{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1291282",
  "citation": "Res. 14379-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Omisión en actualización de registros de fuentes de agua en Naranjo vulnera derecho a ambiente sano",
  "title_en": "Failure to update water source registries in Naranjo violates right to healthy environment",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote (FEDAPRO) contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). La recurrente denunció graves inconsistencias en los registros oficiales de fuentes de agua del cantón de Naranjo: al menos 122 nacientes clasificadas erróneamente como ríos o quebradas y múltiples errores de georreferenciación. Estas fallas pueden reducir indebidamente las áreas de protección legal, exponer caudales a captaciones no reguladas y desproteger ecosistemas sensibles, afectando el abastecimiento de agua potable para miles de personas. La Sala constató que, pese a reiteradas solicitudes desde mayo de 2022, el AyA no respondió oportunamente a la Dirección de Aguas, y esta última, escudándose en un formalismo administrativo, no corrigió los registros sin la confirmación oficial del AyA. La sentencia califica esta parálisis como inacción institucional incompatible con los principios de precaución y prevención, y ordena en un plazo de seis meses la verificación y rectificación de los datos, la remisión de un informe detallado y el diseño de un cronograma público de actualización de registros nacionales con participación de las ASADAS.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo filed by the Federation of Community Aqueducts of the El Chayote Protected Zone (FEDAPRO) against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) and the Ministry of Environment and Energy (MINAE). The petitioner reported serious inconsistencies in the official water source registries of the canton of Naranjo: at least 122 springs mistakenly classified as rivers or streams and multiple georeferencing errors. These flaws may improperly reduce legal protection areas, expose flows to unregulated intakes, and leave sensitive ecosystems unprotected, jeopardizing the drinking water supply for thousands of people. The Chamber found that, despite repeated requests since May 2022, AyA failed to respond timely to the Water Directorate, and the latter, hiding behind administrative formalism, did not correct the records without AyA's official confirmation. The ruling labels this paralysis as institutional inaction incompatible with the precautionary and prevention principles, and orders within six months the verification and rectification of data, submission of a detailed report, and the design of a public schedule for updating national registries with participation of the ASADAS.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "16/05/2025",
  "year": "2025",
  "topic_ids": [
    "water-law",
    "procedural-environmental",
    "art-50-constitution"
  ],
  "primary_topic_id": "water-law",
  "es_concept_hints": [
    "nacientes",
    "ASADAS",
    "georreferenciación",
    "SINIGIRH",
    "retiros",
    "caudal",
    "in dubio pro natura",
    "principio precautorio"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 50",
      "law": "Constitución Política"
    },
    {
      "article": "Art. 21",
      "law": "Constitución Política"
    },
    {
      "article": "Art. 18",
      "law": "Ley de Aguas N° 276"
    },
    {
      "article": "Art. 31",
      "law": "Ley de Aguas N° 276"
    },
    {
      "article": "Art. 34",
      "law": "Ley Forestal 7575"
    },
    {
      "article": "Art. 45",
      "law": "Decreto Ejecutivo 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH"
    },
    {
      "article": "Art. 38",
      "law": "Decreto Ejecutivo 42582-S-MINAE"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "fuentes de agua",
    "nacientes",
    "georreferenciación",
    "clasificación tipológica",
    "registro de concesiones",
    "SINIGIRH",
    "AyA",
    "Dirección de Aguas",
    "MINAE",
    "ASADAS",
    "recurso de amparo",
    "derecho a un ambiente sano",
    "principio precautorio",
    "principio preventivo",
    "información ambiental",
    "FEDAPRO",
    "cantón de Naranjo",
    "omisión administrativa",
    "áreas de protección",
    "recurso hídrico"
  ],
  "keywords_en": [
    "water sources",
    "springs",
    "georeferencing",
    "typological classification",
    "concessions registry",
    "SINIGIRH",
    "AyA",
    "Water Directorate",
    "MINAE",
    "ASADAS",
    "amparo",
    "right to a healthy environment",
    "precautionary principle",
    "prevention principle",
    "environmental information",
    "FEDAPRO",
    "Naranjo canton",
    "administrative omission",
    "protection areas",
    "water resources"
  ],
  "excerpt_es": "V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, que el problema denunciado por la parte recurrente, relativo a inconsistencias en la clasificación y georreferenciación de múltiples fuentes de agua en el cantón de Naranjo, no ha sido abordado con la debida diligencia ni ha generado acciones institucionales suficientes para garantizar una actualización adecuada de los registros oficiales. En efecto, si bien consta que el AyA y la Dirección de Aguas han intercambiado comunicaciones y que el primero remitió, hasta el 2 de mayo de 2025, el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 como respuesta parcial a varias solicitudes anteriores, lo cierto es que dichas gestiones han sido tardías, fragmentadas y carentes de seguimiento efectivo. Nótese que, si bien es cierto que el AyA respondió mediante el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 del 2 de mayo de 2025 a algunas de las solicitudes remitidas por la Dirección de Aguas -entre ellas, los oficios DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, y DA-1779-2022-, dicho pronunciamiento constituye una actuación tardía, producida casi tres años después de iniciada la problemática. A ello se suma que la respuesta remitida por el AyA fue incompleta, careciendo de resoluciones técnicas finales sobre los puntos críticos señalados, y sin incorporar un cronograma operativo para la revisión y actualización de los datos erróneos, tanto a nivel local como nacional.\n\nDe otra parte, la Dirección de Aguas ha reconocido que no puede realizar correcciones en los registros sin recibir previamente confirmación formal del AyA, lo que ha generado una parálisis administrativa que perpetúa la existencia de datos incorrectos o desactualizados sobre fuentes utilizadas para el abastecimiento humano. Si bien se entiende que la Dirección de Aguas no puede modificar por cuenta propia los datos georreferenciados, los caudales o las clasificaciones tipológicas sin la correspondiente confirmación oficial del AyA, lo que responde a una lógica de competencias administrativas, esto no le exime de su deber constitucional de actuar con diligencia frente a riesgos ambientales sustantivos. La actitud pasiva y de espera adoptada por ambas instituciones revela un patrón de inacción institucional incompatible con los principios de precaución y prevención que rigen la materia ambiental, y con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada frente a la protección del recurso hídrico. En ese sentido, la omisión estructural, tanto por parte del AyA como de la Dirección de Aguas, representa una amenaza cierta y actual al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al derecho al acceso a información ambiental y al resguardo del recurso hídrico, máxime tratándose de nacientes, ríos y quebradas que constituyen bienes de dominio público cuyo uso y conservación es esencial para la vida y la salud de miles de personas.",
  "excerpt_en": "V.- THE SPECIFIC CASE. After reviewing the evidence submitted, this Court finds a violation of the petitioner’s fundamental rights. From the reports rendered by the respondents' representatives —given under oath with the consequences, including criminal, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction— and the evidence produced, it has been duly proven that the problem reported by the petitioner, namely inconsistencies in the classification and georeferencing of multiple water sources in the canton of Naranjo, has not been addressed with due diligence nor has it generated sufficient institutional action to ensure proper updating of official records. Indeed, while it is true that AyA and the Water Directorate have exchanged communications and that the former finally sent, on May 2, 2025, communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 as a partial response to several prior requests, the truth is that these actions have been late, fragmented, and lacking effective follow-up. Note that, although AyA responded via communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 of 2 May 2025 to some of the requests sent by the Water Directorate —among them, communications DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, and DA-1779-2022— such pronouncement constitutes late action, occurring nearly three years after the problem began. Additionally, AyA’s response was incomplete, lacking final technical resolutions on the critical points raised and failing to include an operational schedule for reviewing and updating the erroneous data, both locally and nationally.\n\nOn the other hand, the Water Directorate has recognized that it cannot make corrections to the records without first receiving formal confirmation from AyA, which has caused an administrative paralysis that perpetuates the existence of incorrect or outdated data on sources used for human supply. While it is understood that the Water Directorate cannot unilaterally modify the georeferenced data, flows, or typological classifications without the corresponding official confirmation from AyA —which responds to a logic of administrative competences— this does not exempt it from its constitutional duty to act diligently in the face of substantive environmental risks. The passive and waiting attitude adopted by both institutions reveals a pattern of institutional inaction incompatible with the principles of precaution and prevention that govern environmental matters, and with international standards of enhanced due diligence in protecting water resources. In this sense, the structural omission, by both AyA and the Water Directorate, represents a real and current threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to access to environmental information and the safeguarding of water resources, especially since springs, rivers and streams are public domain assets whose use and conservation are essential for the life and health of thousands of people.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Chamber granted the amparo and ordered AyA and MINAE to verify and rectify the water source registries of Naranjo within six months, prepare a public national update schedule, and coordinate the publication of corrected data.",
    "summary_es": "La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó al AyA y al MINAE verificar y rectificar los registros de fuentes de agua de Naranjo en seis meses, elaborar un cronograma público de actualización nacional y coordinar la publicación de los datos corregidos."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "The passive and waiting attitude adopted by both institutions reveals a pattern of institutional inaction incompatible with the precautionary and prevention principles that govern environmental matters, and with international standards of enhanced due diligence regarding the protection of water resources.",
      "quote_es": "La actitud pasiva y de espera adoptada por ambas instituciones revela un patrón de inacción institucional incompatible con los principios de precaución y prevención que rigen la materia ambiental, y con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada frente a la protección del recurso hídrico."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "The inaccurate registration of a spring as a stream or river entails material legal effects, such as the undue reduction of protection areas, exposure of the flow to unregulated intakes, failure to supervise resource use, and the lack of protection for sensitive ecosystems.",
      "quote_es": "La inscripción inexacta de una naciente como quebrada o río implica efectos jurídicos materiales, tales como la reducción indebida de las áreas de protección, la exposición del caudal a captaciones no reguladas, la omisión en la fiscalización del uso del recurso y la desprotección de ecosistemas sensibles."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "The lack of updating and verification of these data may not only have serious and irreversible environmental consequences, such as harm to legally protected areas, but also compromises the principle of sustainability in water resource management.",
      "quote_es": "La falta de actualización y verificación de estos datos no solo puede tener consecuencias ambientales graves e irreversibles, como la afectación de áreas de protección legal, sino que compromete también el principio de sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1291282",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 14379 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 16 de Mayo del 2025 a las 09:35\n\nExpediente: 23-024390-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: INFORMACIÓN\n\nSubtemas:\n\nFALTA DE RESPUESTA.\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nAREA PROTEGIDA.\n\n014379-25. INFORMACIÓN. AMBIENTE. SE ACUSA QUE EXISTE UNA GRAVE OMISIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN Y VERACIDAD DE LOS REGISTROS OFICIALES SOBRE FUENTES DE AGUA EN EL CANTÓN DE NARANJO. SE ORDENA AL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA QUE: EN EL PLAZO DE SEIS MESES, 1. VERIFIQUEN Y, EN SU CASO, RECTIFIQUEN LA GEORREFERENCIACIÓN, CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE LAS FUENTES DE AGUA REGISTRADAS EN EL CANTÓN DE NARANJO, PRIORIZANDO AQUELLAS UTILIZADAS PARA CONSUMO HUMANO POR PARTE DE LAS ASADAS; 2. REMITAN CONJUNTAMENTE UN INFORME DETALLADO Y COMPLETO A ESTA SALA SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS, LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LAS GESTIONES PENDIENTES DE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR; 3. DISEÑEN Y PONGAN EN EJECUCIÓN UN CRONOGRAMA PÚBLICO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS NACIONALES DE FUENTES DE AGUA (SINIGIRH Y REGISTRO NACIONAL DE CONCESIONES), CON PARTICIPACIÓN DE LAS ASADAS Y ORGANIZACIONES INTERESADAS, EL CUAL DEBERÁ CONTENER PLAZOS, RESPONSABLES INSTITUCIONALES Y MEDIOS DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN PÚBLICA. 4. QUE EL FUNCIONARIO DESIGNADO COMO ENLACE ANTE EL SINIGIRH POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PROCEDA A COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE AGUA DEL MINAE Y CON LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYA, LA ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS DATOS CORREGIDOS. VCG05/2025\n\n“(…) V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, que el problema denunciado por la parte recurrente, relativo a inconsistencias en la clasificación y georreferenciación de múltiples fuentes de agua en el cantón de Naranjo, no ha sido abordado con la debida diligencia ni ha generado acciones institucionales suficientes para garantizar una actualización adecuada de los registros oficiales. En efecto, si bien consta que el AyA y la Dirección de Aguas han intercambiado comunicaciones y que el primero remitió, hasta el 2 de mayo de 2025, el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 como respuesta parcial a varias solicitudes anteriores, lo cierto es que dichas gestiones han sido tardías, fragmentadas y carentes de seguimiento efectivo. Nótese que, si bien es cierto que el AyA respondió mediante el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 del 2 de mayo de 2025 a algunas de las solicitudes remitidas por la Dirección de Aguas -entre ellas, los oficios DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, y DA-1779-2022-, dicho pronunciamiento constituye una actuación tardía, producida casi tres años después de iniciada la problemática. A ello se suma que la respuesta remitida por el AyA fue incompleta, careciendo de resoluciones técnicas finales sobre los puntos críticos señalados, y sin incorporar un cronograma operativo para la revisión y actualización de los datos erróneos, tanto a nivel local como nacional.\n\nDe otra parte, la Dirección de Aguas ha reconocido que no puede realizar correcciones en los registros sin recibir previamente confirmación formal del AyA, lo que ha generado una parálisis administrativa que perpetúa la existencia de datos incorrectos o desactualizados sobre fuentes utilizadas para el abastecimiento humano. Si bien se entiende que la Dirección de Aguas no puede modificar por cuenta propia los datos georreferenciados, los caudales o las clasificaciones tipológicas sin la correspondiente confirmación oficial del AyA, lo que responde a una lógica de competencias administrativas, esto no le exime de su deber constitucional de actuar con diligencia frente a riesgos ambientales sustantivos. La actitud pasiva y de espera adoptada por ambas instituciones revela un patrón de inacción institucional incompatible con los principios de precaución y prevención que rigen la materia ambiental, y con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada frente a la protección del recurso hídrico. En ese sentido, la omisión estructural, tanto por parte del AyA como de la Dirección de Aguas, representa una amenaza cierta y actual al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al derecho al acceso a información ambiental y al resguardo del recurso hídrico, máxime tratándose de nacientes, ríos y quebradas que constituyen bienes de dominio público cuyo uso y conservación es esencial para la vida y la salud de miles de personas. La falta de actualización y verificación de estos datos no solo puede tener consecuencias ambientales graves e irreversibles, como la afectación de áreas de protección legal, sino que compromete también el principio de sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico. Al efecto, este Tribunal advierte que la respuesta dada por las autoridades competentes ha estado mediada por un formalismo excesivo, contrario al principio de eficacia en la protección de los derechos fundamentales. No se ha promovido una coordinación interinstitucional robusta ni se ha impulsado un cronograma claro de acciones concretas para corregir la información errónea. Asimismo, se ha constatado la inexistencia de una política integral o cronograma nacional de actualización de registros de fuentes de agua, lo cual refuerza la percepción de omisión por parte del aparato estatal en un asunto de alta sensibilidad ambiental y social. Cabe resaltar que la inscripción inexacta de una naciente como quebrada o río implica efectos jurídicos materiales, tales como la reducción indebida de las áreas de protección, la exposición del caudal a captaciones no reguladas, la omisión en la fiscalización del uso del recurso y la desprotección de ecosistemas sensibles. Estas consecuencias, lejos de ser meramente técnicas o administrativas, inciden sobre el núcleo esencial de derechos fundamentales que protegen la vida, la salud y el bienestar de las personas, así como, el ambiente. En consecuencia, se concluye que la omisión denunciada vulnera los derechos fundamentales invocados, particularmente el derecho a un ambiente sano (artículo 50 constitucional), el derecho a la salud (artículo 21 constitucional), y el acceso a información ambiental. Consecuentemente, se estima el presente recurso para garantizar la actualización, verificación y corrección inmediata de los registros señalados, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)”\n\n\n\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta por un problema relacionado con el registro y localización de fuentes de agua. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG05/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En cuanto a este tema, en la sentencia nro. 2022022070 de las 9:20 horas del 23 de setiembre de 2022, este Tribunal señaló:\n\n“Concerniente a la naturaleza de los agravios acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:\n\n“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios. Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.\n\n \n\nInteresa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.\n\n \n\nEn esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:\n\n \n\n“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)\n\n \n\n49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52. Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. 53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”, por lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (…) 55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45) (…) 59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.\n\n \n\nEsta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:\n\n \n\n“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales.”.\n\n \n\nTambién, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, ese Consejo señaló:\n\n \n\n “(…) Reconociendo que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos, incluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación en la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)\n\n \n\nReconociendo además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)\n\n \n\nReconociendo la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)\n\n \n\n1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos;\n\n \n\n2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El resaltado no corresponde al original).\n\n \n\nDe este modo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de este bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un factor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser humano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en lo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.\n\n \n\nAllende de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra aludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible de protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas individuales. En tal sentido, dispuso:\n\n \n\n“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.”. (El resaltado no corresponde al original).\n\n \n\nEsta tesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH afirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia existencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de manera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques, mares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de la CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la trascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de la referida resolución:\n\n \n\n“203. La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).\n\n \n\nCon base en lo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo” (el resaltado es del original).\n\n \n\nAunado a lo anterior, recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, en la que se consignó:\n\n \n\n“1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano;\n\n \n\n2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente;\n\n \n\n3. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional;\n\n \n\n4. Exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos”.\n\n \n\nEsta resolución es la expresión formal de la voluntad del órgano principal de deliberación, adopción de políticas y representación de la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, constituye un compromiso político de carácter universal que debe ser valorado como fuente de soft law de la mayor relevancia.\n\n \n\nPrecisamente, la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 afirma que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto, en buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su comprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción de que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que vale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual propia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de otros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección trasciende al ser humano, puesto que brinda cobijo a los diversos componentes de la naturaleza debido a su trascendencia para preservar la existencia de los organismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los seres humanos.\n\n \n\nAsimismo, reitera y, por esa vía, fortalece la tesitura de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra vinculado con otros derechos humanos, lo que implica que su transgresión puede acarrear la vulneración de la salud, la vida, el desarrollo sostenible democrático, por citar tan solo algunos ejemplos. Lo anterior confiere un significado jurídico particularmente relevante al derecho de marras.\n\n \n\nEn adición, la Asamblea General de la ONU preceptúa que la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado demanda la plena aplicación de los derechos convencionales relacionados con el ambiente en consonancia con los principios del derecho ambiental internacional. De lo anterior se colige su imprescindible inclusión dentro del control jurisdiccional de constitucionalidad por parte de esta Sala.\n\n \n\nPor último, en armonía con la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regula que la obligación de resguardar al ambiente, allende de los estados, se extiende a organizaciones internacionales, empresas y otros interesados, término último que comprende a los seres humanos en general. Justamente es en ese sentido, que la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla el amparo contra sujetos de derecho privado.