{ "id": "nexus-sen-1-0007-1291303", "citation": "Res. 14418-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Acceso a información sobre acuífero de Moín parcialmente denegado por AyA", "title_en": "Partial denial of access to information on Moín aquifer by AyA", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una constructora contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), alegando vulneración del derecho de acceso a la información pública y del derecho de petición. La empresa solicitó 17 preguntas sobre las condiciones, reglas y requisitos en la denominada Zona 6 del acuífero de Moín, así como copias de informes y expedientes. El AyA respondió parcialmente, argumentando que parte de la información es privada o se encuentra en otras instituciones. La Sala analiza cada pregunta y concluye que la mayoría de las respuestas fueron adecuadas o que los reclamos eran genéricos o hipotéticos. Sin embargo, declara parcialmente con lugar el amparo respecto a tres puntos: el inventario de propiedades en la zona (pregunta 2), la lista de empresas con actividad mercantil y requisitos (pregunta 16), y la calificación de vulnerabilidad de una finca específica según el plan regulador (pregunta 17). Ordena al AyA brindar respuesta completa en cinco días y condena al pago de costas. Un magistrado salva el voto por considerar que las personas jurídicas no son titulares de derechos fundamentales en el sistema interamericano.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by a construction company against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), alleging violation of the right of access to public information and the right to petition. The company submitted 17 questions about conditions, rules, and requirements in the so-called Zone 6 of the Moín aquifer, as well as requests for copies of reports and files. AyA partially answered, arguing that some information is private or held by other institutions. The Chamber examines each question and finds that most responses were adequate or that claims were generic or hypothetical. However, it partially grants the amparo on three points: the inventory of properties in the zone (question 2), the list of companies operating there and requirements (question 16), and the vulnerability classification of a specific property under the zoning plan (question 17). It orders AyA to provide a complete response within five days and imposes costs. One magistrate dissents, arguing that legal persons are not holders of fundamental rights under the Inter-American system.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "16/05/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "water-law" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "amparo", "acceso a la información pública", "derecho de petición", "acuífero", "vulnerabilidad acuífera", "plan regulador", "información privada", "costas" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 27 y 30", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Arts. 1-2", "law": "Ley 2726" }, { "article": "Art. 3", "law": "Ley 9097" } ], "keywords_es": [ "acceso a la información pública", "AyA", "acuífero Moín", "Zona 6", "recurso de amparo", "derecho de petición", "información privada", "información hipotética", "expediente administrativo", "vulnerabilidad acuífera", "plan regulador Limón", "costas", "voto salvado personas jurídicas" ], "keywords_en": [ "access to public information", "AyA", "Moín aquifer", "Zone 6", "amparo appeal", "right to petition", "private information", "hypothetical information", "administrative file", "aquifer vulnerability", "Limón zoning plan", "costs", "dissenting vote legal persons" ], "excerpt_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso, con respecto a los puntos 2, 16 y 17 de la gestión de la parte accionante. Se ordena a José Matarrita Cortés, en su condición de director de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que se atiendan los puntos 2, 16 y 17 de la gestión de los accionantes, como en Derecho corresponda, en el plazo máximo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia.\n\nLa Sala estima que, en este punto, lo que existe es una disconformidad del recurrente con la respuesta obtenida, mas no una lesión a sus derechos. [...] la mera disconformidad con la respuesta brindada no constituye una infracción al numeral 27 constitucional.\n\n[...] Tratándose de una pregunta hipotética, su falta de atención no constituye una lesión a los derechos fundamentales, según se explicó al analizar la pregunta 7.", "excerpt_en": "The appeal is partially granted with respect to points 2, 16, and 17 of the petitioner's request. José Matarrita Cortés, in his capacity as director of the Huetar Caribe Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds that position, is ordered to coordinate and arrange within his powers for points 2, 16, and 17 to be addressed as legally required, within a maximum period of FIVE DAYS from notification of this judgment.\n\nThe Chamber considers that, on this point, there is merely dissatisfaction with the response received, not a violation of rights. [...] mere dissatisfaction with the response provided does not constitute a breach of Article 27 of the Constitution.\n\n[...] Since it is a hypothetical question, the failure to address it does not constitute a violation of fundamental rights, as explained when analyzing question 7.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is partially granted, ordering AyA to respond to points 2, 16, and 17 of the information request within five days, with costs imposed.", "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el amparo, ordenando al AyA responder los puntos 2, 16 y 17 de la solicitud de información en un plazo de cinco días, y se condena en costas." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "mere dissatisfaction with the response provided does not constitute a breach of Article 27 of the Constitution.", "quote_es": "la mera disconformidad con la respuesta brindada no constituye una infracción al numeral 27 constitucional." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "Since it is a hypothetical question, the failure to address it does not constitute a violation of fundamental rights.", "quote_es": "Tratándose de una pregunta hipotética, su falta de atención no constituye una lesión a los derechos fundamentales." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "access to documents that form part of an administrative proceeding [...] will only be provided to the parties involved in the proceeding, i.e., ad intra.", "quote_es": "el acceso a los documentos que forman parte de un procedimiento administrativo [...] solo se ofrecerá la información que soliciten las partes que se encuentran inmiscuidas en el proceso, es decir, ad intra." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1291303", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 14418 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 16 de Mayo del 2025 a las 09:35\n\nExpediente: 25-006135-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-006135-0007-CO\n\nRes. Nº 2025014418\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del dieciseis de mayo de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-006135-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED05, Nombre02, cédula de identidad CED06, a favor de CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON S.A., cédula jurídica CED07, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Sala el 3 de marzo de 2025, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que el 15 de noviembre del 2024, a través de correo electrónico dirigido a los empleados públicos señores José Matarrita Cortés y Alejandro Rodríguez Vindas, de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se presentó una solicitud de información pública, con 17 preguntas relativas a información pura y simple, relativas a las condiciones, reglas y requisitos que rigen en la denominada Dirección01 (véase al respecto cuadro aportado por la parte recurrente agregado al expediente). Detalla que dicha solicitud posee las siguientes características: a) Se trata de una nota a través de la cual, exclusivamente se solicitó información de naturaleza pública (artículo 3 de la ley No. 9097). En ningún momento (y eso lo tuvo claro la entidad recurrida) se consultó absolutamente nada sobre información confidencial de alguna persona. b) Iba dirigida a los empleados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, señores José Matarrita Cortés y el Ingeniero Alejandro Rodríguez Vindas de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con la finalidad de que se brindara respuesta en relación con información sobre las condiciones, reglas y requisitos que rigen en la denominada Zona 6 de Moin de Limón; y, c) El motivo de la nota formal presentada ante los señores José Matarrita Cortés y el Ingeniero Alejandro Rodríguez Vindas de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, era obtener información absolutamente de naturaleza pública. Menciona que el 23 de enero del 2025, vía correo electrónico, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, región Huetar Caribe, comunicó el oficio No. GSP-RHC-2025-00121 de fecha 21 de enero del 2025, en el cual remitió un informe que según afirmó, atendía las consultas de información pura y simple que su representada le formuló desde el 15 de noviembre del 2024. No obstante, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no brindó respuesta a la totalidad de aspectos que le fueron consultados.\n\n2.- Por resolución de las 16:28 horas del 5 de marzo de 2025 se dio curso al amparo.\n\n3.- Informa bajo juramento José Matarrita Cortés, en su condición de director  de la Región Huetar Caribe del ICAA, lo siguiente: “PRIMERO: Es cierto que el 15 de noviembre del 2024, a través de correo electrónico dirigido a los funcionarios públicos señores José Matarrita Cortés y Alejandro Rodríguez Vindas, de la Región Huetar Caribe del ICAA, se presentó una solicitud de información pública, con 17 preguntas relativas a información, cuya complejidad y tipo de información no resulta completamente pura y simple, relativas a las condiciones, reglas y requisitos que rigen en la denominada Dirección02 en Moín, Limón. Al respecto procede indicar que los correos de los funcionarios José Matarrita Cortés (...01) y Alejandro Rodríguez (...02) son oficiales para recibir consultas por parte del AyA en la Región Huetar Caribe. SEGUNDO: No es cierto lo indicado por los actores de que la solicitud de información formal presentada, indicada en el hecho n.º 1, exclusivamente se solicitara información de naturaleza pública (art. 3 de la ley n.º 9097). Como podrá analizar la Sala Constitucional hay varios componentes de respuesta, que son de carácter privado, sobre los cuales se le solicitó aclaración para poder dar respuesta: “…respecto a la solicitud de los expedientes de los casos, es importante delimitar la posibilidad de otorgar los mismos. Tal y como se indicó en la primera respuesta, el AyA ha realizado denuncias ante los diferentes entes, trámites de Nuevos Desarrollos, donde se han emitidos criterios técnicos, disponibilidades de agua positivas y negativas, cartas de capacidad hídrica, se han otorgado servicios de agua potable, aprobación de sistemas de tratamiento, criterio para responder recursos de amparo, se han realizado Inspecciones a Instalaciones existentes, las cuales pueden deberse a denuncias, solicitudes de servicios de agua potable, confeccionar un criterio para Programas Ambientales, etc. Toda esta documentación no se almacena con el objetivo de generar un expediente único para cada solicitud; sino más bien haciendo referencia al documento de “Tabla de Plazos de Conservación de Documentos” para subfondo: UEN de Servicios al Cliente GAM y Sub Gerencia de Sistemas Periféricos ( adjunto) y la “ Tabla de ¨Plazos de Conservación de Documentos” para subfondo Recolección y tratamiento( Adjunto); se establece el archivo y desecho de la información basados en la temática que se está atendiendo en la emisión de los documentos, es así que toda la Información a la cual se está refiriendo de lo gestionado por AyA en la Zona 06, podría ser catalogado como: Expediente de disponibilidad, donde el tiempo de conservación de estos documentos es de 3 años en Oficina y 7 años más en el CEGEDI ( Centro de Gestión de Documentación e Información ) o Expediente de Nuevos Servicios, donde el tiempo de conservación de estos documentos es de 3 años en Oficina y 7 años más en el CEGEDI o Expediente de Recursos de Amparo, el cual se mantiene en Oficina mientras el mismos este en proceso y 2 años en el CEGEDI o Expediente de Denuncia de la Defensoría y MINSA, el cual se mantiene en Oficina 4 años y 1 año en el CEGEDI, etc. De tal manera corresponde que especifique cuál de la anterior información requiere, y además que demuestre cuál es su interés y legitimación dado que gran parte de la documentación es privada y corresponde comunicar por parte del AyA, de tal gestión al propietario correspondiente…” (p.12 respuesta 2 del Informe Atención Nota 13-11-2024 CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON SOCIEDAD ANONIMA). En el inciso c) de la pregunta 4, solicitó copia de los expedientes administrativos de cada denuncia, y se le indicó que: “…De conformidad con la clasificación de información privada y al tratarse de casos en investigación no corresponde facilitar una categoría de expediente de denuncias, que se encuentren en investigación, únicamente la persona física o jurídica que fuese denunciada es la que tendría acceso y a quien le corresponde generar la autorización…Corresponde aclarar que este Instituto lo que ha realizado han sido gestiones de coordinación para el acompañamiento con el MINSA, MINAE y la Municipalidad, como una acción preventiva de control y vigilancia de las actividades circundantes, cuyos oficios se han enlistado en las respuestas anteriores y que ha correspondido a esas instituciones dentro del marco de sus competencias las emisiones de las ordenes correspondientes de corrección, modificación y adecuación, dado que este Instituto no tiene competencia ordenatoria de suspensión o de cierre…En la respuesta a la pregunta 1 y la respuesta al inciso a) de la pregunta 4 desarrollan lo solicitado, este Instituto sólo le puede facilitar copia de los informes generados en los puntos anteriores; los expedientes administrativos se encuentran en custodia del ente competente encargado en resolver (MINSA, SETENA, MINAE, u otros), por lo que en caso de requerirlos se recomienda que se apersone ante dichas instancias y demuestre de conformidad con la Ley 8220 su legitimación en caso de encontrarse dichos expedientes en fase de investigación...” (ps 26 y 28 del Informe Atención Nota 13- 11-2024 CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON SOCIEDAD ANONIMA). Respecto al punto b), es cierto que la consulta iba dirigida a los funcionarios del AyA, señores José Matarrita Cortés y el Ing. Alejandro Rodríguez Vindas de la Región Huetar Caribe del ICAA, con la finalidad de que se brindara respuesta en relación con información sobre las condiciones, reglas y requisitos que rigen en la denominada Zona 6 de Moín de Limón. Respecto al punto c) es cierto en parte que el motivo de la nota formal presentada ante los señores José Matarrita Cortés y el Ing. Alejandro Rodríguez Vindas de la Región Huetar Caribe del ICAA, fuera para obtener información, pero sin embargo gran parte de la información solicitada es de carácter privado y no absolutamente de naturaleza pública, por lo que se le solicitó la aclaración correspondiente e indicar si contaba con autorización, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales N.º 8968, que determina en concordancia con la facilitación de información, el cumplimiento del Principio de Consentimiento informado, que busca comunicar al propietario (del cual se solicita la información), poner en conocimiento, el motivo y quién está solicitando que la Administración facilite la información. TERCERO: No es cierto que las preguntas formuladas, a través de la mencionada nota formal de solicitud de información, fueran en su totalidad de información pura y simple, si bien tienen componentes en relación con labores del AyA de las cuales se le respondió ampliamente, también las preguntas tienen componentes solicitados de carácter privado, o que no resultaban ser claras respecto a la amplitud de lo consultado, motivo por el cual se le realizó la prevención y aplicación de Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales N.º 8968 . (ps 26 y 28 del Informe Atención Nota 13-11-2024 CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON SOCIEDAD ANONIMA). CUARTO: Es cierto que el 23 de enero del 2025, vía correo electrónico, el AyA, por medio de la región Huetar Caribe, comunicó el oficio n.º GSP-RHC-2025- 00121 de fecha 21 de enero del 2025 (en atención a la información solicitada mediante el documento recibido el 15 de noviembre de 2024, para el cual se tramitó una extensión de plazo mediante los oficios GSP-RHC-2024-02309 y GSPRHC-2024-02555 dada la complejidad de lo requerido), remitiendo un informe (dentro del plazo) por medio del cual, tal y como podrá analizar la Sala Constitucional contiene respuestas que son amplias y abarcan la totalidad de los aspectos consultados, no son evasivas ni omisas, en los casos en que se requería de aclaración, así se solicitó y se indicó que debido al carácter de información privada se requería que indicara qué tipo de información requería y si contaba o no con autorización del propietario de esa información privada. QUINTO: En relación con el apartado II.- Comprobación de la alegada lesión al derecho fundamental, en donde se citan las 17 preguntas al ICAA, y que según los actores indican aquellas en las cuales no se respondió de manera real, ni efectiva, ni clara, ni transparente, a lo que fue consultado. Se procederá a realizar respuesta a los casos en donde los actores consideran que no se dio respuesta, con fundamento en el informe “Atención Nota 13-11-2024 CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON SOCIEDAD ANONIMA”, que adjuntó el oficio GSP-RHC2025-00121 del 21 de enero del 2025: (inserta cuadro) Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: “…Resulta necesario antes de contestar, aclarar que el AyA no realiza procesos de resolución para definir responsabilidades de proyectos constructivos ubicados en la Dirección02, no custodia evidencias, ni se crean expedientes de investigación para cada uno de los propietarios de los inmuebles; AyA mediante la gestión en sus diferentes procesos institucionales emite disponibilidades, denuncias, documentos, criterio técnicos; entre otros, con el objetivo de resguardar el Recurso Hídrico tanto actual y futuro, que permita garantizar el acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada para la población de todo el país. Específicamente en el Acuífero de Moín, existe un mandato directo de la Sala Constitucional, en la Resolución N° 2012006424 que corresponde al Recurso de Amparo, tramitado bajo el expediente Exp: 10-013628-0007-CO, el cual indica: “...Se declara con lugar el recurso. Se anulan los permisos de funcionamiento concedidos por la Municipalidad del Cantón de Limón a las empresas Ramírez y Asociados, Sociedad Anónima, cédula jurídica No. CED01, Industrias Jaspe, Sociedad Anónima, cédula jurídica No. CED02; IRR Logistics, Sociedad Anónima, cédula jurídica No. CED03; y Compañía Porteadora del Caribe, Sociedad Anónima, cédula jurídica No. CED04, para que realicen actividades sobre el inmueble descrito con el plano catastro No. L-843089-2003, por afectar las aguas subterráneas del acuífero de Moín. Se ordena a Néstor Mattis Williams, o a quien ocupe su cargo de Alcalde Municipal del Cantón de Limón, y a Jorge Arturo Madrigal y a Alejandro Rodríguez Vindas, o a quienes ocupen los puestos de Director de la Región Huetar Atlántica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y Jefe de Operación y Mantenimiento de esa Región, respectivamente, tomar de modo conjunto e inmediato las medidas necesarias y ejecutar las acciones pertinentes, para evitar todo riesgo de contaminación de las aguas subterráneas de la denominada zona 6 acuífero de Moín, de lo cual se deberá enviar un informe a este Tribunal Constitucional, dentro del plazo improrrogable de dos meses a partir de la notificación de esta sentencia....” Tal y como se desprende de la resolución indicada, AyA ha tenido que brindar desde el 2012 a la fecha, informes de cumplimiento de sus actuaciones ante la Sala Constitucional y otros entes, con lo que se considera idóneo referirse a estos informes como respuesta a los referidos en su nota. En este caso, las medidas y las acciones que se deben realizar para evitar todo riesgo de contaminación del Acuífero de Moín, pasan por el cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112, en todas las actividades actuales y futuras desarrolladas dentro del Acuífero; donde el abordaje de lo que acontece en el territorio, ha sido categorizado de la siguiente manera: 1.1 Interposición de denuncias: Cuando se detectan o conocen actividades que afectarían el acuífero y que no cumplen con las recomendaciones emitidas en los acuerdos de Junta Directiva de AyA 2007-177 y 2011-112; se ha presentado las respectivas denuncias ante las instancias administrativas. El primero de estos acuerdos establece recomendaciones de actividades para todas las zonas de recarga acuífera en Moín y el segundo es específico para la zona 6. A manera de resumen, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha 18 denuncias presentadas ante las instancias competentes, como por ejemplo la Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, MINAE, SETENA y a otras instancias administrativas como lo es el Tribunal Ambiental Administrativo; considerando que el AyA no tiene poder sancionatorio ni le corresponde regular la materia urbana. Para enlistar las denuncias realizadas; tal y como se muestra en la Tabla N° 1 del oficio RHA-OM-2013-0666 (adjunto) del 09 de abril de 2013, se tiene que los 7 primeros casos enumerados corresponden a denuncias realizadas; siendo el séptimo un caso referido a denuncia por almacenamiento de combustible sin contar con los permisos de ley. De igual manera se muestra en la Tabla N° 1 del informe técnico de respuesta al oficio PREJ-2022-01740 (adjunto), 9 casos de denuncias realizadas por AyA, donde ninguna de ellas corresponde con actividades riesgo A o similar. Finalmente, en el año 2024, se presentaron dos denuncias respecto actividades que se realizaron en el Acuífero, una es el almacenamiento de “Coke” en la propiedad L-1540220- 2011 que corresponde a una actividad posiblemente tipo de riesgo A y la última corresponde a la realizada por su representada, la cual a la fecha se desconoce qué clase de riesgo se podría estar exponiendo al Acuífero por la construcción del “Parque Logístico del Caribe”. 1.2 Desarrollo de Nuevos Proyectos: El desarrollo de proyectos en la Zona 6, a partir de las recomendaciones técnicas y ambientales que se han realizado y que resultan ser compatible con la protección del recurso hídrico, demuestra que los Acuerdos de Junta Directiva del AyA, no impiden el desarrollo de actividades o construcción de obras. Para la atención de solicitudes de nuevos desarrollos, AyA en el mes de julio del 2010; creó una Comisión Multidisciplinaria para resolver los casos pendientes, a esa fecha sobre el Acuífero de Moín, denominada como: \" Comisión de Acuífero Moín\", la cual está constituida por profesionales del Área Operativa de la Región Huetar Caribe, la UEN Gestión Ambiental, UEN de Programación y Control y el Área Legal-Ambiental de la Dirección Jurídica. El objetivo de esta Comisión es que los nuevos desarrollos, en su conceptualización, consideren el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los acuerdos de Junta Directiva citados. A manera de resumen, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha de 34 casos relacionadas con la ejecución de Proyectos Nuevos o ampliaciones de estos dentro del Acuífero de Moín. Tal y como se evidencia del oficio RHA-OM-2013-0666 (adjunto) del 09 de abril de 2013, se tiene que los casos enumerados del 8 al 30 en la Tabla N°1 corresponden a 23 criterios dados para el desarrollo de nuevos proyectos o ampliaciones; siendo los casos 13, 16, 17, 21 y 23 posibles establecimientos que corresponden a riesgo A o similar. De igual manera de acuerdo con la Tabla N°2, del informe técnico de respuesta al oficio PRE-J2022-01740, se ha brindado criterio para 10 proyectos solicitados, de los cuales solo el primero podría corresponder a actividades riesgo A o similar. Existe para esta categoría un caso particular, el cual fue el Estadio Nuevo de Limón, cuya tramitación fue anterior a la emisión del Acuerdo de Junta Directiva del AyA 2007-177. No obstante, este proyecto contó con todo el acompañamiento técnico requerido por parte del AyA para poder hacerlo una realidad. En cuanto a estos proyectos nuevos y considerando los presentados del 2013 a la fecha, se puede indicar que el 60% han cumplido con los acuerdos y por tanto el AyA, ha emitido el visto bueno para que prosigan su trámite. De lo anterior se desprende que las Recomendaciones de Regulación establecidas por AyA en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. De hecho, la ejecución de proyectos sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín, requiere que el Proyecto planteado sea ambientalmente amigable; haciendo consideraciones que permitan maximizar la recarga del acuífero y minimizar el impacto de las aguas residuales generadas mediante sistemas de tratamiento, que permiten proteger y resguardar la calidad del recurso hídrico. 1.3 Inspección a instalaciones existentes. Las inspecciones a instalaciones existentes en la Zona 6, se realizan en aquellos casos donde hay denuncias interpuestas por AyA o terceros, solicitudes de servicios de agua potable u otros trámites donde AyA se involucre. Entre las actividades que se realizan, se verifica el cumplimiento de: disposición de aguas residuales, almacenamiento de combustibles y sustancias denominadas peligrosas, gestión de residuos sólidos, área impermeabilizada, existencia de pozos para abastecimiento, entre otros. Como resultado de las inspecciones, se giran las recomendaciones para corregir aquellos aspectos que puedan afectar el recurso hídrico, que es empleado para el abastecimiento poblacional, o bien, se realiza la denuncia a la instancia competente. A manera de resumen, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha de 23 inspecciones a instalaciones existentes, dentro del Acuífero de Moín. Tal y como se evidencia en la Tabla N° 1 del oficio RHA-OM-2013-0666, los casos del 31 al 34 corresponden a cuatro inspecciones realizadas a establecimientos existentes, donde los casos 31, 33 y 34 podrían corresponder a instalaciones con riesgo A o similar. De igual manera de acuerdo con la Tabla N° 4 del informe de respuesta al oficio PRE-J-2022- 01740, se tienen listadas 8 gestiones relacionadas con instalaciones existentes; donde la segunda, corresponde posiblemente a instalaciones catalogadas como riesgo A o similares. Como caso especial de instalaciones existentes, se tiene a los asentamientos informales (precarios), que, por su misma condición no solicitan trámites a las instituciones tales como disponibilidades de servicios, usos de suelo o permisos de construcción. Esto limita el accionar de AyA al no poseer potestades para ingresar a propiedades privadas, sin autorización del propietario registral y considerando el entorno peligroso que pueda existir en estos sitios para la integridad física de los funcionarios. En el caso de solicitudes de servicios de agua, AyA indica que, por tratarse de propiedades precarizadas, no cumplen con los requisitos descritos en el Reglamento de Prestación de Servicios y se procede a denegarlas, máxime si se considera que en muchos de ellos existe una inadecuada disposición de aguas residuales que se generen. No se omite manifestar que se ha hecho referencia a las posibles actividades del Tipo Riesgo A, dado a que no se tiene certeza de ese hecho, ya que es el Ministerio de Salud, el ente encargado de definir cuál es la categorización del riesgo que se tienen para las diferentes actividades que se desarrollan en el país en general; por lo que cualquier duda, favor canalizarla a través de este ente. Como parte de las acciones dirigidas a la protección del acuífero, la UEN de Gestión Ambiental y la Dirección Regional Huetar Caribe del AyA, crearon desde marzo del 2010, una base de datos que sintetiza la información de ubicación de los proyectos existentes y propuestos, así como los sitios de denuncias dentro del área de la Dirección02, con lo cual además se da cumplimiento con lo indicado en el Punto N°6 del, Por Tanto, del acuerdo de Junta Directiva 2011-112. En la Figura 2, se presenta el detalle de los inmuebles estudiados del 2003 al 2024. (Inserta imagen) Todos los informes referidos en esta nota, fueron utilizados para contestar el Recurso de Amparo expediente N° 22-008354-0007-CO, donde luego de considerados, la Sala Constitucional, mediante Resolución N° 2022022070 del 23 de diciembre del 2022, agradece las denuncias y otras actuaciones del AyA en resguardo del recurso hídrico, pero se evidencia un incumplimiento del Artículo 50 de la Constitución Política y solicita la conformación de una comisión interinstitucional para atender los casos del acuífero de Moín, siendo que por instrucción del Señor Ministro de Ambiente y Energía, esta comisión será coordinada por ese ministerio, por lo que las acciones son informadas por parte de dicha autoridad…” (Inserta cuadro) Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: “…En el Mapa indicado en la Figura N°2, se presentan la mayor cantidad de propiedades dentro de la Zona 06, corresponden a vivienda y comercio individual, donde en aplicación del Acuerdo de Junta Directiva 2011-112, es factible este tipo de construcciones. Textualmente se indica: “Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio.” La cantidad de propiedades que pueden existir dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín, se puede dimensionar la cantidad de servicios de agua otorgados del 2011 a agosto del 2024, la cual asciende a 380 posibles propiedades, detalladas en el Cuadro N° 1. Esto sin considerar las propiedades individuales de vivienda unifamiliar construidas desde el 2003 al 2010. (Inserta cuadro) Respecto a la lista de los sistemas de tratamiento de aguas residuales aprobados por AyA u otras entidades, es importante aclarar que según la Normativa vigente, el AyA únicamente aprueba los sistemas de tratamiento de aguas residuales correspondientes a Proyectos habitacionales, la gran mayoría de los sistemas de aguas residuales utilizados, corresponden a Tanques Sépticos y Drenajes de vivienda individual que son aprobados por el Ministerio de Salud, el cual es el ente competente en esa materia. Únicamente se cuenta a la fecha con un Proyecto Habitacional, al cual el AyA ha brindado aprobaciones para su construcción, este caso corresponde al N° 2, de la Tabla N°2, del informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022- 01740, denominado “Apartamentos Matama Village”. Respecto a la aprobación y seguimiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales implementados dentro de la Dirección03, es necesario aclarar que el AyA no tiene potestad de policía para ingreso para verificar las obras, por competencia el AyA otorga disponibilidades, no aprueba los sistemas de tratamiento de cada actividad, se circunscribe a aquellas de desarrollos habitacionales (no incluyendo vivienda unifamiliar), siendo competencia del Ministerio de Salud las aguas residuales categorizadas como especiales (por actividades comerciales, industriales y agropecuarias), así como las viviendas unifamiliares. La constatación de los sistemas de tratamiento es competencia del Ministerio de Salud y del Gobierno Local, por lo que el interesado tendría que ir ante la instancia que aprobó, con el fin de solicitar la lista de los sistemas de tratamiento aprobados dentro de la Zona 06 del Acuífero de Moín. Finalmente, respecto a la solicitud de los expedientes de los casos, es importante delimitar la posibilidad de otorgar los mismos. Tal y como se indicó en la primera respuesta, el AyA ha realizado denuncias ante los diferentes entes, trámites de Nuevos Desarrollos, donde se han emitidos criterios técnicos, disponibilidades de agua positivas y negativas, cartas de capacidad hídrica, se han otorgado servicios de agua potable, aprobación de sistemas de tratamiento, criterio para responder recursos de amparo, se han realizado Inspecciones a Instalaciones existentes, las cuales pueden deberse a denuncias, solicitudes de servicios de agua potable, confeccionar un criterio para Programas Ambientales, etc. Toda esta documentación no se almacena con el objetivo de generar un expediente único para cada solicitud; sino más bien haciendo referencia al documento de “Tabla de Plazos de Conservación de Documentos” para subfondo: UEN de Servicios al Cliente GAM y Sub Gerencia de Sistemas Periféricos ( adjunto) y la “ Tabla de ¨Plazos de Conservación de Documentos” para subfondo Recolección y tratamiento( Adjunto); se establece el archivo y desecho de la información basados en la temática que se está atendiendo en la emisión de los documentos, es así que toda la Información a la cual se está refiriendo de lo gestionado por AyA en la Zona 06, podría ser catalogado como: Expediente de disponibilidad, donde el tiempo de conservación de estos documentos es de 3 años en Oficina y 7 años más en el CEGEDI ( Centro de Gestión de Documentación e Información ) o Expediente de Nuevos Servicios, donde el tiempo de conservación de estos documentos es de 3 años en Oficina y 7 años más en el CEGEDI o Expediente de Recursos de Amparo, el cual se mantiene en Oficina mientras el mismos este en proceso y 2 años en el CEGEDI o Expediente de Denuncia de la Defensoría y MINSA, el cual se mantiene en Oficina 4 años y 1 año en el CEGEDI, etc. De tal manera corresponde que especifique cuál de la anterior información requiere, y además que demuestre cuál es su interés y legitimación dado que gran parte de la documentación es privada y corresponde comunicar por parte del AyA, de tal gestión al propietario correspondiente…” (Inserta cuadro) Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: “…a.- ¿Cuáles proyectos han sido denunciados en la Dirección02, ante o por parte del AYA? Favor especificar fundamentación técnica y legal de cada denuncia que el AyA haya interpuesto. Tal y como se indicó en la respuesta N° 1, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha, de 18 denuncias presentadas ante las instancias competentes, como por ejemplo la Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, MINAE, SETENA y a otras instancias administrativas como lo es el Tribunal Ambiental Administrativo. Considerando que el AyA no tiene poder sancionatorio ni le corresponde regular la materia urbana, este instituto ha solicitado la revisión, visita, inspección en coordinación con otras instituciones (MINSA, Municipalidad, MINAE, SETENA), para que, de conformidad con sus competencias, se verifiquen las actividades ubicadas en la Dirección02, de manera que se constate que se encuentren cumpliendo las medidas definidas en su autorización, que dichas instituciones indiquen nuevas medidas que resulten aplicables, así como la verificación de no afectación al abastecimiento poblacional, la salud y al ambiente. La particularidad de cada una de las 18 denuncias realizadas está documentada en los Oficios RHA-OM-2013-0666 (adjunto) del 09 de abril de 2013, donde se describen los 7 primeros casos denunciados y en el Informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (adjunto), donde se describen 9 casos de denuncias realizadas por AyA, hasta el año 2022. En el año 2024, se presentaron dos denuncias respecto actividades que se realizaron en el Acuífero Moín, una es el almacenamiento de “Coke” en la propiedad L-1540220-2011, que corresponde a una actividad posiblemente tipo de riesgo A, que fue denunciada ante el Ministerio de Salud, Municipalidad de Limón y al SINAC; por no contar con las autorizaciones de Ley para esa actividad y la última corresponde a la realizada a su representada. Tal y como se desprende de esta información, existe una gran cantidad de casos, que son muy diversos y en los cuales se demuestra un abordaje por parte de AyA para evitar todo riesgo de contaminación y garantizar la conservación del Acuífero de Moín. En cuanto al fundamento legal, para solicitar intervención, visita, inspección, denuncia, se aclara de la siguiente forma: Existe una rectoría del Instituto en función técnica y normativa de abastecimiento y recolección, derivada de lo que en ese sentido dispone la Ley No. 2726 en sus artículos 1 y 2 cuando indica: Artículo 1.- (*) Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado. Artículo 2.- (*) Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación; c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas; d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones; (..) f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades; (…) h) Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley; (…).” En lo que respecta a las competencias en esta materia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Sala Constitucional ha dictaminado lo siguiente en el Expediente 03-000468-0007-CO, Voto 2004-01923: (…) El AyA como ente competente en la instalación, mantenimiento y protección de captaciones de abastecimiento poblacional y redes de alcantarillado sanitario, asume una responsabilidad de fiscalización, mantenimiento, control, vigilancia y debido cuidado en la continuidad, calidad y eficiencia del servicio, por ello corrobora y verifica con los medios y la tecnología adecuada, con la coordinación de las demás instituciones competentes entre ellas Ministerio de Salud, Municipalidad, MINAE (Por medio del SINAC, Dirección de Agua, SETENA), que las actividades circundantes no afecten el recurso hídrico, ambiente y las fuentes captadas para abastecimiento poblacional bajo su administración. Lo anterior además de ser una competencia es un mandato que debe ejercer de forma permanente en todas las zonas estratégicas de abastecimiento poblacional bajo su administración. La consideración anterior, fue valorada y definida en la Resolución Nº47-2023-V del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN QUINTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las 08:30 horas del 08 de junio del 2023. “... Así, se ha logrado constatar que la conducta administrativa en cuestión, concretamente ambos acuerdos, parten del hecho -antecedente fáctico- de que el área denominada como zona 6 forma parte del acuífero de Moín-Limón, y que ésta es un área que sirve de abastecimiento del recurso hídrico de una parte importante de la población de Limón, de lo cual se sigue que el ente accionado, tiene la obligación legal - antecedente fáctico- de llevar a cabo acciones para preservar y proteger esa zona, tal y como se dispone en el artículo 2° de la Ley N°2726... por mandato de ley, el Instituto tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para su conservación, conducta que en este caso se plasmó, exteriorizó o manifestó, en los acuerdos N°2007-177 y N°2011-112 emitidos por su Junta Directiva, y que además contaron como antecedente de carácter técnico el Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín Limón elaborado por la Hidrogeóloga del Área de Gestión Ambiental del AyA Viviana Ramos Sánchez...” b.- ¿Que actuaciones se han realizado en cada denuncia? Respuesta: “…En el caso del AyA la emisión de informes técnicos de recomendaciones dirigidos a los entes competentes, quienes de conformidad con su normativa propia les corresponde emitir las medidas y resolver lo que consideren. La respuesta a la pregunta 1 y la respuesta al inciso a) de la pregunta 4 desarrollan lo solicitado…” c.