{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1301004",
  "citation": "Res. 15498-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Municipalidad debe notificar resultados de inspección sobre movimiento de tierra en lindero",
  "title_en": "Municipality must notify results of inspection on earth movement at property boundary",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra la Municipalidad de Atenas interpuesto por una vecina que denunció movimientos de tierra realizados por su colindante, un funcionario municipal, en el lindero de su propiedad. La recurrente alegó riesgo de deslizamiento y falta de respuesta municipal. La Sala constató que, si bien la Municipalidad realizó una inspección técnica y emitió un informe (oficio MAT-CCONST-111-2025), omitió notificar formalmente dicho informe a la recurrente, lo que vulneró su derecho a obtener respuesta. La Sala declara parcialmente con lugar el amparo, ordenando notificar el informe en el plazo de tres días. Aclara que las disputas sobre daños, linderos o responsabilidades civiles entre particulares deben ventilarse en la jurisdicción ordinaria, no en la constitucional.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action against the Municipality of Atenas filed by a resident who reported earth movements by her neighbor, a municipal employee, at the property boundary. She alleged landslide risk and municipal inaction. The Chamber found that while the Municipality conducted a technical inspection and issued a report (document MAT-CCONST-111-2025), it failed to formally notify the petitioner of the results, violating her right to a response. The amparo is partially granted, ordering notification of the report within three days. It clarifies that disputes over damages, boundaries, or civil liability between private parties must be pursued in ordinary courts, not constitutional jurisdiction.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "23/05/2025",
  "year": "2025",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental",
    "property-and-titling"
  ],
  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "derecho de petición",
    "movimiento de tierra",
    "lindero",
    "deslizamiento",
    "notificación formal",
    "Ley de Construcción 833"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 58",
      "law": "Ley de Construcción 833"
    },
    {
      "article": "Art. 71",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
    },
    {
      "article": "Art. 169",
      "law": "Constitución Política"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "amparo ambiental",
    "derecho de petición",
    "municipio",
    "movimiento de tierra",
    "notificación",
    "inspección municipal",
    "riesgo de deslizamiento",
    "derecho a respuesta"
  ],
  "keywords_en": [
    "environmental amparo",
    "right to petition",
    "municipality",
    "earth movement",
    "notification",
    "municipal inspection",
    "landslide risk",
    "right to response"
  ],
  "excerpt_es": "En consecuencia, si bien esta Sala reconoce que la Municipalidad ejecutó acciones materiales en atención a la denuncia formulada (incluyendo inspección técnica y elaboración de informe) también se constata que omitió notificar a la accionante el resultado de dicha actuación. Ergo, lo que procede es declarar parcialmente con lugar el recurso.\n\nFinalmente, conviene destacar que cualquier disputa relacionada con daños a la propiedad privada, delimitación de linderos o responsabilidades civiles derivadas de eventuales perjuicios entre particulares, escapa al conocimiento de esta sede constitucional y debe ser ventilada, en su caso ante la autoridad jurisdiccional ordinaria competente.",
  "excerpt_en": "Consequently, while this Chamber recognizes that the Municipality carried out material actions in response to the complaint (including technical inspection and report preparation), it is also verified that it omitted to notify the petitioner of the result of such action. Therefore, the recourse is to partially grant the amparo.\n\nFinally, it should be noted that any dispute related to damages to private property, boundary delimitation, or civil liabilities arising from possible harm between private individuals, lies outside the jurisdiction of this constitutional court and must be brought, where appropriate, before the competent ordinary judicial authority.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The Chamber partially grants the amparo after finding that the Municipality of Atenas failed to notify the petitioner of the technical inspection results, ordering notification within three days.",
    "summary_es": "La Sala declara parcialmente con lugar el amparo al constatar que la Municipalidad de Atenas omitió notificar a la recurrente el resultado de la inspección técnica, ordenando su notificación en tres días."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "The amparo is partially granted for omitting to notify the petitioner of the resolution.",
      "quote_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso, por omitir no notificar a la recurrente lo resuelto."
    },
    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "any dispute related to damages to private property, boundary delimitation, or civil liabilities arising from possible harm between private individuals, lies outside the jurisdiction of this constitutional court",
      "quote_es": "cualquier disputa relacionada con daños a la propiedad privada, delimitación de linderos o responsabilidades civiles derivadas de eventuales perjuicios entre particulares, escapa al conocimiento de esta sede constitucional"
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1301004",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 15498 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 23 de Mayo del 2025 a las 09:25\n\nExpediente: 25-012398-0007-CO\n\nRedactado por: Ingrid Hess Herrera\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-012398-0007-CO\n\nRes. Nº 2025015498\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintitres de mayo de dos mil veinticinco .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 25-012398-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED03, contra la MUNICIPALIDAD DE ATENAS.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito aportado en la Secretaría de la Sala el 05 de mayo de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE ATENAS. Manifiesta que el 06 y el 20 de enero de 2025 envió sendas notas a la Municipalidad de Atenas para que se realizara inspecciones en la colindancia de su vivienda, conforme a los planos catastrados y de construcción de su casa, pues el señor Nombre02, funcionario municipal que habita contiguo a su casa, le está minando con picos y palas su terreno, para que se derrumbe su tapia lo que hace dentro de su lindero. Indica que esto pone en peligro de deslizamiento con proporciones inimaginables a viviendas e inquilinos por el no trato adecuado de las aguas pluviales y servidas. Manifiesta que este funcionario aprovechándose de que es funcionario municipal, cuenta con el permiso del señor Fabián Méndez Marín -ingeniero municipal- para minar su terreno a pesar de que no tiene los documentos que legitiman la propiedad y en clara violación de sus derechos fundamentales.\n\n2.- Mediante la resolución de las 15:21 horas del 09 de mayo de 2025, se dio curso a este proceso.\n\n3.- Informan bajo juramento Máximo Chaves Ovares y Roy Arias Rojas, por su orden alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Atenas, quienes manifiestan lo siguiente: “… El Concejo Municipal atendió la solicitud de la recurrente, remitiendo su gestión al departamento administrativo de la competencia, según el expediente administrativo, además de gestionar que se le brinde a la contribuyente la información solicitada, se comunicó el actuar del Concejo mediante correo electrónico a la gestionaste. Como se puede apreciar en el informe MAT-CCONST-111-2025, la gestión efectuada por la recurrente se volvió a atender, con la finalidad de proteger los derechos de la recurrente, la re-inspección ha dado por resultado que el movimiento de tierra que se denuncia por parte de la recurrente, no requiere de permiso de construcción, se trata de un movimiento manual, efectuado de manera artesanal, cuyos efectos no son de consideración y se le está dando un manejo aparentemente adecuado. Remito a su autoridad al informe técnico que se adjunta. Como su autoridad puede verificar los hechos descritos por la recurrente obedecen a una conflictiva vecinal propia de la jurisdicción civil, cuya solución se encuentra lejos de la competencia municipal. Pese a lo anterior se ha atendido a la recurrente, con la información suministrada por la misma recurrente y su colindante, sin embargo, ambas propiedades tienen irregularidades registrales que impiden que la municipalidad pueda ir más allá de donde se ha llegado, por lo que es necesario que las partes remitan su controversia a la vía jurisdiccional correspondiente …”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia Nº 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41, de la Constitución Política. En el caso concreto, se plantea un supuesto de excepción, pues se plantea una denuncia por supuestas afectaciones relacionadas con movimiento de tierra en el lindero de la amparada que pone en riesgo la integridad física de las personas. Atendiendo a lo expuesto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este recurso.\n\nII.-OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que los días 06 y 20 de enero de 2025 envió solicitudes a la Municipalidad de Atenas para que se realizara una inspección en la colindancia de su vivienda. Alega que su vecino, el señor Nombre02 -quien también es funcionario municipal- ha estado minando su terreno con picos y palas, presuntamente con el propósito de provocar el derrumbe de una tapia construida dentro de su propiedad. Añade que estas acciones realizadas sin control técnico ni legal comprometen la estabilidad del terreno y representan un riesgo grave de deslizamientos que podrían afectar tanto a su vivienda como a la integridad de sus inquilinos. Asimismo, denuncia que el señor Nombre02 actúa con el aval del ingeniero municipal Fabián Méndez Marín, pese a no acreditar documentos de propiedad, lo que considera una violación a sus derechos fundamentales.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)   La propiedad de la accionante se encuentra ubicada a 1.2 kilómetros suroeste del cruce entre Escobal y Atenas, zona conocida como Bajos de San Francisco, terreno que obedece al plano catastro A-2172314-2019 número de finca 585885 (ver prueba adjunta).\n\nb)   El 26 de diciembre de 2024 -recibido el 06 de enero de 2025- la parte recurrente presentó ante el Departamento de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Atenas un escrito indicando lo siguiente: “… Solicito la colaboración de ustedes para la valoración de un escabadero realizado por el señor Nombre02. Esto en colindancia de mi propiedad y colindancia con la casa que el construyó y habita actualmente, pero no posee documentos legales que lo acrediten como dueño de dicha habitación. Resulta que este señor se le ocurre ponerse a socavar un pequeño paredón que divide las dos propiedades y excavando las raíces de plantas de caña de india que desde hace muchos años han sido sembradas para sostener la tierra. El señor Nombre03 indica que va a construir un muro de contención pero que en un futuro … entonces no es bueno que ese este socavando la tierra sin tener los respectivos permisos y los materiales. Esto solamente podrá tener efectos en el invierno dañando mi propiedad. Cabe resaltar que este señor construyó una segunda planta sin permisos de ningún tipo y aún está sin terminar …”. (ver prueba adjunta).\n\nc)    El 20 de enero de 2025 -recibido el mismo día- la parte accionante presentó ante el Concejo de la Municipalidad de Atenas un escrito señalándolo siguiente: “… Hace aproximadamente dos años el señor Nombre02 cédula CED02 construyó una segunda planta en la casa que el habita esto en San Francisco de Atenas. Construcción que no cuenta con permisos, por lo que yo desde el primer momento que la construcción empezó, solicite una inspección por parte de la municipalidad de Atenas, pero nunca se dio dicha inspección. En setiembre de 2024, producto que las aguas se van hacia mi propiedad yo solicité otra inspección. En este informe se ve que realmente la casa no cuenta con la adecuada canalización de aguas y son tiradas hacia otras propiedades incluyendo la mía y así pudiendo provocar un gran deslizamiento. El señor Nombre02 no satisfecho con infringir la ley de construcciones, el día 23 de diciembre de 2024 se le ocurre ponerse a socavar un pequeño paredón en el lindero que colinda con mi propiedad y la casa donde el vive esto alterando el estado natural del terreno y provocando que en el invierno mi propiedad empiece a socavar producto del movimiento de tierra. El día 06 de enero del 2025 me volví a presentar a la oficina del señor Alfonso Herrera para explicar la situación y solicitar la inspección correspondiente, pero al día de hoy no he recibido respuesta …” (ver prueba adjunta).\n\nd)   El 13 de mayo de 2025, las autoridades recurridas fueron notificadas de la resolución de curso de este amparo (ver actas de notificación).\n\ne)    Mediante oficio MAT-CCONST-111-2025, de fecha 16 de mayo de 2025 -dirigido a la amparada- el Ing. Fabián Alfonso Méndez Marín, funcionario del Departamento de Ingeniería y Construcción de la Municipalidad de Atenas indica lo siguiente: “… Asunto INFORME DE INSPECCION. En labor del Departamento de ingeniería y Construcción de la Municipalidad de Atenas, el funcionario municipal Fabian Alfonso Méndez Marín, quien suscribe este escrito como ingeniero municipal, el 14 mayo del 2025 se apersona a la propiedad de la señora Nombre01 cedula identidad CED01, ubicada a 1.2 kilómetros suroeste del cruce entre Escobal y Atenas, zona conocida como Bajos de San Francisco, terreno que obedece al plano catastro A-2172314-2019 número de finca 585885, para conocer la situación que le preocupa en cuanto a su denuncia. De la visita de campo se desprenden los siguientes hallazgos: A El señor Nombre02 portador de documento de identidad CED02, vecino colindante oeste e inferior al predio de la señora Nombre01, no ha tramitado y por ende no cuenta con ningún tipo de permiso, ya sea escrito u oral, por parte del Departamento de Ingeniería y Construcción, específicamente del funcionario municipal Fabian Alfonso Méndez Marín. En base de datos municipal y en Registro Nacional de Costa Rica, no se registra ningún bien inmueble a nombre del señor Nombre02. B La preocupación y actual denuncia interpuesta por la señora Nombre01 señala que dentro del recinto donde habita el señor Nombre02, se observa actual movimiento de tierra, el cual lo cuantificamos en pequeña cantidad que no supera los 2 metros cúbicos de tierra, labor manual realizada con pico y pala a modo de limpieza de caños y línea limítrofe, conformando a su paso, pared vertical de altura máxima de 1m a lo largo de la línea colindante (posterior) entre los vecinos. Esta última sección en tierra se encuentra revestidas en plástico negro, para evitar el golpe de la (se insertan fotografías al texto) …”. “… C Es importante mencionar, aunque hayan pasado muchos años de ello, que para habilitar la vivienda de la familia del señor Nombre03, se necesitó confeccionar terraza o sitio de construcción (movimientos de tierra de aproximadamente 20m3), resultando en la pared de tierra existente durante muchos años, iniciando en calle publica con una altura aproximada de 2m y que tiende a disminuir conforme se profundiza el interior del lote. Según los rasgos del sitio, se observa que la vivienda Nombre03 se ubica a una distancia de 0.6m respecto al corte en tierra resultante, y que este corte se aleja una distancia de 3m aproximadamente, respecto a la casa de la señora Nombre01 (se insertan fotografías al texto) …”. “… D En compañía de inspectores municipales, el ingeniero Méndez intenta conocer los límites de la propiedad de la señora Nombre01, para concluir en campo si los trabajos que realiza Nombre03 se ubican lejos de la colindancia común, justo en la colindancia o en posible invasión. Se pretende medir la línea frontal del lote de la señora Nombre01, propiedad que posee un frente a calle publica de 12.41metros. No es posible concluir con certeza la línea de división entre los predios. No existen mojones o postes confiables, ni demarcación física clara que demuestre los límites de ambas propiedades (se insertan fotografías al texto) …”. “… E La vivienda de la señora Nombre01 y sus agregados poseen un sano y ordenado control de aguas de lluvia, siendo el agua de lluvia que cae sobre la zona verde entre su lote y el de la familia de Nombre03, lo que podría erosionar toda tierra suelta dentro del caso que nos ocupa. Por lo tanto, 1. El señor Nombre02 portador de documento de identidad CED02, no ha tramitado y por ende no cuenta con ningún tipo de permiso, ya sea escrito u oral, por parte del Departamento de Ingeniería y Construcción. 2. Los límites entre la propiedad de la señora Nombre01 y el señor Nombre02 no son claras y no permiten concluir las determinaciones en el caso que se denuncia. 3. El movimiento de tierra realizado por el señor Nombre02, no requiere permiso ambiental ni municipal para su ejecución, pero no puede olvidar aplicar las buenas prácticas ambientales que lo invitan a mantener la estabilidad y seguridad de los predios. 4. La acción de mover tierra dentro del predio del señor Nombre02, lo convierte en autor intelectual responsable de originar la posible pérdida de resistencia al corte y cohesión en el suelo, inestabilizar el sitio y provocar la caída de material, por ende, quizás deba devolver la estabilidad al terreno a la señora Nombre01, implementando adecuadas obras de contención en la zona, además de corregir cualquier otro daño causado, de acuerdo con la materia legislada en la Ley de Construcción 833, capitulo XIII, Excavaciones. Artículo 58.- Responsabilidad. El propietario de la obra es responsable de los perjuicios que se originen a las propiedades circunvecinas como consecuencia de la ejecución de los trabajos de excavación quedando obligado a tomar con anterioridad todas las medidas necesarias para impedir que se causen perjuicios a los predios vecinos. 5. Nombre02 y su familia deben edificar obra de contención en la cara de tierra resultante o demostrar en su defecto, la estabilidad de esta. 6. El Departamento de Ingeniería y Construcción de la Municipalidad de Atenas no conoce estudio de capacidad soportante ni datos técnicos sobre la estabilidad de talud para determinar la seguridad en los predios, pero si existe una distancia prudencial entre el corte de tierra y la solución habitacional de la señora Nombre01, esta condición, permite descartar un deslizamiento con proporciones inimaginables a viviendas e inquilinos. Sin otro particular, agradeciendo la atención a la presente …” (ver prueba adjunta).\n\nIV.- HECHO NO PROBADO. - No se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés:\n\nÚNICO. – Que la Municipalidad de Atenas le notificara a la amparada el oficio MAT-CCONST-111-2025, de fecha 16 de mayo de 2025.\n\nV.- SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha reconocido la obligación de las Municipalidades de ejecutar acciones eficaces y céleres en función de las necesidades de la circunscripción territorial asignada a cada corporación municipal, y que se encuentra íntimamente ligado al elemento de población. Tales obligaciones, derivan de lo contemplado en los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, siendo que abarca un amplio número de actividades. Así, en sentencias No. 2011-12886 de las 12:44 horas de 23 de setiembre de 2011 y No. 2015010541 de las 09:20 horas de 17 de julio de 2015, entre otras, esta Sala indicó:\n\n“(…) conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población”.\n\nAdemás, en materia de prestación de servicios, esta Sala ha señalado –v. gr. sentencia No. 2016-000427 de las 09:30 horas de 15 de enero de 2016- que el buen funcionamiento de estos corresponde a un derecho fundamental. Esto, a partir del contenido de los artículos 139, 140 y 191 de la Constitución Política. Esto se traduce en la obligación de las distintas Administraciones Públicas de prestar servicios de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Asimismo, de la parte orgánica de la Carta Fundamental, se erigen una serie de principios de la organización y función de la Administración, los cuales han sido desarrollados por normas infra constitucionales, tales como la Ley General de la Administración Pública, que en sus artículos 4, 225, párrafo 1 y 269, párrafo 1, impone el deber de los órganos del Estado, de orientar y nutrir la organización y la función administrativa. Así, el principio de eficacia supone que la organización administrativa está diseñada para la obtención de objetivos y fines asignados por el propio ordenamiento jurídico, lo que obliga la existencia de planificación y rendición de cuentas. Por su parte, la eficiencia implica la obtención de los mejores resultados con el uso racional de los recursos con los que cuentan las diferentes dependencias. Asimismo, se impone a la Administración el principio de simplicidad, el cual se debe entender como la obligación de que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión, sin procedimientos complejos que retarden la satisfacción de los intereses públicos. El principio de celeridad impone la obligación a las Administraciones Públicas a cumplir con sus objetivos y fines, de la forma más expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos e injustificados. Así, estos principios imponen una serie de exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos.\n\nVI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Del análisis del informe rendido bajo juramento por los representantes de la autoridad recurrida y de la prueba aportada para la resolución del asunto, se verifica que la señora Nombre01 presentó ante la Municipalidad de Atenas, los días 26 de diciembre de 2024 (recibido el 06 de enero de 2025) y 20 de enero de 2025, escritos mediante los cuales solicitó la intervención municipal ante supuestas afectaciones provocadas por su vecino colindante, el señor Nombre02, relacionadas con movimiento de tierra en el lindero de ambas propiedades. Específicamente, la accionante alegó que tales trabajos comprometían la estabilidad de su tapia, representaban un riesgo de deslizamiento en temporada de lluvias y se realizaban sin los permisos respectivos.\n\nConsta en el expediente que, tras la notificación de la resolución de curso del presente recurso la Municipalidad de Atenas respondió mediante el oficio MAT-CCONST-111-2025, de fecha 16 de mayo de 2025, suscrito por el ingeniero municipal Fabián Alfonso Méndez Marín. En dicho informe se hace constar que el 14 de mayo de 2025 se realizó una visita técnica a la propiedad de la señora Nombre01. Como resultado de dicha inspección se determinó entre otros aspectos, que el señor Nombre02 no cuenta con permisos de construcción otorgados por la Municipalidad, que el movimiento de tierra denunciado fue mínimo (alrededor de 2 metros cúbicos) que no fue posible delimitar con certeza la línea colindante por falta de mojones o referencias físicas confiables y que aunque los trabajos realizados no requerían permisos ambientales o municipales, deben respetar buenas prácticas de contención y seguridad, según lo dispone el artículo 58 de la Ley de Construcción No. 833.\n\nVII.- Ahora bien, la amparada acudió ante esta jurisdicción constitucional reclamando la inacción de la autoridad recurrida respecto a su solicitud de intervención municipal por presuntos movimientos de tierra realizados en un predio colindante por parte del señor Nombre02. Consta en autos que la Municipalidad de Atenas, mediante el oficio MAT-CCONST-111-2025 de fecha 16 de mayo de 2025 -elaborado por el ingeniero municipal Fabián Alfonso Méndez Marín- atendió la denuncia formulada y realizó una inspección técnica el 14 de mayo de 2025 brindando una respuesta detallada sobre la situación denunciada. No obstante, de la prueba incorporada al expediente no se desprende que dicho oficio haya sido formalmente notificado a la parte amparada, hecho que resulta sustancial, dado que impidió a la interesada conocer los resultados de la gestión administrativa promovida.\n\nEn consecuencia, si bien esta Sala reconoce que la Municipalidad ejecutó acciones materiales en atención a la denuncia formulada (incluyendo inspección técnica y elaboración de informe) también se constata que omitió notificar a la accionante el resultado de dicha actuación. Ergo, lo que procede es declarar parcialmente con lugar el recurso.\n\nFinalmente, conviene destacar que cualquier disputa relacionada con daños a la propiedad privada, delimitación de linderos o responsabilidades civiles derivadas de eventuales perjuicios entre particulares, escapa al conocimiento de esta sede constitucional y debe ser ventilada, en su caso ante la autoridad jurisdiccional ordinaria competente.\n\nVIII.- CONCLUSIÓN. En atención a lo señalado ut supra, lo correspondiente es declarar con lugar el recurso de amparo, según lo dispuesto en la parte dispositiva de este sentencia.\n\nIX.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA -Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso, por omitir no notificar a la recurrente lo resuelto. Se ordena a Máximo Chaves Ovares y Roy Arias Rojas, por su orden alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Atenas, o a quienes en su lugar ocupen tales cargos, que coordinen entre sí y ejecuten las acciones pertinentes dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo máximo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se le notifique a la amparada el oficio MAT-CCONST-111-2025 de fecha 16 de mayo de 2025. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Atenas al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese. -\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRosibel Jara V.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n CLL4YYFCUNQ61\n\nEXPEDIENTE N° 25-012398-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:19:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty-five minutes on the twenty-third of May two thousand twenty-five.\n\nAmparo action processed in file No. 25-012398-0007-CO, filed by Nombre01, identification card CED03, against the MUNICIPALITY OF ATENAS.\n\nWhereas:\n\n1.- By written submission filed with the Secretariat of the Chamber on 05 May 2025, the petitioner files an amparo action against the MUNICIPALITY OF ATENAS. She states that on 06 and 20 January 2025 she sent separate notes to the Municipality of Atenas requesting inspections along the boundary of her dwelling, in accordance with the cadastral and construction plans of her house, because Mr. Nombre02, a municipal official who lives next to her house, is undermining her land with pickaxes and shovels to cause her wall to collapse, which he does within her boundary line. She indicates that this endangers dwellings and tenants with a landslide of unimaginable proportions due to the inadequate handling of stormwater and wastewater. She states that this official, taking advantage of the fact that he is a municipal official, has the permission of Mr. Fabián Méndez Marín —municipal engineer— to undermine her land even though he does not have the documents that legitimize the property and in clear violation of her fundamental rights.\n\n2.- By resolution at 15:21 hours on 09 May 2025, this proceeding was given course.\n\n3.- Máximo Chaves Ovares and Roy Arias Rojas, in their order mayor and council president, both of the Municipality of Atenas, report under oath, stating the following: “… The Municipal Council addressed the petitioner’s request, referring her petition to the competent administrative department, according to the administrative file, in addition to managing that the requested information be provided to the taxpayer; the Council’s actions were communicated via email to the petitioner. As can be seen in report MAT-CCONST-111-2025, the petition made by the petitioner was addressed again, with the aim of protecting the petitioner’s rights. The re-inspection has resulted in the finding that the earth movement (movimiento de tierra) reported by the petitioner does not require a construction permit; it involves a manual earth movement (movimiento de tierra), carried out in an artisanal manner, whose effects are not significant and is apparently being managed adequately. I refer your authority to the attached technical report. As your authority can verify, the facts described by the petitioner arise from a neighborhood conflict proper to the civil jurisdiction, the solution of which lies far outside municipal competence. Despite the foregoing, the petitioner has been attended to, with the information provided by the petitioner herself and her adjoining neighbor; however, both properties have registry irregularities that prevent the municipality from going further than it has, so it is necessary that the parties submit their controversy to the corresponding jurisdictional venue …”.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Hess Herrera; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the reasonably scheduled timeframes to resolve the requests filed by individuals under the provisions of article 41 of the Political Constitution. In the specific case, an exception is raised, as a complaint is filed for alleged impacts related to earth movement (movimiento de tierra) on the petitioner’s boundary that puts people’s physical integrity at risk. In light of the foregoing, the specific situation raised in this appeal is addressed.\n\nII.- SUBJECT OF THE APPEAL. The petitioner states that on 06 and 20 January 2025 she sent requests to the Municipality of Atenas for an inspection to be carried out on the boundary of her dwelling. She claims that her neighbor, Mr. Nombre02 —who is also a municipal official— has been undermining her land with pickaxes and shovels, allegedly with the purpose of causing the collapse of a wall built within her property. She adds that these actions, carried out without technical or legal control, compromise the stability of the land and represent a serious risk of landslides that could affect both her dwelling and the integrity of her tenants. Likewise, she denounces that Mr. Nombre02 acts with the endorsement of the municipal engineer Fabián Méndez Marín, despite not accrediting property documents, which she considers a violation of her fundamental rights.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\na) The petitioner’s property is located 1.2 kilometers southwest of the intersection between Escobal and Atenas, in an area known as Bajos de San Francisco, a land that corresponds to cadastral map A-2172314-2019, property number 585885 (see attached evidence).\n\nb) On 26 December 2024 —received on 06 January 2025— the petitioner filed a submission with the Department of Fiscal and Urban Control of the Municipality of Atenas stating the following: “… I request your collaboration for the assessment of a digging site carried out by Mr. Nombre02. This is on the boundary of my property and adjoining the house he built and currently inhabits, but he does not possess legal documents that accredit him as the owner of said dwelling. It turns out that this gentleman has decided to start undermining a small embankment that divides the two properties and excavates the roots of caña de india plants that for many years have been planted to hold the earth. Mr. Nombre03 indicates that he is going to build a retaining wall but that in the future … so it is not good that he is undermining the earth without having the respective permits and materials. This can only have effects in winter, damaging my property. It should be noted that this gentleman built a second floor without any type of permits and it is still unfinished …”. (see attached evidence).\n\nc) On 20 January 2025 —received the same day— the petitioner filed a submission with the Council of the Municipality of Atenas stating the following: “… Approximately two years ago, Mr. Nombre02, identification card CED02, built a second floor on the house he inhabits, this in San Francisco de Atenas. Construction that does not have permits, so from the first moment the construction began, I requested an inspection from the municipality of Atenas, but said inspection never took place. In September 2024, because the water is running onto my property, I requested another inspection. In this report, it is seen that the house indeed does not have adequate water channeling and water is thrown towards other properties, including mine, and thus could cause a large landslide. Mr. Nombre02, not satisfied with violating the construction law, on 23 December 2024 decided to start undermining a small embankment on the boundary that adjoins my property and the house where he lives, thereby altering the natural state of the land and causing my property to start eroding in winter as a result of the earth movement (movimiento de tierra). On 06 January 2025, I again presented myself at the office of Mr. Alfonso Herrera to explain the situation and request the corresponding inspection, but to date I have not received a response …” (see attached evidence).\n\nd) On 13 May 2025, the respondent authorities were notified of the resolution giving course to this amparo (see notification records).\n\ne) By official letter MAT-CCONST-111-2025, dated 16 May 2025 —addressed to the petitioner— Engineer Fabián Alfonso Méndez Marín, official of the Department of Engineering and Construction of the Municipality of Atenas, states the following: “… Subject INSPECTION REPORT. As part of the work of the Department of Engineering and Construction of the Municipality of Atenas, the municipal official Fabian Alfonso Méndez Marín, who signs this writing as municipal engineer, on 14 May 2025 appeared at the property of Ms. Nombre01, identification card CED01, located 1.2 kilometers southwest of the intersection between Escobal and Atenas, in an area known as Bajos de San Francisco, land corresponding to cadastral map A-2172314-2019, property number 585885, to learn about the situation concerning her complaint. The following findings arise from the field visit: A Mr. Nombre02, holder of identity document CED02, western and lower adjoining neighbor to the property of Ms. Nombre01, has not processed and therefore does not have any type of permit, whether written or oral, from the Department of Engineering and Construction, specifically from the municipal official Fabian Alfonso Méndez Marín. In the municipal database and in the National Registry of Costa Rica, no real estate is registered in the name of Mr. Nombre02. B The concern and current complaint filed by Ms. Nombre01 points out that within the enclosure where Mr. Nombre02 lives, current earth movement (movimiento de tierra) is observed, which we quantified as a small amount not exceeding 2 cubic meters of earth, manual labor performed with pick and shovel as a way of cleaning gutters and the boundary line, forming in its path a vertical wall of maximum height of 1m along the adjoining (rear) boundary line between the neighbors. This latter earth section is covered in black plastic to prevent the impact of (photographs are inserted in the text) …”. “… C It is important to mention, even though many years have passed since then, that to enable the dwelling of Mr. Nombre03’s family, it was necessary to build a terrace or construction site (earthworks (movimientos de tierra) of approximately 20m3), resulting in the earth wall that has existed for many years, starting on the public street with an approximate height of 2m and which tends to decrease as one goes deeper into the lot. According to the features of the site, it is observed that the Nombre03 dwelling is located at a distance of 0.6m from the resulting earth cut, and that this cut is approximately 3m away from Ms. Nombre01’s house (photographs are inserted in the text) …”. “… D Accompanied by municipal inspectors, Engineer Méndez attempts to ascertain the property boundaries of Ms. Nombre01, to conclude in the field whether the work carried out by Nombre03 is located far from the common boundary, right on the boundary, or in possible encroachment. An attempt is made to measure the front line of Ms. Nombre01’s lot, a property that has a frontage on the public street of 12.41 meters. It is not possible to conclude with certainty the dividing line between the properties. There are no reliable boundary markers (mojones) or posts, nor clear physical demarcation demonstrating the limits of both properties (photographs are inserted in the text) …”. “… E Ms. Nombre01’s dwelling and its additions possess sound and orderly stormwater control, it being the rainwater that falls on the green zone between her lot and that of the Nombre03 family that could erode any loose earth within the case at hand. Therefore, 1. Mr. Nombre02, holder of identity document CED02, has not processed and therefore does not have any type of permit, whether written or oral, from the Department of Engineering and Construction. 2. The limits between Ms. Nombre01’s property and that of Mr. Nombre02 are unclear and do not allow concluding determinations in the case reported. 3. The earth movement (movimiento de tierra) carried out by Mr. Nombre02 does not require an environmental or municipal permit for its execution, but he cannot forget to apply good environmental practices that call for maintaining the stability and safety of the properties. 4. The action of moving earth within Mr. Nombre02’s property makes him the intellectual author responsible for originating the possible loss of shear strength and cohesion in the soil, destabilizing the site, and causing material to fall; therefore, he may perhaps need to restore the stability of the land to Ms. Nombre01, implementing adequate retaining works in the area, in addition to correcting any other damage caused, in accordance with the matter legislated in Construction Law 833, chapter XIII, Excavations. Article 58.- Responsibility. The owner of the work is responsible for the damages caused to neighboring properties as a consequence of the execution of the excavation work, being obligated to take in advance all necessary measures to prevent damage to neighboring properties. 5. Nombre02 and his family must build a retaining work on the resulting earth face or, failing that, demonstrate its stability. 6. The Department of Engineering and Construction of the Municipality of Atenas is not aware of any bearing capacity study or technical data on slope stability to determine the safety of the properties, but there is a prudent distance between the earth cut and the housing solution of Ms. Nombre01; this condition makes it possible to rule out a landslide of unimaginable proportions to dwellings and tenants. Without further particular, thanking you for your attention …” (see attached evidence).\n\nIV.- UNPROVEN FACT. - The following fact of interest is not deemed proven:\n\nSOLE. – That the Municipality of Atenas notified the petitioner of official letter MAT-CCONST-111-2025, dated 16 May 2025.\n\nV.- ON THE FUNCTIONS OF MUNICIPALITIES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 169 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. This Court, in its jurisprudence, has recognized the obligation of Municipalities to execute effective and swift actions based on the needs of the territorial circumscription assigned to each municipal corporation, which is intimately linked to the population element. Such obligations derive from what is contemplated in articles 169 and 170 of the Political Constitution, encompassing a wide number of activities. Thus, in judgments No. 2011-12886 of 12:44 hours on 23 September 2011 and No. 2015010541 of 09:20 hours on 17 July 2015, among others, this Chamber stated:\n\n“(…) as established by article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, it corresponds to municipalities to administer local services and interests, in order to promote the integral development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees —at least— efficient electrification and communication services; good systems for drinking water supply and wastewater disposal, adequate water supply and sewerage systems, lighting systems, and urban beautification; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the population’s life comfortable and safe”.\n\nFurthermore, in the matter of service provision, this Chamber has indicated —v. gr. judgment No. 2016-000427 of 09:30 hours on 15 January 2016— that their proper functioning corresponds to a fundamental right. This, based on the content of articles 139, 140, and 191 of the Political Constitution. This translates into the obligation of the different Public Administrations to provide services continuously, regularly, swiftly, effectively, and efficiently. Likewise, from the organic part of the Fundamental Charter, a series of principles of the organization and function of the Administration are erected, which have been developed by infra-constitutional norms, such as the General Law of Public Administration, which in its articles 4, 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, imposes the duty on State bodies to guide and nourish administrative organization and function. Thus, the principle of effectiveness assumes that the administrative organization is designed to obtain the objectives and goals assigned by the legal system itself, which requires the existence of planning and accountability. For its part, efficiency implies obtaining the best results with the rational use of the resources available to the different departments. Likewise, the principle of simplicity is imposed on the Administration, which must be understood as the obligation that administrative structures and their competences be easily understandable, without complex procedures that delay the satisfaction of public interests. The principle of swiftness imposes the obligation on Public Administrations to fulfill their objectives and goals in the most expeditious, rapid, and accurate way possible, to avoid undue and unjustified delays. Thus, these principles impose a series of demands, responsibilities, and permanent duties on all public entities.\n\nVI.- ON THE SPECIFIC CASE. From the analysis of the report rendered under oath by the representatives of the respondent authority and the evidence provided for the resolution of the matter, it is verified that Ms. Nombre01 filed submissions with the Municipality of Atenas on 26 December 2024 (received on 06 January 2025) and 20 January 2025, through which she requested municipal intervention regarding alleged impacts caused by her adjoining neighbor, Mr. Nombre02, related to earth movement (movimiento de tierra) on the boundary between both properties. Specifically, the petitioner alleged that such work compromised the stability of her wall, represented a landslide risk during the rainy season, and was being carried out without the respective permits.\n\nThe file shows that, after the notification of the resolution giving course to this appeal, the Municipality of Atenas responded by official letter MAT-CCONST-111-2025, dated 16 May 2025, signed by the municipal engineer Fabián Alfonso Méndez Marín. Said report states that on 14 May 2025 a technical visit was conducted to Ms. Nombre01’s property. As a result of said inspection, it was determined, among other aspects, that Mr. Nombre02 does not have construction permits granted by the Municipality, that the reported earth movement (movimiento de tierra) was minimal (around 2 cubic meters), that it was not possible to delimit the boundary line with certainty due to the lack of boundary markers (mojones) or reliable physical references, and that although the work performed did not require environmental or municipal permits, it must respect good containment and safety practices, as provided by article 58 of Construction Law No. 833.\n\nVII.- Now, the petitioner came before this constitutional jurisdiction claiming inaction by the respondent authority regarding her request for municipal intervention for alleged earth movements (movimientos de tierra) carried out on an adjoining property by Mr. Nombre02. The case file shows that the Municipality of Atenas, through official letter MAT-CCONST-111-2025 dated 16 May 2025 —prepared by municipal engineer Fabián Alfonso Méndez Marín— addressed the filed complaint and conducted a technical inspection on 14 May 2025, providing a detailed response on the reported situation. However, from the evidence incorporated into the file, it does not appear that said official letter was formally notified to the petitioner, a fact that is substantial, given that it prevented the interested party from knowing the results of the administrative action promoted.\n\nConsequently, while this Chamber recognizes that the Municipality executed material actions in response to the filed complaint (including a technical inspection and report preparation), it is also verified that it omitted to notify the petitioner of the result of said action. Ergo, the appropriate action is to partially grant the appeal.\n\nFinally, it is worth highlighting that any dispute related to damage to private property, delimitation of boundary lines (linderos), or civil liabilities arising from eventual damages between private individuals falls outside the knowledge of this constitutional venue and must be aired, where applicable, before the competent ordinary jurisdictional authority.\n\nVIII.- CONCLUSION. In light of the foregoing (ut supra), the corresponding action is to grant the amparo action, as provided in the operative part of this judgment.\n\nIX.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT —AND FULL— ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and full justice in the administrative venue, the ones who must hear the legal controversy are the Administrative Litigation Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo action established in article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it corresponds exclusively to it to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptions, which are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on 22 February 2008), the competent ones are the Judges of the administrative litigation jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Constitution’s Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The petitioner is advised that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, has been provided, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic File before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of 22 August 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on 3 May 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is partially granted, for omitting to notify the petitioner of the resolved matter. Máximo Chaves Ovares and Roy Arias Rojas, in their order mayor and council president, both of the Municipality of Atenas, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to coordinate with each other and execute the pertinent actions within the scope of their competences, so that, within a maximum period of THREE DAYS, counted from the notification of this judgment, the petitioner be notified of official letter MAT-CCONST-111-2025 dated 16 May 2025. The respondents are warned that, in accordance with article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order from this Chamber that must be complied with or enforced and disregards it, provided the crime is not more severely penalized. The Municipality of Atenas is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of sentence in administrative litigation proceedings. In all other respects, the appeal is denied. Judge Castillo Víquez records a note. Notify. -\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nIngrid Hess H.\n\nIleana Sánchez N.\n\nRosibel Jara V.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\nCLL4YYFCUNQ61\n\nFILE No. 25-012398-0007-CO\n\nPhones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:19:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}