{ "id": "nexus-sen-1-0007-1287915", "citation": "Res. 11094-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Omisión municipal en limpieza de lotes enmontados y aceras", "title_en": "Municipal Omission in Cleaning Overgrown Lots and Sidewalks", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo contra la Municipalidad de Puntarenas por la omisión en atender denuncias sobre lotes enmontados y aceras obstruidas que afectaban la movilidad peatonal y propiciaban acumulación de basura e inseguridad. La recurrente presentó varias denuncias desde agosto de 2022 sin obtener respuesta efectiva ni solución. Con la notificación del amparo, la municipalidad realizó la limpieza de la maleza y residuos en febrero de 2025, más de dos años y medio después de la primera denuncia. La Sala declaró con lugar el recurso por violación al derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, al considerar desproporcionado el plazo transcurrido. No obstante, por mayoría, se eximió de condenatoria en costas, daños y perjuicios al amparo de una interpretación restrictiva del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Los magistrados Salazar, Garita y Garro salvaron parcialmente el voto considerando que procedía la condenatoria en abstracto por daños y perjuicios.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action against the Municipality of Puntarenas for failing to address complaints about overgrown lots and obstructed sidewalks affecting pedestrian mobility and causing litter accumulation and insecurity. The petitioner filed several complaints since August 2022 without an effective response. Upon notification of the amparo, the municipality cleaned the weeds and waste in February 2025, more than two and a half years after the first complaint. The Chamber granted the amparo for violation of the right to a prompt and completed administrative procedure, finding the elapsed time disproportionate. However, by majority vote, it refrained from awarding costs and damages under a restrictive interpretation of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Judges Salazar, Garita, and Garro partially dissented, arguing that abstract condemnation for damages should have been imposed.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "10/04/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "lotes enmontados", "artículo 52 LJC", "condenatoria en costas", "voto salvado", "justicia pronta y cumplida", "jurisdicción contencioso-administrativa", "derecho de petición" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 51", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Ley 9976", "law": "Ley de Movilidad Peatonal" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "municipalidad", "lotes enmontados", "movilidad peatonal", "derecho de petición", "plazo desproporcionado", "condenatoria en costas", "artículo 52 LJC", "ambiente sano", "competencia municipal", "limpieza de aceras", "residuos sólidos", "voto salvado", "jurisdicción contencioso-administrativa", "justicia pronta y cumplida" ], "keywords_en": [ "amparo appeal", "municipality", "overgrown lots", "pedestrian mobility", "right to petition", "disproportionate delay", "costs award", "Article 52 LJC", "healthy environment", "municipal competence", "sidewalk cleaning", "solid waste", "dissenting vote", "contentious-administrative jurisdiction", "prompt and complete justice" ], "excerpt_es": "IV.- CASO CONCRETO. ... En consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver y comunicar el problema denunciado es desproporcionado, por cuanto, ha transcurrido un plazo de más de dos años y medio desde la presentación de la denuncia ambiental apuntada, y es con ocasión del recurso que la misma es contestada y se brinda una solución al problema de la maleza que crece en lugares no deseados, según la denuncia planteada por la recurrente. Bajo esta inteligencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal y como se señalará a continuación.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. ... ‘Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes’ ... la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. ... es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.", "excerpt_en": "IV.- CONCRETE CASE. ... Consequently, this Chamber finds that the time elapsed to resolve and communicate the reported problem is disproportionate, since more than two and a half years have passed since the filing of the environmental complaint, and it is only upon this amparo that it was answered and a solution was provided for the weed problem growing in unwanted places, as per the complaint. Under this reasoning, it is appropriate to grant the amparo, without awarding costs, damages, and losses, as stated below.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. ... 'If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued revoking, stopping, or suspending the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable' ... the applicability of compensation and costs depends on the Court's assessment. ... the majority opinion is to resolve this appeal without awarding costs, damages, and losses.", "outcome": { "label_en": "Granted without costs", "label_es": "Con lugar sin condenatoria", "summary_en": "The amparo is granted for violation of the right to a prompt and completed administrative procedure, but without awarding costs or damages, as the omission ceased during the amparo proceedings.", "summary_es": "Se declara con lugar el recurso de amparo por violación al derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, pero sin imposición de costas, daños ni perjuicios, al haber cesado la omisión durante la tramitación del amparo." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "this Chamber finds that the time elapsed to resolve and communicate the reported problem is disproportionate, since more than two and a half years have passed since the filing of the environmental complaint, and it is only upon this amparo that it was answered and a solution was provided", "quote_es": "estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver y comunicar el problema denunciado es desproporcionado, por cuanto, ha transcurrido un plazo de más de dos años y medio desde la presentación de la denuncia ambiental apuntada, y es con ocasión del recurso que la misma es contestada y se brinda una solución" }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on the Court's assessment, appreciation, or weighting", "quote_es": "la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal" }, { "context": "Voto salvado parcial (Salazar y Garita)", "quote_en": "the exemption from that patrimonial condemnation requires proof, in each case, of situations from which it is reasonably estimated that there are no patrimonial injuries, even potential ones, arising from or associated with the analyzed facts", "quote_es": "la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, se estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1287915", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 11094 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 10 de Abril del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-001051-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-001051-0007-CO\n\nRes. Nº 2025011094\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de abril de dos mil veinticinco .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente nro. 25-001051-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la Municipalidad de Puntarenas.