\n\n \n\nEn suma, bajo el marco conceptual explicado ut supra, este Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de los compromisos convencionales y constitucionales que al Estado costarricense y a la sociedad en general le imponen no solo la obligación de reconocer los derechos, principios y valores de la materia ambiental, sino también la de implementar todas aquellas medidas y actuaciones que se precisan para asegurar la efectiva protección a aquellos” (el resaltado es del original). (…)” VCG05/2025\n\n \n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVCG05/2025\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 23-024390-0007-CO\n\nRes. Nº 2025014379\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del dieciseis de mayo de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 23-024390-0007-CO interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 07:41 hrs. del 06 de octubre de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, luego de hacer estudios conforme a las tecnologías actuales y pruebas obtenidas con trabajo de campo, se dieron a la tarea de confrontar los datos de nacientes, ríos y quebradas del cantón de Naranjo, con lo existente en el Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico y el Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamientos de Agua de la Dirección de Aguas (DA) y notaron con gran asombro, un gravísimo caos administrativo, pues al menos 122 nacientes tienen indicación “a efectos de la DA” como si fueran ríos, o quebradas, siendo que como se dijo, eran nacientes o afloramientos puntales de agua. Acotan que también notaron que muchas de las nacientes y algunas quebradas, tenían errores grandes de georeferencias, es decir, que no eran ciertos los lugares donde la parte institucional las ubicaba, o las trazaba. Exponen que, que al menos detectaron, con estudios para el cantón de Naranjo, que existe información nada confiable en la Dirección de Aguas, pudiendo ello estar generando daños ambientales irreversibles a fuentes de agua superficiales y subterráneas de donde las ASADAS asociadas a la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote abastecen a miles de personas. Aducen que por lo anterior, el 19 de mayo de 2022 presentaron una denuncia por escrito ante la Dirección de Aguas, donde señalaron que las consecuencias de mantener datos erróneos y/o falsos en los registros podría generar impactos ambientales negativos muy serios en las fuentes de agua y en las áreas de protección, sea de nacientes captadas, no captadas y quebradas. Alegan que una mala calificación y una confusión entre lo que es una quebrada y una naciente, lleva aparejado también el dejar de fiscalizar cientos de metros que deberían estar destinados a \"áreas de protección\" o a terrenos que son sitios catalogados por la Ley de Aguas, como \"reservas a favor de la nación\". Señalan que las nacientes y sus áreas de protección son bienes que han tenido durante años resguardo con rango constitucional, por ser estratégicos para el Estado y por ser ponderados como áreas de alta fragilidad ambiental. Apuntan que no es lo mismo considerar un área de protección de un cauce de una quebrada, que es en términos generales, según la Ley Forestal, de 10 0 15 metros a todo su largo, que un área de protección puntual de una naciente no captada, que es de 100 metros de radio, o la de una naciente que sí está captada que, conforme a la Ley de Aguas, es de 200 metros de radio. Por lo anterior, insisten en que el problema del mal registro que lleva la Dirección de Aguas es sumamente peligroso y atenta contra lo dispuesto en la norma 21 constitucional, pues pone en riesgo no solo la calidad del agua superficial y subterránea que podría estar siendo contaminada al no existir las áreas de protección por un mal registro, sino que están ante daños a los ecosistemas ubicados dentro de esas áreas de protección, o reservas a favor de la nación. Mencionan que, en respuesta a su denuncia, mediante el oficio No. DA-1906-08- 2022, en el aparte indicado como No. 1, la recurrida les indicó que, si bien llevan los registros respectivos, no son los responsables de actualizar los datos sobre tomas de aguas surtidoras y quebradas mediante las cuales se abastecen las poblaciones, y que por tanto, los datos que constan en los registros que llevan en Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico y el Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamientos de Agua no podían ser cambiados o actualizados por ellos, sino que el responsable directo es el ICAA, y se justificaron diciendo que debe ser ese instituto el que formalmente le pase a la Dirección de Aguas la información, para que así ellos puedan tener un registro veraz. Aducen que, aunque la repuesta anterior les parece con roces de constitucionalidad, por el exceso de formalismo, en ese momento consideraron que lo oportuno era, no cuestionarlo en aquel entonces. Aclaran que el exceso de formalismo les parece inconstitucional, toda vez que, con lo que les exponen desde la Dirección de Aguas se rompe el criterio de actuar rápido en temas del recurso hídrico y además se puede considerar ello como una negación al acceso a la información ambiental veraz y pronta. Agregan que, sobre las nacientes no captadas para consumo humano, y sobre los datos de georeferencias de quebradas o nacientes, nos señalan también en oficio No. DA-1906-08-2022, en el punto No. 6, que revisarán la información en el futuro, pero ello será conforme les hagan solicitudes los diversos actores, lo cual les parece que también violenta las normas 21 y 50 constitucionales, pues el tema es sensible y urgente como para quedar para un después. Por otro lado, indican que debido al oficio No. DA- 1906-08-2022, el 12 de septiembre de 2022 procedieron a presentar ante el ICAA un escrito de denuncia ambiental y solicitud de coordinación y actualización de datos, a fin de que se hicieran las gestiones necesarias con la Dirección de Aguas. Señalan que la argumentación iba en una línea similar a la que hicieron a la Dirección de Aguas, donde les explicaron el problema de malas georeferencias y el problema de mala calificación entre nacientes y quebradas. Les expusieron al ICAA la necesidad y urgencia de actualización de información, para que la Dirección de Aguas, como ente rector y recopilador de información, tuviera actualizada su base de datos en el Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico y el Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamientos de Agua, pero a pesar de que ha transcurrido más de un año, desde el ICAA no hacen nada, colaborando todo ello en violaciones constitucionales en el tanto que todo se traduce en registros incompletos y con información no oportuna, ni veraz en la gestión integral del recurso hídrico. Motivan que a la fecha lo que existe en realidad ante la Dirección de Aguas y ante el ICAA es apenas es \"un mal subregistro aproximado\" de nacientes y quebradas, que poco colabora en hacer una buena gestión integral del recurso hídrico. Refieren que si el ICAA no actualiza los datos registrales de la Dirección de Aguas y esta no lo hace de oficio, a pesar de tener toda la información, se está en una cadena perversa infinita que genera información no fiable, y eso debe ser corregido, pues existen derechos constitucionales de por medio y además, la Sala Constitucional ha confirmado que la protección del recurso hídrico, es un derecho que debe ser garantizado, protegido y preservado, pero nada de ello se puede hacer si los recurridos no coordinan, pues actualmente solo existen omisiones. Estiman que la problemática denunciada no solo ocurre en Naranjo, sino que es probable que sea en todo el territorio nacional, lo que hace que la situación comprometa el derecho al agua de las generaciones futuras, pues el país se está desarrollado, apoyado en una base de datos que están mal. Exponen que “si el agua se contamina, si las fuentes se referencian mal y si también se degradan ecosistemas, o a la biodiversidad, vamos por mal camino y las personas que no han nacido, no tendrán los mismos recursos que hemos tenido los que por ahora existimos en Costa Rica”. Señalan que con la apuntada omisión se lesionan diversas normas de rango constitucional. Apuntan que, en lo que respecta a este recurso de amparo, solicitan lo siguiente: “Proceder a corregir los datos erróneos de las nacientes del cantón de Naranjo par que la DA pueda hacer lo oportuno en el Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico y en Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamientos de Agua, atendiendo con especial urgencia la corrección del tipo de fuente asignado y las coordenadas, priorizando los manantiales que actualmente están captadas para abastecimiento de agua potable para consumo humano (…). Implementar las medidas correspondientes para iniciar acciones de manera coordinada con el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Protección y con el Ministerio de Salud, para revertir la crítica situación de invasiones ilegales de las áreas de protección de las nacientes del cantón de Naranjo. Que se procediera a revisar y corregir la totalidad de datos erróneos de nacientes de todo el país en el “Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamientos de Agua\", de igual manera, atendiendo con especial urgencia la corrección del tipo de fuente asignado y las coordenadas, priorizando los manantiales que actualmente están captadas para abastecimiento de agua potable para consumo humano. Informar sobre las ASADAS del cantón de Naranjo a las que actualmente se les realizó una revisión de los datos del registro de nacientes (coordenadas, tipo de fuente y demás datos) y cuya solicitud de corrección fue enviada a la Dirección de Aguas para cada una de las ASADAS indicar el número de oficio, fecha de envío y estado actual del trámite, indicar si ya se realizó la debida corrección del registro de nacientes. Informar además, sobre de las ASADAS de todo el territorio nacional a las que actualmente se les realizó una revisión de datos de nacientes (coordenadas, tipos de fuente y demás datos) cuya solicitud de concesión fue enviada a la Dirección de Aguas. Para cada una de las ASADAS indicar el número de oficio, fecha de envío y estado actual del trámite, indicar si ya se realizó la debida corrección del registro de nacientes. Informar detalladamente sobre las acciones específicas de seguimiento que realiza el AYA en relación con las solicitudes de corrección de datos de las fuentes de las ASADAS en el Registro Nacional de Concesiones de la DA, detallar fechas de cada una de las acciones y detallar en qué consistió el seguimiento dado. Tenemos registros de ASADAS cuyo trámite lleva hasta dos años sin respuesta satisfactoria Pedimos se establezca un cronograma de actividades donde nos tengan como parte involucrada y se nos detallen las fechas de las correcciones para el cantón de Naranjo, así como de las correcciones de todo el país. Pedimos copia de ese cronograma”. Solicitan la intervención de este Tribunal Constitucional.\n\n2.- Mediante auto de las 12:09 hrs. del 06 de octubre de 2023 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 06 de octubre de 2023.\n\n 3.- Por escrito presentado el 12 de octubre de 2023, informa bajo juramento LUIS ALEJANDRO GUILLÉN GUARDIA, en condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que: “(…) Primero: No nos consta. En lo que respecta a las actuaciones de la parte recurrente lo anterior de acuerdo con el informe técnico No. GSD-UEN-GAR-2023-03716, elaborado por Yendri Murillo Burgos de la ORAC Metropolitana del AyA, las cuales para efectos aclaratorios se refieren a lo siguiente: “La ORAC únicamente tiene conocimiento del documento sin número de oficio, entregado a Presidencia Ejecutiva de AyA el 12 de setiembre de 2022, en el que se menciona lo anotado en el hecho 1. No obstante, lo referido en el hecho involucra diferentes instituciones y procedimientos necesarios a seguir según los casos señalados en la nota, ya sean rectificaciones en las fuentes, denuncias ambientales u otras.” Segundo: No nos consta. Sobre las gestiones del recurrente ante la Dirección de Agua, únicamente se aclara de acuerdo con el informe técnico No. GSD-UEN-GAR- 2023-03716, según vemos: “Como Oficina Regional de Acueductos Comunales de la Región Metropolitana (ORAC Metropolitana) recibimos copia de un oficio presentado por parte de Dirección de Aguas al AyA en el cual se hacía referencia a la gestión planteada por FEDAPRO ante Dirección de Aguas.” Tercero: Parcialmente cierto. No lleva razón el recurrente en cuanto a lo que corresponde a las competencias propias del AyA, según lo determina el informe GSD-UEN-GAR-2023-03716: “Hecho cierto en cuanto a la respuesta referida por parte de la Dirección de Aguas de MINAE, documento DA-1906-08-2022. Es importante indicar que la solicitud de rectificación de información ante Dirección de Aguas de MINAE contempla procedimientos específicos que cada Institución debe seguir de acuerdo con sus competencias. ” Cuarto: Parcialmente cierto. No es cierto que mi representada no haya dado trámite a la misma, o haya negado acceso a la información referente a dicha gestión, lo anterior de acuerdo con el informe No. GSD-UEN-GAR-2023-03716: “Hecho cierto en cuanto a que FEDAPRO presentó ante AyA un documento sin número de oficio el 12 de setiembre de 2022, en el cual entre otras cosas señala, que existen errores en la categorización de cuerpos de agua que aparecen registrados en la Dirección de Aguas del MINAE así como en las coordenadas de ubicación de fuentes captadas y sin captar en el cantón de Naranjo. No obstante, se reitera que la atención de lo planteado en el documento presentado por FEDAPRO, involucra diferentes instituciones y procedimientos necesarios a seguir según los casos señalados en la nota, ya sean rectificaciones en las fuentes, denuncias ambientales u otras. Es importante indicar que la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados de AyA da trámite a solicitudes de asignación de caudal o bien rectificación de coordenadas, de fuentes captadas por ASADAS y utilizadas para el abastecimiento de la población. Lo anterior a solicitud de cada operador o bien de oficio cuando por parte de la institución como entidad rectora así se determine. Para dichos trámites es necesario cumplir con requisitos como oficio firmado por representante legal de la ASADA donde detalle el requerimiento, balance hídrico, coordenadas geográficas de las fuentes, tipo de fuente, análisis de calidad del agua, información sobre la propiedad donde se ubica la fuente (finca y plano). Referente al área de protección de las fuentes sin captar (áreas a las que se refiere el art. 34 de la Ley Forestal), su delimitación o alineamiento corresponde al INVU y el amojonamiento al titular del bien. Lo anterior de acuerdo con el criterio jurídico PRE- J-2023-03040. Ver prueba 3. Por parte de esta Oficina, se envió correo electrónico el 14 de setiembre de 2022 a la Subgerencia Gestión Sistemas Delegados, donde se daban algunas recomendaciones que solicitábamos tomar en cuenta para la respuesta formal que la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados emitiera a FEDAPRO. Ver prueba 1. El 03 de noviembre de 2022, se reiteró nuevamente porparte de la ORAC las consideraciones que sugeríamos tomar en cuenta. Ver prueba 2. Esto en virtud de los oficios DA-1957-08-2022 y DA-0392-2023 de Dirección de Aguas del MINAE. La ORAC Metropolitana desconoce si por parte de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados se dio respuesta tanto a Dirección de Aguas como a FEDAPRO.” Quinto: Es cierto. En cuanto a las peticiones solicitadas al AyA en dicha gestión, sin embargo, es importante aclarar en lo que corresponde a las competencias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así también de los operadores delegados, de acuerdo con lo que destaca el informe de la ORAC Metropolitana No. GSD-UEN-GAR-2023-03716: “lo planteado en este hecho corresponde a varias peticiones, entre otras: 1. Petición de que AyA proceda a corregir datos erróneos de las nacientes del cantón de Naranjo para que la Dirección de Aguas pueda realizar lo pertinente en SINIGIRH. 2. Implementar las medidas para iniciar acciones de manera coordinada con el MINAE, El Sistema Nacional de Áreas de Protección y el Ministerio de Salud para revertir la situación (asegurada por FEDAPRO) de invasiones ilegales de las áreas de protección de las nacientes del cantón. 3. Revisión y corrección de la totalidad de datos erróneos de nacientes de todo el país en el Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamientos de Agua en cuanto a las coordenadas y tipo de fuente. 4. Informar a las ASADAS sobre el estado del trámite de corrección del registro de fuentes. 5. Informar a FEDAPRO sobre todas las gestiones realizadas a ASADAS de todo el territorio nacional, relacionadas con revisión de datos de fuentes, así como su seguimiento, dicha información no está al alcance de la ORAC Metropolitana ni de su competencia legal, por lo cual no podría proporcionarla. 6. Poner en conocimiento al Gobierno local de la situación que plantea FEDAPRO con relación a las nacientes del cantón. 7. Conformar una mesa de trabajo con la participación de Dirección de Aguas, AyA, FEDAPRO, SINAC, Ministerio de Salud, y FLU de todo el país para el seguimiento de la resolución de la problemática planteada, dicha solicitud. Las peticiones anteriores, corresponden a trámites administrativos ordinarios, que deben ser previamente presentados por los interesados. La ORAC no tiene la competencia legal para aportar la información planteada en las peticiones anteriores. Corresponde a la FLU poner en conocimiento al Gobierno local e interponer las denuncias correspondientes. Es importante recalcar que parte de las competencias de las ASADAS, según se establece en el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales ASADAS, artículo 46; es velar y participar por la preservación y conservación del Recurso Hídrico que se genera para los sistemas de abastecimiento a la población, coordinando para ello con las instituciones involucradas en la conservación y manejo del recurso. De igual forma, en el artículo 21 del mismo Reglamento se faculta a la Junta Directiva a realizar gestiones ante el AyA y ante otras instituciones de conformidad con las competencias delegadas. Por lo anterior, la ASADA puede realizar este tipo de coordinaciones interinstitucionales sin que sea requerido que el AyA intervenga para que se puedan llevar a cabos estos acercamientos y coordinaciones entre instituciones. Asimismo, cada ASADA deberá gestionar la corrección correspondiente ante la ORAC, cumpliendo con los requisitos requeridos (Oficio firmado por representante legal de la ASADA dondedetalle el requerimiento, balance hídrico, coordenadas geográficas de las fuentes, tipo de fuente, análisis de calidad del agua, información sobre la propiedad donde se ubica la fuente (finca y plano).” Sexto: No nos consta. De acuerdo con lo dispuesto en el informe de la ORAC Metropolitana No. GSD-UEN-GAR-2023-03716: “Se reitera que cada ASADA debe de cumplir el debido trámite para plantear la solicitud de asignación de caudal o bien rectificación de alguna de sus fuentes en cuanto a coordenadas geográficas, caudal asignado o tipo de fuente.”  (…) En cuanto a asuntos de mera legalidad: Considerando las pretensiones administrativas plasmadas dentro del libelo del recurso de amparo, y lo dispuesto mediante oficio No. GSD-UEN-GAR-2023-03716 según vemos: “1. Petición de que AyA proceda a corregir datos erróneos de las nacientes del cantón de Naranjo para que la Dirección de Aguas pueda realizar lo pertinente en SINIGIRH. 2. Implementar las medidas para iniciar acciones de manera coordinada con el MINAE, El Sistema Nacional de Áreas de Protección y el Ministerio de Salud para revertir la situación (asegurada por FEDAPRO) de invasiones ilegales de las áreas de protección de las nacientes del cantón. 3. Revisión y corrección de la totalidad de datos erróneos de nacientes de todo el país en el Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamientos de Agua en cuanto a las coordenadas y tipo de fuente. 4. Informar a las ASADAS sobre el estado del trámite de corrección del registro de fuentes. 5. Informar a FEDAPRO sobre todas las gestiones realizadas a ASADAS de todo el territorio nacional, relacionadas con revisión de datos de fuentes, así como su seguimiento, dicha información no está al alcance de la ORAC Metropolitana ni de su competencia legal, por lo cual no podría proporcionarla. 6. Poner en conocimiento al Gobierno local de la situación que plantea FEDAPRO con relación a las nacientes del cantón. 7. Conformar una mesa de trabajo con la participación de Dirección de Aguas, AyA, FEDAPRO, SINAC, Ministerio de Salud, y FLU de todo el país para el seguimiento de la resolución de la problemática planteada, dicha solicitud. Las peticiones anteriores, corresponden a trámites administrativos ordinarios, que deben ser previamente presentados por los interesados, ” podemos afirmar que este asunto es de mera legalidad de acuerdo con lo visto dentro del cuadro fáctico presentado por la parte recurrente y su elenco probatorio; Los cuales son hechos que se deben de conocer en la sede administrativa y/o judicial ordinaria según lo requerido por el recurrente, ya que en ningún momento se está denegando su solicitud, sino que por el contrario según lo destaca el informe No. GSD-UEN-GAR-2023-03716, se dio su debida tramitación, y coordinación. Como puede apreciarse, la Administración no ha restringido ni violentado ningún derecho fundamental en perjuicio del recurrente. Lo anterior no constituye la vulneración de los derechos fundamentales, a la salud o la vida, o a la falta de respuesta para el administrado. En tal sentido la Sala Constitucional en su jurisprudencia ha señalado que existen procedimientos que no son de conocimiento de la jurisdicción constitucional, es decir, aquellos casos que se tratan de asuntos de mera legalidad y no de constitucionalidad, deben ser discutidos en la vía ordinaria correspondiente. (…) En lo que respecta a las actuaciones de mi representada: Por último, en lo que corresponde a las actuaciones de mi representada dentro de los hechos alegados en el presente recurso de amparo, tal y como consta en el oficio número: GSD-UEN-GAR-2023-03716, el AyA ha cumplido con sus obligaciones ordinarias con la gestión solicitada por el recurrente ante la Dirección de Agua y el AyA en lo que respecta a la solicitud presentada para el tema en cuestión según vemos: “ … Es importante indicar que la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados de AyA da trámite a solicitudes de asignación de caudal o bien rectificación de coordenadas, de fuentes captadas por ASADAS y utilizadas para el abastecimiento de la población. Lo anterior a solicitud de cada operador o bien de oficio cuando por parte de la institución como entidad rectora así se determine. Para dichos trámites es necesario cumplir con requisitos como oficio firmado por representante legal de la ASADA donde detalle el requerimiento, balance hídrico, coordenadas geográficas de las fuentes, tipo de fuente, análisis de calidad del agua, información sobre la propiedad donde se ubica la fuente (finca y plano). Referente al área de protección de las fuentes sin captar (áreas a las que se refiere el art. 34 de la Ley Forestal), su delimitación o alineamiento corresponde al INVU y el amojonamiento al titular del bien. Lo anterior de acuerdo con el criterio jurídico PRE- J-2023-03040. Ver prueba 3. Por parte de esta Oficina, se envió correo electrónico el 14 de setiembre de 2022 a la Subgerencia Gestión Sistemas Delegados, donde se daban algunas recomendaciones que solicitábamos tomar en cuenta para la respuesta formal que la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados emitiera a FEDAPRO. Ver prueba 1. El 03 de noviembre de 2022, se reiteró nuevamente por parte de la ORAC las consideraciones que sugeríamos tomar en cuenta. Ver prueba 2. Esto en virtud de los oficios DA-1957-08-2022 y DA-0392-2023 de Dirección de Aguas del MINAE. La ORAC Metropolitana desconoce si por parte de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados se dio respuesta tanto a Dirección de Aguas como a FEDAPRO.” Lo anterior, indica que estamos frente a un caso complejo que requiere de todo un análisis, y cumplimiento de las funciones de otras instituciones (Dirección de Agua) así como la ejecución de lo que disponen los requerimientos dispuestos para cada operador (ASADA) dentro del Reglamento de ASADAS y solicitudes firmadas por los representantes de cada operador delegado y no una petición de pura y simple que se pueda atender únicamente desde el AyA de manera general. Lo anterior demuestra que el AyA ha cumplido sus obligaciones para la solicitud del recurrente en contraprestación de las obligaciones de la ASADA, de acuerdo con lo que dispone la Ley Constitutiva de AyA en sus artículos 1, y 2, así como los artículos: 05, 21 inciso a), b), c), i), 28 incisos a) y g), 37 inciso f), 41, 42, 48, del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS). Todo lo indicado, sin vulnerar los derechos fundamentales del recurrente. De manera tal queda demostrado, como se indica en los hechos cuarto y quinto, el cumplimiento de parte del AyA en cuanto a los trámites requeridos por el recurrente dentro de los plazos prudenciales para dicho fin. Es claro para este Instituto que, en el asunto en cuestión, existen razones suficientes que justifican lo requerido y comunicado a la ASADA para atender conforme a las competencias del Instituto las acciones que deban de realizarse a fin de brindar una solución definitiva de dicha situación, lo que conlleva la participación y cumplimiento de las obligaciones dadas por el Reglamento de Asadas a dichas organizaciones: “Se reitera que cada ASADA debe de cumplir el debido trámite para plantear la solicitud de asignación de caudal o bien rectificación de alguna de sus fuentes en cuanto a coordenadas geográficas, caudal asignado o tipo de fuente” , según se ha expuesto y que se han tomado para realizar el análisis de la gestión planteada, dada la coordinación requerida, los cuales tal y como se indicó supra requieren de estudios técnicos y contrataciones (estudios) por parte de la ASADA para poder solventar dicha situación. En conclusión, podemos afirmar lo siguiente: 1-Existen operadores (ASADAS) en su zona de competencia con las obligaciones y derechos para la prestación del servicio en el sector de Naranjo de Alajuela. 2- Dichas ASADAS deben atender con los fondos provenientes de las tarifas de la prestación del servicio la calidad de la gestión ambiental y el recurso hídrico con la asesoría del AyA como Ente Rector según lo dispuesto por la ORAC Metropolitana: “Se reitera que cada ASADA debe de cumplir el debido trámite para plantear la solicitud de asignación de caudal o bien rectificación de alguna de sus fuentes en cuanto a coordenadas geográficas, caudal asignado o tipo de fuente.” 3- De acuerdo con lo establecido por la ORAC Metropolitana mediante oficio GSD- UEN-GAR-2023-03716, ya se dio curso a la gestión del recurrente para poder continuar con el trámite dentro de las competencias del AyA. 4-Se requiere de insumo y coordinación de parte de la Dirección de Agua para lo requerido por el recurrente. Por las razones expuestas podemos afirmar que mi representada no ha caído en omisiones de sus responsabilidades, así como tampoco ha violentado los derechos fundamentales del recurrente, ni mucho menos el derecho a la salud o la vida o derecho de respuesta al recurrente.”\n\n 4.- Por escrito presentado el 13 de octubre de 2023, informa bajo juramento JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, en condición de Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía que: “(…) PRIMERO: Que, indica el recurrente realizó estudios conforme a las tecnologías actuales y pruebas obtenidas con trabajo de campo se dieron a la tarea de confrontar los datos obtenidos de las nacientes, ríos y quebradas del cantón de Naranjo con los datos existentes en el Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico y el Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamiento de Aguas de la Dirección de Agua (DA) notando errores en al menos 122 nacientes que esa dependencia las tiene registradas como si fueran ríos, o quebradas, siendo estas afloramientos puntuales de agua. Acotan que también existen errores en la georreferenciación, es decir, no se encuentran ubicadas en los lugares donde la institución las ubica o las trazaba Se expone que, detectaron con estudios para el cantón de Naranjo, que existe información no confiable en la Dirección de Agua, lo que pudiera generar un daño ambientan a las fuentes de aguas superficiales y subterráneas de donde las ASADAS asociadas a la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote abastecen a miles de personas. SEGUNDO: Aducen que, del punto anterior, el 19 de mayo del 2022 presentaron una denuncia por escrito ante la Dirección de Agua, donde señalaron las consecuencias de mantener datos erróneos y/o falsos en los registros podrían generar impactos ambientales negativos en las fuentes de agua y áreas de protección, sea de nacientes captadas, no captadas y quebradas. TERCERO: Se alega que una mala calificación en el tipo de fuente lleva aparejado el dejar de fiscalizar cientos de metros que deberían de estar destinados a áreas de protección o terrenos a favor de la nación, como lo establece la Ley de Aguas. Señalan que las nacientes y sus áreas de protección que son bienes que durante años han tenido resguardados con rango constitucional CUARTO: Que mediante oficio DA-1906-08-2022, la recurrida indicó que si bien se llevan los registros respectivos, no es esta institución responsable de actualizar los datos sobre las tomas surtidoras y quebradas de abastecimiento poblacional y que los datos que se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico y Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamiento de Agua no podían ser cambiados o actualizados por esa institución, siendo el responsable directo el ICAA, y que debe de ser formalmente el Instituto quien aporte los datos a la Dirección de Agua para poder tener un registro veraz. Que se consideró por parte de los recurrentes que dicha respuesta contenía roces de constitucionalidad por exceso de formalismos, pero no creyeron oportuno cuestionarlo en aquel entonces. En ese mismo oficio se indica que el 12 de septiembre del 2022 se presentó ante el ICAA un escrito de denuncia ambiental y solicitud de coordinación y actualización de datos, a fin de que se hicieran las gestiones necesarias con la Dirección de Agua. Dicha nota se explicaba el problema de la mala georreferenciación, exponiéndosele al ICAA la necesidad y urgencia de actualización de la información, para que la Dirección de Agua, como ente rector y recopilador de la información, tuviera actualizada la base de datos, pero más de un año y desde el ICAA no hacen nada, traduciéndose en un registro incompleto y con información no oportuna. Refiere que, si el ICAA no actualiza los datos, esa institución no hace de oficio a pesar de contar con la información. CON RELACIÓN A LOS HECHOS ALEGADOS SE EXPONE LO SIGUIENTE: Es de suma importancia, tener claridad en lo referente al proceso de registro de concesiones y/o inscripciones de fuente de agua, proceso que realiza la Dirección de Agua, esto por disposición de ley, encontrándose regulada dicha obligación en la Ley de Aguas No. 276, artículo 18, que refiere al registro de dichos aprovechamientos de aguas en el Registro Nacional de Concesiones, el cual establece lo siguiente: “(…) Los derechos que para el aprovechamiento de las aguas señalen leyes especiales, tendrán el carácter de concesiones, pero deberán ser inscritos en el respectivo Registro de Concesiones (..)” Teniendo claridad, en cuanto a la obligación de realizar el registro de fuentes ante la Dirección de Agua del MINAE, en lo que refiere propiamente a las ASADAS, el Decreto Nº 42582-S-MINAE, Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, establece en su artículo 21 la obligación de solicitar el registro de las fuentes de agua captadas por parte de dichos acueductos comunales a través del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien gestionará ante la Dirección de Aguas el correspondiente registro. Así las cosas, es esa institución la encargada de brindar la información de las fuentes captadas por estos acueductos para su debido registro. Esta información, debe de ser registrada con los datos aportados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien es el responsable de corroborar dicha información, misma que no podrá ser sujeta a cuestionamientos previos, así establecido en la Ley No.8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y su reforma Ley 8990, en su artículo tercero, que establece lo referente a las competencias, siendo que la administración no podrá cuestionar la información aportada por otras dependencias. En acatamiento a lo anterior, y para el caso que nos ocupa, la Dirección de Agua procede a realizar la inscripción de las fuentes solicitadas con la información aportada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Este registro de fuentes se lleva a cabo a través del sistema oficial SINIGIRH, que administra la Dirección de Agua, el cual tiene su asidero legal en el Decreto Ejecutivo No. 42015 MAG-MINAE-S- MIVAH, publicado en La Gaceta el 25 de octubre de 2019. Específicamente el artículo 43 que establece lo siguiente: Se establece como plataforma digital oficial, para poner a disposición la información hídrica el SINIGIRH, siendo un nodo del SNIT. Este debe contener toda la información del Recurso Hídrico superficial o subterráneo que permita su acceso universal público. El SINIGIRH, brinda información oficial que debe ser considerada para la generación de Políticas Públicas, estudios Hidrogeológicos