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  "id": "nexus-sen-1-0007-1291013",
  "citation": "Res. 13547-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Incumplimiento de sentencia de amparo por inundaciones",
  "title_en": "Noncompliance with amparo ruling on flooding",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza una gestión de incumplimiento presentada por una vecina de La Colonia de Pococí, quien alegaba que las autoridades del CONAVI y la Municipalidad de Pococí no habían ejecutado la orden de resolver el problema de desbordamiento de aguas pluviales y residuales, dictada en una sentencia previa de la misma Sala. El tribunal aclara que en este expediente específico (24-018619-0007-CO) no se emitió una orden directa, sino que se remitió a lo ya resuelto en otra sumaria (24-019296-0007-CO), donde sí se impuso la obligación de coordinación a dichas entidades. En consecuencia, la gestión de incumplimiento debe tramitarse dentro de ese otro expediente. La resolución reitera que el plazo de seis meses otorgado en aquella sentencia para solucionar el taponamiento del alcantarillado aún está vigente, y que las recurrentes deben atenerse a lo allí dispuesto. La Sala no se pronuncia sobre el fondo de la contaminación o los daños alegados, limitándose al aspecto procesal del incidente de ejecución.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber rejects a noncompliance claim filed by a resident of La Colonia de Pococí, who argued that CONAVI and the Municipality of Pococí had failed to execute the order to resolve the overflow of stormwater and sewage, issued in a previous ruling of the same Chamber. The court clarifies that in this specific file (24-018619-0007-CO) no direct order was issued; instead, it referred to what was already decided in another case (24-019296-0007-CO), where the obligation to coordinate was imposed on those entities. Consequently, the noncompliance claim must be processed within that other case. The ruling reiterates that the six-month deadline granted in that judgment to fix the sewer blockage is still in effect, and that the claimants must abide by what was ordered therein. The Chamber does not rule on the merits of the pollution or alleged damages, limiting itself to the procedural aspect of the enforcement incident.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "09/05/2025",
  "year": "2025",
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    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
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    "Sala Constitucional",
    "CONAVI",
    "Municipalidad de Pococí",
    "aguas residuales",
    "alcantarillado",
    "servidumbre de aguas"
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      "article": "Art. 71",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "ejecución de sentencia",
    "Sala Constitucional",
    "inundaciones",
    "aguas pluviales",
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    "Municipalidad de Pococí",
    "incumplimiento",
    "gestión posterior"
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  "keywords_en": [
    "amparo appeal",
    "enforcement of judgment",
    "Constitutional Chamber",
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    "Municipality of Pococí",
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    "post-judgment proceeding"
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  "excerpt_es": "III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012. \n\nPor tanto: Se declara no ha lugar la gestión formulada.",
  "excerpt_en": "III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic or new technology device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulation on Electronic File before the Judicial Branch\", approved by the Full Court in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012. \n\nTherefore: The filed claim is dismissed.",
  "outcome": {
    "label_en": "Dismissed",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber dismisses the noncompliance claim filed in this case, as the order whose enforcement is sought was issued in a different proceeding; the claimant must raise her arguments in that other case.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar la gestión de incumplimiento presentada en este expediente, pues la orden cuya ejecución se reclama fue dictada en otro proceso; la recurrente debe plantear sus alegatos en aquella sumaria."
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      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "Given that in the present case no order was issued, but rather it was decided to abide by what was resolved in judgment no. 2024029767 at 9:15 a.m. on October 11, 2024, the claim filed by the petitioner in this particular case is not admissible.",
      "quote_es": "Visto que en el sub iudice no se emitió ninguna orden, sino que se dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia nro. 2024029767 de las 9:15 horas de 11 de octubre de 2024, no resulta procedente la gestión formulada por la recurrente en este expediente en particular."
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    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "The filed claim is dismissed.",
      "quote_es": "Se declara no ha lugar la gestión formulada."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1291013",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 13547 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 09 de Mayo del 2025 a las 09:15\n\nExpediente: 24-018619-0007-CO\n\nRedactado por: Aracelly Pacheco Salazar\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-018619-0007-CO\n\nRes. Nº 2025013547\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de mayo de dos mil veinticinco .\n\n \n\nGestión posterior planteada por Nombre01, en el expediente nro. 24-018619-0007-CO.\n\n \n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito incorporado al expediente el 28 de abril de 2025, la accionante expone: “Que mediante sentencia No. 2024029767 de las 9:15 horas de 11 de octubre de 2024 Y No.2024023974 de las 9 :20 horas del 23 de agosto del 2024 su autoridad resolvió lo siguiente: Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Cristhian Arroyo Gamboa, en su condición de Director Ejecutivo ahí del Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a Manuel Hernández Rivera, en su condición de alcalde municipal del cantón de Pococí o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario y den las órdenes que correspondan para que, en forma conjunta y según el marco de sus competencias, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, den una solución al problema de desbordamiento de aguas que se presenta en las inmediaciones de la Dirección01, debido al taponamiento del alcantarillado en el sector denunciado por la parte recurrente. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Pococí al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.”. Nombre02: A la fecha la problemática persiste. Esto afecta el traslado de los niños a sus centros educativos y de las personas que habitamos este vecindario, porque los vehículos livianos quedan atascados, de manera que para transitar se debe caminar, en medio de aguas negras y residuos peligrosos. Adicional que, con las lluvias la servidumbre y el terreno e incluso la casa y muebles se han deteriorado, en si es intransitable. A la fecha no hay una adecuada evacuación de las aguas, están llenan toda la servidumbre, para luego desbordarse hacia la casa de habitación, dañando electrodomésticos y muebles y contaminando la casa de habitación y sembradíos, además poniendo en peligro la salud de las personas que habitamos, máxime que son niños con problemas de asma y un adulto mayor de 90 años. Si bien se han realizado trabajos de mantenimiento al Rio san Rafael, por otras razones no precisamente a raíz de la resolución de la sala, son insuficientes o más bien inoperantes porque las aguas no están canalizadas hacia el rio, sino hacia las casas de habitación., al dragar el rio y construir dique agravo el problema ya que las aguas quedaron sin ninguna salida, por lo que lo que llenan por completo la servidumbre y posteriormente se rebalsan hacia la casa de habitación. (Ver anexo 1) Al respecto, de los informes rendidos funcionarios del CONAVI encargados del mantenimiento vial de la Dirección02 y la Municipalidad en esta gestión, la han vuelto engorrosa, burocrática y poco efectiva. Cabe mencionar que sobre la Dirección03 desde el centro de la COLONIA hasta el cenicero que desfoga aguas sobre propiedades privadas y propiamente sobre la propiedad, matrícula de folio real , existen calles públicas que llevarían aguas hacia el rio San Rafael y también riachuelos y más adelante también existen calles públicas y además se une la Dirección03 con el Rio san Rafael, donde se podrían desfogar aguas sin atravesar propiedades s privadas, no es cierto que no hay alternativas.