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito agregado en la Secretaría de la Sala a las 12:09 horas del 14 de enero de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo. Señala que el 16 de agosto de 2022 interpuso una denuncia de igual fecha en la Alcaldía de Puntarenas, dirigida al alcalde de Puntarenas, por la existencia de toda una cuadra con lotes enmontados, al igual que las respectivas aceras, específicamente la cuadra completa desde el Dirección01 hasta la Dirección02 (véase prueba aportada). En dicha oportunidad explicó que tal situación se ha prestado para que personas lleguen a depositar basura, al igual que el escenario de presta para diversos peligros dado lo inseguro de la zona por lo alto del monte. Igualmente, el 29 de agosto de 2022 interpuso una denuncia de igual fecha, dirigida a los \"Departamentos correspondientes\" de la Municipalidad de Puntarenas, por la existencia de toda una cuadra con lotes enmontados, al igual que las respectivas aceras, al punto de dificultar el paso peatonal (véase prueba aportada). El 16 de febrero de 2023, reiteró su solicitud ante la municipalidad debido a la continua falta de intervención y el desinterés en el cumplimiento de las leyes que facultan a las municipalidades para actuar en estos casos. A pesar del tiempo transcurrido, la situación de inseguridad se intensificó, y el 16 de agosto de 2024, se presentó una nueva solicitud al alcalde de Puntarenas, reiterando su petición para implementar el Código Municipal que regula la limpieza de lotes sin construcciones. En respuesta, por oficio No. MP-AM-OF 0846-08-24 del 26 de agosto de 2024 se le dio acuse de recibido a su denuncia y se le informó que por oficio No. MP-AM-OF 0841-08-24 esta fue trasladada a la Dirección de Desarrollo Territorial Urbano y al Departamento de Servicios Municipales, ambos del gobierno local de Puntarenas (véase prueba aportada). El 11 de noviembre de 2024 aportó en la Alcaldía de Puntarenas una nota de igual fecha dirigida a la Dirección de Desarrollo Territorial y Servicios Municipales de la Municipalidad de Puntarenas, en la que requirió información sobre las acciones tomadas por los respectivos departamentos del gobierno local, a propósito del oficio No. MP-AMOF 0841-08-24 remitido a los departamentos respectivos por el alcalde de Puntarenas (véase prueba aportada). Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores, la denuncia no ha recibido atención, lo que ha causado descontento en la comunidad, debido al desconocimiento generalizado de los derechos constitucionales de los ciudadanos y la falta de respuesta por parte de los servidores públicos. El 11 de noviembre de 2024, envió una nueva nota a la Dirección de Desarrollo Territorial, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna. Mientras tanto, la situación peligrosa persiste en la cuadra, con los lotes enmontados ocupando la acera y obstruyendo el derecho a la movilidad peatonal. Finalmente, el 13 de noviembre de 2024 aportó en la Alcaldía de Puntarenas una nota de fecha 16 de noviembre de 2024, en la que requirió al alcalde recurrido información sobre las acciones tomadas por los respectivos departamentos del gobierno local, a propósito de la denuncia de interés (véase prueba aportada). Aduce que, en virtud de la Ley No.9976, Ley de Movilidad Peatonal que habilita a los gobiernos locales a intervenir en situaciones que afecten la movilidad peatonal, solicita tomar acción frente a lo denunciado. Estima que lo expuesto viola sus derechos fundamentales. Solicita declarar con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. Pide se declare con lugar el recurso.\n\n2.-Mediante resolución de las 21:11 horas del 3 de febrero de 2025 se dio curso al proceso y se solicitó informe al alcalde, director de Desarrollo Territorial Urbano y al jefe del Departamento de Servicios Municipales, todos de la Municipalidad de Puntarenas\n\n3.-Informa Mauricio Gutierrez Villafuerte, en su condición de Director de Desarrollo Territorial y Urbano de la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas. Expresa que: “(…) En relación con lo anterior, se informa a su Autoridad, que se ha dado respuesta a la recurrente mediante oficio MP-DDTU-OF-026-02-2025 en respuesta al oficio presentado ante la Dirección de Desarrollo Territorial y Urbano de la municipalidad de Puntarenas en fecha 11 de noviembre de 2024.\n\nEn dicho oficio se le indica a la recurrente que la Dirección de Desarrollo Territorial y Urbano no atiende la limpieza del monte crecido y el mal estado de las aceras en el cantón Central de Puntarenas.\n\nSe le indicó que ambas quejas no son competencia del suscrito para ser atendidas.\n\nEn relación a la limpieza del monte crecido, corresponde al departamento de servicios municipales, al cual ya se direccionó para que lo atienda en el menor tiempo posible, la notificación respectiva a los dueños de los inmuebles y en caso de no realizar la limpieza por su cuenta, deberá realizarlo la municipalidad, cargando los costos de esa limpieza a los propietarios de los inmuebles. Lo anterior debido a que en primera instancia se trata de propiedades privadas.\n\nFinalmente, respecto a las aceras, esta labor corresponde al mantenimiento vial, ya que las aceras son parte del derecho de vía de una carretera que este bajo la administración de la municipalidad y por lo tanto su intervención corresponde a la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Puntarenas.\n\nFinalmente, se le indicó que, no obstante, lo indicado anteriormente, colaboraremos en lo que corresponda con dicho departamento, para la atención de la molestia; así las cosas, en el momento que considere pertinente y pueda acercarse a mi despacho para conversar el tema y tener más claridad sobre los trabajos que solicita, puede concertar una cita al teléfono Telf01.\n\nAsí las cosas, y de acuerdo con el oficio MP-DDTU-OF-026-02-2025 y que se aporta como prueba documental, se ha dado respuesta a la recurrente y además el mismo oficio solicita un acercamiento con la recurrente para tener una mayor percepción de la problemática denunciada; además de la planificación y coordinación que debe darse con los demás departamentos involucrados y que por competencia les corresponde atender. (…).” Pide se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Informa Randall A. Chavarria Matarrita en su condición de Alcalde Municipal del Cantón Central de Puntarenas. Expone que: “(…) mediante oficio MP-DDTU-OF-026-02-2025 de fecha 06 de febrero de 2025, el Departamento Desarrollo Territorial y Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, atiende la nota de la amparada de fecha 11 de noviembre de 2024, aclarándole que dicha Dirección no corresponde su solicitud, más, sin embargo, se iba proceder a trasladar al departamento correspondiente para su trámite. Documento que fuera notificado con fecha 10 de febrero de 2025. Es importante en este punto acotar que la señora Nombre01 en fecha 11 de noviembre de 2024, mediante el cual interpone la denuncia ante la Dirección de Desarrollo y Control Urbano, ofrece el medio para recibir respuesta con puño y letra de la amparada; ...01, por lo que para efectos de ponerle en conocimiento el oficio MP-DDTU-OF-025-02-2025 que da respuesta a su solicitud, se realizaron más de cinco intentos en notificarle dicho oficio, sin embargo no se lograba concretar la notificación todos fallidos, por lo que se procedió a notificarle a la amparada al medio ofrecido en el escrito inicial de interposición del Recurso de Amparo aquí interpuesto, al marealex2011 @hot.cmail.com Asimismo, mediante oficio MP-SEMU-OF-041-02-2025 de fecha 10 de febrero de 2025, el señor Walter Castillo Chavarria, Coordinador de la Unidad de Servicios Municipales, indicó en lo conducente en respuesta a la solicitud de atención de la denuncia interpuesta por la señora Nombre01; \"... el día de hoy 07 de febrero de los comentes se procedió a realizar la limpieza y recolección de los residuos sólidos acumulados en la vía pública, así como la eliminación de la maleza del caño y la acera en toda la cuadra objeto del presente recurso...