{ "id": "nexus-sen-1-0007-1291021", "citation": "Res. 13587-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Retraso del Ministerio de Salud en resolver denuncia por botadero a cielo abierto", "title_en": "Ministry of Health’s delay in resolving illegal open‑air dump complaint", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud por la omisión en resolver una denuncia ambiental presentada en noviembre de 2024 sobre un botadero clandestino a cielo abierto en el antiguo Tajo Comag, Pavas. La recurrente alegó contaminación del suelo, agua, aire y paisaje, y que el Área Rectora de Salud de Pavas, tras asumir la competencia, elevó consultas a instancias superiores sin dar respuesta de fondo. La Sala verificó que, si bien el Ministerio realizó inspecciones, mesas interinstitucionales y coordinaciones con INCOFER, la Municipalidad de San José y otras entidades, no resolvió la denuncia ni notificó su decisión a la interesada. El tribunal recuerda que, aunque las denuncias no tienen un plazo legal expreso, la administración debe sustanciarlas sin dilaciones indebidas. Estima vulnerado el derecho a obtener una respuesta oportuna. Declara con lugar el recurso, ordena resolver la denuncia en dos meses y notificar lo resuelto, bajo apercibimiento de desobediencia, y condena al Estado al pago de costas.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action against the Ministry of Health for failing to resolve an environmental complaint filed in November 2024 regarding a clandestine open‑air dump at the former Comag quarry in Pavas. The complainant alleged contamination of soil, water, air, and landscape, and that the Pavas Health Area, after assuming jurisdiction, merely escalated the matter to higher levels without a substantive response. The Chamber found that while the Ministry conducted inspections, inter‑institutional meetings, and coordination with INCOFER, the Municipality of San José, and other entities, it neither decided the complaint nor notified the petitioner. The court reiterates that although complaints lack a statutory deadline, the administration must process them without undue delay. It finds a violation of the right to a timely response, grants the amparo, orders a decision within two months, warns of criminal liability for non‑compliance, and awards costs against the State.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "09/05/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "denuncia", "botadero a cielo abierto", "Área Rectora de Salud", "derecho de petición", "plazo razonable", "justicia pronta y cumplida" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 27", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 261", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 32", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "denuncia ambiental", "Ministerio de Salud", "botadero clandestino", "derecho de petición", "justicia pronta y cumplida", "contaminación", "Tajo Comag" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "environmental complaint", "Ministry of Health", "illegal dump", "right to petition", "prompt and complete justice", "pollution", "Comag quarry" ], "excerpt_es": "En la especie, se ha tenido por demostrado que la recurrente presentó su denuncia el 18 de noviembre de 2024. Sin embargo, aunque también se ha tenido por acreditado que el Ministerio de Salud sí ha emprendido acciones encaminadas a solucionar la problemática que le fue expuesta —que es de gran complejidad y requiere la intervención de otras instituciones—, no consta que haya resuelto la citada denuncia en cuanto a su fondo, ni tampoco que le haya notificado nada al respecto a la parte interesada. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar este recurso.\n\nSe declara CON LUGAR el recurso. Se le ordena a Ana Isabel Rodríguez Sánchez, en su calidad de directora del Área Rectora de Salud Pavas, y a Nelson Cordero Rodríguez, en su calidad de director regional de Rectoría de la Salud Central Sur, o a quienes ocupen sus cargos, adoptar las previsiones necesarias para que la denuncia interpuesta por la recurrente el 18 de noviembre de 2024 sea resuelta en el término improrrogable de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta resolución, y lo resuelto le sea notificado a la accionante dentro del mismo plazo.", "excerpt_en": "In the present case, it has been proven that the petitioner filed her complaint on November 18, 2024. However, although it has also been credited that the Ministry of Health has undertaken actions aimed at solving the problem —which is highly complex and requires the intervention of other institutions—, there is no evidence that it has resolved the complaint on its merits, nor that it has notified the interested party of any decision. Therefore, the proper course is to grant this amparo.\n\nThe amparo is GRANTED. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, in her capacity as director of the Pavas Health Area, and Nelson Cordero Rodríguez, in his capacity as regional director of the Central South Health Rectorate, or whoever holds their positions, are ordered to take the necessary measures so that the complaint filed by the petitioner on November 18, 2024, is resolved within a non‑extendable period of TWO MONTHS from notification of this ruling, and that the decision be notified to the complainant within the same period.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber ordered the Ministry of Health to resolve the environmental complaint within a maximum of two months and notify the decision to the petitioner, finding that the reasonable timeframe had been exceeded without a substantive response.", "summary_es": "La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Salud resolver la denuncia ambiental en un plazo máximo de dos meses y notificar lo resuelto a la recurrente, por haberse excedido el plazo razonable sin respuesta de fondo." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "In the case of complaints —which are nonetheless a form of petition— there is no established legal deadline, either specifically or by supplement or generic provision; therefore, in such situations it is necessary to assess whether the time taken by the administration to resolve a specific complaint is excessive or not, for the purpose of exercising the legitimate right to complain and to obtain a response from the administration…", "quote_es": "En el caso de las denuncias —que no dejan de ser una modalidad de petición— no existe plazo legal establecido, ni específicamente ni en forma supletoria o genérica, por lo que en estos supuestos se tiene que valorar, necesariamente, si el plazo tomado por la administración, para resolver una denuncia específica, resulta excesivo o no a los efectos del ejercicio del legítimo derecho de denunciar y de obtener una respuesta por parte del administrado…" }, { "context": "Por tanto", "quote_en": "The amparo is GRANTED. 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Nº 2025013587\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de mayo de dos mil veinticinco .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-006195-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE SALUD.-  \n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido a las 09:59 horas del 4 de marzo de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que en el mes de noviembre de 2024 planteó una denuncia ambiental ante el Área Rectora de Salud del Carmen, Merced, Uruca (ver autos). Sin embargo, allí se declararon incompetentes y trasladaron el caso al Área Rectora de Salud de Pavas del Ministerio de Salud, instancia que asumió su gestión. Alega, en este contexto, que su denuncia iba en la línea de la contaminación y efectos negativos al recurso suelo, al recurso hídrico, al clima y al paisaje agradable y, en este sentido, indica lo siguiente: “SEGUNDO: Propiamente la acción fue hecha por la existencia de un gran botadero de basura clandestino a cielo abierto, donde ingresan a diario cientos de toneladas de residuos sólidos, sin fiscalización alguna del ente rector que es el Ministerio de Salud. Los residuos son quemados, generando todo ello: malos olores, roedores, cucarachas, gases efecto invernadero (GEI), contaminación con lixiviados y efectos negativos al paisaje. Ustedes pueden apreciar en las fotografías el impacto visual, grandes columnas de humo y fuego. Todo esto ocurre en el margen del cauce del río Bribri, donde sus aguas se unen cuenca abajo con el Río Torres, y luego estas con las del Tiribí, que se unen al Río Virilla y ahí siguen cuenca abajo hasta el océano Pacífico. También, por lixiviados se puede estar generando contaminación al manto acuífero. Aporto fotografías para que se aprecie el sitio denunciado. TERCERO: Mediante el oficio del 25 de noviembre del 2024, No. MS-DRRSCS-DARS-P-0463-2024, o sea hace más de tres meses de presentada la denuncia, los recurridos del ÁREA RECTORA DE SALUD DE PAVAS, me señalaron lo siguiente: ‘En atención a la denuncia se procedió a elevarla a niveles superiores para que estos indiquen cómo proceder con el caso ya que se ven involucradas dos direcciones Regionales del Ministerio de Salud (Región Central Sur y Norte)”. Así las cosas, acusa que en el momento en que interpuso este recurso, su queja no había sido atendida y todo seguía igual, omisión que, a su juicio, vulnera sus derechos fundamentales. Tan así es, que afirma lo siguiente: “Conforme hemos visto al sitio ingresan residuos peligrosos en los camiones, tales como baterías de vehículos, residuos electrónicos y hasta podrían estar llegando residuos radioactivos, amén que los residuos orgánicos y otros tantos más, que hacen que estemos, en conjunto, ante un sitio contaminado sin lugar a dudas, pero hace falta el análisis de riesgo y la declaratoria que nuestro ordenamiento jurídico contemplan”. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. \n\n 2.- Informa bajo gravedad de juramento Ana Isabel Rodríguez Sánchez, en su calidad de directora del Área Rectora de Salud Pavas, lo siguiente: “... en seguimiento a denuncias que se han recibido sobre la problemática de contaminación por quema de residuos y humo, el día 28 de noviembre del 2023 se realizó visita al Tajo Comag, en donde se observó en la colindancia al lado sur alrededor de 07 montículos de escombros y materiales, así como emanaciones de humo de los dos últimos montículos. Se observó desde lo alto camiones arrojando materiales desde la línea férrea. Que el día 14 de mayo del 2024 se emitió oficio No MS-DRRSCS-DARS-P-0190-2024 solicitado la coordinación para una mesa de trabajo Interinstitucional por el problema de los camiones que invaden la línea férrea y Tajo Comag. El día 21 de junio de 2024 se efectuó la mesa de trabajo interinstitucional con los siguientes aspectos: Explicación del problema (contexto). Presentación de las alternativas por parte de las instituciones (Municipalidad de San José y Policía Municipal indican que se han llevado vehículos y camiones al tribunal de flagrancia). Indica el Sr. Guardia (Representante del Tajo Comag) que el problema se da en el borde de la línea y el tajo. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) indico que en algunos sectores se han alejado 1.20 mts del borde y el no poder notificar a esas personas que invaden (viviendas) con dicha cercanía con la línea férrea. El Cuerpo de Bomberos indico el desgaste de recurso y riesgo para ellos atender la problemática. Indico la Municipalidad de San José que planean achicar la entrada de tal manera que solo pasen vehículos livianos y de emergencia impidiendo el paso de los camiones que invaden la línea férrea. Indican la Policía (MSJ-Fuerza Pública) que la presencia policial ayuda, pero es una medida paliativa, indican que ayudarán con visitas, acciones semanales y por oficio. Fuerza Pública indico que colaborará con ayuda de la fiscalía para interceptar camiones en lo posible de manera intermitente y a ciertas horas. Municipalidad de San José y el Área de Servicios Ambientales indican que no es una servidumbre, ni calle pública o privada, mencionan que investigaran el negocio de Ferretería ubicado en la zona, además de que han hecho cercamiento con la fiscalía Agraria. Indica el Sr. Guardia la necesidad de entidades policiales. Indica la MSJ que las instituciones que necesiten protección pueden coordinar con ellos. Indica la Licda. Lourdes Sánchez (Ministerio de Salud) que se deben de plantear las acciones por cada institución. Hoja de Ruta: Realizar un Plan de Acción, con cronograma para realizar las acciones. Acuerdos: 1-Municipalidad de San José ver el convenio para el derecho de vía de la línea férrea junto con INCOFER. 2-Policía Municipal y Fuerza Pública efectuaran visitas esporádicas y coordinadas a la zona. 3-Se acuerda reunión, para el jueves 18 de julio del 2024 a la 9:30 am en la sede del Cuerpo de Bomberos Metropolitana Norte para ver el avance y los planes de cada institución en base a la problemática. Se cierra la reunión a las 12:20 pm 87. El día 18 de julio de 2024 se efectuó la mesa de trabajo interinstitucional con instituciones: Municipalidad de San José, Cuerpo de Bomberos, Tajo Comag, Policía Municipal y Ministerio de Salud. Entre los acuerdos de dicha mesa están: INCOFER enviara el plan para una mesa de trabajo adicional donde solo con Municipalidad de San José y Ministerio de Salud y este debe enviarse a la brevedad para iniciarla. 