para AOP, los estudios del componente hidrogeológico de los planes reguladores y demás información del recurso hídrico que se genere. Además, ese mismo decreto considera la participación de las otras instituciones, según lo indicado en el artículo 45 sobre la obligación de las instituciones del Estado con el SINIGIRH: Cada institución responsable de generar la información asociada con el recurso hídrico nacional deberá generar, compartir y mantener actualizada la información aportada; además deberá designar formalmente a un representante institucional que sea el contacto oficial para compartirla con el SINIGIRH y será este representante quien vele por el formato, actualización y difusión de las capas de información que sean de su dominio. La Dirección de Aguas, será responsable de gestionar con el representante institucional designado para tales efectos, la correcta disposición de la información publicada, de conformidad con las normas técnicas de información geográfica y lineamientos oficiales promulgados por el IGN, en materia de catálogo de objetos geográficos, metadatos geográficos previo a su publicación. Considerando este artículo, claramente se establece la funcionalidad del sistema y la responsabilidad que tienen las partes intervinientes en generar, compartir y actualizar la información en el SINIGIRH. Es importante mencionar, lo referente al control de calidad de la información, donde la Dirección de Agua implementó a lo interno una serie de medidas para asegurar la calidad de la información, pero debido a la cantidad de registros, es necesario realizar revisiones periódicas para actualizar esa información. Considerando que el sistema integra capas generadas por otras instituciones, como iniciativa propia la Dirección de Agua se ha abocado por mejorar la condición de la información de las bases de datos georreferenciadas oficiales publicadas y generó la ficha técnica que contiene una serie de criterios orientados a mejorar la calidad de la información. Continuando con el tema de la calidad de la información, este componente del sistema está directamente relacionado a la generación de los datos y su procesamiento. Para el caso específico de la Dirección de Agua, la generación de datos se fundamenta en ubicación cartográfica de las tomas de agua, la cual, está asociada a un par de coordenadas geográficas. Además, la descripción del tipo de toma, por ejemplo: pozo, captación superficial, entre otras. También, información sobre el tipo de fuente, ya sea agua superficial o subterránea. Considerando la calidad del dato, fue necesario realizar un procesamiento de la información. Ese procesamiento consistió en revisar los datos que presentaron inconsistencias en su ubicación cartográfica, ya sea porque su representación gráfica estaba fuera del territorio nacional o bien, su ubicación no correspondía con la división político-administrativa. Este procesamiento se realizó mediante trabajo de gabinete y se complementó con inspecciones de campo para ubicar correctamente los sitios. Aquí es importante indicar que, debido a la cantidad de información, aún quedan registros que deben ser revisados, considerando la disponibilidad de herramientas tecnológicas o mediante visitas de campo. Ahora bien, teniéndose claro los procedimientos, y lo referente al sistema de registro, en cuanto a los hechos alegados por el recurrente específicamente, es cierto lo indicado en el hecho SEGUNDO, donde se denuncia inconsistencias en los datos relación a las nacientes, ríos y quebradas del cantón de Naranjo, esto con relación a los datos existentes en el Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico y el Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamiento de Aguas de la Dirección de Agua, denuncia que fue debidamente atendida mediante el oficio DA-1906-2022 del 18 de agosto del 2022, como bien lo indicó el recurrente. En conocimiento de lo indicado por el recurrente en su denuncia, la Dirección de Aguas procede dentro de sus competencias a realizar las gestiones correspondientes para integrar las correcciones debidas en la información que le es suministrada por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a través de la UEN Gestión de Acueductos Rurales, quien es el encargado de suministrar la información de las fuentes a ser inscritas por esta en el Dirección en el Registro Nacional de Concesiones y Cauces, así como en el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Sinigirh) que administra la Dirección de Agua. Que, en fecha 10 de noviembre del 2022 se remite el oficio DA-1957-08-2022 del 19 de agosto del 2022 dirigido a la señora Rosa María Gómez Arce, Directora de la UEN Gestión de Acueductos Rurales, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el cual se le remite un listado de las fuentes inscritas a nombre de distintas ASADAS del cantón de Naranjo, con el fin de la verificación de su localización (geolocalización) así como el tipo de fuente asignada en el registro de marras que administra esta Dirección de Agua. Se le solicita, además, que una vez revisada y comprobada esa información se aporten las correcciones debidas para su registro. A la fecha del presente informe, transcurridos 11 meses de la notificación del oficio de cita, esta Dirección no ha recibido respuesta por parte de esa institución. Posteriormente, el 10 de octubre del 2022 mediante oficio DA-1541-2022 del 4 de octubre del 2022, dirigido a la señora Pilar DallAnesse Sub-Gerente de Sistemas de Acueducto Delegados, del AyA se le solicita realizar la revisión de la información aportada sobre la geolocalización de las tomas inscritas a nombre de esa institución en todo el país, la división política-administrativa, así como el tipo de fuente asignado y el caudal inscrito, esto con el fin de actualizar el Registro Nacional de Concesiones de Agua y Cauces. A la fecha del presente informe, y transcurrido un año de la notificación del oficio de cita, esta Dirección no ha recibido respuesta por parte de esa institución. En fecha 19 de octubre del 2022, mediante el oficio DA-1779-2022 del 18 de octubre del 2022 dirigido al señor Roberto Guzmán Gutiérrez Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se le solicita la actualización de la información almacenada en el Registro Nacional de Concesiones, asociado al AyA de todo el país, siendo que se han encontrado fuentes registradas que ya no se encuentran en uso, o cambios en campo de las tomas, ubicación cartográfica, aplicación de retiros de protección con base en el artículo 31 de la Ley de Agua por errores de ubicación de fuentes , en campo o en el sistema, etc…, lo que genera inconvenientes tanto para las instituciones, como para el público en general. A la fecha del presente informe, y a pocos días de cumplir un año de la notificación del oficio de cita, esta Dirección no ha recibido respuesta por parte de esa institución. En seguimiento al oficio DA-1957-08-2022 del 19 de agosto del 2022, mismo que fue debidamente notificado el día 10 de noviembre del 2022, se envía el oficio DA-0392-223 de fecha 16 de febrero del 2023, debidamente notificado el 17 de febrero del 2023, dirigido a la señora Rosa María Gómez Arce, Directora de la UEN Gestión de Acueductos Rurales, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, indicándole que la información solicitada por esta Dirección obedece a una gestión presentada por los señores [Nombre 001] y [Nombre 002], en representación de la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Cayote (FEDAPRO) quienes requieren de la corroboración y posible corrección de la geolocalización correspondiente a las tomas de agua inscritas a nombre de distintas ASADAS en el cantón de Naranjo, así como la tipología o clasificación de esos cuerpos de agua. A la fecha del presente informe, y a siete días de cumplir 8 meses del envío del oficio de seguimiento, esta Dirección no a recibido respuesta por parte de esa institución. Es claro de lo anterior, que la Dirección de Agua ha actuado de manera diligente y proactiva en las gestiones realizadas, con la finalidad de que la información contenida en el Registro Nacional de Concesiones de Agua y Cauces, así como en el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Sinigirh), sea la información correcta, realizando las acciones pertinentes para que los entes encargados de suministrar la información realicen una revisión y verificación de la misma, esto para garantizar la fiabilidad de la información que se incorpora a dicho registro, pero pese a dichos esfuerzos y reiteradas solicitudes, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. La Dirección de Agua, continuará dando seguimiento a las gestiones realizadas para la obtención de la información requerida, para posteriormente incorporarla en el Registro Nacional de Concesiones de Agua y Cauces, así como en el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Sinigirh).”\n\n 5.- Mediante auto de las 08:36 horas del 30 de abril de 2025, se solicitó como prueba para mejor resolver al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y al director de aguas del Ministerio de Ambiente y Energía a fin de que informen detalladamente sobre el estado actual de las gestiones y respuestas solicitadas mediante los siguientes oficios de la Dirección de Aguas: 1. Oficio DA-1957-08-2022, del 19 de agosto de 2022, notificado el 10 de noviembre de 2022, por el cual se requirió la verificación y eventual corrección de la geolocalización y clasificación de las fuentes de agua inscritas a nombre de las ASADAS del cantón de Naranjo. 2. Oficio DA-1541-2022, del 4 de octubre de 2022, por el que se solicitó la revisión de la geolocalización, tipo de fuente y caudal inscrito de todas las tomas de agua asociadas al AyA a nivel nacional. 3. Oficio DA-1779-2022, del 18 de octubre de 2022, mediante el cual se requirió la actualización de la información del Registro Nacional de Concesiones asociada al AyA, incluyendo retiros de protección y cambios en campo. 4. Oficio DA-0392-223, del 16 de febrero de 2023, notificado el 17 de febrero de 2023, en seguimiento al oficio DA-1957-08-2022, reiterando la solicitud de corrección y verificación de las fuentes de agua de las ASADAS del cantón de Naranjo. Se solicita que el AyA aporte: 1. Copia íntegra de cualquier gestión, respuesta, análisis técnico, correcciones realizadas o justificación de la falta de respuesta respecto a los oficios antes citados. 2. Indicación de las fechas en las que se realizaron, en su caso, las revisiones de la geolocalización, clasificación del tipo de fuente y caudal de las nacientes y quebradas involucradas. 3. Cronograma actualizado, en caso de existir, sobre las acciones previstas para atender estas solicitudes. Asimismo, se requiere a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE): 4. Para que aporte informe actualizado y completo sobre las gestiones de seguimiento realizadas respecto de las solicitudes formuladas al AyA en los oficios indicados. 5. Que indique si ha recibido alguna respuesta formal del AyA respecto a las solicitudes de actualización, corrección o verificación de los registros, precisando fechas, contenido y alcance de las mismas. 6. Que informe si, ante la falta de respuesta del AyA, ha realizado acciones alternativas para asegurar la calidad y veracidad de los datos del Registro Nacional de Concesiones y del Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Sinigirh). 7. Aporte copia de los registros actuales sobre las fuentes de agua del cantón de Naranjo, señalando cuáles han sido objeto de corrección o verificación y cuáles permanecen pendientes. De igual manera se requiere al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: 8. Para que precise si, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto Ejecutivo No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, ha designado el representante institucional responsable de generar, compartir y mantener actualizada la información sobre el recurso hídrico nacional ante el SINIGIRH. 9. Que se indique el nombre y cargo de dicho responsable y se aporte constancia de las gestiones realizadas para la actualización de la información en coordinación con la Dirección de Aguas. De igual forma, que el AyA indique si existe un plan o cronograma conjunto, si existiere, para la corrección de las inconsistencias detectadas en la información del cantón de Naranjo y a nivel nacional. \n\n 6.- Por escrito presentado el 07 de mayo de 2025, informa bajo juramento JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA, en condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que: “(…) Me permito remitir copia del oficio de fecha 06 de mayo de 2025 No. GSD-UEN- GAR-2025-01643, suscrito por Rafael Angel Barboza Topping de la UEN Gestión de Acueducto Rurales, en el cual se determina lo siguiente: “…Respecto al estado actual de las gestiones y respuestas solicitadas mediante los oficios de la Dirección de Aguas: DA-1957-08-2022, del 19 de agosto de 2022 (notificado el 10 de noviembre de 2022), referente a la verificación y eventual corrección de la geolocalización y clasificación de las fuentes de agua inscritas a nombre de las ASADAS del cantón de Naranjo; DA-1541-2022, del 4 de octubre de 2022, que solicitó la revisión de la geolocalización, tipo de fuente y caudal inscrito de todas las tomas de agua asociadas al AyA a nivel nacional; y DA-0392- 223, del 16 de febrero de 2023 (notificado el 17 de febrero de 2023), en seguimiento al oficio DA-1957-08-2022, reiterando la solicitud de corrección y verificación de las fuentes de agua de las ASADAS del cantón de Naranjo, le informo que la Subgerencia Gestión Sistemas Delegados remitió la respuesta a la Dirección de Aguas el 2 [sic] de mayo de 2025, mediante el oficio No. GSD-UEN- GAR-2025-01619 (Anexo 1). Se adjunta copia del oficio de referencia para su debida consideración. En esta nota se comunicó a la Dirección de Agua del MINAE el proceso de rectificación y actualización, que ha venido llevando la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados como un proceso de mejora continua, indicando además los trámites que ante esta dependencia, continúan pendientes de resolución (Anexo 2, SG-GSD-2025-00245) y que corresponden a los procesos de mejora en la inscripción de fuentes, caudales y rectificación de coordenadas. En el Anexo 3, se adjuntan las últimas gestiones que se dado una resolución de la Dirección de Aguas en esta línea De igual manera se informó a la Dirección de Aguas, sobre el recordatorio se que realizará a las ASADAS con respecto a su responsabilidad de la gestión del recurso hídrico, en la cual una ASADA aplica el procedimiento correspondiente para solicitar la rectificación de coordenadas, datos de una fuente o zonas de protección lo cual debe presentar al AyA, la información detallada que debe incluirse en la solicitud es la siguiente: Un oficio solicitando la rectificación. Información sobre el profesional o empresa que realizó el estudio o valoración. Identificación clara del expediente ante la DA y cuáles fuentes están mal ubicadas, basándose en el resumen actualizado del expediente de la DA. Evidencia gráfica (imágenes satelitales) que muestre la ubicación real en campo vs. la ubicación errónea en el registro de la DA. Un cuadro con la información real verificada en campo de la ubicación de las fuentes a corregir, utilizando equipos de alta precisión con un margen de error no superior a un metro. La solicitud de registro de fuentes y caudal debe presentarse ante la Subgerencia de Acueductos Comunales del AyA, la cual abre el expediente, publica el edicto y luego remite el informe con copia del expediente completo a la Dirección de Aguas para su valoración. 2-Con relación al Oficio DA-1779-2022, del 18 de octubre de 2022, mediante el cual se requirió la actualización de la información del Registro Nacional de Concesiones asociada al AyA, incluyendo retiros de protección y cambios en campo, esta dependencia se encuentra imposibilitada de referirse al respecto, toda vez que no se ha recibido notificación formal de dicha solicitud ni ha sido asignada la atención del caso. 3-Copia íntegra de cualquier gestión, respuesta, análisis técnico, correcciones realizadas o justificación de la falta de respuesta respecto a los oficios antes citados; o indicación de las fechas en las que se realizaron, en su caso, las revisiones de la geolocalización, clasificación del tipo de fuente y caudal de las nacientes y quebradas involucradas; o cronograma actualizado, en caso de existir, sobre las acciones previstas para atender estas solicitudes: se adjunta oficio remitido a las ASADAS, GSD-UEN-GAR- 2025-01622 (Anexo 4) en donde se realiza el recordatorio de la responsabilidad de la ASADA de mantener un registro de fuentes y caudal debidamente actualizado ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en estricto cumplimiento de lo establecido en el inciso a, del artículo 42 del Reglamento de ASADAS. Para demostrar el control y gestión que el AyA lleva con respecto a la actualización de esta información, se adjunta el Anexo 5, en donde se presenta un consolidado de la información que se va actualizando y el año de revisión correspondiente. En el siguiente cuadro se muestran la cantidad de gestiones que se han realizado en temas, de inscripción fuentes, asignaciones de cauda y modificación de coordenadas que se han formulado desde la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados a la Dirección de Aguas de MINAE… 4-En cuanto a la consulta sobre la designación de un representante institucional responsable de generar, compartir y mantener actualizada la información sobre el recurso hídrico nacional ante el Sistema Nacional de Información y Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH), o la indicación del nombre y cargo de dicho responsable y la constancia de las gestiones realizadas para la actualización de la información en coordinación con la Dirección de Aguas, se informa que esta Subgerencia conoce que el designado es el Lic. Sergio Romero de la Dirección de Planificación. El mismo menciona por medio de correo electrónico que mediante oficio PRE-2020-00087 del 29 de enero del 2020, la Presidencia Ejecutiva lo designó como enlace con la Dirección de Agua del MINAE para facilitar la publicación de la cartografía digital generada en la institución para su respectivo traslado al visor cartográfico del Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH). El señor Romero manifiesta que la tarea de enlace consiste en trasladar la información cartográfica generada por las diferentes dependencias técnicas que, según su ámbito de competencia, entregan para cumplir con lo solicitado en el artículo 19 del Decreto N° 42015-MAG+MINAE-S-MIVAH de creación del SINIGIRH, según mecanismo acordado entre las partes, la Dirección de Agua del MINAE y la Dirección de Sistemas de información del AyA, que son las dependencias que gestionan los servidores para el almacenamiento y publicación de la cartografía digital. Bajo ese rol asignado, las dependencias responsables de la gestión de la información, entendiendo como tal la producción, actualización y custodia de las bases de datos alfanuméricas y su correspondiente migración a cartografía digital, deben informar de la actualización periódica realizada e indicar el sitio donde esta se encuentra disponible, para proceder con la activación del procedimiento establecido entre las partes para su consecuente actualización en el SINIGIRH. Como parte del trabajo realizado el enlace informa que las capas publicadas en el SINIGIRH corresponden a las originalmente remitidas en el 2020. Luego de esa fecha, se debe continuar con el proceso de actualización y manifestado que desde esta fecha no ha recibido de parte del Administrador del SINIGIRH ninguna solicitud de actualización y que cualquier detección y corrección de inconsistencias que haya sido realizada debe ser incluida en una nueva versión completa de la base de datos publicada en el portal institucional de mapas, y comunicar al enlace la necesidad de su sustitución en la publicación del SINIGIRH, para ejecutar el procedimiento de actualización. Como medida de ajuste, ante la ausencia de solicitudes de actualización de la información publicada desde su envío al portal del SINIGIRH, se procederá a solicitar a la Dirección de Sistemas de Información que, basándose en la información publicada a lo interno del portal de mapas de la institución, procedan a conformar un geoservicio que pueda ser compartido con la Dirección de Agua del MINAE, a fin de que descarguen una nueva versión de dicha información y sustituyan la anterior. Claramente, esto reflejará la información existente en las bases de datos actuales. Finalmente, con relación a si existe un plan o cronograma conjunto, para la corrección de las inconsistencias detectadas en la información del cantón de Naranjo y a nivel nacional, se aclara que no existe un plano o cronograma conjunto. El avance de estas gestiones se lleva a cabo de acuerdo con las solicitudes que ingresan, así como las capacidades instaladas, por lo que se estaría gestionando con los operadores la actualización de esta información conforme se ingrese.” Cabe indicar que la Subgerencia Gestión Sistemas Delegados remitió los requerimientos establecidos por la Dirección de Aguas en el Oficio No. DA-1779- 2022, con fecha del 2 de mayo de 2025, mediante el Oficio No. GSD-UEN-GAR- 2025-01619 y como respuesta al Oficio No. DA-1541-2022 recibido previamente, del 4 de octubre de 2022. En complemento de lo anteriormente citado, de acuerdo con lo que se dispuso mediante el oficio emitido por la UEN Gestión de Acueductos Rurales No. GSD- UEN-GAR-2025-01619, se le indica al Tribunal Constitucional, que ya se hizo la comunicación y el recordatorio a las ASADAS de la zona a fin de que gestionen las actualizaciones pertinentes dentro de las obligaciones con las que cuentan dichas organizaciones de la gestión delegada.”\n\n 7.- Por escrito presentado el 13 de octubre de 2023, informa bajo juramento JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, en condición de Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía que: “(…) De previo a referirnos sobre lo alegado por el recurrente, debemos hacer una breve exposición normativa, que se aplica sobre las fuentes aprovechadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados, conocidas coloquialmente como Sistemas Comunales (ASADAS). El artículo 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados N°2726 del 14 de abril de 1961, estableció la competencia de esta entidad para administrar y operar directamente todos los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país. La misma norma contempla excepciones a la regla, cuando establece que también puede haber acueductos en manos de Municipalidades o de entes privados éstos últimos con convenio de delegación previamente suscrito con el AyA, mediante el cual éste, se les delega la prestación de esos servicios. Aclarada la naturaleza jurídica de las Asadas, veamos que sucede con el uso del agua. Conforme el artículo 18 de la Ley de Aguas ni el AyA ni las Asadas, tramitan “concesiones” de aprovechamiento de agua, sino inscripciones de fuentes, a saber: “Artículo 18.- Toda persona que esté disfrutando de un derecho de aguas, deberá exhibir la concesión que tenga para ejercitar ese derecho. Sin embargo, el que en la fecha de la promulgación de esta ley hubiere disfrutado durante veinte años de un aprovechamiento de aguas públicas, sin oposición de la autoridad ni de tercero, tendrá derecho a continuar disfrutándolo, aun cuando no pueda acreditar cómo obtuvo la correspondiente autorización, siempre que se sujete a las restricciones que determina el artículo 21, cuando el caudal no fuere suficiente para abastecer las necesidades de los predios inferiores. Quedan confirmados de pleno derecho los aprovechamientos existentes, amparados por títulos, concesiones o confirmaciones expedidos con anterioridad a la fecha de la presente ley, siempre que los concesionarios hubieren cumplido con las obligaciones impuestas en los títulos respectivos. Los derechos que para el aprovechamiento de las aguas señalen leyes especiales, tendrán el carácter de concesiones, pero deberán ser inscritos en el respectivo Registro de Concesiones.” (El resaltado y subrayado no pertenecen al original). De tal forma, en el caso de AyA, y los delegados les cubre esta condición. Siendo que, en el caso de las ASADAS, conforme el Decreto Ejecutivo 42582-S-MINAE, REGLAMENTO DE LAS ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS, DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS COMUNALES, del 11 de agosto del 2020, se dispone en l artículo 38, el AyA, debe solicita a la Dirección de Agua la inscripción de las fuentes ya sea a su nombre o a nombre de la Asada correspondiente, para ser registradas. “Artículo 38. Plazo para el dictado de los actos administrativos por parte del AyA. Tendrá la administración los siguientes plazos para los dictados de los actos administrativos: a. Solicitud de inscripción de fuentes ante el MINAE: Dos meses con una prórroga de hasta dos meses más…”. Con fundamento en lo expuesto, presentada la solicitud de inscripción por parte del AyA, la Dirección de Agua, procede a inscribir las fuentes solicitadas en el expediente respectivo. De tal forma, el AyA en el caso de las ASADAS funciona como una ventanilla del Estado en la gestión de las fuentes de agua que estas requieren para atender la demanda de agua de la población servida por estas, siendo la institución que hace el proceso de valoración de su procedencia o no, y en las condiciones que considere, con su rol de órgano rector técnico en materia de agua y saneamiento, además de la supervisión y fiscalización directa sobre de estas asociaciones conforme convenio de delegación suscrito. Parte del proceso y así dispuesto en el decreto citado, es la gestión y publicación del edicto por parte del AyA, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 179 de la Ley de Aguas. Luego de lo cual procede a trasladar a la Dirección de agua la gestión de registro de fuentes que se determine Conforme lo citado es claro, que la responsabilidad de donde se capta, cual fuente o fuentes se requieren ubicación, así como la georreferenciación (coordenadas cartográficas de ubicación del punto o punto de toma) corresponde totalmente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; que hace el proceso interno dispuesto y la coordinación regional con las ASADAS. Conforme lo anterior la Dirección de Agua acusa recibido de lo enviado y realiza a nivel de Registro, que no existe tercero de mejor derecho con una concesión dada por el MINAE, o bien tenga, según la ubicación dada por el AyA, un impedimento de índoles regulatorio de ley, como que no estén en una Área Silvestre Protegida con regulación contraria a permitir el uso del agua, o áreas de protección o similares. Pero no se entra a cuestionar la ubicación de las fuentes y puntos de toma enviada oficialmente, ni se cuestiona en general la información que sea registrada. Ahora bien, sobre nuestra actuación de control (expost de registro) ya en sitio, en campo, esta Dirección a través de las 9 oficinas regionales, conforme Plan de Control, se realizan, corroboración de los sitios de las fuentes inscritas y características de la fuente y lo solicitado por AyA inscribir. Siendo este punto fundamental para comprender el manejo de la información. Los profesionales que atienden la parte técnica en la Dirección de Agua, realizan labores de monitoreo de fuentes y para el caso de las fuentes solicitadas por el AyA o las Asadas, y es donde se ha detectado que la referencia de la localización enviada es errónea respeto a lo encontrado en campo, de inmediato se procede por escrito con la comunicación de los hallazgos al AyA para que procedan a la corrección correspondiente o bien manifestarse en lo que corresponda, a fin de tener actualizada y de forma correcta el Registro Nacional de Concesiones que opera esta Dirección. Esta actualización en base de datos que soporta el Registro, requiere un manejo muy cuidadoso, pues en ella se ingresa información que puede afectar propiedades privadas con las consecuencias legales que esto conlleva o bien afectar el suministro de agua a la población de las fuentes registradas a nombre de la ASADA o el mismo AyA. De tal forma es esencial que el mismo AyA como titular responsable de haber gestionado la solicitud de inscribir las fuentes, sea el que corrobore la información, y se manifieste, para proceder luego con los ajustes correspondientes en el Registro, pero mediando respuesta oficial por escrito de parte de AyA, y que sobre todo el tema de la ubicación correcta georreferenciada de las fuentes, es el más frecuente, pero igual puede ser corregir temas de tipo o nombre de la fuente o caudal registrado y el derivados. Aclarado lo anterior, y ante las consultas puntuales debemos manifestar lo siguiente: Para que aporte informe actualizado y completo sobre las gestiones de seguimiento realizadas respecto de las solicitudes formuladas al AyA en los oficios indicados. Que indique se ha recibido alguna respuesta formal del AyA respecto a las solicitudes de actualización, corrección o verificación de los registros, precisando fechas, contenido y alcance de las mismas. Sobre los oficios consultados a saber: DA-1957-08-2022 del 19 de agosto de 2022; DA-1544-2022 del 4 de octubre del 2022; DA-1779-2022 de 18 de octubre del 2022 y DA-0392-2023 del 16 de febrero del 2023, nos permitimos informar que no se ha recibido información alguna sobre la confirmación o corrección de la información de las tomas de agua, listado, que le fue remitido específicamente mediante el oficio DA-1957-08- 2022. Importante se tenga en cuenta que mediante el oficio DA-0392-2023 del 16 de febrero del 2023 se realizó un recordatorio, teniendo éste, además, como seguimiento de la solicitud enviada por oficio DA-1957-08-2022 que reiteramos no ha sido atendido a la fecha. Que informe si, ante la falta de respuesta del AyA ha realizado acciones alternativas para asegurar la calidad y veracidad de los datos del Registro Nacional de concesiones y del Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH) Tal y como se indicó, la veracidad y calidad de la información de la ubicación de las fuentes, esta Dirección la lleva a cabo con las inspecciones de control de campo, que realizan nuestros profesionales durante todo el año. Sin embargo, tratándose de las fuentes inscritas a nombre del AyA o de las Asadas, hasta tanto no se tenga constatación directa por parte de estos, no podemos modificar el Registro Nacional de Concesión, reiteramos más que todo por los efectos legales que ello conlleva. Téngase visto, que un cambio de ubicación de una toma o fuente que ya fue registrado por AyA ya sobre esta fuente recae al área de protección que implica guardar, conforme el artículo 31 de la Ley de Aguas; de tal forma el ajustar la ubicación tiene implicaciones equivalentes. Aporte copia de los registros actuales sobre las fuentes de agua del cantón de Naranjo, señalando cuáles han sido objeto de corrección o verificación y cuales permanecen pendientes. Al respecto tal y como se informó en el punto primero, al no haberse recibido respuesta sobre los oficios DA- 1957-08-2022 reiterado por el oficio DA-0392-2023, los registros actuales se mantienen tal y como se le enviaron en el primero de ellos al AyA, esto significa que no se han corregido ni verificado las ubicaciones de las fuentes, y que la información permanece pendiente. No está demás informar que, a inicios del presente año, mediante los oficios SB-AID-2025-000016 del 15 de enero del 2025, UEN-GA-2025-00065-SB-AID-2025, se solicitó por parte del AyA, la eliminación de registros de fuentes inscritas bajo el expediente administrativo 602-R, el cual se encuentra a nombre del AyA. Esta eliminación de fuentes básicamente corresponde a fuentes que se encontraban inscritas de manera duplicada, por lo que se procedió a desincribirlas como correspondía, esto ya se realizó por parte de esta Dirección, pero se reitera eran fuentes que estaba registradas a nombre de AyA (expediente 602-R) no de ASADAs. Y en la solicitud no se identifican anotación de que algunas de estas, corresponden o no a las ubicadas en Naranjo, provincia de Alajuela. Oficio que fue atendido por esta Dirección.”\n\n8.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta por un problema relacionado con el registro y localización de fuentes de agua. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que existe una grave omisión en la actualización y veracidad de los registros oficiales sobre fuentes de agua en el cantón de Naranjo, situación que consideran vulnera los derechos constitucionales al ambiente sano, al acceso a información ambiental y a la protección del recurso hídrico (arts. 21, 50 y conexos de la Constitución Política). Sostienen que, tras realizar estudios técnicos y trabajo de campo, detectaron inconsistencias significativas entre la realidad de las nacientes, ríos y quebradas del cantón de Naranjo y la información registrada en el Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico y el Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamientos de Agua. Señalan, en particular, que al menos 122 nacientes fueron incorrectamente clasificadas como ríos o quebradas y que existe una mala georreferenciación de muchas de estas fuentes, lo cual puede provocar daños ambientales irreversibles, afectar las áreas de protección legalmente establecidas y comprometer el abastecimiento de agua potable para miles de personas. Refieren que el 19 de mayo de 2022 presentaron una denuncia ante la Dirección de Aguas, señalando los riesgos de mantener registros inexactos. Como respuesta, mediante el oficio DA-1906-08-2022, la Dirección alegó no ser responsable de actualizar la información, atribuyendo esa labor al ICAA. Consideran que esta respuesta incurre en un exceso de formalismo que impide la acción diligente y oportuna ante una problemática ambiental grave. Posteriormente, el 12 de septiembre de 2022, también denunciaron ante el ICAA, solicitando la actualización de los registros y la coordinación interinstitucional correspondiente. Sin embargo, afirman que más de un año después no se ha realizado ninguna acción efectiva para corregir la información, perpetuando lo que describen como un “mal subregistro” que afecta no solo al cantón de Naranjo, sino posiblemente a todo el territorio nacional, poniendo en riesgo el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano y al acceso al agua. Solicitan a la Sala Constitucional ordenar: 1. La corrección urgente de los datos erróneos sobre nacientes y quebradas en el cantón de Naranjo, priorizando las fuentes utilizadas para consumo humano. 2. La coordinación efectiva entre la Dirección de Aguas, el ICAA, el Ministerio de Ambiente y Energía, el SINAC y el Ministerio de Salud, para revertir la situación de irregularidades e invasiones ilegales en áreas de protección. 3. La revisión y corrección de los registros a nivel nacional. 4. La rendición de informes detallados sobre las acciones tomadas respecto a las ASADAS tanto del cantón de Naranjo como del resto del país. 5. La elaboración de un cronograma de corrección y seguimiento, con participación de los interesados y copia accesible del mismo. Sostienen que la omisión denunciada constituye una violación a los principios de acceso a información ambiental, tutela del ambiente y protección del recurso hídrico reconocidos constitucionalmente y por la jurisprudencia de la Sala Constitucional.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\nHechos relacionados con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:\n\nEl 12 de septiembre de 2022, la Federación de Acueductos Comunales (FEDAPRO) presentó ante la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) un documento sin número de oficio, mediante el cual denunció errores en la categorización y localización geográfica de fuentes de agua en el cantón de Naranjo, según registros de la Dirección de Aguas del MINAE. Asimismo, se solicitó la corrección de dicha información y la implementación de medidas interinstitucionales para atender las invasiones ilegales en zonas de protección de nacientes (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEl 14 de septiembre de 2022, la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC) Metropolitana del AyA remitió un correo electrónico a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, en el que formuló recomendaciones para responder formalmente a FEDAPRO. Posteriormente, el 3 de noviembre de 2022, la ORAC reiteró dichas consideraciones  haciendo referencia a los oficios DA-1957-08-2022 y DA-0392-2023 emitidos por la Dirección de Aguas del MINAE (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nLa Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del AyA da trámite a solicitudes como la asignación de caudal o rectificación de coordenadas, previa presentación de requisitos específicos por parte de cada ASADA, tales como oficio firmado por su representante legal, balance hídrico, análisis de calidad del agua, y documentación sobre la propiedad de la fuente (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEl 02 de mayo de 2025, la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados mediante oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619, atendió los oficios DA-1957-08-2022, de 19 de agosto de 2022, , referente a la verificación y corrección de geolocalización y clasificación de fuentes de agua de ASADAS en el cantón de Naranjo; DA-1541-2022, de 04 de octubre de 2022, sobre la revisión de datos de georreferenciación, tipo de fuente y caudal de tomas a nivel nacional y; DA-0392-223, de 16 de febrero de 2023, en seguimiento al oficio DA-1957-08-2022. En este, se detalló el proceso de actualización que ha venido desarrollando la Subgerencia como parte de una política de mejora continua, así como los trámites aún pendientes de resolución, registrados en el Anexo 2 (SG-GSD-2025-00245). Asimismo, se comunicaron las gestiones resueltas por la Dirección de Aguas (Anexo 3) y se recordó a las ASADAS su responsabilidad en la gestión del recurso hídrico, mediante el oficio GSD-UEN-GAR-2025-01622 (Anexo 4) (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nPara la rectificación de datos como coordenadas o tipo de fuente, cada ASADA debe presentar un expediente técnico con: solicitud formal, identificación del profesional responsable del estudio, evidencia gráfica, información técnica detallada sobre las fuentes y cuadro de verificación de campo con datos de alta precisión (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEn relación con el oficio DA-1779-2022 de 18 de octubre de 2022, relacionado con la actualización del Registro Nacional de Concesiones, se indicó que no se había recibido notificación formal ni asignación del caso, por lo que no se había dado atención al mismo (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEl Lic. Sergio Romero, de la Dirección de Planificación del AyA, fue designado mediante el oficio PRE-2020-00087 del 29 de enero de 2020 como enlace con la Dirección de Agua del MINAE. Desde esa fecha, no ha recibido nuevas solicitudes de actualización por parte del administrador del SINIGIRH, pero se anunció la medida de crear un nuevo geoservicio desde el portal interno del AyA para facilitar la actualización de datos por parte del MINAE (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nNo existe un cronograma conjunto para la corrección de inconsistencias de los registros de fuentes de agua a nivel nacional ni para el cantón de Naranjo, y los avances en esta materia dependen de la capacidad institucional y del ingreso de nuevas solicitudes (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nHechos relacionados con la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía:\n\nEl 19 de mayo de 2022, FEDAPRO presentó una denuncia escrita ante la Dirección de Aguas, exponiendo las posibles consecuencias negativas de mantener registros inexactos, tanto en nacientes captadas como no captadas, quebradas y sus respectivas zonas de protección (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nMediante el oficio DA-1906-08-2022 del 18 de agosto de 2022, la Dirección de Agua respondió que, aunque conserva los registros mencionados, no es la entidad responsable de actualizarlos, ya que esa función corresponde formalmente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), quien debe aportar la información verificada. En dicho oficio se indicó además que el 12 de septiembre de 2022, se presentó ante el AyA una denuncia ambiental con solicitud de actualización de datos y coordinación interinstitucional, sin que se hubiera recibido respuesta satisfactoria (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nMediante oficio DA-1541-2022 del 4 de octubre de 2022, la dirigido a la Subgerente de Sistemas de Acueductos Delegados del AyA, la Dirección de Aguas solicitó la revisión de las tomas inscritas a nivel nacional, incluyendo datos de geolocalización, tipo de fuente y caudal (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nMediante oficio DA-1779-2022 del 18 de octubre de 2022, dirigido al Presidente Ejecutivo del AyA, la Dirección de Aguas pidió la actualización de los registros asociados al Instituto, tras identificar fuentes no utilizadas o con ubicación errónea (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nMediante oficio DA-1957-08-2022 del 19 de agosto de 2022, notificado el 10 de noviembre de 2022, la Dirección de Aguas remitió a la Directora de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del AyA, junto con un listado de fuentes inscritas por distintas ASADAS del cantón de Naranjo, con el fin de verificar su localización y tipo de fuente (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nMediante oficio DA-0392-223 del 16 de febrero de 2023, notificado el 17 de febrero de 2023, la Dirección de Aguas reiteró la solicitud anterior e indicó que la gestión respondía a un planteamiento de FEDAPRO, presentado por los señores [Nombre 001] y [Nombre 002], relativo a la posible corrección de datos de fuentes de agua (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nLa Dirección de Aguas no ha podido realizar correcciones en el Registro Nacional de Concesiones de Agua ni en el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH), dado que cualquier modificación requiere confirmación oficial por parte del AyA, especialmente en lo relativo a coordenadas geográficas, caudales y clasificación de las fuentes, alterar tales registros sin respaldo documental puede tener implicaciones legales, particularmente en cuanto al régimen de protección previsto en el artículo 31 de la Ley de Aguas (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nLa Dirección de Aguas realizó inspecciones de campo como parte de su plan de control técnico, las cuales evidenciaron discrepancias entre las ubicaciones reportadas por el AyA y las observadas en sitio. En estos casos, la Dirección informó al AyA por escrito, solicitando las correcciones pertinentes, aunque sin obtener respuesta (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nLos registros del cantón de Naranjo se mantienen sin modificación alguna, en tanto no se ha recibido información oficial por parte del AyA que permita validar o corregir los datos. No obstante, a inicios de 2025, mediante los oficios SB-AID-2025-000016 del 15 de enero de 2025 y UEN-GA-2025-00065-SB-AID-2025, el AyA solicitó la eliminación de fuentes duplicadas inscritas bajo el expediente administrativo 602-R, trámite que fue atendido y ejecutado por la Dirección de Aguas, aunque no se precisó si dichas fuentes corresponden al cantón de Naranjo (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\n \n\nIV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En cuanto a este tema, en la sentencia nro. 2022022070 de las 9:20 horas del 23 de setiembre de 2022, este Tribunal señaló:\n\n“Concerniente a la naturaleza de los agravios acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:\n\n“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios. Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.\n\nInteresa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.\n\nEn esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:\n\n“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)\n\n49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52. Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. 53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”, por lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (…) 55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45) (…) 59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.\n\nEsta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:\n\n“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales.”.\n\nTambién, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, ese Consejo señaló:\n\n “(…) Reconociendo que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos, incluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación en la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)\n\nReconociendo además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)\n\nReconociendo la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)\n\n1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos;\n\n2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El resaltado no corresponde al original).\n\nDe este modo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de este bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un factor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser humano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en lo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.\n\nAllende de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra aludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible de protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas individuales. En tal sentido, dispuso:\n\n“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.”. (El resaltado no corresponde al original).\n\nEsta tesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH afirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia existencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de manera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques, mares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de la CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la trascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de la referida resolución:\n\n“203. La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).\n\nCon base en lo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo” (el resaltado es del original).\n\nAunado a lo anterior, recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, en la que se consignó:\n\n“1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano; \n\n2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente;\n\n3. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional;\n\n4. Exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos”. \n\nEsta resolución es la expresión formal de la voluntad del órgano principal de deliberación, adopción de políticas y representación de la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, constituye un compromiso político de carácter universal que debe ser valorado como fuente de soft law de la mayor relevancia.\n\nPrecisamente, la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 afirma que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto, en buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su comprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción de que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que vale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual propia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de otros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección trasciende al ser humano, puesto que brinda cobijo a los diversos componentes de la naturaleza debido a su trascendencia para preservar la existencia de los organismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los seres humanos.\n\nAsimismo, reitera y, por esa vía, fortalece la tesitura de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra vinculado con otros derechos humanos, lo que implica que su transgresión puede acarrear la vulneración de la salud, la vida, el desarrollo sostenible democrático, por citar tan solo algunos ejemplos. Lo anterior confiere un significado jurídico particularmente relevante al derecho de marras.\n\nEn adición, la Asamblea General de la ONU preceptúa que la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado demanda la plena aplicación de los derechos convencionales relacionados con el ambiente en consonancia con los principios del derecho ambiental internacional. De lo anterior se colige su imprescindible inclusión dentro del control jurisdiccional de constitucionalidad por parte de esta Sala. \n\nPor último, en armonía con la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regula que la obligación de resguardar al ambiente, allende de los estados, se extiende a organizaciones internacionales, empresas y otros interesados, término último que comprende a los seres humanos en general. Justamente es en ese sentido, que la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla el amparo contra sujetos de derecho privado.\n\nEn suma, bajo el marco conceptual explicado ut supra, este Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de los compromisos convencionales y constitucionales que al Estado costarricense y a la sociedad en general le imponen no solo la obligación de reconocer los derechos, principios y valores de la materia ambiental, sino también la de implementar todas aquellas medidas y actuaciones que se precisan para asegurar la efectiva protección a aquellos” (el resaltado es del original).\n\n \n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, que el problema denunciado por la parte recurrente, relativo a inconsistencias en la clasificación y georreferenciación de múltiples fuentes de agua en el cantón de Naranjo, no ha sido abordado con la debida diligencia ni ha generado acciones institucionales suficientes para garantizar una actualización adecuada de los registros oficiales. En efecto, si bien consta que el AyA y la Dirección de Aguas han intercambiado comunicaciones y que el primero remitió, hasta el 2 de mayo de 2025, el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 como respuesta parcial a varias solicitudes anteriores, lo cierto es que dichas gestiones han sido tardías, fragmentadas y carentes de seguimiento efectivo. Nótese que, si bien es cierto que el AyA respondió mediante el oficio N.° GSD-UEN-GAR-2025-01619 del 2 de mayo de 2025 a algunas de las solicitudes remitidas por la Dirección de Aguas -entre ellas, los oficios DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, y DA-1779-2022-, dicho pronunciamiento constituye una actuación tardía, producida casi tres años después de iniciada la problemática. A ello se suma que la respuesta remitida por el AyA fue incompleta, careciendo de resoluciones técnicas finales sobre los puntos críticos señalados, y sin incorporar un cronograma operativo para la revisión y actualización de los datos erróneos, tanto a nivel local como nacional.\n\nDe otra parte, la Dirección de Aguas ha reconocido que no puede realizar correcciones en los registros sin recibir previamente confirmación formal del AyA, lo que ha generado una parálisis administrativa que perpetúa la existencia de datos incorrectos o desactualizados sobre fuentes utilizadas para el abastecimiento humano. Si bien se entiende que la Dirección de Aguas no puede modificar por cuenta propia los datos georreferenciados, los caudales o las clasificaciones tipológicas sin la correspondiente confirmación oficial del AyA, lo que responde a una lógica de competencias administrativas, esto no le exime de su deber constitucional de actuar con diligencia frente a riesgos ambientales sustantivos. La actitud pasiva y de espera adoptada por ambas instituciones revela un patrón de inacción institucional incompatible con los principios de precaución y prevención que rigen la materia ambiental, y con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada frente a la protección del recurso hídrico. En ese sentido, la omisión estructural, tanto por parte del AyA como de la Dirección de Aguas, representa una amenaza cierta y actual al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al derecho al acceso a información ambiental y al resguardo del recurso hídrico, máxime tratándose de nacientes, ríos y quebradas que constituyen bienes de dominio público cuyo uso y conservación es esencial para la vida y la salud de miles de personas. La falta de actualización y verificación de estos datos no solo puede tener consecuencias ambientales graves e irreversibles, como la afectación de áreas de protección legal, sino que compromete también el principio de sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico. Al efecto, este Tribunal advierte que la respuesta dada por las autoridades competentes ha estado mediada por un formalismo excesivo, contrario al principio de eficacia en la protección de los derechos fundamentales. No se ha promovido una coordinación interinstitucional robusta ni se ha impulsado un cronograma claro de acciones concretas para corregir la información errónea. Asimismo, se ha constatado la inexistencia de una política integral o cronograma nacional de actualización de registros de fuentes de agua, lo cual refuerza la percepción de omisión por parte del aparato estatal en un asunto de alta sensibilidad ambiental y social. Cabe resaltar que la inscripción inexacta de una naciente como quebrada o río implica efectos jurídicos materiales, tales como la reducción indebida de las áreas de protección, la exposición del caudal a captaciones no reguladas, la omisión en la fiscalización del uso del recurso y la desprotección de ecosistemas sensibles. Estas consecuencias, lejos de ser meramente técnicas o administrativas, inciden sobre el núcleo esencial de derechos fundamentales que protegen la vida, la salud y el bienestar de las personas, así como, el ambiente. En consecuencia, se concluye que la omisión denunciada vulnera los derechos fundamentales invocados, particularmente el derecho a un ambiente sano (artículo 50 constitucional), el derecho a la salud (artículo 21 constitucional), y el acceso a información ambiental. Consecuentemente, se estima el presente recurso para garantizar la actualización, verificación y corrección inmediata de los registros señalados, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\n VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara CON LUGAR el recurso. Consecuentemente, se ordena a JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA, en condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como, a JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, en condición de Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía que: en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, 1. Verifiquen y, en su caso, rectifiquen la georreferenciación, clasificación tipológica y demás datos técnicos de las fuentes de agua registradas en el cantón de Naranjo, priorizando aquellas utilizadas para consumo humano por parte de las ASADAS; 2. Remitan conjuntamente un informe detallado y completo a esta Sala sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos y las gestiones pendientes de resolución en relación con lo anterior; 3. Diseñen y pongan en ejecución un cronograma público de revisión, verificación y actualización de los registros nacionales de fuentes de agua (SINIGIRH y Registro Nacional de Concesiones), con participación de las ASADAS y organizaciones interesadas, el cual deberá contener plazos, responsables institucionales y medios de seguimiento y fiscalización pública. 4. Que el funcionario designado como enlace ante el SINIGIRH por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, proceda a coordinar con la Dirección de Agua del MINAE y con la Dirección de Sistemas de Información del AyA, la activación del procedimiento de actualización y publicación de los datos corregidos. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRosibel Jara V.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n HD43LIMNJZYG61\n\nEXPEDIENTE N° 23-024390-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:06:49.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 14379 - 2025\n\nDate of Resolution: May 16, 2025 at 09:35\n\nCase File: 23-024390-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Cruz Castro\n\nType of Matter: Amparo Action\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nJudgment with Separate Opinion\n\nRelevance Indicators\n\nRelevant Judgment\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\nContent of Interest:\n\nStrategic Themes: Human Rights, Environmental, Right to Health, Economic Social Cultural and Environmental Rights\n\nType of Content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE\n\nTopic: INFORMATION\n\nSubtopics:\n\nLACK OF RESPONSE.\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nPROTECTED AREA.\n\n014379-25. INFORMATION. ENVIRONMENT. IT IS ALLEGED THAT THERE IS A SERIOUS OMISSION IN THE UPDATING AND ACCURACY OF OFFICIAL RECORDS ON WATER SOURCES IN THE CANTON OF NARANJO. THE EXECUTIVE PRESIDENT OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS AND THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY ARE ORDERED TO: WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, 1. VERIFY AND, WHERE APPROPRIATE, RECTIFY THE GEOREFERENCING, TYPOLOGICAL CLASSIFICATION, AND OTHER TECHNICAL DATA OF THE WATER SOURCES REGISTERED IN THE CANTON OF NARANJO, PRIORITIZING THOSE USED FOR HUMAN CONSUMPTION BY THE ASADAS; 2. JOINTLY SUBMIT A DETAILED AND COMPLETE REPORT TO THIS CHAMBER ON THE ACTIONS TAKEN, THE RESULTS OBTAINED, AND THE PENDING PROCEDURES TO BE RESOLVED IN RELATION TO THE FOREGOING; 3. DESIGN AND IMPLEMENT A PUBLIC TIMELINE FOR THE REVIEW, VERIFICATION, AND UPDATING OF THE NATIONAL WATER SOURCE RECORDS (SINIGIRH AND NATIONAL CONCESSIONS REGISTER), WITH THE PARTICIPATION OF THE ASADAS AND INTERESTED ORGANIZATIONS, WHICH MUST CONTAIN DEADLINES, INSTITUTIONAL RESPONSIBLE PARTIES, AND MEANS FOR PUBLIC MONITORING AND OVERSIGHT. 4. THAT THE OFFICIAL DESIGNATED AS THE LIAISON TO THE SINIGIRH BY THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS PROCEED TO COORDINATE WITH THE WATER DIRECTORATE OF MINAE AND WITH THE INFORMATION SYSTEMS DIRECTORATE OF AYA, THE ACTIVATION OF THE PROCEDURE FOR UPDATING AND PUBLISHING THE CORRECTED DATA. VCG05/2025\n\n“(…) V.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal certifies the injury to the fundamental rights of the petitioner. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities -which are considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the problem denounced by the petitioner, relating to inconsistencies in the classification and georeferencing of multiple water sources in the canton of Naranjo, has not been addressed with due diligence nor has it generated sufficient institutional actions to guarantee an adequate updating of the official records. Indeed, while it is recorded that AyA and the Water Directorate have exchanged communications and that the former sent, as late as May 2, 2025, official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 as a partial response to several previous requests, the truth is that these actions have been late, fragmented, and lacking effective follow-up. Note that, while it is true that AyA responded through official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 of May 2, 2025, to some of the requests sent by the Water Directorate -among them, official letters DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, and DA-1779-2022-, said pronouncement constitutes a late action, produced almost three years after the problem began. Added to this is that the response sent by AyA was incomplete, lacking final technical resolutions on the critical points indicated, and without incorporating an operational timeline for the review and updating of the erroneous data, both at the local and national levels.\n\nFurthermore, the Water Directorate has acknowledged that it cannot make corrections to the records without first receiving formal confirmation from AyA, which has generated an administrative paralysis that perpetuates the existence of incorrect or outdated data on sources used for human supply. While it is understood that the Water Directorate cannot modify the georeferenced data, flow rates, or typological classifications on its own without the corresponding official confirmation from AyA, which responds to a logic of administrative competencies, this does not exempt it from its constitutional duty to act diligently in the face of substantive environmental risks. The passive and waiting attitude adopted by both institutions reveals a pattern of institutional inaction incompatible with the principles of precaution and prevention that govern environmental matters, and with international standards of enhanced due diligence regarding the protection of water resources. In that sense, the structural omission, both by AyA and the Water Directorate, represents a certain and current threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as to the right to access environmental information and the safeguarding of water resources, especially concerning springs (nacientes), rivers, and streams that constitute public domain assets whose use and conservation is essential for the life and health of thousands of people. The lack of updating and verification of this data may not only have serious and irreversible environmental consequences, such as the affectation of legal protection areas, but also compromises the principle of sustainability in the management of water resources. To this effect, this Tribunal warns that the response given by the competent authorities has been mediated by excessive formalism, contrary to the principle of effectiveness in the protection of fundamental rights. Robust inter-institutional coordination has not been promoted, nor has a clear timeline of concrete actions been implemented to correct the erroneous information. Likewise, the non-existence of a comprehensive policy or national timeline for updating water source records has been verified, which reinforces the perception of omission by the state apparatus in a matter of high environmental and social sensitivity. It is worth highlighting that the inaccurate registration of a spring (naciente) as a stream or river implies material legal effects, such as the undue reduction of protection areas, the exposure of the flow rate to unregulated intakes, the omission in the oversight of resource use, and the lack of protection of sensitive ecosystems. These consequences, far from being merely technical or administrative, affect the essential core of fundamental rights that protect the life, health, and well-being of people, as well as the environment. Consequently, it is concluded that the reported omission violates the fundamental rights invoked, particularly the right to a healthy environment (Article 50 of the Constitution), the right to health (Article 21 of the Constitution), and access to environmental information. Consequently, this action is granted to guarantee the immediate updating, verification, and correction of the indicated records, as stated in the operative part of this judgment. (…)”\n\n... See more\nRelated Judgments\nContent of Interest:\n\nType of Content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n“(…) I.- PRELIMINARY MATTER. Prior to analyzing the merits of the matter –due to the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure– it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines, established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by the sectorial laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– and to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in this case, an exception is presented, as it involves a complaint filed for a problem related to the registration and location of water sources. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)” VCG05/2025\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of Content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 050- Environment\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n“(…) IV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Regarding this topic, in Judgment No. 2022022070 of 9:20 a.m. on September 23, 2022, this Tribunal stated:\n\n“Concerning the nature of the grievances alleged in the sub lite, this Tribunal has repeatedly pronounced on the right to a healthy and ecologically balanced environment. For example, in Judgment No. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:\n\n“On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has underlined that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized both at the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that the effective protection of this right requires that resources be used rationally, a context in which the State and citizens in general must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined and identified risks considered at least probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee potential negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on costs to prevent the degradation of the environment. From the foregoing, it is noted that the principle starts from reasonable scientific uncertainty in conjunction with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work causes. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obligated to adopt the measures that guarantee the defense and effective preservation of the environment in accordance with such principles. Now, such an objective obligation does not unavoidably entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that suitable measures be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by authorities, or by natural and legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effectiveness of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo against subjects of private law.\n\nIt is also important to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed the matters relating to state obligations in relation to the environment, in the interest of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.\n\nIn that opinion, the Court recognized the interrelation between environmental protection and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and development of human rights. In this sense, it stated:\n\n“47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between environmental protection and the realization of other human rights, insofar as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter “Protocol of San Salvador”), highlights the close relationship between the observance of economic, social and cultural rights -which includes the right to a healthy environment- and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indissoluble whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which reason they require permanent protection and promotion with the object of achieving their full observance, without the violation of some ever being justifiable for the sake of the realization of others (…)\n\n49. For its part, the Inter-American Commission has highlighted that several rights of fundamental rank require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same sense, the OAS General Assembly has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and highlighted that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights.\n50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect the well-being of the individual and, as a consequence, generate violations of individuals' rights, such as the rights to life, respect for private and family life68, and private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples' Rights has indicated that the right to a “general satisfactory environment, favorable to development” is closely related to economic and social rights insofar as the environment affects the quality of life and the security of the individual (…)\n52. Furthermore, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelation has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter “Stockholm Declaration”), where it was established that “[e]conomic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life,” affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter “Rio Declaration”), the States recognized that “[h]uman beings are at the centre of concerns for sustainable development” and, at the same time, emphasized that “in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.” Following this, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development, and environmental protection. Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, the States recognized the consideration that must be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development.\n53. Furthermore, when adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the scope of all people's human rights depends on the achievement of the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. In the same sense, several instruments of the inter-American sphere have referred to environmental protection and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter which provides that “[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and proper stewardship of the environment,” therefore “it is essential that the states of the Hemisphere implement policies and strategies to protect the environment, including respect for various treaties and conventions, to achieve sustainable development for the benefit of future generations” (…)\n55. As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development, and human rights (supra paras. 47 to 55), currently (i) multiple human rights protection systems recognize the right to a healthy environment as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) multiple other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations for States for the purpose of fulfilling their obligations to respect and guarantee these rights. Precisely, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in determining these state obligations, the Court may make use of the principles, rights, and obligations of international environmental law, which as part of the international corpus juris contribute decisively to setting the scope of the obligations derived from the American Convention in this matter (supra paras. 43 to 45) (…)\n59. The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, owed to both present and future generations. However, the right to a healthy environment also has an individual dimension, insofar as its violation can have direct or indirect repercussions on individuals due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others. Environmental degradation can cause irreparable harm to human beings, which is why a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity.”.\n\nThis interrelation between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021, at the 46th session, stated:\n\n“Recognizing also that sustainable development and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, safe drinking water and sanitation and housing, and cultural rights.”.\n\nAlso, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, this Council stated:\n\n“(…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to and promote human well-being and the enjoyment of human rights, including the enjoyment of the rights to life, the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, housing, safe drinking water and sanitation, and participation in cultural life, for present and future generations (…)\n\nRecognizing further that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)\n\nRecognizing the importance of a clean, healthy and sustainable environment as something fundamental to the enjoyment of all human rights (…)\n\n1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right important for the enjoyment of human rights;\n\n2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nThus, the particular relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is reflected, the defense of which transcends the protection of this constitutional asset in itself, since its preservation constitutes an essential factor for the effective safeguarding of other primordial assets of the human being (such as life, health, property, equality), so that if the former fails, the effective safeguarding of the latter is not achieved.\n\nBeyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the aforementioned opinion, recognized the right to a healthy environment as an autonomous one, susceptible of protection independently of any risk of affectation to individual persons. In this sense, it provided:\n\n“62. This Court considers it important to highlight that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature and the environment not only because of its connection with a utility for the human being or because of the effects that its degradation could cause on other persons' rights, such as health, life, or personal integrity, but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared, also deserving of protection in themselves. In this sense, the Court notes a trend toward recognizing legal personhood and, therefore, rights to nature not only in judicial judgments but even in constitutional orders.\n63. In this way, the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity.”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nThis position was adopted in the judgment of February 6, 2020, relating to the case “Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina,” in which, overcoming an anthropocentric approach, the Inter-American Court affirms that the right to a healthy environment, besides being fundamental for the very existence of the human being, constitutes an autonomous and universal right, so that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers, and others) constitutes a legal interest in itself. In the words of the Inter-American Court: “It is about protecting nature,” not only for its “utility” or “effects” regarding human beings, “but for its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.” Given the transcendence of this affirmation, it is appropriate to transcribe this excerpt from the referred resolution:\n\n“203. The Court has already referred to the content and scope of this right, considering various relevant norms, in its Advisory Opinion OC-23/17, for which it refers to said pronouncement. It affirmed on that occasion that the right to a healthy environment “constitutes a universal interest” and “is a fundamental right for the existence of humanity,” and that “as an autonomous right […] protects the components of the […] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature,” not only for its “utility” or “effects” regarding human beings, “but for its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.” The foregoing does not prevent, of course, other human rights from being violated as a consequence of environmental damage.”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nBased on the foregoing, this Chamber, as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for conventional and constitutional obligations, which constrain the State not only to recognize the rights enshrined therein but also to impose the legal measures required for their safeguarding” (the highlighting is from the original).\n\nIn addition to the foregoing, recently, the United Nations General Assembly adopted resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 of July 28, 2022, in which it stated:\n\n“1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right;\n\n2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law;\n\n3. Affirms that the promotion of the human right to a clean, healthy and sustainable environment requires the full implementation of the multilateral environmental agreements under the principles of international environmental law;\n\n4. Calls upon States, international organizations, business enterprises and other relevant stakeholders to adopt policies, to enhance international cooperation, strengthen capacity-building and continue to share good practices in order to scale up efforts to ensure a clean, healthy and sustainable environment for all”.\n\nThis resolution is the formal expression of the will of the principal deliberative, policy-making, and representative organ of the United Nations Organization. Consequently, it constitutes a political commitment of a universal nature that must be valued as a source of soft law of the greatest relevance.\n\nPrecisely, Resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 affirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment has the nature of a human right. With this, it significantly contributes to its positivization, resulting in its technical understanding as a “fundamental right.” Likewise, it strengthens the notion that environmental protection is an “autonomous” human right, that is, that it is valid in itself, so that, on the one hand, it has its own conceptual existence distinct from the environmental content that undoubtedly arises from the protection of other rights (such as life or health) and, on the other, its object of protection transcends the human being, since it provides shelter to the various components of nature due to their transcendence for preserving the existence of living organisms in general, independently of their utility for human beings.\n\nLikewise, it reiterates and, through that means, strengthens the position that the right to a healthy and ecologically balanced environment is linked to other human rights, which implies that its transgression can lead to the violation of health, life, democratic sustainable development, to cite only a few examples. The foregoing confers a particularly relevant legal meaning to the right in question.\n\nIn addition, the UN General Assembly prescribes that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment demands the full application of conventional rights related to the environment in accordance with the principles of international environmental law. From the foregoing, its essential inclusion within this Chamber's jurisdictional control of constitutionality is inferred.\n\nFinally, in harmony with the recognized theory of the horizontal effectiveness of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), Resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regulates that the obligation to protect the environment, beyond the states, extends to international organizations, business enterprises, and other relevant stakeholders, a last term that comprises human beings in general.\n\nIt is precisely in this sense that the Law of Constitutional Jurisdiction contemplates the amparo action against subjects of private law.\n\nIn sum, under the conceptual framework explained *ut supra*, this Constitutional Court, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the conventional and constitutional commitments that impose upon the Costa Rican State and society in general the obligation not only to recognize the rights, principles, and values of environmental matters, but also to implement all those measures and actions required to ensure their effective protection” (emphasis in original). (…)” VCG05/2025\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nContent type: Separate note\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\n VI.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the bodies that must hear the legal dispute are the Administrative-Contentious Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVCG05/2025\n\n... See more\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 23-024390-0007-CO\n\nRes. No. 2025014379\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-five hours on the sixteenth of May of two thousand twenty-five.\n\n Amparo remedy processed in case file number 23-024390-0007-CO filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], identity card [Value 002], against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA) and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By means of a brief received by this Chamber at 07:41 hours on October 6, 2023, the petitioners file an amparo remedy and state that, after conducting studies according to current technologies and tests obtained through fieldwork, they undertook the task of comparing the data on springs, rivers, and streams of the canton of Naranjo with what exists in the National Water Resource Information System and the National Registry of Water Concessions and Uses of the Water Directorate (DA), and they noticed to their great astonishment a very serious administrative chaos, since at least 122 springs are indicated “for DA purposes” as if they were rivers or streams, when in fact, as stated, they are springs or specific water outcrops. They add that they also noticed that many of the springs and some streams had significant georeferencing errors, meaning that the locations where the institutional entities were placing or mapping them were not accurate. They state that, at least based on studies for the canton of Naranjo, they detected that there is unreliable information in the Water Directorate, which could be generating irreversible environmental damage to surface and underground water sources from which the ASADAS associated with the Federation of Aqueducts of the El Chayote Protective Zone supply thousands of people. They argue that, due to the foregoing, on May 19, 2022, they filed a written complaint before the Water Directorate, where they pointed out that the consequences of maintaining erroneous and/or false data in the registries could generate very serious negative environmental impacts on water sources and protection areas, whether for captured or uncaptured springs and streams. They allege that a poor classification and a confusion between what is a stream and what is a spring (naciente) also entails failing to monitor hundreds of meters that should be designated as \"protection areas\" or as lands classified by the Water Law as \"reserves in favor of the nation.\" They point out that springs (nacientes) and their protection areas are assets that have enjoyed constitutional-level protection for years, being strategic for the State and considered areas of high environmental fragility. They note that considering a protection area for a stream channel—which, in general terms according to the Forest Law, is 10 or 15 meters along its entire length—is not the same as a specific protection area for an uncaptured spring (naciente), which has a 100-meter radius, or for a captured spring (naciente), which, under the Water Law, has a 200-meter radius. Therefore, they insist that the problem of the poor registry kept by the Water Directorate is extremely dangerous and violates the provisions of constitutional norm 21, as it jeopardizes not only the quality of surface and underground water, which could be contaminated due to the absence of protection areas resulting from a poor registry, but also poses risks of damage to ecosystems located within those protection areas, or reserves in favor of the nation. They mention that, in response to their complaint, through official letter No. DA-1906-08-2022, in the section indicated as No. 1, the respondent institution told them that, although they keep the respective registries, they are not responsible for updating data on supplying water intakes and streams through which populations are supplied, and therefore, the data contained in the registries kept in the National Water Resource Information System and the National Registry of Water Concessions and Uses could not be changed or updated by them; rather, the direct responsible party is the ICAA, and they justified themselves by saying that it must be that institute that formally provides the information to the Water Directorate so that they can keep an accurate registry. They argue that, although the previous response seems to them to conflict with constitutionality due to excessive formalism, at that time they considered it appropriate not to challenge it then. They clarify that the excessive formalism seems unconstitutional to them, since what the Water Directorate explained breaks the criterion of acting quickly on water resource matters and can also be considered a denial of access to accurate and prompt environmental information. They add that, regarding springs (nacientes) not captured for human consumption and the georeferencing data of streams or springs (nacientes), they were also informed in official letter No. DA-1906-08-2022, in point No. 6, that the information will be reviewed in the future, but only as requests are made by various actors, which they also consider violates constitutional norms 21 and 50, because the issue is sensitive and urgent enough not to be left for later. On the other hand, they indicate that due to official letter No. DA-1906-08-2022, on September 12, 2022, they proceeded to file an environmental complaint brief and a request for coordination and data updating before the ICAA, so that the necessary steps would be taken with the Water Directorate. They state that the argument followed a line similar to the one made to the Water Directorate, where they explained the problem of poor georeferencing and the problem of poor classification between springs (nacientes) and streams. They explained to the ICAA the need and urgency of updating information so that the Water Directorate, as the governing and information-collecting entity, would have its database in the National Water Resource Information System and the National Registry of Water Concessions and Uses updated, but despite more than a year having passed, the ICAA has done nothing, all of which contributes to constitutional violations insofar as everything results in incomplete registries with information that is neither timely nor accurate for the integrated management of the water resource. They argue that to date, what actually exists before the Water Directorate and the ICAA is merely \"a poorly maintained approximate sub-registry\" of springs (nacientes) and streams, which does little to help carry out good integrated management of the water resource. They state that if the ICAA does not update the registry data of the Water Directorate, and the latter does not do so on its own motion despite having all the information, an endless vicious chain is formed that generates unreliable information, and this must be corrected, because constitutional rights are at stake, and moreover, the Constitutional Chamber has confirmed that the protection of the water resource is a right that must be guaranteed, protected, and preserved, but none of this can be done if the respondent entities do not coordinate, since currently only omissions exist. They believe that the problem reported does not only occur in Naranjo but is likely occurring throughout the entire national territory, which makes the situation compromise the right to water of future generations, because the country is developing based on databases that are wrong. They state that “if the water is contaminated, if the sources are poorly referenced, and if ecosystems or biodiversity are also degraded, we are on a bad path, and people who have not yet been born will not have the same resources that those of us who currently exist in Costa Rica have had.” They state that the noted omission violates various constitutional norms. They point out that, with respect to this amparo remedy, they request the following: “Proceed to correct the erroneous data of the springs (nacientes) of the canton of Naranjo so that the DA can do what is necessary in the National Water Resource Information System and in the National Registry of Water Concessions and Uses, addressing with special urgency the correction of the assigned source type and the coordinates, prioritizing the springs (manantiales) that are currently captured for the supply of potable water for human consumption (…). Implement the corresponding measures to initiate actions in a coordinated manner with the Ministry of Environment and Energy and the National System of Protection Areas and with the Ministry of Health, to reverse the critical situation of illegal invasions of the protection areas of the springs (nacientes) of the canton of Naranjo. That the review and correction of all erroneous data of springs (nacientes) throughout the entire country in the 'National Registry of Water Concessions and Uses' be undertaken, likewise addressing with special urgency the correction of the assigned source type and the coordinates, prioritizing the springs (manantiales) that are currently captured for the supply of potable water for human consumption. Report on the ASADAS of the canton of Naranjo for which a review of the spring (naciente) registry data (coordinates, source type, and other data) has currently been carried out and whose correction request was sent to the Water Directorate; for each of the ASADAS, indicate the official letter number, date of submission, and current status of the procedure, indicating whether the due correction of the spring (naciente) registry has already been made. Also report on the ASADAS of the entire national territory for which a review of spring (naciente) data (coordinates, source types, and other data) has currently been carried out, whose concession request was sent to the Water Directorate. For each of the ASADAS, indicate the official letter number, date of submission, and current status of the procedure, indicating whether the due correction of the spring (naciente) registry has already been made. Report in detail on the specific follow-up actions that the AYA carries out in relation to the data correction requests for the ASADAS' sources in the National Registry of Concessions of the DA; detail the dates of each action and detail what the follow-up consisted of. We have records of ASADAS whose procedure has been pending for up to two years without a satisfactory response. We request that an activity schedule be established where we are included as an involved party and that the correction dates for the canton of Naranjo, as well as the corrections for the entire country, be detailed to us. We request a copy of that schedule.” They request the intervention of this Constitutional Court.\n\n2.- By resolution of 12:09 hours on October 6, 2023, this remedy was processed and the respondent authorities were notified on October 6, 2023.\n\n 3.- By brief filed on October 12, 2023, LUIS ALEJANDRO GUILLÉN GUARDIA, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath that: “(…) First: It is not within our knowledge. Regarding the actions of the petitioners, the foregoing is in accordance with technical report No. GSD-UEN-GAR-2023-03716, prepared by Yendri Murillo Burgos of the ORAC Metropolitana of the AyA, which for clarification purposes refers to the following: 'The ORAC is only aware of the document without an official letter number, delivered to the AyA Executive Presidency on September 12, 2022, which mentions what is noted in fact 1. However, what is referred to in the fact involves different institutions and necessary procedures to be followed according to the cases indicated in the note, whether they are rectifications of the sources, environmental complaints, or others.' Second: It is not within our knowledge. Regarding the petitioner’s actions before the Water Directorate, it is only clarified according to technical report No. GSD-UEN-GAR-2023-03716, as follows: 'As the Regional Office of Community Aqueducts of the Metropolitan Region (ORAC Metropolitana), we received a copy of an official letter presented by the Water Directorate to the AyA which referred to the action brought by FEDAPRO before the Water Directorate.' Third: Partially true. The petitioner is not correct regarding what corresponds to the AyA's own competences, as determined by report GSD-UEN-GAR-2023-03716: 'This fact is true regarding the response given by the MINAE Water Directorate, document DA-1906-08-2022. It is important to note that the request for rectification of information before the MINAE Water Directorate involves specific procedures that each Institution must follow according to its competences.' Fourth: Partially true. It is not true that my represented institution has not processed the same, or has denied access to information regarding said action, the foregoing in accordance with report No. GSD-UEN-GAR-2023-03716: 'This fact is true in that FEDAPRO presented a document without an official letter number to the AyA on September 12, 2022, in which, among other things, it points out that there are errors in the categorization of water bodies that appear registered in the MINAE Water Directorate, as well as in the location coordinates of captured and uncaptured sources in the canton of Naranjo. However, it is reiterated that addressing what is raised in the document presented by FEDAPRO involves different institutions and necessary procedures to be followed according to the cases indicated in the note, whether they are rectifications of the sources, environmental complaints, or others. It is important to indicate that the Sub-Management of Delegated Systems Management of the AyA processes requests for the allocation of flow rate or else the rectification of coordinates, for sources captured by ASADAS and used for the supply of the population. The foregoing at the request of each operator or else ex officio when so determined by the institution as the governing entity. For these procedures, it is necessary to comply with requirements such as an official letter signed by the legal representative of the ASADA detailing the requirement, a water balance, geographic coordinates of the sources, type of source, water quality analysis, and information on the property where the source is located (farm and cadastral plan). Regarding the protection area of uncaptured sources (areas referred to in Art. 34 of the Forest Law), their delimitation or alignment corresponds to the INVU, and the demarcation to the property owner. The foregoing in accordance with legal opinion PRE-J-2023-03040. See exhibit 3. On behalf of this Office, an email was sent on September 14, 2022, to the Sub-Management of Delegated Systems Management, providing some recommendations we requested be taken into account for the formal response that the Sub-Management of Delegated Systems Management was to issue to FEDAPRO. See exhibit 1. On November 3, 2022, the ORAC reiterated the considerations we suggested be taken into account. See exhibit 2. This by virtue of official letters DA-1957-08-2022 and DA-0392-2023 from the MINAE Water Directorate. The ORAC Metropolitana does not know if the Sub-Management of Delegated Systems Management issued a response to either the Water Directorate or FEDAPRO.' Fifth: It is true. Regarding the requests made to the AyA in said action; however, it is important to clarify what corresponds to the competences of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as well as those of the delegated operators, in accordance with what is highlighted in the ORAC Metropolitana report No. GSD-UEN-GAR-2023-03716: 'What is raised in this fact corresponds to several requests, among others: 1. Request that the AyA proceed to correct erroneous data of the springs (nacientes) of the canton of Naranjo so that the Water Directorate can carry out the pertinent actions in SINIGIRH. 2. Implement measures to initiate actions in a coordinated manner with MINAE, the National System of Protection Areas, and the Ministry of Health to reverse the situation (alleged by FEDAPRO) of illegal invasions of the protection areas of the canton's springs (nacientes). 3. Review and correction of all erroneous data of springs (nacientes) throughout the entire country in the National Registry of Water Concessions and Uses regarding the coordinates and source type. 4. Inform the ASADAS on the status of the source registry correction procedure. 5. Inform FEDAPRO about all the actions carried out concerning ASADAS of the entire national territory related to the review of source data, as well as their follow-up; said information is not accessible to the ORAC Metropolitana nor within its legal competence, and therefore could not be provided. 6. Inform the local Government of the situation raised by FEDAPRO in relation to the canton's springs (nacientes). 7. Form a working group with the participation of the Water Directorate, AyA, FEDAPRO, SINAC, Ministry of Health, and FLU from the entire country for monitoring the resolution of the problem raised; said request. The above requests correspond to ordinary administrative procedures, which must be previously filed by the interested parties. The ORAC does not have the legal competence to provide the information raised in the previous requests. It is the responsibility of the FLU to inform the local Government and to file the corresponding complaints. It is important to emphasize that part of the competences of the ASADAS, as established in the Regulation of the Associations Administering Community Aqueduct and Sewer Systems (ASADAS), Article 46, is to ensure and participate in the preservation and conservation of the Water Resource generated for the population's supply systems, coordinating for this purpose with the institutions involved in the conservation and management of the resource. Likewise, Article 21 of the same Regulation empowers the Board of Directors to carry out actions before the AyA and other institutions in accordance with the delegated competences. Therefore, the ASADA can carry out this type of inter-institutional coordination without the AyA's intervention being required for these approaches and coordination between institutions to take place. Furthermore, each ASADA must manage the corresponding correction before the ORAC, complying with the required requirements (Official letter signed by the legal representative of the ASADA detailing the requirement, water balance, geographic coordinates of the sources, type of source, water quality analysis, information on the property where the source is located (farm and cadastral plan)).' Sixth: It is not within our knowledge. In accordance with the provisions of the ORAC Metropolitana report No. GSD-UEN-GAR-2023-03716: 'It is reiterated that each ASADA must comply with the due procedure to raise the request for the allocation of flow rate or else the rectification of any of its sources regarding geographic coordinates, assigned flow rate, or source type.' (...) Regarding matters of mere legality: Considering the administrative claims set forth within the amparo remedy brief, and the provisions of official letter No. GSD-UEN-GAR-2023-03716, as seen: '1. Request that the AyA proceed to correct erroneous data of the springs (nacientes) of the canton of Naranjo so that the Water Directorate can carry out the pertinent actions in SINIGIRH. 2. Implement measures to initiate actions in a coordinated manner with MINAE, the National System of Protection Areas, and the Ministry of Health to reverse the situation (alleged by FEDAPRO) of illegal invasions of the protection areas of the canton's springs (nacientes). 3. Review and correction of all erroneous data of springs (nacientes) throughout the entire country in the National Registry of Water Concessions and Uses regarding the coordinates and source type. 4. Inform the ASADAS on the status of the source registry correction procedure. 5. Inform FEDAPRO about all the actions carried out concerning ASADAS of the entire national territory related to the review of source data, as well as their follow-up; said information is not accessible to the ORAC Metropolitana nor within its legal competence, and therefore could not be provided. 6. Inform the local Government of the situation raised by FEDAPRO in relation to the canton's springs (nacientes). 7. Form a working group with the participation of the Water Directorate, AyA, FEDAPRO, SINAC, Ministry of Health, and FLU from the entire country for monitoring the resolution of the problem raised; said request. The above requests correspond to ordinary administrative procedures, which must be previously filed by the interested parties,' we can affirm that this matter is one of mere legality according to what is seen within the factual scenario presented by the petitioners and their evidentiary list. These are facts that must be heard in the administrative and/or ordinary judicial venue as required by the petitioner, since at no time is their request being denied; rather, on the contrary, as highlighted in report No. GSD-UEN-GAR-2023-03716, it was given its due processing and coordination. As can be seen, the Administration has not restricted or violated any fundamental right to the detriment of the petitioner. The foregoing does not constitute a violation of fundamental rights, to health or life, or a failure to provide a response to the administered party. In this sense, the Constitutional Chamber in its jurisprudence has indicated that there are procedures that are not within the knowledge of the constitutional jurisdiction; that is, those cases dealing with matters of mere legality and not constitutionality must be discussed in the corresponding ordinary venue. (...) Regarding the actions of my represented institution: Finally, regarding the actions of my represented institution within the facts alleged in this amparo remedy, as stated in official letter number: GSD-UEN-GAR-2023-03716, the AyA has fulfilled its ordinary obligations regarding the action requested by the petitioner before the Water Directorate and the AyA with respect to the request filed for the matter in question, as seen: '... It is important to indicate that the Sub-Management of Delegated Systems Management of the AyA processes requests for the allocation of flow rate or else the rectification of coordinates, for sources captured by ASADAS and used for the supply of the population. The foregoing at the request of each operator or else ex officio when so determined by the institution as the governing entity. For these procedures, it is necessary to comply with requirements such as an official letter signed by the legal representative of the ASADA detailing the requirement, a water balance, geographic coordinates of the sources, type of source, water quality analysis, and information on the property where the source is located (farm and cadastral plan). Regarding the protection area of uncaptured sources (areas referred to in Art. 34 of the Forest Law), their delimitation or alignment corresponds to the INVU, and the demarcation to the property owner. The foregoing in accordance with legal opinion PRE-J-2023-03040. See exhibit 3. On behalf of this Office, an email was sent on September 14, 2022, to the Sub-Management of Delegated Systems Management, providing some recommendations we requested be taken into account for the formal response that the Sub-Management of Delegated Systems Management was to issue to FEDAPRO. See exhibit 1. On November 3, 2022, the ORAC reiterated the considerations we suggested be taken into account. See exhibit 2. This by virtue of official letters DA-1957-08-2022 and DA-0392-2023 from the MINAE Water Directorate. The ORAC Metropolitana does not know if the Sub-Management of Delegated Systems Management issued a response to either the Water Directorate or FEDAPRO.' The foregoing indicates that we are facing a complex case that requires a thorough analysis and compliance with the functions of other institutions (Water Directorate), as well as the execution of the provisions required for each operator (ASADA) within the ASADAS Regulation and requests signed by the representatives of each delegated operator, and not a simple and straightforward petition that can be addressed by the AyA alone in a general manner. The foregoing demonstrates that the AyA has fulfilled its obligations regarding the petitioner's request, in consideration of the obligations of the ASADA, in accordance with the provisions of the AyA's Constitutive Law in its Articles 1 and 2, as well as Articles: 05, 21 subsections a), b), c), i), 28 subsections a) and g), 37 subsection f), 41, 42, 48, of the Regulation of the Associations Administering Community Aqueduct and Sewer Systems (ASADAS). All of the foregoing, without violating the fundamental rights of the petitioner. Thus, it is demonstrated, as indicated in facts four and five, the AyA's compliance with the procedures required by the petitioner within the prudent timeframes for this purpose. It is clear to this Institute that, in the matter at hand, there are sufficient reasons that justify what is required of and communicated to the ASADA in order to address, in accordance with the Institute's competences, the actions that must be carried out to provide a definitive solution to said situation, which entails the participation and fulfillment of the obligations imposed by the ASADAS Regulation on these organizations: 'It is reiterated that each ASADA must comply with the due procedure to raise the request for the allocation of flow rate or else the rectification of any of its sources regarding geographic coordinates, assigned flow rate, or source type,' as has been stated and which have been taken into account to conduct the analysis of the raised action, given the required coordination, which, as stated supra, requires technical studies and contracting (studies) on the part of the ASADA to be able to resolve said situation. In conclusion, we can affirm the following: 1-There are operators (ASADAS) in their area of competence with the obligations and rights for the provision of the service in the sector of Naranjo de Alajuela.\n\n2- Said ASADAs must attend, with the funds coming from the service provision tariffs, to the quality of environmental management and the water resource, with the advice of AyA as Governing Body according to that ordered by the Metropolitan ORAC: “It is reiterated that each ASADA must comply with the due procedure to raise the request for assignment of flow or else rectification of any of its sources regarding geographic coordinates, assigned flow, or type of source.” 3- In accordance with that established by the Metropolitan ORAC through official communication GSD-UEN-GAR-2023-03716, the petitioner's management has already been processed so as to be able to continue with the procedure within the competencies of AyA. 4- Input and coordination from the Water Directorate is required for what was requested by the petitioner. For the reasons set forth, we can affirm that my represented party has not fallen into omissions of its responsibilities, nor has it violated the fundamental rights of the petitioner, much less the right to health or life or the right of reply of the petitioner.”\n\n4.- Through a brief filed on October 13, 2023, JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, in his capacity as Director of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath that: “(…) FIRST: The petitioner indicates that they conducted studies in accordance with current technologies and tests obtained through fieldwork, undertaking the task of comparing the data obtained from the springs, rivers, and streams of the canton of Naranjo with the existing data in the National Water Resource Information System and the National Registry of Water Concessions and Uses of the Water Directorate (DA), noting errors in at least 122 springs (nacientes) that this unit has registered as if they were rivers or streams, these being specific water outcroppings. They note that errors also exist in the georeferencing, that is, they are not located in the places where the institution locates or traced them. It is set forth that, through studies for the canton of Naranjo, they detected that there is unreliable information at the Water Directorate, which could generate environmental harm to the surface and groundwater sources from which the ASADAs associated with the El Chayote Protective Zone Aqueduct Federation supply thousands of people. SECOND: They allege that, from the previous point, on May 19, 2022, they filed a written complaint before the Water Directorate, where they pointed out the consequences that maintaining erroneous and/or false data in the records could generate negative environmental impacts on water sources and protection areas, be they captured springs, uncaptured springs, and streams. THIRD: It is alleged that a poor classification of the type of source entails the failure to supervise hundreds of meters that should be designated for protection areas or lands in favor of the Nation, as established by the Water Law. They point out that springs and their protection areas are assets that for years have been safeguarded with constitutional status. FOURTH: That through official communication DA-1906-08-2022, the respondent indicated that although the respective records are kept, this institution is not responsible for updating the data on the supply intakes and streams of population supply, and that the data found registered in the National Water Resource Information System and the National Registry of Water Concessions and Uses could not be changed or updated by that institution, the direct responsible party being the ICAA, and that it must formally be the Institute that provides the data to the Water Directorate in order to have an accurate record. That the petitioners considered that said response contained constitutional friction due to excessive formalities, but they did not believe it opportune to question it at that time. In that same communication, it is indicated that on September 12, 2022, an environmental complaint and request for coordination and data update was filed before the ICAA, so that the necessary procedures would be undertaken with the Water Directorate. Said note explained the problem of poor georeferencing, exposing to the ICAA the necessity and urgency of updating the information, so that the Water Directorate, as the governing and information-compiling body, would have an updated database, but more than a year has passed and the ICAA has done nothing, translating into an incomplete registry with information that is not opportune. It states that, if the ICAA does not update the data, that institution does not act ex officio despite having the information. IN RELATION TO THE ALLEGED FACTS, THE FOLLOWING IS STATED: It is of utmost importance to have clarity regarding the registration process for water source concessions and/or registrations, a process carried out by the Water Directorate, this by provision of law, said obligation being regulated in Water Law No. 276, article 18, which refers to the registration of said water uses in the National Registry of Concessions, which establishes the following: ‘(…) The rights that special laws indicate for the use of waters shall have the character of concessions, but must be registered in the respective Registry of Concessions (..)’ Having clarity as to the obligation to register sources before the Water Directorate of MINAE, regarding the ASADAs specifically, Decree No. 42582-S-MINAE, Regulation of the Community Aqueduct and Sewer System Administration Associations, establishes in its article 21 the obligation to request the registration of water sources captured by said community aqueducts through the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which shall process the corresponding registration before the Water Directorate. Thus, it is that institution that is in charge of providing the information on the sources captured by these aqueducts for their due registration. This information must be registered with the data provided by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which is the party responsible for corroborating said information, and which may not be subject to prior questioning, as established in Law No. 8220, Law for the Protection of the Citizen from Excessive Administrative Requirements and Procedures and its amendment Law 8990, in its third article, which establishes what refers to competencies, it being the case that the administration may not question the information provided by other units. In compliance with the above, and for the case at hand, the Water Directorate proceeds to register the sources requested with the information provided by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. This source registration is carried out through the official system SINIGIRH, which the Water Directorate administers, and which has its legal basis in Executive Decree No. 42015 MAG-MINAE-S-MIVAH, published in La Gaceta on October 25, 2019. Specifically, article 43 establishes the following: SINIGIRH is established as the official digital platform to make water information available, being a node of the SNIT. It must contain all the information on the surface or underground water resource that allows its universal public access. SINIGIRH provides official information that must be considered for the generation of Public Policies, Hydrogeological studies for AOP, studies of the hydrogeological component of regulatory plans, and any other water resource information that is generated. In addition, that same decree considers the participation of other institutions, as indicated in article 45 on the obligation of State institutions with SINIGIRH: Each institution responsible for generating information associated with the national water resource shall generate, share, and keep the information provided updated; in addition, it shall formally designate an institutional representative who is the official contact to share it with SINIGIRH, and it shall be this representative who ensures the format, updating, and dissemination of the information layers that are within their domain. The Water Directorate shall be responsible for managing with the institutional representative designated for such purposes the correct disposition of the published information, in accordance with the geographic information technical standards and official guidelines promulgated by the IGN in matters of geographic object catalogs and geographic metadata prior to its publication. Considering this article, the functionality of the system is clearly established, as well as the responsibility of the intervening parties to generate, share, and update the information in SINIGIRH. It is important to mention what refers to information quality control, where the Water Directorate implemented a series of internal measures to ensure information quality, but due to the quantity of records, it is necessary to carry out periodic reviews to update that information. Considering that the system integrates layers generated by other institutions, as its own initiative, the Water Directorate has undertaken to improve the condition of the information of the published official georeferenced databases and generated a technical data sheet containing a series of criteria aimed at improving information quality. Continuing with the topic of information quality, this component of the system is directly related to data generation and its processing. For the specific case of the Water Directorate, data generation is based on the cartographic location of the water intakes, which is associated with a pair of geographic coordinates. In addition, the description of the type of intake, for example: well, surface intake, among others. Also, information on the type of source, whether surface water or groundwater. Considering data quality, it was necessary to carry out information processing. That processing consisted of reviewing the data that presented inconsistencies in their cartographic location, either because their graphic representation was outside the national territory or because their location did not correspond to the political-administrative division. This processing was carried out through office work and was complemented with field inspections to correctly locate the sites. Here it is important to indicate that, due to the amount of information, there remain records that must be reviewed, considering the availability of technological tools or through field visits. Now, having clarified the procedures and what refers to the registration system, regarding the facts alleged by the petitioner specifically, what is indicated in fact SECOND is true, where inconsistencies in the data are reported in relation to the springs (nacientes), rivers, and streams of the canton of Naranjo, this in relation to the existing data in the National Water Resource Information System and the National Registry of Water Concessions and Uses of the Water Directorate, a complaint that was duly addressed through official communication DA-1906-2022 of August 18, 2022, as the petitioner correctly indicated. Aware of what was indicated by the petitioner in their complaint, the Water Directorate proceeds within its competencies to carry out the corresponding procedures to integrate the due corrections into the information that is supplied to it by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers through the UEN Gestión de Acueductos Rurales, which is the unit in charge of supplying the information on the sources to be registered by this Directorate in the National Registry of Concessions and Watercourses, as well as in the National Information System for Integrated Water Resource Management (Sinigirh) administered by the Water Directorate. That, on November 10, 2022, official communication DA-1957-08-2022 of August 19, 2022, was sent, addressed to Mrs. Rosa María Gómez Arce, Director of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in which a list of the sources registered in the name of different ASADAs of the canton of Naranjo is sent to her, for the purpose of verifying their location (geolocation) as well as the type of source assigned in the aforementioned registry administered by this Water Directorate. She is also requested, once this information is reviewed and verified, to provide the due corrections for its registration. As of the date of this report, 11 months having elapsed since the notification of the cited communication, this Directorate has not received a response from that institution. Subsequently, on October 10, 2022, through official communication DA-1541-2022 of October 4, 2022, addressed to Mrs. Pilar DallAnesse, Deputy Manager of Delegated Aqueduct Systems of AyA, she is requested to review the information provided on the geolocation of the intakes registered in the name of that institution throughout the country, the political-administrative division, as well as the assigned source type and the registered flow, this for the purpose of updating the National Registry of Water Concessions and Watercourses. As of the date of this report, and one year having elapsed since the notification of the cited communication, this Directorate has not received a response from that institution. On October 19, 2022, through official communication DA-1779-2022 of October 18, 2022, addressed to Mr. Roberto Guzmán Gutiérrez, Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, he is requested to update the information stored in the National Registry of Concessions associated with AyA throughout the entire country, it being the case that registered sources have been found that are no longer in use, or changes in the field concerning the intakes, cartographic location, application of protection setbacks based on article 31 of the Water Law due to source location errors in the field or in the system, etc., which generates inconveniences both for institutions and for the general public. As of the date of this report, and just a few days short of completing one year since the notification of the cited communication, this Directorate has not received a response from that institution. In follow-up to official communication DA-1957-08-2022 of August 19, 2022, which was duly notified on November 10, 2022, official communication DA-0392-223 dated February 16, 2023, duly notified on February 17, 2023, is sent addressed to Mrs. Rosa María Gómez Arce, Director of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, indicating to her that the information requested by this Directorate is in response to a procedure presented by Messrs. [Name 001] and [Name 002], representing the El Cayote Protective Zone Aqueduct Federation (Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Cayote, FEDAPRO), who require the corroboration and possible correction of the geolocation corresponding to the water intakes registered in the name of different ASADAs in the canton of Naranjo, as well as the typology or classification of those bodies of water. As of the date of this report, and seven days short of completing 8 months since the sending of the follow-up communication, this Directorate has not received a response from that institution. It is clear from the above that the Water Directorate has acted diligently and proactively in the procedures carried out, with the aim of ensuring that the information contained in the National Registry of Water Concessions and Watercourses, as well as in the National Information System for Integrated Water Resource Management (Sinigirh), is the correct information, carrying out the pertinent actions so that the entities in charge of supplying the information carry out a review and verification thereof, this to guarantee the reliability of the information that is incorporated into said registry, but despite said efforts and repeated requests, to date no response has been received from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. The Water Directorate will continue to follow up on the procedures carried out to obtain the required information, to subsequently incorporate it into the National Registry of Water Concessions and Watercourses, as well as into the National Information System for Integrated Water Resource Management (Sinigirh).”\n\n5.- Through an order issued at 08:36 hours on April 30, 2025, the following was requested as evidence for a better resolution from the executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) and from the water director of the Ministry of Environment and Energy, so that they report in detail on the current status of the procedures and responses requested through the following official communications from the Water Directorate: 1. Official communication DA-1957-08-2022, of August 19, 2022, notified on November 10, 2022, by which the verification and eventual correction of the geolocation and classification of the water sources registered in the name of the ASADAs of the canton of Naranjo was requested. 2. Official communication DA-1541-2022, of October 4, 2022, by which the review of the geolocation, type of source, and registered flow of all water intakes associated with AyA at the national level was requested. 3. Official communication DA-1779-2022, of October 18, 2022, by which the update of the information in the National Registry of Concessions associated with AyA was requested, including protection setbacks and changes in the field. 4. Official communication DA-0392-223, of February 16, 2023, notified on February 17, 2023, in follow-up to official communication DA-1957-08-2022, reiterating the request for correction and verification of the water sources of the ASADAs of the canton of Naranjo. It is requested that AyA provide: 1. A complete copy of any procedure, response, technical analysis, corrections made, or justification for the lack of response regarding the aforementioned official communications. 2. Indication of the dates on which, where applicable, the reviews of the geolocation, classification of the type of source, and flow of the springs (nacientes) and streams involved were carried out. 3. An updated timeline, if one exists, on the planned actions to address these requests. Likewise, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) is requested: 4. To provide an updated and complete report on the follow-up procedures carried out regarding the requests made to AyA in the indicated official communications. 5. To indicate whether it has received any formal response from AyA regarding the requests for updating, correction, or verification of the registries, specifying dates, content, and scope thereof. 6. To report whether, given the lack of response from AyA, it has undertaken alternative actions to ensure the quality and accuracy of the data in the National Registry of Concessions and the National Information System for Integrated Water Resource Management (Sinigirh). 7. To provide a copy of the current records on the water sources of the canton of Naranjo, indicating which ones have been subject to correction or verification and which remain pending. In the same manner, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is requested: 8. To specify whether, in compliance with the provisions of article 45 of Executive Decree No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, it has designated the institutional representative responsible for generating, sharing, and keeping updated the information on the national water resource before SINIGIRH. 9. To indicate the name and position of said responsible party and provide evidence of the procedures carried out for the updating of the information in coordination with the Water Directorate. Likewise, that AyA indicate if there is a joint plan or timeline, if one exists, for the correction of the inconsistencies detected in the information for the canton of Naranjo and at the national level.\n\n6.- Through a brief filed on May 7, 2025, JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath that: “(…) I hereby allow myself to forward a copy of the official communication dated May 6, 2025, No. GSD-UEN-GAR-2025-01643, signed by Rafael Angel Barboza Topping of the UEN Gestión de Acueductos Rurales, in which the following is determined: ‘...Regarding the current status of the procedures and responses requested through the official communications from the Water Directorate: DA-1957-08-2022, of August 19, 2022 (notified on November 10, 2022), concerning the verification and eventual correction of the geolocation and classification of the water sources registered in the name of the ASADAs of the canton of Naranjo; DA-1541-2022, of October 4, 2022, which requested the review of the geolocation, type of source, and registered flow of all water intakes associated with AyA at the national level; and DA-0392-223, of February 16, 2023 (notified on February 17, 2023), in follow-up to official communication DA-1957-08-2022, reiterating the request for correction and verification of the water sources of the ASADAs of the canton of Naranjo, I inform you that the Subgerencia Gestión Sistemas Delegados sent the response to the Water Directorate on May 2 [sic], 2025, through official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 (Annex 1). A copy of the referenced official communication is attached for your due consideration. In this note, the Water Directorate of MINAE was informed of the rectification and updating process that the Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados has been carrying out as a continuous improvement process, also indicating the procedures that before this unit remain pending resolution (Annex 2, SG-GSD-2025-00245) and that correspond to the improvement processes in the registration of sources, flows, and rectification of coordinates. Annex 3 attaches the latest procedures for which a resolution from the Water Directorate has been issued in this line. Likewise, the Water Directorate was informed of the reminder that will be sent to the ASADAs regarding their responsibility for water resource management, in which an ASADA applies the corresponding procedure to request the rectification of coordinates, data of a source, or protection zones, which it must present to AyA; the detailed information that must be included in the request is the following: An official letter requesting the rectification. Information on the professional or company that carried out the study or assessment. Clear identification of the case file before the DA and which sources are poorly located, based on the updated summary of the DA’s case file. Graphic evidence (satellite images) showing the actual location in the field vs. the erroneous location in the DA’s registry. A table with the real information verified in the field of the location of the sources to be corrected, using high-precision equipment with a margin of error not exceeding one meter. The request for registration of sources and flow must be presented before the Subgerencia de Acueductos Comunales of AyA, which opens the case file, publishes the edict, and then sends the report with a copy of the complete file to the Water Directorate for its assessment. 2-Regarding Official Communication DA-1779-2022, of October 18, 2022, by which the update of the information in the National Registry of Concessions associated with AyA was requested, including protection setbacks and changes in the field, this unit is unable to comment on the matter, given that formal notification of said request has not been received nor has the handling of the case been assigned. 3-A complete copy of any procedure, response, technical analysis, corrections made, or justification for the lack of response regarding the aforementioned official communications; or indication of the dates on which, where applicable, the reviews of the geolocation, classification of the type of source, and flow of the springs (nacientes) and streams involved were carried out; or an updated timeline, if one exists, on the planned actions to address these requests: attached is the official communication sent to the ASADAs, GSD-UEN-GAR-2025-01622 (Annex 4), in which the reminder is made of the ASADA’s responsibility to maintain a duly updated registry of sources and flow before the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), in strict compliance with the provisions of subsection a, of article 42 of the ASADA Regulation. To demonstrate the control and management that AyA carries out with respect to the updating of this information, Annex 5 is attached, which presents a consolidated list of the information that is being updated and the corresponding year of review. The following table shows the number of procedures that have been carried out on topics of source registration, flow assignments, and modification of coordinates that have been formulated from the Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados to the Water Directorate of MINAE... 4-Regarding the inquiry about the designation of an institutional representative responsible for generating, sharing, and keeping updated the information on the national water resource before the National System for Information and Integrated Management of the Water Resource (SINIGIRH), or the indication of the name and position of said responsible party and the evidence of the procedures carried out for the updating of the information in coordination with the Water Directorate, it is reported that this Subgerencia knows that the designee is Lic. Sergio Romero of the Dirección de Planificación. He mentions via email that through official communication PRE-2020-00087 of January 29, 2020, the Executive Presidency designated him as the liaison with the Water Directorate of MINAE to facilitate the publication of the digital cartography generated in the institution for its respective transfer to the cartographic viewer of the National Information System for Integrated Water Resource Management (SINIGIRH). Mr. Romero states that the liaison task consists of transferring the cartographic information generated by the different technical units that, according to their scope of competence, deliver it to comply with that requested in article 19 of Decree No. 42015-MAG+MINAE-S-MIVAH creating SINIGIRH, according to a mechanism agreed upon between the parties, the Water Directorate of MINAE and the Dirección de Sistemas de Información of AyA, which are the units that manage the servers for the storage and publication of digital cartography. Under that assigned role, the units responsible for information management, understood as the production, updating, and custody of the alphanumeric databases and their corresponding migration to digital cartography, must report the periodic update carried out and indicate the site where it is available, in order to proceed with the activation of the procedure established between the parties for its consequent update in SINIGIRH. As part of the work carried out, the liaison reports that the layers published in SINIGIRH correspond to those originally sent in 2020. After that date, the updating process must continue, but it is stated that since that date he has not received any update request from the SINIGIRH Administrator, and that any detection and correction of inconsistencies that has been made must be included in a new complete version of the database published on the institutional map portal, and the need for its replacement in the SINIGIRH publication must be communicated to the liaison in order to execute the updating procedure. As an adjustment measure, given the absence of requests to update the information published since it was sent to the SINIGIRH portal, the Dirección de Sistemas de Información will be requested to, based on the information published internally on the institution’s map portal, proceed to create a geoservice that can be shared with the Water Directorate of MINAE, so that they can download a new version of said information and replace the previous one. Clearly, this will reflect the information existing in the current databases. Finally, regarding whether a joint plan or timeline exists for the correction of the inconsistencies detected in the information for the canton of Naranjo and at the national level, it is clarified that no joint plan or timeline exists. The progress of these procedures is carried out in accordance with the requests that are received, as well as the installed capacities, so the updating of this information will be managed with the operators as it is submitted.’ It should be noted that the Subgerencia Gestión Sistemas Delegados sent the requirements established by the Water Directorate in Official Communication No. DA-1779-2022 on May 2, 2025, through Official Communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01619, and in response to Official Communication No. DA-1541-2022 previously received on October 4, 2022. In complement to the above cited, in accordance with that ordered through the official communication issued by the UEN Gestión de Acueductos Rurales No.\n\nGSD- UEN-GAR-2025-01619, the Constitutional Court is informed that communication and a reminder have already been sent to the ASADAS in the area so that they may process the pertinent updates within the obligations that these organizations have under delegated management.\"\n\n7.- By document filed on October 13, 2023, JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, in his capacity as Director of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath that: \"(...) Before addressing the allegations made by the petitioner, we must provide a brief regulatory overview applicable to the sources utilized by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) and the Administrative Associations of Aqueducts and Sewers, colloquially known as Communal Systems (ASADAS). Article 2 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers No. 2726 of April 14, 1961, established the competence of this entity to directly administer and operate all aqueduct and sewer systems throughout the country. The same regulation contemplates exceptions to the rule, establishing that there may also be aqueducts in the hands of Municipalities or private entities, the latter with a delegation agreement previously signed with AyA, through which the provision of these services is delegated to them. Having clarified the legal nature of the Asadas, let us see what happens with water use. Pursuant to Article 18 of the Water Law, neither AyA nor the Asadas process \"concessions\" for water use, but rather source registrations, namely: \"Article 18.- Every person who is enjoying a water right must exhibit the concession they have to exercise that right. However, anyone who, on the date of the promulgation of this law, had enjoyed the use of public waters for twenty years, without opposition from the authority or a third party, shall have the right to continue enjoying it, even if they cannot prove how they obtained the corresponding authorization, provided they are subject to the restrictions determined by Article 21, when the flow is not sufficient to supply the needs of the lower properties. Existing uses, protected by titles, concessions, or confirmations issued prior to the date of this law, are confirmed by operation of law, provided that the concessionaires have fulfilled the obligations imposed in the respective titles. The rights for the use of waters indicated by special laws shall have the character of concessions, but must be registered in the respective Registry of Concessions.\" (The highlighting and underlining do not belong to the original). Thus, in the case of AyA, and its delegates, this condition covers them. Being that, in the case of the ASADAS, pursuant to Executive Decree 42582-S-MINAE, REGULATION OF ADMINISTRATIVE ASSOCIATIONS OF COMMUNAL AQUEDUCT AND SEWER SYSTEMS, of August 11, 2020, Article 38 states that AyA must request the Water Directorate to register the sources either in its name or in the name of the corresponding Asada, to be recorded. \"Article 38. Deadline for the issuance of administrative acts by AyA. The administration shall have the following deadlines for the issuance of administrative acts: a. Application for registration of sources before MINAE: Two months with an extension of up to two more months...\". Based on the foregoing, once the registration application is submitted by AyA, the Water Directorate proceeds to register the requested sources in the respective file. Thus, AyA, in the case of the ASADAS, functions as a State window for managing the water sources that these require to meet the water demand of the population served by them, being the institution that carries out the process of evaluating its origin or not, and under the conditions it considers, with its role as the technical governing body in matters of water and sanitation, in addition to the direct supervision and oversight of these associations pursuant to the signed delegation agreement. Part of the process, and as provided in the cited decree, is the management and publication of the edict by AyA, in compliance with the provisions of Article 179 of the Water Law. After which, it proceeds to transfer to the Water Directorate the source registration management that is determined. According to the foregoing, it is clear that the responsibility for where the water is captured, which source or sources are required, their location, as well as the georeferencing (cartographic coordinates of the location of the intake point or points) corresponds entirely to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; which performs the internal process provided and regional coordination with the ASADAS. Pursuant to the above, the Water Directorate acknowledges receipt of what was sent and verifies at the Registry level that there is no third party with a better right with a concession granted by MINAE, or that has, according to the location provided by AyA, a regulatory impediment of law, such as not being in a Protected Wilderness Area with regulations contrary to allowing water use, or protection areas or similar. But it does not question the location of the sources and intake points officially sent, nor is the information that is registered generally questioned. Now, regarding our control actions (post-registration) on site, in the field, this Directorate, through its 9 regional offices, pursuant to a Control Plan, conducts corroboration of the sites of the registered sources and the characteristics of the source and what was requested by AyA to register. This is a fundamental point for understanding information management. The professionals who handle the technical part in the Water Directorate carry out source monitoring tasks, and in the case of sources requested by AyA or the Asadas, it is where it has been detected that the location reference sent is erroneous regarding what was found in the field. Immediately, a written communication is sent with the findings to AyA so that they proceed with the corresponding correction or manifest themselves as appropriate, in order to keep the National Registry of Concessions, which this Directorate operates, updated and correct. This update to the database that supports the Registry requires very careful handling, as information is entered that may affect private properties with the legal consequences this entails or affect the water supply to the population from sources registered in the name of the ASADA or AyA itself. Thus, it is essential that AyA itself, as the responsible holder for having processed the request to register the sources, be the one to corroborate the information and manifest itself, to then proceed with the corresponding adjustments in the Registry, but with an official written response from AyA, and especially regarding the correct georeferenced location of the sources, which is the most frequent issue, but it could also be correcting issues of type or name of the source or registered flow and derivatives. Having clarified the above, and in response to the specific queries, we must state the following: To provide an updated and complete report on the follow-up actions taken regarding the requests made to AyA in the indicated official letters. To indicate whether any formal response has been received from AyA regarding the requests for updating, correction, or verification of the records, specifying dates, content, and scope thereof. Regarding the official letters consulted, namely: DA-1957-08-2022 of August 19, 2022; DA-1544-2022 of October 4, 2022; DA-1779-2022 of October 18, 2022 and DA-0392-2023 of February 16, 2023, we inform you that no information has been received regarding the confirmation or correction of the information on the water intakes, a list that was specifically sent to them via official letter DA-1957-08-2022. It is important to bear in mind that a reminder was sent via official letter DA-0392-2023 of February 16, 2023, this also serving as a follow-up to the request sent via official letter DA-1957-08-2022, which we reiterate has not been addressed to date. To report whether, in the absence of a response from AyA, it has taken alternative actions to ensure the quality and accuracy of the data in the National Registry of Concessions and the National Information System for Integrated Water Resource Management (SINIGIRH). As indicated, the accuracy and quality of the source location information is verified by this Directorate through field control inspections carried out by our professionals throughout the year. However, in the case of sources registered in the name of AyA or the ASADAs, until direct verification is obtained from them, we cannot modify the National Registry of Concessions; we reiterate, mainly due to the legal effects this entails. It should be considered that a change in the location of an intake or source that has already been registered by AyA means that the protection area that must be maintained, pursuant to Article 31 of the Water Law, falls on this source; thus, adjusting the location has equivalent implications. To provide a copy of the current records on the water sources of the canton of Naranjo, indicating which have been subject to correction or verification and which remain pending. In this regard, as reported in the first point, having received no response to official letters DA-1957-08-2022 reiterated by official letter DA-0392-2023, the current records remain as they were sent to AyA in the first one; this means that the locations of the sources have not been corrected or verified, and the information remains pending. It is worth reporting that, at the beginning of this year, through official letters SB-AID-2025-000016 of January 15, 2025, UEN-GA-2025-00065-SB-AID-2025, AyA requested the deletion of source registrations filed under administrative file 602-R, which is in the name of AyA. This deletion of sources basically corresponds to sources that were registered in duplicate, so they were deregistered as appropriate; this has already been carried out by this Directorate, but it is reiterated that they were sources registered in the name of AyA (file 602-R) and not ASADAs. And the request does not identify any note that some of these correspond or not to those located in Naranjo, province of Alajuela. An official letter that was addressed by this Directorate.\"\n\n8.- In the substantiation of this process, the prescriptions of the law have been observed.\n\nPrepared by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY. Before analyzing the merits of the matter – regarding the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure – it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve a final administrative act – initiated ex officio or at the request of a party – and to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is proposed, as it involves a complaint filed concerning a problem related to the registration and location of water sources. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo appeal.\n\nII.- OBJECT OF THE APPEAL. The petitioner files an amparo appeal and states that there is a serious omission in the updating and accuracy of the official records on water sources in the canton of Naranjo, a situation they consider violates the constitutional rights to a healthy environment, access to environmental information, and protection of water resources (Articles 21, 50, and related articles of the Political Constitution). They maintain that, after conducting technical studies and field work, they detected significant inconsistencies between the reality of the springs (nacientes), rivers, and streams in the canton of Naranjo and the information recorded in the National Water Resource Information System and the National Registry of Water Concessions and Uses. They point out, in particular, that at least 122 springs (nacientes) were incorrectly classified as rivers or streams and that many of these sources are poorly georeferenced, which could cause irreversible environmental damage, affect legally established protection areas, and compromise the drinking water supply for thousands of people. They state that on May 19, 2022, they filed a complaint before the Water Directorate, pointing out the risks of maintaining inaccurate records. In response, through official letter DA-1906-08-2022, the Directorate claimed not to be responsible for updating the information, attributing this task to the ICAA. They consider that this response incurs in an excess of formalism that impedes diligent and timely action in the face of a serious environmental problem. Subsequently, on September 12, 2022, they also filed a complaint before the ICAA, requesting the updating of records and corresponding inter-institutional coordination. However, they state that more than a year later, no effective action has been taken to correct the information, perpetuating what they describe as a \"poor sub-registration\" that affects not only the canton of Naranjo but possibly the entire national territory, endangering the right of future generations to a healthy environment and access to water. They request the Constitutional Chamber to order: 1. The urgent correction of erroneous data on springs (nacientes) and streams in the canton of Naranjo, prioritizing sources used for human consumption. 2. Effective coordination among the Water Directorate, the ICAA, the Ministry of Environment and Energy, the SINAC, and the Ministry of Health to reverse the situation of irregularities and illegal invasions in protection areas. 3. The review and correction of records at the national level. 4. The rendering of detailed reports on the actions taken regarding the ASADAS in both the canton of Naranjo and the rest of the country. 5. The preparation of a correction and follow-up schedule, with the participation of interested parties and an accessible copy thereof. They maintain that the reported omission constitutes a violation of the principles of access to environmental information, environmental protection, and protection of water resources recognized constitutionally and by the jurisprudence of the Constitutional Chamber.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided in the initial order:\n\nFacts related to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers:\n\nOn September 12, 2022, the Federation of Communal Aqueducts (FEDAPRO) submitted a document to the Executive Presidency of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), without an official letter number, by which it reported errors in the categorization and geographic location of water sources in the canton of Naranjo, according to records of the Water Directorate of MINAE. Likewise, it requested the correction of said information and the implementation of inter-institutional measures to address illegal invasions in spring protection zones (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nOn September 14, 2022, the Metropolitan Regional Office of Communal Aqueducts (ORAC) of AyA sent an email to the Deputy Management of Delegated Systems Management, in which it formulated recommendations to formally respond to FEDAPRO. Subsequently, on November 3, 2022, the ORAC reiterated these considerations, referring to official letters DA-1957-08-2022 and DA-0392-2023 issued by the Water Directorate of MINAE (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nThe AyA Deputy Management of Delegated Systems Management processes requests such as the allocation of flow or rectification of coordinates, upon prior submission of specific requirements by each ASADA, such as a signed official letter from its legal representative, water balance, water quality analysis, and documentation on the ownership of the source (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nOn May 2, 2025, the Deputy Management of Delegated Systems Management, through official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-01619, addressed official letters DA-1957-08-2022, of August 19, 2022, regarding the verification and correction of geolocation and classification of ASADA water sources in the canton of Naranjo; DA-1541-2022, of October 4, 2022, regarding the review of georeferencing data, type of source, and flow of intakes nationwide; and DA-0392-223, of February 16, 2023, in follow-up to official letter DA-1957-08-2022. This detailed the update process that the Deputy Management has been developing as part of a continuous improvement policy, as well as the procedures still pending resolution, recorded in Annex 2 (SG-GSD-2025-00245). Likewise, the procedures resolved by the Water Directorate were communicated (Annex 3), and the ASADAS were reminded of their responsibility in water resource management through official letter GSD-UEN-GAR-2025-01622 (Annex 4) (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nFor the rectification of data such as coordinates or type of source, each ASADA must submit a technical file with: a formal application, identification of the professional responsible for the study, graphic evidence, detailed technical information on the sources, and a field verification chart with high-precision data (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nRegarding official letter DA-1779-2022 of October 18, 2022, related to the updating of the National Registry of Concessions, it was indicated that no formal notification or case assignment had been received, so it had not been addressed (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nMr. Sergio Romero, from the AyA Planning Directorate, was appointed via official letter PRE-2020-00087 of January 29, 2020, as liaison with the Water Directorate of MINAE. Since that date, he has not received new update requests from the SINIGIRH administrator, but the measure of creating a new geoservice from the internal AyA portal to facilitate data updating by MINAE was announced (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nThere is no joint schedule for correcting inconsistencies in water source records at the national level or for the canton of Naranjo, and progress in this matter depends on institutional capacity and the intake of new requests (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nFacts related to the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy:\n\nOn May 19, 2022, FEDAPRO submitted a written complaint to the Water Directorate, exposing the potential negative consequences of maintaining inaccurate records, both in captured and non-captured springs (nacientes), streams, and their respective protection zones (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nThrough official letter DA-1906-08-2022 of August 18, 2022, the Water Directorate responded that, although it keeps the mentioned records, it is not the entity responsible for updating them, since that function formally belongs to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), which must provide the verified information. This official letter also indicated that on September 12, 2022, an environmental complaint was filed before AyA requesting data updating and inter-institutional coordination, without a satisfactory response having been received (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nThrough official letter DA-1541-2022 of October 4, 2022, addressed to the Deputy Manager of Delegated Aqueduct Systems of AyA, the Water Directorate requested the review of intakes registered nationwide, including geolocation data, type of source, and flow (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nThrough official letter DA-1779-2022 of October 18, 2022, addressed to the Executive President of AyA, the Water Directorate requested the updating of records associated with the Institute, after identifying unused or incorrectly located sources (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nThrough official letter DA-1957-08-2022 of August 19, 2022, notified on November 10, 2022, the Water Directorate sent to the Director of the UEN Rural Aqueduct Management of AyA, together with a list of sources registered by various ASADAS in the canton of Naranjo, for the purpose of verifying their location and type of source (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nThrough official letter DA-0392-223 of February 16, 2023, notified on February 17, 2023, the Water Directorate reiterated the previous request and indicated that the action responded to an approach by FEDAPRO, presented by Messrs. [Name 001] and [Name 002], concerning the possible correction of water source data (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nThe Water Directorate has not been able to make corrections to the National Registry of Water Concessions or the National Information System for Integrated Water Resource Management (SINIGIRH), given that any modification requires official confirmation from AyA, especially regarding geographic coordinates, flows, and source classification; altering such records without documentary support can have legal implications, particularly regarding the protection regime provided for in Article 31 of the Water Law (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nThe Water Directorate conducted field inspections as part of its technical control plan, which revealed discrepancies between the locations reported by AyA and those observed on site. In these cases, the Directorate informed AyA in writing, requesting the pertinent corrections, although without obtaining a response (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nThe records for the canton of Naranjo remain unchanged, as no official information has been received from AyA to validate or correct the data. However, at the beginning of 2025, through official letters SB-AID-2025-000016 of January 15, 2025 and UEN-GA-2025-00065-SB-AID-2025, AyA requested the deletion of duplicate sources registered under administrative file 602-R, a process that was addressed and executed by the Water Directorate, although it was not specified whether those sources correspond to the canton of Naranjo (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\nIV.- REGARDING THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On this topic, in Judgment No. 2022022070 at 9:20 a.m. on September 23, 2022, this Court stated:\n\n\"Concerning the nature of the alleged grievances in the sub lite, this Court has repeatedly ruled on the right to a healthy and ecologically balanced environment. For example, in Judgment No. 2021024807 at 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:\n\n\"On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has underscored that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized both at the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that effective protection of this right requires resources to be used rationally, a context in which the State and the general citizenry must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of potential damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined and identified risks, at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on costs to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle stems from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work may cause. While in the former there is such certainty, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obliged to adopt measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment in accordance with these principles. Now, this objective obligation does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right for appropriate measures to be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by authorities, or by natural and legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo action against subjects of private law.\n\nIt is also worth highlighting that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed that concerning State obligations in relation to the environment, in order to safeguard the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.\n\nIn that opinion, the Court recognized the interrelationship between environmental protection and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and development of human rights. In this sense, it stated:\n\n\"47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between environmental protection and the realization of other human rights, as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter \"Protocol of San Salvador\"), highlights the close relationship between the validity of economic, social and cultural rights – which includes the right to a healthy environment – and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indissoluble whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which reason they demand permanent protection and promotion in order to achieve their full validity, without the violation of some ever being justified for the sake of the realization of others (…)\n\n49. For its part, the Inter-American Commission has highlighted that several fundamental rights require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same sense, the OAS General Assembly has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and highlighted that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect the well-being of the individual and, as a consequence, generate violations of people's rights, such as the rights to life, respect for private and family life68, and private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples' Rights has indicated that the right to a \"general satisfactory environment, favorable to development\" is closely related to economic and social rights insofar as the environment affects the quality of life and security of the individual (…) 52.\n\nFurthermore, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelationship has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter “Declaración de Estocolmo”), which established that “[e]conomic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life,” affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter “Declaración de Río”), States recognized that “[h]uman beings are at the centre of concerns for sustainable development” and, at the same time, emphasized that “in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.” Following up on the foregoing, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development, and environmental protection. Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, States recognized the consideration that must be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development. 53. Moreover, upon adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the fulfillment of the human rights of all persons depends on achieving the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. In the same vein, several instruments within the inter-American sphere have referred to environmental protection and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter, which provides that “[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and proper stewardship of the environment,” for which reason “it is essential that the states of the Hemisphere implement policies and strategies to protect the environment, including respect for the various treaties and conventions, in order to achieve sustainable development for the benefit of future generations” (…) 55. As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development, and human rights (supra paras. 47 to 55), currently (i) multiple human rights protection systems recognize the right to a healthy environment as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) multiple other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations for States for the purpose of fulfilling their obligations to respect and guarantee these rights. Precisely, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in determining these State obligations, the Court may make use of the principles, rights, and obligations of international environmental law, which, as part of the international corpus iuris, contribute decisively to defining the scope of the obligations derived from the American Convention in this matter (supra paras. 43 to 45) (…) 59. The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, owed to both present and future generations. However, the right to a healthy environment also has an individual dimension, to the extent that its violation can have direct or indirect repercussions on individuals due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others. Environmental degradation can cause irreparable harm to human beings; therefore, a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity.”.\n\nThis interrelationship between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which, in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021, at its 46th session, held:\n\n“Recognizing also that sustainable development and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and to the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, to an adequate standard of living, to adequate food, to safe drinking water and sanitation, and to housing, and cultural rights.”.\n\nAlso, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, that Council stated:\n\n“(…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to and promote human well-being and the enjoyment of human rights, including the enjoyment of the rights to life, to the highest attainable standard of physical and mental health, to an adequate standard of living, to adequate food, to housing, to safe drinking water and sanitation and to participation in cultural life, for present and future generations (…)\n\nRecognizing further that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)\n\nRecognizing the importance of a clean, healthy and sustainable environment as fundamental to the enjoyment of all human rights (…)\n\n1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right that is important for the enjoyment of human rights;\n\n2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nIn this way, the particular relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is reflected, whose defense transcends the protection of this constitutional good in itself, since its preservation constitutes an essential factor for the effective safeguarding of other primordial goods of the human being (such as life, health, property, equality), so that if the former fails, the effective safeguarding of the latter is not achieved.\n\nBeyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the opinion alluded to supra, recognized the right to a healthy environment as an autonomous right, susceptible to protection independently of any risk of harm to individual persons. In this regard, it held:\n\n“62. This Court considers it important to highlight that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is a matter of protecting nature and the environment not only because of their connection to a utility for the human being or because of the effects that their degradation could cause on other rights of persons, such as health, life, or personal integrity, but also because of their importance for the other living organisms with whom the planet is shared, which also deserve protection in themselves. In this sense, the Court notes a trend to recognize legal personhood and, therefore, rights to nature, not only in judicial decisions but even in constitutional orders. 63. Thus, the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity.”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nThis position was adopted in the judgment of February 6, 2020, related to the case “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina,” in which, surpassing an anthropocentric approach, the IACHR affirmed that the right to a healthy environment, besides being fundamental to the very existence of the human being, constitutes an autonomous and universal right, such that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers, and others) constitutes a legal interest in itself. In the words of the IACHR: “It is a matter of protecting nature,” not only for its “utility” or “effects” with respect to human beings, “but also for its importance for other living organisms with whom the planet is shared.” Given the importance of this statement, it is appropriate to transcribe this section of the aforementioned decision:\n\n“203. The Court has already referred to the content and scope of this right, considering various relevant norms, in its Advisory Opinion OC-23/17, and thus refers to that pronouncement. It affirmed on that occasion that the right to a healthy environment “constitutes a universal interest” and “is a fundamental right for the existence of humanity,” and that “as an autonomous right […] it protects the components of the […] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is a matter of protecting nature,” not only for its “utility” or “effects” with respect to human beings, “but also for its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.” The foregoing does not prevent, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage.”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nBased on the foregoing, this Chamber, as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for conventional and constitutional obligations, which constrain the State not only to recognize the rights enshrined therein, but also to impose the legal measures required for their safeguarding” (the highlighting is from the original).\n\nIn addition to the foregoing, recently, the United Nations General Assembly adopted resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 of July 28, 2022, which stated:\n\n“1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right;\n\n2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law;\n\n3. Affirms that the promotion of the human right to a clean, healthy and sustainable environment requires the full implementation of the multilateral environmental agreements in accordance with the principles of international environmental law;\n\n4. Calls upon States, international organizations, business enterprises and other relevant stakeholders to adopt policies, enhance international cooperation, strengthen capacity-building and continue to share good practices in order to intensify efforts to ensure a clean, healthy and sustainable environment for all”.\n\nThis resolution is the formal expression of the will of the main deliberative, policy-making, and representative organ of the United Nations Organization. Consequently, it constitutes a political commitment of a universal nature that must be assessed as a source of soft law of the utmost relevance.\n\nPrecisely, resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 affirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment has the nature of a human right. With this, it contributes significantly to its positivization, resulting in its technical understanding as a “fundamental right.” Likewise, it strengthens the notion that environmental protection is an “autonomous” human right, that is, one that is valid in itself, so that, on the one hand, it has its own conceptual existence distinct from the environmental content that undoubtedly arises from the protection of other rights (such as life or health) and, on the other hand, its object of protection transcends the human being, since it provides shelter to the various components of nature due to their importance for preserving the existence of living organisms in general, regardless of their utility for human beings.\n\nLikewise, it reiterates and, thereby, strengthens the position that the right to a healthy and ecologically balanced environment is linked to other human rights, which implies that its transgression can entail the violation of health, life, democratic sustainable development, to cite just a few examples. The foregoing confers a particularly relevant legal meaning to the right in question.\n\nIn addition, the UN General Assembly stipulates that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment demands the full application of conventional rights related to the environment in accordance with the principles of international environmental law. From the foregoing, its essential inclusion within the jurisdictional control of constitutionality by this Chamber is inferred.\n\nFinally, in harmony with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regulates that the obligation to protect the environment extends beyond states to international organizations, business enterprises, and other stakeholders, the latter term encompassing human beings in general. It is precisely in this sense that the Law of Constitutional Jurisdiction contemplates the amparo remedy against subjects of private law.\n\nIn summary, under the conceptual framework explained ut supra, this Constitutional Court, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the conventional and constitutional commitments that the Costa Rican State and society in general impose not only the obligation to recognize the rights, principles, and values of environmental matters but also to implement all those measures and actions that are required to ensure their effective protection” (the highlighting is from the original).\n\nV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court confirms the injury to the fundamental rights of the petitioner. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that the problem denounced by the petitioner, relating to inconsistencies in the classification and georeferencing of multiple water sources in the canton of Naranjo, has not been addressed with due diligence nor has it generated sufficient institutional actions to guarantee an adequate update of the official registries. Indeed, although it is recorded that AyA and the Dirección de Aguas have exchanged communications and that the former sent, up until May 2, 2025, official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 as a partial response to several prior requests, the truth is that these efforts have been tardy, fragmented, and lacking effective follow-up. Note that, although it is true that AyA responded through official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-01619 of May 2, 2025, to some of the requests sent by the Dirección de Aguas—among them, official letters DA-1957-08-2022, DA-1541-2022, DA-0392-2023, and DA-1779-2022—said pronouncement constitutes a tardy action, produced almost three years after the problem began. Added to this is that the response sent by AyA was incomplete, lacking final technical determinations on the critical points indicated, and without incorporating an operational timeline for the review and update of erroneous data, both at the local and national levels.\n\nFurthermore, the Dirección de Aguas has acknowledged that it cannot make corrections to the registries without first receiving formal confirmation from AyA, which has generated an administrative paralysis that perpetuates the existence of incorrect or outdated data on sources used for human supply. While it is understood that the Dirección de Aguas cannot, on its own, modify the georeferenced data, flow rates, or typological classifications without the corresponding official confirmation from AyA—which responds to a logic of administrative competencies—this does not exempt it from its constitutional duty to act diligently in the face of substantive environmental risks. The passive and waiting attitude adopted by both institutions reveals a pattern of institutional inaction incompatible with the principles of precaution and prevention that govern environmental matters, and with the international standards of reinforced due diligence regarding the protection of water resources. In this sense, the structural omission by both AyA and the Dirección de Aguas represents a certain and current threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as to the right to access to environmental information and the safeguarding of water resources, especially since they are springs (nacientes), rivers, and streams (quebradas) that constitute public domain goods whose use and conservation are essential for the life and health of thousands of people. The lack of updating and verification of this data can not only have serious and irreversible environmental consequences, such as the impact on legal protection areas, but also compromises the principle of sustainability in water resource management. To this effect, this Court warns that the response given by the competent authorities has been mediated by excessive formalism, contrary to the principle of effectiveness in the protection of fundamental rights. Neither robust inter-institutional coordination nor a clear timeline of concrete actions to correct the erroneous information has been promoted. Likewise, the non-existence of a comprehensive policy or national timeline for updating water source registries has been verified, which reinforces the perception of omission by the state apparatus in a matter of high environmental and social sensitivity. It is worth highlighting that the inaccurate registration of a spring (naciente) as a stream (quebrada) or river entails material legal effects, such as the undue reduction of protection areas, the exposure of the flow to unregulated diversions, the omission in the oversight of resource use, and the lack of protection of sensitive ecosystems. These consequences, far from being merely technical or administrative, affect the essential core of fundamental rights that protect life, health, and the well-being of people, as well as the environment. Consequently, it is concluded that the omission denounced violates the fundamental rights invoked, particularly the right to a healthy environment (Artículo 50 of the Constitution), the right to health (Artículo 21 of the Constitution), and access to environmental information. Consequently, this remedy is granted to guarantee the immediate update, verification, and correction of the indicated registries, as set forth in the operative part of this judgment.\n\nVI.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court, that when the party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative sphere, those who should hear the legal controversy are the Administrative Litigation Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it, based on numeral 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence. Therefore, save for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the administrative litigation jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe remedy is DECLARED WITH MERIT. Consequently, JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, in his capacity as Director of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, are ordered: within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, 1. Verify and, where appropriate, rectify the georeferencing, typological classification, and other technical data of the water sources registered in the canton of Naranjo, prioritizing those used for human consumption by the ASADAS; 2. Jointly submit a detailed and complete report to this Chamber on the actions taken, the results obtained, and the efforts pending resolution in relation to the foregoing; 3. Design and put into execution a public timeline for the review, verification, and updating of the national registries of water sources (SINIGIRH and Registro Nacional de Concesiones), with the participation of the ASADAS and interested organizations, which must contain deadlines, institutional responsible parties, and means for public follow-up and oversight. 4. That the official designated as liaison to the SINIGIRH by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados proceed to coordinate with the Dirección de Agua of MINAE and with the Dirección de Sistemas de Información of AyA, the activation of the procedure for updating and publishing the corrected data. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that they must fulfill or cause to be fulfilled, issued in an amparo remedy, and does not fulfill it or cause it to be fulfilled, provided the offense is not more severely punished. The State and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of sentence of the administrative litigation jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records his note. Notifíquese.-\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\nRosibel Jara V.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n\nHD43LIMNJZYG61\nEXPEDIENTE N° 23-024390-0007-CO\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:06:49.\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}