\".\n\nPor lo que en este momento la cuadra en mención se encuentra liberada de toda maleza, así como la acera que rodea dicha cuadra, cumpliendo cabalmente la solicitud de la señora Nombre01, es menester indicar que toda limpieza y mantenimiento de acera de todo el cantón de Puntarenas, tiene una programación, con un equipo humano y herramientas sumamente limitado debido a la extensión territorial que le corresponde, por lo que en el presente caso, no se trata de abandono o desidia por parte de la Municipalidad de Puntarenas, el tema es la escasez de recurso humano para poder abarcar toda la extensión territorial que nos corresponde, no obstante el presente caso se atendió fuera de la programación, para efectos de cumplir con la petición.\n\nEn este caso igualmente se notifica a la dirección ofrecida en la interposición del presente Recurso de Amparo, al maregiex201 ...02, al no haberse logrado notificar al medio ofrecido en el escrito de fecha 11 de noviembre de 2024 en la Alcaldía (…) PETITORIA: Que en razón de las consideraciones de hecho indicadas, y en vista de mi representada cumplió con lo solicitado por la señora Nombre01, a pesar de que dicho sector no se encontraba para intervenir dentro de la planificación de mantenimiento y aseo de vías y aceras de lotes baldíos, para este trimestre, se procedió a cumplir con lo solicitado por la amparada.”. Pide se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n  I.- Cuestión previa. Antes de analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Puntarenas por problemas que, según afirma la recurrente, representan un riesgo tanto para la integridad de las personas y como al medio ambiente y a la salud pública; sin embargo, presuntamente no ha sido atendida. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente expone desde el mes de agosto de 2022 interpuso una denuncia ante la Alcaldía de Puntarenas, por la existencia de toda una cuadra con “lotes enmontados”, al igual que las respectivas aceras, -específicamente la cuadra completa desde el Dirección01 hasta la Dirección03. Explica que, en dicha oportunidad, comentó que tal situación se ha prestado para que personas lleguen a depositar basura, al igual que el escenario se presta para diversos peligros dado lo inseguro de la zona por lo alto del monte. Igualmente, planteó la denuncia ante los \"Departamentos correspondientes\" de la Municipalidad de Puntarenas, por la existencia de toda una cuadra con lotes enmontados, al igual que las respectivas aceras, al punto de dificultar el paso peatonal (véase prueba aportada). La denuncia la ha reiterado en distintas ocasiones durante los últimos dos años, sin embargo, la misma no ha sido respondida.  Pide la intervención de esta Sala.\n\n \n\nIII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na.    El 29 de agosto de 2022, la recurrente plantea ante los \"Departamentos correspondientes\" de la Municipalidad de Puntarenas, denuncia por la existencia de toda una cuadra con lotes enmontados, al igual que las respectivas aceras, al punto de dificultar el paso peatonal, frente a la iglesia de Dirección04 (véase prueba aportada).\n\nb.    El 16 de noviembre de 2022, la recurrente reitera la denuncia planteada el 29 de agosto ante el Alcalde de Puntarenas (ver prueba).\n\nc.     El 16 de febrero de 2023, la recurrente reiteró la denuncia ante la municipalidad de Puntarenas (hecho no controvertido).\n\nd.    El 16 de agosto de 2024, la recurrente plantó una nueva solicitud al alcalde de Puntarenas, reiterando su petición para implementar el Código Municipal que regula la limpieza de lotes sin construcciones, específicamente en la cuadra del balneario de la punta hasta la iglesia de Barrio El Carmen (ver prueba).\n\ne.     Por oficio de 26 de agosto de 2024, el Alcalde Municipal acusa recibido de la denuncia planteada por la recurrente y le informa que la misma ha sido trasladada a la Dirección de Desarrollo Territorial y Servicios Municipales (ver prueba).\n\nf.      El 11 de noviembre de 2024, el recurrente presentó ante la Alcaldía de Puntarenas, una nota dirigida a la Dirección de Desarrollo Territorial y Servicios Municipales, en la que requirió información sobre las acciones tomadas por los respectivos departamentos del gobierno local en cuanto a la denuncia planteada desde el año 2022 (ver prueba).\n\ng.    El 5 y 6 de febrero de 2025, se notificó a las autoridades municipales recurridas, la resolución que da curso al presente proceso (los autos).\n\nh.    El 6 de febrero de 2025, la Unidad de Desarrolla Territorial y Urbano de la Municipalidad de Puntarenas informa a la recurrente: (…) debo indicarle que ambas quejas no son competencia del suscrito para ser atendidas. En relación a la limpieza del monte crecido, corresponde al departamento de servicios municipales, al cual ya se direccionó para que lo atienda en el menor tiempo posible, la notificación respectiva a los dueños de los inmuebles y en caso de no realizar la limpieza por su cuenta, deberá realizarlo la municipalidad, cargando los costos de esa limpieza a los propietarios de los inmuebles. Lo anterior debido a que en primera instancia se trata de propiedades privadas. Finalmente, respecto a las aceras, esta labor corresponde al mantenimiento vial, ya que las aceras son parte del derecho de vía de una carretera que este bajo la administración de la municipalidad y por lo tanto su intervención corresponde a la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Puntarenas. No obstante, lo anterior, colaboraremos en lo que corresponda con dicho departamento para la atención de su molestia; así las cosas, en el momento que considere pertinente y pueda acercarse a mi despacho para conversar el tema y tener más claridad sobre los trabajos que solicita, puede concertar una cita al teléfono Telf01.” (ver prueba).\n\ni.      El 06 de febrero de 2025, mediante oficio MP-DDTU-OF-026-02-2025, el Departamento Desarrollo Territorial y Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, contestó la nota de la amparada de fecha 11 de noviembre de 2024, aclarándole que iba proceder a trasladar su solicitud al departamento correspondiente para su trámite (ver prueba).\n\nj.      El 7 de febrero de 2025, el Departamento de Servicios Municipales de la Municipalidad de Puntarenas procedió a realizar la limpieza y recolección de los residuos acumulados en la vía pública, así como la eliminación de la maleza del caño y la acera en toda la cuadra indicada por la recurrente. Lo anterior con el fin de permitir el derecho a la movilidad peatonal de las personas y atender la situación de inseguridad denunciada por la señora Nombre01  (ver oficio MP-SEMU-OF-041-02-2025 de 10 de febrero de 2025)\n\nk.    El 10 de febrero de 2025, se intentó notificar a la dirección electrónica indicada por la tutelada, ...01 y ...03, el oficio MP-SEMU-OF-041-02-2025 del Coordinador de Servicios Municipales, que informa de los trabajos de limpieza realizado el día viernes 7 de febrero del 2025 en el sector de Dirección04 y que da respuesta a su denuncia. (ver informe y prueba).\n\nl.      El 10 de febrero de 2025, se notificó a la dirección electrónica indicada por la tutelada, el Oficio N° MP-DDTU-OF-025-02-2025 del Director de  la Unidad de Desarrollo Territorial y Urbano de la Municipalidad de Puntarenas. (ver prueba).\n\n \n\nIV.