(ver anexo 2) TERCERO: Nunca he taponeado alcantarilla alguna, es una falla por ser una acción sin ningún estudio , más bien como lo menciona el CONAVI , el vecino al querer quitarse el problema adquirido o causado por CONAVI y municipalidad al desfogar aguas en su propiedad y que el mismo acepto, entubo las aguas de la ruta hacia mi casa, como lo mencione en el recurso interpuesto, ni he tapado desfogue alguno, mucho menos he construido sobre “servidumbre de aguas “alguna ya que aquí no existe servidumbre de aguas sino más bien como menciona el señor Nombre03 en Segundo punto 3 del documento presentado el 21 de febrero del 2025: Se ha inspeccionado aguas abajo los posibles desfogues, siendo que, se si continúa sobre la cuneta existente, se ha observado que estas cunetas desfogan en una caja donde el dueño de una propiedad privada rellenó y colocó una tubería dentro de su propiedad desfogando en la casa vecina que está por debajo del nivel de la carpeta de la Dirección02, por lo que no es posible utilizar este desfogue existente. Esa casa donde el vecino desfogo las aguas es la casa que yo habito, a la cual sin estar bajo la ley de caminos se la paso todas las aguas de una comunidad., por lo que si bien es cierto tuve que construir un muro para evitar que cada vez que llueve el agua inunda mi casa, este no es suficiente, he tenido que desalojar en tiempo de lluvia, sacra a mis hijos a medianoche en medio de residuos, aguas negras y escombros (…)”. Solicita se disponga el cumplimiento de la sentencia referida.\n\n2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n \n\n Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,\n\n Considerando:\n\n \n\nI.- En la sentencia nro. 2024030642 de las 9:20 horas de 18 de octubre de 2024 se dispuso:\n\n \n\n“III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente Nombre01 manifiesta que su propiedad y las de los demás vecinos se inundan cada vez que llueve, no solo de aguas pluviales, sino también se aguas servidas. Acusa que esta situación ha convertido una parte del inmueble en un terreno encharcado, sin salida a calle pública, con implicaciones de peligro para la salud humana. Explica que la propiedad, matrícula de folio real , no soporta una servidumbre de aguas, ni ninguna propiedad del vecindario, pero el dueño de una propiedad colindante al sur firmó voluntariamente hace muchos años un permiso provisional para que CONAVI desviara sus aguas mientras se pavimentaba la calle. Explica que se construyeron casas sobre el paso del alcantarillado que desecha todas sus aguas hacia su propiedad, justificando que son canales por donde desfogan aguas públicas, causando que toda la contaminación de la comunidad termine en el patio de su casa. Expone que las alcantarillas en la calle pública también han colapsado y pretenden cambiarlas por unas más grandes, pero sin darle salida a esas aguas y sin establecer la servidumbre. Señala que desde hace más de 5 años y 6 meses, las tuberías ya estaban bloqueadas por la cantidad de residuos. Acusa que los recurridos no han hecho nada para solucionar el problema. Solicita que se ordene a COSEVI eliminar por completo las aguas y residuos de la propiedad y propiedades vecinas, reparar el daño material ocasionado y, de no ser posible la eliminación completa, realizar un estudio topográfico y de impacto ambiental, así como el diseño y construcción del alcantarillado. Por su parte, la accionante Nombre04, expone que es vecina de la recurrente Nombre01. Aduce que esta última cerró el paso de aguas pluviales que provienen de la Dirección03 y que desde hace más de 30 años pasaban por la propiedad de la que ella (la recurrente Nombre04) es apoderada generalísima. Indica que nunca se constituyó por escrito la servidumbre de aguas pluviales, lo cual le permitió a la señora Nombre01 cerrar el paso de las aguas y construir una tapia para que no se metiera el agua a su propiedad, y debido a ello, la enorme cantidad de agua que proviene de la Dirección02, cada vez que llueve, inunda ahora su casa y la de los vecinos. Narra que un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias realizó una inspección y efectuó varias recomendaciones a la municipalidad recurrida para solucionar el problema; sin embargo, acusa que ninguna fue acatada. Añade que el 23 de marzo del año en curso planteó también una denuncia ante CONAVI y otro correo a la municipalidad para solicitar la respectiva intervención; empero, no obtuvo respuesta. Enfatiza que, a la fecha de interposición del presente recurso, ninguna de las autoridades recurridas le brinda solución a la problemática que enfrenta.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que la propiedad de la accionante Nombre01 no tiene salida a calle pública y se encuentra a 60 metros al este de la ruta nacional nro. 249, fuera del derecho de vía. Contiguo a la propiedad de la recurrente Nombre01 pasa una servidumbre agrícola que sirve para dar paso a las aguas pluviales que provienen de una propiedad que se ubica en la parte norte, para que discurran en la parte sur de la finca de la recurrente. Dicha servidumbre no forma parte del derecho de vía. En el informe nro. DRHA-02-2024-0268 de 17 de julio de 2024 de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de CONAVI, se consignó: “(…) existe un paso de alcantarilla donde una parte descarga sobre una propiedad privada ajena a la de la Sra. Nombre01 y que colindante con la Ruta Nacional No.249, la misma es una servidumbre de agua que ha existido desde los orígenes de la construcción del sistema pluvial (…) lo que sí es evidente es que la Ruta Nacional No. 249 tiene una salida de aguas existente hacia una servidumbre de aguas en la que desagua el sistema pluvial producto de la escorrentía superficial y que la misma existe actualmente y pasa por el lote colindante con la ruta 249 en el Dirección04 a una distancia de 44 metros norte y aproximadamente 105 metros este, de la propiedad privada que colinda al sur con la propiedad privada de la Sra., Nombre01.”. Las autoridades del CONAVI aducen que la obstrucción del paso de las aguas ocurre en propiedad privada, fuera del derecho de vía y frente a servidumbre, evento generado por terceros al realizar una obra (tapia) en propiedad privada que interrumpe el paso del agua. Mediante el informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-0729-2023 de octubre de 2023, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias realizó una “valoración de riesgo por inundación en La Colonia de Pococí”, a través del cual concluyó: “Conclusiones. A. La cercanía a la zona de inundación del río San Rafael; sumado al mal manejo de las aguas pluviales, está provocando los anegamientos de este sector. B. De no intervenir las obras de drenaje y tomar las medidas de mitigación los anegamientos seguirán afectando a estos vecinos durante las épocas lluviosas. VI. Recomendaciones. A. Se debe mejorar el sistema de drenaje en esta servidumbre limpiando las alcantarillas obstruidas y aumentando la capacidad hidráulica con tubería de mayor diámetro y lagunas de retención. B. Se debe dar parte a la Municipalidad de Pococí para que colabore con los vecinos en la ejecución de las obras y también variar la posibilidad de intervenir el río San Rafael con dragados periódicos antes de la época lluviosa. C. Para intervenir cauces de dominio público se debe contar con permiso de la dirección de aguas del MINAE; por lo que se debe dar parte a esta institución de la urgencia de las acciones para que faciliten cualquier trámite. D. Por otra parte, la Municipalidad de Pococí debe actuar según su competencia con respecto a las obras sin permisos que estén obstruyendo el paso del agua incrementando los anegamientos.”