88. El día 23 de agosto de 2024, se envió correo electrónico a INCOFER a Marielos López asistente de gerencia quien indica que le reenviar correo al Ing. Nombre02 para agendar la reunión previa y esta avisará al Área Rectora de Salud cuando se agende. El día 18 de noviembre del 2024 se realizó una inspección al Tajo Comag donde atendió el encargado el Sr. Luciano Guardia encargado quien indica que las actividades de extracción ya no se dan y se está reforestando en distintos sectores del tajo desde hace unos cuatro-cinco años. Se observan vagonetas con tierra entrando al sitio. El 18 de noviembre del 2024 se recibió denuncia por parte de la recurrente Sra. Nombre01 quien indica vivir en el Cantón de Belén por el botadero ilegal ubicado en el Tajo Comag por violaciones en Normas Convencionales sobre Cambio Climático. El día 22 de noviembre del 2024 se elevó a la Dirección Regional de la Salud Central Sur oficio No MS-DRRSC-DARS-P-0460-2024 solicitando indicar si debe elevarse la denuncia al involucrar a dos Áreas Rectoras ubicadas en dos Direcciones Regionales diferentes (Central Sur y Norte). El día 25 de noviembre del 2024 se constató en acta de Inspección No CS-ARS-P-BAG-206-2024, una inspección al lado sur Tajo Comag; en dicho lugar se observaron camiones que invaden la propiedad de INCOFER y terceras personas que vierten materiales como escombros, madera y otros materiales. Se observan a terceras personas haciendo quemas en los materiales más abajo de los montículos que se encuentra en el Tajo. Se observaron los camiones con placas ( y ) con personas a bordo en labores de descarga de dichos materiales y escombros. El día 25 de noviembre del 2024 mediante oficio No MS-DRRSCS-DARS-P-0463 se informó a la Sra. Nombre01 denunciante de que se elevó consulta sobre la denuncia ya que se involucran a dos Área Rectoras ubicadas en dos Direcciones Regionales diferentes (Central Sur y Norte). Se le informo (sic) además que el Tajo no está en funcionamiento y que terceras personas (de las cuáles se desconoce la identidad) invaden la propiedad del Tajo y línea férrea de INCOFER para efectuar quemas de materiales, por lo que se le informara cuando los niveles superiores indiquen las acciones a tomar. El 01 de diciembre del 2024 se recibió denuncia por parte de la Sra. Nombre03 quien indico (sic) vivir en La Carpio por camiones de terceras personas que llegan a botar escombros al Tajo Comag, indica que se llama al Cuerpo de Bomberos y no se presentan a apagar las quemas provocadas por habitantes de la calle, indica que también llegan personas a botar a la zona. Mediante oficio No MS-DRRSCS-DARS-P-0463 se informó a la Sra. Nombre03 de que se elevó consulta sobre la denuncia ya que se involucran a dos Área Rectoras ubicadas en la Dirección Regional Central Sur (Pavas-Carmen Meced Uruca). Se le informo (sic) además que el Tajo no está en funcionamiento y que terceras personas (de las cuáles se desconoce la identidad) invaden la propiedad del Tajo y línea férrea de INCOFER para efectuar quemas de materiales, por lo que se le informara (sic) cuando los niveles superiores indiquen las acciones a tomar. El día 03 de diciembre del 2024 se enviaron oficios No MS-DRRSC-DARS-P-0479-2024 y MS-DRRSC-DARS-P-0480-2024 dirigidos a la Municipalidad de San José e Instituto Nacional de Ferrocarriles para asistir a Mesa de trabajo Interinstitucional el 08 de enero 2025 en el Ministerio de Salud. El día 12 de diciembre 2024 se recibió oficio No MS-DRRSCS-3031-2024 por parte del Dr. Nelson Cordero Rodríguez, Director a.i de la Dirección Regional Central Sur adjuntando oficio No MS-DGS-3725-2024 por parte del Dr. Berny Villareal Director General de Salud donde se solicita informe de lo actuado en base a la denuncia respectiva. El día 19 de diciembre del 2024 se envió oficio No MS-DRRSCS-DARS-P-0512-2024 a la Dirección General de Salud en atención a lo solicitado en el oficio antes mencionado junto a acta de inspección No CS-ARS-P-BAG-218-2024 de la visita efectuada. El día 08 de enero del 2025 se efectúo mesa interinstitucional con la Municipalidad de San José y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. En dicha reunión entre los acuerdos tomados se dejó claro los siguientes: Según la bitácora se informan los siguientes datos más relevantes: • Indico (sic) la Municipalidad de San José que ha realizado visitas al campo y a (sic) enviado a la fiscalía a propietarios de camiones y números de placa de estos que arrojan desechos al sitio. • Indico (sic) INCOFER que el caso se ha elevado a otras instancias incluida la Sala Primera. • Indico (sic) la Municipalidad de San José que los ‘mojones’, las cuáles son estructuras que impiden el lanzamiento de escombros, personas desconocidas los han ido arrancando y no se han colocado más por el momento. • Indico (sic) Municipalidad de San José que parte de los terrenos invadidos pertenecen al Instituto Misto de Ayuda Social. • Indico (sic) la Municipalidad de San José que en dicha zona existe una ‘bodega’ perteneciente a la banda los Diablos la cuál van a cerrar ya que dicha pandilla cobra por cada camión que invade la línea de INCOFER y tiras materiales al tajo Comag. • Indico (sic) la Municipalidad de San José que han hecho estudios para coordinar desalojar las viviendas que están invadiendo la zona de INCOFER y transformarlo en algún parque o similar y que se coordinó con el IMAS. • Indico (sic) la Municipalidad de San José que visita la zona continuamente para recoger los desechos in situ. • Se coordino (sic) visita en el campo para el 07 de febrero del año en curso. • Se acordó efectuar una reunión con técnico de distintas áreas en la Municipalidad de San José para el 27 de febrero del año en curso. El día 09 de enero 2025 se recibió copia de correo electrónico adjuntando oficio No CARTA-MS-DGS-19-2025 donde el Dr. Berny Villareal Director General de Salud responde de lo actuado al Sr. Nombre04 solicitante por el tema de quemas de basura a cielo abierto. El día 10 de enero del 2025 se enviaron oficios No MS-DRRSC-DARS-P-0011-2025 y No MS-DRRSC-DARS-P-0012-2025 dirigidos a la Municipalidad de San José e Instituto Nacional de Ferrocarriles para recordando la visita de campo al sitio Pavas Rincón grande contiguo a línea férrea colindante con el Tajo Comag. El día 07 de febrero del 2025 constatado en acta de inspección No CS-ARS-P-BAG-22-2025 se efectúo visita al sitio para verificar las condiciones actuales donde se observó lo siguiente: • Se observaron a lo largo de la colindancia materiales y desechos a lo largo de la línea férrea. • Se observaron a terceras personas en la colindancia con materiales. El día 10 de febrero del 2025 se recibió copia oficio No CARTA-MS-DGS-348-2025 por parte de la Dra. Ariana Alvarado Angulo Directora a.i Dirección General de Salud dirigido a la Sra. Ana Murillo Delgado Secretaria del Consejo Municipalidad de Municipalidad de Belén por acuerdo tomado en sesión ordinaria No 01-2025 donde se informa de la problemática por la mala disposición de desechos en la colindancia entre el Tajo Comag y en Instituto Nacional de Ferrocarriles, en la cual se le informa entre otras... ‘…Finamente, es importante señalar que dicha zona cuenta con una problemática social, lo cual dificulta la atención y seguimiento continuo del caso, sobre todo para las instituciones que efectúan visitas al sitio; sin embargo, existe un compromiso institucional e interinstitucional, para resolver la situación y se está dando el seguimiento respetivo al caso mencionado; así como la realización de inspecciones constantes por parte de funcionarios del Área Rectora de Salud Pavas.’ El día 13 de febrero del 2025 se envían informe No MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0022-2025-BAG y oficio No CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0053-2025 ‘Resumen Ejecutivo De Lo Actuado A La Fecha Sobre La Denuncia Por Botadero A Cielo Abierto De Escombros Y Quemas Informe Bimensual’ Dicho informe resume lo acordado en reunión del 08 de enero del 2025 y la visita de campo realizada el 07 de febrero del 2025. El día 28 febrero del 2025 según lo acordado se visitó la Municipalidad de San José para realizar la reunión Interinstitucional junto al Instituto Costarricense de Ferrocarriles, pero por un problema logístico de la Municipalidad de San José esta (sic) no se efectuó. Se coordinará para realizar la reunión Interinstitucional a la mayor brevedad para organizar un plan de trabajo que involucre a ambas instituciones. Así las cosas, manifiesto que existe un amplio compromiso local, regional, central e interinstitucional dentro de nuestras competencias de resolver la situación a pesar de ser un asunto complejo por la forma y fondo, pero al cual se le está dando el seguimiento requerido según alcances que se tengan, sin embargo, no se ha tenido respuesta por parte de niveles superiores del Ministerio de Salud debido a que la afectación comprenden también zonas como Belén y Carpio. En los alcances que se tiene como Área Rectora de Salud se han hecho reuniones, así como ser parte de la comisión interinstitucional conformada por las instituciones antes mencionadas, pero al ser un tema interinstitucional el alcance es corto por lo que se reitera la necesidad de apoyo de los niveles Regional y Central para solventar esta problemática. La Municipalidad de San José ha colocado barreras ‘mojones’, sin embargo, dicha colocación esta inconclusa ya que solo se observa la colocación en un tramo de aproximadamente 20 metros, para evitar que los camiones descarguen más escombros a los montículos a lo largo de la con la línea férrea y el Tajo. Reitero que se desconoce la identidad de quiénes están realizando estas quemas (habitantes de calle, en su mayoría) y quienes son las personas que siguen trayendo escombros y desechos en los camiones y depositándolos en el Tajo por la línea férrea, motivo que nos ha impedido girar Actos Administrativos, al no tener como localizarlos. No hemos sido omisos, como se demuestra en las acciones descritas en este oficio, como parte de la comisión interinstitucional somo testigos de las intervenciones de bomberos para apagar los incendios del material ahí depositado que luego genera humo residual, que probablemente viene de la acción ilegal de estas personas (en apariencia habitantes de calles y personas adictas) y terceras personas de quemar los escombros de los montículos a lo largo del Tajo existente para recuperar material valorizable y venderlo…” Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.\n\n 3.- Informa bajo gravedad de juramento Nelson Cordero Rodríguez, en su calidad de director regional de Rectoría de la Salud Central Sur, lo siguiente: “... Previo a referir a cuestiones de fondo respecto a la atención de la denuncia y las acciones que hasta la fecha se han llevado a cabo por el Nivel Local, a quien le corresponde conocer la problemática denunciada, debe claro quedar, según disposiciones del Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud Nº 40724-S, que las Direcciones Regional tenemos un rol de supervisión, control, acompañamiento y apoyo para con las Áreas Rectoras de Salud: Artículo 43.- De las Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud. Las Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud dependen orgánicamente de la Dirección General de Salud. Su objetivo consiste en garantizar el cumplimiento del marco estratégico institucional a nivel regional, asegurando que los componentes regional y local de todos los procesos institucionales se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, acorde con el marco estratégico institucional y los lineamientos estratégicos emitidos por el Director General de Salud y el Despacho Ministerial. Es decir, la Dirección Regional en su deber de velar porque se ejecuten acciones acordes a las disposiciones normativas, como ocurre en el caso de marras, en vigilancia, supervisión y apoyo para con el Área Rectora de Salud Pavas, ha mantenido constante comunicación con el Nivel Local, a quien le compete por ubicación geográfica la atención de la problemática denunciada, objeto de la interposición del recurso de amparo. Razón por la cual, en fecha 28 de noviembre de 2024, mediante correo electrónico, se dirigió a la Dra. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, Directora del Área Rectora de la Salud de Pavas, instrucción de rendir informe cronológico de lo actuado respecto al caso Tajo Comag. Ordenando en dicha ocasión, se realizará el seguimiento e inspección sanitaria en el lugar denunciado y se rindiera informe técnico correspondiente. En fecha 12 de diciembre 2024, como enlace entre la Dirección General de Salud y el Nivel Local, se remitió al Área Rectora de Salud Pavas, oficio No MS-DRRSCS-3031-2024, de traslado de oficio No MS-DGS-3725-2024 suscrito por el Dr. Berny Villareal Cortes Director General de Salud, quien en solicitó informe de lo actuado en base a la denuncia respectiva. El día 18 de diciembre del 2024, la Dra. Ana Isabel Rodríguez Sánchez mediante oficio No MS-DRRSCS-DARS-P-0512-2024, dirigido al Dr. Bernny Villarreal Cortes, Dirección General de Salud, respuesta por quemas a cielo abierto costado oeste del aeropuerto Tobías Bolaños, Pavas. Comunicando sobre todas las actuaciones y coordinaciones que el Área Rectora de la Salud de Pavas a realizado en atención con la denuncia recibida. Agregando, además todas las coordinaciones que se están realizando con otras instituciones como lo son Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Municipalidad de San José, Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de transportes. Debido a que la problemática de contaminación ambiental debe ser atendida de forma conjunta con estas instituciones. El 09 de enero de 2025, mediante correo electrónico nuevamente se solicitó a la Dirección de Área Rectora de Salud Pavas remitir informe técnico de lo actuado con respecto al caso del Tajo Comag. El 13 de febrero de 2025, mediante oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0053-2025, se recibió por parte de la Dra. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, Directora del Área Rectora de la Salud de Pavas, asunto: Resumen ejecutivo de lo actuado a la fecha sobre la denuncia por botadero a cielo abierto de escombros y quemas en el antiguo Tajo Comag, sita Pavas. Consignando la inspección sanitaria realizada en el sitio denunciado y agregando además el seguimiento de las coordinaciones interinstitucionales que se mantienen activas para tal fin. Dicho informe resume lo acordado en reunión realizada el día 08 de enero de 2025, entre la Municipalidad de San José, Instituto Costarricense de Ferrocarriles y esta Área Rectora de la Salud de Pavas. Además, se incluye el informe técnico con respecto a la inspección sanitaria realizada en el sitio denunciado el día 07 de febrero de 2025. El 10 de marzo de 2025, se recibió el oficio MS-DRRSCS-DARS-P-0088-2025, suscrito por la Dra. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, Directora del Área Rectora de la Salud de Pavas, Informe cronológico de lo actuado a la fecha sobre denuncia por botadero de basura a cielo abierto costado oeste de aeropuerto Tobías Bolaños, Pavas. Resumen de todas las actuaciones realizadas por el Área Rectora de la Salud de Pavas a la fecha. En fecha 21 de marzo de 2025, se recibió en esta Dirección Regional, copia de Informe Técnico MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0030-2025-BAG, suscrito por el Lic. Bryan Arias Gutiérrez, Regulador de la Salud de Área Rectora de la Salud de Pavas, dirigido a la Dra. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, Directora del área Rectora de la Salud de Pavas, recomendando que por la complejidad de la situación que se presenta en el sitio denunciado, se eleve la denuncia a los niveles superiores, dado que la afectación también ocurre en otras Áreas Rectoras de esta Dirección Regional. Sin embargo, esta Área Rectora de Salud de Pavas, reitera su compromiso de seguir atendiendo la denuncia, tal y como se ha venido realizando hasta la fecha. De lo expuesto puede confirmarse que esta Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, ha recurrido a mecanismos de supervisión y control, para asegurar que el Área Rectora de la Salud de Pavas, realice gestiones acordes al marco normativo sanitario para la busca de una solución respecto a la contaminación ambiental denunciada. Tengan presente Señores Magistrados que la problemática expuesta es compleja que involucra tanto a instituciones del Estado como a particulares, por lo que, debe ser resuelta interinstitucionalmente, con la participación del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Ministerio de Seguridad Publica, Municipalidad de San José, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y esta autoridad de salud. Coordinaciones que ha venido realizando el Área Rectora de Salud Pavas, manteniendo informada a esta Dirección Regional, respecto a la línea jerárquica como en derecho corresponde…” Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.\n\n 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Fernandez Acuña; y,\n\n Considerando:\n\n I.- DE PREVIO. En el sub judice, el reclamo de la recurrente se debe a la supuesta falta de resolución a una denuncia ambiental, todo lo cual, de ser cierto, podría configurar una lesión al derecho a gozar de una justicia administrativa pronta y cumplida. Por lo tanto, antes de analizar el fondo del presente asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo —instruido de oficio o a instancia de parte— como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Ahora bien, en este caso se plantea, justamente, un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por un problema que atañe al derecho fundamental a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.\n\n II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que en noviembre de 2024 planteó una denuncia contra un botadero de basura clandestino a cielo abierto ante el Área Rectora de Salud del Carmen, Merced, Uruca, la cual se declaró incompetente y trasladó el caso al Área Rectora de Salud de Pavas del Ministerio de Salud. Sin embargo, aunque esa instancia asumió la gestión del asunto, posteriormente elevó la denuncia a niveles superiores para que éstos indicaran cómo proceder con el caso, ya que en él se veían involucradas dos direcciones Regionales del Ministerio de Salud. De esta forma, no solamente su denuncia no ha sido resuelta, sino que tampoco se han adoptado todavía medidas para corregir el problema ambiental acusado.\n\n III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1) En el Tajo Comag, propiedad del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), existe un botadero de basura que genera contaminación por la quema de residuos y humo (hecho no controvertido).\n\n2) Por ello, ya desde el año 2023, funcionarios del Ministerio de Salud, en seguimiento a las denuncias recibidas sobre esa problemática, realizaron el 28 de noviembre de 2023, una visita al Tajo Comag y observaron en la colindancia al lado sur alrededor de 07 montículos de escombros y materiales, así como emanaciones de humo de los dos últimos montículos. También observaron, desde lo alto, camiones arrojando materiales desde la línea férrea (informes).\n\n3) El 14 de mayo de 2024, se emitió el oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0190-2024 para coordinar una mesa de trabajo interinstitucional por el problema de los camiones que invaden la línea férrea y Tajo Comag (informes).\n\n4) El 21 de junio de 2024 se efectuó una mesa de trabajo interinstitucional en la que se dio una explicación del problema (contexto) y se hizo la presentación de las alternativas por parte de las instituciones participantes. Durante su celebración, se abordaron los siguientes aspectos: para empezar, el representante del Tajo Comag aseguró que el problema se daba en el borde de la línea y el tajo e indicó que había necesidad de que hubiera entidades policiales en el lugar. El INCOFER, por su parte, manifestó que en algunos sectores se habían alejado 1.20 metros del borde y afirmó no poder notificar a las personas que habían invadido (viviendas) la cercanía con la línea férrea. Asimismo, la Municipalidad de San José y la Policía Municipal indicaron que se habían llevado vehículos y camiones al tribunal de flagrancia. La Municipalidad de San José aseveró que planeaba achicar la entrada de tal manera que solamente pasaran vehículos livianos y de emergencia impidiendo el paso de los camiones que invadían la línea férrea. Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos aseguró que había un desgaste del recurso y que existía riesgo para ellos atender la problemática. Ante ello, la Policía (MSJ-Fuerza Pública) afirmó que la presencia policial ayudaba, pero era una medida paliativa, a lo que añadió que ayudaría con visitas, acciones semanales y por oficio. Igualmente, aseveró que colaboraría con ayuda de la fiscalía para interceptar camiones en lo posible, de manera intermitente y a ciertas horas. La Municipalidad de San José y el Área de Servicios Ambientales indicaron que no era una servidumbre, ni calle pública o privada, y mencionaron que investigarían el negocio de Ferretería ubicado en la zona, además de que habían hecho un acercamiento con la fiscalía Agraria. El MSJ afirmó que las instituciones que necesitaran protección podían coordinar con ellos. Adicionalmente, la Licda. Lourdes Sánchez, del Ministerio de Salud, aseveró que se debían plantear las acciones por cada institución. Se dispuso que la Policía Municipal y Fuerza Pública efectuarían visitas esporádicas y coordinadas a la zona. Igualmente, se acordó celebrar una reunión para el jueves 18 de julio de 2024 a la 9:30 am en la sede del Cuerpo de Bomberos Metropolitana Norte para ver el avance y los planes de cada institución en base a la problemática (ver informes y prueba que obra en autos).\n\n5) El día 18 de julio de 2024 se efectuó la siguiente mesa de trabajo interinstitucional con instituciones la Municipalidad de San José, el Cuerpo de Bomberos, el Tajo Comag, la Policía Municipal y el Ministerio de Salud y se acordó que INCOFER enviaría el plan para una mesa de trabajo adicional donde solo con Municipalidad de San José y Ministerio de Salud y este debe enviarse a la brevedad para iniciarla (ver informes).\n\n6) El 23 de agosto de 2024, se envió un correo electrónico a Marielos López, asistente de gerencia del INCOFER, quien indicó que le reenviaría el correo al Ing. Nombre02 para agendar la reunión previa y avisaría al Área Rectora de Salud cuando se agendara (ver informes).\n\n7) El 18 de noviembre de 2024 se realizó una nueva inspección en el Tajo Comag, misma que fue atendida por el encargado, el Sr. Luciano Guardia, el cual manifestó que las actividades de extracción ya no se daban y que se estaba reforestando en distintos sectores del tajo desde hacía unos cuatro-cinco años (informes).\n\n8) El mismo 18 de noviembre de 2024, la recurrente presentó una denuncia ambiental ante el Área Rectora de Salud del Carmen, Merced, Uruca, alertando a la Administración sobre el problema de contaminación ambiental generado por botadero de basura clandestino a cielo abierto que tenían efectos negativos para el recurso suelo, el recurso hídrico, el clima y el paisaje agradable y acusando violaciones de las normas convencionales sobre cambio climático (hecho no controvertido; ver prueba que obra en autos).\n\n9) El 22 de noviembre de 2024 se elevó a la Dirección Regional de la Salud Central Sur el oficio N° MS-DRRSC-DARS-P-0460-2024 solicitando indicar si debía elevarse la denuncia, al involucrar a dos Áreas Rectoras ubicadas en dos Direcciones Regionales diferentes (Central Sur y Norte) (informes y prueba que obra en autos).\n\n10) El 25 de noviembre de 2024 se realizó una inspección del lado sur del Tajo Comag y se constató, según acta de Inspección N° CS-ARS-P-BAG-206-2024, la presencia de camiones que invadían la propiedad de INCOFER y de terceras personas que vertían materiales como escombros, madera y otro materiales. Se observó también a terceras personas haciendo quemas en los materiales más abajo de los montículos que se encontraban en el Tajo (informes).\n\n11) También el día 25 de noviembre de 2024, por medio del oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0463, se le informó a la Sra. Nombre01, aquí recurrente, que se había elevado una consulta sobre la denuncia, ya que ésta involucraba a dos Áreas Rectoras ubicadas en dos Direcciones Regionales diferentes (Central Sur y Norte). A la amparada se le informó además que el Tajo no estaba en funcionamiento y que eran terceras personas (de las cuáles se desconocía su identidad) las que invadían la propiedad y la línea férrea de INCOFER para efectuar quemas de materiales. De esta suerte, se le comunicaría cuándo los niveles superiores indicaran las acciones a tomar (informes y prueba que obra en el expediente).\n\n12) En fecha indeterminada, el Área Rectora de Salud del Carmen se declaró incompetente y trasladó el caso al Área Rectora de Salud de Pavas del Ministerio de Salud, instancia que asumió su gestión (hecho no controvertido).\n\n13) En fecha 28 de noviembre de 2024, mediante correo electrónico dirigido a la Dra. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, directora del Área Rectora de la Salud de Pavas, se le giró la instrucción de rendir un informe cronológico de lo actuado respecto al caso Tajo Comag, ordenando en dicha ocasión que se realizara el seguimiento e inspección sanitaria en el lugar denunciado y se rindiera informe técnico correspondiente (informes).\n\n14) El día 03 de diciembre de 2024 se enviaron los oficios N° MS-DRRSC-DARS-P-0479-2024 y N° MS-DRRSC-DARS-P-0480-2024 dirigidos a la Municipalidad de San José y al INCOFER para asistir a otra mesa de trabajo Interinstitucional, el 08 de enero de 2025, en el Ministerio de Salud (informes y prueba que obra en autos).\n\n15) El día 12 de diciembre 2024 se recibió en el Área Rectora de Salud Pavas el oficio N° MS-DRRSCS-3031-2024, suscrito por el Dr. Nelson Cordero Rodríguez, director a. i. de la Dirección Regional Central Sur, adjuntando oficio N° MS-DGS-3725-2024 el Dr. Berny Villareal, director general de Salud, solicitando un informe de lo actuado en base a la denuncia respectiva (ver informes).