- CASO CONCRETO. En la especie, la recurrente señala que planteó una denuncia ante la Municipalidad de Puntarenas, por la existencia de toda una cuadra con lotes enmontados, al igual que las respectivas aceras, al punto de dificultar el paso peatonal, frente a la iglesia de Dirección04. Sin embargo, reclama que a la fecha de interposición de este recurso no ha sido resuelta ni se le ha indicado como se procederá para atenderla. Considera lesionados sus derechos fundamentales. \n\nAl respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que, en agosto de 2022, la recurrente planteó ante la Municipalidad de Puntarenas, una denuncia por la existencia de toda una cuadra con lotes enmontados, al igual que las respectivas aceras, al punto de dificultar el paso peatonal, frente a la iglesia de Dirección04. La denuncia fue reiterada el 16 de noviembre de 2022 y el 16 de febrero de 2023, así como el 16 de agosto y 11 de noviembre, ambas fechas de 2024.\n\nNo obstante, es con ocasión del presente recurso, cuya resolución de curso fue notificada el 5 y 6 de febrero de 2025, que el propio 6 de febrero, mediante el oficio MP-DDTU-OF-026-02-2025, el Departamento Desarrollo Territorial y Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, contestó la denuncia, aclarándole a la gestionante que va a proceder a trasladar su solicitud al departamento correspondiente para su trámite, pues la denuncia no puede ser atendida por ese Departamento.\n\nEn relación a la limpieza del “monte crecido”, le explica que: “corresponde al departamento de servicios municipales, al cual ya se direccionó para que lo atienda en el menor tiempo posible, la notificación respectiva a los dueños de los inmuebles y en caso de no realizar la limpieza por su cuenta, deberá realizarlo la municipalidad, cargando los costos de esa limpieza a los propietarios de los inmuebles. Lo anterior debido a que en primera instancia se trata de propiedades privadas. Finalmente, respecto a las aceras, esta labor corresponde al mantenimiento vial, ya que las aceras son parte del derecho de vía de una carretera que este bajo la administración de la municipalidad y por lo tanto su intervención corresponde a la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Puntarenas. No obstante, lo anterior, colaboraremos en lo que corresponda con dicho departamento para la atención de su molestia; así las cosas, en el momento que considere pertinente y pueda acercarse a mi despacho para conversar el tema y tener más claridad sobre los trabajos que solicita, puede concertar una cita al teléfono Telf01.”\n\n De importancia para la resolución del presente asunto, consta que, con ocasión del presente recurso, el 7 de febrero de 2025, el Departamento de Servicios Municipales de la Municipalidad de Puntarenas procedió a realizar la limpieza y recolección de los residuos acumulados en la vía pública, así como la eliminación de la maleza del caño y la acera en toda la cuadra indicada por la recurrente. Lo anterior con el fin de permitir el derecho a la movilidad peatonal de las personas y atender la situación de inseguridad denunciada por la señora Nombre01 (ver oficio MP-SEMU-OF-041-02-2025 de 10 de febrero de 2025).\n\nPor su parte, el Alcalde Municipal del Cantón Central de Puntarenas informa bajo la gravedad de juramento que, el 10 de febrero de 2025, intentó notificar a la dirección electrónica indicada por la tutelada, ...01 y ...03, el oficio MP-SEMU-OF-041-02-2025 del Coordinador de Servicios Municipales, que describe  los trabajos de limpieza realizados el día viernes 7 de febrero del 2025 en el sector de Dirección04 de interés para la recurrente.  Además, consta que el 10 de febrero de 2025, se notificó a la dirección electrónica indicada por la tutelada, el Oficio N° MP-DDTU-OF-025-02-2025 del Director de la Unidad de Desarrollo Territorial y Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, que también atiende la gestión. \n\nEn consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver y comunicar el problema denunciado es desproporcionado, por cuanto, ha transcurrido un plazo de más de dos años y medio desde la presentación de la denuncia ambiental apuntada, y es con ocasión del recurso que la misma es contestada y se brinda una solución al problema de la maleza que crece en lugares no deseados, según la denuncia planteada por la recurrente. Bajo esta inteligencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal y como se señalará a continuación.\n\n \n\n V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\n \n\nVI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\n \n\nVII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que desde el 16 de agosto de 2022 solicitó ante la Alcaldía de Puntarenas, su ayuda pues existe un sector de su vecindario que tiene “lotes enmontados”, al igual que las respectivas aceras, específicamente desde el Dirección01 hasta la Dirección03, lo que se ha prestado para que personas lleguen a depositar basura, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\n\n \n\nVIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO Y DEL MAGISTRADO GARITA NAVARRO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:\n\n\"ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias\".\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\n \n\nIX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvamos parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\n \n\nX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE: Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara CON LUGAR el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.  El magistrado Salazar Alvarado y el magistrado Garita Navarro salvan parcialmente el voto y ordenan la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n F84CZAVK4EU61\n\nEXPEDIENTE N° 25-001051-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección05, Dirección06, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:02:11.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Sala Constitucional**\n\n**Resolution No. 11094 - 2025**\n\n**Date of Resolution:** April 10, 2025, at 9:20 a.m.\n\n**Expediente:** 25-001051-0007-CO\n\n**Drafted by:** Fernando Castillo Víquez\n\n**Type of matter:** Amparo remedy\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Text of the resolution**\n\nExp: 25-001051-0007-CO\n\nRes. No. 2025011094\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on April ten, two thousand twenty-five.\n\nAmparo remedy processed in expediente no. 25-001051-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the Municipalidad de Puntarenas.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By document filed at the Secretariat of the Sala at 12:09 p.m. on January 14, 2025, the petitioner files an amparo remedy. She indicates that on August 16, 2022, she filed a complaint dated the same day at the Alcaldía de Puntarenas, addressed to the mayor of Puntarenas, regarding the existence of an entire block with overgrown lots, as well as the respective sidewalks, specifically the entire block from Dirección01 to Dirección02 (see evidence provided). On that occasion, she explained that this situation has allowed people to come and dump trash, and that the setting is conducive to various dangers given the insecurity of the area due to the height of the weeds. Likewise, on August 29, 2022, she filed a complaint dated the same day, addressed to the \"Corresponding Departments\" of the Municipalidad de Puntarenas, regarding the existence of an entire block with overgrown lots, as well as the respective sidewalks, to the point of hindering pedestrian passage (see evidence provided). On February 16, 2023, she reiterated her request before the municipality due to the continued lack of intervention and disinterest in complying with the laws that empower municipalities to act in these cases. Despite the time elapsed, the insecurity situation intensified, and on August 16, 2024, a new request was filed with the mayor of Puntarenas, reiterating her petition to implement the Código Municipal that regulates the cleaning of unbuilt lots. In response, by official letter No. MP-AM-OF 0846-08-24 of August 26, 2024, she was given acknowledgment of receipt of her complaint and was informed that by official letter No. MP-AM-OF 0841-08-24 it had been forwarded to the Dirección de Desarrollo Territorial Urbano and the Departamento de Servicios Municipales, both of the local government of Puntarenas (see evidence provided). On November 11, 2024, she filed with the Alcaldía de Puntarenas a note dated the same day addressed to the Dirección de Desarrollo Territorial and Servicios Municipales of the Municipalidad de Puntarenas, in which she requested information about the actions taken by the respective local government departments regarding official letter No. MP-AMOF 0841-08-24 forwarded to the respective departments by the mayor of Puntarenas (see evidence provided). However, as on previous occasions, the complaint has not received attention, which has caused discontent in the community due to the widespread ignorance of citizens' constitutional rights and the lack of response from public servants. On November 11, 2024, she sent a new note to the Dirección de Desarrollo Territorial, but to date has not received any response. Meanwhile, the dangerous situation persists on the block, with overgrown lots taking over the sidewalk and obstructing the right to pedestrian mobility. Finally, on November 13, 2024, she filed with the Alcaldía de Puntarenas a note dated November 16, 2024, in which she requested the respondent mayor for information on the actions taken by the respective local government departments regarding the complaint in question (see evidence provided). She argues that, by virtue of Ley No. 9976, Ley de Movilidad Peatonal, which enables local governments to intervene in situations affecting pedestrian mobility, she requests action be taken regarding the reported matter. She considers that the foregoing violates her fundamental rights. She requests the remedy be granted, with the legal consequences. She requests the remedy be granted.\n\n2.- By resolution at 9:11 p.m. on February 3, 2025, the proceeding was commenced and a report was requested from the mayor, the director of Desarrollo Territorial Urbano, and the head of the Departamento de Servicios Municipales, all of the Municipalidad de Puntarenas.\n\n3.- Mauricio Gutierrez Villafuerte reports, in his capacity as Director of Desarrollo Territorial y Urbano of the Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas. He states that: “(…) In relation to the above, your Authority is informed that a response has been given to the petitioner through official letter MP-DDTU-OF-026-02-2025 in response to the document filed with the Dirección de Desarrollo Territorial y Urbano of the Municipalidad de Puntarenas on November 11, 2024.\n\nIn said official letter, the petitioner is informed that the Dirección de Desarrollo Territorial y Urbano does not handle the cleaning of overgrown weeds and the poor condition of the sidewalks in the Cantón Central de Puntarenas.\n\nShe was informed that neither complaint is the undersigned's competence to address.\n\nIn relation to cleaning the overgrown weeds, this corresponds to the Departamento de Servicios Municipales, to which it has already been directed for it to attend to it as soon as possible, regarding the respective notification to the property owners and, should they not perform the cleaning on their own, the municipality must perform it, charging the costs of said cleaning to the property owners. The foregoing because, in the first instance, it involves private properties.\n\nFinally, regarding the sidewalks, this task corresponds to road maintenance, given that sidewalks are part of the right-of-way of a road that is under the administration of the municipality and therefore its intervention corresponds to the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Puntarenas.\n\nFinally, she was informed that, notwithstanding the foregoing, we will collaborate as appropriate with said department to address her concern; that being the case, at a time she deems pertinent and can come to my office to discuss the matter and gain more clarity on the works she requests, she can arrange an appointment at telephone Telf01.\n\nThat being the case, and in accordance with official letter MP-DDTU-OF-026-02-2025, which is provided as documentary evidence, a response has been given to the petitioner and furthermore the same official letter requests an approach with the petitioner to have a greater perception of the reported problem; in addition to the planning and coordination that must occur with the other departments involved and that are responsible for addressing it by competence. (…).” He requests the remedy be denied.\n\n4.- Randall A. Chavarria Matarrita reports in his capacity as Alcalde Municipal of the Cantón Central de Puntarenas. He states that: “(…) through official letter MP-DDTU-OF-026-02-2025 dated February 6, 2025, the Departamento Desarrollo Territorial y Urbano of the Municipalidad de Puntarenas addressed the amparo petitioner's note of November 11, 2024, clarifying that said Directorate does not handle her request, but that it would nonetheless proceed to forward it to the corresponding department for processing. A document that was notified on February 10, 2025. It is important at this point to note that the person Nombre01, on November 11, 2024, through which she filed the complaint before the Dirección de Desarrollo y Control Urbano, provided the means to receive a response in the amparo petitioner's own handwriting; ...01, therefore, for the purpose of making official letter MP-DDTU-OF-025-02-2025 known to her, more than five attempts were made to notify her of said official letter, however, notification could not be achieved, all failed, so we proceeded to notify the amparo petitioner at the means provided in the initial filing of the Amparo Remedy filed here, at marealex2011 @hot.cmail.com. Likewise, through official letter MP-SEMU-OF-041-02-2025 dated February 10, 2025, Mr. Walter Castillo Chavarria, Coordinator of the Unidad de Servicios Municipales, indicated in the relevant part in response to the request for attention to the complaint filed by Ms. Nombre01; '... today, February 7 of the current, we proceeded to perform the cleaning and collection of solid waste accumulated on the public road, as well as the elimination of weeds from the ditch and the sidewalk on the entire block subject to this remedy...'.\n\nTherefore, at this time the block in question is free of all weeds, as well as the sidewalk surrounding said block, fully complying with the request of Ms. Nombre01, it is necessary to indicate that all cleaning and maintenance of sidewalks throughout the Cantón de Puntarenas has a schedule, with an extremely limited human team and tools due to the corresponding territorial extension, so in the present case, it is not a matter of abandonment or neglect on the part of the Municipalidad de Puntarenas, the issue is the scarcity of human resources to be able to cover the entire territorial extension that corresponds to us, nonetheless the present case was attended to outside the schedule, for the purpose of complying with the petition.\n\nIn this case it is equally notified to the address provided in the filing of the present Amparo Remedy, at maregiex201 ...02, having failed to notify at the means provided in the document filed on November 11, 2024 at the Alcaldía (…) PETITION: That by reason of the factual considerations indicated, and in view that my represented has complied with what was requested by Ms. Nombre01, even though said sector was not scheduled for intervention within the maintenance and cleaning plan for roads and sidewalks of vacant lots for this quarter, we proceeded to comply with what was requested by the amparo petitioner.” He requests the remedy be denied.