. Por medio del oficio nro. DRHA-02-2024-0182 de fecha 24 de mayo del 2024, dirigido a la recurrente Nombre04, la Región Huetar Atlántica de la Gerencia de Conservación Vial del CONAVI indicó: “…se procedió a realizar la visita de inspección con respecto al caso que nos ocupa, el día 24 de abril del presente año, a fin de corroborar la situación, de lo cual se evidencia en el informe N° IRSSA 172-2023, (adjunto) que el caso en mención corresponde a una situación presentada en una servidumbre de La Colonia de Pococí, fuera del derecho de vía, por lo que dicho caso queda fuera de los alcáncenles establecidos por ley de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI…”. El CONAVI sostiene que: “la situación ocurrida, queda fuera de los alcances legales del CONAVI puesto que el mismo corresponde a una obra fuera del derecho de vía de la Dirección05, según lo visto en campo, la situación ocurre debido a una construcción privada que afecta el libre escurrimiento de las aguas, realizada posterior a la construcción de la carretera y el sistema de drenaje. Las obras de construcción en previos privados, deber ser legislado por la Municipalidad local, la cual debe velar por las buenas prácticas constructivas y aprobar permisos de construcción para este tipo de casos, velando por todos los pormenores del mismo, el CONAVI no tiene participación ni da vistos buenos, o permisos de construcción en previos privados, como lo es en este caso y por tanto no puede asumir responsabilidad, ni destinar fondos públicos en obras en propiedad privada (…)”. La Municipalidad de Pococí sostiene que: “estamos ante un conflicto vecinal (privado), y siendo que este terreno no colinda frente a calle pública, sino que su salida es a través de una SERVIDUMBRE de paso, al sur, la cual sale a la Dirección02, consideramos que es el CONAVI quien debe de realizar un trabajo de mantenimiento preventivo y proceder a cambiar la tubería o alcantarillado que colocaron hace ms de treinta años en ese sector. Pues la realidad del camino, de la comunidad, del caudal del agua y sus pobladores ha cambiado. Es en esa RUTA NACIONAL donde se originaron los problemas de desfogue de agua; esta carretera, se encuentra debidamente asfaltada (por CONAVI), con sus respectivas cunetas y alcantarillado.”.\n\nSobre el particular, interesa advertir que en el expediente nro. 24-019296-0007-CO, esta Sala conoció un recurso de amparo formulado por otra vecina de las accionantes del sub iudice, también por el problema de inundaciones que ocurren en la zona. Así, en la sentencia nro. 2024029767 de las 9:15 horas de 11 de octubre de 2024, esta Cámara resolvió:\n\n“I.- OBJETO DEL RECURSO. La accionante expone que habita en las inmediaciones de la Dirección01, la cual se encuentra colapsada en cuanto a su infraestructura, debido al taponamiento del alcantarillado que atraviesa la propiedad del señor Nombre05, donde habita la señora Nombre01. Acusa que esa obstrucción fue realizada por dichas personas, con palos, escombros y la implementación de maquinaria pesada, en la zona donde se encontraban las cajas de registro de las aguas y provoca problemas de inundaciones en sus viviendas ocasionados por la obstaculización del paso normal de las aguas que discurren por la calle. Reclama que las autoridades recurridas no quieren dar una solución al problema, y las denuncias planteadas en julio de presente año, no han sido atendidas. Piden la intervención de la Sala (…)\n\nIII.- Precedente. En relación con el mismo asunto que aquí se plantea, esta Sala, por resolución 2022028682 de las 9:30 horas del 2 de diciembre de 2022, resolvió el reclamo planteado contra la Municipalidad de Pococí aquí recurrida, por la desviación de aguas de lluvia hacia propiedades vecinas por falta de alcantarillado y el desagüe de aguas residuales en la misma zona que describe la recurrente. Esta Sala dispuso:\n\n“VI.- Caso concreto. De conformidad con los informes bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción, se comprueba que la recurrente habita una vivienda ubicada en La Colonia de Pococí de Guápiles. En el lugar no existe alcantarillado pluvial de manera que las aguas discurren formando una zanja que atraviesa varias propiedades entre ellas la de la recurrente que se encuentra en un fundo inferior. En el año 2020, la recurrente denunció ante el Ministerio de Salud la ausencia de alcantarillado pluvial y que los vecinos del lugar aprovechan la corriente para verter aguas residuales. El 20 de agosto del 2022, denunció ante la Municipalidad de Pococí que varias casas de habitación vertían aguas residuales en la corriente de aguas pluviales. El 28 de enero del 2021, el Área Rectora de Salud de Pococí, tras verificar la ausencia de alcantarillado, puso en conocimiento de la Municipalidad de Pococí lo denunciado. El 23 de mayo del 2022, la recurrente de nuevo expuso la situación ante la Municipalidad de Pococí. En el año 2022, sin precisar fecha, la Municipalidad de Pococí respondió al Área Rectora de Salud de Pococí que el problema de aguas pluviales debe solucionarse en conjunto con el CONAVI. Además, la Municipalidad es del criterio que el problema se origina por problemas vecinales y acciones de la propia recurrente. El Área Rectora de Salud de Pococí no ha dictado ninguna orden sanitaria, pese a que ha verificado un problema de aguas residuales con olores repulsivos y arrastre de desechos. Si bien las aguas discurren por el terreno donde vive la recurrente no le ha causado daño a la casa de habitación. Por otra parte, no consta que el Área Rectora de Salud de Pococí y la Municipalidad de Pococí hubieran notificado a la recurrente el resultado de la denuncia interpuesta. VII.- De lo expuesto se deben distinguir varios aspectos. En primer término, la falta de alcantarillado pluvial. Por otra parte, el desagüe de aguas residuales. En tercer lugar, el eventual conflicto vecinal tanto por las acciones de los vecinos como de la propia recurrente. Finalmente, la omisión de las autoridades recurridas en responder a la recurrente. VIII.- En cuanto al eventual conflicto vecinal no le corresponde a esta Sala pronunciarse. Es un aspecto que se debe conocer en la vía ordinarias. No es competencia de un Tribunal Constitucional, sino del juez ordinario, conocer sobre las eventuales responsabilidades extracontractuales. IX.- En cuanto al alcantarillado pluvial, se debe aclarar lo siguiente: a esta Sala no le corresponde intervenir directamente en lo que a la gestión de obra pública se refiere. No le corresponde tomar el lugar del ente municipal y planificar el desarrollo de la infraestructura local. Ahora bien, esta Sala interviene en la medida en que la ausencia de infraestructura genere un problema de salud o bien de contaminación ambiental. En este caso, no se ha demostrado que las aguas pluviales sean las que generan tales problemas. El problema de contaminación proviene de las aguas residuales. Eventualmente podría resultar que la construcción de alcantarillado elimine la posibilidad de verter aguas residuales en la corriente de agua pluvial, pero el alcantarillado pluvial no tiene como fin recoger aguas residuales y la falta de este no autoriza el desagüe de aguas residuales en la corriente de agua pluvial. Aunado a ello se debe advertir que la misma recurrente reconoce en el escrito de réplica que la corriente de agua si bien afecta el terreno no así la casa de habitación. No es aquí donde se debe determinar si, por tratarse de aguas pluviales, el fundo inferior debe o no soportar. Se debe agregar también que en este caso existe contención no solo sobre la infraestructura que exactamente se requiere sino también de los entes encargados de realizarla. Finamente, la municipalidad bien apunta que no cabe construir obras de infraestructura pública en propiedad privada e, incluso, alega que parte de problema se origina en acciones tomadas por la misma recurrente. La misma Municipalidad considera que se realizó una construcción sin permiso, todo lo cual no puede conocerse en la vía del amparo. En suma, no procede ordenar aquí la construcción del alcantarillado ni la indemnización que pretende la amparada. En cuanto a este punto, el recurso debe desestimarse. X.- Por el contrario, el Área Rectora de Salud de Pococí reconoce que discurren aguas residuales, pero no ha dictado ninguna orden sanitaria al respecto. Es muy claro que no le corresponde a esta Sala dictarlas directamente, pero sí conocer la omisión del ente encargado. Es cierto, que el Área Rectora de Salud de Pococí remitió la denuncia interpuesta en el año 2020 a la Municipalidad de Pococí, con el fin de que esta la conociera. Sin embargo, la responsabilidad del Ministerio de Salud no se limita simplemente al traslado de una denuncia, sino a conocer lo planteado y, en lo atinente a sus competencias, dictar las órdenes pertinentes contra quien, según se determine, genere el problema de contaminación. Debido a la omisión del Ministerio de Salud, se debe acoger el recurso en su contra con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva. Se debe advertir también que no le corresponde a esta Sala revisar la pertinencia técnica de lo que eventualmente dicte el Ministerio de Salud. XI.- Finalmente, en lo que a la falta de respuesta se refiere, se trata de una cuestión que sí conoce este Tribunal, pues como se explicó al inicio, se trata de una denuncia sobre contaminación y, además, relacionada con un posible impacto en la salud. Sobre este punto, no consta que Municipalidad y el Área Rectora de Salud de Pococí hubieran contestado. Si bien el Ministerio de Salud hace referencia al carácter confidencial de la denuncia, esta no es anónima. Ambas instituciones tienen el deber de dar una respuesta aunque no le concedan a la recurrente lo que pide. Es decir, si las autoridades consideran que la denuncia es improcedente, así deben indicárselo al denunciante. No consta que lo hubiera hecho. En consecuencia, sobre este punto también debe estimarse el recurso. (…).\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por la falta de respuesta a las denuncias y la falta de intervención del Ministerio de Salud. En consecuencia, se le ordena a Karen Mayorga Quirós, Directora del Área Rectora de Salud de Pococí, o quien ocupe ese cargo, que realice las gestiones necesarias para que, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, se verifique la contaminación por aguas residuales y se emitan las órdenes sanitarias pertinentes. De igual forma, se le ordena a Karen Mayorga Quirós, Directora del Área Rectora de Salud de Pococí, o quien ocupe ese cargo, y a Manuel Hernández Rivera, Alcalde Municipal de Pococí, o a quien ocupe ese cargo, que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde a la recurrente una respuesta a las denuncias interpuestas respectivamente en esa Área de Salud y en la Municipalidad. (…)”.\n\nEl precedente de cita es plenamente aplicable al caso particular, pues en el mismo sentido indicado en ese asunto, tanto en el informe dado a la Sala por el Alcalde Municipal de Pococí como por el Director Ejecutivo a.i del Consejo Nacional de Vialidad, se desprende que la situación de obstrucción del paso de las aguas, frente a servidumbre de paso, en el área descrita por la parte recurrente, mantiene la contención sobre el ente encargado de dar la solución al problema. Para el CONAVI, al ser una obra en propiedad privada, sobre una servidumbre y fuera del derecho de vía, le corresponde a la Municipalidad local atender la situación descrita por la recurrente. Para la Municipalidad de Pococí, el terreno en cuestión, como no colinda frente a calle pública, sino que su salida es a través de una servidumbre de paso, al sur, la cual sale a la Dirección02, es el CONAVI quien debe de realizar un trabajo de mantenimiento preventivo y proceder a cambiar la tubería o alcantarillado que colocaron los vecinos de la localidad, hace más de treinta años en ese sector. Así las cosas, al igual que se resolvió por la sentencia N°2022-28682 de las 9:30 horas del 2 de diciembre de 2022, esta Sala reitera que no puede conocerse en la vía del amparo la discrepancia de competencia entre la Municipalidad y el MOPT sobre cuál debe dar una solución al problema de taponamiento del alcantarillado que atraviesa la propiedad donde reside la señora Nombre01; que en lo que coinciden las autoridades informantes, es que se origina en un conflicto vecinal, en propiedad privada.\n\nEn suma, si bien el presente recurso debe desestimarse sobre los aspectos nuevamente planteados en esta vía de amparo, pues, no corresponde a esta Sala resolver el problema de competencia que se evidencia en este caso entre el CONAVI y la Municipalidad de Pococí, también es cierto que la situación de obstrucción del paso de las aguas, frente a servidumbre de paso, en el área descrita por la parte recurrente se mantiene sin solución sin que el Estado haya dado respuesta efectiva a los administrados. Ello por cuanto la Municipalidad de Pococí y el CONAVI, en sus respectivos informes, se atribuyen de manera recíproca la responsabilidad sobre la omisión denunciada, sin definir ninguna solución, lo que afecta los derechos fundamentales de los tutelados. Esta falta de coordinación y definición de las autoridades es ajena a los recurrentes, por lo que no tendrían que sufrir esa falta de armonización entre los órganos recurridos. Así las cosas, procede acoger parcialmente con lugar el recurso, para que las autoridades recurridas definan en el marco de sus competencias, las acciones que se deben tomar para dar una solución definitiva al problema de alcantarillado, en el plazo que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia (…)\n\nPor tanto:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Cristhian Arroyo Gamboa, en su condición de Director Ejecutivo a.i del Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a Manuel Hernández Rivera, en su condición de alcalde municipal del cantón de Pococí o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario y den las órdenes que correspondan para que, en forma conjunta y según el marco de sus competencias, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, den una solución al problema de desbordamiento de aguas que se presenta en las inmediaciones de la Dirección01, debido al taponamiento del alcantarillado en el sector denunciado por la parte recurrente. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Pococí al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.”.\n\n \n\nDe tal manera, en la sentencia citada ut supra, esta Sala se pronunció sobre la problemática de las inundaciones que acusan las recurrentes. Véase incluso que el pronunciamiento transcrito se hace alusión a la recurrente Nombre01 y al “taponamiento del alcantarillado” que afecta también a su propiedad y a la zona en general. Asimismo, adviertan las accionantes que en la referida sentencia se ordenó a las autoridades del CONAVI y de la municipalidad accionada “que coordinen lo necesario y den las órdenes que correspondan para que, en forma conjunta y según el marco de sus competencias, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, den una solución al problema de desbordamiento de aguas que se presenta en las inmediaciones de la Dirección01, debido al taponamiento del alcantarillado en el sector denunciado”, plazo que se encuentra plenamente vigente.\n\nEn consecuencia, deberán las accionantes estarse a lo resuelto en la sentencia nro. 2024029767 de las 9:15 horas de 11 de octubre de 2024.\n\nIV.- Finalmente, en cuanto al Ministerio de Salud, del escrito de interposición y pretensiones formuladas por las recurrentes no se desprende que le hubiesen atribuido de manera clara directa alguna acción u omisión a la referida autoridad, de manera que a priori se descarta la necesidad de intervención de la Sala en cuanto a este extremo, y, por ende, de desestima el recurso en lo que a este punto atañe (…)\n\nPor tanto:\n\n \n\n \n\nEn cuanto al Consejo Nacional de Vialidad y la Municipalidad de Pococí, estese a lo resuelto en la sentencia nro. 2024029767 de las 9:15 horas de 11 de octubre de 2024. En cuanto al Ministerio de Salud se declara sin lugar el recurso.”.\n\nII.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En la especie, la recurrente acusa el incumplimiento a la sentencia nro. 2024029767 de las 9:15 horas de 11 de octubre de 2024.\n\nNo obstante, dicho pronunciamiento fue dictado en el expediente nro. 24-019296-0007-CO, y no en la sumaria de marras. En ese tanto, véase que lo dispuesto por esta Sala en la sentencia de fondo del sub lite fue: “En cuanto al Consejo Nacional de Vialidad y la Municipalidad de Pococí, estese a lo resuelto en la sentencia nro. 2024029767 de las 9:15 horas de 11 de octubre de 2024. En cuanto al Ministerio de Salud se declara sin lugar el recurso.”.\n\nDe tal manera, visto que en el sub iudice no se emitió ninguna orden, sino que se dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia nro. 2024029767 de las 9:15 horas de 11 de octubre de 2024, no resulta procedente la gestión formulada por la recurrente en este expediente en particular. Así, si la tutelada considera que no se ha cumplido con la sentencia referida, dictada en la sumaria nro. 24-019296-0007-CO, lo correspondiente es que formule los alegatos que considere en ese otro expediente.\n\nErgo, se declara no ha lugar la gestión incoada.\n\nIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.\n\n \n\nPor tanto:\n\n \n\n \n\n Se declara no ha lugar la gestión formulada.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAracelly Pacheco S.\n\n\n\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRosibel Jara V.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n U3GNNTB7WPS61\n\nEXPEDIENTE N° 24-018619-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección06, Dirección07, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:06:31.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Subsequent motion filed by Nombre01, in case file no. 24-018619-0007-CO.\n\nWhereas:\n\n1.- By a brief incorporated into the case file on April 28, 2025, the petitioner states: \"That by judgment No. 2024029767 of 9:15 a.m. on October 11, 2024, and No. 2024023974 of 9:20 a.m. on August 23, 2024, your authority resolved the following: Therefore: The appeal is partially granted. It is ordered that Cristhian Arroyo Gamboa, in his capacity as Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, and Manuel Hernández Rivera, in his capacity as Municipal Mayor of the canton of Pococí, or whoever occupies those positions, coordinate whatever is necessary and issue the corresponding orders so that, jointly and according to the framework of their competencies, within a period of six months counted from the notification of this judgment, they provide a solution to the problem of water overflow occurring in the vicinity of Dirección01, due to the clogging of the sewer system in the sector reported by the appealing party. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Pococí are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the sentence of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado files a note. Magistrate Garro Vargas issues a dissenting vote regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the execution procedures for this ruling. Notify.\". Nombre02: To date, the problem persists. This affects the transport of children to their educational centers and of the people who inhabit this neighborhood, because light vehicles get stuck, so that to transit one must walk, amidst blackwater and hazardous waste. Additionally, with the rains, the easement (servidumbre) and the land, and even the house and furniture have deteriorated; it is, in short, impassable. To date, there is no adequate evacuation of the waters; they fill the entire easement (servidumbre), then overflow toward the dwelling house, damaging electrical appliances and furniture and contaminating the dwelling house and crops, also endangering the health of the people who live here, especially since they are children with asthma problems and a 90-year-old elderly adult. Although maintenance work has been carried out on the San Rafael River, for other reasons not precisely as a result of the Chamber's resolution, it is insufficient or rather inoperative because the waters are not channeled toward the river, but toward the dwelling houses. Dredging the river and building a dike worsened the problem since the waters were left without any outlet, so they completely fill the easement (servidumbre) and subsequently overflow toward the dwelling house. (See anexo 1) In this regard, from the reports rendered by CONAVI officials in charge of road maintenance for Dirección02 and by the Municipality in this proceeding, they have made it cumbersome, bureaucratic, and ineffective. It should be mentioned that from the center of COLONIA to the ash pit that discharges water onto private properties, and specifically onto the property, registered under real folio number , there are public streets that would carry water to the San Rafael River, and also small streams, and further ahead there are also public streets and, in addition, Dirección03 joins the San Rafael River, where waters could be discharged without crossing private properties; it is not true that there are no alternatives. (see anexo 2) THIRD: I have never clogged any sewer; it is a failure because it is an action without any study. Rather, as CONAVI mentions, the neighbor, wanting to remove the problem acquired or caused by CONAVI and the Municipality by discharging water onto his property, and which he accepted, piped the waters from the route toward my house, as I mentioned in the filed appeal. Nor have I blocked any outlet, much less built on any \"water easement (servidumbre de aguas),\" since no water easement (servidumbre de aguas) exists here. Instead, as stated by Mr. Nombre03 in the second point 3 of the document presented on February 21, 2025: An inspection was carried out downstream of the possible outlets, showing that, if continuing along the existing gutter, it was observed that these gutters discharge into a box where the owner of a private property filled in and placed a pipe within his property, discharging into the neighbor's house that is below the level of the pavement of Dirección02, so it is not possible to use this existing outlet. That house where the neighbor discharged the waters is the house I inhabit, to which, without being under the ley de caminos, all the waters of a community were diverted. Therefore, although it is true that I had to build a wall to prevent the water from flooding my house every time it rains, this is not sufficient. I have had to evacuate during the rainy season, take my children out at midnight amidst waste, blackwater, and debris (...)\". She requests that compliance with the referred judgment be ordered.\n\n2.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Pacheco Salazar; and,\n\nConsidering:\n\nI.