- ¿Cuenta cada denuncia con un expediente administrativo? Si los hay, requerimos una copia completa de dicho expediente. Respuesta: “…De conformidad con la clasificación de información privada y al tratarse de casos en investigación no corresponde facilitar una categoría de expediente de denuncias, que se encuentren en investigación, únicamente la persona física o jurídica que fuese denunciada es la que tendría acceso y a quien le corresponde generar la autorización. Es necesario considerar lo dispuesto en la DIRECTRIZ EJECUTIVA N° 073-MPMEIC-MC: \"Artículo 2°. - Para efectos de la presente Directriz se entenderá por información de acceso público cualquier tipo de dato que sea generado o resguardado por quien ejerza una función o potestad pública y que no tenga su acceso restringido por ley.” En el Expediente 05-001962-0007-CO, Resolución No. 2005009855 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y quince minutos del veintinueve de julio del dos mil cinco; define que los expedientes correspondientes a denuncias son de carácter privado y su fase de investigación no permite facilitar esa información a personas ajenas al trámite en cuestión, siendo en consecuencia una vez clausurada la investigación, al ente encargado de resolver la determinación de facilitar el expediente solicitado: “…los límites intrínsecos del derecho en cuestión -secreto de Estado, definido con base en los parámetros proporcionados por el ordenamiento jurídico- y los extrínsecos -aquellos fijados en el artículo 28 de la Constitución para los derechos fundamentales en general y el derecho a la intimidad-, puntualizando que el carácter sensible de la información puede llevar a atenuar el derecho a su acceso…. “…IV. LÍMITES AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO. Como lo establece el artículo 30 constitucional de manera expresa, los secretos de Estado quedan a salvo de este derecho. Existen, además, otras limitaciones derivadas de una interpretación sistémica de la Constitución Política, que exige una ponderación entre los diversos bienes constitucionales. En este sentido, el derecho a la intimidad, estatuido en el artículo 24 constitucional, fija límites al derecho a la información de interés público. En relación con este tema, la Sala señaló en la sentencia número 2003-00136 de las quince horas veintidós minutos del quince de enero del año en curso lo siguiente: (…) Corresponde aclarar que este Instituto lo que ha realizado han sido gestiones de coordinación para el acompañamiento con el MINSA, MINAE y la Municipalidad, como una acción preventiva de control y vigilancia de las actividades circundantes, cuyos oficios se han enlistado en las respuestas anteriores y que ha correspondido a esas instituciones dentro del marco de sus competencias las emisiones de las ordenes correspondientes de corrección, modificación y adecuación, dado que este Instituto no tiene competencia ordenatoria de suspensión o de cierre. En la respuesta a la pregunta 1 y la respuesta al inciso a) de la pregunta 4 desarrollan lo solicitado, este Instituto sólo le puede facilitar copia de los informes generados en los puntos anteriores; los expedientes administrativos se encuentran en custodia del ente competente encargado en resolver (MINSA, SETENA, MINAE, u otros), por lo que en caso de requerirlos se recomienda que se apersone ante dichas instancias y demuestre de conformidad con la Ley 8220 su legitimación en caso de encontrarse dichos expedientes en fase de investigación...” ( el resaltado no es del original) d.- ¿Se han realizado informes de cada denuncia? Respuesta: “…Luego de cada visita conjunta este Instituto emite un informe técnico que enlista las recomendaciones correspondientes. Adicionalmente, es importante indicar que de acuerdo con la “Tabla de ¨Plazos de Conservación de Documentos” para subfondo Recolección y tratamiento (Adjunto); en el caso de denuncias, el tiempo de custodia en Oficina es de 4 años y 1 año en el archivo Institucional, de tal manera dado a que, de las 18 denuncias presentadas, las 16 primeras son anteriores al 2019, sería difícil obtener esta información…” e.- ¿Existe proyectos industriales en la zona 6 que no han sido investigados? De acuerdo al Plan Regulador actual del cantón central de Limón ¿Que calificación de vulnerabilidad acuífera se da a la finca donde se desarrolla nuestra actividad? Respuesta: “…Tal y como se indicó en la respuesta N° 1, el AyA no investiga proyectos industriales; el AyA ha emitido criterio y valoraciones en aquellos casos en los cuales se han realizado: denuncias , solicitudes de disponibilidades de agua potable para que los Proyectos Nuevos sean desarrollados en armonía con la protección del recurso hídrico del Acuífero Moín y solicitudes de nuevos servicios de agua potable para instalaciones existentes, donde antes de brindarlos, se debe verificar que las actividades realizadas no ponen en riesgo el Acuífero. Se recomienda al interesado realizar consulta al Ministerio de Salud (ente competente) sobre los proyectos industriales que se han desarrollado en la Zona 6. Respecto al Plan Regulador del Cantón Central de Limón, ya de forma anterior se había generado un mandato al Gobierno Local de que se incluyeran las consideraciones y recomendaciones del AyA en el Plan Regulador, la Sala Constitucional, al considerar la naturaleza de los Acuerdos emitidos por el AyA 2007- 177 y 2011- 112 (que modificaron las disposiciones establecidas en el acuerdo 80- 121 de la sesión 80-028 del catorce de abril del mil novecientos ochenta), en el Exp: 06-015593-0007-CO Res. N.º 2008-004751, de las doce horas y cero minutos del veintisiete de marzo del dos mil ocho. (…) El Acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 de la Junta Directiva del AyA, fue derogado por el Acuerdo 2007-177 publicado en la Gaceta N° 83, del miércoles 2 de mayo del 2007 y este a su vez fue modificado parcialmente por el acuerdo de Junta Directiva No. 2011-112, emitido en fecha 07 de abril y el requisito de la comunicación se realizó el día 02 de mayo del 2011, en el Diario Oficial La Gaceta No. 83. Lo anterior fue debidamente comunicado al Gobierno Local mediante oficio PRE-1426-2012 (Adjunto), con la finalidad de que contara con la última versión y esta fuera incorporada en el Plan Regulador. A manera de recordatorio, se remitieron por parte de la Comisión Moín los siguientes oficios N° UEN – GA – 2018 – 00322 con fecha marzo de 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 con fecha abril de 2018, UEN – GA – 2018 – 01827, con fecha octubre de 2018 y UEN – GA – 2018 – 1975, con fecha noviembre de 2018 dirigidos al Gobierno Local y al Ministerio de Salud. (Dentro de la notificación de AyA a otras instancias se tienen los documentos enviados por doña Yessenia Calderón a SETENA y a la Municipalidad de Limón desde el año 2012 – entonces presidente ejecutivo del AyA. Ambos oficios tienen el mismo consecutivo (PRE-1426-2012 y cuenta con el sello de recibido). De manera reciente con ocasión de la respuesta al Expediente 22-008354-0007- CO, en Minuta SINAC-ACLAC-DAP-022-2022 por parte de la Municipalidad se indicó “...que de momento no es oportuno la presentación de lo avanzado con el plan regulador, debido a que se mantiene en un estado de documento borrador, e indica que se realizará la valoración para cuando se tenga un producto más avanzado...” El Plan Regulador nunca fue consultado al AyA, por lo que el Instituto tiene conocimiento de sus alcances en referencia a la Zona 6, únicamente mediante la publicación realizada en el Alcance No. 191 A LA GACETA No. 182, el miércoles 4 de octubre del 2023. El AyA mediante oficio GSP-RHC-2025-00048 (adjunto), realizó consulta a la Alcaldesa de la Municipalidad de Limón y al Concejo Municipal sobre si las recomendaciones de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA fueron incluidas en el Plan Regulador de Limón, indicando además: • A la fecha del presente oficio, no se encuentra disponible en la página de la Procuraduría, ni en la página web de la Municipalidad de Limón. • Existe una publicación en el Alcance No. 191 A LA GACETA No. 182 del día miércoles 4 de octubre del 2023 • No se ha tenido respuesta a la solicitud de información del Plan regulador que realizó el AyA a la Municipalidad (GSP-RHC-2020-02718). Revisada la plataforma oficial de la Procuraduría General de la República únicamente consta la publicación del Plan Regulador (https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?par am1=NRM&nValor1=1&nValor2=47365&nValor3=50242&strTipM=FN), en la Gaceta 209 del 31 de Octubre de 2001. Es importante además indicar que no se tienen los insumos suficientes, ni la escala adecuada para responder su consulta sobre la calificación de vulnerabilidad de la Finca de su representada, según el Plan Regulador. Se recalca que el AyA a partir de los Acuerdos Junta Directiva 2007-177 y 2011-112, ha oficializado que la Vulnerabilidad es Alta...” (El resaltado no es del original) (Inserta cuadro) Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: Se ubica en lo manifestado en la pregunta anterior. Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: “…Además, la UEN Gestión Ambiental del AyA, contrató los Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y Lidar sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín. Entre los resultados obtenidos y tal y como se muestra en la Figura N° 4, se logró determinar dolinas, sumideros y depresiones topográficas dentro de la zona, lo que permite contar con información de soporte importante para determinar la posible afectación de dolinas por parte de Proyectos dentro de la zona 6 del Acuífero Moín; siendo un insumo importante para los estudios de campo posteriores (en caso de que sea necesario) por parte de los especialistas en esta materia, los cuales corroborarán en definitiva si existe afectación de dolinas por la ejecución del Proyecto solicitado y las medidas de protección necesarias para cada caso en particular. (Inserta imagen) De conformidad con las consideraciones anteriores, nótese que el mismo Acuerdo N°2011-177 establece en su Por tanto: \"… Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio\". Si bien la normativa no ubica de forma taxativa la regulación de dolinas, corresponde indicar que en fecha 17 de octubre de 2022, el MINAE por medio de la Dirección de Aguas determinó mediante oficio DA-UHCAROG-0478-2022: \"… Sumidero es el nombre del cauce que recibe el agua de la lluvia o de algún tipo de corriente superficial. El término se vincula al verbo sumir, que refiere a sumergir o hundir. El sumidero, por lo tanto, permite sumir las aguas. Por lo general se trata de una depresión circular que, a nivel geológico, se conoce como dolina. Las dolinas suelen formarse en superficies calizas, tienen una profundidad variable y cuentan con paredes de importante inclinación… En resumen, para lograr la protección de las Dolinas dentro de la Zona 06 del Acuífero de Moín, el AyA en el ejercicio de sus potestades de Ley, establece mediante el Acuerdo de Junta Directiva 2011-112, la cartografía de vulnerabilidad al delimitar el área de la zona 06 y oficializándola como una zona de la alta vulnerabilidad Acuífera, estableciendo las recomendaciones de regulación de las actividades a desarrollar bajo esta categoría; donde para poder definir los perímetros de protección de dolinas, se realizan inspecciones por parte de profesionales capacitados para verificar en sitio, las condiciones necesarias para proteger estas formaciones; antes de brindar la disponibilidad de agua para que se dé el inicio de los trámites de cada proyecto nuevo que quiere desarrollarse dentro de la zona 06. Finalmente, de todos los estudios realizados de calidad de agua, no se ha identificado la salinización de ninguna de estas formaciones…” (el subrayado no es del original) (Inserta cuadro) Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: “…El AyA en acatamiento a lo solicitado por la Sala Constitucional en el Exp: 06- 015593-0007-CO Res. N.º 2008-004751, las doce horas y cero minutos del veintisiete de marzo del dos mil ocho, mediante oficio PRE-1426-2012, comunicó formalmente los alcances de los acuerdos 2007-0177 y 2011-112 a la SETENA y a la Municipalidad de Limón, por lo que no corresponde brindar capacitación, sino la aplicación de la vulnerabilidad y las recomendadas dadas en los Acuerdos de Junta Directiva. Sin perjuicio de lo anterior, para el abordaje de los casos ubicados en la Zona 6, el AyA a través de la Comisión Moín, ha realizado charlas, reuniones e inspecciones de campo, sobre aspectos técnicos a diferentes instancias (MINSA, Municipalidad, MINAE, etc.), por ejemplo una exposición el 19 de junio de 2019, al Concejo Municipal de Limón que consta en actas, sobre las características hidrogeológicas del acuífero Moín, así como los alcances ambientales, técnicos y legales en relación con los permisos de funcionamiento, patente y ubicación en la Zona 6 del Acuífero Moín. Ahora bien, en relación a la que originalmente se localiza en la pregunta 8 de la nota original, respecto al conocimiento del estudio hidrogeológico presentado por su representada: Si se conoce. Es importante aclarar que el AyA realizó un estudio hidrogeológico detallado para toda la Zona 6, en el cual se valoró la integralidad del acuífero y su vulnerabilidad (alta), por lo que estudios puntuales, no responden al contexto y análisis requerido para la toma de decisiones, es por ello, que cualquier estudio puntual, debe considerar la oficialización de la vulnerabilidad y las recomendaciones explicitas en los acuerdos de Junta Directiva que el Instituto ha emitido…” (Inserta cuadro) Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: “…Corresponde indicar que de conformidad con la Ley 2726, el criterio que emite el AyA tiene carácter vinculante, por lo que la Municipalidad está obligada a su incorporación en el Plan Regulador. En la pregunta 4 inciso e) se indicó lo dispuesto por la Sala Constitucional, al considerar la naturaleza de los Acuerdos emitidos por el AyA 2007-177 y 2011- 112 (que modificaron las disposiciones establecidas en el acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 del catorce de abril del mil novecientos ochenta), en el Exp: 06-015593- 0007-CO Res. N.º 2008-004751, las doce horas y cero minutos del veintisiete de marzo del dos mil ocho, así como las acciones de recordatorio y solicitud giradas por el AyA al Gobierno Local. Tal y como se indicó anteriormente, se realizó exposición por la Comisión Moín el 22 de mayo de 2019 en la oficina Regional del AyA – Huetar Caribe a la Municipalidad de Limón y al Ministerio de Salud, para abordar el tema de la Zona 6, Acuífero Moín en la provincia de Limón. Se dio una exposición, dada por Comisión Moín el 19 de junio de 2019 al Concejo Municipal de Limón de las características hidrogeológicas del acuífero Moín, así como los alcances ambientales, técnicos y legales en relación con los permisos de funcionamiento, patente y ubicación en la Zona 6 del Acuífero Moín Es importante señalar que para el momento en que se gestionó el proyecto de su representada (2019), el Plan Regulador no estaba aprobado (2023), por lo que, para toda gestión en el 2019, se debió considerar los Acuerdos de Junta Directiva, los cuales se mantienen vigentes…” (Inserta cuadro) Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: “…En relación con la consulta, ya el AyA ha realizado los estudios técnicos hidrogeológicos integrales y detallados para la zona 6, basado en levantamientos de campo y el desarrollo de metodologías vigentes, el cual ha sido oficializados por la Junta Directiva del AyA. La elaboración de un estudio hidrogeológico para la zona en estudio debe tener como objetivo el demostrar que las actividades a realizar en el inmueble no afectan el recurso hídrico (Acuífero Moín) y su protección a las dolinas que se encuentren en la zona, partiendo de que en el Acuífero Moín en la Zona 6 la Vulnerabilidad es Alta, tal como lo cita la SETENA en la resolución N° 2057-2024-SETENA, en el punto 4: “Estudio hidrogeológico detallado que valide las condiciones del área de proyecto conforme a las nuevas obras a incorporar, así mismo el estudio deberá considerar las condiciones hidrogeológicas del acuífero Moín zona 6”. (el resaltado no es del original)…” (Inserta cuadro) Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: “…El estudio hidrogeológico integral realizado por el AyA, abarcó la totalidad de las 10 Zonas que constituyen el Acuífero Moín, en donde se recorrió la zona con los permisos de propietarios y administradores de fincas para la fecha en que se elaboró el estudio. El estudio hidrogeológico responde a un análisis integral para la toda la Zona y no es particular para un inmueble, por lo que las actividades a desarrollarse deberán ser compatibles con las condiciones del acuífero. La clasificación de la vulnerabilidad para las zonas del acuífero Moín, se basó en la metodología EPIK, la cual es la oficial para acuíferos kársticos, en la cual se determinó que la vulnerabilidad intrínseca es Alta (propiedades naturales del acuífero), las cuales fueron oficializadas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA…” (Inserta cuadro) Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: “…Corresponde indicar que de conformidad con la Ley 2726, el criterio que emite el AyA tiene carácter vinculante, por lo que la Municipalidad está obligada a su incorporación en el Plan Regulador. En la pregunta 4 inciso e) se indicó lo dispuesto por la Sala Constitucional, al considerar la naturaleza de los Acuerdos emitidos por el AyA 2007-177 y 2011- 112 (que modificaron las disposiciones establecidas en el acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 del catorce de abril del mil novecientos ochenta), en el Exp: 06-015593- 0007-CO Res. N.º 2008-004751, las doce horas y cero minutos del veintisiete de marzo del dos mil ocho, así como las acciones de recordatorio y solicitud giradas por el AyA al Gobierno Local. Tal y como se indicó anteriormente, se realizó exposición por la Comisión Moín el 22 de mayo de 2019 en la oficina Regional del AyA – Huetar Caribe a la Municipalidad de Limón y al Ministerio de Salud, para abordar el tema de la Zona 6, Acuífero Moín en la provincia de Limón. Se dio una exposición, dada por Comisión Moín el 19 de junio de 2019 al Concejo Municipal de Limón de las características hidrogeológicas del acuífero Moín, así como los alcances ambientales, técnicos y legales en relación con los permisos de funcionamiento, patente y ubicación en la Zona 6 del Acuífero Moín Es importante señalar que para el momento en que se gestionó el proyecto de su representada (2019), el Plan Regulador no estaba aprobado (2023), por lo que, para toda gestión en el 2019, se debió considerar los Acuerdos de Junta Directiva, los cuales se mantienen vigentes…” (Inserta cuadro) Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: Este punto fue atendido ampliamente en la respuesta a la pregunta N°1 y N°3, específicamente para proyectos nuevos, los cuales contaron con disponibilidad de servicios para poder ser ejecutados y donde se explica el procedimiento seguido. (Inserta cuadro) Respuesta del AyA que consta en el oficio GSP-RHC-2025-00121: Este punto fue atendido en la respuesta a la pregunta N° 4 inciso e, pregunta N°9 y N°10. Tal y como queda demostrado, las respuestas no fueron evasivas, no fueron confusas, fueron puntuales y en los casos en donde se requirió que el interesado aclarara cuál es la magnitud de su solicitud y demostrara si contaba o no con autorización del propietario, así lo indicara, para dar cumplimiento con el consentimiento informado y esta institución pudiese clasificar cual información es la que puede facilitársele. Igualmente, se le clarificaron las competencias que tiene este Instituto sobre el requerimiento de cierta información que puede facilitarle, para aquellos casos de denuncias y cuyos expedientes se encuentran siendo custodiados y en proceso de resolución por parte de otras instituciones. Dada la amplitud de los expedientes sobre los cuales se le podía dar acceso, así como la documentación de referencia se le facilitó un link (enlace) para descargar los archivos adjuntos: https://intranetaya-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdelgado_aya_go_cr/Ekl6Zt2Pr9Mua0CkeGh2jIBF8xEwQUusM-K7gd4RKbR1Q?e=3KWsPE FUNDAMENTO JURIDICO En toda solicitud de información la Administración Pública está llamada a aplicar la siguiente normativa: El Artículo 30 de la Constitución Política, el libre acceso a las dependencias públicas y a la información que ellas manejan sobre asuntos de interés público; el Decreto de Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 40200-MP-MEIC-MC; la Ley 8220; el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N.º 32565; la Directriz Ejecutiva N° 073-MP-MEIC-MC; la Ley Marco de Acceso a la Información Pública N° 10554; la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales N.º 8968. A nivel Jurisprudencial la Sala Constitucional ha dimensionado lo siguiente: “…En lo concerniente a las limitaciones o límites extrínsecos del derecho de acceso a la información administrativa tenemos los siguientes: 1) El artículo 28 de la Constitución Política establece como límite extrínseco del cualquier derecho la moral y el orden público. 2) El artículo 24 de la Constitución Política le garantiza a todas las personas una esfera de intimidad intangible para el resto de los sujetos de derecho, de tal forma que aquellos datos íntimos, sensibles o nominativos que un ente u órgano público ha recolectado, procesado y almacenado, por constar en sus archivos, registros y expedientes físicos o automatizados, no pueden ser accedidos por ninguna persona por suponer ello una intromisión o injerencia externa e inconstitucional. Obviamente, lo anterior resulta de mayor aplicación cuando el propio administrado ha puesto en conocimiento de una administración pública información confidencial, por ser requerida, con el propósito de obtener un resultado determinado o beneficio. En realidad, esta limitación está íntimamente ligada al primer límite intrínseco indicado, puesto que, muy, probablemente, en tal supuesto la información pretendida no recae sobre asuntos de interés público sino privado. Íntimamente ligados a esta limitación se encuentran el secreto bancario, entendido como el deber impuesto a toda entidad de intermediación financiera de no revelar la información y los datos que posea de sus clientes por cualquier operación bancaria o contrato bancario que haya celebrado con éstos, sobre todo, en tratándose de las cuentas corrientes, ya que, el numeral 615 del Código de Comercio lo consagra expresamente para esa hipótesis, y el secreto industrial, comercial o económico de las empresas acerca de determinadas ideas, productos o procedimientos industriales y de sus estados financieros, crediticios y tributarios. Habrá situaciones en que la información de un particular que posea un ente u órgano público puede tener, sobre todo articulada con la de otros particulares, una clara dimensión y vocación pública, circunstancias que deben ser progresiva y casuísticamente identificadas por este Tribunal Constitucional. 3) La averiguación de los delitos, cuando se trata de investigaciones criminales efectuadas por cuerpos policiales administrativos o judiciales, con el propósito de garantizar el acierto y éxito de la investigación y, ante todo, para respetar la presunción de inocencia, el honor y la intimidad de las personas involucradas…” (Resolución No. 2005009855 de las nueve horas y quince minutos del veintinueve de julio del dos mil cinco) “(…) Ahora bien, su disconformidad entonces se traduce en la decisión de la autoridad recurrida de autorizar solamente el fotocopiado parcial de dicho expediente, pues según consta en el acta administrativa 282-03-EXT de las quince horas del dieciséis de octubre de dos mil tres, la autoridad recurrida no autorizó la copia de los folios 1 al 84 y 206, 207, 208, 219, 210, 215 y 216 por tratarse de planos protegidos por los derechos del autor. Con lo anterior, no encuentra esta Sala que se haya producido violación alguna a los derechos fundamentales del amparado, toda vez que según informa la autoridad recurrida bajo fe de juramento sí se facilitó el estudio de dichos folios, pero no su fotocopia, por tratarse de información eminentemente privada protegida por las leyes de propiedad intelectual. Lo anterior, resulta razonable pues es claro que los planos como invención del ingeniero o arquitecto que realiza la obra deben ser protegidos de su reproducción si no se cuenta con la autorización respectiva de quien está legalmente facultado para darla, para de esta forma evitar cualquier reproducción o plagio del proyecto a desarrollar. (…)”. (Resolución N.º 9115-2004 del 20 de agosto del 2004). En caso de preguntas reiterativas presentadas, lo que correspondía era remitir al administrado a la respuesta facilitada con anterioridad, tal y como se realizó; corresponde citar lo resuelto con anterioridad por la Sala Constitucional, mediante Resolución N.º 4065-1995 del 21 de julio de 1995: “…La Administración no está obligada a contestar solicitudes reiterativas. “(…) Esta Sala ha dicho en múltiples ocasiones que, si una gestión es, como en este caso, reiteración de una anterior ya contestada, la Administración no está obligada a darle nueva respuesta, pues con la primera vez que lo hizo cumplió, con lo establecido en el artículo 27 constitucional. Así las cosas, si el recurrente estimaba que la contestación era incompleta, debió indicar expresamente a la Administración los puntos omitidos, pero no reiterar simplemente su petición, pues ésta ya le había sido contestada. De modo tal que como la gestión del recurrente se limitó a reiterar la ya contestada, sin indicar los puntos concretos en que consideraba omisa la respuesta, la Administración no estaba obligada a contestarle nuevamente. En consecuencia, el recurso resulta improcedente y así debe declararse. (…)”. De lo anterior corresponde indicar que, para brindar la información se requería en varios casos, que el interesado aclarara la magnitud de sus preguntas, para poder separar la información de acceso público de aquella de carácter sensible o confidencial, enmarcada en el secreto industrial, comercial o económico, cuando por motivos estratégicos, comerciales y de competencia no resulte conveniente su divulgación a terceros. (Art. 5 de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública N° 10554). Asimismo, se le indicó que no se tienen los insumos suficientes, ni la escala adecuada para responder su consulta sobre la calificación de vulnerabilidad de la Finca de su representada, según el Plan Regulador. Se recalca que el AyA a partir de los Acuerdos Junta Directiva 2007-177 y 2011-112, ha oficializado que la Vulnerabilidad es Alta y realizó la consulta correspondiente a la Municipalidad respecto a los fundamentos definidos en el Plan Regulador para poder dar respuesta. En lo que respecta al nivel de detalle que se pretendía de las dolinas que se localicen en cada una de las propiedades en Dirección02, se indicó claramente que para poder definir los perímetros de protección de dolinas, se deben realizar inspecciones por parte de profesionales capacitados para verificar en sitio, las condiciones necesarias para proteger estas formaciones; antes de brindar la disponibilidad de agua para que se dé el inicio de los trámites de cada proyecto nuevo que quiere desarrollarse dentro de la Dirección03. Resulta de aplicación en este sentido lo dispuesto en la Ley General de Administración Pública, que ordena contar con las valoraciones científicas o técnicas que incidan en la decisión a tomar, que tendrá consecuencias en la esfera jurídica del administrado (véase en ese sentido, la resolución N°. 143, del 05 de febrero del 2013 de la Sala Primera) y considerar las reglas unívocas de la ciencia o la técnica, o principios elementales de justica, lógica o conveniencia (Sala Constitucional resolución N°. 5990, del 14 de octubre 10 de1994). Se le explicó claramente que este Instituto sólo le puede facilitar copia de los informes generados y que los expedientes administrativos se encuentran en custodia del ente competente encargado en resolver (MINSA, SETENA, MINAE, u otros), por lo que en caso de requerirlos se recomienda que se apersone ante dichas instancias y demuestre de conformidad con la Ley 8220, el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N.º 32565 su legitimación en caso de encontrarse dichos expedientes en fase de investigación. De igual forma se reitera el mandato que se ubica en la Ley 8220 (su reglamento) en concordancia con la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales N.º 8968 (Artículo 5), que determina el cumplimiento del Principio de Consentimiento informado, que busca comunicar al propietario (del cual se solicita la información), poner en conocimiento, el motivo y quién está solicitando a la Administración que se le facilite”.\n\n 4.- Manifiesta la parte accionante: “I. Violación del derecho de acceso a la información pública (Artículo 30 de la Constitución Política y Ley 9097) Argumento principal: La información solicitada es, en su mayoría, de naturaleza pública, pura y simple, tal como lo reconoce incluso parcialmente la parte recurrida, y como lo define el artículo 3 de la Ley 9097. La negativa a entregarla, o la respuesta incompleta y evasiva, constituye una violación directa al derecho fundamental de acceso a la información pública consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política. Se solicita a la Sala Constitucional tomar en cuenta: • Según reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, el acceso a la información pública no requiere motivación ni acreditación de interés legítimo, salvo en casos excepcionales en los que se invoque confidencialidad, lo cual debe justificarse de manera específica y razonada (ver, entre muchas, la sentencia N.° 2002-03606). • En este caso, AyA no identifica con claridad ni prueba por qué parte de la información sería confidencial, limitándose a formular afirmaciones generales sobre supuesta “información privada” o “expedientes”, sin acreditar la necesidad de protección especial ni el daño potencial de su divulgación. II. La respuesta del AyA fue incompleta, evasiva y tardía, lo que configura una lesión autónoma al derecho fundamental Argumento principal: Aunque el AyA admite haber recibido la solicitud desde el 15 de noviembre de 2024, solo emitió una respuesta (incompleta y evasiva) hasta el 23 de enero de 2025, lo que representa un plazo irrazonable de más de dos meses para responder a información que, en su mayoría, es pública. Se solicita a la Sala Constitucional tomar en cuenta: • El plazo razonable para responder a solicitudes de información pública ha sido determinado por el artículo 32 de la LJC y por esta Sala en múltiples ocasiones como no superior a 10 días hábiles, salvo justificación suficiente (véase sentencia N.° 2012-010720). • El silencio, la demora o la evasión en la respuesta constituyen por sí mismos una violación del derecho constitucional, tal como lo ha señalado la Sala en sentencias como la N.° 2016-012500 y la N.° 2004-08893. • El hecho de que la respuesta no atendiera la totalidad de las 17 preguntas formuladas refuerza la infracción al deber constitucional de publicidad y transparencia de la función pública. III. Improcedencia del condicionamiento al consentimiento informado Argumento principal: El AyA exige, sin justificación específica, que el solicitante acredite autorización o consentimiento de terceros, con base en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968), lo cual resulta improcedente en este contexto, pues no se trata de datos sensibles ni de información protegida por el artículo 24 constitucional. Se solicita a la Sala Constitucional tomar en cuenta: • La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha delimitado claramente que el principio de publicidad rige la gestión pública, y que el secreto o confidencialidad es la excepción, la cual debe ser interpretada de manera restrictiva (véase sentencia N.° 2015-005997). • La Ley 8968 no puede ser utilizada como excusa para negar información pública, salvo que se trate de datos sensibles o íntimos claramente definidos en la ley (como salud, afiliación política, orientación sexual, etc.), lo cual no aplica a datos sobre condiciones, reglas o requisitos administrativos de una zona operativa de una institución pública. • Pretender que el solicitante \"demuestre interés\" o “cuente con autorización” implica una inversión de la carga de la prueba y una restricción indebida al derecho fundamental de acceso a la información. IV. Reconocimiento expreso por parte de AyA de la oficialidad del canal por el cual se presentó la solicitud Argumento principal: El AyA admite expresamente que los correos electrónicos a los que se envió la solicitud de información son canales oficiales de comunicación de la Región Huetar Caribe. Por tanto, no existe ninguna razón válida para cuestionar la validez del mecanismo usado por el recurrente. Se solicita a la Sala Constitucional tomar en cuenta: • Este reconocimiento por parte de la propia Administración evidencia que la solicitud fue presentada válidamente y que la Administración tenía el deber legal y constitucional de brindar una respuesta oportuna, completa y congruente. • La omisión de respuesta plena, pese a la válida presentación de la solicitud por un canal oficial, configura un incumplimiento del deber de transparencia y al derecho de peticiòn, lo cual ya ha sido sancionado por esta Sala en múltiples precedentes (por ejemplo, sentencia N.° 2018- 009874). • En todo caso, la Administración, al responder, validó y confirmó el medio utilizado. II. Alegatos jurídicos en relación con los puntos TERCERO a QUINTO de la contestación del AyA 1. Confusión intencionada entre información pública y supuesta información privada La parte recurrida persiste en una estrategia de confusión entre información que, por su naturaleza, es evidentemente pública, y aspectos que alega que serían “de carácter privado”, sin hacer una delimitación clara, específica y justificada de qué información concreta es la que considera confidencial ni con base en qué norma se justifica esa calificación. Esta ambigüedad vulnera directamente el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 30 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley N.º 9097. Además, la invocación automática y genérica de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales N.º 8968 no resulta válida en este contexto, ya que dicha normativa no puede operar como barrera arbitraria para denegar información pública, máxime cuando no se ha solicitado información relativa a personas físicas identificables, sino datos administrativos sobre políticas, criterios técnicos, procedimientos y regulaciones aplicadas por el propio AyA en la Zona 6 de Moín. 2. Ausencia de prevención clara y efectiva La parte recurrida indica que “se le solicitó al recurrente aclarar la magnitud de su solicitud” y que se le requirió indicar si contaba con autorización del supuesto titular de la información. No obstante: • Nunca se notificó formalmente al recurrente un acto preventivo que detallara de forma clara, específica y motivada cuáles aspectos requerían aclaración, por qué, y cuál era el procedimiento para subsanar. • No consta que se le haya concedido un plazo razonable y efectivo para corregir o complementar su solicitud. • Tal omisión representa una violación al principio de buena fe que debe regir en la relación entre Administración y administrado (art. 11 de la Ley General de la Administración Pública), y una infracción directa a los deberes positivos de asistencia al ciudadano. 3. Evasividad e incumplimiento del deber de respuesta Aunque la entidad recurrida afirma que su respuesta fue “amplia y completa”, lo cierto es que: • No respondió expresamente a varias de las 17 preguntas planteadas, o bien, las respuestas ofrecidas carecen de contenido sustantivo o remiten genéricamente a enlaces o documentos sin señalar de forma precisa dónde se halla la información requerida. • En otras preguntas, el AyA traslada la carga al solicitante, exigiéndole que determine él mismo si tiene o no derecho a la información, lo cual desnaturaliza la obligación constitucional de acceso expedito, gratuito y efectivo a la información pública. Además, la referencia a que se aportó un enlace (link) para descargar documentación no subsana este incumplimiento, ya que el derecho de acceso a la información no puede limitarse a una entrega masiva e indiscriminada de archivos sin clasificación ni contextualización, lo que constituye una forma encubierta de obstaculizar el acceso. 4. Aplicación improcedente del precedente sobre solicitudes reiterativas La entidad recurrida invoca la resolución N.º 4065-1995 para afirmar que no estaba obligada a contestar nuevamente por tratarse de solicitudes reiterativas. Este argumento es improcedente y fuera de contexto, por dos razones fundamentales: a) El recurrente nunca reiteró una petición sin fundamento, sino que expresó su insatisfacción justificada ante una respuesta evasiva, incompleta y contradictoria, lo cual no puede equipararse a una reiteración indebida. b) El deber constitucional no es responder “algo”, sino responder de forma clara, completa y sustancial, de modo que el administrado pueda ejercer control ciudadano e influir en los procesos administrativos. 5. Excusas técnicas sin respaldo jurídico válido El AyA pretende justificar su negativa de acceso a información con argumentos tales como: \"no se tiene la escala adecuada para responder\", \"se requiere inspección previa\", \"la información la tiene otra entidad\", etc. Estos alegatos: • No eximen al AyA de su deber constitucional de transparencia y de brindar respuesta a las solicitudes de información y de proteger el derecho de peticion. • Tampoco justifican la omisión de informar sobre lo que sí conoce, ni la falta de coordinación interinstitucional que debería asumir proactivamente, conforme a su obligación de garantizar el derecho de acceso. En este sentido, incluso si parte de la información estuviera en poder de otros entes, el AyA tenía el deber de orientar, colaborar e intermediar conforme lo establece la Ley 8220 y su reglamento, en vez de limitarse a trasladar la carga al administrado. III.- Sobre la petitoria de la parte demandada La solicitud final de la parte recurrida para que este recurso sea declarado “sin lugar en todos sus extremos” parte de una valoración errónea de los hechos y de una interpretación parcial e interesada de sus obligaciones constitucionales. 1. No basta con afirmar que se respondió; debe demostrarse que se garantizó efectivamente el derecho fundamental. La entidad recurrida insiste en que su actuación fue “clara”, “oportuna” y “no evasiva”, sin embargo, como se ha demostrado en este recurso y se evidenciará con los documentos aportados, las respuestas del AyA fueron fragmentarias, imprecisas y, en algunos casos, inexistentes. Alegar que se “respondió” no desvirtúa por sí solo la violación alegada, pues lo que exige el artículo 30 constitucional y la jurisprudencia de la Sala Constitucional es que la respuesta sea efectiva, sustancial, pertinente y accesible. 2. La carga de clarificar el contenido no puede trasladarse al ciudadano. El AyA pretende justificar su actuación indicando que, en algunos casos, se pidió al solicitante “aclarar la magnitud de su solicitud” o “demostrar si contaba o no con autorización del propietario”. Esto constituye un desplazamiento indebido de la carga institucional, pues la Administración no puede condicionar el acceso a información pública en función de trámites innecesarios o requerimientos que no tienen fundamento legal claro. La obligación de clasificar y justificar la confidencialidad recae exclusivamente en la Administración, y no en el solicitante. 