\n\n5.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- Preliminary matter. Before analyzing the merits of the case –due to the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure– it must be clarified that, as of ruling no. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Sala has referred to the Administrative Litigation jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– and to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case an exception scenario arises, as we are faced with a complaint filed before the Municipalidad de Puntarenas for problems that, according to the petitioner, represent a risk both to the integrity of persons and to the environment and public health; however, it has allegedly not been addressed. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- SUBJECT OF THE REMEDY. The petitioner states that since August 2022 she filed a complaint before the Alcaldía de Puntarenas regarding the existence of an entire block with \"overgrown lots\" (lotes enmontados), as well as the respective sidewalks, specifically the entire block from Dirección01 to Dirección03. She explains that, on that occasion, she commented that this situation has allowed people to come and dump trash, and that the setting is conducive to various dangers given the insecurity of the area due to the height of the weeds. Likewise, she filed the complaint before the \"Corresponding Departments\" of the Municipalidad de Puntarenas, due to the existence of an entire block with overgrown lots, as well as the respective sidewalks, to the point of hindering pedestrian passage (see evidence provided). She has reiterated the complaint on various occasions over the last two years; however, it has not been answered. She requests the intervention of this Sala.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has omitted referring to them, as provided in the initial order:\n\na. On August 29, 2022, the petitioner filed before the \"Corresponding Departments\" of the Municipalidad de Puntarenas a complaint regarding the existence of an entire block with overgrown lots, as well as the respective sidewalks, to the point of hindering pedestrian passage, in front of the church of Dirección04 (see evidence provided).\n\nb. On November 16, 2022, the petitioner reiterated the complaint filed on August 29 before the Alcalde de Puntarenas (see evidence).\n\nc. On February 16, 2023, the petitioner reiterated the complaint before the Municipalidad de Puntarenas (uncontested fact).\n\nd. On August 16, 2024, the petitioner filed a new request with the mayor of Puntarenas, reiterating her petition to implement the Código Municipal that regulates the cleaning of lots without constructions, specifically on the block from the balneario de la punta to the church of Barrio El Carmen (see evidence).\n\ne. By official letter of August 26, 2024, the Alcalde Municipal acknowledged receipt of the complaint filed by the petitioner and informed her that it had been forwarded to the Dirección de Desarrollo Territorial and Servicios Municipales (see evidence).\n\nf. On November 11, 2024, the petitioner filed with the Alcaldía de Puntarenas a note addressed to the Dirección de Desarrollo Territorial and Servicios Municipales, in which she requested information on the actions taken by the respective local government departments regarding the complaint filed since the year 2022 (see evidence).\n\ng. On February 5 and 6, 2025, the respondent municipal authorities were notified of the resolution that commences this proceeding (the orders).\n\nh. On February 6, 2025, the Unidad de Desarrolla Territorial y Urbano of the Municipalidad de Puntarenas informed the petitioner: (…) I must indicate that neither complaint is the undersigned's competence to address. In relation to cleaning the overgrown weeds, this corresponds to the departamento de servicios municipales, to which it has already been directed for it to attend to it as soon as possible, the respective notification to the property owners and, should they not perform the cleaning on their own, the municipality must perform it, charging the costs of said cleaning to the property owners. The foregoing because, in the first instance, it involves private properties. Finally, regarding the sidewalks, this task corresponds to road maintenance, given that sidewalks are part of the right-of-way of a road that is under the administration of the municipality and therefore its intervention corresponds to the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Puntarenas. Notwithstanding the foregoing, we will collaborate as appropriate with said department to address your concern; that being the case, at a time you deem pertinent and can come to my office to discuss the matter and have more clarity on the works you request, you can arrange an appointment at telephone Telf01.\" (see evidence).\n\ni. On February 6, 2025, through official letter MP-DDTU-OF-026-02-2025, the Departamento Desarrollo Territorial y Urbano of the Municipalidad de Puntarenas answered the amparo petitioner's note of November 11, 2024, clarifying that it would proceed to forward her request to the corresponding department for processing (see evidence).\n\nj. On February 7, 2025, the Departamento de Servicios Municipales of the Municipalidad de Puntarenas proceeded to clean and collect the waste accumulated on the public road, as well as eliminate the weeds from the ditch and the sidewalk on the entire block indicated by the petitioner. The foregoing for the purpose of enabling the right to pedestrian mobility for persons and addressing the insecurity situation reported by Ms. Nombre01 (see official letter MP-SEMU-OF-041-02-2025 of February 10, 2025).\n\nk. On February 10, 2025, an attempt was made to notify at the electronic addresses indicated by the protected party, ...01 and ...03, the official letter MP-SEMU-OF-041-02-2025 from the Coordinador de Servicios Municipales, which reports on the cleaning work carried out on Friday, February 7, 2025, in the sector of Dirección04 and which responds to her complaint. (see report and evidence).\n\nl. On February 10, 2025, Official Letter No. MP-DDTU-OF-025-02-2025 from the Director of the Unidad de Desarrollo Territorial y Urbano of the Municipalidad de Puntarenas was notified to the electronic address indicated by the protected party. (see evidence).\n\nIV.- SPECIFIC CASE. In the instant case, the petitioner indicates that she filed a complaint before the Municipalidad de Puntarenas regarding the existence of an entire block with overgrown lots, as well as the respective sidewalks, to the point of hindering pedestrian passage, in front of the church of Dirección04. However, she claims that as of the date of filing this remedy, it has not been resolved nor has she been informed how it will be addressed. She considers her fundamental rights violated.\n\nIn this regard, from the study of the case file, it is proven that, in August 2022, the petitioner filed before the Municipalidad de Puntarenas a complaint regarding the existence of an entire block with overgrown lots, as well as the respective sidewalks, to the point of hindering pedestrian passage, in front of the church of Dirección04. The complaint was reiterated on November 16, 2022, and February 16, 2023, as well as on August 16 and November 11, both dates in 2024.\n\nHowever, it is on the occasion of this remedy, whose resolution commencing the proceeding was notified on February 5 and 6, 2025, that on February 6 itself, through official letter MP-DDTU-OF-026-02-2025, the Departamento Desarrollo Territorial y Urbano of the Municipalidad de Puntarenas answered the complaint, clarifying to the petitioner that it will proceed to forward her request to the corresponding department for processing, as the complaint cannot be addressed by that Department.\n\nIn relation to cleaning the “overgrown weeds” (monte crecido), it explains that: “it corresponds to the departamento de servicios municipales, to which it has already been directed for it to attend to it as soon as possible, the respective notification to the property owners and, should they not perform the cleaning on their own, the municipality must perform it, charging the costs of said cleaning to the property owners. The foregoing because, in the first instance, it involves private properties. Finally, regarding the sidewalks, this task corresponds to road maintenance, given that sidewalks are part of the right-of-way of a road that is under the administration of the municipality and therefore its intervention corresponds to the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Puntarenas. Notwithstanding the foregoing, we will collaborate as appropriate with said department to address your concern; that being the case, at a time you deem pertinent and can come to my office to discuss the matter and have more clarity on the works you request, you can arrange an appointment at telephone Telf01.”\n\nOf importance for the resolution of this matter, it is on record that, on the occasion of this remedy, on February 7, 2025, the Departamento de Servicios Municipales of the Municipalidad de Puntarenas proceeded to clean and collect the waste accumulated on the public road, as well as eliminate the weeds from the ditch and the sidewalk on the entire block indicated by the petitioner. The foregoing for the purpose of enabling the right to pedestrian mobility for persons and addressing the insecurity situation reported by Ms. Nombre01 (see official letter MP-SEMU-OF-041-02-2025 of February 10, 2025).\n\nFor his part, the Alcalde Municipal of the Cantón Central de Puntarenas reports under the gravity of oath that, on February 10, 2025, he attempted to notify at the electronic addresses indicated by the protected party, ...01 and ...03, official letter MP-SEMU-OF-041-02-2025 from the Coordinador de Servicios Municipales, which describes the cleaning work carried out on Friday, February 7, 2025, in the Dirección04 sector of interest to the petitioner. Furthermore, it is on record that on February 10, 2025, Official Letter No. MP-DDTU-OF-025-02-2025 from the Director of the Unidad de Desarrollo Territorial y Urbano of the Municipalidad de Puntarenas, which also addresses the petition, was notified to the electronic address indicated by the protected party.\n\nConsequently, this Sala considers that the time that has elapsed to resolve and communicate the reported problem is disproportionate, insofar as a period of more than two and a half years has elapsed since the filing of the environmental complaint noted, and it is on the occasion of the remedy that it is answered and a solution is provided to the problem of weeds growing in unwanted places, according to the complaint filed by the petitioner. Under this reasoning, it is appropriate to grant the remedy, without an award for costs, damages, and losses, as will be indicated below.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. On the award of costs, damages, and losses in accordance with article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better consideration, the majority of the Sala considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while an amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”), the granting must be without a special award for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the remedy is granted when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable” (si fueren procedentes). It is underscored that the Law states “if they are applicable,” which means that the applicability or inapplicability of the indemnification and costs depends on a valuation, assessment, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the amparo petitioner's claim and the conduct of the respondent authority in recognizing it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would happen, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “any resolution that grants the remedy shall abstractly award indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. article 14-. For the administrative litigation jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if she so wishes, to a plenary proceeding in order to demonstrate that she has suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this remedy without an award for costs, damages, and losses.\n\nVI.- Note by Judge Castillo Víquez, regarding prompt and fulfilled administrative justice. I have supported this Tribunal's thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Administrative Litigation Courts and not this Sala. Now, with the recent enactment of Ley No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Sala as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in all other cases, and for the reasons this Tribunal has given (ruling No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the administrative litigation jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and norms) and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution fall to the administrative litigation jurisdiction.\n\nNevertheless, I do address the merits of the matter when other rights of the people affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50, of the Political Constitution), as is the case here, in which the appealing party claims that since August 16, 2022, they requested help from the Municipality of Puntarenas because there is a sector of their neighborhood that has \"overgrown lots,\" as well as the respective sidewalks, specifically from Dirección01 to Dirección03, which has led to people coming to deposit garbage, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.\n\nVIII.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO AND JUDGE GARITA NAVARRO, WITH THE REASONING OF THE FORMER, SOLELY REGARDING THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.\n\nAlthough we agree with the rest of the Chamber in granting the appeal (recurso), we depart from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and prejudices (daños y perjuicios) resulting from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in Article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable (procedentes).\"\n\nFurthermore, Article 51 of the same law establishes that:\n\n\"...every resolution that upholds the appeal shall order, in the abstract, compensation for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the sentence.\"\n\nThis latter norm establishes the general system that regulates matters concerning compensation and the payment of costs, which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".\n\nIn the majority's opinion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has found the grievance to be proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and prejudices. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to any fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights upon becoming aware of the amparo - a case contemplated in the referenced Article 52 - by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the order against the offender to compensate for the damages and prejudices caused and to pay the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party who has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection (tutela judicial efectiva) regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive measure, so that the State does not incur again in the actions that gave basis for the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and addressed the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself upon learning of the amparo proceedings, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), in any of these cases, the compelling need arises for an order of costs, damages, and prejudices against the offender, whose basis is found in the principles of protection of people's rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices it causes through its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and prejudices, for such a case forms an integral part of the general system of mandatory award of these items contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nFurthermore, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has agreed upon in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an \"abnormal termination of the proceeding.\"\n\nThe legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that authorized the amparo to proceed; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that unequivocally orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and prejudices, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted \"solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.\" As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn our opinion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices upon a violation of fundamental rights, such an award is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is shown in an indubitable and clear manner that in the specific case no compensable harm capable of being compensated was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from paying said items. Since in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions - the concrete determination of which does not correspond to this jurisdiction - the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs, damages, and prejudices, and we so declare.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and prejudices, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the fundamental rights regime of individuals. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification; however, it does not enter into the consideration of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned Article 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said order (of damages, prejudices, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not believe that this examination of pertinence can be automatically excluded a priori in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. As a reference, numerals 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from orders issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:\n\n\"ARTICLE 179.- It corresponds to the Contentious-Administrative Court to execute the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely regarding the demonstration, liquidation, and compliance with pecuniary indemnifications.\"\n\nIt is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract order for those items, since such types of claims would not be applicable within such types of causes when the judgment issued within the amparo proceeding expressly establishes the inapplicability of damages, prejudices, and/or costs, or when there is no express pronouncement on this particular. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an order or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to the mentioned Article 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial order requires proof, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is justified. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is handed down that revokes, halts, or suspends the challenged action does not, per se, rule out that, prior to that cessation due to the defendant entity's own action or that of another, the accused indifference or reproached disturbance may have caused damages and prejudices. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with the provisions of the aforementioned mandate 52, are characteristic of an abstract order that subsequently forms the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and prejudices, for, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it does not fall to the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have produced injuries to them is an extreme that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis of analysis of this type of causes. It should be noted that, in the case regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not carry out an analysis on the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no analysis of whether or not there is an infringement, and therefore, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the dispensation of the award referred to in that norm is of an exceptional nature, not a principle. Therefore, in those cases, the norm imposes the abstract order, so that its applicability is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, prejudices, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, whether the persistence of the threat or deterioration of their situation until it was caused to cease by the causes alluded to in the norm under examination generated damages and prejudices is a matter that, save for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, simply by the occurrence of the factual scenario regulated in the mentioned Article 52 of the LJC. Therefore, with our usual respect for the majority position, we express our vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail the abstract award of costs, damages, and prejudices.\n\nIX.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: \"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.\"\n\nMy interpretation of that norm is the following: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are applicable\" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: \"Every resolution that upholds the appeal shall order, in the abstract, compensation for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the sentence.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber verifies this, even if it has been restored, damages and prejudices could have arisen. For this reason, the abstract award of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they did occur, there would be no title – derived from this proceeding – to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract award, no damages and prejudices have occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, for only to them corresponds the task of finding the real existence and magnitude thereof to be proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only in the face of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may order the payment of costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, we partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and prejudices, but not the award of costs.\n\nX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE: The appealing party is warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal is declared GRANTED without special award of costs, damages, and prejudices. Judge Castillo Víquez files a note. Judge Salazar Alvarado files a note. Judge Salazar Alvarado and Judge Garita Navarro partially dissent from the vote and order the award of damages, prejudices, and costs against the respondent party. Judge Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award of damages and prejudices, but not costs. Notify.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nAna María Picado B.\n\nIleana Sánchez N.\n\nJose Roberto Garita N.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\n\n\nF84CZAVK4EU61\n\nEXPEDIENTE N° 25-001051-0007-CO\n\nTelephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección05, Dirección06, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:02:11." }