- In judgment no. 2024030642 of 9:20 a.m. on October 18, 2024, it was ordered:\n\n\"III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the case sub lite, the petitioner Nombre01 states that her property and those of the other neighbors flood every time it rains, not only with stormwater but also with sewage (aguas servidas). She claims that this situation has turned a part of the property into a waterlogged terrain, with no exit to a public street, with dangerous implications for human health. She explains that the property, registered under real folio number , does not bear a water easement (servidumbre de aguas), nor does any property in the neighborhood, but the owner of an adjoining property to the south voluntarily signed a provisional permit many years ago for CONAVI to divert its waters while the street was being paved. She explains that houses were built over the path of the sewer that discharges all its waters toward her property, justifying that they are channels through which public waters are discharged, causing all the community's contamination to end up in her backyard. She states that the sewers on the public street have also collapsed, and they intend to change them for larger ones, but without providing an outlet for those waters and without establishing an easement (servidumbre). She points out that for more than 5 years and 6 months, the pipes have been blocked by the amount of waste. She claims that the respondents have done nothing to solve the problem. She requests that COSEVI be ordered to completely eliminate the waters and waste from the property and neighboring properties, to repair the material damage caused, and, if complete elimination is not possible, to carry out a topographic and environmental impact study, as well as the design and construction of the sewer system. For her part, the petitioner Nombre04 states that she is a neighbor of the petitioner Nombre01. She argues that the latter blocked the passage of stormwater coming from Dirección03, which for more than 30 years had passed through the property for which she (the petitioner Nombre04) holds general power of attorney. She indicates that the stormwater easement (servidumbre de aguas pluviales) was never constituted in writing, which allowed Ms. Nombre01 to block the water passage and build a wall to prevent water from entering her property, and because of this, the enormous amount of water coming from Dirección02, every time it rains, now floods her house and those of the neighbors. She recounts that a geologist from the Comisión Nacional de Emergencias carried out an inspection and made several recommendations to the respondent municipality to solve the problem; however, she claims that none were followed. She adds that on March 23 of the current year she also filed a complaint before CONAVI and another email to the municipality to request the respective intervention; however, she obtained no response. She emphasizes that, as of the date of filing this appeal, none of the respondent authorities have provided a solution to the problem she faces.\n\nFrom the study of the case records, it has been proven that the property of the petitioner Nombre01 has no exit to a public street and is located 60 meters east of Ruta Nacional No. 249, outside the right-of-way. Adjacent to the property of the petitioner Nombre01, there is an agricultural easement (servidumbre agrícola) that serves to allow the passage of stormwater coming from a property located to the north, so that it flows to the southern part of the petitioner's property. Said easement (servidumbre) is not part of the right-of-way. In report no. DRHA-02-2024-0268 of July 17, 2024, from the Gerencia de Conservación de Vías y Puentes of CONAVI, it was recorded: \"(...) there is a culvert crossing where one part discharges onto a private property other than that of Ms. Nombre01 and which is adjacent to Ruta Nacional No. 249; the same is a water easement (servidumbre de agua) that has existed since the origins of the construction of the pluvial system (...) what is evident is that Ruta Nacional No. 249 has an existing water outlet into a water easement (servidumbre de aguas) into which the pluvial system drains, as a product of surface runoff, and that it currently exists and passes through the lot adjacent to route 249 at Dirección04 at a distance of 44 meters north and approximately 105 meters east of the private property bordering to the south with the private property of Ms. Nombre01.\" The CONAVI authorities argue that the obstruction of the water passage occurs on private property, outside the right-of-way and in front of an easement (servidumbre), an event caused by third parties when carrying out a work (wall) on private property that interrupts the water passage. By means of technical report no. CNE-UIAR-INF-0729-2023 of October 2023, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias carried out a \"flood risk assessment in La Colonia de Pococí,\" through which it concluded: \"Conclusions. A. The proximity to the flood zone of the San Rafael River, added to the poor management of stormwater, is causing the floods in this sector. B. If the drainage works are not intervened and mitigation measures are taken, the floods will continue to affect these neighbors during the rainy seasons. VI. Recommendations. A. The drainage system in this easement (servidumbre) must be improved by cleaning the clogged sewers and increasing the hydraulic capacity with larger diameter pipes and retention ponds. B. The Municipalidad de Pococí must be notified so that it collaborates with the neighbors in the execution of the works and also explores the possibility of intervening the San Rafael River with periodic dredging before the rainy season. C. To intervene in public domain watercourses, permission from the dirección de aguas of MINAE must be obtained; therefore, this institution must be notified of the urgency of the actions so that it facilitates any procedure. D. On the other hand, the Municipalidad de Pococí must act according to its competence with respect to works without permits that are obstructing the water passage, increasing the floods.\" By means of official letter no. DRHA-02-2024-0182 dated May 24, 2024, addressed to the petitioner Nombre04, the Región Huetar Atlántica of the Gerencia de Conservación Vial of CONAVI indicated: \"... an inspection visit was conducted regarding the case at hand, on April 24 of this year, in order to corroborate the situation, from which it is evident in report No. IRSSA 172-2023 (attached) that the case in question corresponds to a situation presented in an easement (servidumbre) in La Colonia de Pococí, outside the right-of-way, so said case falls outside the scope established by law for the Gerencia de Conservación de Vías y Puentes of CONAVI...\". CONAVI maintains that: \"the situation that occurred is outside the legal scope of CONAVI since it corresponds to a work outside the right-of-way of Dirección05; according to what was seen in the field, the situation occurs due to a private construction that affects the free flow of water, carried out after the construction of the road and the drainage system. Construction works on private premises must be regulated by the local Municipality, which must ensure good construction practices and approve construction permits for these types of cases, overseeing all details thereof. CONAVI has no participation in, nor does it approve, or grant construction permits for private premises, as is the case here, and therefore cannot assume responsibility or allocate public funds for works on private property (...)\". The Municipalidad de Pococí maintains that: \"we are facing a neighborhood conflict (private), and since this land does not border a public street, but its exit is through a SERVIDUMBRE de paso, to the south, which leads to Dirección02, we consider that it is CONAVI that must carry out preventive maintenance work and proceed to change the pipe or sewer that they installed more than thirty years ago in that sector. For the reality of the road, the community, the water flow, and its inhabitants has changed. It is on that RUTA NACIONAL where the water outlet problems originated; this road is duly paved (by CONAVI), with its respective gutters and sewer system.\".\n\nOn this matter, it is pertinent to note that in case file no. 24-019296-0007-CO, this Chamber heard an amparo appeal filed by another neighbor of the petitioners in the sub iudice case, also regarding the flooding problem occurring in the area. Thus, in judgment no. 2024029767 of 9:15 a.m. on October 11, 2024, this Chamber resolved:\n\n\"I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner states that she lives in the vicinity of Dirección01, which has collapsed regarding its infrastructure, due to the clogging of the sewer that crosses the property of Mr. Nombre05, where Ms. Nombre01 resides. She claims that this obstruction was carried out by these individuals, using sticks, debris, and the implementation of heavy machinery, in the area where the water record boxes were located, and it causes flooding problems in their homes due to the obstruction of the normal flow of water that runs along the street. She complains that the respondent authorities do not want to provide a solution to the problem, and the complaints filed in July of this year have not been addressed. They request the intervention of the Chamber (...).\n\nIII.- Precedent. In relation to the same matter raised here, this Chamber, by resolution 2022028682 of 9:30 a.m. on December 2, 2022, resolved the claim filed against the Municipalidad de Pococí, respondent here, for the diversion of rainwater towards neighboring properties due to lack of a sewer system and the discharge of residual waters in the same area described by the petitioner. This Chamber ordered:\n\n\"VI.- Specific case. In accordance with the reports given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, it is verified that the petitioner inhabits a dwelling located in La Colonia de Pococí de Guápiles. At the site, there is no stormwater sewer system, so the waters run forming a ditch that crosses several properties, including that of the petitioner, which is on a lower estate. In 2020, the petitioner reported to the Ministerio de Salud the absence of a stormwater sewer system and that the neighbors in the area use the current to dump residual waters. On August 20, 2022, she reported to the Municipalidad de Pococí that several dwelling houses were dumping residual waters into the stormwater current. On January 28, 2021, the Área Rectora de Salud de Pococí, after verifying the absence of a sewer system, made the Municipalidad de Pococí aware of the complaint. On May 23, 2022, the petitioner again presented the situation to the Municipalidad de Pococí. In 2022, without specifying a date, the Municipalidad de Pococí responded to the Área Rectora de Salud de Pococí that the stormwater problem must be solved jointly with CONAVI. Furthermore, the Municipality is of the opinion that the problem originates from neighborhood conflicts and actions of the petitioner herself. The Área Rectora de Salud de Pococí has not issued any sanitary order, despite having verified a residual water problem with repulsive odors and waste dragging. Although the waters run through the land where the petitioner lives, they have not caused damage to the dwelling house. On the other hand, there is no record that the Área Rectora de Salud de Pococí and the Municipalidad de Pococí had notified the petitioner of the result of the filed complaint. VII.- From the foregoing, several aspects must be distinguished. Firstly, the lack of a stormwater sewer system. Secondly, the discharge of residual waters. Thirdly, the potential neighborhood conflict, both due to the actions of the neighbors and those of the petitioner herself. Finally, the omission of the respondent authorities in responding to the petitioner. VIII.- Regarding the potential neighborhood conflict, it is not for this Chamber to rule. It is an aspect that must be heard in the ordinary jurisdiction. It is not the competence of a Constitutional Court, but of the ordinary judge, to hear about potential extracontractual liabilities. IX.- Regarding the stormwater sewer system, the following must be clarified: this Chamber is not required to intervene directly in matters relating to public works management. It is not its role to take the place of the municipal entity and plan the development of local infrastructure. However, this Chamber intervenes to the extent that the absence of infrastructure generates a health problem or environmental contamination. In this case, it has not been demonstrated that the stormwater is what generates such problems. The contamination problem comes from the residual waters. Although it could eventually be that the construction of a sewer system eliminates the possibility of dumping residual waters into the stormwater current, the stormwater sewer system is not intended to collect residual waters, and the lack thereof does not authorize the discharge of residual waters into the stormwater current. In addition, it must be noted that the petitioner herself acknowledges in her reply brief that the water current, while affecting the land, does not affect the dwelling house. It is not here that it must be determined whether, as it is stormwater, the lower estate must bear it or not. It should also be added that in this case, there is contention not only about exactly what infrastructure is required but also about the entities responsible for carrying it out. Finally, the municipality rightly points out that public infrastructure works should not be built on private property and, indeed, alleges that part of the problem originates from actions taken by the petitioner herself. The same Municipality considers that construction was carried out without a permit, all of which cannot be heard in this amparo proceeding. In sum, it is not appropriate to order the construction of the sewer system or the compensation sought by the protected party. On this point, the appeal must be dismissed. X.- On the contrary, the Área Rectora de Salud de Pococí acknowledges that residual waters flow, but it has not issued any sanitary order in this regard. It is very clear that it is not for this Chamber to issue them directly, but it can hear the omission of the responsible entity. It is true that the Área Rectora de Salud de Pococí forwarded the complaint filed in 2020 to the Municipalidad de Pococí, so that the latter could hear it. However, the responsibility of the Ministerio de Salud is not simply limited to forwarding a complaint, but to hearing what was filed and, in matters within its competence, issuing the pertinent orders against whoever, as determined, generates the contamination problem. Due to the omission of the Ministerio de Salud, the appeal must be granted against it, with the consequences indicated in the operative part. It must also be noted that this Chamber is not required to review the technical pertinence of what the Ministerio de Salud may eventually order. XI.- Finally, regarding the lack of response, this is a matter that this Court does hear, since, as explained at the outset, it is a complaint about contamination and, moreover, related to a possible impact on health. On this point, there is no record that the Municipalidad and the Área Rectora de Salud de Pococí had responded. Although the Ministerio de Salud refers to the confidential nature of the complaint, it is not anonymous. Both institutions have the duty to provide a response, even if they do not grant the petitioner what she requests. That is, if the authorities consider the complaint to be inadmissible, they must indicate so to the complainant. There is no record that they did so. Consequently, on this point, the appeal must also be granted. (...).\n\nTHEREFORE:\nThe appeal is partially granted solely for the lack of response to the complaints and the lack of intervention by the Ministerio de Salud. Consequently, it is ordered that Karen Mayorga Quirós, Director of the Área Rectora de Salud de Pococí, or whoever occupies that position, carry out the necessary steps so that, within a period of six months counted from the notification of this judgment, the contamination by residual waters is verified, and the pertinent sanitary orders are issued. Likewise, it is ordered that Karen Mayorga Quirós, Director of the Área Rectora de Salud de Pococí, or whoever occupies that position, and Manuel Hernández Rivera, Municipal Mayor of Pococí, or whoever occupies that position, provide the petitioner, within a period of five business days counted from the notification of this judgment, a response to the complaints filed, respectively, in that Área de Salud and in the Municipality. (...)\".\n\nThe cited precedent is fully applicable to the specific case, since, in the same sense indicated in that matter, both from the report given to the Chamber by the Municipal Mayor of Pococí and by the Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, it is clear that the situation of the obstruction of the water passage, in front of an access easement (servidumbre de paso), in the area described by the appealing party, maintains the contention over the entity responsible for providing the solution to the problem. For CONAVI, since it is a work on private property, over an easement (servidumbre) and outside the right-of-way, it is for the local Municipality to address the situation described by the petitioner. For the Municipalidad de Pococí, the land in question, since it does not border a public street, but its exit is through an access easement (servidumbre de paso), to the south, which leads to Dirección02, it is CONAVI that must carry out preventive maintenance work and proceed to change the pipe or sewer that the local neighbors installed more than thirty years ago in that sector. Thus, as was resolved by judgment No. 2022-28682 of 9:30 a.m. on December 2, 2022, this Chamber reiterates that the discrepancy of competence between the Municipality and the MOPT regarding which one must provide a solution to the problem of the clogging of the sewer that crosses the property where Ms. Nombre01 resides cannot be heard in this amparo proceeding; what the reporting authorities agree on is that it originates from a neighborhood conflict, on private property.\n\nIn summary, although this appeal must be dismissed on the aspects newly raised in this amparo proceeding, since it is not for this Chamber to resolve the competence problem evidenced in this case between CONAVI and the Municipalidad de Pococí, it is also true that the situation of the obstruction of the water passage, in front of an access easement (servidumbre de paso), in the area described by the appealing party, remains unsolved, without the State having provided an effective response to the administered parties. This is because the Municipalidad de Pococí and CONAVI, in their respective reports, mutually attribute responsibility for the reported omission, without defining any solution, which affects the fundamental rights of the protected parties. This lack of coordination and definition by the authorities is foreign to the appellants, so they should not have to suffer from this lack of harmonization between the respondent bodies. Thus, it is appropriate to partially grant the appeal, so that the respondent authorities define, within the framework of their competencies, the actions that must be taken to provide a definitive solution to the sewer problem, within the period indicated in the operative part of this judgment (...).\n\nTherefore:\nThe appeal is partially granted. It is ordered that Cristhian Arroyo Gamboa, in his capacity as Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, and Manuel Hernández Rivera, in his capacity as Municipal Mayor of the canton of Pococí, or whoever occupies those positions, coordinate whatever is necessary and issue the corresponding orders so that, jointly and according to the framework of their competencies, within a period of six months counted from the notification of this judgment, they provide a solution to the problem of water overflow occurring in the vicinity of Dirección01, due to the clogging of the sewer system in the sector reported by the appealing party. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Pococí are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the sentence of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado files a note. Magistrate Garro Vargas issues a dissenting vote regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the execution procedures for this ruling. Notify.\".\n\nThus, in the judgment cited ut supra, this Chamber ruled on the flooding problem reported by the petitioners. Note that the transcribed ruling refers to the petitioner Nombre01 and the \"clogging of the sewer system\" that also affects her property and the general area. Likewise, the petitioners should note that in the referenced judgment, the CONAVI authorities and the respondent municipality were ordered \"to coordinate whatever is necessary and issue the corresponding orders so that, jointly and according to the framework of their competencies, within a period of six months counted from the notification of this judgment, they provide a solution to the problem of water overflow occurring in the vicinity of Dirección01, due to the clogging of the sewer system in the reported sector,\" a period that is fully in effect.\n\nConsequently, the petitioners must abide by what was resolved in judgment no.\n\n2024029767 of 9:15 a.m. on October 11, 2024.\n\nIV.- Finally, regarding the Ministry of Health (Ministerio de Salud), from the filing brief and claims made by the appellants, it cannot be inferred that they clearly and directly attributed any specific action or omission to the aforementioned authority. Therefore, the need for intervention by this Chamber on this point is ruled out a priori, and, consequently, the appeal is dismissed with respect to this matter (…)\n\nTherefore (Por tanto):\n\n\n\nWith respect to the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad) and the Municipality of Pococí, the parties shall abide by what was decided in judgment no. 2024029767 of 9:15 a.m. on October 11, 2024. With respect to the Ministry of Health (Ministerio de Salud), the appeal is dismissed.”\n\nII.- REGARDING THE PETITION FILED. In the instant case, the appellant alleges non-compliance with judgment no. 2024029767 of 9:15 a.m. on October 11, 2024.\n\nHowever, that ruling was issued in case file no. 24-019296-0007-CO, and not in the summary proceeding at hand. In that regard, observe that what was ordered by this Chamber in the judgment on the merits of the case sub lite was: “With respect to the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad) and the Municipality of Pococí, the parties shall abide by what was decided in judgment no. 2024029767 of 9:15 a.m. on October 11, 2024. With respect to the Ministry of Health (Ministerio de Salud), the appeal is dismissed.”\n\nThus, given that no order was issued in the case sub iudice, but rather the parties were ordered to abide by what was decided in judgment no. 2024029767 of 9:15 a.m. on October 11, 2024, the petition filed by the appellant in this particular case file is not admissible. Therefore, if the protected party believes that the referenced judgment, issued in summary proceeding no. 24-019296-0007-CO, has not been complied with, the appropriate course of action is to present any arguments it deems pertinent in that other case file.\n\nErgo, the petition filed is dismissed.\n\nIII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that if any paper document has been submitted, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Plenary Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.\n\n\n\nTherefore (Por tanto):\n\n\n\nThe petition filed is dismissed.\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\nActing Presiding Judge (Presidente a.i.)\n\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\n\nAracelly Pacheco S.\n\n\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n\n\n\n\nRosibel Jara V.\n\n\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nU3GNNTB7WPS61\n\nCASE FILE N° 24-018619-0007-CO\n\n\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección06, Dirección07, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).\n\n\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:06:31.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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