3. El argumento de que la información se encuentra en otras instituciones no exime al AyA de su deber de transparencia activa. El AyA alega que no puede facilitar determinada información porque los expedientes están en custodia de otras entidades (MINSA, SETENA, MINAE, etc.). Este planteamiento, además de reiterativo, es jurídicamente inválido: la existencia de competencia compartida no releva a la institución de su obligación de orientar, colaborar y facilitar los datos que obran en su poder, ni mucho menos justifica una denegatoria tácita o una respuesta ambigua. En este caso, el AyA posee información parcial, técnica, histórica y de relevancia directa sobre la zona de interés, y omitió facilitarla o sistematizarla adecuadamente. 4. La mención a estudios técnicos o inspecciones no es una excusa válida para la denegación. Se afirma que para dar información sobre dolinas o vulnerabilidad se requiere inspección en sitio o estudios especializados. Sin embargo, el recurso no reclama que el AyA genere información nueva, sino que facilite la que ya posee o administre, así como los criterios bajo los cuales se ha definido, por ejemplo, la calificación de “vulnerabilidad alta” en Zona 6. Negar acceso a estos criterios y documentos resulta una limitación ilegítima y desproporcionada. 5. El principio de máxima divulgación favorece al recurrente. La Sala Constitucional ha reiterado que la interpretación del derecho de acceso debe hacerse bajo el principio pro persona, favoreciendo en todo momento la mayor transparencia posible, salvo justificación clara y legal de reserva. Ninguna de las justificaciones ofrecidas por el AyA supera ese estándar. Por todo lo anterior, se solicita respetuosamente a la Sala: 1. Que se declare con lugar el recurso de amparo, por haberse violado el derecho fundamental de acceso a la información pública consagrado en el artículo 30 constitucional y el derecho de petición establecido en el artículo 27 de la Carta Magna. 2. Que se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados brindar respuesta clara, completa y congruente a la solicitud de información planteada el 15 de noviembre de 2024. 3. Que se le reitere a la entidad recurrida su obligación de cumplir con los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas propios del Estado Social de Derecho”.\n\n 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Objeto del recurso. La parte recurrente indica que presentó una gestión de información a la parte accionada. Acusa que recibió una respuesta incompleta.\n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)      El 15 de noviembre de 2024, la parte accionante gestionó lo siguiente ante el ICAA: “Sobre estas funciones que ha venido realizando la Dirección de Gestión Ambiental y la sede Región Huetar Caribe, solicito se nos suministre la siguiente información: 1.- ¿Cuáles proyectos se han investigado en la “ZONA 6” y qué resultados o informes se han emitido respecto a esos proyectos que se han investigado? Se solicita aportar copia de los informes técnicos o resoluciones que inciden sobre esos proyectos investigados. Le solicito informar sobre actividades con riesgo tipo A, gasolinerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas. En la Dirección02 y otras zonas circunvecinas como Dirección04 por ejemplo- 2.- ¿Cuenta la Dirección de Gestión Ambiental y la Región Huetar Caribe con un inventario de todas las propiedades ubicadas en la “zona 6” y circunvecinas? De existir solicitamos se nos entregue la documentación o expediente respectivo y así como la lista de sistemas de tratamiento aguas residuales de cada actividad aprobada por el AyA y otras entidades competentes. 3.- ¿Cuáles propiedades tienen formación de dolinas en la Dirección02 y qué actuaciones se han realizado al respecto para garantizar su no afectación así como en que (sic) situación actual sencuentra (sic)? se solicita aportar todo informe, resolución, actas de inspección y demás documentación que al respecto conste en los archivos de la Dirección de Gestión Ambiental y la Región Huetar Caribe. Además indicar bajo que (sic) normativa jurídicos son tratados técnicamente estos sistemas, y como (sic) se asegura el AyA la salinización de las mismas. 4.- En el informe GSP-RHC-2024-00849 se indica en lo conducente gente lo siguiente: “…Región Huetar Caribe del AyA, existen denuncias presentadas por la realización de Proyectos en este terreno, sin considerar el criterio de AyA en una zona de abastecimiento estratégico para la población de Limón y del País en general; luego de una intervención por parte del MINAE y solicitada por la Región, se identifica que el proyecto aprobado por SETENA…” Al respecto requerimos lo siguiente: a.- ¿Cuáles proyectos han sido denunciados en la zona 6, ante o por parte del AYA? Favor especificar fundamentación técnica y legal de cada denuncia que el AyA haya interpuesto. b.- ¿Que actuaciones se han realizado en cada denuncia? c.- ¿Cuenta cada denuncia con un expediente administrativo? Si los hay, requerimos una copia completa de dicho expediente. d.- ¿Se han realizado informes de cada denuncia? e.- ¿Existe proyectos industriales en la Dirección02 que no han sido investigados? De acuerdo al Plan Regulador actual del cantón central de Limón ¿Que calificación de vulnerabilidad acuífera se da a la finca donde se desarrolla nuestra actividad? 5.- Están ustedes enterados que existe un funcionario del AyA que representa esa instancia en la Comisión Plenaria de SETENA? ¿Conocen cuáles son las funciones del representante del AYA en la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental?. ¿Qué actividades han desarrollado con SETENA, en concordancia con el principio de coordinación institucional? 6.- ¿Existe alguna correspondencia en el pasado entre la Dirección de Gestión Ambiental y la Región Huetar Caribe o cualquier otro departamento del AyA con el representante del AYA en SETENA, o alguna instrucción específica de esa dirección como capacitaciones y otros a los administrados? comunicando, informando o instruyendo alguna directriz en relación con la “Zona 6”. Si existe ese tipo de correspondencia o comunicación, solicitamos obtener copia. 7.- En el informe GSP-RHC-2024-00849, se indica en lo conducente: “…la impermeabilización de 10 hectáreas de terreno, la realización de más de 73 mil metros cúbicos de movimiento de tierras en sitios donde existe varias dolinas, sin contar con un Estudio Hidrogeológico aprobado que garantice la no afectación al Acuífero, donde se cambia la vulnerabilidad acuífera de alta a media, lo que pone en riesgo de posible desabastecimiento a la población…” ¿En caso de presentarse Estudio Hidrogeológico que garantice la no afectación al Acuífero, ¿se podría dar por concluida la “preocupación del AYA” y con ello regularizar la situación del servicio de agua potable del proyecto de la Constructora Hutchinson? 8.- Conocen los funcionarios el estudio hidrogeológico presentado por mi representada ante SETENA, el cual es un estudio puntual de la propiedad que ha sido objeto de reiteradas denuncias por ustedes. Dicho estudio consta de la imagen 108 a la 139 del expediente de SETENA, cuya copia se adjunta. 9.- Las muestras según métodos para clasificación de la vulnerabilidad de los acuíferos en la zona de Moin, ¿Se realizó puntualmente en cada propiedad u obedece a una demarcación de un área específica por estudios de AyA? De ser así mediante estudio, ¿Como se clasificaron aquellas fincas que fueron muestreadas por el Autor que se definen como alta vulnerabilidad? Siendo que múltiples estudios y hasta el Plan Regulador de Limón ha variado los usos del suelo cuando propietarios han demostrado con estudios puntuales otra categoría, ¿Que respuesta da el AyA cuando los estudios, reitero puntualizados reflejan un resultado de afectación media e inclusive baja vulnerabilidad en un afinca en específico? 10.- El hecho que el nuevo plan regulador de Limón califica la zona 6 como de mediana vulnerabilidad, implica que existe un conflicto de criterios técnicos entre el AYA y la Municipalidad de Limón? 11.- Porque ustedes funcionarios pretenden cuestionar licencias y permisos reglados y otorgados conforme al ordenamiento, atacando a un administrado específicamente, cuando los criterios técnicos del AYA no son reconocidos actualmente por la norma urbanística de más alto rango, por especialidad y por antecedentes de la Sala Constitucional, recordando que el plan regulador es una ley en sentido formal. 12.- Conocen los funcionarios las implicaciones legales por violentar el principio de intangibilidad de los actos favorables de la administración, sea mediante el continuo acoso y gestiones para desconocer licencias, autorizaciones, aprobaciones y permisos que se le han conferido a mi representada. 13.- ¿Que competencia tiene ustedes para clausurar un proyecto a través de coartar y restringir el servicio de agua potable del AYA.? 14.- ¿Es intención de ustedes clausurar el proyecto existente en la finca identificada con el plano catastrado L-851838-1989 que desarrolla el Proyecto denominado Parque Logístico del Caribe, mediante la restricción y obstaculización del servicio de agua potable? 15.- ¿Conocen ustedes las implicaciones jurídicas de las vías de hecho por parte de los funcionarios públicos? 16.- ¿Cuáles empresas desarrollan su actividad mercantil en la Zona 6 Moín de Limón y si cuentan con disponibilidad de servicios de agua otorgado por Acueductos y Alcantarillados y de tenerlo, que requisitos se les han solicitado conforme a los acuerdos de Junta Directiva del AyA número 2007-0177 y 2011- 0112? 17. ¿ Si al estar clasificado el inmueble identificado en el plano catastrado L-851838-1989, que desarrolla el Proyecto denominado Parque Logístico del Caribe, en el Plan Regulador de uso del suelo de la Municipalidad del Cantón Central de Limón publicado, publicado en el Alcance 191, a la Gaceta 182 del 04 de octubre del 2023, como zona de desarrollo urbano de mediana vulnerabilidad, ello disminuye el riesgo ambiental al acuífero, calidad y cantidad de agua de las fuentes y sumideros o dolinas, y aguas subterráneas en la Zona 6 Moín de Limón? (ver imagen seguida)…”. (Hecho incontrovertido).\n\nb)      Por oficios GSP-RHC-2024-02309 del 22 de noviembre de 2024 y GSP-RHC-2024-02555 del 17 de diciembre de 2024, el ICAA comunicó a la parte recurrente una extensión del plazo de respuesta, debido a la complejidad de la información solicitada. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nc)      Mediante oficio GSP-RHC-2025-00121 del 21 de enero de 2025, el ICAA remitió a la parte amparada un informe atender a la gestión anterior. (Hecho incontrovertido).\n\nIII.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente indica que presentó una gestión de información a la parte accionada. Acusa que recibió una respuesta incompleta.\n\nAnalizados los autos, la Sala tuvo por probado que, el 15 de noviembre de 2024, la parte accionante gestionó lo siguiente ante el ICAA. Asimismo, se verificó que, mediante oficio GSP-RHC-2025-00121 del 21 de enero de 2025, el ICAA remitió a la parte amparada un informe atender a la gestión anterior. Dado que existe controversia entre las partes con respecto a la atención de tal gestión, la Sala procede a examinar sus extremos.\n\nEn la pregunta 1, la accionante indicó: “: 1.- ¿Cuáles proyectos se han investigado en la “ZONA 6” y qué resultados o informes se han emitido respecto a esos proyectos que se han investigado? Se solicita aportar copia de los informes técnicos o resoluciones que inciden sobre esos proyectos investigados. Le solicito informar sobre actividades con riesgo tipo A, gasolinerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas. En la zona 6 y otras zonas circunvecinas como Dirección04 por ejemplo-”.\n\nLa respuesta del ICAA fue: “Resulta necesario antes de contestar, aclarar que el AyA no realiza procesos de resolución para definir responsabilidades de proyectos constructivos ubicados en la Zona 6, no custodia evidencias, ni se crean expedientes de investigación para cada uno de los propietarios de los inmuebles; AyA mediante la gestión en sus diferentes procesos institucionales emite disponibilidades, denuncias, documentos, criterio técnicos; entre otros, con el objetivo de resguardar el Recurso Hídrico tanto actual y futuro, que permita garantizar el acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada para la población de todo el país. Específicamente en el Acuífero de Moín, existe un mandato directo de la Sala Constitucional, en la Resolución N° 2012006424 que corresponde al Recurso de Amparo, tramitado bajo el expediente Exp: 10-013628-0007-CO, el cual indica: (…) Tal y como se desprende de la resolución indicada, AyA ha tenido que brindar desde el 2012 a la fecha, informes de cumplimiento de sus actuaciones ante la Sala Constitucional y otros entes, con lo que se considera idóneo referirse a estos informes como respuesta a los referidos en su nota. En este caso, las medidas y las acciones que se deben realizar para evitar todo riesgo de contaminación del Acuífero de Moín, pasan por el cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y N° 2011-112, en todas las actividades actuales y futuras desarrolladas dentro del Acuífero; donde el abordaje de lo que acontece en el territorio, ha sido categorizado de la siguiente manera: 1.1 Interposición de denuncias: Cuando se detectan o conocen actividades que afectarían el acuífero y que no cumplen con las recomendaciones emitidas en los acuerdos de Junta Directiva de AyA 2007-177 y 2011-112; se ha presentado las respectivas denuncias ante las instancias administrativas. El primero de estos acuerdos establece recomendaciones de actividades para todas las zonas de recarga acuífera en Moín y el segundo es específico para la zona 6. A manera de resumen, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha 18 denuncias presentadas ante las instancias competentes, como por ejemplo la Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, MINAE, SETENA y a otras instancias administrativas como lo es el Tribunal Ambiental Administrativo; considerando que el AyA no tiene poder sancionatorio ni le corresponde regular la materia urbana. Para enlistar las denuncias realizadas; tal y como se muestra en la Tabla N° 1 del oficio RHA-OM-2013-0666 (adjunto) del 09 de abril de 2013, se tiene que los 7 primeros casos enumerados corresponden a denuncias realizadas; siendo el séptimo un caso referido a denuncia por almacenamiento de combustible sin contar con los permisos de ley. De igual manera se muestra en la Tabla N° 1 del informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (adjunto), 9 casos de denuncias realizadas por AyA, donde ninguna de ellas corresponde con actividades riesgo A o similar. Finalmente, en el año 2024, se presentaron dos denuncias respecto actividades que se realizaron en el Acuífero, una es el almacenamiento de “Coke” en la propiedad L-1540220-2011 que corresponde a una actividad posiblemente tipo de riesgo A y la última corresponde a la realizada por su representada, la cual a la fecha se desconoce qué clase de riesgo se podría estar exponiendo al Acuífero por la construcción del “Parque Logístico del Caribe”. 1.2 Desarrollo de Nuevos Proyectos: El desarrollo de proyectos en la Dirección02, a partir de las recomendaciones técnicas y ambientales que se han realizado y que resultan ser compatible con la protección del recurso hídrico, demuestra que los Acuerdos de Junta Directiva del AyA, no impiden el desarrollo de actividades o construcción de obras. Para la atención de solicitudes de nuevos desarrollos, AyA en el mes de julio del 2010; creó una Comisión Multidisciplinaria para resolver los casos pendientes, a esa fecha sobre el Acuífero de Moín, denominada como: \" Comisión de Acuífero Moín\", la cual está constituida por profesionales del Área Operativa de la Región Huetar Caribe, la UEN Gestión Ambiental, UEN de Programación y Control y el Área Legal-Ambiental de la Dirección Jurídica. El objetivo de esta Comisión es que los nuevos desarrollos, en su conceptualización, consideren el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los acuerdos de Junta Directiva citados. A manera de resumen, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha de 34 casos relacionadas con la ejecución de Proyectos Nuevos o ampliaciones de estos dentro del Acuífero de Moín. Tal y como se evidencia del oficio RHA-OM-2013-0666 (adjunto) del 09 de abril de 2013, se tiene que los casos enumerados del 8 al 30 en la Tabla N°1 corresponden a 23 criterios dados para el desarrollo de nuevos proyectos o ampliaciones; siendo los casos 13, 16, 17, 21 y 23 posibles establecimientos que corresponden a riesgo A o similar. De igual manera de acuerdo con la Tabla N°2, del informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, se ha brindado criterio para 10 proyectos solicitados, de los cuales solo el primero podría corresponder a actividades riesgo A o similar. Existe para esta categoría un caso particular, el cual fue el Estadio Nuevo de Limón, cuya tramitación fue anterior a la emisión del Acuerdo de Junta Directiva del AyA 2007-177. No obstante, este proyecto contó con todo el acompañamiento técnico requerido por parte del AyA para poder hacerlo una realidad. En cuanto a estos proyectos nuevos y considerando los presentados del 2013 a la fecha, se puede indicar que el 60% han cumplido con los acuerdos y por tanto el AyA, ha emitido el visto bueno para que prosigan su trámite. De lo anterior se desprende que las Recomendaciones de Regulación establecidas por AyA en el Acuerdo de Junta Directiva N° 2011-112, no vacían el derecho del propietario de realizar actividades y Proyectos de diversa índole, tal y como se ha demostrado. De hecho, la ejecución de proyectos sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín, requiere que el Proyecto planteado sea ambientalmente amigable; haciendo consideraciones que permitan maximizar la recarga del acuífero y minimizar el impacto de las aguas residuales generadas mediante sistemas de tratamiento, que permiten proteger y resguardar la calidad del recurso hídrico. 1.3 Inspección a instalaciones existentes. Las inspecciones a instalaciones existentes en la Zona 6, se realizan en aquellos casos donde hay denuncias interpuestas por AyA o terceros, solicitudes de servicios de agua potable u otros trámites donde AyA se involucre. Entre las actividades que se realizan, se verifica el cumplimiento de: disposición de aguas residuales, almacenamiento de combustibles y sustancias denominadas peligrosas, gestión de residuos sólidos, área impermeabilizada, existencia de pozos para abastecimiento, entre otros. Como resultado de las inspecciones, se giran las recomendaciones para corregir aquellos aspectos que puedan afectar el recurso hídrico, que es empleado para el abastecimiento poblacional, o bien, se realiza la denuncia a la instancia competente. A manera de resumen, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha de 23 inspecciones a instalaciones existentes, dentro del Acuífero de Moín. Tal y como se evidencia en la Tabla N° 1 del oficio RHA-OM-2013-0666, los casos del 31 al 34 corresponden a cuatro inspecciones realizadas a establecimientos existentes, donde los casos 31, 33 y 34 podrían corresponder a instalaciones con riesgo A o similar. De igual manera de acuerdo con la Tabla N° 4 del informe de respuesta al oficio PRE-J2022-01740, se tienen listadas 8 gestiones relacionadas con instalaciones existentes; donde la segunda, corresponde posiblemente a instalaciones catalogadas como riesgo A o similares. Como caso especial de instalaciones existentes, se tiene a los asentamientos informales (precarios), que, por su misma condición no solicitan trámites a las instituciones tales como disponibilidades de servicios, usos de suelo o permisos de construcción. Esto limita el accionar de AyA al no poseer potestades para ingresar a propiedades privadas, sin autorización del propietario registral y considerando el entorno peligroso que pueda existir en estos sitios para la integridad física de los funcionarios. En el caso de solicitudes de servicios de agua, AyA indica que, por tratarse de propiedades precarizadas, no cumplen con los requisitos descritos en el Reglamento de Prestación de Servicios y se procede a denegarlas, máxime si se considera que en muchos de ellos existe una inadecuada disposición de aguas residuales que se generen. No se omite manifestar que se ha hecho referencia a las posibles actividades del Tipo Riesgo A, dado a que no se tiene certeza de ese hecho, ya que es el Ministerio de Salud, el ente encargado de definir cuál es la categorización del riesgo que se tienen para las diferentes actividades que se desarrollan en el país en general; por lo que cualquier duda, favor canalizarla a través de este ente. Como parte de las acciones dirigidas a la protección del acuífero, la UEN de Gestión Ambiental y la Dirección Regional Huetar Caribe del AyA, crearon desde marzo del 2010, una base de datos que sintetiza la información de ubicación de los proyectos existentes y propuestos, así como los sitios de denuncias dentro del área de la zona 6, con lo cual además se da cumplimiento con lo indicado en el Punto N°6 del, Por Tanto, del acuerdo de Junta Directiva 2011-112. En la Figura 2, se presenta el detalle de los inmuebles estudiados del 2003 al 2024. (…) Todos los informes referidos en esta nota, fueron utilizados para contestar el Recurso de Amparo expediente N° 22-008354-0007-CO, donde luego de considerados, la Sala Constitucional, mediante Resolución N° 2022022070 del 23 de diciembre del 2022, agradece las denuncias y otras actuaciones del AyA en resguardo del recurso hídrico, pero se evidencia un incumplimiento del Artículo 50 de la Constitución Política y solicita la conformación de una comisión interinstitucional para atender los casos del acuífero de Moín, siendo que por instrucción del Señor Ministro de Ambiente y Energía, esta comisión será coordinada por ese ministerio, por lo que las acciones son informadas por parte de dicha autoridad”.\n\nLa Sala estima que, en este punto, lo que existe es una disconformidad del recurrente con la respuesta obtenida, mas no una lesión a sus derechos. En efecto, ante la pregunta con respecto a cuáles proyectos se han investigado en la “zona 6”, el ICAA indicó “…el AyA no realiza procesos de resolución para definir responsabilidades de proyectos constructivos ubicados en la Zona 6, no custodia evidencias, ni se crean expedientes de investigación para cada uno de los propietarios de los inmuebles…”. (El subrayado es agregado).\n\nLa pregunta 2 contiene distintos puntos que deben ser abarcados por separado. El primero es la pregunta “¿Cuenta la Dirección de Gestión Ambiental y la Región Huetar Caribe con un inventario de todas las propiedades ubicadas en la “zona 6” y circunvecinas?”\n\nAl respecto, se respondió:\n\n“Respuesta Comisión Moín: En el Mapa indicado en la Figura N°2, se presentan la mayor cantidad de propiedades dentro de la Zona 06, corresponden a vivienda y comercio individual, donde en aplicación del Acuerdo de Junta Directiva 2011-112, es factible este tipo de construcciones. Textualmente se indica: “Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio.” La cantidad de propiedades que pueden existir dentro de la Zona 6 del Acuífero de Moín, se puede dimensionar la cantidad de servicios de agua otorgados del 2011 a agosto del 2024, la cual asciende a 380 posibles propiedades, detalladas en el Cuadro N° 1. Esto sin considerar las propiedades individuales de vivienda unifamiliar construidas desde el 2003 al 2010”\n\nLa Sala estima que la pregunta planteada se contesta de manera afirmativa o negativa, según la citada Dirección tenga o no un inventario de las propiedades mencionadas. La Sala no observa que el ICAA respondiera con claridad a lo peticionado.\n\nLuego, sigue la gestión: “De existir solicitamos se nos entregue la documentación o expediente respectivo…” Dado que el requerimiento se vincula con la pregunta anterior (De existir…), se estima que la atención correcta sería la entrega del mencionado inventario, en caso de que la respuesta a la pregunta fuera afirmativa. En consecuencia, se resuelven ambos temas en conjunto, según se ordena en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nSe aclara que la respuesta brindada por el ICAA fue:\n\n“Finalmente, respecto a la solicitud de los expedientes de los casos, es importante delimitar la posibilidad de otorgar los mismos. Tal y como se indicó en la primera respuesta, el AyA ha realizado denuncias ante los diferentes entes, trámites de Nuevos Desarrollos, donde se han emitidos criterios técnicos, disponibilidades de agua positivas y negativas, cartas de capacidad hídrica, se han otorgado servicios de agua potable, aprobación de sistemas de tratamiento, criterio para responder recursos de amparo, se han realizado Inspecciones a Instalaciones existentes, las cuales pueden deberse a denuncias, solicitudes de servicios de agua potable, confeccionar un criterio para Programas Ambientales, etc. Toda esta documentación no se almacena con el objetivo de generar un expediente único para cada solicitud; sino más bien haciendo referencia al documento de “Tabla de Plazos de Conservación de Documentos” para subfondo: UEN de Servicios al Cliente GAM y Sub Gerencia de Sistemas Periféricos ( adjunto) y la “ Tabla de ¨Plazos de Conservación de Documentos” para subfondo Recolección y tratamiento( Adjunto); se establece el archivo y desecho de la información basados en la temática que se está atendiendo en la emisión de los documentos, es así que toda la Información a la cual se está refiriendo de lo gestionado por AyA en la Dirección03, podría ser catalogado como: Expediente de disponibilidad, donde el tiempo de conservación de estos documentos es de 3 años en Oficina y 7 años más en el CEGEDI ( Centro de Gestión de Documentación e Información ) o Expediente de Nuevos Servicios, donde el tiempo de conservación de estos documentos es de 3 años en Oficina y 7 años más en el CEGEDI o Expediente de Recursos de Amparo, el cual se mantiene en Oficina mientras el mismos este en proceso y 2 años en el CEGEDI o Expediente de Denuncia de la Defensoría y MINSA, el cual se mantiene en Oficina 4 años y 1 año en el CEGEDI, etc. De tal manera corresponde que especifique cuál de la anterior información requiere, y además que demuestre cuál es su interés y legitimación dado que gran parte de la documentación es privada y corresponde comunicar por parte del AyA, de tal gestión al propietario correspondiente”.\n\nSin embargo, dada la redacción de la pregunta y según lo explicado ut supra, se estima que la respuesta no es atinente.\n\n \n\nLa pregunta 2 continúa “…y así como la lista de sistema tratamiento aguas residuales de cada actividad aprobada por el AyA y otras entidades competentes”.\n\nAl respecto, el ICAA contestó:\n\n“Respecto a la lista de los sistemas de tratamiento de aguas residuales aprobados por AyA u otras entidades, es importante aclarar que según la Normativa vigente, el AyA únicamente aprueba los sistemas de tratamiento de aguas residuales correspondientes a Proyectos habitacionales, la gran mayoría de los sistemas de aguas residuales utilizados, corresponden a Tanques Sépticos y Drenajes de vivienda individual que son aprobados por el Ministerio de Salud, el cual es el ente competente en esa materia. Únicamente se cuenta a la fecha con un Proyecto Habitacional, al cual el AyA ha brindado aprobaciones para su construcción, este caso corresponde al N° 2, de la Tabla N°2, del informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740, denominado “Apartamentos Matama Village”. (El subrayado es agregado).\n\nSegún se observa, el ICAA señaló que únicamente cuenta con un proyecto aprobado, denominado “Apartamentos Matama Village”, por lo que se considera atendido el extremo.\n\n \n\nEn cuanto a la pregunta 3, la Sala verificó que el accionante inquirió lo siguiente: “3.- ¿Cuáles propiedades tienen formación de dolinas en la zona 6 y qué actuaciones se han realizado al respecto para garantizar su no afectación así como en que (sic) situación actual sencuentra (sic)? se solicita aportar todo informe, resolución, actas de inspección y demás documentación que al respecto conste en los archivos de la Dirección de Gestión Ambiental y la Región Huetar Caribe. Además indicar bajo que (sic) normativa jurídicos son tratados técnicamente estos sistemas, y como (sic) se asegura el AyA la salinización de las mismas”.\n\nAl respecto, el accionante reprocha en el amparo (identificándola erróneamente como pregunta 5): “El ICAA omitió brindar respuesta a lo consultado” y “…el ICAA omitió responder a lo consultado, con una forma evasiva que se puede apreciar en el apartado II del Informe de fecha enero 2025”.\n\nSegún la evidencia aportada por las partes, la respuesta del ICAA fue:\n\n“Respuesta Comisión Moín: Las dolinas son sistemas kársticos que tienen diferentes desarrollos, tamaños, formas y configuraciones, además constituye una conexión directa entre la superficie y el acuífero, por donde se produce la recarga directa del acuífero; por lo que para su identificación se requiere que un geólogo o hidrogeólogo de la institución competente, a partir de una inspección en campo, determine y corrobore, las características particulares de cada inmueble, para que la propuesta de realización de una actividad, considere su protección y manejo sostenible y sustentable. El AyA realiza la mayor cantidad de inspecciones de campo, a través del trámite de la disponibilidad del agua, cuando se pretende construir un nuevo proyecto o mediante la solicitud de un nuevo servicio de agua potable para una Instalación existente. En ambos casos el trámite es solicitado por el propietario registral y por ende se aprovecha para hacer la inspección de campo correspondiente. Es importante señalar que el estudio que fundamenta el Acuerdo de Junta Directiva 2007- 177, se basó en un análisis integral, el cual consideró las características geológicas, hidrogeológicas, balance hídrico subterráneo, vulnerabilidad de los sectores estudiados. En el caso de los proyectos nuevos, se procede a explicar el procedimiento seguido por la Región Huetar Caribe para verificar que la conceptualización de estos cumpla con las recomendaciones de regulación plasmadas en el Acuerdo de Junta Directiva de AyA N° 2011- 112, lo que incluye acciones para la protección de dolinas y análisis de los casos en la Comisión del Acuífero Moín, cuando un Proyecto con características especiales, así lo requiere. Antes de suministrar la carta de disponibilidad de agua para los nuevos proyectos dentro de la Dirección02, a los desarrolladores se les solicita una conceptualización del Proyecto que cumpla con los aspectos que se establecen en el Acuerdo de Junta Directiva AyA 2011-0112. Entre los aspectos a verificar en la concepción del Proyecto se tienen: 1. Cumplimiento del 20 % de área de impermeabilización del Proyecto: Para ello se solicita un diseño de sitio y tabla de áreas que identifique el uso de todas las áreas del proyecto. 2. El Proyecto debe contar con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Alcantarillado sanitario, para lo cual se debe indicar el Cuerpo de Agua Receptor o Reuso del agua residual. 3. Indicar si existen dolinas o sumideros dentro de la propiedad. Se solicitan las curvas de nivel del terreno, por lo menos a cada 25 cm. 4. Indicar el sitio de evacuación pluvial en el terreno, el cual puede corroborarse con las curvas de nivel de este. Este aspecto se solicita de esta manera, por que dada la ausencia de cuerpos de agua dentro de la Dirección03, algunos proyectos descargan sus aguas pluviales dentro de las dolinas. 5. En el caso de Urbanizaciones, Condominios, lotificaciones y fraccionamientos, se revisan que la densidad de población no exceda una unidad habitacional por cada 1000 metros cuadrados o una densidad menor o igual a 50 habitantes por Hectárea, establecida la misma en la Matriz de Vulnerabilidad de la Contaminación de SENARA. Una vez verificado que el bosquejo del Proyecto cumple con estos requerimientos, entre los cuales se tienen la no afectación de dolinas, se procede a realizar una inspección institucional y verificación de la información aportada en campo, si la conceptualización del Proyecto es acorde con lo indicado en los Acuerdos de Junta Directiva; se otorga la carta de disponibilidad de agua para que los desarrolladores tramiten el proyecto, cumpliendo con toda la normativa ambiental aplicable. Finalmente, si se detecta alguna particularidad del Proyecto, se lleva el caso a la Comisión Moín, donde se verifica si la conceptualización de este cumple con el Acuerdo de Junta Directiva del AyA. De ser necesario, se programan las visitas con los especialistas ambientales y jurídicos del Instituto. En el caso de protección de dolinas, se ha tenido que readecuar la concepción original de algunos proyectos, para que no afectar estas formaciones geológicas, un ejemplo es el esquema de sitio mostrado en la Figura N° 3, lo que evidencia que, desde la conceptualización del Proyecto, ya se garantiza la protección de dolinas; claro está en proyectos que cumplan con el requisito de solicitar la disponibilidad de agua. (Se inserta figura denominada “Figura 3: Conceptualización de Proyecto en la Zona 6 del Acuífero de Moín, que considera la protección de Dolinas”.) Además, la UEN Gestión Ambiental del AyA, contrató los Servicios para el levantamiento, identificación y sistematización de información técnica como un mecanismo de integración de la información bajo el concepto de cuenca, aplicación mediante un estudio fotogramétrico y Lidar sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín. Entre los resultados obtenidos y tal y como se muestra en la Figura N° 4, se logró determinar dolinas, sumideros y depresiones topográficas dentro de la zona, lo que permite contar con información de soporte importante para determinar la posible afectación de dolinas por parte de Proyectos dentro de la zona 6 del Acuífero Moín; siendo un insumo importante para los estudios de campo posteriores (en caso de que sea necesario) por parte de los especialistas en esta materia, los cuales corroborarán en definitiva si existe afectación de dolinas por la ejecución del Proyecto solicitado y las medidas de protección necesarias para cada caso en particular. (Se inserta figura, denominada: “Figura Nº 4. Muestra la ubicación de dolinas, sumideros o depresiones sobre la Zona 6 del Acuífero de Moín y su posible profundidad”) De conformidad con las consideraciones anteriores, nótese que el mismo Acuerdo N°2011- 177 establece en su Por tanto: \"… Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otro medio\". Si bien la normativa no ubica de forma taxativa la regulación de dolinas, corresponde indicar que en fecha 17 de octubre de 2022, el MINAE por medio de la Dirección de Aguas determinó mediante oficio DA-UHCAROG-0478-2022: \"… Sumidero es el nombre del cauce que recibe el agua de la lluvia o de algún tipo de corriente superficial. El término se vincula al verbo sumir, que refiere a sumergir o hundir. El sumidero, por lo tanto, permite sumir las aguas. Por lo general se trata de una depresión circular que, a nivel geológico, se conoce como dolina. Las dolinas suelen formarse en superficies calizas, tienen una profundidad variable y cuentan con paredes de importante inclinación. Según la Ley de Aguas, Ley N° 276 en su artículo 31, en el cual se define la declaración de reservas de domino en favor de la nación; se menciona en su inciso b: \"b) La zona forestal que protege o debe proteger el Conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas aguas\". ( … )” Por jurisprudencia la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha determinado lo siguiente, al momento de valorar las actividades que se ubican sobre un manto acuífero, debiendo considerar los lugares en donde se realiza la infiltración (donde técnicamente se conceptualiza el sumidero anteriormente citado) de las aguas de manera natural: “...a) Perímetros de protección de los mantos acuíferos: Uno de los instrumentos más novedosos en la protección de los recursos hídricos es la definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno. Esta medida de intervención administrativa busca preservar la calidad y cantidad del agua contenida pero también de su continente, esto es, de la formación geológica denominada acuífero. Esa actividad consiste en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de éste, en la que se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico –ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas- y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo –a través de autorizaciones- (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios –almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.). Evidentemente, la definición de perímetros por las autoridades nacionales –MINAE e ICAAdebe ser respetada por los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU (dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales) para compatibilizar, desarrollar y reflejar efectivamente los condicionamientos establecidos en la definición de los perímetros de protección en la normativa contenida en los respectivos Planes Reguladores sobre los usos de suelo o de ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación, de construcciones, etc.). Obviamente, a lo anterior debe añadirse la protección alrededor de las áreas de captación (pozos -PPP: perímetros de protección de los pozos-, manantiales, nacientes, etc.-), mediante la definición de una zona alrededor en la que se prohíban o limiten determinadas actividades humanas regulándose o controlándose el uso del suelo. La determinación del perímetro depende de la zona de captura o de carga del pozo (ZOC) y su extensión depende de las características y propiedades del área de captación y del terreno de recarga, puesto que, las normas no pueden ser iguales para el caso de terrenos permeables o fisurados que para los que tengan formaciones impermeables. La definición de perímetros debe conjugarse con la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes. Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b) áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones, supuesto en el cual se debe inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas… El contenido de la norma es sumamente significativo y rico, puesto que, habilita al Estado para adoptar cualquier medida oportuna para evitar los daños y perjuicios irreversibles que podría provocar un estado de emergencia por crisis hídrica. Evidentemente se trata, también, de una competencia que no ha sido ejercida responsablemente o infrautilizada. La Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, en su artículo 2°, establece que “Son de dominio público todas aquellas tierras que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Salubridad Pública –órganos del Poder Ejecutivo que fueron sustituidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por virtud de su Ley de Creación No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas y, más concretamente, el artículo 2°, inciso h), que le encomendó hacer cumplir la Ley General de Agua Potable- consideren indispensables para construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesarios de las mismas (...)”, evidentemente, esta norma tiene una enorme trascendencia, puesto que, se declara de dominio público las áreas de captación que pueden incluir los manantiales o nacientes –forma de descarga natural de las aguas subterráneas- y, lo que es más importante, le otorga la condición de bien demanial a todos aquellos terrenos necesarios para asegurar la protección sanitaria y física y su caudal, lo cual, necesariamente, incluye las áreas de recarga de los mantos acuíferos claramente delimitadas a través de la actividad perimetradora ya indicada, puesto que, la desprotección de estas zonas incide, necesariamente, en la calidad –por contaminación- y caudal –por impermeabilización o sobreexplotación- de las aguas para consumo y uso humanos que brotan de un manantial. La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 33, incisos a) y d), respectivamente, dispone que son áreas de protección las “ (...) que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal” y “Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley”, evidentemente estas normas le dan sustento a la actividad o intervención administrativa para definir los perímetros de protección de los acuíferos y zonas de captación. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 13 de octubre de 1995, en su artículo 51, indica que para la conservación y uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: “a) Proteger, conservar y en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico”, “b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico” y “c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”. Se establece así la necesidad de proteger y conservar la integridad y unidad del ciclo hidrológico sin hacer distinciones, el cual comprende, especialmente, las aguas subterráneas. Finalmente, los artículos 5°, inciso e), párrafo in fine de la Ley de Creación del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) y 15 de la Ley de Creación del SENARA (No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas) coronan el marco normativo para la protección institucional de las aguas subterráneas al indicar, respectivamente, “Se declaran de utilidad pública y de interés social, y podrán ser expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...)” “Declárense de interés público las acciones que promueve el Estado, con el objeto de asegurar la protección y el uso racional de las aguas (...)”. En el ordenamiento jurídicoadministrativo de las aguas nos encontraremos, también, con una serie de obligaciones y cargas impuestas a los particulares y sujetos de derecho público –entes y órganos públicospara una adecuada protección del dominio público hidráulico subterráneo y superficial. Así la Ley de Aguas de 1942 y otros cuerpos legislativos, establecen una serie de prohibiciones y obligaciones para los propietarios y usuarios de los manantiales –que son un componente del área de descarga de un manto acuífero-, como las siguientes: a) los usuarios o concesionarios deben ajustarse a los reglamentos de policía y salubridad en cuanto a las aguas sobrantes que son devueltas a un manantial para evitar contaminaciones o fetidez –de no hacerlo pueden perder el aprovechamiento especial y sufrir pena de multa- (artículos 57 y 166, inciso III, ibidem)… La Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, de su parte, contiene normas específicas para la protección y conservación efectiva de las aguas subterráneas, así el artículo 275 estipula que \"Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas superficiales, subterráneas (...) directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza, que, alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación\". Por su parte el numeral 276 establece que solo con permiso del Ministerio se podrán hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima, \"(...) ciñéndose a las normas y condiciones de seguridad reglamentaria y a los procedimientos especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos inocuos”. Los artículos 285 y 291 de ese cuerpo normativo, respectivamente, obligan a toda persona a eliminar las excretas y aguas negras de forma adecuada y sanitariamente para evitar la “contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano” y prohíben la descarga de residuos industriales o de establecimientos de salud en el alcantarillado para “evitar la contaminación de las fuentes o cursos de agua”. Finalmente, el artículo 309 de esa ley establece que a los urbanizadores el Ministerio de Salud les aprobará el proyecto, entre otras cosas, si éste \"(...) dispone de sistemas sanitarios adecuados (...) de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas”…” (Voto: 1923-04 »Expediente: 03-000468-0007-CO SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro.) En resumen, para lograr la protección de las Dolinas dentro de la Zona 06 del Acuífero de Moín, el AyA en el ejercicio de sus potestades de Ley, establece mediante el Acuerdo de Junta Directiva 2011-112, la cartografía de vulnerabilidad al delimitar el área de la zona 06 y oficializándola como una zona de la alta vulnerabilidad Acuífera, estableciendo las recomendaciones de regulación de las actividades a desarrollar bajo esta categoría; donde para poder definir los perímetros de protección de dolinas, se realizan inspecciones por parte de profesionales capacitados para verificar en sitio, las condiciones necesarias para proteger estas formaciones; antes de brindar la disponibilidad de agua para que se dé el inicio de los trámites de cada proyecto nuevo que quiere desarrollarse dentro de la zona 06. Finalmente, de todos los estudios realizados de calidad de agua, no se ha identificado la salinización de ninguna de estas formaciones”. (El subrayado es agregado).\n\nLa Sala descarta el reproche genérico, formulado por los accionantes, con respecto a esta pregunta. En efecto, se verifica que la figura 4 muestra la ubicación de las dolinas en las propiedades de la zona 6, así como su profundidad. Además, el último párrafo (subrayado) explica la protección de dolinas en la zona 6 y que no se ha identificado salinización. En ese tanto, se desestima el reproche genérico formulado.\n\n \n\nAtinente a la pregunta 4, la Sala observa que contiene en sí diferentes preguntas.\n\n“4. En el informe GSP-RHC-2024-00849 se indica en lo conducente gente lo siguiente: “…Región Huetar Caribe del AyA, existen denuncias presentadas por la realización de Proyectos en este terreno, sin considerar el criterio de AyA en una zona de abastecimiento estratégico para la población de Limón y del País en general; luego de una intervención por parte del MINAE y solicitada por la Región, se identifica que el proyecto aprobado por SETENA…” Al respecto requerimos lo siguiente: a.- ¿Cuáles proyectos han sido denunciados en la zona 6, ante o por parte del AYA? Favor especificar fundamentación técnica y legal de cada denuncia que el AyA haya interpuesto”.\n\n \n\nEsta pregunta fue contestada por el ICAA de la siguiente manera:\n\n“Tal y como se indicó en la respuesta N° 1, se tiene registro desde el año 2003 a la fecha, de 18 denuncias presentadas ante las instancias competentes, como por ejemplo la Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, MINAE, SETENA y a otras instancias administrativas como lo es el Tribunal Ambiental Administrativo. Considerando que el AyA no tiene poder sancionatorio ni le corresponde regular la materia urbana, este instituto ha solicitado la revisión, visita, inspección en coordinación con otras instituciones (MINSA, Municipalidad, MINAE, SETENA), para que, de conformidad con sus competencias, se verifiquen las actividades ubicadas en la Dirección02, de manera que se constate que se encuentren cumpliendo las medidas definidas en su autorización, que dichas instituciones indiquen nuevas medidas que resulten aplicables, así como la verificación de no afectación al abastecimiento poblacional, la salud y al ambiente. La particularidad de cada una de las 18 denuncias realizadas está documentada en los Oficios RHA-OM-2013-0666 (adjunto) del 09 de abril de 2013, donde se describen los 7 primeros casos denunciados y en el Informe técnico de respuesta al oficio PRE-J-2022-01740 (adjunto), donde se describen 9 casos de denuncias realizadas por AyA, hasta el año 2022. En el año 2024, se presentaron dos denuncias respecto actividades que se realizaron en el Acuífero Moín, una es el almacenamiento de “Coke” en la propiedad L-1540220-2011, que corresponde a una actividad posiblemente tipo de riesgo A, que fue denunciada ante el Ministerio de Salud, Municipalidad de Limón y al SINAC; por no contar con las autorizaciones de Ley para esa actividad y la última corresponde a la realizada a su representada. Tal y como se desprende de esta información, existe una gran cantidad de casos, que son muy diversos y en los cuales se demuestra un abordaje por parte de AyA para evitar todo riesgo de contaminación y garantizar la conservación del Acuífero de Moín. En cuanto al fundamento legal, para solicitar intervención, visita, inspección, denuncia, se aclara de la siguiente forma: Existe una rectoría del Instituto en función técnica y normativa de abastecimiento y recolección, derivada de lo que en ese sentido dispone la Ley No. 2726 en sus artículos 1 y 2 cuando indica: Artículo 1.- (*) Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado. Artículo 2.- (*) Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación; c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas; d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones; (..) f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades; (…) h) Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley; (…).” En lo que respecta a las competencias en esta materia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Sala Constitucional ha dictaminado lo siguiente en el Expediente 03-000468-0007-CO, Voto 2004-01923: (…) El AyA como ente competente en la instalación, mantenimiento y protección de captaciones de abastecimiento poblacional y redes de alcantarillado sanitario, asume una responsabilidad de fiscalización, mantenimiento, control, vigilancia y debido cuidado en la continuidad, calidad y eficiencia del servicio, por ello corrobora y verifica con los medios y la tecnología adecuada, con la coordinación de las demás instituciones competentes entre ellas Ministerio de Salud, Municipalidad, MINAE (Por medio del SINAC, Dirección de Agua, SETENA), que las actividades circundantes no afecten el recurso hídrico, ambiente y las fuentes captadas para abastecimiento poblacional bajo su administración. Lo anterior además de ser una competencia es un mandato que debe ejercer de forma permanente en todas las zonas estratégicas de abastecimiento poblacional bajo su administración. La consideración anterior, fue valorada y definida en la Resolución Nº47-2023-V del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN QUINTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las 08:30 horas del 08 de junio del 2023. “... Así, se ha logrado constatar que la conducta administrativa en cuestión, concretamente ambos acuerdos, parten del hecho -antecedente fáctico- de que el área denominada como zona 6 forma parte del acuífero de Moín-Limón, y que ésta es un área que sirve de abastecimiento del recurso hídrico de una parte importante de la población de Limón, de lo cual se sigue que el ente accionado, tiene la obligación legal - antecedente fáctico- de llevar a cabo acciones para preservar y proteger esa zona, tal y como se dispone en el artículo 2° de la Ley N°2726... por mandato de ley, el Instituto tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para su conservación, conducta que en este caso se plasmó, exteriorizó o manifestó, en los acuerdos N°2007-177 y N°2011-112 emitidos por su Junta Directiva, y que además contaron como antecedente de carácter técnico el Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín Limón elaborado por la Hidrogeóloga del Área de Gestión Ambiental del AyA Viviana Ramos Sánchez...”. (El subrayado es agregado)\n\n \n\nLa Sala estima que la pregunta fue debidamente atendida, visto que el ICAA aclaró la manera (técnica) en que ha intervenido, remitió la información respectiva a los casos y aclaró su fundamentación legal. A partir del reclamo genérico formulado, no se determina una lesión a los derechos de los accionantes.\n\n \n\nEl punto b) de la pregunta 4 indica:\n\n“b.- ¿Que actuaciones se han realizado en cada denuncia?”\n\n \n\nEl ICAA respondió:\n\n“R/ En el caso del AyA la emisión de informes técnicos de recomendaciones dirigidos a los entes competentes, quienes de conformidad con su normativa propia les corresponde emitir las medidas y resolver lo que consideren. La respuesta a la pregunta 1 y la respuesta al inciso a) de la pregunta 4 desarrollan lo solicitado”.\n\nNuevamente, este Tribunal no observa una respuesta irregular, dado que el ICAA atendió la gestión genérica de manera genérica. En caso de requerir aclaraciones, bien puede la parte interesada formularlas.\n\n \n\nEl punto c) de la pregunta 4 se señala:\n\n“c.- ¿Cuenta cada denuncia con un expediente administrativo? Si los hay, requerimos una copia completa de dicho expediente”.\n\n \n\nLa respuesta del ICAA fue:\n\n“R/ De conformidad con la clasificación de información privada y al tratarse de casos en investigación no corresponde facilitar una categoría de expediente de denuncias, que se encuentren en investigación, únicamente la persona física o jurídica que fuese denunciada es la que tendría acceso y a quien le corresponde generar la autorización. Es necesario considerar lo dispuesto en la DIRECTRIZ EJECUTIVA N° 073-MP-MEIC-MC: \"Artículo 2°.- Para efectos de la presente Directriz se entenderá por información de acceso público cualquier tipo de dato que sea generado o resguardado por quien ejerza una función o potestad pública y que no tenga su acceso restringido por ley.” En el Expediente 05-001962-0007-CO, Resolución Nª 2005009855 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y quince minutos del veintinueve de julio del dos mil cinco; define que los expedientes correspondientes a denuncias son de carácter privado y su fase de investigación no permite facilitar esa información a personas ajenas al trámite en cuestión, siendo en consecuencia una vez clausurada la investigación, al ente encargado de resolver la determinación de facilitar el expediente solicitado: (…) Corresponde aclarar que este Instituto lo que ha realizado han sido gestiones de coordinación para el acompañamiento con el MINSA, MINAE y la Municipalidad, como una acción preventiva de control y vigilancia de las actividades circundantes, cuyos oficios se han enlistado en las respuestas anteriores y que ha correspondido a esas instituciones dentro del marco de sus competencias las emisiones de las ordenes correspondientes de corrección, modificación y adecuación, dado que este Instituto no tiene competencia ordenatoria de suspensión o de cierre. En la respuesta a la pregunta 1 y la respuesta al inciso a) de la pregunta 4 desarrollan lo solicitado, este Instituto sólo le puede facilitar copia de los informes generados en los puntos anteriores; los expedientes administrativos se encuentran en custodia del ente competente encargado en resolver (MINSA, SETENA, MINAE, u otros), por lo que en caso de requerirlos se recomienda que se apersone ante dichas instancias y demuestre de conformidad con la Ley 8220 su legitimación en caso de encontrarse dichos expedientes en fase de investigación”. (El subrayado es agregado).\n\n \n\nLa Sala nota que el ICAA fue expreso en indicar que no tiene custodia de los expedientes administrativos, pues su labor ha sido de coordinación con otras instancias. En todo caso, según la jurisprudencia de este Tribunal, el acceso a los expedientes administrativos puede ser limitado, según la vertiente ad intra del derecho de acceso a la información:\n\n“III.- SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Es el contenido del artículo 30, de la Constitución Política, el que establece la posibilidad de acceso a los archivos y a los departamentos públicos, con el fin de que todas las personas puedan conocer la información que reviste de interés público. Esta Sala, en su jurisprudencia -v. gr. Sentencia N° 2008-004460 de las 17:14 horas de 25 de marzo de 2008-, ha señalado que el numeral citado supra, garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de inter és público, siendo que este derecho se constituye como un medio de control en manos de los administrados, puesto que, les permite ejercer un óptimo control de legalidad y de oportunidad, conveniencia o mérito, de las Administraciones Públicas. Asimismo, este Tribunal ha señalado que tal reconocimiento no es ilimitado, y como todo derecho constitucional, posee límites. Así, dentro de las excepciones al goce de este derecho, se encuentra el acceso a información calificada como secreto de Estado y a la información contemplada dentro de los procedimientos que se encuentran en fase de investigación o que se encuentran en desarrollo. Esto conlleva a la distinción entre el acceso a la información correspondiente a documentación administrativa y el acceso a documentos que forman parte de un procedimiento administrativo, siendo que en el primero de los caso, se le brindará lo requerido a quien lo solicite, al ser un sujeto ad extra; en el segundo caso, solo se ofrecerá  la información que soliciten las partes que se encuentran inmiscuidas en el proceso, es decir, ad intra. De esta forma, los diversos órganos de las Administraciones Públicas tienen la obligación de rendir la información pública requerida por los interesados, esto dentro del menor plazo posible”. (Sentencia nro. 2025007103 de las 9:20 horas del 7 de marzo de 2025).\n\n \n\nEn el punto d) de la pregunta 4 se indica:\n\n“d.- ¿Se han realizado informes de cada denuncia?”.\n\n \n\nEn cuanto a este punto, el ICAA respondió:\n\n“Luego de cada visita conjunta este Instituto emite un informe técnico que enlista las recomendaciones correspondientes.\n\nAdicionalmente, es importante indicar que de acuerdo con la “Tabla de ¨Plazos de Conservación de Documentos” para subfondo Recolección y tratamiento (Adjunto); en el caso de denuncias, el tiempo de custodia en Oficina es de 4 años y 1 año en el archivo Institucional, de tal manera dado a que de las 18 denuncias presentadas, las 16 primeras son anteriores al 2019, sería difícil obtener esta información”.\n\n \n\nEste Tribunal estima que la pregunta sí fue atendida por el ICAA, dado que ese instituto indicó que él emite un informe técnico cuando realiza una visita conjunta.\n\n \n\nLuego, en el punto e) de esa pregunta, se inquirió:\n\n“¿Existe proyectos industriales en la Dirección02 que no han sido investigados? De acuerdo al Plan Regulador actual del cantón central de Limón ¿Que calificación de vulnerabilidad acuífera se da a la finca donde se desarrolla nuestra actividad?”.\n\n \n\nEl ICAA respondió al respecto:\n\n“Tal y como se indicó en la respuesta N° 1, el AyA no investiga proyectos industriales; el AyA ha emitido criterio y valoraciones en aquellos casos en los cuales se han realizado: denuncias , solicitudes de disponibilidades de agua potable para que los Proyectos Nuevos sean desarrollados en armonía con la protección del recurso hídrico del Acuífero Moín y solicitudes de nuevos servicios de agua potable para instalaciones existentes, donde antes de brindarlos, se debe verificar que las actividades realizadas no ponen en riesgo el Acuífero. Se recomienda al interesado realizar consulta al Ministerio de Salud (ente competente) sobre los proyectos industriales que se han desarrollado en la Zona 6. Respecto al Plan Regulador del Cantón Central de Limón, ya de forma anterior se había generado un mandato al Gobierno Local de que se incluyeran las consideraciones y recomendaciones del AyA en el Plan Regulador, la Sala Constitucional, al considerar la naturaleza de los Acuerdos emitidos por el AyA 2007-177 y 2011- 112 (que modificaron las disposiciones establecidas en el acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 del catorce de abril del mil novecientos ochenta), en el Exp: 06-015593-0007-CO Res. Nº 2008-004751, de las doce horas y cero minutos del veintisiete de marzo del dos mil ocho. (…) El Acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 de la Junta Directiva del AyA, fue derogado por el Acuerdo 2007-177 publicado en la Gaceta N° 83, del miércoles 2 de mayo del 2007 y este a su vez fue modificado parcialmente por el acuerdo de Junta Directiva No. 2011-112, emitido en fecha 07 de abril y el requisito de la comunicación se realizó el día 02 de mayo del 2011, en el Diario Oficial La Gaceta No. 83. Lo anterior fue debidamente comunicado al Gobierno Local mediante oficio PRE-1426-2012 (Adjunto), con la finalidad de que contara con la última versión y esta fuera incorporada en el Plan Regulador. A manera de recordatorio, se remitieron por parte de la Comisión Moín los siguientes oficios N° UEN – GA – 2018 – 00322 con fecha marzo de 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 con fecha abril de 2018, UEN – GA – 2018 – 01827, con fecha octubre de 2018 y UEN – GA – 2018 – 1975, con fecha noviembre de 2018 dirigidos al Gobierno Local y al Ministerio de Salud. (Dentro de la notificación de AyA a otras instancias se tienen los documentos enviados por doña Yessenia Calderón a SETENA y a la Municipalidad de Limón desde el año 2012 – entonces presidente ejecutivo del AyA. Ambos oficios tienen el mismo consecutivo (PRE1426-2012 y cuenta con el sello de recibido). De manera reciente con ocasión de la respuesta al Expediente 22-008354-0007-CO, en Minuta SINAC-ACLAC-DAP-022-2022 por parte de la Municipalidad se indicó “...que de momento no es oportuno la presentación de lo avanzado con el plan regulador, debido a que se mantiene en un estado de documento borrador, e indica que se realizará la valoración para cuando se tenga un producto más avanzado...” El Plan Regulador nunca fue consultado al AyA, por lo que el Instituto tiene conocimiento de sus alcances en referencia a la Zona 6, únicamente mediante la publicación realizada en el Alcance No. 191 A LA GACETA No. 182, el miércoles 4 de octubre del 2023. El AyA mediante oficio GSP-RHC-2025-00048 (adjunto), realizó consulta a la Alcaldesa de la Municipalidad de Limón y al Concejo Municipal sobre si las recomendaciones de los Acuerdos de Junta Directiva del AyA fueron incluidos en el Plan Regulador de Limón, indicando además: • A la fecha del presente oficio, no se encuentra disponible en la página de la Procuraduría, ni en la página web de la Municipalidad de Limón. • Existe una publicación en el Alcance No. 191 A LA GACETA No. 182 del día miércoles 4 de octubre del 2023 • No se ha tenido respuesta a la solicitud de información del Plan regulador que realizó el AyA a la Municipalidad (GSP-RHC-2020-02718). Revisada la plataforma oficial de la Procuraduría General de la República únicamente consta la publicación del Plan Regulador (https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NR M&nValor1=1&nValor2=47365&nValor3=50242&strTipM=FN), en la Gaceta 209 del 31 de Octubre de 2001. Es importante además indicar que no se tienen los insumos suficientes, ni la escala adecuada para responder su consulta sobre la calificación de vulnerabilidad de la Finca de su representada, según el Plan Regulador. Se recalca que el AyA a partir de los Acuerdos Junta Directiva 2007-177 y 2011-112, ha oficializado que la Vulnerabilidad es Alta”. (El subrayado es agregado).\n\n \n\nSegún se extrae de las frases subrayadas, las preguntas de la parte accionante sí fueron atendidas por el ICAA. Debe recordarse que la mera disconformidad con la respuesta brindada no constituye una infracción al numeral 27 constitucional.\n\nAsimismo, la Sala resalta que las objeciones de la parte recurrente a las respuestas del ICAA fueron expresadas de manera genérica (verbigracia: “En torno a las preguntas a, b, c, d, y e, hay omisión y evasión de información en la respuesta brindada…”) o como una disconformidad (por ejemplo: “…[el recurrido] faltó a la verdad y con ello negó información pública...), por lo que, en los términos planteados, no se observa una lesión a sus derechos.\n\n \n\nCon respecto a la pregunta 5, en el oficio se solicitó al ICAA:\n\n“5.- Están ustedes enterados que existe un funcionario del AyA que representa esa instancia en la Comisión Plenaria de SETENA? ¿Conocen cuáles son las funciones del representante del AYA en la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental?. ¿Qué actividades han desarrollado con SETENA, en concordancia con el principio de coordinación institucional?”.\n\n \n\nEl instituto accionado respondió:\n\n“Se tiene pleno conocimiento de la funcionaria representante del AyA en la Comisión Plenaria de la SETENA, así como de las funciones que desempeña dentro de la Comisión. El AyA, ha comunicado a la SETENA los Acuerdos de Junta Directiva (PRE-1426-2012), así como los mapas correspondientes a la Zona 6, cuya vulnerabilidad y aplicación de recomendaciones de regulación, son de acatamiento obligatorio. En lo que corresponde al quehacer de la SETENA, es la responsable de definir a cuáles instituciones realiza consultas, así como la verificación o no, de la existencia de la disponibilidad de servicio de agua potable, por lo que se recomienda redireccionar su consulta a esta instancia”.\n\nAhora bien, la Sala nota que la parte recurrente confunde el contenido de esta pregunta en su escrito de interposición, donde indicó que tal contenido era: “5.- ¿Cuáles propiedades tienen formación de dolinas en la zona 6 y qué actuaciones se han realizado al respecto para garantizar su no afectación así como en que situación actual sencuentra? se solicita aportar todo informe, resolución, actas de inspección y demás documentación que al respecto conste en los archivos de la Dirección de Gestión Ambiental y la Región Huetar Caribe. Además indicar bajo que normativa jurídicos son tratados técnicamente estos sistemas, y como se asegura el AyA la salinización de las mismas”.\n\nDebido a esa confusión, la Sala no puede deducir del escrito de interposición reproches concretos en contra de la respuesta brindada por el ICAA a la pregunta 5. En todo caso, no se deriva del contenido de tal respuesta alguna lesión ostensible a los derechos de los tutelados.\n\n \n\nMediante la pregunta 6, los accionante preguntaron al ICAA:\n\n“6.- ¿Existe alguna correspondencia en el pasado entre la Dirección de Gestión Ambiental y la Región Huetar Caribe o cualquier otro departamento del AyA con el representante del AYA en SETENA, o alguna instrucción específica de esa dirección como capacitaciones y otros a los administrados? (sic) comunicando, informando o instruyendo alguna directriz en relación con la “Zona 6”. Si existe ese tipo de correspondencia o comunicación, solicitamos obtener copia”.\n\n \n\nEn respuesta, el ICAA indicó:\n\n“El AyA en acatamiento a lo solicitado por la Sala Constitucional en el Exp: 06-015593-0007- CO Res. Nº 2008-004751, las doce horas y cero minutos del veintisiete de marzo del dos mil ocho, mediante oficio PRE-1426-2012, comunicó formalmente los alcances de los acuerdos 2007-0177 y 2011-112 a la SETENA y a la Municipalidad de Limón, por lo que no corresponde brindar capacitación, sino la aplicación de la vulnerabilidad y las recomendadas dadas en los Acuerdos de Junta Directiva. Sin perjuicio de lo anterior, para el abordaje de los casos ubicados en la Zona 6, el AyA a través de la Comisión Moín, ha realizado charlas, reuniones e inspecciones de campo, sobre aspectos técnicos a diferentes instancias (MINSA, Municipalidad, MINAE, etc), por ejemplo una exposición el 19 de junio de 2019, al Concejo Municipal de Limón que consta en actas, sobre las características hidrogeológicas del acuífero Moín, así como los alcances ambientales, técnicos y legales en relación con los permisos de funcionamiento, patente y ubicación en la Dirección05”.\n\n \n\nLos accionantes reprochan que “El ICAA omitió brindar respuesta a lo consultado”. La Sala observa que sí hubo indicación expresa de que se comunicaron a la SETENA y a la Municipalidad de Limón los alcances de los acuerdos 2007-0177 y 2011-112. En vista de que el argumento se formula de manera genérica, este Tribunal no verifica una lesión a los derechos de los recurrentes.\n\n \n\nEn cuanto a la pregunta 7, los accionantes gestionaron:\n\n“En el informe GSP-RHC-2024-00849, se indica en lo conducente: “…la impermeabilización de 10 hectáreas de terreno, la realización de más de 73 mil metros cúbicos de movimiento de tierras en sitios donde existe varias dolinas, sin contar con un Estudio Hidrogeológico aprobado que garantice la no afectación al Acuífero, donde se cambia la vulnerabilidad acuífera de alta a media, lo que pone en riesgo de posible desabastecimiento a la población…” ¿En caso de presentarse Estudio Hidrogeológico que garantice la no afectación al Acuífero, ¿se podría dar por concluida la “preocupación del AYA” y con ello regularizar la situación del servicio de agua potable del proyecto de la Constructora Hutchinson?”.\n\n \n\nLa respuesta del ICAA fue:\n\n“En relación con la consulta, ya el AyA ha realizado los estudios técnicos hidrogeológicos integrales y detallados para la zona 6, basado en levantamientos de campo y el desarrollo de metodologías vigentes, el cual ha sido oficializados por la Junta Directiva del AyA. La elaboración de un estudio hidrogeológico para la zona en estudio debe tener como objetivo el demostrar que las actividades a realizar en el inmueble no afectan el recurso hídrico (Acuífero Moín) y su protección a las dolinas que se encuentren en la zona, partiendo de que en el Acuífero Moín en la Zona 6 la Vulnerabilidad es Alta, tal como lo cita la SETENA en la resolución N° 2057-2024-SETENA, en el punto 4: “Estudio hidrogeológico detallado que valide las condiciones del área de proyecto conforme a las nuevas obras a incorporar, así mismo el estudio deberá considerar las condiciones hidrogeológicas del acuífero Moín zona 6”. (el resaltado no es del origina)”.\n\n \n\nCon respecto a esta pregunta, los recurrentes expresan la siguiente disconformidad: “No se refirió en lo absoluto a la “preocupación” del AyA, ni a lo consultado sobre la regularización del servicio de agua para el proyecto de mi representada”.\n\n \n\nAtinente a este punto, la Sala considera que la pregunta de la parte accionante versa sobre un supuesto hipotético (“…En caso de presentarse…”, lo que no encuentra protección constitucional, según ha indicado esta Sala:\n\n“…lo cierto es que, de la lectura del memorial, se tiene que lo planteado fue una pregunta sobre una situación hipotética, y no una solicitud de información preconstituida o un documento específico, susceptibles de ser certificados por la Administración”. (Sentencia nro. 2020015233 de las 9:15 horas del 14 de agosto de 2020).\n\n“I.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Analizado el libelo de interposición del presente recurso, así como la prueba aportada al expediente, este Tribunal constata que lo expuesto por el recurrente en la gestión presentada el 25 de junio de 2020, ante la Ministra de Educación Pública, más que una petición simple o solicitud de información, corresponde, en realidad, al planteamiento de una situación hipotética. (…)\n\nPor lo anterior, cabe concluir que no resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 27 y 30, de la Constitución Política, por lo que lo procedente es rechazar de plano el recurso, como en efecto se dispone”. (Sentencia nro. 2020018148 de las 9:20 horas del 22 de setiembre de 2020).\n\nEn aplicación del criterio transcrito, se desestima el reclamo.\n\n \n\nEn lo que respecta a la pregunta 8, se observa que los accionantes indicaron que sí fue atendida.\n\n \n\nEn cuanto a la pregunta 9, los accionantes inquirieron:\n\n“9.- Las muestras según métodos para clasificación de la vulnerabilidad de los acuíferos en la zona de Moin, ¿Se realizó puntualmente en cada propiedad u obedece a una demarcación de un área específica por estudios de AyA? De ser así mediante estudio, ¿Como se clasificaron aquellas fincas que fueron muestreadas por el Autor que se definen como alta vulnerabilidad? Siendo que múltiples estudios y hasta el Plan Regulador de Limón ha variado los usos del suelo cuando propietarios han demostrado con estudios puntuales otra categoría, ¿Que respuesta da el AyA cuando los estudios, reitero puntualizados reflejan un resultado de afectación media e inclusive baja vulnerabilidad en un afinca en específico?”.\n\n \n\nEl ICAA respondió:\n\n“El estudio hidrogeológico integral realizado por el AyA, abarcó la totalidad de las 10 Zonas que constituyen el Acuífero Moín, en donde se recorrió la zona con los permisos de propietarios y administradores de fincas para la fecha en que se elaboró el estudio. El estudio hidrogeológico responde a un análisis integral para la toda la Zona y no es particular para un inmueble, por lo que las actividades a desarrollarse deberán ser compatibles con las condiciones del acuífero. La clasificación de la vulnerabilidad para las zonas del acuífero Moín, se basó en la metodología EPIK, la cual es la oficial para acuíferos kársticos, en la cual se determinó que la vulnerabilidad intrínseca es Alta (propiedades naturales del acuífero), las cuales fueron oficializadas en los Acuerdos de Junta Directiva del AyA”.\n\n \n\nEn el escrito de interposición, los accionantes cuestionan:\n\n“La entidad no respondió completamente a todas las partes de la pregunta. Falta una explicación sobre cómo se clasificaron específicamente las fincas con alta vulnerabilidad, y no se aborda la respuesta del AyA a los estudios contradictorios presentados por los propietarios”.\n\n \n\nVistas las preguntas específicas, contenidas dentro del punto 9, la primera señala: “¿Se realizó puntualmente en cada propiedad u obedece a una demarcación de un área específica por estudios de AyA?” Este punto se considera atendido cuando se indicó: “El estudio hidrogeológico responde a un análisis integral para la toda la Zona y no es particular para un inmueble…”. Por otro lado, la segunda pregunta (“De ser así mediante estudio, ¿Como se clasificaron aquellas fincas que fueron muestreadas por el Autor que se definen como alta vulnerabilidad?”) dependía de la respuesta a la primera que, en este caso, hacía innecesaria la respuesta a la segunda, pues fue “integral”.\n\nFinalmente, con respecto a la parte final de la pregunta (¿Que respuesta da el AyA cuando los estudios, reitero puntualizados reflejan un resultado de afectación media e inclusive baja vulnerabilidad en un afinca en específico?), la Sala considera que se trata de una situación hipotética, pues los consultantes no se refieren a un caso concreto donde algún estudio haya variado el uso del suelo. Tratándose de una pregunta hipotética, su falta de atención no constituye una lesión a los derechos fundamentales, según se explicó al analizar la pregunta 7.\n\n \n\nEn el punto 10, los accionante preguntaron:\n\n“10.- El hecho que el nuevo plan regulador de Limón califica la zona 6 como de mediana vulnerabilidad, implica que existe un conflicto de criterios técnicos entre el AYA y la Municipalidad de Limón?”\n\n \n\nEl ICAA contestó:\n\n“Corresponde indicar que de conformidad con la Ley 2726, el criterio que emite el AyA tiene carácter vinculante, por lo que la Municipalidad está obligada a su incorporación en el Plan Regulador. En la pregunta 4 inciso e) se indicó lo dispuesto por la Sala Constitucional, al considerar la naturaleza de los Acuerdos emitidos por el AyA 2007-177 y 2011- 112 (que modificaron las disposiciones establecidas en el acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 del catorce de abril del mil novecientos ochenta), en el Exp: 06-015593-0007-CO Res. Nº 2008-004751, las doce horas y cero minutos del veintisiete de marzo del dos mil ocho, así como las acciones de recordatorio y solicitud giradas por el AyA al Gobierno Local. Tal y como se indicó anteriormente, se realizó exposición por la Comisión Moín el 22 de mayo de 2019 en la oficina Regional del AyA – Huetar Caribe a la Municipalidad de Limón y al Ministerio de Salud, para abordar el tema de la Zona 6, Acuífero Moín en la provincia de Limón. Se dio una exposición, dada por Comisión Moín el 19 de junio de 2019 al Concejo Municipal de Limón de las características hidrogeológicas del acuífero Moín, así como los alcances ambientales, técnicos y legales en relación con los permisos de funcionamiento, patente y ubicación en la Zona 6 del Acuífero Moín Es importante señalar que para el momento en que se gestionó el proyecto de su representada (2019), el Plan Regulador no estaba aprobado (2023), por lo que, para toda gestión en el 2019, se debió considerar los Acuerdos de Junta Directiva, los cuales se mantienen vigentes”. (El subrayado es agregado).\n\nEn el escrito de interposición, los recurrentes reclamaron: “El ICAA omitió brindar respuesta a lo consultado” y “La pregunta 10 fue omitida por completo al responder de manera totalmente abstracta a lo consultado”. Sin embargo, la Sala estima que la respuesta atiende lo preguntado. En ese sentido, al inquirirse si existe un conflicto entre los criterios, el ICAA aclaró que su criterio es vinculante. Ergo, no habría conflicto, pues se debe asumir su criterio. En ese tanto, no se observa lesión a sus derechos.\n\n \n\nEl accionante indicó que las preguntas 11, 12, 13, 14 y 15 sí fueron atendidas.\n\n \n\nEn la pregunta 16, los recurrentes señalaron:\n\n“16.- ¿Cuáles empresas desarrollan su actividad mercantil en la Zona 6 Moín de Limón y si cuentan con disponibilidad de servicios de agua otorgado por Acueductos y Alcantarillados y de tenerlo, que requisitos se les han solicitado conforme a los acuerdos de Junta Directiva del AyA número 2007-0177 y 2011- 0112?”.\n\n \n\nEl ICAA respondió:\n\n“Este punto fue atendido ampliamente en la respuesta a la pregunta N°1 y N°3, específicamente para proyectos nuevos, los cuales contaron con disponibilidad de servicios para poder ser ejecutados y donde se explica el procedimiento seguido”.\n\n \n\nAtinente este punto, los accionantes señalaron:\n\n“No se responde a la solicitud sobre qué proyectos se han investigado en la Zona 6, ni tampoco de cuáles empresas desarrollan actividad en la zona 6. No se proporciona información sobre los resultados o informes de esos proyectos. La respuesta parece centrarse en la forma en que el AyA maneja los proyectos (resoluciones, evidencias), pero no aborda directamente la información solicitada sobre los proyectos investigados y sus resultados”.\n\n \n\nPara iniciar, la Sala descarta que se reclame que “No se responde a la solicitud sobre qué proyectos se han investigado en la Zona 6…”, toda vez que la pregunta 16 no inquiere sobre tal punto. Lo mismo puede decirse sobre los reclamos, derivados de esa premisa.\n\nLuego, a analizar las respuestas de las preguntas 1 y 3, no se deriva de ellas de manera expresa cuáles empresas desarrollan su actividad mercantil, sin cuentan con disponibilidad de agua y los requisitos solicitados. Naturalmente, el ICAA debe atender la gestión como en Derecho corresponda, sea brindando la información que tenga a disposición, o bien, justificando la imposibilidad de brindarla. En ese tanto, se estima que la gestión no fue debidamente atendida.\n\n \n\n \n\nEn cuanto a la pregunta 17, los recurrentes solicitaron:\n\n“17. ¿ Si al estar clasificado el inmueble identificado en el plano catastrado L-851838-1989, que desarrolla el Proyecto denominado Parque Logístico del Caribe, en el Plan Regulador de uso del suelo de la Municipalidad del Cantón Central de Limón publicado, publicado en el Alcance 191, a la Gaceta 182 del 04 de octubre del 2023, como zona de desarrollo urbano de mediana vulnerabilidad, ello disminuye el riesgo ambiental al acuífero, calidad y cantidad de agua de las fuentes y sumideros o dolinas, y aguas subterráneas en la Zona 6 Moín de Limón? (ver imagen seguida)”.\n\n \n\nEl ICAA respondió:\n\n“Este punto fue atendido en la respuesta a la pregunta N° 4 inciso e, pregunta N°9 y N°10.\n\n \n\nAl respecto, los accionantes reclaman:\n\n“No se responde de manera clara a lo consultado. No se menciona la calificación de vulnerabilidad acuífera para la finca mencionada, según el Plan Regulador del cantón de Limón. La respuesta es general y no aborda específicamente los puntos requeridos por la pregunta.”\n\n \n\nAhora bien, al revisar las respuestas mencionadas por el ICAA, este Tribunal no encontró que se informara expresamente sobre el inmueble de plano catastrado L-851838-1989, que desarrolla el Proyecto denominado Parque Logístico del Caribe, por lo que no se estima debidamente atendida la gestión. En consecuencia, se declara con lugar este punto.\n\nIV.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Sostengo que este asunto se debió rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve:\n\n“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre03 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.\n\n \n\nEn mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, colijo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.\n\nV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso, con respecto a los puntos 2, 16 y 17 de la gestión de la parte accionante. Se ordena a José Matarrita Cortés, en su condición de director de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que se atiendan los puntos 2, 16 y 17 de la gestión de los accionantes, como en Derecho corresponda, en el plazo máximo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y rechaza de plano el asunto. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRosibel Jara V.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n D2L47TUTP43X461\n\nEXPEDIENTE N° 25-006135-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección06, Dirección07, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:06:37.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty-five hours on the sixteenth of May two thousand twenty-five.\n\nA recourse of amparo processed under case file no. 25-006135-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED05, Nombre02, identity card CED06, on behalf of CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON S.A., legal identification number CED07, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nResultando:\n\n1.- By means of a document received by the Chamber on March 3, 2025, the petitioner files a recourse of amparo. They state that on November 15, 2024, via email addressed to the public employees Mr. José Matarrita Cortés and Mr. Alejandro Rodríguez Vindas, of the Huetar Caribe Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a public information request was submitted, with 17 questions related to pure and simple information, regarding the conditions, rules, and requirements governing the so-called Dirección01 (see regarding this, the table provided by the petitioner added to the case file). They detail that said request possesses the following characteristics: a) It is a note through which, exclusively, public nature information was requested (Article 3 of Law No. 9097). At no time (and this was clear to the respondent entity) was anything at all consulted regarding confidential information about any person. b) It was addressed to the employees of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Mr. José Matarrita Cortés and Engineer Alejandro Rodríguez Vindas of the Huetar Caribe Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, for the purpose of providing a response regarding information about the conditions, rules, and requirements governing the so-called Zona 6 of Moín, Limón; and, c) The reason for the formal note submitted to Mr. José Matarrita Cortés and Engineer Alejandro Rodríguez Vindas of the Huetar Caribe Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, was to obtain information that was absolutely of a public nature. They mention that on January 23, 2025, via email, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Huetar Caribe region, communicated official letter No. GSP-RHC-2025-00121 dated January 21, 2025, in which it sent a report that, according to its statement, addressed the pure and simple information inquiries that its represented party formulated on November 15, 2024. However, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados did not provide a response to all of the aspects that were consulted.\n\n2.- By resolution of 4:28 p.m. on March 5, 2025, the amparo was granted leave to proceed.\n\n3.- José Matarrita Cortés, in his capacity as director of the Huetar Caribe Region of the ICAA, reports under oath the following: \"FIRST: It is true that on November 15, 2024, via email addressed to the public officials Mr. José Matarrita Cortés and Alejandro Rodríguez Vindas, of the Huetar Caribe Region of the ICAA, a public information request was submitted, with 17 questions related to information, whose complexity and type of information is not completely pure and simple, concerning the conditions, rules, and requirements governing the so-called Dirección02 in Moín, Limón. In this regard, it should be noted that the emails of the officials José Matarrita Cortés (...01) and Alejandro Rodríguez (...02) are official for receiving inquiries from AyA in the Huetar Caribe Region. SECOND: It is not true as indicated by the petitioners that the formal information request submitted, indicated in fact no. 1, exclusively requested information of a public nature (Art. 3 of Law No. 9097). As the Constitutional Chamber will be able to analyze, there are several components of the response that are of a private nature, regarding which a clarification was requested in order to provide a response: '…regarding the request for case files, it is important to define the possibility of granting them. As indicated in the first response, AyA has filed complaints before different entities, processed New Developments, where technical criteria have been issued, positive and negative water availability, water capacity letters, potable water services have been granted, approval of treatment systems, criteria to respond to recursos de amparo, Inspections have been carried out on Existing facilities, which may be due to complaints, requests for potable water services, preparing a criterion for Environmental Programs, etc. All this documentation is not stored with the objective of generating a single file for each request; but rather, referring to the document “Table of Document Retention Periods” for sub-fund: UEN de Servicios al Cliente GAM and Sub Gerencia de Sistemas Periféricos (attached) and the “Table of Document Retention Periods” for sub-fund Recolección y tratamiento (Attached); the archiving and disposal of information is established based on the subject matter being addressed in the issuance of the documents, thus all the Information being referred to regarding the actions taken by AyA in Zone 06, could be classified as: Availability File, where the retention period for these documents is 3 years in Office and 7 additional years in CEGEDI (Documentation and Information Management Center) or New Services File, where the retention period for these documents is 3 years in Office and 7 additional years in CEGEDI or Amparo Appeal File, which is kept in Office while it is in process and 2 years in CEGEDI or Ombudsman and MINSA Complaint File, which is kept in Office for 4 years and 1 year in CEGEDI, etc. Therefore, you must specify which of the above information you require, and furthermore, demonstrate your interest and standing (legitimación) given that a large part of the documentation is private and it is AyA's responsibility to communicate such action to the corresponding owner…' (p.12 answer 2 of the Report Response Note 13-11-2024 CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON SOCIEDAD ANONIMA). In subsection c) of question 4, you requested a copy of the administrative files for each complaint, and you were informed that: '…In accordance with the classification of private information and given that these are cases under investigation, it is not appropriate to provide a category of complaint file that is under investigation; only the individual or legal entity that was reported would have access and is the one who must generate the authorization… It should be clarified that this Institute has carried out coordination efforts for accompaniment with MINSA, MINAE, and the Municipality, as a preventive action for the control and monitoring of surrounding activities, whose official letters have been listed in the previous responses and it has been the responsibility of those institutions, within the framework of their powers, to issue the corresponding orders for correction, modification, and adaptation, given that this Institute does not have the ordering power for suspension or closure… In the response to question 1 and the answer to subsection a) of question 4, what was requested is developed; this Institute can only provide a copy of the reports generated in the previous points; the administrative files are in the custody of the competent entity responsible for resolving (MINSA, SETENA, MINAE, or others), so if they are required, it is recommended that you appear before those instances and demonstrate in accordance with Law 8220 your standing (legitimación) in the event that such files are in the investigation phase...' (pp 26 and 28 of the Report Response Note 13-11-2024 CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON SOCIEDAD ANONIMA). Regarding point b), it is true that the inquiry was directed to the AyA officials, Mr. José Matarrita Cortés and Eng. Alejandro Rodríguez Vindas of the Huetar Caribe Region of the ICAA, for the purpose of providing a response regarding information about the conditions, rules, and requirements governing the so-called Zone 6 of Moín, Limón. Regarding point c) it is partly true that the reason for the formal note submitted to Mr. José Matarrita Cortés and Eng. Alejandro Rodríguez Vindas of the Huetar Caribe Region of the ICAA was to obtain information, but however, a large part of the information requested is of a private nature and not absolutely of a public nature, which is why the corresponding clarification was requested and you were asked to indicate if you had authorization, in compliance with the provisions of the Law on the Protection of Individuals regarding the Processing of their Personal Data No. 8968, which determines, in accordance with the provision of information, compliance with the Principle of Informed Consent, which seeks to communicate to the owner (of whom the information is requested), make known, the reason and who is requesting that the Administration provide the information. THIRD: It is not true that the questions formulated, through the aforementioned formal information request note, were all pure and simple information; although they have components related to AyA's work, which were answered extensively, the questions also have requested components of a private nature, or that were not clear regarding the breadth of what was consulted, which is why the prevention and application of the Law on the Protection of Individuals regarding the Processing of their Personal Data No. 8968 were carried out. (pp 26 and 28 of the Report Response Note 13-11-2024 CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON SOCIEDAD ANONIMA). FOURTH: It is true that on January 23, 2025, via email, AyA, through the Huetar Caribe region, communicated official letter no. GSP-RHC-2025-00121 dated January 21, 2025 (in response to the information requested through the document received on November 15, 2024, for which a time extension was processed through official letters GSP-RHC-2024-02309 and GSPRHC-2024-02555 given the complexity of what was required), sending a report (within the deadline) by means of which, as the Constitutional Chamber will be able to analyze, it contains responses that are extensive and cover all the aspects consulted, they are not evasive or omissive; in cases where clarification was required, it was requested and it was indicated that due to the nature of private information, you were required to indicate what type of information you required and whether or not you had authorization from the owner of that private information. FIFTH: In relation to section II.- Verification of the alleged injury to the fundamental right, in which the 17 questions to the ICAA are cited, and which, according to the petitioners, indicate those to which a real, effective, clear, or transparent response was not provided, to what was consulted. A response will now be given to the cases where the petitioners consider that no response was given, based on the report “Response Note 13-11-2024 CONSTRUCTORA HUGO HUTCHINSON SOCIEDAD ANONIMA”, which was attached to official letter GSP-RHC2025-00121 of January 21, 2025: (inserts table) AyA Response contained in official letter GSP-RHC-2025-00121: '…It is necessary before answering, to clarify that AyA does not carry out resolution processes to define responsibilities for construction projects located in Dirección02, does not keep custody of evidence, nor are investigation files created for each of the property owners; AyA, through management in its different institutional processes, issues availability, complaints, documents, technical criteria; among others, with the objective of safeguarding the Water Resource (Recurso Hídrico) both current and future, to guarantee access to potable water in adequate quantity and quality for the population of the entire country. Specifically in the Moín Aquifer, there is a direct mandate from the Constitutional Chamber, in Resolution No. 2012006424 which corresponds to the Amparo Appeal, processed under case file Exp: 10-013628-0007-CO, which states: '...The amparo is granted. The operating permits granted by the Municipality of the Cantón de Limón to the companies Ramírez y Asociados, Sociedad Anónima, legal identification number No. CED01, Industrias Jaspe, Sociedad Anónima, legal identification number No. CED02; IRR Logistics, Sociedad Anónima, legal identification number No. CED03; and Compañía Porteadora del Caribe, Sociedad Anónima, legal identification number No. CED04, to carry out activities on the property described by cadastral map No. L-843089-2003, are annulled, as they affect the groundwater of the Moín aquifer. Néstor Mattis Williams, or whoever holds the position of Municipal Mayor of the Cantón de Limón, and Jorge Arturo Madrigal and Alejandro Rodríguez Vindas, or whoever holds the positions of Director of the Huetar Atlántica Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Head of Operation and Maintenance of that Region, respectively, are ordered to jointly and immediately take the necessary measures and execute the pertinent actions to prevent any risk of contamination of the groundwater of the so-called zone 6 Moín aquifer, for which a report must be sent to this Constitutional Court, within the non-extendable period of two months from the notification of this judgment....' As can be seen from the indicated resolution, AyA has had to provide, from 2012 to date, compliance reports on its actions to the Constitutional Chamber and other entities, with which it is considered appropriate to refer to these reports as a response to those referred to in your note. In this case, the measures and actions that must be carried out to prevent any risk of contamination of the Moín Aquifer involve compliance with the provisions established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, in all current and future activities developed within the Aquifer; where the approach to what happens in the territory has been categorized as follows: 1.1 Filing of complaints: When activities that could affect the aquifer are detected or known of, and that do not comply with the recommendations issued in AyA Board of Directors agreements 2007-177 and 2011-112; the respective complaints have been filed before the administrative bodies. The first of these agreements establishes activity recommendations for all aquifer recharge (recarga acuífera) zones in Moín and the second is specific to zone 6. In summary, there is a record from 2003 to date of 18 complaints filed before the competent bodies, such as for example the Municipality of Limón, Ministry of Health, MINAE, SETENA, and other administrative bodies such as the Tribunal Ambiental Administrativo; considering that AyA does not have sanctioning power nor is it responsible for regulating urban matters. To list the complaints made; as shown in Table No. 1 of official letter RHA-OM-2013-0666 (attached) of April 9, 2013, the first 7 cases listed correspond to complaints made; the seventh being a case referring to a complaint for fuel storage without having the legal permits. Similarly, as shown in Table No. 1 of the technical report in response to official letter PREJ-2022-01740 (attached), 9 cases of complaints made by AyA are shown, where none of them correspond to type A risk activities or similar. Finally, in 2024, two complaints were filed regarding activities carried out in the Aquifer, one is the storage of 'Coke' on property L-1540220-2011 which corresponds to a possibly type A risk activity and the last corresponds to the one carried out by your represented company, which to date is unknown what class of risk the Aquifer could be exposed to due to the construction of the 'Caribbean Logistics Park.' 1.2 Development of New Projects: The development of projects in Zone 6, based on the technical and environmental recommendations that have been made and that are compatible with the protection of the water resource, demonstrates that AyA's Board of Directors Agreements do not prevent the development of activities or construction of works. For handling new development requests, AyA in July 2010 created a Multidisciplinary Commission to resolve the pending cases, at that time, regarding the Moín Aquifer, called: 'Moín Aquifer Commission,' which is composed of professionals from the Operational Area of the Huetar Caribe Region, the UEN Gestión Ambiental, UEN de Programación y Control and the Legal-Environmental Area of the Dirección Jurídica. The objective of this Commission is for new developments, in their conceptualization, to consider compliance with the recommendations contained in the cited Board of Directors agreements. In summary, there is a record from 2003 to date of 34 cases related to the execution of New Projects or expansions thereof within the Moín Aquifer. As evidenced by official letter RHA-OM-2013-0666 (attached) of April 9, 2013, cases numbered 8 to 30 in Table No. 1 correspond to 23 criteria given for the development of new projects or expansions; cases 13, 16, 17, 21 and 23 being possible establishments that correspond to type A risk or similar. Similarly, according to Table No. 2 of the technical report in response to official letter PRE-J2022-01740, criteria have been provided for 10 requested projects, of which only the first could correspond to type A risk activities or similar. There is a particular case for this category, which was the Nuevo Estadio de Limón, whose processing was prior to the issuance of AyA Board of Directors Agreement 2007-177. However, this project had all the required technical support from AyA to make it a reality. Regarding these new projects and considering those presented from 2013 to date, it can be stated that 60% have complied with the agreements and therefore AyA has issued the approval for them to continue their process. From the foregoing, it follows that the Regulatory Recommendations established by AyA in Board of Directors Agreement No. 2011-112 do not void the owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated. In fact, the execution of projects on Zone 6 of the Moín Aquifer requires that the proposed Project be environmentally friendly; making considerations that allow maximizing aquifer recharge and minimizing the impact of wastewater generated through treatment systems, which allow protecting and safeguarding the quality of the water resource. 1.3 Inspection of existing facilities. Inspections of existing facilities in Zone 6 are carried out in those cases where there are complaints filed by AyA or third parties, requests for potable water services, or other procedures where AyA is involved. Among the activities carried out, compliance with the following is verified: wastewater disposal, storage of fuels and substances classified as hazardous, solid waste management, impermeable surface area, existence of supply wells, among others. As a result of the inspections, recommendations are issued to correct aspects that could affect the water resource, which is used for the population's supply, or a complaint is filed with the competent body. In summary, there is a record from 2003 to date of 23 inspections of existing facilities within the Moín Aquifer. As evidenced in Table No. 1 of official letter RHA-OM-2013-0666, cases 31 to 34 correspond to four inspections carried out on existing establishments, where cases 31, 33, and 34 could correspond to facilities with type A risk or similar. Similarly, according to Table No. 4 of the report in response to official letter PRE-J-2022-01740, 8 actions related to existing facilities are listed; where the second possibly corresponds to facilities classified as type A risk or similar. As a special case of existing facilities, there are informal settlements (precarios), which, by their very condition, do not request procedures from institutions such as service availability, land use (usos de suelo) or construction permits. This limits AyA's ability to act, as it lacks the power to enter private properties without authorization from the registered owner and considering the dangerous environment that may exist at these sites for the physical safety of the officials. In the case of water service requests, AyA indicates that, as they are precarious properties, they do not meet the requirements described in the Service Provision Regulation (Reglamento de Prestación de Servicios) and they are denied, especially considering that in many of them there is inadequate wastewater disposal. It is not omitted to state that reference has been made to possible Type A Risk activities, given that there is no certainty of that fact, since it is the Ministry of Health that is the entity in charge of defining what the risk categorization is for the different activities carried out in the country in general; therefore, any doubt should be channeled through this entity. As part of the actions aimed at protecting the aquifer, the UEN de Gestión Ambiental and the Huetar Caribe Regional Office of AyA created, in March 2010, a database that synthesizes the location information of existing and proposed projects, as well as the complaint sites within the Dirección02 area, thereby also complying with what is indicated in Point No. 6 of the, Por Tanto, of Board of Directors agreement 2011-112. Figure 2 presents the detail of the properties studied from 2003 to 2024. (Inserts image) All the reports referred to in this note were used to answer the Recurso de Amparo case file No. 22-008354-0007-CO, where after being considered, the Constitutional Chamber, through Resolution No. 2022022070 of December 23, 2022, acknowledges the complaints and other actions of AyA in safeguarding the water resource, but non-compliance with Article 50 of the Constitución Política is evidenced and requests the formation of an inter-institutional commission to address the cases of the Moín aquifer, with the fact that by instruction of the Minister of Environment and Energy, this commission will be coordinated by that ministry, so the actions are reported by said authority…' (Inserts table) AyA Response contained in official letter GSP-RHC-2025-00121: '…In the Map indicated in Figure No. 2, the largest number of properties within Zone 06 are presented, corresponding to individual housing and commerce, where, in application of the Board of Directors Agreement 2011-112, this type of construction is feasible. Textually it indicates: 'Construction of homes originating from vegetative growth will be allowed in Zone 6, provided that wastewater is not discharged into sinkholes (dolinas) and garbage collection is carried out by the municipal service or another means.' The number of properties that may exist within Zone 6 of the Moín Aquifer can be gauged by the number of water services granted from 2011 to August 2024, which amounts to 380 possible properties, detailed in Table No. 1. This is without considering the individual single-family home properties built from 2003 to 2010. (Inserts table) Regarding the list of wastewater treatment systems (sistemas de tratamiento de aguas residuales) approved by AyA or other entities, it is important to clarify that according to current regulations, AyA only approves wastewater treatment systems for Housing projects; the vast majority of the wastewater systems used correspond to Septic Tanks and individual home Drainages that are approved by the Ministry of Health, which is the competent body in this matter. There is currently only one Housing Project for which AyA has granted approvals for its construction; this case corresponds to No. 2, of Table No. 2, of the technical report in response to official letter PRE-J-2022-01740, called 'Matama Village Apartments.' Regarding the approval and monitoring of the proper functioning of the wastewater treatment systems implemented within Dirección03, it is necessary to clarify that AyA does not have police power to enter to verify the works; by competence, AyA grants availability, does not approve the treatment systems for each activity, limiting itself to those of housing developments (not including single-family homes), with the Ministry of Health being responsible for wastewater categorized as special (from commercial, industrial, and agricultural activities), as well as single-family homes. The verification of treatment systems is the responsibility of the Ministry of Health and the Local Government, so the interested party would have to go to the body that approved them, in order to request the list of approved treatment systems within Zone 06 of the Moín Aquifer. Finally, regarding the request for case files, it is important to define the possibility of granting them. As indicated in the first response, AyA has filed complaints before different entities, processed New Developments, where technical criteria have been issued, positive and negative water availability, water capacity letters, potable water services have been granted, approval of treatment systems, criteria to respond to recursos de amparo, Inspections have been carried out on Existing facilities, which may be due to complaints, requests for potable water services, preparing a criterion for Environmental Programs, etc. All this documentation is not stored with the objective of generating a single file for each request; but rather, referring to the document “Table of Document Retention Periods” for sub-fund: UEN de Servicios al Cliente GAM and Sub Gerencia de Sistemas Periféricos (attached) and the “Table of Document Retention Periods” for sub-fund Recolección y tratamiento (Attached); the archiving and disposal of information is established based on the subject matter being addressed in the issuance of the documents, thus all the Information being referred to regarding the actions taken by AyA in Zone 06, could be classified as: Availability File, where the retention period for these documents is 3 years in Office and 7 additional years in CEGEDI (Documentation and Information Management Center) or New Services File, where the retention period for these documents is 3 years in Office and 7 additional years in CEGEDI or Amparo Appeal File, which is kept in Office while it is in process and 2 years in CEGEDI or Ombudsman and MINSA Complaint File, which is kept in Office for 4 years and 1 year in CEGEDI, etc. Therefore, you must specify which of the above information you require, and furthermore, demonstrate your interest and standing (legitimación) given that a large part of the documentation is private and it is AyA's responsibility to communicate such action to the corresponding owner…' (Inserts table) AyA Response contained in official letter GSP-RHC-2025-00121: '…a.- Which projects have been reported in Dirección02, before or by AYA? Please specify the technical and legal basis for each complaint that AyA has filed. As indicated in response No. 1, there is a record from 2003 to date of 18 complaints filed before the competent bodies, such as for example the Municipality of Limón, Ministry of Health, MINAE, SETENA, and other administrative bodies such as the Tribunal Ambiental Administrativo. Considering that AyA does not have sanctioning power nor is it responsible for regulating urban matters, this institute has requested the review, visit, inspection in coordination with other institutions (MINSA, Municipality, MINAE, SETENA), so that, in accordance with their powers, the activities located in Dirección02 are verified, in order to ensure that they are complying with the measures defined in their authorization, that such institutions indicate new applicable measures, as well as the verification of no impact on public water supply, health, and the environment.\n\nThe particularities of each of the 18 complaints filed are documented in Official Letters RHA-OM-2013-0666 (attached) of April 9, 2013, which describe the first 7 reported cases, and in the Technical Report responding to official letter PRE-J-2022-01740 (attached), which describes 9 cases of complaints filed by AyA, up to the year 2022. In the year 2024, two complaints were filed regarding activities carried out in the Moín Aquifer (Acuífero Moín), one being the storage of “Coke” on property L-1540220-2011, which corresponds to a possible Type A risk activity, that was reported to the Ministry of Health, the Municipality of Limón, and SINAC, for not having the legal authorizations for that activity, and the last one corresponds to the complaint filed against your represented party. As can be gleaned from this information, there is a large number of cases, which are very diverse and in which an approach by AyA to avoid all risk of contamination and guarantee the conservation of the Moín Aquifer is demonstrated.\n\nRegarding the legal foundation for requesting intervention, visits, inspections, or filing complaints, it is clarified as follows:\nThere is a governing authority of the Institute in technical and normative functions of supply and collection, derived from what Law No. 2726 provides in this regard in its articles 1 and 2 when it indicates:\n\nArticle 1.- (*) With the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of potable water and the collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of storm sewer systems in urban areas, for the entire national territory, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is created as an autonomous institution of the State.\n\nArticle 2.- (*) The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for:\na) Directing and overseeing everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, and storm water in urban areas;\nb) Determining the priority, convenience, and viability of the different projects proposed to build, reform, expand, or modify aqueduct and sewer works; which shall not be executed without its approval;\nc) Promoting the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water pollution;\nd) Advising other State agencies and coordinating public and private activities in all matters relating to the establishment of aqueducts and sewers and the control of pollution of water resources, its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations being inexcusable;\n(..)\nf) Taking advantage of, using, governing, or supervising, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due compliance with the provisions of this law, in exercise of the rights that the State has over them, in accordance with Law Number 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities;\n(…)\nh) Enforcing the General Potable Water Law, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the ministries and municipalities indicated in said law;\n(…).”\n\nRegarding the competencies in this matter of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Constitutional Chamber has ruled the following in Case File 03-000468-0007-CO, Vote 2004-01923:\n(…)\nAyA, as the competent entity for the installation, maintenance, and protection of population supply catchments and sanitary sewer networks, assumes a responsibility of oversight, maintenance, control, surveillance, and due care in the continuity, quality, and efficiency of the service; therefore, it corroborates and verifies, with adequate means and technology, in coordination with other competent institutions including the Ministry of Health, Municipality, MINAE (Through SINAC, Dirección de Agua, SETENA), that surrounding activities do not affect the water resource, the environment, and the sources captured for population supply under its administration. The foregoing, in addition to being a competence, is a mandate that it must exercise permanently in all strategic population supply zones under its administration.\n\nThe previous consideration was assessed and defined in Resolution No. 47-2023-V of the TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN QUINTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, at 08:30 hours on June 8, 2023.\n“... Thus, it has been possible to verify that the administrative conduct in question, specifically both agreements, stem from the fact – factual antecedent – that the area called Zone 6 is part of the Moín-Limón aquifer, and that this is an area that serves to supply the water resource for a significant part of the population of Limón, from which it follows that the respondent entity has the legal obligation – factual antecedent – to carry out actions to preserve and protect that zone, as provided in Article 2 of Law No. 2726... by legal mandate, the Institute has the obligation to adopt the necessary measures for its conservation, conduct that in this case was embodied, externalized, or manifested in Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112 issued by its Board of Directors, and which also had as a technical background the Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín Limón Aquifer prepared by AyA's Environmental Management Area Hydrogeologist Viviana Ramos Sánchez...”\n\nb.- What actions have been taken in each complaint?\nResponse: “…In the case of AyA, the issuance of technical recommendation reports directed to the competent entities, who in accordance with their own regulations are responsible for issuing measures and resolving what they deem appropriate. The response to question 1 and the response to subsection a) of question 4 elaborate on what was requested…”\n\nc.- Does each complaint have an administrative file (expediente administrativo)? If so, we require a complete copy of said file.\nResponse: “…In accordance with the classification of private information and as these are cases under investigation, it is not appropriate to provide a category of complaint file that is under investigation; only the individual or legal entity that was reported would have access and is the one responsible for generating the authorization. It is necessary to consider the provisions of EXECUTIVE DIRECTIVE No. 073-MPMEIC-MC: \"Article 2.- For the purposes of this Directive, information of public access shall be understood as any type of data that is generated or safeguarded by whoever exercises a public function or power and whose access is not restricted by law.\" In Case File 05-001962-0007-CO, Resolution No. 2005009855 of the SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and fifteen minutes on July twenty-ninth, two thousand five; it defines that the files corresponding to complaints are of a private nature and their investigation phase does not allow facilitating that information to persons outside the proceeding in question; consequently, once the investigation is closed, it is up to the entity responsible for resolving to determine whether to facilitate the requested file:\n“…the intrinsic limits of the right in question – state secrets, defined based on the parameters provided by the legal system – and the extrinsic limits – those set forth in Article 28 of the Constitution for fundamental rights in general and the right to privacy – pointing out that the sensitive nature of the information may lead to attenuating the right to its access….\n“…IV. LIMITS TO THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION OF PUBLIC INTEREST. As Article 30 of the Constitution expressly establishes, state secrets are exempt from this right. There are, in addition, other limitations derived from a systemic interpretation of the Political Constitution, which requires a balancing between various constitutional assets. In this sense, the right to privacy, established in Article 24 of the Constitution, sets limits on the right to information of public interest. In relation to this topic, the Chamber indicated in judgment number 2003-00136 at fifteen hours twenty-two minutes on January fifteenth of the current year the following:\n(…)\nIt should be clarified that what this Institute has carried out are coordination efforts for accompaniment with the MINSA, MINAE, and the Municipality, as a preventive action for control and surveillance of surrounding activities, whose official letters have been listed in the previous responses and for which it has been up to those institutions, within the framework of their competencies, to issue the corresponding orders for correction, modification, and adaptation, given that this Institute does not have the regulatory authority to order suspension or closure. The response to question 1 and the response to subsection a) of question 4 elaborate on what was requested; this Institute can only provide you with copies of the reports generated on the previous points; the administrative files (expedientes administrativos) are in the custody of the competent entity responsible for resolving (MINSA, SETENA, MINAE, or others), so if you require them, it is recommended that you appear before those instances and prove, in accordance with Law 8220, your standing in case such files are in the investigation phase...” (highlighting is not from the original)\n\nd.- Have reports been prepared for each complaint?\nResponse: “…After each joint visit, this Institute issues a technical report listing the corresponding recommendations.\nAdditionally, it is important to indicate that in accordance with the “Table of Document Retention Periods” for the Sub-fund Recolección y tratamiento (Collection and Treatment) (Attached); in the case of complaints, the custody period in the Office is 4 years and 1 year in the Institutional archive, therefore, given that, of the 18 complaints filed, the first 16 are prior to 2019, it would be difficult to obtain this information…”\n\ne.- Are there industrial projects in Zone 6 that have not been investigated? According to the current Regulatory Plan (Plan Regulador) of the central canton of Limón, what aquifer vulnerability classification is given to the property where our activity is being carried out?\nResponse: “…As indicated in Response No. 1, AyA does not investigate industrial projects; AyA has issued criteria and assessments in those cases where there have been: complaints, requests for potable water availabilities so that New Projects are developed in harmony with the protection of the water resource of the Moín Aquifer, and requests for new potable water services for existing installations, where before providing them, it must verify that the activities carried out do not put the Aquifer at risk. It is recommended that the interested party consult the Ministry of Health (competent entity) regarding the industrial projects that have been developed in Zone 6.\nRegarding the Regulatory Plan of the Central Canton of Limón, a mandate had previously been given to the Local Government to include AyA's considerations and recommendations in the Regulatory Plan; the Constitutional Chamber, considering the nature of the Agreements issued by AyA 2007-177 and 2011-112 (which modified the provisions established in agreement 80-121 of session 80-028 of April fourteenth, nineteen eighty), in Exp: 06-015593-0007-CO Res. No. 2008-004751, at twelve hours and zero minutes on March twenty-seventh, two thousand eight.\n(…)\nAgreement 80-121 of session 80-028 of AyA's Board of Directors was repealed by Agreement 2007-177 published in La Gaceta No. 83, of Wednesday, May 2, 2007, and this in turn was partially modified by Board of Directors Agreement No. 2011-112, issued on April 7, and the communication requirement was fulfilled on May 2, 2011, in the Official Newspaper La Gaceta No. 83.\nThe foregoing was duly communicated to the Local Government through official letter PRE-1426-2012 (Attached), with the purpose of them having the latest version and for it to be incorporated into the Regulatory Plan. As a reminder, the Comisión Moín sent the following official letters No. UEN – GA – 2018 – 00322 dated March 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 dated April 2018, UEN – GA – 2018 – 01827 dated October 2018, and UEN – GA – 2018 – 1975 dated November 2018 addressed to the Local Government and the Ministry of Health. (Within AyA's notification to other instances, there are documents sent by Ms. Yessenia Calderón to SETENA and the Municipality of Limón from the year 2012 – then Executive President of AyA. Both official letters have the same consecutive number (PRE-1426-2012 and bear the received stamp).\nRecently, on the occasion of the response to Case File 22-008354-0007-CO, in Minuta SINAC-ACLAC-DAP-022-2022, the Municipality indicated “...that at the moment it is not opportune to present what has been advanced with the regulatory plan, because it remains in a draft document state, and indicates that an assessment will be made when a more advanced product is available...”\nThe Regulatory Plan was never consulted with AyA, so the Institute is aware of its scope in reference to Zone 6 only through the publication made in Alcance No. 191 A LA GACETA No. 182, on Wednesday, October 4, 2023.\nAyA, through official letter GSP-RHC-2025-00048 (attached), consulted the Mayoress of the Municipality of Limón and the Municipal Council on whether the recommendations of AyA's Board of Directors Agreements were included in the Regulatory Plan of Limón, also indicating:\n• As of the date of this official letter, it is not available on the Procuraduría's website, nor on the Municipality of Limón's website.\n• There is a publication in Alcance No. 191 A LA GACETA No. 182 of Wednesday, October 4, 2023.\n• No response has been received to the request for information on the Regulatory Plan made by AyA to the Municipality (GSP-RHC-2020-02718).\nUpon reviewing the official platform of the Procuraduría General de la República, only the publication of the Regulatory Plan appears (https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=47365&nValor3=50242&strTipM=FN), in La Gaceta 209 of October 31, 2001.\nIt is also important to indicate that we do not have sufficient inputs, nor the appropriate scale, to answer your query about the vulnerability classification of your represented party's property according to the Regulatory Plan. It is emphasized that AyA, based on Board of Directors Agreements 2007-177 and 2011-112, has officially stated that the Vulnerability is High...” (Highlighting is not from the original)\n\n(Inserts table)\nAyA's response as recorded in official letter GSP-RHC-2025-00121:\nIt is located in what was stated in the previous question.\n\nAyA's response as recorded in official letter GSP-RHC-2025-00121: “…Furthermore, AyA's UEN Gestión Ambiental contracted Services for the survey, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the basin concept, applied through a photogrammetric and Lidar study over Zone 6 of the Moín Aquifer. Among the results obtained, and as shown in Figure No. 4, it was possible to determine sinkholes (dolinas), sumps, and topographic depressions within the zone, which provides important supporting information to determine the possible impact on sinkholes (dolinas) by Projects within Zone 6 of the Moín Aquifer; this being an important input for subsequent field studies (if necessary) by specialists in this matter, who will definitively corroborate whether there is an impact on sinkholes (dolinas) due to the execution of the requested Project and the necessary protection measures for each particular case. (Inserts image)\nIn accordance with the previous considerations, note that the same Agreement No. 2011-177 establishes in its Por tanto: \\\"... Housing constructions originating from vegetative growth shall be allowed in Zone 6, provided that it is ensured that wastewater is not discharged into sinkholes (dolinas) and that garbage collection is performed by the municipal service or another means.\\\"\nAlthough the regulations do not explicitly locate the regulation of sinkholes (dolinas), it should be noted that on October 17, 2022, MINAE, through the Dirección de Aguas, determined via official letter DA-UHCAROG-0478-2022: \\\"… Sumidero is the name of the channel that receives rainwater or some type of surface current. The term is linked to the verb sumir, which refers to submerging or sinking. The sump (sumidero), therefore, allows waters to be absorbed. It is generally a circular depression that, at a geological level, is known as a sinkhole (dolina). Sinkholes (dolinas) usually form on limestone surfaces, have variable depth, and have significantly inclined walls… In summary, to achieve the protection of the Sinkholes (Dolinas) within Zone 06 of the Moín Aquifer, AyA, in the exercise of its legal powers, establishes through Board of Directors Agreement 2011-112, the vulnerability mapping by delimiting the Zone 06 area and officializing it as a zone of high Aquifer vulnerability, establishing recommendations for regulating activities to be developed under this category; where, in order to define the protection perimeters for sinkholes (dolinas), inspections are carried out by trained professionals to verify on site the necessary conditions to protect these formations; before granting the water availability for the initiation of the procedures for each new project that is intended to be developed within Zone 06. Finally, from all the water quality studies carried out, salinization has not been identified in any of these formations…” (underlining is not from the original)\n\n(Inserts table)\nAyA's response as recorded in official letter GSP-RHC-2025-00121: “…In compliance with what was requested by the Constitutional Chamber in Exp: 06-015593-0007-CO Res. No. 2008-004751, at twelve hours and zero minutes on March twenty-seventh, two thousand eight, AyA, through official letter PRE-1426-2012, formally communicated the scope of agreements 2007-0177 and 2011-112 to SETENA and the Municipality of Limón; therefore, it is not appropriate to provide training, but rather the application of the vulnerability and the recommendations given in the Board of Directors Agreements.\nNotwithstanding the foregoing, to address cases located in Zone 6, AyA, through the Comisión Moín, has held talks, meetings, and field inspections on technical aspects for different instances (MINSA, Municipality, MINAE, etc.), for example, a presentation on June 19, 2019, to the Municipal Council of Limón, recorded in the minutes, on the hydrogeological characteristics of the Moín aquifer, as well as the environmental, technical, and legal scope in relation to operating permits, business licenses, and location in Zone 6 of the Moín Aquifer.\nNow, in relation to what was originally located in question 8 of the original note, regarding knowledge of the hydrogeological study presented by your represented party: It is known. It is important to clarify that AyA conducted a detailed hydrogeological study for the entire Zone 6, in which the integrality of the aquifer and its vulnerability (high) were assessed; therefore, specific studies do not respond to the context and analysis required for decision-making, which is why any specific study must consider the officialization of the vulnerability and the explicit recommendations in the Board of Directors Agreements that the Institute has issued…”\n\n(Inserts table)\nAyA's response as recorded in official letter GSP-RHC-2025-00121: “…It should be noted that in accordance with Law 2726, the criterion issued by AyA is binding, meaning the Municipality is obligated to incorporate it into the Regulatory Plan. In question 4 subsection e), what was ordered by the Constitutional Chamber was indicated, upon considering the nature of the Agreements issued by AyA 2007-177 and 2011-112 (which modified the provisions established in agreement 80-121 of session 80-028 of April fourteenth, nineteen eighty), in Exp: 06-015593-0007-CO Res. No. 2008-004751, at twelve hours and zero minutes on March twenty-seventh, two thousand eight, as well as the reminder and request actions sent by AyA to the Local Government.\nAs previously indicated, a presentation was made by the Comisión Moín on May 22, 2019, at the Regional Office of AyA – Huetar Caribe to the Municipality of Limón and the Ministry of Health, to address the issue of Zone 6, Moín Aquifer in the province of Limón.\nA presentation was given by the Comisión Moín on June 19, 2019, to the Municipal Council of Limón on the hydrogeological characteristics of the Moín aquifer, as well as the environmental, technical, and legal scope in relation to operating permits, business licenses, and location in Zone 6 of the Moín Aquifer.\nIt is important to note that at the time your represented party's project was being processed (2019), the Regulatory Plan was not approved (2023); therefore, for all processing in 2019, the Board of Directors Agreements, which remain in force, should have been considered…”\n\n(Inserts table)\nAyA's response as recorded in official letter GSP-RHC-2025-00121: “…In relation to the query, AyA has already conducted comprehensive and detailed hydrogeological technical studies for Zone 6, based on field surveys and the development of current methodologies, which have been officialized by AyA's Board of Directors.\nThe preparation of a hydrogeological study for the study area must aim to demonstrate that the activities to be carried out on the property do not affect the water resource (Moín Aquifer) and the protection of any sinkholes (dolinas) found in the area, based on the premise that in the Moín Aquifer in Zone 6, the Vulnerability is High, as cited by SETENA in resolution No. 2057-2024-SETENA, in point 4: “Detailed hydrogeological study that validates the conditions of the project area in accordance with the new works to be incorporated, likewise the study must consider the hydrogeological conditions of the Moín aquifer Zone 6”. (highlighting is not from the original)…”\n\n(Inserts table)\nAyA's response as recorded in official letter GSP-RHC-2025-00121: “…The comprehensive hydrogeological study carried out by AyA covered all 10 Zones that constitute the Moín Aquifer, during which the area was traversed with the permission of property owners and farm administrators at the time the study was prepared. The hydrogeological study responds to a comprehensive analysis for the entire Zone and is not specific to a single property, so the activities to be developed must be compatible with the conditions of the aquifer. The vulnerability classification for the zones of the Moín aquifer was based on the EPIK methodology, which is the official one for karst aquifers, in which it was determined that the intrinsic vulnerability is High (natural properties of the aquifer), and these were officialized in AyA's Board of Directors Agreements…”\n\n(Inserts table)\nAyA's response as recorded in official letter GSP-RHC-2025-00121: “…It should be noted that in accordance with Law 2726, the criterion issued by AyA is binding, meaning the Municipality is obligated to incorporate it into the Regulatory Plan. In question 4 subsection e), what was ordered by the Constitutional Chamber was indicated, upon considering the nature of the Agreements issued by AyA 2007-177 and 2011-112 (which modified the provisions established in agreement 80-121 of session 80-028 of April fourteenth, nineteen eighty), in Exp: 06-015593-0007-CO Res. No. 2008-004751, at twelve hours and zero minutes on March twenty-seventh, two thousand eight, as well as the reminder and request actions sent by AyA to the Local Government.\nAs previously indicated, a presentation was made by the Comisión Moín on May 22, 2019, at the Regional Office of AyA – Huetar Caribe to the Municipality of Limón and the Ministry of Health, to address the issue of Zone 6, Moín Aquifer in the province of Limón.\nA presentation was given by the Comisión Moín on June 19, 2019, to the Municipal Council of Limón on the hydrogeological characteristics of the Moín aquifer, as well as the environmental, technical, and legal scope in relation to operating permits, business licenses, and location in Zone 6 of the Moín Aquifer.\nIt is important to note that at the time your represented party's project was being processed (2019), the Regulatory Plan was not approved (2023); therefore, for all processing in 2019, the Board of Directors Agreements, which remain in force, should have been considered…”\n\n(Inserts table)\nAyA's response as recorded in official letter GSP-RHC-2025-00121: This point was broadly addressed in the response to question No. 1 and No. 3, specifically for new projects that had service availability to be executed, and where the followed procedure is explained.\n\n(Inserts table)\nAyA's response as recorded in official letter GSP-RHC-2025-00121: This point was addressed in the response to question No. 4 subsection e, question No. 9, and No. 10. As demonstrated, the responses were not evasive, were not confusing, were specific, and in cases where it was required that the interested party clarify the magnitude of their request and demonstrate whether or not they had the owner's authorization, it so indicated, in order to comply with informed consent and so that this institution could classify what information could be provided to you. Likewise, the competencies that this Institute has regarding the requirement for certain information that can be provided were clarified, for those cases of complaints where the files are being held and are in the process of resolution by other institutions. Given the volume of the files to which access could be granted, as well as the reference documentation, a link was provided to download the attached files: https://intranetaya-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdelgado_aya_go_cr/Ekl6Zt2Pr9Mua0CkeGh2jIBF8xEwQUusM-K7gd4RKbR1Q?e=3KWsPE\n\nLEGAL BASIS\nIn any request for information, the Public Administration is called upon to apply the following regulations: Article 30 of the Political Constitution, free access to public offices and the information they handle on matters of public interest; the Decree on Transparency and Access to Public Information No. 40200-MP-MEIC-MC; Law 8220; the Regulation to the Law for Protecting the Citizen from Excessive Administrative Requirements and Procedures No. 32565; Executive Directive No. 073-MP-MEIC-MC; the Framework Law on Access to Public Information No. 10554; the Law for the Protection of the Person regarding the Processing of their Personal Data No. 8968.\nAt the Jurisprudential level, the Constitutional Chamber has dimensioned the following:\n“…Regarding the limitations or extrinsic limits of the right of access to administrative information, we have the following:\n1) Article 28 of the Political Constitution establishes morality and public order as an extrinsic limit to any right.\n2) Article 24 of the Political Constitution guarantees all persons a sphere of intangible privacy for the rest of the subjects of law, such that those intimate, sensitive, or nominative data that a public entity or body has collected, processed, and stored, as they appear in its files, records, and physical or automated files, cannot be accessed by any person, as this would constitute an unconstitutional intrusion or external interference. Obviously, the foregoing is of greater application when the administered party themselves have brought confidential information to the attention of a public administration, because it is required, for the purpose of obtaining a specific result or benefit.\nIn reality, this limitation is intimately linked to the first intrinsic limit indicated, since, very probably, in such a case the requested information does not relate to matters of public interest but rather private interest.\nIntimately linked to this limitation are bank secrecy, understood as the duty imposed on any financial intermediary entity not to reveal the information and data it possesses on its clients from any banking operation or banking contract entered into with them, especially regarding current accounts, since Article 615 of the Commercial Code expressly enshrines it for that scenario, and the industrial, commercial, or economic secrecy of companies regarding certain industrial ideas, products, or procedures and their financial, credit, and tax statements.\n\nThere will be situations in which information about a private individual held by a public entity or body may have, especially when combined with that of other private individuals, a clear public dimension and purpose, circumstances that must be progressively and casuistically identified by this Constitutional Court. 3) The investigation of crimes, when it involves criminal investigations conducted by administrative or judicial police forces, for the purpose of ensuring the accuracy and success of the investigation and, above all, to respect the presumption of innocence, the honor, and the privacy of the persons involved…” (Resolution No. 2005009855 of nine hours and fifteen minutes on July twenty-ninth, two thousand five) “(…) Now then, his disagreement therefore translates into the decision of the appealed authority to authorize only the partial photocopying of said file, since as stated in administrative record 282-03-EXT of fifteen hours on October sixteenth, two thousand three, the appealed authority did not authorize the copying of folios 1 to 84 and 206, 207, 208, 219, 210, 215 and 216 because they are plans protected by copyright. With the foregoing, this Court does not find that any violation of the fundamental rights of the petitioner has occurred, since as reported by the appealed authority under oath, the examination of said folios was facilitated, but not their photocopying, as it is eminently private information protected by intellectual property laws. The foregoing is reasonable since it is clear that the plans, as an invention of the engineer or architect who creates the work, must be protected from reproduction if the respective authorization from the person legally empowered to grant it is not available, in order to thus prevent any reproduction or plagiarism of the project to be developed. (…)”. (Resolution No. 9115-2004 of August 20, 2004). In the case of reiterative questions presented, what was appropriate was to refer the petitioner (administrado) to the response previously provided, as was done; it is appropriate to cite what was previously resolved by the Constitutional Court, through Resolution No. 4065-1995 of July 21, 1995: “…The Administration is not obligated to answer reiterative requests. “(…) This Court has said on multiple occasions that, if a petition is, as in this case, a reiteration of a previous one already answered, the Administration is not obligated to give a new response, because with the first time it did so, it complied with the provisions of Article 27 of the Constitution. Therefore, if the appellant considered that the answer was incomplete, he should have expressly indicated to the Administration the omitted points, but not simply reiterate his request, since it had already been answered. Consequently, since the appellant's petition was limited to reiterating the one already answered, without indicating the specific points on which he considered the response lacking, the Administration was not obligated to answer him again. As a result, the appeal is groundless and must be declared so. (…)”. From the foregoing, it should be noted that, to provide the information, it was required in several cases that the interested party clarify the magnitude of his questions, in order to separate information of public access from that of a sensitive or confidential nature, framed within industrial, commercial, or economic secrecy, when for strategic, commercial, and competitive reasons its disclosure to third parties is not advisable. (Art. 5 of the Framework Law on Access to Public Information No. 10554). Likewise, he was informed that there were insufficient inputs, nor the appropriate scale to answer his query regarding the vulnerability classification of the Property of his represented party, according to the Regulatory Plan. It is emphasized that AyA, based on Board of Directors Agreements 2007-177 and 2011-112, has made it official that the Vulnerability is High and made the corresponding consultation to the Municipality regarding the grounds defined in the Regulatory Plan in order to provide a response. With regard to the level of detail sought for the sinkholes (dolinas) located on each of the properties in Dirección02, it was clearly stated that in order to define the protection perimeters of sinkholes (dolinas), inspections must be conducted by qualified professionals to verify on-site the necessary conditions to protect these formations; before providing the water availability for the start of the procedures for each new project to be developed within Dirección03. What is applicable in this regard is the provisions of the General Law of Public Administration, which orders that scientific or technical assessments that influence the decision to be made, which will have consequences in the legal sphere of the petitioner (administrado), be obtained (see in this regard, resolution No. 143, of February 5, 2013, of the First Chamber) and to consider the univocal rules of science or technique, or elementary principles of justice, logic, or convenience (Constitutional Court resolution No. 5990, of October 14, 1994). It was clearly explained to him that this Institute can only provide him with a copy of the reports generated and that the administrative files are in the custody of the competent entity in charge of resolving (MINSA, SETENA, MINAE, or others), so if needed, it is recommended that he appear before said bodies and demonstrate, in accordance with Law 8220, the Regulation to the Law on Protection of the Citizen from Excessive Administrative Requirements and Procedures No. 32565, his legal standing (legitimación) if said files are in the investigation phase. Likewise, the mandate contained in Law 8220 (its regulation) is reiterated in concordance with the Law on the Protection of Persons Regarding the Processing of Their Personal Data No. 8968 (Article 5), which determines compliance with the Principle of Informed Consent, which seeks to communicate to the owner (of whom the information is requested), making known the reason and who is requesting the Administration to provide it.”\n\n4.- The plaintiff states: “I. Violation of the right of access to public information (Article 30 of the Political Constitution and Law 9097) Main argument: The information requested is, for the most part, of a public, pure, and simple nature, as even partially acknowledged by the respondent, and as defined by Article 3 of Law 9097. The refusal to deliver it, or the incomplete and evasive response, constitutes a direct violation of the fundamental right of access to public information enshrined in Article 30 of the Political Constitution. The Constitutional Court is requested to consider: • According to reiterated jurisprudence of the Constitutional Court, access to public information does not require motivation or proof of legitimate interest, except in exceptional cases where confidentiality is invoked, which must be specifically and reasonably justified (see, among many, judgment No. 2002-03606). • In this case, AyA does not clearly identify or prove why part of the information would be confidential, merely making general statements about alleged “private information” or “files”, without proving the need for special protection or the potential harm of its disclosure. II. AyA's response was incomplete, evasive, and late, which constitutes an autonomous injury to the fundamental right Main argument: Although AyA admits having received the request since November 15, 2024, it only issued a response (incomplete and evasive) until January 23, 2025, which represents an unreasonable period of more than two months to respond to information that is, for the most part, public. The Constitutional Court is requested to consider: • The reasonable time period to respond to requests for public information has been determined by Article 32 of the LJC and by this Court on multiple occasions as no more than 10 business days, unless there is sufficient justification (see judgment No. 2012-010720). • Silence, delay, or evasion in the response constitute in themselves a violation of the constitutional right, as the Court has pointed out in judgments such as No. 2016-012500 and No. 2004-08893. • The fact that the response did not address all of the 17 questions formulated reinforces the infringement of the constitutional duty of publicity and transparency of the public function. III. Impropriety of conditioning on informed consent Main argument: AyA requires, without specific justification, that the applicant prove authorization or consent from third parties, based on the Law on the Protection of Persons Regarding the Processing of Their Personal Data (Law 8968), which is inappropriate in this context, as it does not involve sensitive data or information protected by Article 24 of the Constitution. The Constitutional Court is requested to consider: • The jurisprudence of the Constitutional Court has clearly defined that the principle of publicity governs public management, and that secrecy or confidentiality is the exception, which must be interpreted restrictively (see judgment No. 2015-005997). • Law 8968 cannot be used as an excuse to deny public information, unless it involves sensitive or intimate data clearly defined in the law (such as health, political affiliation, sexual orientation, etc.), which does not apply to data on conditions, rules, or administrative requirements of an operational zone of a public institution. • Attempting to require the applicant to “demonstrate interest” or “have authorization” implies an inversion of the burden of proof and an undue restriction on the fundamental right of access to information. IV. Express acknowledgment by AyA of the official status of the channel through which the request was submitted Main argument: AyA expressly admits that the emails to which the information request was sent are official communication channels of the Región Huetar Caribe. Therefore, there is no valid reason to question the validity of the mechanism used by the appellant. The Constitutional Court is requested to consider: • This acknowledgment by the Administration itself demonstrates that the request was validly presented and that the Administration had the legal and constitutional duty to provide a timely, complete, and congruent response. • The omission of a full response, despite the valid submission of the request through an official channel, constitutes a breach of the duty of transparency and the right of petition, which has already been sanctioned by this Court in multiple precedents (e.g., judgment No. 2018-009874). • In any case, the Administration, in responding, validated and confirmed the medium used. II. Legal arguments in relation to points THIRD to FIFTH of AyA's response 1. Intentional confusion between public information and alleged private information The respondent persists in a strategy of confusion between information that, by its nature, is clearly public, and aspects it claims would be “of a private nature”, without making a clear, specific, and justified delimitation of what specific information it considers confidential or based on which norm this classification is justified. This ambiguity directly violates the principle of transparency and the right of access to public information, recognized in Article 30 of the Political Constitution and developed by Law No. 9097. Furthermore, the automatic and generic invocation of the Law on the Protection of Persons Regarding the Processing of Their Personal Data No. 8968 is not valid in this context, as said regulations cannot operate as an arbitrary barrier to deny public information, especially when information relating to identifiable natural persons has not been requested, but rather administrative data on policies, technical criteria, procedures, and regulations applied by AyA itself in Zone 6 of Moín. 2. Absence of clear and effective prevention The respondent indicates that “the appellant was asked to clarify the magnitude of his request” and that he was required to indicate if he had authorization from the alleged owner of the information. However: • The appellant was never formally notified of a preventive act detailing clearly, specifically, and with reasons which aspects required clarification, why, and what the procedure to amend them was. • There is no record of having been granted a reasonable and effective period to correct or supplement his request. • Such omission represents a violation of the principle of good faith that must govern the relationship between Administration and petitioner (administrado) (Article 11 of the General Law of Public Administration), and a direct infringement of the positive duties of assistance to the citizen. 3. Evasiveness and non-compliance with the duty to respond Although the respondent entity claims that its response was “comprehensive and complete”, the truth is that: • It did not expressly respond to several of the 17 questions posed, or the responses offered lack substantive content or generically refer to links or documents without precisely indicating where the required information is located. • In other questions, AyA shifts the burden to the applicant, demanding that he determine for himself whether or not he has the right to the information, which distorts the constitutional obligation of expedited, free, and effective access to public information. Furthermore, the reference to having provided a link to download documentation does not remedy this non-compliance, since the right of access to information cannot be limited to a massive and indiscriminate delivery of files without classification or contextualization, which constitutes a covert way of obstructing access. 4. Improper application of the precedent on reiterative requests The respondent entity invokes resolution No. 4065-1995 to claim it was not obligated to respond again because it involved reiterative requests. This argument is improper and out of context, for two fundamental reasons: a) The appellant never reiterated an unfounded petition, but rather expressed his justified dissatisfaction with an evasive, incomplete, and contradictory response, which cannot be equated to an undue reiteration. b) The constitutional duty is not to respond “something”, but to respond in a clear, complete, and substantial manner, so that the petitioner (administrado) can exercise citizen control and influence administrative processes. 5. Technical excuses without valid legal backing AyA attempts to justify its denial of access to information with arguments such as: \"the appropriate scale to respond is not available\", \"prior inspection is required\", \"the information is held by another entity\", etc. These claims: • Do not exempt AyA from its constitutional duty of transparency and to respond to requests for information and to protect the right of petition. • Nor do they justify the omission to report on what it does know, or the lack of inter-institutional coordination that it should proactively assume, in accordance with its obligation to guarantee the right of access. In this sense, even if part of the information were in the possession of other entities, AyA had the duty to guide, collaborate, and intermediate as established by Law 8220 and its regulation, instead of merely shifting the burden to the petitioner (administrado). III.- On the petition of the respondent The final request of the respondent for this appeal to be declared “without merit in all its extremes” is based on an erroneous assessment of the facts and a partial and interested interpretation of its constitutional obligations. 1. It is not enough to affirm that a response was given; it must be demonstrated that the fundamental right was effectively guaranteed. The respondent entity insists that its action was “clear”, “timely”, and “not evasive”, however, as demonstrated in this appeal and as will be evidenced by the documents provided, AyA's responses were fragmentary, imprecise, and, in some cases, non-existent. Claiming that it “responded” does not by itself refute the alleged violation, since what Article 30 of the Constitution and the jurisprudence of the Constitutional Court require is that the response be effective, substantial, pertinent, and accessible. 2. The burden of clarifying the content cannot be shifted to the citizen. AyA attempts to justify its action by indicating that, in some cases, the applicant was asked to “clarify the magnitude of his request” or to “demonstrate whether or not he had authorization from the owner”. This constitutes an undue shift of the institutional burden, since the Administration cannot condition access to public information on unnecessary procedures or requirements that have no clear legal basis. The obligation to classify and justify confidentiality falls exclusively on the Administration, and not on the applicant. 3. The argument that the information is held in other institutions does not exempt AyA from its duty of active transparency. AyA claims that it cannot provide certain information because the files are in the custody of other entities (MINSA, SETENA, MINAE, etc.). This assertion, in addition to being reiterative, is legally invalid: the existence of shared competence does not relieve the institution of its obligation to guide, collaborate, and facilitate the data in its possession, much less justify a tacit denial or an ambiguous response. In this case, AyA possesses partial, technical, historical, and directly relevant information about the area of interest, and omitted to provide it or adequately systematize it. 4. The mention of technical studies or inspections is not a valid excuse for denial. It is stated that providing information on sinkholes (dolinas) or vulnerability requires an on-site inspection or specialized studies. However, the appeal does not demand that AyA generate new information, but rather that it provide the information it already possesses or manages, as well as the criteria under which, for example, the classification of “high vulnerability” in Zone 6 has been defined. Denying access to these criteria and documents constitutes an illegitimate and disproportionate limitation. 5. The principle of maximum disclosure favors the appellant. The Constitutional Court has reiterated that the interpretation of the right of access must be done under the pro persona principle, always favoring the greatest possible transparency, unless there is a clear and legal justification for confidentiality (reserva). None of the justifications offered by AyA meets this standard. For all the foregoing, the Court is respectfully requested to: 1. Declare the amparo appeal (recurso de amparo) admissible, for having violated the fundamental right of access to public information enshrined in Article 30 of the Constitution and the right of petition established in Article 27 of the Magna Carta. 2. Order the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) to provide a clear, complete, and congruent response to the request for information filed on November 15, 2024. 3. Reiterate to the respondent entity its obligation to comply with the principles of publicity, transparency, and accountability inherent to the Social State of Law.”\n\n5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Purpose of the appeal. The appellant indicates that he presented a request for information to the respondent party. He claims that he received an incomplete response.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) On November 15, 2024, the plaintiff managed the following before the ICAA: “Regarding these functions that the Dirección de Gestión Ambiental and the Región Huetar Caribe office have been carrying out, I request that the following information be provided to us: 1.- Which projects have been investigated in “ZONE 6” and what results or reports have been issued regarding those projects that have been investigated? It is requested to provide a copy of the technical reports or resolutions that affect those investigated projects. I request to be informed about Type A risk activities, gas stations, dangerous substance storage tanks. In Dirección02 and other neighboring areas such as Dirección04 for example- 2.- Does the Dirección de Gestión Ambiental and the Región Huetar Caribe have an inventory of all the properties located in “zone 6” and neighboring areas? If it exists, we request that the respective documentation or file be delivered to us, as well as the list of wastewater treatment systems for each activity approved by AyA and other competent entities. 3.- Which properties have sinkhole (dolina) formations in Dirección02 and what actions have been taken in this regard to guarantee their non-affection, as well as in what current situation do they find themselves? It is requested to provide all reports, resolutions, inspection records, and other documentation that may be in the files of the Dirección de Gestión Ambiental and the Región Huetar Caribe. Also, indicate under what legal regulations these systems are technically treated, and how AyA ensures against their salinization. 4.- In report GSP-RHC-2024-00849, the following is indicated: “…Región Huetar Caribe of AyA, there are complaints filed for the execution of Projects on this land, without considering AyA's criteria in a zone of strategic supply for the population of Limón and the Country in general; after an intervention by MINAE and requested by the Region, it is identified that the project approved by SETENA…” In this regard, we require the following: a.- Which projects have been reported in zone 6, to or by AyA? Please specify the technical and legal basis for each complaint that AyA has filed. b.- What actions have been taken on each complaint? c.- Does each complaint have an administrative file? If so, we require a complete copy of said file. d.- Have reports been made for each complaint? e.- Are there industrial projects in Dirección02 that have not been investigated? According to the current Regulatory Plan of the central canton of Limón, what aquifer vulnerability rating is given to the property where our activity is being developed? 5.- Are you aware that there is an AyA official representing that body on the Plenary Commission of SETENA? Do you know what the functions of the AyA representative on the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) are? What activities have been developed with SETENA, in accordance with the principle of institutional coordination? 6.- Is there any correspondence in the past between the Dirección de Gestión Ambiental and the Región Huetar Caribe or any other AyA department with the AyA representative in SETENA, or any specific instruction from that department such as training and others to the petitioners (administrados)? communicating, informing, or instructing any directive in relation to “Zone 6”. If such correspondence or communication exists, we request to obtain a copy. 7.- In report GSP-RHC-2024-00849, the following is indicated: “…the sealing (impermeabilización) of 10 hectares of land, the execution of more than 73 thousand cubic meters of earthworks (movimiento de tierras) in sites where several sinkholes (dolinas) exist, without having an approved Hydrogeological Study that guarantees no impact to the Aquifer, where the aquifer vulnerability is changed from high to medium, which puts the population at risk of potential supply shortages…” If a Hydrogeological Study that guarantees no impact to the Aquifer is presented, could the “AyA's concern” be considered concluded and thereby regularize the situation of the drinking water service for the Constructora Hutchinson project? 8.- Are the officials aware of the hydrogeological study presented by my represented party before SETENA, which is a specific study of the property that has been the subject of repeated complaints by you? Said study consists of images 108 to 139 of the SETENA file, a copy of which is attached. 9.- The samples according to methods for classifying aquifer vulnerability in the Moín zone, were they taken specifically on each property or do they correspond to a delimitation of a specific area based on AyA studies? If so, by means of a study, how were those properties sampled by the Author defined as high vulnerability? Given that multiple studies and even the Limón Regulatory Plan have varied land uses (usos del suelo) when owners have demonstrated another category with specific studies, what response does AyA give when the studies, I reiterate specific, reflect a result of medium or even low vulnerability on a specific property? 10.- Does the fact that the new regulatory plan of Limón qualifies zone 6 as of medium vulnerability imply that there is a conflict of technical criteria between AyA and the Municipality of Limón? 11.- Why do you officials intend to question licenses and permits regulated and granted in accordance with the law, attacking a specific petitioner (administrado), when AyA's technical criteria are not currently recognized by the highest-ranking urban planning norm, by specialty and by precedents of the Constitutional Court, recalling that the regulatory plan is a law in the formal sense? 12.- Are the officials aware of the legal implications of violating the principle of irrevocability (intangibilidad) of favorable acts of the administration, whether through continuous harassment and actions to disregard licenses, authorizations, approvals, and permits that have been granted to my represented party? 13.- What competence do you have to shut down a project by limiting and restricting AyA's drinking water service? 14.- Is it your intention to shut down the existing project on the property identified with cadastral plan L-851838-1989 that is developing the Project called Parque Logístico del Caribe, by restricting and obstructing the drinking water service? 15.- Are you aware of the legal implications of de facto actions by public officials? 16.- Which companies carry out their commercial activity in Zone 6 Moín de Limón and if they have availability of water services granted by Acueductos y Alcantarillados and, if so, what requirements have they been asked for in accordance with AyA Board of Directors agreements number 2007-0177 and 2011-0112? 17.- If the property identified in cadastral plan L-851838-1989, which develops the Project called Parque Logístico del Caribe, is classified in the Land-Use Regulatory Plan (Plan Regulador de uso del suelo) of the Municipality of the Central Canton of Limón published, published in Supplement 191, to Gazette 182 of October 4, 2023, as an urban development zone of medium vulnerability, does this reduce the environmental risk to the aquifer, quality and quantity of water from springs (fuentes) and sinks or sinkholes (sumideros o dolinas), and groundwater in Zone 6 Moín de Limón? (see image below)…”. (Uncontroverted fact).\n\nb) By official communications GSP-RHC-2024-02309 of November 22, 2024, and GSP-RHC-2024-02555 of December 17, 2024, the ICAA communicated to the appellant an extension of the response period, due to the complexity of the information requested. (See report provided and evidence submitted).\n\nc) Through official communication GSP-RHC-2025-00121 of January 21, 2025, the ICAA sent a report to the petitioner to address the previous request. (Uncontroverted fact).\n\nIII.- On the specific case. In the sub examine, the appellant indicates that he presented a request for information to the respondent party. He claims that he received an incomplete response.\n\nHaving analyzed the proceedings, the Court found it proven that, on November 15, 2024, the plaintiff managed the following before the ICAA. Likewise, it was verified that, through official communication GSP-RHC-2025-00121 of January 21, 2025, the ICAA sent a report to the petitioner to address the previous request. Given that there is a dispute between the parties regarding the handling of this request, the Court proceeds to examine its components.\n\nIn question 1, the plaintiff stated: “: 1.- Which projects have been investigated in “ZONE 6” and what results or reports have been issued regarding those projects that have been investigated? It is requested to provide a copy of the technical reports or resolutions that affect those investigated projects. I request to be informed about Type A risk activities, gas stations, dangerous substance storage tanks.\n\nIn zone 6 and other neighboring zones such as Dirección04 for example-.\"\n\nThe ICAA's response was: \"It is necessary before answering to clarify that AyA does not conduct resolution processes to define responsibilities for construction projects located in Zone 6, does not hold evidence, nor are investigation files created for each property owner; AyA, through management in its various institutional processes, issues water availability certificates (disponibilidades), complaints, documents, technical criteria, among others, with the objective of safeguarding the Water Resource both present and future, to guarantee access to drinking water in adequate quantity and quality for the population of the entire country. Specifically in the Moín Aquifer, there is a direct mandate from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in Resolution No. 2012006424 corresponding to the Amparo Appeal, processed under file number Exp: 10-013628-0007-CO, which states: (…) As is evident from the indicated resolution, AyA has had to provide, from 2012 to date, compliance reports on its actions to the Constitutional Chamber and other entities, therefore it is considered appropriate to refer to these reports as a response to those referenced in your note. In this case, the measures and actions that must be carried out to avoid any risk of contamination of the Moín Aquifer involve compliance with the provisions established in AyA Board of Directors Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112, in all current and future activities developed within the Aquifer; where the approach to what is happening in the territory has been categorized as follows: 1.1 Filing of complaints: When activities that could affect the aquifer and that do not comply with the recommendations issued in AyA Board of Directors agreements 2007-177 and 2011-112 are detected or become known, the respective complaints have been filed before the administrative bodies. The first of these agreements establishes recommendations for activities for all aquifer recharge zones in Moín and the second is specific to zone 6. In summary, there is a record from 2003 to date of 18 complaints filed before the competent bodies, such as the Municipality of Limón, Ministry of Health, MINAE, SETENA, and other administrative bodies such as the Administrative Environmental Tribunal; considering that AyA does not have sanctioning power nor is it responsible for regulating urban matters. To list the complaints made, as shown in Table No. 1 of official letter RHA-OM-2013-0666 (attached) dated April 9, 2013, the first 7 listed cases correspond to complaints made; the seventh being a case referring to a complaint for fuel storage without the legal permits. Likewise, Table No. 1 of the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740 (attached) shows 9 cases of complaints made by AyA, where none of them correspond to risk A or similar activities. Finally, in 2024, two complaints were filed regarding activities carried out in the Aquifer, one is the storage of \"Coke\" on property L-1540220-2011 which corresponds to a possibly type A risk activity and the last corresponds to the one carried out by your represented party, for which to date it is unknown what class of risk the Aquifer could be exposed to due to the construction of the \"Caribbean Logistics Park\". 1.2 Development of New Projects: The development of projects in Dirección02, based on the technical and environmental recommendations that have been made and that prove to be compatible with the protection of the water resource, demonstrates that the AyA Board of Directors Agreements do not prevent the development of activities or construction of works. To address requests for new developments, AyA in July 2010 created a Multidisciplinary Commission to resolve pending cases, at that date, regarding the Moín Aquifer, called: \"Moín Aquifer Commission\", which is composed of professionals from the Operational Area of the Huetar Caribe Region, the UEN Environmental Management, UEN Programming and Control, and the Legal-Environmental Area of the Legal Directorate. The objective of this Commission is for new developments, in their conceptualization, to consider compliance with the recommendations contained in the cited Board of Directors agreements. In summary, there is a record from 2003 to date of 34 cases related to the execution of New Projects or expansions thereof within the Moín Aquifer. As evidenced by official letter RHA-OM-2013-0666 (attached) dated April 9, 2013, cases numbered 8 through 30 in Table No. 1 correspond to 23 criteria given for the development of new projects or expansions; cases 13, 16, 17, 21, and 23 being possible establishments corresponding to risk A or similar. Likewise, according to Table No. 2 of the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740, criteria have been provided for 10 requested projects, of which only the first could correspond to risk A or similar activities. There is a particular case in this category, which was the New Limón Stadium, whose processing occurred prior to the issuance of AyA Board of Directors Agreement 2007-177. However, this project had all the required technical support from AyA to make it a reality. Regarding these new projects and considering those presented from 2013 to date, it can be stated that 60% have complied with the agreements and therefore AyA has issued approval for them to continue their process. From the foregoing, it follows that the Regulatory Recommendations established by AyA in Board of Directors Agreement No. 2011-112 do not void the owner's right to carry out activities and Projects of various kinds, as has been demonstrated. In fact, the execution of projects on Zone 6 of the Moín Aquifer requires that the proposed Project be environmentally friendly; making considerations that maximize aquifer recharge and minimize the impact of wastewater generated through treatment systems, which allow protecting and safeguarding the quality of the water resource. 1.3 Inspection of existing installations. Inspections of existing installations in Zone 6 are carried out in those cases where there are complaints filed by AyA or third parties, requests for drinking water services, or other procedures where AyA is involved. Among the activities carried out, compliance with the following is verified: wastewater disposal, storage of fuels and substances designated as hazardous, solid waste management, impermeable area (área impermeabilizada), existence of supply wells, among others. As a result of the inspections, recommendations are issued to correct those aspects that may affect the water resource, which is used for population supply, or a complaint is filed with the competent body. In summary, there is a record from 2003 to date of 23 inspections of existing installations within the Moín Aquifer. As evidenced in Table No. 1 of official letter RHA-OM-2013-0666, cases 31 through 34 correspond to four inspections carried out at existing establishments, where cases 31, 33, and 34 could correspond to installations with risk A or similar. Likewise, according to Table No. 4 of the response report to official letter PRE-J2022-01740, 8 procedures related to existing installations are listed; where the second possibly corresponds to installations classified as risk A or similar. As a special case of existing installations, there are informal settlements (precarious settlements), which, by their very condition, do not request procedures from institutions such as service availability certificates (disponibilidades), land use, or construction permits. This limits AyA's actions as it does not have the authority to enter private properties without the registered owner's authorization and considering the dangerous environment that may exist in these sites for the physical integrity of the officials. In the case of requests for water services, AyA indicates that, because these are precarious properties, they do not meet the requirements described in the Service Provision Regulation and they are denied, especially considering that in many of them there is inadequate disposal of the wastewater generated. It is not omitted to state that reference has been made to possible Type A Risk activities, given that there is no certainty of this fact, since it is the Ministry of Health, the entity responsible for defining the risk categorization for the different activities carried out in the country in general; therefore, any questions should please be channeled through this entity. As part of the actions aimed at protecting the aquifer, the UEN Environmental Management and the Huetar Caribe Regional Directorate of AyA, created in March 2010, a database that synthesizes the location information of existing and proposed projects, as well as complaint sites within the area of zone 6, thereby also complying with what is indicated in Point No. 6 of the, Por tanto, of Board of Directors agreement 2011-112. Figure 2 presents the detail of the properties studied from 2003 to 2024. (…) All the reports referred to in this note were used to answer the Amparo Appeal file No. 22-008354-0007-CO, where after being considered, the Constitutional Chamber, through Resolution No. 2022022070 of December 23, 2022, acknowledges the complaints and other actions of AyA in safeguarding the water resource, but evidence of non-compliance with Article 50 of the Political Constitution is shown and requests the formation of an inter-institutional commission to address the cases of the Moín aquifer, and by instruction of the Minister of Environment and Energy, this commission will be coordinated by that ministry, so the actions are reported by said authority.\"\n\nThe Court considers that, on this point, what exists is the petitioner's disagreement with the response obtained, not an injury to their rights. Indeed, to the question regarding which projects have been investigated in \"zone 6\", the ICAA indicated “…AyA does not conduct resolution processes to define responsibilities for construction projects located in Zone 6, does not hold evidence, nor are investigation files created for each property owner…”. (Emphasis added).\n\nQuestion 2 contains different points that must be addressed separately. The first is the question \"Does the Directorate of Environmental Management (Dirección de Gestión Ambiental) and the Huetar Caribe Region have an inventory of all properties located in 'zone 6' and neighboring ones?\"\n\nIn this regard, the response was:\n\n\"Moín Commission Response: In the Map indicated in Figure No. 2, the greatest number of properties within Zone 06 are presented, corresponding to housing and individual commerce, where in application of Board of Directors Agreement 2011-112, this type of construction is feasible. It textually states: 'Constructions of homes originating from vegetative growth will be permitted in Zone 6, provided that it is ensured that wastewater is not discharged into sinkholes and that garbage collection is carried out by the municipal service or other means.' The quantity of properties that may exist within Zone 6 of the Moín Aquifer can be sized by the number of water services granted from 2011 to August 2024, which amounts to 380 possible properties, detailed in Table No. 1. This without considering individual single-family home properties built from 2003 to 2010.\"\n\nThe Court considers that the question posed is answered affirmatively or negatively, depending on whether the cited Directorate has or does not have an inventory of the mentioned properties. The Court does not observe that the ICAA clearly responded to what was requested.\n\nThen, the request continues: \"If it exists, we request that the respective documentation or file be provided to us…\" Given that the requirement is linked to the previous question (If it exists…), it is considered that the correct response would be the delivery of the mentioned inventory, in case the answer to the question was affirmative. Consequently, both issues are resolved jointly, as ordered in the operative part of this judgment.\n\nIt is clarified that the response provided by the ICAA was:\n\n\"Finally, regarding the request for the case files, it is important to define the possibility of providing them. As indicated in the first response, AyA has filed complaints before different entities, processed New Developments, where technical criteria, positive and negative water availability certificates (disponibilidades), water capacity letters have been issued, drinking water services have been granted, treatment systems approved, criteria to respond to amparo appeals issued, Inspections of existing Installations carried out, which may be due to complaints, requests for drinking water services, preparing a criterion for Environmental Programs, etc. All this documentation is not stored with the objective of generating a single file for each request; but rather, referring to the document 'Table of Document Retention Periods' for sub-fond: UEN GAM Customer Services and Sub-Management of Peripheral Systems (attached) and the 'Table of Document Retention Periods' for sub-fond Collection and Treatment (Attached); the archiving and disposal of information is established based on the subject matter being addressed in the issuance of the documents, thus all the Information being referred to regarding what was managed by AyA in Dirección03, could be categorized as: Availability File (Expediente de disponibilidad), where the retention period for these documents is 3 years in Office and 7 more years in CEGEDI (Documentation and Information Management Center) or New Services File, where the retention period for these documents is 3 years in Office and 7 more years in CEGEDI or Amparo Appeal File, which is kept in the Office while it is in process and 2 years in CEGEDI or Ombudsman and MINSA Complaint File, which is kept in the Office for 4 years and 1 year in CEGEDI, etc. Therefore, it is necessary for you to specify which of the above information you require, and also to demonstrate your interest and standing (legitimación) given that a large part of the documentation is private and it is incumbent upon AyA to communicate such management to the corresponding owner.\"\n\nHowever, given the wording of the question and as explained ut supra, it is considered that the response is not pertinent.\n\nQuestion 2 continues “…and as well as the list of wastewater treatment systems for each activity approved by AyA and other competent entities.”\n\nIn this regard, the ICAA replied:\n\n\"Regarding the list of wastewater treatment systems approved by AyA or other entities, it is important to clarify that according to current regulations, AyA only approves wastewater treatment systems corresponding to residential Projects, the vast majority of wastewater systems used correspond to Septic Tanks and Drains for individual homes which are approved by the Ministry of Health, which is the competent entity in this matter. To date, there is only one Residential Project for which AyA has provided approvals for its construction, this case corresponds to No. 2, in Table No. 2, of the technical report responding to official letter PRE-J-2022-01740, called 'Apartamentos Matama Village'.\" (Emphasis added).\n\nAs observed, the ICAA indicated that it only has one approved project, called \"Apartamentos Matama Village\", therefore this point is considered addressed.\n\nRegarding question 3, the Court verified that the petitioner inquired as follows: \"3.- Which properties have sinkhole formations in zone 6 and what actions have been taken in this regard to guarantee they are not affected as well as what is the current situation? It is requested to provide all reports, resolutions, inspection records, and other documentation that may exist in the files of the Directorate of Environmental Management and the Huetar Caribe Region. Also indicate under which legal regulations these systems are technically treated, and how AyA ensures their salinization.\"\n\nIn this regard, the petitioner reproaches in the amparo (erroneously identifying it as question 5): \"The ICAA omitted to provide a response to what was consulted\" and \"…the ICAA omitted to respond to what was consulted, in an evasive manner that can be seen in section II of the Report dated January 2025\".\n\nAccording to the evidence provided by the parties, the ICAA's response was:\n\n\"Moín Commission Response: Sinkholes (dolinas) are karst systems that have different developments, sizes, shapes, and configurations; they also constitute a direct connection between the surface and the aquifer, through which the direct recharge of the aquifer occurs; therefore, for their identification, a geologist or hydrogeologist from the competent institution is required, based on a field inspection, to determine and corroborate the particular characteristics of each property, so that the proposal for carrying out an activity considers its protection and sustainable and sustainable management. AyA carries out the greatest number of field inspections through the water availability (disponibilidad del agua) process, when a new project is intended to be built or through the request for a new drinking water service for an existing Installation. In both cases, the process is requested by the registered owner and therefore the opportunity is taken to carry out the corresponding field inspection. It is important to note that the study that supports Board of Directors Agreement 2007- 177 was based on an integral analysis, which considered the geological, hydrogeological characteristics, groundwater balance, and vulnerability of the studied sectors. In the case of new projects, the procedure followed by the Huetar Caribe Region is explained to verify that their conceptualization complies with the regulatory recommendations set forth in AyA Board of Directors Agreement No. 2011- 112, which includes actions for the protection of sinkholes (dolinas) and analysis of cases in the Moín Aquifer Commission, when a Project with special characteristics so requires. Before providing the water availability letter (carta de disponibilidad) for new projects within Dirección02, developers are asked for a conceptualization of the Project that complies with the aspects established in AyA Board of Directors Agreement 2011-0112. Among the aspects to verify in the conception of the Project are: 1. Compliance with the 20% impermeable area (área de impermeabilización) of the Project: For this, a site design and area table are requested that identifies the use of all project areas. 2. The Project must have a Wastewater Treatment Plant and Sanitary Sewer System, for which the Receiving Water Body or Reuse of the wastewater must be indicated. 3. Indicate if there are sinkholes (dolinas) or sumideros within the property. Topographic contour lines are requested, at least every 25 cm. 4. Indicate the rainwater evacuation site on the land, which can be corroborated with its contour lines. This aspect is requested in this way because, given the absence of bodies of water within Dirección03, some projects discharge their rainwater into the sinkholes (dolinas). 5. In the case of Urbanizaciones, Condominiums, lotifications (lotificaciones), and subdivisions (fraccionamientos), it is reviewed that the population density does not exceed one housing unit per 1000 square meters or a density less than or equal to 50 inhabitants per Hectare, as established in the SENARA Contamination Vulnerability Matrix. Once it is verified that the Project outline complies with these requirements, among which is the non-affectation of sinkholes (dolinas), an institutional inspection and verification of the information provided in the field is carried out; if the conceptualization of the Project is consistent with what is indicated in the Board of Directors Agreements, the water availability letter (carta de disponibilidad) is granted so that developers can process the project, complying with all applicable environmental regulations. Finally, if any particularity of the Project is detected, the case is brought to the Moín Commission, where it is verified if its conceptualization complies with the AyA Board of Directors Agreement. If necessary, visits are scheduled with the Institute's environmental and legal specialists. In the case of sinkhole (dolina) protection, it has been necessary to readjust the original conception of some projects, so as not to affect these geological formations, an example is the site scheme shown in Figure No. 3, which demonstrates that, from the Project's conceptualization, the protection of sinkholes (dolinas) is already guaranteed; of course, in projects that meet the requirement of requesting water availability (disponibilidad de agua). (A figure is inserted called 'Figure 3: Conceptualization of a Project in Zone 6 of the Moín Aquifer, which considers the Protection of Sinkholes'.) Additionally, the UEN Environmental Management of AyA contracted Services for the survey, identification, and systematization of technical information as a mechanism for integrating information under the basin concept, applied through a photogrammetric and Lidar study over Zone 6 of the Moín Aquifer. Among the results obtained, and as shown in Figure No. 4, it was possible to determine sinkholes (dolinas), sumideros, and topographic depressions within the zone, which provides important support information to determine the possible affectation of sinkholes (dolinas) by Projects within zone 6 of the Moín Aquifer; being an important input for subsequent field studies (if necessary) by specialists in this matter, who will definitively corroborate if there is an affectation of sinkholes (dolinas) due to the execution of the requested Project and the necessary protection measures for each particular case. (A figure is inserted, called: 'Figure No. 4. Shows the location of sinkholes (dolinas), sumideros, or depressions on Zone 6 of the Moín Aquifer and their possible depth') In accordance with the above considerations, note that Agreement No. 2011- 177 itself establishes in its Por tanto: '… Constructions of homes originating from vegetative growth will be permitted in Zone 6, provided that it is ensured that wastewater is not discharged into sinkholes (dolinas) and that garbage collection is carried out by the municipal service or other means'. While the regulation does not exhaustively locate the regulation of sinkholes (dolinas), it is necessary to indicate that on October 17, 2022, MINAE through the Water Directorate determined via official letter DA-UHCAROG-0478-2022: '… Sumidero is the name of the channel that receives rainwater or some type of surface current. The term is linked to the verb sumir, which refers to submerge or sink. The sumidero, therefore, allows water to be drained. Generally, it is a circular depression that, at a geological level, is known as a sinkhole (dolina). Sinkholes (dolinas) usually form on limestone surfaces, have variable depth, and have walls with significant inclination. According to the Water Law, Law No. 276 in its article 31, which defines the declaration of reserve domains in favor of the nation; it mentions in subsection b: 'b) The forest zone that protects or must protect the set of lands where the infiltration of potable waters occurs, as well as those that support hydrographic basins and margins of deposits, supply sources, or permanent courses of the same waters'. ( … )” By jurisprudence, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has determined the following when assessing activities located over an aquifer mantle, having to consider the places where infiltration occurs (where the previously cited sumidero is technically conceptualized) of the waters naturally: '...a) Protection perimeters of aquifer mantles: One of the most novel instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its environment. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the contained water but also of its container, that is, the geological formation called an aquifer. This activity consists of projecting and drawing on the surface a demarcation under which an aquifer or part of it is located, in which a specific regime is established for the use of the hydraulic domain –ordering and restriction of pre-existing water concessions, impediment to granting new ones– and control of activities and installations that may affect it –through authorizations– (e.g., mines, quarries; urban activities including septic tanks, cemeteries, landfills –storage, transportation, and treatment of solid and liquid waste–; agricultural and livestock activities with deposit and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with wastewater and farms; industrial activities with storage, transportation, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). Evidently, the definition of perimeters by national authorities –MINAE and ICAA– must be respected by local governments (Municipalities) and INVU (given its residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans) to compatibilize, develop, and effectively reflect the conditioning factors established in the definition of protection perimeters in the regulations contained in the respective Regulatory Plans on land uses or territorial planning (e.g., zoning regulations, construction regulations, etc.). Obviously, protection around capture areas (wells - PPP: wellhead protection perimeters, springs (manantiales), springs (nacientes), etc.) must be added to the above, through the definition of an area around them in which certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling land use. The determination of the perimeter depends on the capture zone or zone of contribution of the well and its extension depends on the characteristics and properties of the capture area and the recharge terrain, since the rules cannot be the same for permeable or fissured terrains as for those with impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with the cartography of vulnerability or natural susceptibility of the supply aquifer mantles to anthropogenic contamination loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, facing anthropogenic contamination problems, which is achieved through the preparation of maps. Both measures, protection perimeters and vulnerability cartography, are suitable for relocating in time a specific type of activity, the supply source, or, ultimately, introducing technical methods and instruments for the treatment and disposal of contaminating agents. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability cartography vary depending on whether it is (a) an area without territorial occupation, being useful to define activities that may or may not be installed in the future; (b) already occupied areas, in which case a mapping of natural vulnerability and areas with greater susceptibility to contamination is carried out, being able, faced with the threat of a high contamination index, to relocate activities, supply sources, and introduce technology for the treatment and disposal of contaminants; (c) already contaminated areas, for which alternative sources can be sought, prevent the spread of contamination plumes, and, if possible, due to its high cost, treat the aquifer waters after extraction; (d) areas for new catchments, in which case an inventory must be made of potentially contaminating activities and the impact area of each of these… The content of the norm is extremely significant and rich, since it enables the State to adopt any opportune measure to avoid irreversible damages and losses that a state of emergency due to water crisis could cause. Evidently, this is also a competence that has not been exercised responsibly or is underutilized. The General Law of Drinking Water, No. 1634 of September 18, 1953, in its article 2, establishes that 'All those lands that both the Ministry of Public Works and the Ministry of Public Health –organs of the Executive Branch that were replaced by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers by virtue of its Creation Law No.\n\n2726 of April 14, 1961, and its amendments, and, more specifically, Article 2, subsection h), which entrusted it with enforcing the General Potable Water Law—deem indispensable for constructing or locating any part or parts of potable water supply systems, as well as for ensuring the sanitary and physical protection and necessary flow thereof (...)”, this norm is clearly of enormous significance, since it declares as public domain the catchment areas that may include springs (manantiales o nacientes)—a natural discharge form of groundwater—and, more importantly, it grants the status of public-domain property (bien demanial) to all those lands necessary to ensure sanitary and physical protection and its flow, which necessarily includes the recharge areas of aquifers (mantos acuíferos) clearly delineated through the perimeter-demarcation activity already indicated, since the lack of protection of these zones necessarily affects the quality—through contamination—and flow—through impermeabilization or overexploitation—of the waters for human consumption and use that emerge from a spring. The Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 33, subsections a) and d), respectively, provides that protection areas are those “(...) bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally” and “The recharge areas and the aquifers of the springs, whose limits shall be determined by the competent bodies established in the Regulations of this law”; these norms clearly give support to the administrative activity or intervention to define the protection perimeters of aquifers and catchment zones. The Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 of October 13, 1995, in its Article 51, indicates that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria, among others, must be applied: “a) Protect, conserve, and to the extent possible, recover aquatic ecosystems and the elements involved in the hydrological cycle,” “b) Protect the ecosystems that allow for the regulation of the water regime,” and “c) Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins.” This establishes the need to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle without making distinctions, which especially includes groundwater. Finally, Articles 5, subsection e), final paragraph of the Law Creating the ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments) and 15 of the Law Creating SENARA (No. 6877 of July 18, 1983, and its amendments) crown the legal framework for the institutional protection of groundwater by stating, respectively, “The lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions made necessary for catchment (...), are declared of public utility and social interest and may be expropriated” “The actions promoted by the State for the purpose of ensuring the protection and rational use of waters (...) are declared of public interest.” In the legal-administrative framework for waters, we will also find a series of obligations and burdens imposed on private parties and public legal subjects—public entities and bodies—for adequate protection of the subsurface and surface public water domain. Thus, the Water Law of 1942 and other legislative bodies establish a series of prohibitions and obligations for the owners and users of springs—which are a component of the discharge area of an aquifer (manto acuífero)—such as the following: a) users or concessionaires must comply with police and health regulations regarding excess waters that are returned to a spring to avoid contamination or foul odors—failure to do so may result in the loss of the special use right and a fine penalty—(Articles 57 and 166, subsection III, ibid)… The General Health Law (Ley General de Salud), No. 5395 of October 30, 1973, and its amendments, for its part, contains specific norms for the effective protection and conservation of groundwater; thus, Article 275 stipulates that \\\"All natural or legal persons are prohibited from contaminating surface or subsurface waters (...) directly or indirectly, through drainage or the discharge or storage, voluntary or negligent, of liquid, solid, or gaseous waste or residues, radioactive or non-radioactive, black water or substances of any nature, which, by altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water, make it hazardous to the health of people, terrestrial and aquatic fauna, or unusable for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses.\\\" For its part, numeral 276 establishes that only with permission from the Ministry may drainage be carried out or the discharge of solid or liquid waste or residues or others that could contaminate surface, subsurface, or maritime water be conducted, \\\"(...) adhering to the safety regulations, norms, and conditions and the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them harmless.” Articles 285 and 291 of that normative body, respectively, oblige every person to eliminate excreta and black water in an adequate and sanitary manner to avoid “contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption” and prohibit the discharge of industrial or health-facility waste into the sewer system to “avoid contamination of water sources or courses.” Finally, Article 309 of that law establishes that the Ministry of Health will approve a developer's project, among other things, if it \\\"(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excreta, black water, and gray water (aguas servidas)…” (Vote: 1923-04 »Case File: 03-000468-0007-CO CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and fifty-five minutes on February twenty-fifth, two thousand four.) In summary, to achieve the protection of the Dolines (Dolinas) within Zone 06 of the Moín Aquifer, AyA, in the exercise of its statutory powers, establishes through the Board of Directors Agreement 2011-112, the vulnerability mapping by delimiting the area of zone 06 and making it official as an area of high aquifer vulnerability, establishing recommendations for regulating the activities to be developed under this category; where, in order to define the protection perimeters of dolines, inspections are carried out by trained professionals to verify on-site the necessary conditions to protect these formations, before providing water availability for the start of proceedings for any new project wishing to be developed within zone 06. Finally, from all the water quality studies conducted, the salinization of none of these formations has been identified.” (The underlining is added).\n\nThe Chamber dismisses the generic reproach formulated by the claimants with respect to this question. Indeed, it is verified that figure 4 shows the location of the dolines on the properties in zone 6, as well as their depth. Furthermore, the last paragraph (underlined) explains the protection of dolines in zone 6 and that no salinization has been identified. In that regard, the generic reproach formulated is dismissed.\n\nRegarding question 4, the Chamber observes that it contains several different questions within itself.\n\n“4. The report GSP-RHC-2024-00849 indicates, in relevant part, the following: ‘…Huetar Caribe Region of the AyA, there are complaints filed for the execution of projects on this land, without considering the AyA’s criteria in a strategic supply area for the population of Limón and the Country in general; after an intervention by MINAE and requested by the Region, it is identified that the project approved by SETENA…’ In this regard, we request the following: a.- What projects have been reported in zone 6, before or by the AyA? Please specify the technical and legal basis of each complaint that the AyA has filed.”\n\nThis question was answered by the ICAA as follows:\n\n“As indicated in Response No. 1, there is a record from 2003 to date of 18 complaints filed before the competent authorities, such as the Municipality of Limón, Ministry of Health, MINAE, SETENA, and other administrative bodies such as the Administrative Environmental Tribunal. Considering that the AyA does not have sanctioning power nor is it responsible for regulating urban matters, this institute has requested review, site visits, and inspections in coordination with other institutions (MINSA, Municipality, MINAE, SETENA), so that, in accordance with their competencies, the activities located in Dirección02 are verified, in order to confirm they are complying with the measures defined in their authorization, that said institutions indicate new applicable measures, as well as verifying no impact on the population’s supply, health, and the environment. The particularity of each of the 18 complaints filed is documented in Official Letters RHA-OM-2013-0666 (attached) of April 9, 2013, where the first 7 reported cases are described, and in the Technical report in response to official letter PRE-J-2022-01740 (attached), where 9 cases of complaints filed by AyA up to the year 2022 are described. In 2024, two complaints were filed regarding activities carried out in the Moín Aquifer: one is the storage of ‘Coke’ on property L-1540220-2011, which corresponds to a possibly Type A risk activity, which was reported to the Ministry of Health, Municipality of Limón, and SINAC; for lacking the legal authorizations for that activity, and the last corresponds to the one filed against your represented party. As can be seen from this information, there is a large number of cases, which are very diverse, and which demonstrate an approach by AyA to avoid any risk of contamination and guarantee the conservation of the Moín Aquifer. As for the legal basis for requesting intervention, site visits, inspections, and filing complaints, it is clarified as follows: There is a stewardship of the Institute in the technical and normative function of supply and collection, derived from what Law No. 2726 provides in its Articles 1 and 2 when it states: Article 1.- (*) For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of potable water and collection and evacuation of sewage (aguas negras) and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of storm drainage systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) is created as an autonomous institution of the State. Article 2.- (*) The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for: a) Directing and supervising everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, and stormwater in urban areas; b) Determining the priority, advisability, and feasibility of the different projects proposed for constructing, reforming, expanding, modifying aqueduct and sewer works; which cannot be executed without its approval; c) Promoting the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination; d) Advising the other State bodies and coordinating public and private activities in all matters relating to the establishment of aqueducts and sewers and control of water resource contamination, its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations being inexcusable; (..) f) To take advantage of, utilize, govern, or supervise, as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State has over them, in accordance with law number 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitute organ for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities; (…) h) Enforce the General Potable Water Law, for which purpose the Institute shall be considered as the substitute body for the ministries and municipalities indicated in said law; (…).” Regarding the competencies in this matter of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Constitutional Chamber has ruled as follows in Case File 03-000468-0007-CO, Vote 2004-01923: (…) The AyA, as the competent entity in the installation, maintenance, and protection of public supply catchments and sanitary sewer networks, assumes a responsibility for oversight, maintenance, control, surveillance, and due care in the continuity, quality, and efficiency of the service; therefore, it corroborates and verifies, with appropriate means and technology, in coordination with other competent institutions including the Ministry of Health, Municipality, MINAE (Through SINAC, Water Directorate, SETENA), that surrounding activities do not affect the water resource, environment, and the sources captured for public supply under its administration. The foregoing, besides being a competency, is a mandate that it must exercise permanently in all strategic public supply zones under its administration. The preceding consideration was assessed and defined in Resolution No. 47-2023-V of the CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT. SECTION FIVE. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A. Goicoechea, at 08:30 hours on June 8, 2023. “... Thus, it has been possible to verify that the administrative conduct in question, specifically both agreements, stems from the fact -factual antecedent- that the area called zone 6 is part of the Moín-Limón aquifer, and that this is an area that serves for the supply of water resources for an important part of the population of Limón, from which it follows that the respondent entity has the legal obligation - factual antecedent - to carry out actions to preserve and protect this zone, as provided in Article 2 of Law No. 2726... by legal mandate, the Institute has the obligation to adopt the necessary measures for its conservation, conduct that in this case was expressed, externalized, or manifested in Agreements No. 2007-177 and No. 2011-112 issued by its Board of Directors, and which also had as a technical background the Hydrogeological and Vulnerability Study of the Moín Limón Aquifer prepared by the Hydrogeologist of the Environmental Management Area of AyA, Viviana Ramos Sánchez...”. (The underlining is added)\n\nThe Chamber considers that the question was duly addressed, given that the ICAA clarified the (technical) manner in which it has intervened, forwarded the respective information on the cases, and clarified its legal basis. From the generic claim formulated, no injury to the claimants' rights is determined.\n\nPoint b) of question 4 indicates:\n\n“b.- What actions have been taken on each complaint?”\n\nThe ICAA responded:\n\n“A/ In the case of AyA, the issuance of technical reports with recommendations addressed to the competent entities, who, in accordance with their own regulations, are responsible for issuing the measures and resolving what they deem appropriate. The response to question 1 and the response to subsection a) of question 4 elaborate on what was requested.”\n\nAgain, this Court does not observe an irregular response, given that the ICAA addressed the generic request in a generic manner. If clarifications are required, the interested party may well formulate them.\n\nPoint c) of question 4 states:\n\n“c.- Does each complaint have an administrative case file (expediente administrativo)? If there are any, we require a complete copy of said file.”\n\nThe ICAA's response was:\n\n“A/ In accordance with the classification of private information and as these are cases under investigation, it is not appropriate to provide a category of complaint case file that is under investigation; only the natural or legal person who was reported would have access and is the one responsible for generating the authorization. It is necessary to consider the provisions of EXECUTIVE DIRECTIVE No. 073-MP-MEIC-MC: 'Article 2.- For the purposes of this Directive, publicly accessible information shall be understood as any type of data generated or safeguarded by anyone exercising a public function or power and whose access is not restricted by law.' In Case File 05-001962-0007-CO, Resolution No. 2005009855 of the CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on July twenty-ninth, two thousand five; it is defined that case files corresponding to complaints are of a private nature and their investigation phase does not permit facilitating that information to persons outside the proceeding in question, consequently, it is once the investigation is closed that the entity responsible for resolving determines whether to provide the requested file: (…) It should be clarified that what this Institute has carried out are coordination efforts for accompaniment with MINSA, MINAE, and the Municipality, as a preventive action of control and surveillance of surrounding activities, whose official letters have been listed in previous responses and that it has fallen to those institutions, within the framework of their competencies, to issue the corresponding orders for correction, modification, and adaptation, given that this Institute has no ordering authority for suspension or closure. The response to question 1 and the response to subsection a) of question 4 elaborate on what was requested; this Institute can only provide you with copies of the reports generated in the previous points; the administrative case files are in the custody of the competent entity responsible for resolving (MINSA, SETENA, MINAE, or others), so if you require them, it is recommended that you appear before said bodies and demonstrate, in accordance with Law 8220, your legal standing (legitimación) if said files are found to be in the investigation phase.” (The underlining is added).\n\nThe Chamber notes that the ICAA was explicit in indicating that it does not have custody of the administrative case files, as its work has been one of coordination with other bodies. In any event, according to this Court's jurisprudence, access to administrative case files may be limited, according to the ad intra aspect of the right of access to information:\n\n“III.- ON THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION. It is the content of Article 30 of the Political Constitution that establishes the possibility of access to public archives and departments, so that all persons may know information that is of public interest. This Chamber, in its jurisprudence - e.g., Judgment No. 2008-004460 at 17:14 on March 25, 2008 -, has indicated that the aforementioned numeral guarantees free access to administrative departments for information purposes on matters of public interest, this right being constituted as a means of control in the hands of the administered parties, since it allows them to exercise optimal control of legality and opportunity, convenience, or merit of the Public Administrations. Likewise, this Court has indicated that such recognition is not unlimited, and like any constitutional right, it has limits. Thus, among the exceptions to the enjoyment of this right is access to information classified as a state secret and to information contemplated within procedures that are in the investigation phase or that are under development. This leads to the distinction between access to information corresponding to administrative documentation and access to documents that form part of an administrative proceeding, in the first case, what is required will be provided to whoever requests it, as they are an ad extra subject; in the second case, only the information requested by the parties involved in the process will be provided, i.e., ad intra. In this way, the various bodies of the Public Administrations have the obligation to render the public information required by the interested parties, this within the shortest possible timeframe.” (Judgment no. 2025007103 at 9:20 on March 7, 2025).\n\nIn point d) of question 4, it states:\n\n“d.- Have reports been made for each complaint?”\n\nRegarding this point, the ICAA responded:\n\n“After each joint visit, this Institute issues a technical report listing the corresponding recommendations.\n\nAdditionally, it is important to indicate that according to the ‘Table of Document Retention Periods’ for the sub-fund Collection and treatment (Attached); in the case of complaints, the custody time in the Office is 4 years and 1 year in the Institutional archive, such that since, of the 18 complaints filed, the first 16 are prior to 2019, it would be difficult to obtain this information.”\n\nThis Court considers that the question was indeed addressed by the ICAA, given that the institute indicated that it issues a technical report when it conducts a joint visit.\n\nThen, in point e) of that question, it was inquired:\n\n“Are there industrial projects in Dirección02 that have not been investigated? According to the current Regulatory Plan (Plan Regulador) of the central canton of Limón, what aquifer vulnerability rating is given to the property where our activity is developed?”\n\nThe ICAA responded in this regard:\n\n“As indicated in Response No. 1, the AyA does not investigate industrial projects; the AyA has issued opinions and assessments in those cases where: complaints have been filed, requests for potable water availability have been made so that New Projects are developed in harmony with the protection of the water resource of the Moín Aquifer, and requests for new potable water services for existing installations have been made, where, before providing them, it must be verified that the activities carried out do not put the Aquifer at risk. The interested party is recommended to consult the Ministry of Health (competent entity) regarding the industrial projects that have been developed in Zone 6. Regarding the Regulatory Plan of the Central Canton of Limón, previously a mandate had already been generated for the Local Government to include the AyA's considerations and recommendations in the Regulatory Plan; the Constitutional Chamber, considering the nature of the Agreements issued by the AyA 2007-177 and 2011-112 (which modified the provisions established in agreement 80-121 of session 80-028 of April fourteenth, nineteen eighty), in Exp: 06-015593-0007-CO Res. No. 2008-004751, at twelve hours and zero minutes on March twenty-seventh, two thousand eight. (…) Agreement 80-121 of session 80-028 of the AyA Board of Directors was repealed by Agreement 2007-177 published in Gazette No. 83 of Wednesday, May 2, 2007, and this in turn was partially modified by Board of Directors Agreement No. 2011-112, issued on April 7, and the communication requirement was fulfilled on May 2, 2011, in the Official Journal La Gaceta No. 83. The foregoing was duly communicated to the Local Government via official letter PRE-1426-2012 (Attached), so that it would have the latest version and this be incorporated into the Regulatory Plan. As a reminder, the Moín Commission sent the following official letters No. UEN – GA – 2018 – 00322 dated March 2018, UEN – GA – 2018 – 00556 dated April 2018, UEN – GA – 2018 – 01827, dated October 2018, and UEN – GA – 2018 – 1975, dated November 2018 addressed to the Local Government and the Ministry of Health. (Within AyA's notification to other bodies, there are documents sent by Mrs. Yessenia Calderón to SETENA and the Municipality of Limón since 2012 – then executive president of AyA. Both official letters have the same consecutive number (PRE1426-2012 and bear the received stamp). Recently, on the occasion of the response to Case File 22-008354-0007-CO, in Minute SINAC-ACLAC-DAP-022-2022, the Municipality indicated “...that at the moment, it is not opportune to present the progress made on the regulatory plan, because it remains in a draft document state, and it indicates that an assessment will be made when a more advanced product is available...” The Regulatory Plan was never consulted with AyA, so the Institute is aware of its scopes regarding Zone 6 only through the publication made in Supplement No. 191 TO GAZETTE No. 182, on Wednesday, October 4, 2023. AyA, via official letter GSP-RHC-2025-00048 (attached), consulted the Mayoress of the Municipality of Limón and the Municipal Council on whether the recommendations of the AyA Board of Directors Agreements were included in the Limón Regulatory Plan, further indicating: • As of the date of this official letter, it is not available on the Procuraduría's page, nor on the Municipality of Limón’s website. • There is a publication in Supplement No. 191 TO GAZETTE No. 182 of Wednesday, October 4, 2023 • No response has been received to the request for information on the Regulatory Plan that AyA made to the Municipality (GSP-RHC-2020-02718). After reviewing the official platform of the Attorney General's Office of the Republic, only the publication of the Regulatory Plan is recorded (https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NR M&nValor1=1&nValor2=47365&nValor3=50242&strTipM=FN), in Gazette 209 of October 31, 2001. It is also important to indicate that we do not have sufficient inputs, nor the adequate scale, to answer your query regarding the vulnerability rating of your represented party's property, according to the Regulatory Plan. It should be emphasized that AyA, based on Board of Directors Agreements 2007-177 and 2011-112, has made it official that the Vulnerability is High.” (The underlining is added).\n\nAs is extracted from the underlined phrases, the questions from the claimant party were indeed addressed by the ICAA. It must be remembered that mere disagreement with the response provided does not constitute an infringement of constitutional numeral 27.\n\nLikewise, the Chamber emphasizes that the objections of the appellant party to the ICAA's responses were expressed in a generic manner (for example: “Regarding questions a, b, c, d, and e, there is omission and evasion of information in the response provided…”) or as a disagreement (for example: “…[the respondent] failed to tell the truth and thereby denied public information...), for which reason, in the terms raised, no injury to their rights is observed.\n\nRegarding question 5, in the official letter, the ICAA was requested:\n\n“5.- Are you aware that there is an AyA official representing that body in the Plenary Commission of SETENA? Do you know what the functions are of the AYA representative in the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat?. What activities have you carried out with SETENA, in accordance with the principle of institutional coordination?”\n\nThe respondent institute answered:\n\n“We are fully aware of the official representing AyA in the Plenary Commission of SETENA, as well as the functions she performs within the Commission. AyA has communicated the Board of Directors Agreements (PRE-1426-2012) to SETENA, as well as the maps corresponding to Zone 6, whose vulnerability and application of regulatory recommendations are mandatory. Regarding the work of SETENA, it is responsible for defining which institutions it consults, as well as for verifying or not the existence of water service availability, so it is recommended that you redirect your query to this body.”\n\nNow, the Chamber notes that the appellant party confuses the content of this question in its filing brief, where it indicated that such content was: “5.- Which properties have dolines formation in zone 6 and what actions have been carried out in this regard to guarantee their non-affectation, as well as in what current situation are they? It is requested to provide any report, resolution, inspection records, and other documentation that may be recorded in the archives of the Environmental Management Directorate and the Huetar Caribe Region. Also indicate under which legal regulations these systems are technically treated, and how AyA ensures against their salinization.”\n\nDue to that confusion, the Chamber cannot deduce, from the filing brief, concrete reproaches against the response provided by the ICAA to question 5.\n\nIn any case, no ostensible injury to the rights of the petitioners derives from the content of that response.\n\nThrough question 6, the petitioners asked ICAA:\n\n“6.- Has there been any correspondence in the past between the Directorate of Environmental Management and the Huetar Caribe Region or any other AyA department with the AYA representative in SETENA, or any specific instruction from that directorate such as training and others to those administered? (sic) communicating, informing, or instructing any guideline in relation to ‘Zone 6’. If such correspondence or communication exists, we request to obtain a copy.”\n\nIn response, the ICAA stated:\n\n“AyA, in compliance with what was requested by the Constitutional Chamber in File: 06-015593-0007-CO Res. No. 2008-004751, at twelve hours and zero minutes on March twenty-seventh, two thousand eight, through official letter PRE-1426-2012, formally communicated the scope of agreements 2007-0177 and 2011-112 to SETENA and the Municipality of Limón, therefore it is not appropriate to provide training, but rather the application of the vulnerability and the recommendations given in the Board of Directors Agreements. Without prejudice to the foregoing, for addressing cases located in Zone 6, AyA, through the Moín Commission, has conducted talks, meetings, and field inspections on technical aspects with various entities (MINSA, Municipality, MINAE, etc.), for example a presentation on June 19, 2019, to the Municipal Council of Limón recorded in minutes, on the hydrogeological characteristics of the Moín aquifer, as well as the environmental, technical, and legal scope in relation to operating permits, licenses, and location in Directorate05.”\n\nThe petitioners complain that “The ICAA failed to provide a response to what was consulted.” The Chamber observes that there was an express indication that the scope of agreements 2007-0177 and 2011-112 were communicated to SETENA and the Municipality of Limón. Given that the argument is formulated generically, this Tribunal does not verify an injury to the appellants’ rights.\n\nRegarding question 7, the petitioners requested:\n\n“In report GSP-RHC-2024-00849, it states in the relevant part: ‘…the sealing of 10 hectares of land, the execution of more than 73 thousand cubic meters of earthworks (movimientos de tierras) in sites where several sinkholes (dolinas) exist, without an approved Hydrogeological Study guaranteeing no impact on the Aquifer, where the aquifer vulnerability is changed from high to medium, which puts the population at risk of a possible shortage…’ If a Hydrogeological Study is submitted that guarantees no impact on the Aquifer, could the ‘AYA’s concern’ be concluded and thereby regularize the potable water service situation for the Constructora Hutchinson project?”\n\nThe ICAA’s response was:\n\n“In relation to the query, AyA has already carried out comprehensive and detailed technical hydrogeological studies for zone 6, based on field surveys and the development of current methodologies, which have been formalized by the AyA Board of Directors. The preparation of a hydrogeological study for the study area must have the objective of demonstrating that the activities to be carried out on the property do not affect the water resource (Moín Aquifer) and its protection of the sinkholes (dolinas) found in the area, starting from the fact that in the Moín Aquifer in Zone 6 the Vulnerability is High, as cited by SETENA in resolution No. 2057-2024-SETENA, in point 4: ‘Detailed hydrogeological study that validates the project area conditions according to the new works to be incorporated, likewise the study must consider the hydrogeological conditions of the Moín aquifer zone 6’. (highlighting is not from the original).”\n\nWith respect to this question, the appellants express the following disagreement: “It did not refer at all to the AyA’s ‘concern’, nor to what was consulted about the regularization of the water service for my client’s project.”\n\nRegarding this point, the Chamber considers that the petitioner’s question concerns a hypothetical scenario (“…In case one is submitted…”), which does not find constitutional protection, as this Chamber has indicated:\n\n“…the truth is that, from reading the brief, it is evident that what was raised was a question about a hypothetical situation, and not a request for pre-existing information or a specific document, capable of being certified by the Administration.” (Judgment no. 2020015233 at 9:15 a.m. on August 14, 2020).\n\n“I.- ON THE SPECIFIC CASE. Having analyzed the filing brief for this appeal, as well as the evidence provided in the case file, this Tribunal verifies that what was stated by the appellant in the petition filed on June 25, 2020, before the Minister of Public Education, rather than a simple petition or request for information, corresponds, in reality, to the raising of a hypothetical situation. (…)\n\nFor the foregoing, it can be concluded that the provisions contained in Articles 27 and 30 of the Political Constitution are not applicable, and therefore the appropriate course is to reject the appeal outright, as is hereby ordered.” (Judgment no. 2020018148 at 9:20 a.m. on September 22, 2020).\n\nIn application of the transcribed criterion, the claim is dismissed.\n\nRegarding question 8, it is observed that the petitioners stated it was answered.\n\nRegarding question 9, the petitioners inquired:\n\n“9.- The samples used for classifying the vulnerability of the aquifers in the Moín zone, were they taken specifically on each property or do they correspond to a demarcation of a specific area by AyA studies? If so, through a study, how were those farms that were sampled by the Author defined as high vulnerability classified? Given that multiple studies and even the Limón Regulatory Plan have varied land uses (usos del suelo) when owners have demonstrated another category with specific studies, what response does AyA provide when studies, I reiterate specific ones, reflect a result of medium impact and even low vulnerability on a specific farm?”\n\nThe ICAA responded:\n\n“The comprehensive hydrogeological study carried out by AyA covered the entirety of the 10 Zones that constitute the Moín Aquifer, where the area was traversed with the permissions of property owners and farm administrators at the time the study was conducted. The hydrogeological study corresponds to a comprehensive analysis for the entire Zone and is not specific to a single property, therefore the activities to be developed must be compatible with the aquifer conditions. The vulnerability classification for the Moín aquifer zones was based on the EPIK methodology, which is the official methodology for karstic aquifers, in which it was determined that the intrinsic vulnerability is High (natural properties of the aquifer), which were formalized in the AyA Board of Directors Agreements.”\n\nIn the filing brief, the petitioners question:\n\n“The entity did not fully respond to all parts of the question. An explanation is missing on how farms with high vulnerability were specifically classified, and AyA’s response to contradictory studies presented by owners is not addressed.”\n\nHaving reviewed the specific questions contained within point 9, the first asks: “Were they taken specifically on each property or do they correspond to a demarcation of a specific area by AyA studies?” This point is considered addressed when it was stated: “The hydrogeological study corresponds to a comprehensive analysis for the entire Zone and is not specific to a single property…”. On the other hand, the second question (“If so, through a study, how were those farms that were sampled by the Author defined as high vulnerability classified?”) depended on the answer to the first, which, in this case, made the answer to the second unnecessary, since it was “comprehensive”.\n\nFinally, regarding the final part of the question (What response does AyA provide when studies, I reiterate specific ones, reflect a result of medium impact and even low vulnerability on a specific farm?), the Chamber considers that this involves a hypothetical situation, since the consultants do not refer to a specific case where a study has varied the land use (uso del suelo). Being a hypothetical question, the failure to address it does not constitute an injury to fundamental rights, as explained when analyzing question 7.\n\nIn point 10, the petitioners asked:\n\n“10.- Does the fact that the new Limón regulatory plan classifies zone 6 as having medium vulnerability imply that there is a conflict of technical criteria between AYA and the Municipality of Limón?”\n\nThe ICAA replied:\n\n“It should be noted that in accordance with Ley 2726, the criterion issued by AyA is binding, therefore the Municipality is obligated to incorporate it into the Regulatory Plan. In question 4 subsection e), what was ordered by the Constitutional Chamber was indicated, upon considering the nature of the Agreements issued by AyA 2007-177 and 2011-112 (which modified the provisions established in agreement 80-121 of session 80-028 on April fourteenth, nineteen eighty), in File: 06-015593-0007-CO Res. No. 2008-004751, at twelve hours and zero minutes on March twenty-seventh, two thousand eight, as well as the reminder and request actions issued by AyA to the Local Government. As previously indicated, a presentation was made by the Moín Commission on May 22, 2019, at the AyA Regional Office – Huetar Caribe to the Municipality of Limón and the Ministry of Health, to address the issue of Zone 6, Moín Aquifer in the province of Limón. A presentation was given, by the Moín Commission on June 19, 2019, to the Municipal Council of Limón on the hydrogeological characteristics of the Moín aquifer, as well as the environmental, technical, and legal scope in relation to operating permits, licenses, and location in Zone 6 of the Moín Aquifer. It is important to note that at the time your client’s project was managed (2019), the Regulatory Plan was not approved (2023), therefore, for any management in 2019, the Board of Directors Agreements had to be considered, which remain in force.” (Underlining added).\n\nIn the filing brief, the appellants claimed: “The ICAA failed to provide a response to what was consulted” and “Question 10 was completely omitted by responding in a totally abstract manner to what was consulted.” However, the Chamber deems that the response addresses what was asked. In that sense, when inquiring whether a conflict exists between the criteria, the ICAA clarified that its criterion is binding. Ergo, there would be no conflict, since its criterion must be assumed. To that extent, no injury to their rights is observed.\n\nThe petitioner indicated that questions 11, 12, 13, 14, and 15 were answered.\n\nIn question 16, the appellants stated:\n\n“16.- Which companies carry out their commercial activity in Zone 6 Moín of Limón and do they have availability of water services granted by Acueductos y Alcantarillados, and if so, what requirements have been requested from them in accordance with AyA Board of Directors agreements number 2007-0177 and 2011-0112?”\n\nThe ICAA responded:\n\n“This point was extensively addressed in the response to Question No. 1 and No. 3, specifically for new projects, which had water service availability in order to be executed, and where the procedure followed is explained.”\n\nRegarding this point, the appellants stated:\n\n“It does not respond to the request about which projects have been investigated in Zone 6, nor about which companies carry out activity in zone 6. No information is provided about the results or reports of these projects. The response seems to focus on the way AyA manages projects (resolutions, evidence), but does not directly address the information requested about the projects investigated and their results.”\n\nTo begin, the Chamber dismisses the claim that “It does not respond to the request about which projects have been investigated in Zone 6…”, since question 16 does not inquire about that point. The same can be said about the claims derived from that premise.\n\nThen, upon analyzing the responses to questions 1 and 3, it is not expressly derived from them which companies carry out their commercial activity, whether they have water availability, or the requirements requested. Naturally, the ICAA must address the request as legally appropriate, either by providing the information it has available, or by justifying the impossibility of providing it. To that extent, it is deemed that the request was not properly addressed.\n\nRegarding question 17, the appellants requested:\n\n“17. If the property identified in cadastral plan L-851838-1989, which develops the Project called Parque Logístico del Caribe, is classified in the Land Use Regulatory Plan (Plan Regulador de uso del suelo) of the Municipality of the Central Canton of Limón, published in Supplement 191 to Gazette 182 of October 4, 2023, as an urban development zone of medium vulnerability, does this diminish the environmental risk to the aquifer, quality and quantity of water from springs (fuentes) and sinkholes (sumideros o dolinas), and groundwater in Zone 6 Moín of Limón? (see image below).”\n\nThe ICAA responded:\n\n“This point was addressed in the response to Question No. 4 subsection e, Question No. 9, and No. 10.”\n\nIn this regard, the appellants claim:\n\n“It does not clearly respond to what was consulted. The aquifer vulnerability classification for the mentioned farm is not mentioned, according to the Regulatory Plan of the canton of Limón. The response is general and does not specifically address the points required by the question.”\n\nHowever, upon reviewing the responses mentioned by the ICAA, this Tribunal did not find that it was expressly reported on the property of cadastral plan L-851838-1989, which develops the Project called Parque Logístico del Caribe, therefore the request is not deemed properly addressed. Consequently, this point is upheld.\n\nIV.- DISSENTING VOTE OF JUDGE RUEDA LEAL. I maintain that this matter should have been rejected outright, as the petitioner files the amparo appeal on behalf of a legal entity. Of importance for the sub examine, in the dissenting vote I recorded in judgment no. 2019002355 at 9:30 a.m. on February 12, 2019, I held:\n\n“in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right to petition for legal entities with special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that ‘Article 1.2 of the American Convention only establishes rights in favor of natural persons, therefore legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty’. On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain specific contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case Nombre03 et al. v. Venezuela); however, for this to be subject to protection before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person seeking protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, as a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are effectively being protected and not those of the legal entities. Indeed, it must be proven beyond the mere participation of the natural person in the activities inherent to the legal entity, such that said participation is substantially related to the rights alleged as violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16)”.\n\nIn my opinion, a reading of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) compels the same ratio of the aforementioned conventional hermeneutics regarding every fundamental right. Thus, in a constitutionality proceeding filed on behalf of a legal entity, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal entity that claims to be affected by a violation of the constitutional order and the natural person who, through such injury, sees a fundamental right impaired, in a reflected but direct manner. Now, for such purposes, the mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to infer that, precisely, through the constitutionality proceeding, the safeguarding of the fundamental rights of the latter is being sought, not merely those of the former. The aforementioned requirement thus becomes a sine qua non prerequisite for the admissibility of constitutionality review by this jurisdiction. Based on the foregoing, I conclude that this must be the guideline with which the Law of Constitutional Jurisdiction must be interpreted, such that in the sub iudice the application of judicial constitutionality review becomes inadmissible, since, based on the evidence in the record, the essential link between the protected legal entity and any natural person has not been demonstrated, specifically, in relation to the alleged aggrieved right.\n\nV.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies have been provided, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the “Electronic Case File Regulation before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial) (approved by the Full Court in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judicial Branch no. 43-12 of May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is partially upheld, with respect to points 2, 16, and 17 of the petitioners’ request. José Matarrita Cortés, in his capacity as director of the Huetar Caribe Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds that position, is ordered to coordinate the pertinent actions and arrange what is appropriate within the scope of his powers so that points 2, 16, and 17 of the petitioners’ request are addressed, as legally appropriate, within a maximum period of FIVE DAYS, counted from the notification of this judgment. The respondent authorities are warned that, in accordance with Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided the crime is not more severely penalized. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of judgment by the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Judge Rueda Leal issues a dissenting vote and rejects the matter outright. Notify.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\nRosibel Jara V.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nD2L47TUTP43X461\n\nFILE No. 25-006135-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección06, Dirección07, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:06:37.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }