patrimonial) sphere, acquires a right or the enjoyment (exhaustion) of a consolidated legal situation.\n\nThe Constitutional Chamber, through its judgment No. 07286-2007, of May 25, 2007, indicated that Article 34 of the Political Constitution “does not only mean that giving retroactive effect to any law to the detriment of persons is prohibited, but also, with greater reason, giving it to any regulation, circular, agreement, or any other administrative act is prohibited.”\n\nIt is constitutionally guaranteed that the State cannot suppress or render devoid of content a consolidated legal situation. In the specific case, the interpretation of the constitutional precept must weigh and harmonize the powers of restriction that the State has to guarantee the subsistence, access, and exercise of rights and liberties, with respect to acquired rights and previously consolidated legal situations, which are the product of the exercise of liberties. In the present case, the survival of our family depends on the activity developed on the property and concession granted by the Executive Branch, which made a significant investment in equipment and infrastructure. At this point, it is necessary to clarify the point that has been developed by the Dirección de Geología y Minas, regarding the fact that the State is not obligated to extend concessions because they are State assets; although it is true we are dealing with State assets, it is also true that, having a concession duly processed and granted, complying with technical, legal, and environmental requirements during its exercise and under the supervision of competent authorities, the possibility of extension is very high. Or at least, the Administration must give sufficient notice that there will be no possibility of extending the validity term, and not, since 2019, process it, approve it technically, and finally consult an organ of the Ministry itself to apply the zone’s management plan retroactively. Adding to the above, it causes more surprise when, in front of the property where the quarry pit (Tajo) is located and within the limits of the Zona Protectora Cerros de la Carpintera, in plain sight and with the patience of MINAE authorities, whether SINAC or DGM, a squatter settlement (precario) with more than 100 dwellings is installed, which were built little by little, and no one tried to prevent its development; what is more, they possess all services and generate garbage and other pollutants that sometimes end up on the property of ARPAZA S.A., where the small quarry of Guapa Nova S.A. is located.\n\nWhile the State has the authority to limit rights, there must be a balance between equity and legal certainty; the position of SINAC to apply the management plan to our company is far from that equity and legal certainty, since, being in the same geographical position, supposedly in an aquifer recharge zone, the construction of more than 100 dwellings with at least three occupants each, a piggery, and other economic activities such as a mechanic shop, for example, is permitted, while Guapa Nova S.A. is prohibited from continuing to develop a non-intensive activity on its property that generates employment, that has been developed for 25 years, and only has the extension term remaining, which is 10 years.\n\nThe Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in judgment number 2018-019030, of November 14, 2018, held the following: “In both cases (acquired right or consolidated legal situation), the legal system protects—making it intangible—the situation of the person who obtained the right or enjoys the situation, for reasons of equity and legal certainty. In this case, the constitutional guarantee of the non-retroactivity of the law translates into the certainty that a change in the legal system cannot have the consequence of removing the already acquired asset or right from the person’s patrimony, or of causing that, if the factual presupposition had occurred prior to the legal reform, the (beneficial, it is understood) consequence that the interested party expected from the consolidated legal situation no longer arises. Now, specifically regarding the latter, it has also been understood that no one has a ‘right to the immutability of the legal system’, that is, that the rules never change. Therefore, the constitutional precept does not consist of, once born into legal life, the rule connecting the fact with the effect cannot be modified or even suppressed by a subsequent norm; what it means is that—as explained—if the triggering condition has occurred, a legal reform that changes or eliminates the rule cannot have the virtue of preventing the conditioned effect that was expected under the rule of the prior norm from arising. This is so because, it has been said, what is relevant is that the state of affairs the person enjoyed was already defined regarding its elements and its effects, even though these are still being produced or, even, have not begun to be produced. In this way, what the person has a right to is the consequence, not the rule” (sic).\n\n2. Article 9 of the Law of the Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject, outright or on the merits, at any time, including from its presentation, any petition submitted to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a prior equal or similar petition that was rejected.\n\nDrafted by Judge Cruz Castro; and,\n\nCONSIDERANDO\n\nI. PURPOSE OF THE PROCEEDING. The petitioner claims injury to the rights of the plaintiff company, stating that in 1992, Corporación Guapa Nova S.A. initiated the process to obtain a quarry exploitation concession before the Dirección de Geología y Minas, with the authorization of ARPAZA S.A., owner of the property located in Patarra, Desamparados. She explains that the zone lacks forest cover (cobertura boscosa) and is located within the Zona Protectora Cerros de la Carpintera. She comments that in 1994, after complying with legal and environmental requirements, the concession was granted under resolution R-052-94-MIRENEM. She argues that since then, the company has operated without sanctions from Geología y Minas, SETENA, or SINAC. She states that in 2018, prior to the expiration of the term, the extension of the concession was requested, attaching the required technical studies. She states that the Coordinating Mining Geologist of the Central Region 1 endorsed the Study of Convenience and recommended granting the extension. However, in 2019, Geología y Minas consulted SINAC, which responded negatively, based on the Management Plan (Plan de Manejo) of the Zona Protectora Cerros de la Carpintera, approved in 2012, where mining activity was not contemplated. She argues that SINAC retroactively applies the Management Plan, affecting acquired rights and consolidating an unjust legal situation. She alleges that a specific inspection of the farm was never carried out to determine its environmental impact. Furthermore, in the same zone, the construction of more than 100 dwellings and economic activities has been permitted, without State intervention, while the company is denied the continuity of an activity supervised and regulated for more than 25 years.\n\nII. INADMISSIBILITY OF THE PROCEEDING. Given that facts and administrative acts of old date are invoked - e.g., from 2018 and 2019 - this Chamber reviewed the background records and concluded that the plaintiff company had previously filed an amparo proceeding processed under case file No. 21-004414-0007-CO. It is worth saying, for very similar grievances. The important thing is that in that matter - which is taken ad effectum videndi et probandi - there are two evidentiary elements of utmost relevance, as they were not provided in the amparo brought here: 1) official letter No. OSC-735 of October 1, 2019, signed by SINAC, which stated: “it is not recommended to extend the validity of the concession requested by Corporación Guapa Nova S.A. as it contravenes current regulations” and, 2) resolution No. SINAC-ACC-OSC—UCZPGMZPCC-020-2020 of August 24, 2020, from the Head of the Oficina Sub Regional de Cartago, which resolved: “FIRST: Deny the request for Lawful Extension Proceeding in Pit Concession (Procedencia de Prorroga de Ley en Concesión de Tajo)\", signed by Mr. Guillermo Arturo Pacheco López with identity card number 1-0249-0242, of legal age, married once, Architect, resident of San José, San Francisco de Dos Ríos, acting as Judicial and Extrajudicial representative of Corporación Guapa Nova S.A., related to the request for a resolution approving the lawful extension that proceeds in this case.”\n\nIt is more than clear that the administrative act that denied the extension of the concession was issued on October 24, 2020. That is, more than 4 years ago. In this regard, it should be noted that Article 35 of the Law of the Constitutional Jurisdiction establishes the following:\n\n“The amparo proceeding may be filed at any time as long as the violation, threat, disturbance, or restriction subsists, and up to two months after its direct effects have totally ceased with respect to the injured party. However, in the case of purely patrimonial rights or others whose violation may be validly consented to, the proceeding must be filed within the two months following the date on which the injured party had reliable notice of the violation and was in a legal position to file the proceeding.”\n\nThus, there is a lack of action on the part of the petitioner, in accordance with the provisions of Article 35 of the Law of this Jurisdiction. In the sense that this amparo was filed on March 10, 2025, that is, when the two-month period had been exceeded. However, that mere fact, in itself, does not prejudge in any way the possibility of discussing these same points in the corresponding legality channel, clearly in light of the procedural and procedimental requirements demanded in those channels. Hence, if it deems it appropriate, the plaintiff must resort to the competent administrative or jurisdictional instances, in order to raise there the petitions it deems pertinent so that what is lawful is resolved. Consequently, the proceeding is inadmissible.\n\nIII. DIFFERENT REASONS OF JUDGE RUEDA LEAL. I maintain that this matter must be rejected outright, as the plaintiff brings the amparo proceeding on behalf of a legal entity. Of importance for the sub examine, in the dissenting vote I recorded in judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, I maintained:\n\n“in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities with special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty’. On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (e.g., through a media outlet, as happened in the case of Granier et al. against Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection by the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are effectively being protected and not those of the legal entities. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities proper to the legal entity, so that said participation relates substantially to the rights alleged as violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16)”.\n\nIn my view, the reading of the Law of the Constitutional Jurisdiction requires the same ratio of the suprcited conventional hermeneutics regarding every fundamental right. Thus, in a constitutionality proceeding brought on behalf of a legal entity, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal entity claiming to be affected by some violation of the constitutional order and the natural person who, through such harm, comes to have some fundamental right diminished, in a reflected but direct manner. Now, for such purposes, a mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to be able to infer that, precisely, through the constitutionality proceeding, the safeguarding of the fundamental rights of the latter is being sought, not merely those of the former. The aforementioned requirement therefore becomes a sine qua non condition for the admissibility of the constitutionality review by this jurisdiction. From the foregoing, I conclude that this must be the guideline with which the Law of the Constitutional Jurisdiction should be interpreted, so that in the sub iudice, the application of the jurisdictional constitutionality review is improper, since, based on the evidence present in the case file, the essential link between the protected legal entity and any natural person has not been demonstrated, in a specific manner, in relation to the alleged aggrieved right.\n\nIV. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. This Chamber must warn the parties that if any paper documents, as well as objects or evidence supported by means of any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic support, or produced by new technologies, have been provided, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment. Otherwise, everything will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe proceeding is rejected outright. Judge Rueda Leal provides different reasons.\n\nFernando Cruz C.\n\nPresident a.i\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\nEG8QWBBNP6861\n\nCASE FILE N° 25-006905-0007-CO\n\nPhones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. E-mail: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:54:58.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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