\n\n16) El día 18 de diciembre de 2024, la Dra. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, mediante oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0512-2024, dirigido al Dr. Bernny Villarreal Cortes, Dirección General de Salud, “respuesta por quemas a cielo abierto costado oeste del aeropuerto Tobías Bolaños, Pavas. Comunicando sobre todas las actuaciones y coordinaciones que el Área Rectora de la Salud de Pavas a realizado en atención con la denuncia recibida”, explicó el tema y enumeró además todas las coordinaciones que se estaban realizando con otras instituciones, como el INCOFER, la Municipalidad de San José, Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, debido a que la problemática de contaminación ambiental debía ser atendida de forma conjunta con estas instituciones (ver informes).\n\n17) El día 19 de diciembre de 2024 se envió el oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0512-2024 a la Dirección General de Salud, en atención a lo solicitado en el oficio antes mencionado, junto a acta de inspección N° CS-ARS-P-BAG-218-2024 de la visita efectuada (ver informes y prueba que obra en autos).\n\n18) El 19 de diciembre de 2024 se envió oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0512-2024 a la Dirección General de Salud, en atención a lo solicitado en el oficio antes mencionado, en conjunto con el acta de inspección N° CS-ARS-P-BAG-218-2024 de la visita efectuada (ver informes y prueba que obra en autos).\n\n19) El 08 de enero de 2025 se efectúo mesa interinstitucional con la Municipalidad de San José y el INCOFER. En dicha reunión entre los acuerdos tomados se dejó claro lo siguiente: “Según la bitácora se informan los siguientes datos más relevantes: • Indico la Municipalidad de San José que ha realizado visitas al campo y a enviado a la fiscalía a propietarios de camiones y números de placa de estos que arrojan desechos al sitio. • Indico INCOFER que el caso se ha elevado a otras instancias incluida la Sala Primera. • Indico la Municipalidad de San José que los 'mojones', las cuáles son  estructuras que impiden el lanzamiento de escombros, personas desconocidas los han ido arrancando y no se han colocado más por el momento. • Indico Municipalidad de San José que parte de los terrenos invadidos pertenecen al Instituto Misto de Ayuda Social. • Indico la Municipalidad de San José que en dicha zona existe una 'bodega' perteneciente a la banda los Diablos la cuál van a cerrar ya que dicha pandilla cobra por cada camión que invade la línea de INCOFER y tiras materiales al tajo Comag • Indico la Municipalidad de San José que han hecho estudios para coordinar desalojar las viviendas que están invadiendo la zona de INCOFER y transformarlo en algún parque o similar y que se coordinó con el IMAS. • Indico la Municipalidad de San José que visita la zona continuamente para recoger los desechos in situ. • Se coordino visita en el campo para el 07 de febrero del año en curso. • Se acordó efectuar una reunión con técnico de distintas áreas en la Municipalidad de San José para el 27 de febrero del año en curso” (ver informes).\n\n21) El 09 de enero de 2025, por la vía del correo electrónico, se solicitó a la Dirección de Área Rectora de Salud Pavas remitir informe técnico de lo actuado con respecto al caso del Tajo Comag (informes).\n\n21) El 10 de enero de 2025 se enviaron los oficios N° MS-DRRSC-DARS-P-0011-2025 y N° MS-DRRSC-DARS-P-0012-2025 a la Municipalidad de San José y al INCOFER para recordarles la visita de campo al sitio Pavas Rincón grande, contiguo a línea férrea colindante con el Tajo Comag (informes).\n\n22) El día 10 de febrero de 2025, se recibió en el Área Rectora de Salud Pavas,  copia del oficio N° CARTA-MS-DGS-348-2025, suscrito por la Dra. Ariana Alvarado Angulo, directora a. i. de la Dirección General de Salud, dirigido a la Sra. Ana Murillo Delgado, secretaria del Consejo Municipal de Belén, en el cual se la informaba de la problemática ocasionada por la mala disposición de desechos en la colindancia entre el Tajo Comag y en INCOFER, en los siguientes términos: “…Finamente, es importante señalar que dicha zona cuenta con una problemática social, lo cual dificulta la atención y seguimiento continuo del caso, sobre todo para las instituciones que efectúan visitas al sitio; sin embargo, existe un compromiso institucional e interinstitucional, para resolver la situación y se está dando el seguimiento respetivo al caso mencionado; así como la realización de inspecciones constantes por parte de funcionarios del Área Rectora de Salud Pavas” (informes).\n\n23) El 13 de febrero de 2025, mediante oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0053-2025, se recibió en la Rectoría de la Salud Central Sur, de parte de la Dra. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, directora del Área Rectora de la Salud de Pavas, el oficio asunto: “Resumen ejecutivo de lo actuado a la fecha sobre la denuncia por botadero a cielo abierto de escombros y quemas en el antiguo Tajo Comag, sita Pavas. Consignando la inspección sanitaria realizada en el sitio denunciado y agregando además el seguimiento de las coordinaciones interinstitucionales que se mantienen activas para tal fin”. Dicho informe resumía lo acordado en una reunión realizada el 08 de enero de 2025, entre la Municipalidad de San José, el INCOFER y el Área Rectora de la Salud de Pavas. Además, se incluyó el informe técnico con respecto a la inspección sanitaria realizada en el sitio denunciado el día 07 de febrero de 2025 (informes).\n\n24) El 07 de febrero de 2025, según acta de inspección N° CS-ARS-P-BAG-22-2025 se efectúo una visita al sitio para verificar las condiciones en ese momento y se constató lo siguiente: “• Se observaron a lo largo de la colindancia materiales y desechos a lo largo de la línea férrea. • Se observaron a terceras personas en la colindancia con materiales” (ver informes).\n\n25) El 10 de febrero de 2025 se recibió en el Área Rectora de Salud Pavas copia oficio N° CARTA-MS-DGS-348-2025, suscrito por la Dra. Ariana Alvarado Angulo, directora a. i. de la Dirección General de Salud, dirigido a la Sra. Ana Murillo Delgado, secretaria del Consejo Municipal de Belén, informándole la problemática por la mala disposición de desechos en la colindancia entre el Tajo Comag y el INCOFER, en los siguientes términos: “…Finamente, es importante señalar que dicha zona cuenta con una problemática social, lo cual dificulta la atención y seguimiento continuo del caso, sobre todo para las instituciones que efectúan visitas al sitio; sin embargo, existe un compromiso institucional e interinstitucional, para resolver la situación y se está dando el seguimiento respetivo al caso mencionado; así como la realización de inspecciones constantes por parte de funcionarios del Área Rectora de Salud Pavas” (informes).\n\n26) El 13 de febrero de 2025 se enviaron el informe N° MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0022-2025-BAG y el oficio No CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0053-2025, “Resumen Ejecutivo De Lo Actuado A La Fecha Sobre La Denuncia Por Botadero A Cielo Abierto De Escombros Y Quemas Informe Bimensual”, en el cual se resumió lo acordado en la reunión del 08 de enero de 2025 y la visita de campo realizada el 07 de febrero de 2025 (informes).\n\n27) El 28 febrero de 2025, según lo acordado, se visitó a la Municipalidad de San José para realizar la reunión Interinstitucional, en conjunto con el INCOFER, pero por un problema logístico de esa Corporación Local, la citada reunión no fue celebrada (informes).\n\n28) El 10 de marzo de 2025, se recibió en la Rectoría de la Salud Central Sur, el oficio MS-DRRSCS-DARS-P-0088-2025, suscrito por la Dra. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, directora del Área Rectora de la Salud de Pavas, que contenía el “Informe cronológico de lo actuado a la fecha sobre denuncia por botadero de basura a cielo abierto costado oeste de aeropuerto Tobías Bolaños, Pavas. Resumen de todas las actuaciones realizadas por el Área Rectora de la Salud de Pavas a la fecha” (informes).\n\n29) En fecha 21 de marzo de 2025, se recibió en la Dirección Regional, Rectoría de la Salud Central Sur, copia de Informe Técnico MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0030-2025-BAG, suscrito por el Lic. Bryan Arias Gutiérrez, regulador de la Salud de Área Rectora de la Salud de Pavas, dirigido a la Dra. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, directora del área Rectora de la Salud de Pavas, recomendando que, por la complejidad de la situación que se presentaba en el sitio denunciado, se elevara la denuncia a los niveles superiores, dado que la afectación también ocurría en otras Áreas Rectoras de esa Dirección Regional (informes).\n\n IV.- HECHOS NO PROBADOS. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución: único) que el Ministerio de salud haya resuelto la denuncia interpuesta por la recurrente y le haya notificado lo resuelto.\n\n V.- SOBRE EL FONDO. En el presente caso, la parte recurrente alega haber presentado una denuncia contra un botadero de basura clandestino a cielo abierto y acusa que, a la fecha, su gestión no ha sido resuelta, omisión que reputa violatoria del artículo 27 de la Constitución Política. Sin embargo, aunque el derecho de petición, establecido en el mencionado ordinal 27 Constitucional, entendido de forma genérica, haga referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, es necesario distinguir las peticiones puras y simples de información de las denuncias. En el primer caso, normalmente la respuesta deberá darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. Sin embargo, aunque la Sala ha reconocido que la denuncia se ubica dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener resolución, en sentencia Nº 2000-00037 de las 16:18 horas del 4 de enero de 2000 declaró lo siguiente:\n\n“…no nos encontramos ante hipótesis como las reguladas en los artículos 27 y 41 de la Constitución, los cuales se refieren a la libertad de petición ante cualquier funcionario público o entidad oficial y al derecho a obtener justicia pronta y cumplida, respectivamente. En este caso debe hacerse la distinción entre este tipo de peticiones y la denuncia, ya que para el análisis resulta meritorio. Las denuncias son medios utilizados por los administrados para poner en conocimiento de la Administración, hechos que el denunciante estima irregulares o ilegales, con el objeto de instar el ejercicio de competencias normalmente disciplinarias o sancionatorias, depositadas en los órganos públicos. En ocasiones, la denuncia configura incluso un deber para quien dada su función o su actividad tiene conocimiento de esos hechos, pero en otros casos es más bien un modo de participación en asuntos que conciernen al interés público, perfectamente compatible, y, de hecho, fundamentado en el principio democrático (no se olvide a este respecto que los funcionarios públicos son simples depositarios de esa autoridad). No obstante lo anterior, no se puede negar que las denuncias, al igual que las peticiones de información, los reclamos administrativos y las solicitudes de otorgamiento de ciertos derechos, se encuentran incluidas dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener respuesta como complemento del ejercicio del derecho de pedir. Ahora bien, cada una de estas peticiones se encuentra reglada por distintos regímenes en cuanto al tiempo otorgado a la administración para contestar una vez solicitada su intervención. Por ejemplo, en el caso de las peticiones de información, los términos para que se brinde ésta por parte de la administración no se encuentran contemplados en la Ley General de la Administración Pública, pero sí en la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo 32, como un complemento al numeral 27 constitucional, para estos casos concretos. Los reclamos administrativos encuentran su plazo de resolución en la legislación administrativa. La Ley General de la Administración Pública, la cual rige para los procedimientos ordinarios, establece para éstos el término perentorio de resolución del asunto al establecido genéricamente para todos los trámites ante la administración, sea el contenido en el artículo 261 de dicho cuerpo normativo, el cual es de dos meses, sin perjuicio de los términos establecidos independientemente para los recursos en vía administrativa. A pesar de que en los supuestos citados el plazo se encuentra establecido claramente en la legislación, en el caso de las denuncias —que no dejan de ser una modalidad de petición— no existe plazo legal establecido, ni específicamente ni en forma supletoria o genérica, por lo que en estos supuestos se tiene que valorar, necesariamente, si el plazo tomado por la administración, para resolver una denuncia específica, resulta excesivo o no a los efectos del ejercicio del legítimo derecho de denunciar y de obtener una respuesta por parte del administrado…” (el resaltado y subrayado no es del original).\n\n En efecto, el quebrantamiento de los ordinales constitucionales, en estos casos, se constata al ponderar —de conformidad con la prueba que obra en autos— que la substanciación del procedimiento se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002), toda vez que, aunque el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 solamente establece que no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley, lo cierto es que, en tratándose de denuncias, la Administración necesita llevar a cabo un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes, la Sala ha sostenido reiteradamente que el correspondiente quebrantamiento de los ordinales constitucionales se constata al ponderar —de conformidad con la prueba que obra en autos— que la substanciación se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002), sin perjuicio de aplicar como guía general el término previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública.\n\n En la especie, se ha tenido por demostrado que la recurrente presentó su denuncia el 18 de noviembre de 2024. Sin embargo, aunque también se ha tenido por acreditado que el Ministerio de Salud sí ha emprendido acciones encaminadas a solucionar la problemática que le fue expuesta —que es de gran complejidad y requiere la intervención de otras instituciones—, no consta que haya resuelto la citada denuncia en cuanto a su fondo, ni tampoco que le haya notificado nada al respecto a la parte interesada. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar este recurso.\n\n VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la recurrente denuncia que el Ministerio de Salud no le ha dado seguimiento ni resuelto la problemática que les aqueja desde hace varios años, en relación con el funcionamiento de un botadero clandestino a cielo abierto en su localidad, por lo que la inacción de esa autoridad pone en riesgo la salud de los habitantes de la comunidad y provoca problemas de contaminación.\n\n VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n  Se declara CON LUGAR el recurso. Se le ordena a Ana Isabel Rodríguez Sánchez, en su calidad de directora del Área Rectora de Salud Pavas, y a Nelson Cordero Rodríguez, en su calidad de director regional de Rectoría de la Salud Central Sur, o a quienes ocupen sus cargos, adoptar las previsiones necesarias para que la denuncia interpuesta por la recurrente el 18 de noviembre de 2024 sea resuelta en el término improrrogable de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta resolución, y lo resuelto le sea notificado a la accionante dentro del mismo plazo. Se les advierte a dichos servidores, o a quienes ocupen sus cargos, que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar pone nota. Notifíquese. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAracelly Pacheco S.\n\n\n\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRosibel Jara V.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n LQZUI7ZZXPI61\n\nEXPEDIENTE N° 25-006195-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:06:04.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Constitutional Chamber\n\nResolution No. 13587 - 2025\n\nDate of Resolution: 09 May 2025 at 09:15\n\nCase File: 25-006195-0007-CO\n\nDrafted by: Ana Cristina Fernández Acuña\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-006195-0007-CO\n\nRes. No. 2025013587\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen on the ninth of May, two thousand twenty-five.\n\nAmparo appeal processed under case file number 25-006195-0007-CO, filed by Nombre01, identity card number CED01, against the MINISTRY OF HEALTH.\n\nWhereas:\n\n1.- In a written submission received at 09:59 on 4 March 2025, the appellant files an amparo appeal against the MINISTRY OF HEALTH, and states the following, in summary: that in November 2024 she filed an environmental complaint before the Carmen, Merced, Uruca Health Governing Area (see case file). However, they declared themselves incompetent and transferred the case to the Pavas Health Governing Area of the Ministry of Health, an entity that took on her case. She alleges, in this context, that her complaint concerned pollution and negative effects on the soil resource, water resource, climate, and pleasant landscape and, in this regard, states the following: “SECOND: The action specifically concerned the existence of a large, clandestine, open-air garbage dump, where hundreds of tons of solid waste enter daily, without any oversight from the governing entity, which is the Ministry of Health. The waste is burned, generating all of this: bad odors, rodents, cockroaches, greenhouse gases (GHG), pollution from leachates, and negative effects on the landscape. You can appreciate the visual impact in the photographs, large columns of smoke and fire. All of this occurs on the bank of the Bribri River channel, where its waters join the Torres River downstream, and then these with those of the Tiribí, which join the Virilla River, and from there continue downstream to the Pacific Ocean. Also, contamination of the aquifer could be generated through leachates. I provide photographs so that the reported site can be appreciated. THIRD: Through official communication of 25 November 2024, No. MS-DRRSCS-DARS-P-0463-2024, that is, more than three months after the complaint was filed, the respondents from the PAVAS HEALTH GOVERNING AREA indicated the following: ‘In response to the complaint, it was elevated to higher levels so that they could indicate how to proceed with the case since two Regional Directorates of the Ministry of Health (Central South and North Region) are involved’.” Therefore, she accuses that at the time she filed this appeal, her complaint had not been addressed and everything remained the same, an omission that, in her opinion, violates her fundamental rights. So much so that she states the following: “As we have seen, hazardous waste enters the site in trucks, such as vehicle batteries, electronic waste, and even radioactive waste could be arriving, in addition to organic waste and many others, which means that we are, collectively, facing a contaminated site without a doubt, but a risk analysis and the declaration that our legal system provides for are needed.” She requests that the appeal be granted, with the legal consequences.\n\n2.- Ana Isabel Rodríguez Sánchez, in her capacity as director of the Pavas Health Governing Area, reports under oath, the following: “... in follow-up to complaints received regarding the pollution problem from burning waste and smoke, on 28 November 2023 a visit was made to the Comag Quarry (Tajo Comag), where approximately 07 mounds of rubble (escombros) and materials were observed on the southern boundary, as well as smoke emanations from the last two mounds. Trucks were observed from above dumping materials from the railway line. That on 14 May 2024, official communication No. MS-DRRSCS-DARS-P-0190-2024 was issued requesting coordination for an inter-institutional working group regarding the problem of trucks invading the railway line and Comag Quarry. On 21 June 2024, the inter-institutional working group was held with the following aspects: Explanation of the problem (context). Presentation of alternatives by the institutions (Municipality of San José and Municipal Police indicate that vehicles and trucks have been taken to the flagrancy court). Mr. Guardia (Representative of the Comag Quarry) indicates that the problem occurs on the edge of the line and the quarry. The Costa Rican Railway Institute (Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER) indicated that in some sectors they have moved 1.20 meters from the edge and cannot notify those people who invade (dwellings) with such proximity to the railway line. The Fire Department indicated the depletion of resources and the risk for them in addressing the problem. The Municipality of San José indicated that they plan to narrow the entrance so that only light and emergency vehicles can pass, preventing the passage of trucks that invade the railway line. The Police (MSJ-Public Force) indicate that the police presence helps, but it is a palliative measure; they indicate they will help with visits, weekly actions, and by official duty. The Public Force indicated that it will collaborate with the prosecutor's office to intercept trucks as much as possible, intermittently and at certain times. The Municipality of San José and the Environmental Services Area indicated that it is not an easement (servidumbre), nor a public or private road; they mentioned that they will investigate the hardware store business located in the area, in addition to having approached the Agrarian prosecutor's office. Mr. Guardia indicates the need for police entities. The MSJ indicates that institutions needing protection can coordinate with them. Licda. Lourdes Sánchez (Ministry of Health) indicates that actions must be outlined by each institution. Roadmap: Create an Action Plan, with a schedule to carry out the actions. Agreements: 1-Municipality of San José to review the agreement for the right-of-way of the railway line together with INCOFER. 2-Municipal Police and Public Force will carry out sporadic and coordinated visits to the area. 3-A meeting is agreed for Thursday, 18 July 2024 at 9:30 am at the North Metropolitan Fire Department headquarters to see the progress and plans of each institution based on the problem. The meeting is closed at 12:20 pm 87. On 18 July 2024, the inter-institutional working group was held with institutions: Municipality of San José, Fire Department, Comag Quarry, Municipal Police, and Ministry of Health. Among the agreements of said working group are: INCOFER will send the plan for an additional working group meeting solely with the Municipality of San José and the Ministry of Health, and this must be sent as soon as possible to initiate it. 88. On 23 August 2024, an email was sent to INCOFER to Marielos López, management assistant, who indicates that she will forward the email to Eng. Nombre02 to schedule the prior meeting and will notify the Health Governing Area when it is scheduled. On 18 November 2024, an inspection was carried out at the Comag Quarry where the person in charge, Mr. Luciano Guardia, attended; he indicates that extraction activities no longer occur and that reforestation has been taking place in different sectors of the quarry for about four-five years. Wagons with earth entering the site are observed. On 18 November 2024, a complaint was received from the appellant, Mrs. Nombre01, who indicates she lives in the Belén Canton, regarding the illegal dump located in the Comag Quarry for violations of Conventional Norms on Climate Change. On 22 November 2024, the case was elevated to the Central South Health Regional Directorate via official communication No. MS-DRRSC-DARS-P-0460-2024, requesting guidance on whether the complaint should be elevated given the involvement of two Health Governing Areas located in two different Regional Directorates (Central South and North). On 25 November 2024, it was recorded in Inspection Report No. CS-ARS-P-BAG-206-2024, an inspection of the south side of the Comag Quarry; at said location, trucks were observed invading the property of INCOFER and third parties dumping materials such as rubble (escombros), wood, and other materials. Third parties are observed burning materials further down from the mounds located in the Quarry. Trucks with license plates ( and ) were observed with people on board carrying out unloading tasks of said materials and rubble. On 25 November 2024, through official communication No. MS-DRRSCS-DARS-P-0463, Mrs. Nombre01, the complainant, was informed that the complaint had been elevated for consultation since two Health Governing Areas located in two different Regional Directorates (Central South and North) are involved. She was also informed (sic) that the Quarry is not in operation and that third parties (whose identities are unknown) invade the Quarry property and the INCOFER railway line to burn materials, therefore she would be informed when the higher levels indicate the actions to be taken. On 01 December 2024, a complaint was received from Mrs. Nombre03, who indicated (sic) she lives in La Carpio, regarding third-party trucks that come to dump rubble at the Comag Quarry; she indicates that she calls the Fire Department and they do not show up to put out the fires caused by street dwellers (habitantes de la calle); she also indicates that people come to dump in the area. Through official communication No. MS-DRRSCS-DARS-P-0463, Mrs. Nombre03 was informed that the complaint had been elevated for consultation since two Health Governing Areas located in the Central South Regional Directorate (Pavas-Carmen Merced Uruca) are involved. She was also informed (sic) that the Quarry is not in operation and that third parties (whose identities are unknown) invade the Quarry property and the INCOFER railway line to burn materials, therefore she would be informed (sic) when the higher levels indicate the actions to be taken. On 03 December 2024, official communications No. MS-DRRSC-DARS-P-0479-2024 and MS-DRRSC-DARS-P-0480-2024 were sent, addressed to the Municipality of San José and the National Railway Institute (Instituto Nacional de Ferrocarriles) to attend an Inter-institutional Working Group on 08 January 2025 at the Ministry of Health. On 12 December 2024, official communication No. MS-DRRSCS-3031-2024 was received from Dr. Nelson Cordero Rodríguez, Acting Director of the Central South Regional Directorate, attaching official communication No. MS-DGS-3725-2024 from Dr. Berny Villareal, Director General of Health, requesting a report on the actions taken based on the respective complaint. On 19 December 2024, official communication No. MS-DRRSCS-DARS-P-0512-2024 was sent to the Directorate General of Health in response to the request in the aforementioned communication, along with inspection report No. CS-ARS-P-BAG-218-2024 of the visit carried out. On 08 January 2025, an inter-institutional working group was held with the Municipality of San José and the Costa Rican Railway Institute. In said meeting, among the agreements made, the following were made clear: According to the log, the following most relevant data is reported: • The Municipality of San José indicated (sic) that it has conducted field visits and sent truck owners and their license plate numbers to the prosecutor's office for dumping waste at the site. • INCOFER indicated (sic) that the case has been elevated to other instances, including the First Chamber. • The Municipality of San José indicated (sic) that the 'boundary markers (mojones)', which are structures that prevent the dumping of rubble, have been torn out by unknown persons and no more have been placed at this time. • The Municipality of San José indicated (sic) that part of the invaded land belongs to the Joint Institute for Social Aid (Instituto Mixto de Ayuda Social). • The Municipality of San José indicated (sic) that in said area there is a 'warehouse' belonging to the Diablos gang, which they are going to close down since said gang charges for each truck that invades the INCOFER line and dumps materials into the Comag Quarry. • The Municipality of San José indicated (sic) that they have conducted studies to coordinate the eviction of the dwellings that are invading the INCOFER zone and transform it into some park or similar, and that this was coordinated with the IMAS. • The Municipality of San José indicated (sic) that it continuously visits the area to collect waste in situ. • A field visit was coordinated (sic) for 07 February of the current year. • A meeting was agreed upon with technical staff from different areas at the Municipality of San José for 27 February of the current year. On 09 January 2025, a copy of an email was received attaching official communication No. CARTA-MS-DGS-19-2025, where Dr. Berny Villareal, Director General of Health, responds on the actions taken to Mr. Nombre04, a petitioner on the topic of open-air garbage burning. On 10 January 2025, official communications No. MS-DRRSC-DARS-P-0011-2025 and No. MS-DRRSC-DARS-P-0012-2025 were sent, addressed to the Municipality of San José and the National Railway Institute, reminding them of the field visit to the Pavas Rincón Grande site adjacent to the railway line bordering the Comag Quarry. On 07 February 2025, recorded in inspection report No. CS-ARS-P-BAG-22-2025, a visit to the site was carried out to verify the current conditions where the following was observed: • Materials and waste were observed along the boundary alongside the railway line. • Third parties were observed on the boundary with materials. On 10 February 2025, a copy of official communication No. CARTA-MS-DGS-348-2025 was received from Dr. Ariana Alvarado Angulo, Acting Director of the Directorate General of Health, addressed to Mrs. Ana Murillo Delgado, Secretary of the Municipal Council of the Municipality of Belén, regarding an agreement made in ordinary session No. 01-2025, informing about the problem of improper waste disposal on the boundary between the Comag Quarry and the National Railway Institute, in which she is informed, among other things... ‘...Finally, it is important to note that this area has a social problem, which makes continuous attention and follow-up of the case difficult, especially for the institutions that carry out site visits; however, there is an institutional and inter-institutional commitment to resolve the situation, and the respective follow-up is being given to the mentioned case; as well as the conducting of constant inspections by officials of the Pavas Health Governing Area.’ On 13 February 2025, report No. MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0022-2025-BAG and official communication No. CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0053-2025 'Executive Summary of Actions Taken to Date on the Complaint Regarding the Open-Air Dump for Rubble and Burnings, Bimonthly Report' are sent. Said report summarizes what was agreed at the meeting on 08 January 2025 and the field visit conducted on 07 February 2025. On 28 February 2025, as agreed, the Municipality of San José was visited to hold the Inter-institutional Meeting with the Costa Rican Railway Institute, but this (sic) was not held due to a logistical problem at the Municipality of San José. Coordination will be made to hold the Inter-institutional Meeting as soon as possible to organize a work plan involving both institutions. Therefore, I state that there is a broad local, regional, central, and inter-institutional commitment within our powers to resolve the situation, despite it being a complex matter in form and substance, but which is being given the required follow-up according to the scope available. However, no response has been received from higher levels of the Ministry of Health because the impact also includes areas such as Belén and Carpio. Within the scope of the Health Governing Area, meetings have been held, as well as being part of the inter-institutional commission formed by the aforementioned institutions, but as it is an inter-institutional issue, the scope is limited, which is why the need for support from the Regional and Central levels to solve this problem is reiterated. The Municipality of San José has placed barriers, 'boundary markers (mojones)', however, this placement is unfinished as placement is only observed in a section of approximately 20 meters, to prevent trucks from dumping more rubble onto the mounds along the railway line and the Quarry. I reiterate that the identity of those carrying out these burnings is unknown (street dwellers (habitantes de calle), mostly) and who the people are who continue bringing rubble and waste in the trucks and dumping them in the Quarry via the railway line, a reason that has prevented us from issuing Administrative Acts, as we have no way of locating them. We have not been neglectful, as demonstrated by the actions described in this communication; as part of the inter-institutional commission, we are witnesses to the fire department's interventions to extinguish the fires of the material deposited there, which subsequently generates residual smoke, which probably comes from the illegal action of these persons (apparently street dwellers and addicts) and third parties burning the rubble from the mounds along the existing Quarry to recover recoverable material and sell it…” She requests that the appeal filed be dismissed.\n\n3.- Nelson Cordero Rodríguez, in his capacity as regional director of the Central South Health Stewardship, reports under oath, the following: “... Before referring to substantive issues regarding the attention of the complaint and the actions that to date have been carried out by the Local Level, which is responsible for addressing the reported problem, it must be clear, according to the provisions of the Organic Regulation of the Ministry of Health No. 40724-S, that the Regional Directorates have a supervisory, control, accompaniment, and support role for the Health Governing Areas: Article 43.- On the Regional Directorates of Health Stewardship. The Regional Directorates of Health Stewardship are organically dependent on the Directorate General of Health. Their objective is to guarantee compliance with the institutional strategic framework at the regional level, ensuring that the regional and local components of all institutional processes are executed in an articulated, effective manner, with the required quality, in accordance with the institutional strategic framework and the strategic guidelines issued by the Director General of Health and the Ministerial Office. That is, the Regional Directorate, in its duty to ensure that actions are carried out in accordance with regulatory provisions, as in the present case, in surveillance, supervision, and support for the Pavas Health Governing Area, has maintained constant communication with the Local Level, which is responsible, due to its geographic location, for addressing the reported problem, the subject of the amparo appeal filing. For this reason, on 28 November 2024, via email, I directed Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, Director of the Pavas Health Governing Area, an instruction to provide a chronological report of the actions taken regarding the Comag Quarry case. Ordering on that occasion that the follow-up and sanitary inspection be carried out at the reported location and that the corresponding technical report be provided. On 12 December 2024, as a liaison between the Directorate General of Health and the Local Level, official communication No. MS-DRRSCS-3031-2024 was sent to the Pavas Health Governing Area, forwarding official communication No. MS-DGS-3725-2024 signed by Dr. Berny Villareal Cortes, Director General of Health, who requested a report on the actions taken based on the respective complaint. On 18 December 2024, Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, through official communication No. MS-DRRSCS-DARS-P-0512-2024, addressed to Dr. Bernny Villarreal Cortes, Directorate General of Health, responded regarding open-air burnings on the west side of the Tobías Bolaños airport, Pavas. Communicating all the actions and coordination that the Pavas Health Governing Area has carried out in response to the complaint received. Adding, in addition, all the coordination being carried out with other institutions such as the Costa Rican Railway Institute, Municipality of San José, Ministry of Public Security, and Ministry of Transport. Because the environmental pollution problem must be addressed jointly with these institutions. On 09 January 2025, via email, the Pavas Health Governing Area Directorate was again asked to send a technical report on the actions taken regarding the Comag Quarry case. On 13 February 2025, through official communication CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0053-2025, it was received from Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, Director of the Pavas Health Governing Area, subject: Executive summary of actions taken to date on the complaint regarding the open-air dump for rubble and burnings at the former Comag Quarry, located in Pavas. Recording the sanitary inspection carried out at the reported site and adding, in addition, the follow-up of the inter-institutional coordination efforts that remain active for this purpose. Said report summarizes what was agreed at the meeting held on 08 January 2025, between the Municipality of San José, the Costa Rican Railway Institute, and this Pavas Health Governing Area. Furthermore, the technical report regarding the sanitary inspection carried out at the reported site on 07 February 2025 is included. On 10 March 2025, official communication MS-DRRSCS-DARS-P-0088-2025 was received, signed by Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, Director of the Pavas Health Governing Area, Chronological report of actions taken to date on the complaint regarding the open-air garbage dump on the west side of the Tobías Bolaños airport, Pavas. Summary of all actions carried out by the Pavas Health Governing Area to date. On 21 March 2025, this Regional Directorate received a copy of Technical Report MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0030-2025-BAG, signed by Lic. Bryan Arias Gutiérrez, Health Regulator of the Pavas Health Governing Area, addressed to Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, Director of the Pavas Health Governing Area, recommending that, due to the complexity of the situation occurring at the reported site, the complaint be elevated to higher levels, given that the impact also occurs in other Health Governing Areas of this Regional Directorate. However, this Pavas Health Governing Area reiterates its commitment to continue addressing the complaint, as has been done to date. From the foregoing, it can be confirmed that this Regional Directorate of Central South Health Stewardship has resorted to supervisory and control mechanisms to ensure that the Pavas Health Governing Area carries out actions in accordance with the sanitary regulatory framework to seek a solution regarding the reported environmental pollution. Keep in mind, Honorable Magistrates, that the exposed problem is complex, involving both State institutions and private parties, and therefore must be resolved inter-institutionally, with the participation of the Costa Rican Railway Institute, Ministry of Public Security, Municipality of San José, Ministry of Public Works and Transport, and this health authority. Coordinations that the Pavas Health Governing Area has been carrying out, keeping this Regional Directorate informed, regarding the hierarchical line as legally corresponds…” He requests that the appeal filed be dismissed.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Fernández Acuña; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY MATTER. In the sub judice, the appellant's claim is due to the alleged failure to resolve an environmental complaint, all of which, if true, could constitute an injury to the right to enjoy prompt and complete administrative justice. Therefore, before analyzing the merits of this matter for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure, it must be clarified that, since judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on 22 February 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the timeframes, established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both for resolving an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at a party's request—and for hearing the applicable administrative appeals. However, in this case, a situation of exception is precisely raised, as it involves a complaint about a problem concerning the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. By virtue of the foregoing, the Chamber will proceed to resolve the appeal.\n\nII.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant alleges that in November 2024 she filed a complaint against a clandestine open-air garbage dump before the Carmen, Merced, Uruca Health Governing Area, which declared itself incompetent and transferred the case to the Pavas Health Governing Area of the Ministry of Health. However, although that entity took on the management of the matter, it subsequently elevated the complaint to higher levels so that they could indicate how to proceed with the case, as two Regional Directorates of the Ministry of Health were involved in it. In this way, not only has her complaint not been resolved, but no measures have yet been adopted to correct the reported environmental problem.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\n1) At the Comag Quarry, property of the Costa Rican Railway Institute (INCOFER), there is a garbage dump that generates pollution from the burning of waste and smoke (uncontested fact).\n\n2) Therefore, as far back as 2023, officials of the Ministry of Health, in follow-up to the complaints received regarding this problem, conducted a visit to the Comag Quarry on 28 November 2023, and observed on the southern boundary approximately 07 mounds of rubble (escombros) and materials, as well as smoke emanations from the last two mounds. They also observed, from above, trucks dumping materials from the railway line (reports).\n\n3) On 14 May 2024, official communication No. MS-DRRSCS-DARS-P-0190-2024 was issued to coordinate an inter-institutional working group regarding the problem of trucks invading the railway line and the Comag Quarry (reports).\n\n4) On 21 June 2024, an inter-institutional working group was held in which an explanation of the problem (context) was given and a presentation of alternatives was made by the participating institutions. During its celebration, the following aspects were addressed: firstly, the representative of the Comag Quarry asserted that the problem occurred at the edge of the line and the quarry and indicated that there was a need for police entities to be present at the site. INCOFER, for its part, stated that in some sectors they had moved 1.20 meters from the edge and stated that it could not notify the people who had invaded (dwellings) the vicinity of the railway line. Likewise, the Municipality of San José and the Municipal Police indicated that vehicles and trucks had been taken to the flagrancy court. The Municipality of San José asserted that it planned to narrow the entrance so that only light and emergency vehicles could pass, preventing the passage of trucks that invaded the railway line. On the other hand, the Fire Department asserted that there was a depletion of resources and that there was risk for them in addressing the problem. In response, the Police (MSJ-Public Force) stated that the police presence helped, but it was a palliative measure, adding that they would help with visits, weekly actions, and by official duty. They also asserted that they would collaborate with the prosecutor's office to intercept trucks as much as possible, intermittently and at certain times. The Municipality of San José and the Environmental Services Area indicated that it was not an easement (servidumbre), nor a public or private road, and mentioned that they would investigate the hardware store business located in the area, in addition to having approached the Agrarian prosecutor's office. The MSJ stated that the institutions that needed protection could coordinate with them. Additionally, Licda. Lourdes Sánchez, from the Ministry of Health, asserted that actions must be outlined by each institution. It was ordered that the Municipal Police and Public Force would carry out sporadic and coordinated visits to the area.\n\nLikewise, it was agreed to hold a meeting for Thursday, July 18, 2024, at 9:30 a.m. at the headquarters of the Cuerpo de Bomberos Metropolitana Norte to see the progress and plans of each institution based on the problem (see reports and evidence on file).\n\n5) On July 18, 2024, the following inter-institutional working group was held with institutions including the Municipalidad de San José, the Cuerpo de Bomberos, the Tajo Comag, the Policía Municipal, and the Ministerio de Salud, and it was agreed that INCOFER would send the plan for an additional working group solely with the Municipalidad de San José and the Ministerio de Salud, and this must be sent as soon as possible to initiate it (see reports).\n\n6) On August 23, 2024, an email was sent to Marielos López, management assistant at INCOFER, who indicated that she would forward the email to Eng. Nombre02 to schedule the prior meeting and would notify the Área Rectora de Salud when it was scheduled (see reports).\n\n7) On November 18, 2024, a new inspection was conducted at the Tajo Comag, which was handled by the person in charge, Mr. Luciano Guardia, who stated that extraction activities were no longer taking place and that reforestation had been underway in different sectors of the quarry (tajo) for about four to five years (reports).\n\n8) On the same November 18, 2024, the appellant filed an environmental complaint before the Área Rectora de Salud del Carmen, Merced, Uruca, alerting the Administration to the environmental pollution problem caused by a clandestine open-air dump (botadero de basura clandestino a cielo abierto) that had negative effects on the soil resource, water resource, climate, and pleasant landscape, and alleging violations of conventional climate change norms (uncontested fact; see evidence on file).\n\n9) On November 22, 2024, official communication N° MS-DRRSC-DARS-P-0460-2024 was submitted to the Dirección Regional de la Salud Central Sur requesting to indicate whether the complaint should be elevated, as it involved two Áreas Rectoras located in two different Direcciones Regionales (Central Sur and Norte) (reports and evidence on file).\n\n10) On November 25, 2024, an inspection was conducted on the south side of the Tajo Comag, and it was verified, according to Inspection Report N° CS-ARS-P-BAG-206-2024, the presence of trucks invading the property of INCOFER and of third parties dumping materials such as rubble (escombros), wood, and other materials. Third parties were also observed burning materials below the mounds found at the quarry (tajo) (reports).\n\n11) Also on November 25, 2024, by means of official communication N° MS-DRRSCS-DARS-P-0463, Ms. Nombre01, the appellant here, was informed that a query regarding the complaint had been elevated, as it involved two Áreas Rectoras located in two different Direcciones Regionales (Central Sur and Norte). The protected party was also informed that the quarry (tajo) was not operational and that it was third parties (whose identity was unknown) who were invading the property and INCOFER’s railway line to burn materials. Thus, she would be notified when higher levels indicated the actions to be taken (reports and evidence on file).\n\n12) On an undetermined date, the Área Rectora de Salud del Carmen declared itself without jurisdiction and transferred the case to the Área Rectora de Salud de Pavas of the Ministerio de Salud, which assumed its handling (uncontested fact).\n\n13) On November 28, 2024, via email addressed to Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, director of the Área Rectora de la Salud de Pavas, an instruction was issued to provide a chronological report of actions taken regarding the Tajo Comag case, ordering on that occasion that follow-up and a health inspection (inspección sanitaria) be conducted at the reported site and a corresponding technical report be submitted (reports).\n\n14) On December 3, 2024, official communications N° MS-DRRSC-DARS-P-0479-2024 and N° MS-DRRSC-DARS-P-0480-2024 were sent, addressed to the Municipalidad de San José and INCOFER, to attend another inter-institutional working group on January 8, 2025, at the Ministerio de Salud (reports and evidence on file).\n\n15) On December 12, 2024, official communication N° MS-DRRSCS-3031-2024 was received at the Área Rectora de Salud Pavas, signed by Dr. Nelson Cordero Rodríguez, acting director of the Dirección Regional Central Sur, attaching official communication N° MS-DGS-3725-2024 from Dr. Berny Villareal, director general de Salud, requesting a report of actions taken based on the respective complaint (see reports).\n\n16) On December 18, 2024, Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, via official communication N° MS-DRRSCS-DARS-P-0512-2024, addressed to Dr. Bernny Villarreal Cortes, Dirección General de Salud, \"response regarding open-air burning on the west side of the Tobías Bolaños airport, Pavas. Communicating all actions and coordination that the Área Rectora de la Salud de Pavas has carried out in response to the received complaint,\" explained the issue and also listed all the coordination efforts being made with other institutions, such as INCOFER, the Municipalidad de San José, Ministerio de Seguridad Pública, and the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, because the environmental pollution problem had to be addressed jointly with these institutions (see reports).\n\n17) On December 19, 2024, official communication N° MS-DRRSCS-DARS-P-0512-2024 was sent to the Dirección General de Salud, in response to the request in the aforementioned communication, along with inspection report N° CS-ARS-P-BAG-218-2024 of the visit conducted (see reports and evidence on file).\n\n18) On December 19, 2024, official communication N° MS-DRRSCS-DARS-P-0512-2024 was sent to the Dirección General de Salud, in response to the request in the aforementioned communication, together with inspection report N° CS-ARS-P-BAG-218-2024 of the visit conducted (see reports and evidence on file).\n\n19) On January 8, 2025, an inter-institutional working group was held with the Municipalidad de San José and INCOFER. In that meeting, among the agreements reached, the following was made clear: “According to the log, the most relevant data is reported as follows: • The Municipalidad de San José indicated that it has conducted field visits and has sent to the prosecutor's office the owners of trucks and their license plate numbers that dump waste at the site. • INCOFER indicated that the case has been elevated to other instances, including the Sala Primera. • The Municipalidad de San José indicated that the 'boundary markers (mojones)', which are structures that prevent the dumping of rubble, have been torn out by unknown persons and no more have been placed at this time. • The Municipalidad de San José indicated that part of the invaded lands belong to the Instituto Mixto de Ayuda Social. • The Municipalidad de San José indicated that in said area there is a 'warehouse' belonging to the Diablos gang, which they are going to close down because said gang charges for each truck that invades INCOFER's line and dumps materials into the Tajo Comag • The Municipalidad de San José indicated that they have conducted studies to coordinate the eviction of homes that are invading the INCOFER zone and transform it into a park or similar, and that coordination was done with IMAS. • The Municipalidad de San José indicated that it visits the area continuously to collect waste in situ. • A field visit was coordinated for February 7 of the current year. • It was agreed to hold a meeting with technicians from different areas at the Municipalidad de San José for February 27 of the current year” (see reports).\n\n21) On January 9, 2025, via email, the Dirección de Área Rectora de Salud Pavas was requested to submit a technical report of actions taken regarding the Tajo Comag case (reports).\n\n21) On January 10, 2025, official communications N° MS-DRRSC-DARS-P-0011-2025 and N° MS-DRRSC-DARS-P-0012-2025 were sent to the Municipalidad de San José and INCOFER to remind them of the field visit to the Pavas Rincón grande site, adjacent to the railway line bordering the Tajo Comag (reports).\n\n22) On February 10, 2025, the Área Rectora de Salud Pavas received a copy of official communication N° CARTA-MS-DGS-348-2025, signed by Dr. Ariana Alvarado Angulo, acting director of the Dirección General de Salud, addressed to Ms. Ana Murillo Delgado, secretary of the Consejo Municipal de Belén, in which she was informed of the problems caused by the improper disposal of waste at the boundary between the Tajo Comag and INCOFER, in the following terms: “…Finally, it is important to note that said area has a social problem, which makes continuous attention and follow-up of the case difficult, especially for the institutions that conduct visits to the site; however, there is an institutional and inter-institutional commitment to resolve the situation, and the respective follow-up to the mentioned case is being given; as well as the conducting of constant inspections by officials of the Área Rectora de Salud Pavas” (reports).\n\n23) On February 13, 2025, via official communication CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0053-2025, the Rectoría de la Salud Central Sur received from Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, director of the Área Rectora de la Salud de Pavas, the communication with the subject: “Executive summary of actions taken to date regarding the complaint for an open-air dump (botadero a cielo abierto) of rubble and burning at the former Tajo Comag, located in Pavas. Recording the health inspection (inspección sanitaria) carried out at the reported site and also adding the follow-up of the inter-institutional coordination efforts that remain active for that purpose.” This report summarized what was agreed at a meeting held on January 8, 2025, between the Municipalidad de San José, INCOFER, and the Área Rectora de la Salud de Pavas. Additionally, the technical report regarding the health inspection (inspección sanitaria) conducted at the reported site on February 7, 2025, was included (reports).\n\n24) On February 7, 2025, according to inspection report N° CS-ARS-P-BAG-22-2025, a visit to the site was conducted to verify the conditions at that time, and the following was confirmed: “• Materials and waste were observed along the boundary alongside the railway line. • Third parties were observed at the boundary with materials” (see reports).\n\n25) On February 10, 2025, the Área Rectora de Salud Pavas received a copy of official communication N° CARTA-MS-DGS-348-2025, signed by Dr. Ariana Alvarado Angulo, acting director of the Dirección General de Salud, addressed to Ms. Ana Murillo Delgado, secretary of the Consejo Municipal de Belén, informing her of the problem due to the improper disposal of waste at the boundary between the Tajo Comag and INCOFER, in the following terms: “…Finally, it is important to note that said area has a social problem, which makes continuous attention and follow-up of the case difficult, especially for the institutions that conduct visits to the site; however, there is an institutional and inter-institutional commitment to resolve the situation, and the respective follow-up to the mentioned case is being given; as well as the conducting of constant inspections by officials of the Área Rectora de Salud Pavas” (reports).\n\n26) On February 13, 2025, report N° MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0022-2025-BAG and official communication No CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0053-2025, “Executive Summary Of Actions Taken To Date Regarding The Complaint For An Open-Air Dump Of Rubble And Burning Bimonthly Report,” were sent, summarizing what was agreed at the January 8, 2025, meeting and the field visit conducted on February 7, 2025 (reports).\n\n27) On February 28, 2025, as agreed, the Municipalidad de San José was visited to hold the inter-institutional meeting, together with INCOFER, but due to a logistical problem of that Local Corporation, the cited meeting was not held (reports).\n\n28) On March 10, 2025, the Rectoría de la Salud Central Sur received official communication MS-DRRSCS-DARS-P-0088-2025, signed by Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, director of the Área Rectora de la Salud de Pavas, which contained the “Chronological report of actions taken to date regarding the complaint for an open-air garbage dump on the west side of the Tobías Bolaños airport, Pavas. Summary of all actions carried out by the Área Rectora de la Salud de Pavas to date” (reports).\n\n29) On March 21, 2025, the Dirección Regional, Rectoría de la Salud Central Sur, received a copy of Technical Report MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0030-2025-BAG, signed by Lic. Bryan Arias Gutiérrez, health regulator of the Área Rectora de la Salud de Pavas, addressed to Dr. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, director of the Área Rectora de la Salud de Pavas, recommending that, due to the complexity of the situation occurring at the reported site, the complaint be elevated to higher levels, given that the impact was also occurring in other Áreas Rectoras of that Dirección Regional (reports).\n\nIV.- UNPROVEN FACTS. The following fact of relevance to this resolution is not deemed proven: solely that the Ministerio de Salud has resolved the complaint filed by the appellant and has notified her of the decision.\n\nV.- ON THE MERITS. In the present case, the appellant claims to have filed a complaint against a clandestine open-air dump (botadero de basura clandestino a cielo abierto) and alleges that, to date, her action has not been resolved, an omission she deems violates Article 27 of the Constitución Política. However, although the right of petition, established in the aforementioned Article 27 of the Constitution, understood in a generic sense, refers to the power that every citizen possesses to address in writing any public official or official entity for the purpose of presenting a matter of their interest, it is necessary to distinguish pure and simple requests for information from complaints. In the first case, the response must normally be given within ten business days following receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Ley de Jurisdicción Constitucional and other regulations governing the matter. However, although the Chamber has recognized that a complaint falls within the generic concept of petition established in Article 27 of the Constitution, with its correlative right to obtain a resolution, in judgment Nº 2000-00037 of 4:18 p.m. on January 4, 2000, it declared the following:\n\n“…we are not faced with hypotheses such as those regulated in Articles 27 and 41 of the Constitution, which refer to the freedom of petition before any public official or official entity and the right to obtain prompt and complete justice, respectively. In this case, a distinction must be made between this type of petition and a complaint, as it is meritorious for the analysis. Complaints are means used by individuals to bring to the attention of the Administration facts that the complainant considers irregular or illegal, with the purpose of prompting the exercise of competences, normally disciplinary or sanctioning, vested in public bodies. On occasion, the complaint even constitutes a duty for those who, given their function or activity, have knowledge of those facts, but in other cases, it is rather a mode of participation in matters that concern the public interest, perfectly compatible with, and, in fact, based on the democratic principle (one should not forget in this regard that public officials are mere depositaries of that authority). Notwithstanding the foregoing, it cannot be denied that complaints, like requests for information, administrative claims, and requests for the granting of certain rights, are included within the generic concept of petition established in Article 27 of the Constitution, with its correlative right to obtain a response as a complement to the exercise of the right to petition. Now, each of these petitions is governed by different regimes regarding the time granted to the administration to respond once its intervention has been requested. For example, in the case of requests for information, the terms for the administration to provide it are not contemplated in the Ley General de la Administración Pública, but they are in the Ley de la Jurisdicción Constitucional in Article 32, as a complement to Article 27 of the Constitution, for these specific cases. Administrative claims find their resolution deadline in administrative legislation. The Ley General de la Administración Pública, which governs ordinary procedures, establishes for these the peremptory term for resolution of the matter as generically established for all procedures before the administration, that being the content of Article 261 of said normative body, which is two months, without prejudice to the terms established independently for appeals in administrative proceedings. Although in the cited cases the deadline is clearly established in the legislation, in the case of complaints —which do not cease to be a form of petition— there is no established legal deadline, neither specifically nor in a supplementary or generic form, so in these cases it is necessary to assess, necessarily, whether the time taken by the administration to resolve a specific complaint is excessive or not for the purposes of exercising the legitimate right to complain and to obtain a response from the administered party…” (the highlighting and underlining are not from the original).\n\nIndeed, the violation of constitutional provisions, in these cases, is verified by weighing —in accordance with the evidence on file— whether the processing of the procedure occurred without undue delays (see judgment Nº 2002-09041 of 3:02 p.m. on September 17, 2002), given that, although Article 3 of the Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 only establishes that those requests, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system established a specific administrative procedure and different deadlines from those regulated in said law are not subject to the right of petition, the truth is that, in the case of complaints, the Administration needs to carry out a procedure to verify the facts that are to serve as grounds for the final act, as well as to adopt the pertinent evidentiary measures. The Chamber has repeatedly held that the corresponding violation of constitutional provisions is verified by weighing —in accordance with the evidence on file— whether the processing occurred without undue delays (see judgment Nº 2002-09041 of 3:02 p.m. on September 17, 2002), without prejudice to applying, as a general guide, the term provided in Article 261 of the Ley General de la Administración Pública.\n\nIn the specific case, it has been proven that the appellant filed her complaint on November 18, 2024. However, although it has also been proven that the Ministerio de Salud has indeed undertaken actions aimed at solving the problem presented to it —which is highly complex and requires the intervention of other institutions—, there is no evidence that it has resolved said complaint on its merits, nor that it has notified the interested party of anything in this regard. Therefore, it is appropriate to grant this remedy.\n\nVI.- NOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned’s criterion that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do agree to hear the merits of the case when other rights of persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50, of the Constitución Política), as is the case here, in which the appellant denounces that the Ministerio de Salud has not followed up on or resolved the problem afflicting them for several years, in relation to the operation of a clandestine open-air dump in her locality, meaning that the inaction of that authority puts the health of the community's inhabitants at risk and causes pollution problems.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe remedy is declared GRANTED. Ana Isabel Rodríguez Sánchez, in her capacity as director of the Área Rectora de Salud Pavas, and Nelson Cordero Rodríguez, in his capacity as regional director of the Rectoría de la Salud Central Sur, or whoever holds their positions, are ordered to take the necessary steps so that the complaint filed by the appellant on November 18, 2024, is resolved within the non-extendable term of TWO MONTHS, counted from the notification of this resolution, and the decision is notified to the appellant within the same period. Said officials, or whoever holds their positions, are warned that failure to comply with said order will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceeding. Justice Salazar adds a note. Notify.\n\nFernando Cruz C.\nPresidente a.i\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nIngrid Hess H.\n\nAracelly Pacheco S.\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\nRosibel Jara V.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n\nLQZUI7ZZXPI61\nEXPEDIENTE N° 25-006195-0007-CO\n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:06:04.\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }