{ "id": "nexus-sen-1-0007-1301627", "citation": "Res. 12151-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Atención de denuncia sobre uso irregular de recursos hídricos por ASADA de San Isidro de Cóbano", "title_en": "Resolution of complaint regarding irregular use of water resources by ASADA San Isidro de Cóbano", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un usuario contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), alegando omisión en la atención de una denuncia sobre el uso irregular de recursos hídricos por parte de la ASADA de San Isidro de Cóbano. El recurrente señaló que más de dos meses después de presentada la denuncia, no había recibido respuesta. La Sala verifica que la denuncia fue atendida mediante oficio de la Subgerencia de Sistemas Comunales el 27 de enero de 2025, y notificada al recurrente el mismo día. Por tanto, la Sala concluye que no existe la omisión alegada y que la disconformidad con lo resuelto no es materia de amparo. Declara sin lugar el recurso, remitiendo las controversias sobre plazos en procedimientos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo excepciones. La decisión reafirma que el amparo no es la vía para discutir el fondo de las respuestas administrativas.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo appeal filed by a user against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), alleging failure to respond to a complaint regarding irregular use of water resources by the ASADA of San Isidro de Cóbano. The appellant claimed that over two months had passed without an answer. The Chamber verifies that the complaint was addressed by the Communal Systems Sub-Management on January 27, 2025, and notified to the appellant the same day. Thus, the Chamber concludes that the alleged omission did not occur and that mere dissatisfaction with the response is not a matter for amparo. It dismisses the appeal, reiterating that disputes over administrative procedural deadlines belong to the contentious-administrative jurisdiction, with limited exceptions. The ruling underscores that amparo is not the proper mechanism to challenge the substance of administrative decisions.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "25/04/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "water-law", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "ASADA", "AyA", "Dirección de Aguas", "Decreto 42582-S-MINAE", "derecho de petición", "disconformidad", "jurisdicción contencioso-administrativa" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 31", "law": "Ley de Aguas" }, { "article": "Art. 2", "law": "Ley General de Agua Potable" }, { "article": "Arts. 33-34", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "Arts. 2 y 5", "law": "Ley 2726 (Creación del AyA)" }, { "article": "Arts. 44, 46, 100-104", "law": "Decreto 42582-S-MINAE" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "ASADA", "AyA", "denuncia ambiental", "recursos hídricos", "Sala Constitucional", "procedimiento administrativo", "disconformidad con respuesta", "justicia pronta y cumplida", "Costa Rica" ], "keywords_en": [ "amparo appeal", "right to petition", "ASADA", "AyA", "environmental complaint", "water resources", "Constitutional Chamber", "administrative procedure", "disagreement with response", "prompt and complete justice", "Costa Rica" ], "excerpt_es": "IV.- CASO CONCRETO. Se acreditó que, a mediados del mes de enero de 2025, el recurrente planteó la denuncia que afirma. Además, consta que por oficio de la Subgerencia de Sistemas Comunales No. GSD-UEN-GAR-2025-00270 de 27 de enero de los corrientes, se atendió esta. Igualmente, se demostró que ese mismo día se notificó lo resuelto al recurrente, a través del correo electrónico que señaló a esos efectos. De ahí que lo expuesto por el amparado no es más que una disconformidad con lo resuelto por el ente recurrido, lo cual es ajeno a esta vía especializada. Así las cosas, descarta la Sala que exista el agravio reclamado. Bajo esta inteligencia, se impone desestimar el recurso, como en efecto se dispone.", "excerpt_en": "IV.- SPECIFIC CASE. It was proven that, in mid-January 2025, the appellant filed the complaint he asserts. Furthermore, it is recorded that the Communal Systems Sub-Management, through official letter No. GSD-UEN-GAR-2025-00270 of January 27 of the current year, addressed it. Likewise, it was shown that the decision was notified to the appellant on the same day, via the email address he provided for that purpose. Hence, what the appellant states is nothing more than disagreement with the decision of the respondent entity, which is beyond this specialized avenue. Thus, the Chamber rules out the claimed grievance. Under this reasoning, the appeal must be dismissed, as is hereby ordered.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The amparo appeal is denied. The Chamber finds that AyA did not omit a response; the complaint was addressed and notified to the appellant. Disagreement with the decision is not a matter for amparo.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de amparo. La Sala determina que no existió omisión de respuesta por parte del AyA; la denuncia fue atendida y notificada al recurrente. La disconformidad con lo resuelto no es materia de amparo." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Hence, what the appellant states is nothing more than disagreement with the decision of the respondent entity, which is beyond this specialized avenue.", "quote_es": "De ahí que lo expuesto por el amparado no es más que una disconformidad con lo resuelto por el ente recurrido, lo cual es ajeno a esta vía especializada." }, { "context": "Informe del AyA", "quote_en": "Pursuant to the Policy for handling complaints (...), the party shall be granted a period of 3 working days to complete the information, otherwise the matter will be archived or dismissed...", "quote_es": "Con base en la Política para atención de denuncias (...), se otorgará a la parte un plazo de 3 días hábiles para que el denunciante complete su información o de lo contrario se archivará o desestimará la gestión..." }, { "context": "Oficio GSD-UEN-GAR-2025-00270", "quote_en": "… the ASADA does not have water capacity and therefore must not provide new services, nor issue availability certificates or extend those that expire, until the situation of the so-called Well No. 4 is resolved.", "quote_es": "… la ASADA no cuenta con capacidad hídrica y, por lo tanto, no debe brindar nuevos servicios, ni emitir constancias de disponibilidad o prorrogar las que cumplan su vigencia, hasta resolver la situación del pozo llamado N°4." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1301627", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 12151 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 25 de Abril del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-008311-0007-CO\n\nRedactado por: Ingrid Hess Herrera\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-008311-0007-CO\n\nRes. Nº 2025012151\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticinco de abril de dos mil veinticinco .\n\n \n\nRecurso de amparo promovido por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Mediante memorial presentado a las 9:11 horas de 24 de marzo de 2025, el recurrente promovió recurso de amparo, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues, según afirma, la Asociación Administradora del Acueducto San Isidro de Cóbano no tiene la inscripción ni concesión del pozo No. 4 ante la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía por lo que no aprobó el Estudio Técnico de Diagnóstico y Evaluación del acueducto. Menciona que se ordenó la prohibición de emitir nuevas constancias de disponibilidad de agua; así como la suspensión de la conexión de nuevos servicios hasta que dicha ASADA esté a derecho con esa situación. Explica que se sugirió efectuar una evaluación de la capacitada hídrica privada, con lo que no estuvo de acuerdo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. El 9 de enero de 2025, remitió vía correo electrónico a la dirección ...01, una gestión mediante la cual consultó ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sobre lo antes señalado. Refiere que por correo recibido el 10 de enero de 2025 se le informó que los estudios de funcionamiento del pozo No. 4 deben contar con la revisión y aval de ese ente, además que para ese momento no se había recibido ninguna gestión por parte de la ASADA, recomendando formular una denuncia por falta de cumplimiento de la normativa vigente. Expone que, el 16 de enero de 2025, formuló una denuncia vía correo electrónico a la dirección ...02, en contra de la Asociación Administradora del Acueducto San Isidro de Cóbano, respecto del uso de recursos hídricos de un pozo que no cuenta con los permisos para el suministro de agua potable, ni constan en los archivos pertinentes su perforación e inscripción. Por otra parte, se indicó que la Asociación pretende contratar un servicio privado para el análisis de la capacidad hídrica del sistema de acueducto de esa ASADA, a su vez indició que el 9 de enero del año en curso se había efectuado una consulta relacionada con el mismo caso. Refiere que la denuncia hace alusión a las posibles vulneraciones de las recomendaciones dispuestas por el ICAA, el incumplimiento de la normativa vigente sobre a las concesiones para explotación de recursos hídricos y la carencia de inscripción de nuevos pozos ante la Dirección de Aguas y que se utiliza la ASADA para brindar el suministro de agua potable. Al día de interposición de este recurso, su denuncia no se ha resuelto a pesar de tratarse de un posible tema de daño al ambiente y el manejo de recursos hídricos para consumo humano sin contar con las autorizaciones respectivas. Considera que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales.\n\n 2.- Por resolución de las 9:20 horas de 31 de marzo de 2025, se ordenó a la parte recurrente que compareciera ante la Secretaría de esta Sala para firmar el escrito de interposición, por haber omitido hacerlo; o bien, aporte memorial; debidamente, firmado en el que ratifique el recurso en todos sus extremos.\n\n 3.- Mediante resolución de las 14:02 horas de 1 de abril de 2025, se tuvo por cumplida esa prevención; se dio curso al recurso y se requirió un informe al gerente general y al subgerente Gestión Sistemas Comunales, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre los hechos acusados.\n\n4.- Informan bajo juramento María Alejandra Mora Segura y Georgina Garro Mora, en su condición de gerente general y de Subgerente de Gestión de Sistemas Delegados, ambas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que del oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-01261 de 2 de abril de 2025, se colige que:\n\n“Punto 2. Parcialmente cierto. El AyA no “ordenó la prohibición” como indica el recurrente. El AyA en ejercicio de sus competencias recomendó no otorgar más disponibilidades en el sistema de acueducto de la ASADA de San Isidro de Cóbano. El 27 de enero del 2025 con oficio No. GSD-UENGAR-2025-.002070 (ver anexo 01) comunicado mediante el Sistema Documental Integrado al Sr. Nombre01 al correo ...03 (ver anexo 02)\n\n…\n\n“la Subgerencia General de Sistemas Comunales reitera en todo lo indicado en el oficio GSD-UEN-GAR-2024-00302 y, considerando que a la fecha, la Junta Directiva de la ASADA de San Isidro de Cóbano no ha cumplido con la presentación de lo solicitado por el AyA, se mantiene el criterio técnico en cuanto a que para este sistema de acueducto “con las fuentes legalmente inscritas, la ASADA no cuenta con capacidad hídrica y, por lo tanto, no debe brindar nuevos servicios, ni emitir constancias de disponibilidad o prorrogar las que cumplan su vigencia, hasta resolver la situación del pozo llamado No. 4.” La ASADA de San Isidro de Cóbano ha realizado acciones para la inscripción del citado pozo ante la Dirección de Aguas del MINAE”\n\n \n\nMediante No.GSD-UEN-GAR-2025-00153 de 16 de enero de 2025, citado en GSD-UEN-GAR-2025-00270 (ver anexo 01), el Ing. Mario Alberto Chavarría Gamboa de la UEN Gestión de Acueductos Rurales de la Subgerencia de Sistemas Comunales del AyA informa a su jefatura inmediata que:\n\n“… la ASADA “contrató a la empresa Manuel Gómez y Asociados consultores, para tramitar un Permiso de Perforación para un pozo ubicado en el lote plano catastrado Dirección01, a nombre de la ASADA San Isidro; y no hemos recibido respuesta de la Dirección de Aguas.\n\nA la Dirección de aguas se le envió una nota para aclarar que, en la propiedad en estudio, existe un pozo en operación para el acueducto de la ASADA, el cual es la ÚNICA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO, sin embargo, no está inscrito en la Dirección de Aguas, y por este motivo se quiere sacar de operación y perforar uno nuevo a la par del existente.\n\nEl objetivo de la solicitud de permiso de perforación es sustituir el pozo existente por este nuevo permiso de perforación que se está tramitando.”\n\n \n\nLo anterior fue comunicado al Sr. Nombre01 en el oficio No. GSDUEN-GAR-2025-00270.\n\nLa Dirección de Aguas del MINAE comunicó la Denegatoria de Permiso de Perforación DA-0114-2025 de 9:05 horas de 23 de enero de 2025 (Expediente 25604-P).\n\nEn cuanto a la indicación que hace el recurrente: “A pesar de ello, se ha sugerido la contratación de un estudio privado para la evaluación de la capacidad hídrica, lo cual ha sido objetado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”, no aclara quién lo “ha sugerido”. No es cierto que el AyA haya objetado la realización de estudios para la evaluación de la capacidad hídrica del acueducto, pues en el ya citado oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-00270 se le informa al Sr. Nombre01 que el Decreto N.º 42582-S-MINAE (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados Comunales):\n\n“señala que las personas interesadas podrán aplicar lo dispuesto en el artículo 44 inciso d y artículo 46 del citado Decreto N°42582-S-MINAE:\n\nArtículo 44. Estudio Técnico de los sistemas de agua potable y saneamiento de aguas residuales.\n\n...\n\nd. Estudios para urbanizaciones, lotificaciones, segregaciones o condominios: Para el desarrollo de urbanizaciones, lotificaciones, segregaciones o condominios, la ASADA tiene la responsabilidad de garantizar que se realicen los estudios diagnósticos correspondientes para lo cual la persona interesada deberá asumir los costos, pero no la ejecución de los mismos, los que estarán siempre bajo competencia de la Asociación. Si como resultado del estudio diagnóstico se requiere la elaboración de un proyecto de mejoras, ampliación o modernización del sistema, le corresponderá a la persona interesada la confección de los diseños definitivos y los planos constructivos, así como la construcción de las obras previamente aprobados por el AyA, siempre que se modifique los caudales, todo lo anterior bajo la supervisión permanente de la ASADA, sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras de la Institución.\n\nEsto aplica para crecimiento vegetativo si la ASADA no cuenta con un estudio diagnóstico o capacidad en el sistema para otorgar los servicios solicitados.”\n\n“Artículo 46. Otorgamiento de Servicios. La ASADA deberá llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar que todas las nuevas o futuras conexiones de servicios a los sistemas, se otorguen de acuerdo con sus capacidades hídrica e hidráulica. Cuando sea necesario, la persona interesada en el nuevo servicio, a su costa deberá realizar las mejoras requeridas para aumentar su capacidad para que las prestaciones de los servicios cumplan los principios de cantidad, calidad y continuidad, ajustándose a la normativa técnica, así como a las disposiciones emitidas o validadas por AyA…”\n\n \n\nEn cuanto al correo electrónico de 9 de enero, en el cual supuestamente se le indicó que debía interponer denuncia, es importante indicar que, el Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, con el oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-01261, citado, afirma:\n\n“Punto 3\n\nNo es cierto.\n\nEl correo del 09 de enero del 2025 (ver anexo 03) del Sr. Nombre01 escribe textualmente: “Escribo con el fin de consultar acerca del oficio GSD-UEN-GAR-2024- 00302 del 29 de enero del 2024, en relación con una comunicación dirigida a la Junta Directiva y Fiscalía de la ASADA San Isidro de Cóbano.\n\nLo anterior, por cuanto una persona asociada a la ASADA ha estado sugiriendo se contrate un estudio para análisis de capacidad hídrica del sistema del acueducto de la ASADA, lo cual difiere de lo indicando en el oficio arriba citado.\n\nNuestra intención es validar si la ASADA ha logrado la inscripción del pozo denominado como pozo número 4, así como una prueba de bombeo de 72 horas en los pozos que abastecen al sistema de acueducto de la ASADA.”\n\n \n\nEl 10 enero de 2025, mediante correo electrónico, Robert David Barrantes Quesada, funcionario de la Oficina Regional de Acueductos Comunales de la Región Pacífico Central del AyA, contesta:\n\n “En respuesta a lo solicitado, nuestra oficina no ha recibido por parte de la ASADA de San Isidro de Cóbano los requisitos definidos por la Dirección de Aguas de MINAE para la inscripción del pozo.”\n\n \n\nNombre01, el 10 de enero de 2025, dice en correo electrónico:\n\n“El problema que estamos teniendo en la comunidad es una empresa privada realizando estudios de capacidad hídrica para ciertos proyectos (con costos altísimos), para que la ASADA les otorgue pajas de agua, lo cual debe ser investigado por AYA.”\n\n \n\nEl 10 de enero de 2025, Robert Barrantes Quesada responde mediante correo electrónico:\n\n“Entiendo, por favor presentar la denuncia según el procedimiento adjunto.\n\nEstos estudios (se refiere a los estudios de capacidad hídrica que el Sr. Nombre01 señala en su correo precedente) deben de tener revisión y aval de AYA, a la fecha nuestra oficina no los ha recibido.”\n\n \n\nAl correo de 10 de enero se adjunta el oficio GG-2020-00180 y la Política para atención de denuncias.\n\n En este sentido, es importante aclarar que, en cuanto a la interposición de denuncias, era con respecto al supuesto hecho de que se contrató una empresa privada, no así contra actuaciones de la ASADA como lo pretende hacer ver el recurrente. Sin embargo, estamos anuentes a que, en caso de que se interponga alguna denuncia en ese sentido, y cumpla con los lineamientos establecidos en la Circular sobre atención de denuncias, oficio No. GG-2017-00037, del 05 de enero del 2017 y la Divulgación Política para atención de denuncias, oficio No. GG-2020- 00180, del 16 de enero del 2020, se procederá de conformidad con lo establecido en esa circular y dicha política. Reitera que, según lo indicado por el Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, a la fecha, no hay denuncia del recurrente pendiente de atender por parte del AyA.\n\nSobre la denuncia interpuesta el 16 de enero de 2025, sobre la supuesta vulneración de las recomendaciones emitidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillaos, así como el incumplimiento de las disposiciones legales aplicables en lo referente a la concesión del servicio hídrico y su necesaria inscripción ante la Dirección de Aguas del MINAE, no es cierto que se le haya recomendado tal cosa, sino que, a solicitud del interesado, se le remitió el procedimiento para la interposición de denuncias. En este sentido, el Lic. Jorge Ramírez Rodríguez en el oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-01261, indica:\n\n“Punto 4.\n\nNo es cierto.\n\nMediante correo del 16 de enero del 2025, Tahis Mena indica (ver anexo 07): Con instrucciones del abogado Nombre01 se interpone la presente denuncia, la cual se relaciona con la ASADA en San Isidro de Cóbano.”\n\nY adjunta el documento titulado “Denuncia AyA San Isidro de Cóbano”. (ver anexo 08)\n\nEl 21 de enero del 2025, con oficio GSD-UEN-GAR-2025-00209 (ver anexo 09), Rafael Barboza Topping de la Subgerencia de Sistemas Comunales del AyA, le responde:\n\n“Señor Nombre01\n\nCorreo electrónico ...03\n\nEstimado señor:\n\nMe refiero a su oficio del 16 de enero 2025 sobre Presentación de denuncia AyA ASADA San Isidro Cóbano.\n\nCon base en la Política para atención de denuncias (No. GG-2020-00180 del 16 de enero del 2020), que indica que, “en caso de determinar que existe imprecisión de los hechos, se otorgará a la parte un plazo de 3 días hábiles para que el denunciante complete su información o de lo contrario se archivará o desestimará la gestión, sin perjuicio, de que sea presentada con mayores elementos posteriormente, como una nueva gestión”, en relación con la denuncia firmada digitalmente por Nombre01 y enviada desde el correo ...04, el 16 de enero del 2024; respetuosamente solicito aclarar lo siguiente:\n\n1.    Cuál es la relación del denunciante Nombre01 con el acueducto que opera la ASADA de San Isidro de Cóbano (usuario, solicitante de nuevo servicio, desarrollador, u otro) 2) Especificar y explicar a qué se refiere con “los estudios asociados a la ASADA de San Isidro de Cóbano”. Se le concede el plazo de 3 días hábiles para enviar al correo ...05 lo indicado. Con base en la citada Política de atención de denuncias”. El 22 de enero del 2025, mediante correo electrónico (ver anexo 10) Tahis Mena, con instrucciones del Sr. Nombre01, envía el documento de la misma fecha (ver anexo 11) que dice textualmente: San José, 22 de enero del 2025. SEÑOR RAFAEL ALBERTO BARBOZA TOPPING UEN GESTIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Quien suscribe, Nombre01, de calidades conocidas en este proceso, en mi condición personal, procedo a atender la audiencia concedida mediante oficio GSD-UEN-GAR-2025-00209 del 21 de enero del 2025 por la UEN Gestión de Acueductos Rurales, en donde se solicita aclarar los siguientes puntos, los cuales se detallan debidamente a continuación: 1) Cuál es la relación del denunciante Nombre01 con el acueducto que opera la ASADA de San Isidro de Cóbano (usuario, solicitante de nuevo servicio, desarrollador, u otro) Soy usuario del servicio de agua potable de la zona, vecino de Cóbano. 2) Especificar y explicar a qué se refiere con “los estudios asociados a la ASADA de San Isidro de Cóbano”. Son los referenciados en el oficio GSD-UEN-GAR-2024-00302 emitido por el mismo Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en fecha del 29 de enero del 2024.”\n\n \n\nLa denuncia fue atendida por Rafael Barboza Topping de la Subgerencia de Sistemas Comunales el 27 de enero de 2025 con el oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-00270, en la que textualmente indica:\n\n“En respuesta a su escrito de fecha 16 de enero del 2025, en el que usted “solicita a esta institución que inicie las diligencias pertinentes para investigar la legalidad de los estudios asociados a la ASADA de San Isidro de Cóbano, así como las actuaciones que pudieran haberse derivado de cualquier conducta ilegal relacionada” y la ampliación de fecha 22 de enero del 2025, en el que especifica que “los estudios asociados a la ASADA de San Isidro de Cóbano” … “Son los referenciados en el oficio GSD-UEN-GAR2024-00302 emitido por el mismo Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en fecha del 29 de enero del 2024”; la Subgerencia General de Sistemas Comunales reitera en todo lo indicado en el oficio GSD-UENGAR-2024-00302 y, considerando que a la fecha, la Junta Directiva de la ASADA de San Isidro de Cóbano no ha cumplido con la presentación de lo solicitado por el AyA, se mantiene el criterio técnico en cuanto a que para este sistema de acueducto “con las fuentes legalmente inscritas, la ASADA no cuenta con capacidad hídrica y, por lo tanto, no debe brindar nuevos servicios, ni emitir constancias de disponibilidad o prorrogar las que cumplan su vigencia, hasta resolver la situación del pozo llamado N°4.” (…)\n\n \n\nCon respecto al trámite de inscripción del pozo llamado #4, en oficio No.GSD-UEN-GAR-2025-00153 de 16 de enero de 2025, el ingeniero de la UEN de Acueductos Rurales, Mario Alberto Chavarría Gamboa, informa a la dirección de la UEN Gestión de Acueductos Rurales que:\n\n“Actualmente la ASADA ya tiene a su nombre la propiedad y contrató a la empresa Manuel Gómez y Asociados consultores, para tramitar un Permiso de Perforación para un pozo ubicado en el lote plano catastrado N° 6-0034019-2024, a nombre de la ASADA San Isidro; y no hemos recibido respuesta de la Dirección de Aguas.\n\nA la Dirección de aguas se le envió una nota para aclarar que, en la propiedad en estudio, existe un pozo en operación para el acueducto de la ASADA, el cual es la ÚNICA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO; sin embargo, no está inscrito en la Dirección de Aguas, y por este motivo se quiere sacar de operación y perforar uno nuevo a la par del existente.\n\nEl objetivo de la solicitud de permiso de perforación es sustituir el pozo existente por este nuevo permiso de perforación que se está tramitando.”\n\n \n\nPor otra parte, con fundamento en Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, es competencia de las ASADAS con personería vigente y convenio de delegación otorgado por el AyA, resolver sobre las solicitudes de disponibilidad que presenten a su consideración; para lo cual deberá aplicar lo dispuesto en el Acuerdo 2020-0442 de la Junta Directiva del AyA (Reglamento de Prestación de los servicios de AyA) que, entre otros, indica en su artículo 7, inciso 12. “Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio”.\n\nEn cuanto a que, supuestamente han transcurrido dos meses y no se ha recibido respuesta ni se tiene conocimiento de algún abordaje realizado por el AyA, no es cierto ninguna de las dos afirmaciones realizadas por el recurrente. Sobre este particular, el Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, mediante oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-01261, señala:\n\n “Punto 5.\n\nNo es cierto.\n\nComo se indicó en el punto 4, desde el 27 de enero del 2025 con el oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-00270 se dio respuesta al Sr. Nombre01 al correo ...03” (resaltado es nuestro) SEXTO: NO ES UN HECHO. Es una apreciación personal del recurrente, sin embargo, es importante reiterar que, el Lic. Jorge Ramírez afirma que: … Como se indicó en el punto 4, desde el 27 de enero del 2025 con el oficio No. GSDUEN-GAR-2025-00270 se dio respuesta al Sr. Nombre01 al correo ...03\n\n \n\nEs una apreciación del recurrente; sin embargo, en cuanto a la resolución de esta Sala No. 3950-2011, que se señala como antecedente, la Licda. Andrea Sánchez Solera, Asesoría Legal Ambiental del AyA, mediante correo electrónico de 2 de abril de 2025, señala:\n\n“Adjunto análisis ambiental que fue la respuesta dada oportunamente al voto referido por el señor Nombre01.\n\nSobre el fondo del asunto:\n\nTal y como lo dispone la legislación nacional en materia de recurso hídrico, y concretamente según señala la Ley de Aguas No. 276, no es competencia de AyA el otorgar permisos, ni concesiones de aprovechamiento de aguas de ninguna naturaleza, pues esta materia es exclusiva y propia del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, por lo cual, en ese sentido, no lleva razón el recurrente al cuestionar si la construcción de una laguna artificial se obtuvo con el permiso de la Institución. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional”... el artículo 31 de la Ley de Aguas No. 246 del 27 de agosto de 1942, declara como “reserva de dominio a favor de la Nación” lo siguiente: “a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potables, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables (...)”. Esta declaratoria resulta de suma importancia, puesto que, a partir de la misma surge la obligación del Estado, a través de sus órganos competentes, de fijar y determinar las áreas de protección perimetral de los pozos o áreas de captación –de 200 metros- y, desde luego, de las áreas de recarga de los mantos acuíferos –zona en que “se produce la infiltración de aguas potables”- que cuenten o deban contar con una capa forestal para su protección que son tan sensibles para su conservación y protección. De la misma forma, a partir de tal afectación expresa, el Estado puede ejercer las acciones reivindicatorias y posesorias para garantizar la indemnidad de esas zonas y substraerlas de todo tipo de contaminación sometiéndolas a un fuerte régimen de control del uso del suelo, atribución que, muy probablemente, ha omitido ejercer de forma oportuna y exacta. El numeral 32 de la Ley de Aguas de 1942 establece que “Cuando en un área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la  Sección de Aguas Potables –actualmente AYA- (...) dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación”, esta norma le impone un ineludible deber de colaboración y cooperación al Poder Ejecutivo con el AyA para adoptar todos los actos y providencias administrativas oportunas y convenientes para conjurar el peligro de contaminación en un área mayor a los perímetros de protección de las áreas de recarga de los acuíferos y zonas de captación. El contenido de la norma es sumamente significativo y rico, puesto que, habilita al Estado para adoptar cualquier medida oportuna para evitar los daños y perjuicios irreversibles que podría provocar un estado de emergencia por crisis hídrica. Evidentemente se trata, también, de una competencia que no ha sido ejercida responsablemente o infrautilizada. La Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, en su artículo 2°, establece que “Son de dominio público todas aquellas tierras que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Salubridad Pública – órganos del Poder Ejecutivo que fueron sustituidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por virtud de su Ley de Creación No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas y, más concretamente, el artículo 2°, inciso h), que le encomendó hacer cumplir la Ley General de Agua Potable- consideren indispensables para construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesarios de las mismas (...)”, evidentemente, esta norma tiene una enorme trascendencia, puesto que, se declara de dominio público las áreas de captación que pueden incluir los manantiales o nacientes –forma de descarga natural de las aguas subterráneas- y, lo que es más importante, le otorga la condición de bien demanial a todos aquellos terrenos necesarios para asegurar la protección sanitaria y física y su caudal, lo cual, necesariamente, incluye las áreas de recarga de los mantos acuíferos claramente delimitadas a través de la actividad perimetradora ya indicada, puesto que, la desprotección de estas zonas incide, necesariamente, en la calidad –por contaminación- y caudal –por impermeabilización o sobreexplotación- de las aguas para consumo y uso humanos que brotan de un manantial. La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 33, incisos a) y d), respectivamente, dispone que son áreas de protección las “ (...) que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal” y “Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley”, evidentemente estas normas le dan sustento a la actividad o intervención administrativa para definir los perímetros de protección de los acuíferos y zonas de captación. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 13 de octubre de 1995, en su artículo 51, indica que para la conservación y uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: “a) Proteger, conservar y en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico”, “b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico” y “c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”. Se establece así la necesidad de proteger y conservar la integridad y unidad del ciclo hidrológico sin hacer distinciones, el cual comprende, especialmente, las aguas subterráneas. Finalmente, los artículos 5°, inciso e), párrafo in fine de la Ley de Creación del AyA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) y 15 de la Ley de Creación del SENARA (No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas) coronan el marco normativo para la protección institucional de las aguas subterráneas al indicar, respectivamente, “Se declaran de utilidad pública y de interés social, y podrán ser expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...)” “Declárense de interés público las acciones que promueve el Estado, con el objeto de asegurar la protección y el uso racional de las aguas (...)”. En el ordenamiento jurídico-administrativo de las aguas nos encontraremos, también, con una serie de obligaciones y cargas impuestas a los particulares y sujetos de derecho público –entes y órganos públicos- para una adecuada protección del dominio público hidráulico subterráneo y superficial. Así la Ley de Aguas de 1942 y otros cuerpos legislativos, establecen una serie de prohibiciones y obligaciones para los propietarios y usuarios de los manantiales –que son un componente del área de descarga de un manto acuífero-, como las siguientes: a) los usuarios o concesionarios deben ajustarse a los reglamentos de policía y salubridad en cuanto a las aguas sobrantes que son devueltas a un manantial para evitar contaminaciones o fetidez –de no hacerlo pueden perder el aprovechamiento especial y sufrir pena de multa- (artículos 57 y 166, inciso III, ibidem), de modo concordante, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 del 21 de octubre de 1992, en su artículo 132, párrafo 1°, prohíbe “(...) arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no (...) lagos (...)” y le impone al que incumpla la norma una multa de 50.000 a 100.000 colones convertible en pena de presión de uno a dos años. b) Se prohíbe la construcción de estanques para criaderos de peces en los manantiales destinados al abastecimiento de poblaciones (artículo 63 ibidem). c) Los propietarios de terrenos en los que existan manantiales en cuyos contornos hayan sido destruidos los bosques que les brindaban abrigo están obligados a plantar árboles en las márgenes a una distancia no mayor de 5 metros (artículo 148 ibidem). d) Se prohíbe destruir, tanto en bosques nacionales como particulares, los árboles situados a menos de 60 metros de los manantiales que nacen en los cerros o a menos de 50 metros de los que surgen en terrenos planos (artículo 149 ibidem), la Ley Forestal, No. 7575 del 13 de febrero de 1996, dispone, en su artículo 34, de forma coincidente, que “Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección que bordean las nacientes permanentes y de recarga y los acuíferos de los manantiales”. e) Toda solicitud de aprovechamiento de aguas vivas, corrientes y manantiales deberá dirigirse al Ministerio de Ambiente y Energía con la presentación de una serie de requisitos (artículo 178 ibidem). En lo tocante a los entes y órganos públicos que tienen competencia y responsabilidades en materia de protección de las aguas subterráneas, se establecen una serie de obligaciones y prohibiciones tales como las siguientes: a) Se le prohíbe a las Municipalidades enajenar, hipotecar o comprometer de otra manera, arrendar, dar en esquilmo, prestar o explotar por su propia cuenta –sobre todo si supone deforestación- las tierras que posean o adquieran en las márgenes de los ríos, arroyos o manantiales o en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales o en que tenga sus orígenes (artículos 154 y 155 ibidem). b) Se obliga a las Municipalidades a reforestar tales terrenos (artículo 156 ibidem). c) Se obliga a toda Municipalidad, Junta de Educación, Junta de Protección Social y, en general, a todo “organismo de carácter público”, consultar para obtener el respectivo permiso al Ministerio de Agricultura para enajenar, hipotecar, dar en arriendo, esquilmo o explotar por su cuenta terrenos que posean o adquieran en los que existan aguas de dominio público utilizables (artículo 157 ibidem). La Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, de su parte, contiene normas específicas para la protección y conservación efectiva de las aguas subterráneas, así el artículo 275 estipula que “Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas superficiales, subterráneas (...) directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza, que, alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación.”, por su parte el numeral 276 establece que solo con permiso del Ministerio se podrán hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima, “(...) ciñéndose a las normas y condiciones de seguridad reglamentaria y a los procedimientos especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos inocuos”. Los artículos 285 y 291 de ese cuerpo normativo, respectivamente, obligan a toda persona a eliminar las excretas y aguas negras de forma adecuada y sanitariamente para evitar la “contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano” y prohíben la descarga de residuos industriales o de establecimientos de salud en el alcantarillado para “evitar la contaminación de las fuentes o cursos de agua”. Finalmente, el artículo 309 de esa ley establece que a los urbanizadores el Ministerio de Salud les aprobará el proyecto, entre otras cosas, si éste “(...) dispone de sistemas sanitarios adecuados (...) de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas”. (Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 2004-1923 del 25 de febrero del 2004) En este caso particular, hasta donde se tiene conocimiento por la información que da el recurrente, las fuentes que aprovecha el particular no se captan para abastecimiento poblacional, por lo que el perímetro que señala el artículo 31 de la Ley de Aguas no aplica. Al estar ante una actividad de carácter privado, tanto el procedimiento de concesión de las fuentes, como las áreas de protección de las mismas, son de resorte del MINAET a través de sus distintos departamentos. La Ley Constitutiva del AyA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) le atribuye, en lo que es de interés, las siguientes competencias (artículo 2°): a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (...) c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (...) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al (...) control de la contaminación de los recursos de agua (...) siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones (...) f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades”. De su parte el artículo 5° de esa ley habilita al AyA para “c) Adquirir en propiedad bienes muebles e inmuebles” y “e) Tramitar las expropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, siendo que este mismo inciso en su párrafo 2° declara de utilidad pública y de interés social, pudiendo ser expropiados, “(...) los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...).”\n\n \n\nNo es cierto que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados haya incurrido en omisiones de acción, sobre este particular el Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, en el oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-01261, afirma:\n\n“Punto 8.\n\nNo es cierto.\n\nSegún el Decreto N.º 42582-S-MINAE (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados Comunales) la responsabilidad de inscripción de fuentes es del ente operador, en este caso la ASADA de San Isidro de Cóbano, y la institución competente en esta materia es el MINAE con su Dirección de Aguas. La denuncia presentada por el Sr. Nombre01 ha sido atendida diligentemente por el AyA y se le ha dado respuesta por escrito al recurrente como se indica en los puntos anteriores. En este momento no hay asunto pendiente por atender por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con respecto a las solicitudes del Sr. Nombre01.”\n\n \n\nEs importante indicar que, el Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, mediante oficio No. GSD-UEN-GAR-2024-03583, del 26 de agosto del 2024, afirma:\n\n“Punto 10. No es un hecho. Es una pretensión del recurrente. Sin embargo, reiteramos que las solicitudes del Sr. Nombre01 ya han sido atendidas con oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-00270 como se indicó en los puntos 4 y 5.”\n\n \n\nSostiene que, de las pruebas aportadas se desprende que, las solicitudes planteadas por el recurrente el16 de enero, así como la adición y aclaración de 22 de enero, fueron debidamente atendidas por el director UEN Gestión de ASADAS, mediante oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-00270 de 27 de enero de 2025. Según indica el Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, en el oficio No. GSD-UEN-GAR-2025-01261 de 2 de abril de 2025:\n\n“… la responsabilidad de inscripción de fuentes es del ente operador, en este caso la ASADA de San Isidro de Cóbano, y la institución competente en esta materia es el MINAE con su Dirección de Aguas.\n\n(…)\n\nLa denuncia presentada por el Sr. Nombre01 ha sido atendida diligentemente por el AyA y se le ha dado respuesta por escrito al recurrente como se indica en los puntos anteriores. (…)\n\nEn este momento no hay asunto pendiente por atender por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con respecto a las solicitudes del Sr. Nombre01.”\n\n \n\n4.- Mediante memorial presentado el 22 de abril de 2025, el recurrente formuló un pronto despacho.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acota que más de dos meses después de que planteó una denuncia, a través de medios electrónicos, contra la Asociación Administradora del Acueducto San Isidro de Cóbano, por utilizar recursos hídricos sin contar con permiso alguno, no existe un pronunciamiento del ente recurrido, sobre el particular. Esa omisión vulnera sus derechos fundamentales.\n\n  II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. Antes de analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia No. 2008-2545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub- lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la supuesta demora en la atención de una denuncia relacionada con el uso irregular de los recursos hídricos del país. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 16 de enero de 2025, el recurrente planteó una denuncia ante el ente recurrido, por la posible vulneración de las recomendaciones emitidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, así como el incumplimiento de las disposiciones legales aplicables en lo referente a la concesión del servicio hídrico y su necesaria inscripción ante la Dirección de Aguas del MINAE. A efectos de atender notificaciones señaló la cuenta de correo electrónico ...03 (copia adjunta al libelo de interposición). 2) Mediante oficio de la Subgerencia de Sistemas Comunales No. GSD-UEN-GAR-2025-00270 de 27 de enero de 2025, se atendió esa denuncia, indicando en lo que interesa lo siguiente: “… En respuesta a su escrito de fecha 16 de enero del 2025,en el que usted “solicita a esta institución que inicie las diligencias pertinentes para investigar la legalidad de los estudios asociados a la ASADA de San Isidro de Cóbano, así como las actuaciones que pudieran haberse derivado de cualquier conducta ilegal relacionada” y la ampliación de fecha 22 de enero del 2025, en el que especifica que “los estudios asociados a la ASADA de San Isidro de Cóbano” … “Son los referenciados en el oficio GSD-UEN-GAR2024-00302 emitido por el mismo Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en fecha del 29 de enero del 2024”; la Subgerencia General de Sistemas Comunales reitera en todo lo indicado en el oficio GSD-UENGAR-2024-00302 y, considerando que a la fecha, la Junta Directiva de la ASADA de San Isidro de Cóbano no ha cumplido con la presentación de lo solicitado por el AyA, se mantiene el criterio técnico en cuanto a que para este sistema de acueducto “con las fuentes legalmente inscritas, la ASADA no cuenta con capacidad hídrica y, por lo tanto, no debe brindar nuevos servicios, ni emitir constancias de disponibilidad o prorrogar las que cumplan su vigencia, hasta resolver la situación del pozo llamado N°4. Adicionalmente, la Oficina Regional de Acueductos Rurales de Pacífico Central, presentó una solicitud para que la Dirección de Sostenibilidad de la Subgerencia de Sistemas Comunales realice una auditoría o el procedimiento que corresponda en relación con esta ASADA. Con respecto al trámite de inscripción del pozo llamado #4, en oficio No.GSD-UEN-GAR-2025-00153, del 16 de enero del 2025, el ingeniero de la UEN de Acueductos Rurales, Mario Alberto Chavarría Gamboa, informa a la dirección de la UEN Gestión de Acueductos Rurales que: “Actualmente la ASADA ya tiene a su nombre la propiedad y contrató a la empresa Manuel Gómez y Asociados consultores, para tramitar un Permiso de Perforación para un pozo ubicado en el lote plano catastrado N° 6-0034019-2024, a nombre de la ASADA San Isidro; y no hemos recibido respuesta de la Dirección de Aguas. A la Dirección de aguas se le envió una nota para aclarar que, en la propiedad en estudio, existe un pozo en operación para el acueducto de la ASADA, el cual es la ÚNICA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO; sin embargo, no está inscrito en la Dirección de Aguas, y por este motivo se quiere sacar de operación y perforar uno nuevo a la par del existente. El objetivo de la solicitud de permiso de perforación es sustituir el pozo existente por este nuevo permiso de perforación que se está tramitando.” Por otra parte, con fundamento en Decreto N°42582-S-MINAE (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales), es competencia de las ASADAS con personería vigente y convenio de delegación otorgado por el AyA, resolver sobre las solicitudes de disponibilidad que presenten a su consideración; para lo cual deberá aplicar lo dispuesto en el Acuerdo 2020-0442 de la Junta Directiva del AyA (Reglamento de Prestación de los servicios de AyA) que, entre otros, indica en su artículo 7, inciso 12. “Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio” También el citado Decreto, señala que las personas interesadas podrán aplicar lo dispuesto en el artículo 44 inciso d y artículo 46 del citado Decreto N°42582-SMINAE: Artículo 44. Estudio Técnico de los sistemas de agua potable y saneamiento de aguas residuales….d. Estudios para urbanizaciones, lotificaciones, segregaciones o condominios: Para el desarrollo de urbanizaciones, lotificaciones, segregaciones o condominios, la ASADA tiene la responsabilidad de garantizar que se realicen los estudios diagnósticos correspondientes para lo cual la persona interesada deberá asumir los costos, pero no la ejecución de los mismos, los que estarán siempre bajo competencia de la Asociación. Si como resultado del estudio diagnóstico se requiere la elaboración de un proyecto de mejoras, ampliación o modernización del sistema, le corresponderá a la persona interesada la confección de los diseños definitivos y los planos constructivos, así como la construcción de las obras previamente aprobados por el AyA, siempre que se modifique los caudales, todo lo anterior bajo la supervisión permanente de la ASADA, sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras de la Institución. Esto aplica para crecimiento vegetativo si la ASADA no cuenta con un estudio diagnóstico o capacidad en el sistema para otorgar los servicios solicitados.” “Artículo 46. Otorgamiento de Servicios. La ASADA deberá llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar que todas las nuevas o futuras conexiones de servicios a los sistemas, se otorguen de acuerdo con sus capacidades hídrica e hidráulica. Cuando sea necesario, la persona interesada en el nuevo servicio, a su costa deberá realizar las mejoras requeridas para aumentar su capacidad para que las prestaciones de los servicios cumplan los principios de cantidad, calidad y continuidad, ajustándose a la normativa técnica, así como a las disposiciones emitidas o validadas por AyA…” Finalmente, me permito copiar lo que indican los artículos del 100 al 104 del Decreto Nº 42582-S-MINAE (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados Comunales ): CAPÍTULO VIII Del procedimiento de quejas, reclamos, peticiones o recursos SECCION PRIMERA Formulación de peticiones, quejas y/o reclamos Artículo 100. Facultad para formular peticiones, quejas y/o reclamos ante la Junta Directiva de la ASADA. Toda persona usuaria o con interés legítimo, podrá formular peticiones a la Junta Directiva de la ASADA, quienes deberán resolver y contestar dentro de los plazos que al efecto determina la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y demás leyes conexas. En todo lo que no esté indicado en este capítulo, se aplicará en forma subsidiaria lo que establece la Ley General de la Administración Pública y las normas conexas. SECCION SEGUNDA De los recursos de revocatoria y apelación Artículo 101. Normativa para interponer los recursos correspondientes. Los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento son servicios públicos indistintamente de su ente prestador. Para la formulación de recursos se aplicarán los procedimientos y plazos establecidos en el presente Reglamento y en la Ley General de La Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Constitucional, el Código Procesal Contencioso Administrativo, la Ley Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y demás leyes conexas. Artículo 102. Interposición de recursos. Si la persona interesada no estuviere conforme con lo resuelto, podrá interponer los recursos que establece la Ley General de la Administración Pública. Artículo 103. Recursos de Revocatoria y/o Apelación. Corresponderá a la Junta Directiva de la Asociación resolver todos los recursos de revocatoria que se interpongan, contra los actos emanados por esa instancia. Cuando se trate de aspectos de carácter administrativo y organizativo de la ASADA, estos serán competencia conforme lo establecido en el artículo 43 del Reglamento a la Ley de Asociaciones, Decreto Ejecutivo N° 29496-J. En caso de que los recursos de apelación se refieran a aspectos técnicos y operativos de los sistemas o incidan en la prestación del respectivo servicio, éstos serán competencia exclusiva de AyA, como ente rector nacional en materia de prestación de servicios de acueductos y saneamientos de las aguas residuales. Diario Oficial La Gaceta Digital N°223, Alcance N°233, viernes 4 de setiembre, 2020 Artículo 104. Recursos en alzada. Corresponde a la Gerencia General del AyA resolver los recursos en alzada.” (informe rendido bajo juramento y copia adjunta). 3) Por correo electrónico de 27 de enero de 2025, remitido a la cuenta ...03, se notificó esa respuesta al amparado (informe rendido bajo juramento y copia adjunta).\n\nIV.- CASO CONCRETO. Se acreditó que, a mediados del mes de enero de 2025, el recurrente planteó la denuncia que afirma. Además, consta que por oficio de la Subgerencia de Sistemas Comunales No. GSD-UEN-GAR-2025-00270 de 27 de enero de los corrientes, se atendió esta. Igualmente, se demostró que ese mismo día se notificó lo resuelto al recurrente, a través del correo electrónico que señaló a esos efectos. De ahí que lo expuesto por el amparado no es más que una disconformidad con lo resuelto por el ente recurrido, lo cual es ajeno a esta vía especializada. Así las cosas, descarta la Sala que exista el agravio reclamado. Bajo esta inteligencia, se impone desestimar el recurso, como en efecto se dispone.\n\nV.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\nAna María Picado B.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 7N7Q8JJ3M4M61\n\nEXPEDIENTE N° 25-008311-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:19:40.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 12151 - 2025\n\nDate of Resolution: April 25, 2025 at 09:20\n\nCase File: 25-008311-0007-CO\n\nDrafted by: Ingrid Hess Herrera\n\nType of matter: Amparo action\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-008311-0007-CO\n\nRes. No. 2025012151\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-fifth of April of two thousand twenty-five.\n\nAmparo action brought by Nombre01, identity card CED01, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By means of a brief filed at 9:11 a.m. on March 24, 2025, the petitioner brought an amparo action against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, because, as he claims, the Asociación Administradora del Acueducto San Isidro de Cóbano does not have the registration or concession for Well No. 4 before the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente y Energía, which is why it did not approve the Technical Diagnostic and Evaluation Study for the aqueduct. He mentions that a prohibition was ordered on issuing new water availability certificates (constancias de disponibilidad de agua), as well as the suspension of new service connections until said ASADA is in legal compliance with that situation. He explains that it was suggested to carry out an evaluation of the private water capacity, with which the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados did not agree. On January 9, 2025, he sent via email to the address ...01, a communication through which he consulted the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados regarding the above. He states that by email received on January 10, 2025, he was informed that the operational studies for Well No. 4 must have the review and endorsement of that entity, and that at that time no communication had been received from the ASADA, recommending that he file a complaint for failure to comply with current regulations. He sets forth that, on January 16, 2025, he filed a complaint via email to the address ...02, against the Asociación Administradora del Acueducto San Isidro de Cóbano, regarding the use of water resources from a well that does not have the permits for drinking water supply, nor does its drilling and registration appear in the pertinent files. Furthermore, it was indicated that the Association intends to contract a private service for the analysis of the water capacity of that ASADA's aqueduct system, and it was also indicated that on January 9 of the current year a consultation related to the same case had been made. He states that the complaint alludes to the possible violations of the recommendations issued by the ICAA, the non-compliance with current regulations regarding concessions for the exploitation of water resources, and the lack of registration of new wells before the Dirección de Aguas, and that the ASADA is used to provide the drinking water supply. As of the date of filing this action, his complaint has not been resolved despite it being a possible issue of harm to the environment and the management of water resources for human consumption without the respective authorizations. He considers that the facts set forth violate his fundamental rights.\n\n2.- By resolution at 9:20 a.m. on March 31, 2025, the petitioner was ordered to appear before the Secretariat of this Chamber to sign the filing brief, for having omitted to do so; or, to provide a brief, duly signed, in which he ratifies the action in all its aspects.\n\n3.- By resolution at 2:02 p.m. on April 1, 2025, that order was deemed complied with; the action was admitted and a report was requested from the general manager and the deputy manager of Communal Systems Management, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, regarding the accused facts.\n\n4.- María Alejandra Mora Segura and Georgina Garro Mora, in their capacity as general manager and Deputy Manager of Delegated Systems Management, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, report under oath that from official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01261 of April 2, 2025, it is inferred that:\n\n“Point 2. Partially true. AyA did not 'order the prohibition' as indicated by the petitioner. AyA, in the exercise of its powers, recommended not granting further availability certificates in the aqueduct system of the ASADA of San Isidro de Cóbano. On January 27, 2025, by official communication No. GSD-UENGAR-2025-.002070 (see annex 01) communicated through the Integrated Document System to Mr. Nombre01 at email ...03 (see annex 02)\n\n…\n\n“the Subgerencia General de Sistemas Comunales reiterates everything indicated in official communication GSD-UEN-GAR-2024-00302 and, considering that to date, the Board of Directors of the ASADA of San Isidro de Cóbano has not complied with the submission of what was requested by AyA, the technical opinion is maintained that for this aqueduct system 'with the legally registered sources, the ASADA does not have water capacity and, therefore, should not provide new services, nor issue availability certificates or extend those whose validity expires, until the situation of the well called No. 4 is resolved.' The ASADA of San Isidro de Cóbano has taken actions for the registration of the cited well before the Dirección de Aguas of MINAE”\n\nThrough No. GSD-UEN-GAR-2025-00153 of January 16, 2025, cited in GSD-UEN-GAR-2025-00270 (see annex 01), Engineer Mario Alberto Chavarría Gamboa of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of the Subgerencia de Sistemas Comunales of AyA informs his immediate superior that:\n\n“… the ASADA 'contracted the company Manuel Gómez y Asociados consultores, to process a Drilling Permit (Permiso de Perforación) for a well located on the cadastral plan lot Dirección01, in the name of the ASADA San Isidro; and we have not received a response from the Dirección de Aguas.\n\nA note was sent to the Dirección de Aguas to clarify that, on the property under study, there is a well in operation for the ASADA's aqueduct, which is the ONLY SUPPLY SOURCE FOR THE AQUEDUCT; however, it is not registered with the Dirección de Aguas, and for this reason it is intended to be taken out of operation and a new one drilled next to the existing one.\n\nThe objective of the drilling permit application is to replace the existing well with this new drilling permit that is being processed.'”\n\nThe foregoing was communicated to Mr. Nombre01 in official communication No. GSDUEN-GAR-2025-00270.\n\nThe Dirección de Aguas of MINAE communicated the Denial of Drilling Permit DA-0114-2025 of 9:05 a.m. on January 23, 2025 (Case File 25604-P).\n\nRegarding the petitioner's indication: “Despite this, the contracting of a private study for the evaluation of water capacity has been suggested, which has been objected to by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,” he does not clarify who “has suggested” it. It is not true that AyA has objected to conducting studies for evaluating the aqueduct's water capacity, since in the aforementioned official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-00270, Mr. Nombre01 is informed that Decreto N.º 42582-S-MINAE (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados Comunales):\n\n“states that interested persons may apply the provisions of Article 44, subsection d and Article 46 of the cited Decreto N°42582-S-MINAE:\n\nArticle 44. Technical Study of potable water and wastewater sanitation systems.\n\n...\n\nd. Studies for urbanizations, lot divisions, segregations or condominiums: For the development of urbanizations, lot divisions, segregations or condominiums, the ASADA has the responsibility to guarantee that the corresponding diagnostic studies are carried out, for which the interested person must assume the costs, but not the execution thereof, which will always be under the competence of the Association. If as a result of the diagnostic study, the preparation of a project for improvements, expansion or modernization of the system is required, the interested person will be responsible for the preparation of the final designs and construction plans, as well as the construction of the works previously approved by AyA, provided that flow rates are modified, all of the above under the permanent supervision of the ASADA, without prejudice to the oversight powers of the Institution.\n\nThis applies to vegetative growth if the ASADA does not have a diagnostic study or capacity in the system to grant the requested services.”\n\n“Article 46. Provision of Services. The ASADA must carry out the pertinent actions to guarantee that all new or future service connections to the systems are granted in accordance with their water and hydraulic capacities. When necessary, the person interested in the new service must, at their own cost, make the required improvements to increase its capacity so that the service provisions comply with the principles of quantity, quality, and continuity, adjusting to the technical regulations, as well as the provisions issued or validated by AyA…”\n\nRegarding the email of January 9, in which he was supposedly told he had to file a complaint, it is important to indicate that Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, by official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01261, cited, affirms:\n\n“Point 3\n\nIt is not true.\n\nThe email of January 9, 2025 (see annex 03) from Mr. Nombre01 states textually: “I am writing to consult about official communication GSD-UEN-GAR-2024- 00302 of January 29, 2024, in relation to a communication addressed to the Board of Directors and Oversight Committee of the ASADA San Isidro de Cóbano.\n\nThe above, because a person associated with the ASADA has been suggesting that a study be contracted for analysis of the water capacity of the ASADA aqueduct system, which differs from what is indicated in the above-cited communication.\n\nOur intention is to validate whether the ASADA has achieved the registration of the well called well number 4, as well as a 72-hour pumping test on the wells that supply the ASADA aqueduct system.”\n\nOn January 10, 2025, by email, Robert David Barrantes Quesada, an official of the Oficina Regional de Acueductos Comunales of the Región Pacífico Central of AyA, responds:\n\n“In response to your request, our office has not received from the ASADA of San Isidro de Cóbano the requirements defined by the Dirección de Aguas of MINAE for the registration of the well.”\n\nNombre01, on January 10, 2025, says in an email:\n\n“The problem we are having in the community is a private company conducting water capacity studies for certain projects (at extremely high costs), so that the ASADA grants them water availability letters (pajas de agua), which should be investigated by AYA.”\n\nOn January 10, 2025, Robert Barrantes Quesada responds by email:\n\n“I understand, please file the complaint according to the attached procedure.\n\nThese studies (referring to the water capacity studies that Mr. Nombre01 points out in his preceding email) must have AYA's review and endorsement; to date our office has not received them.”\n\nThe email of January 10 attaches official communication GG-2020-00180 and the Policy for handling complaints.\n\nIn this sense, it is important to clarify that, regarding the filing of complaints, it was with respect to the alleged fact that a private company was contracted, not against actions of the ASADA as the petitioner attempts to portray. However, we are willing that, should any complaint be filed in that sense, and it complies with the guidelines established in the Circular on handling complaints, official communication No. GG-2017-00037, of January 5, 2017, and the Disseminated Policy for handling complaints, official communication No. GG-2020-00180, of January 16, 2020, it will be processed in accordance with that circular and said policy. He reiterates that, according to what was indicated by Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, to date, there is no complaint from the petitioner pending attention by AyA.\n\nRegarding the complaint filed on January 16, 2025, concerning the alleged violation of the recommendations issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as non-compliance with the applicable legal provisions regarding the concession of water service and its necessary registration before the Dirección de Aguas of MINAE, it is not true that such a thing was recommended to him, but rather that, at the request of the interested party, the procedure for filing complaints was sent to him. In this sense, Lic. Jorge Ramírez Rodríguez in official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01261, indicates:\n\n“Point 4.\n\nIt is not true.\n\nBy email of January 16, 2025, Tahis Mena indicates (see annex 07): With instructions from attorney Nombre01, this complaint is filed, which relates to the ASADA in San Isidro de Cóbano.”\n\nAnd attaches the document titled “Denuncia AyA San Isidro de Cóbano” (see annex 08)\n\nOn January 21, 2025, by official communication GSD-UEN-GAR-2025-00209 (see annex 09), Rafael Barboza Topping of the Subgerencia de Sistemas Comunales of AyA, replies:\n\n“Mr. Nombre01\n\nEmail ...03\n\nDear Sir:\n\nI refer to your communication of January 16, 2025, regarding Submission of complaint AyA ASADA San Isidro Cóbano.\n\nBased on the Policy for handling complaints (No. GG-2020-00180 of January 16, 2020), which indicates that, “in the event of determining that there is imprecision in the facts, the party will be granted a period of 3 business days for the complainant to complete their information or otherwise the proceeding will be archived or dismissed, without prejudice to it being presented with more elements at a later date, as a new proceeding,” in relation to the complaint digitally signed by Nombre01 and sent from email ...04, on January 16, 2024; I respectfully request clarification of the following:\n\n1. What is the relationship of the complainant Nombre01 with the aqueduct operated by the ASADA of San Isidro de Cóbano (user, applicant for new service, developer, or other) 2) Specify and explain what is meant by “the studies associated with the ASADA of San Isidro de Cóbano.” You are granted a period of 3 business days to send the indicated information to email ...05. Based on the cited Policy for handling complaints. \" On January 22, 2025, by email (see annex 10) Tahis Mena, with instructions from Mr. Nombre01, sends the document of the same date (see annex 11) which textually states: San José, January 22, 2025. MR. RAFAEL ALBERTO BARBOZA TOPPING UEN GESTIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS The undersigned, Nombre01, of known standing in this proceeding, in my personal capacity, proceed to respond to the hearing granted by official communication GSD-UEN-GAR-2025-00209 of January 21, 2025, by the UEN Gestión de Acueductos Rurales, where the following points are requested to be clarified, which are duly detailed below: 1) What is the relationship of the complainant Nombre01 with the aqueduct operated by the ASADA of San Isidro de Cóbano (user, applicant for new service, developer, or other) I am a user of the potable water service in the area, a resident of Cóbano. 2) Specify and explain what is meant by “the studies associated with the ASADA of San Isidro de Cóbano.” They are those referenced in official communication GSD-UEN-GAR-2024-00302 issued by the same Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on January 29, 2024.”\n\nThe complaint was handled by Rafael Barboza Topping of the Subgerencia de Sistemas Comunales on January 27, 2025, with official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-00270, which textually indicates:\n\n“In response to your writing dated January 16, 2025, in which you ‘request this institution to initiate the pertinent proceedings to investigate the legality of the studies associated with the ASADA of San Isidro de Cóbano, as well as any actions that may have derived from any related illegal conduct’ and the amplification dated January 22, 2025, in which you specify that ‘the studies associated with the ASADA of San Isidro de Cóbano’ … ‘Are those referenced in official communication GSD-UEN-GAR2024-00302 issued by the same Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on January 29, 2024’; the Subgerencia General de Sistemas Comunales reiterates everything indicated in official communication GSD-UENGAR-2024-00302 and, considering that to date, the Board of Directors of the ASADA of San Isidro de Cóbano has not complied with the submission of what was requested by AyA, the technical opinion is maintained that for this aqueduct system ‘with the legally registered sources, the ASADA does not have water capacity and, therefore, should not provide new services, nor issue availability certificates or extend those whose validity expires, until the situation of the well called No. 4 is resolved.’ (…)\n\nRegarding the registration process for the well called #4, in official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-00153 of January 16, 2025, the engineer of the UEN de Acueductos Rurales, Mario Alberto Chavarría Gamboa, informs the direction of the UEN Gestión de Acueductos Rurales that:\n\n“Currently the ASADA already has the property in its name and contracted the company Manuel Gómez y Asociados consultores, to process a Drilling Permit for a well located on cadastral plan lot No. 6-0034019-2024, in the name of the ASADA San Isidro; and we have not received a response from the Dirección de Aguas.\n\nA note was sent to the Dirección de Aguas to clarify that, on the property under study, there is a well in operation for the ASADA's aqueduct, which is the ONLY SUPPLY SOURCE FOR THE AQUEDUCT; however, it is not registered with the Dirección de Aguas, and for this reason it is intended to be taken out of operation and a new one drilled next to the existing one.\n\nThe objective of the drilling permit application is to replace the existing well with this new drilling permit that is being processed.”\n\nOn the other hand, based on the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, it is the competence of the ASADAs with current legal status and a delegation agreement granted by AyA, to resolve on the availability requests submitted for their consideration; for which they must apply the provisions of Agreement 2020-0442 of the Board of Directors of AyA (Reglamento de Prestación de los servicios de AyA) which, among others, indicates in its Article 7, subsection 12. “Analysis of technical feasibility for granting services: Process of verifying the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual service connection.”\n\nRegarding the claim that two months have allegedly passed and no response has been received nor is there knowledge of any approach made by AyA, neither of the two statements made by the petitioner is true. On this particular matter, Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, by official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01261, states:\n\n“Point 5.\n\nIt is not true.\n\nAs indicated in point 4, since January 27, 2025, with official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-00270, a response was given to Mr. Nombre01 at email ...03” (emphasis is ours) SIXTH: IT IS NOT A FACT. It is a personal appreciation of the petitioner, however, it is important to reiterate that, Lic. Jorge Ramírez affirms that: … As indicated in point 4, since January 27, 2025, with official communication No. GSDUEN-GAR-2025-00270, a response was given to Mr. Nombre01 at email ...03\n\nIt is an appreciation of the petitioner; however, regarding this Chamber's Resolution No. 3950-2011, which is cited as a precedent, Licda. Andrea Sánchez Solera, Environmental Legal Advisory of AyA, by email of April 2, 2025, states:\n\n“I attach the environmental analysis that was the timely response given to the vote referred to by Mr. Nombre01.\n\nOn the substance of the matter:\n\nAs stipulated by national legislation on water resources, and specifically as indicated by Ley de Aguas No. 276, it is not the competence of AyA to grant permits or concessions for the use of waters of any nature, as this matter is exclusive and proper to the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, therefore, in that sense, the petitioner is not correct in questioning whether the construction of an artificial lagoon was obtained with the Institution's permission. On the other hand, in accordance with constitutional jurisprudence”... Article 31 of Ley de Aguas No. 246 of August 27, 1942, declares as “reserve of domain in favor of the Nation” the following: “a) The lands surrounding the catchment sites or intake sources supplying potable water, within a perimeter of not less than two hundred meters in radius; b) The forest zone that protects or should protect the set of lands where the infiltration of potable water occurs (...)”. This declaration is of utmost importance, since, from it arises the obligation of the State, through its competent bodies, to fix and determine the perimeter protection areas for wells or catchment areas –of 200 meters- and, of course, the recharge areas of aquifers –zone where “the infiltration of potable water occurs”- that have or should have a forest cover (cobertura boscosa) for their protection, which are so sensitive for their conservation and protection. In the same way, based on such express designation, the State may exercise recovery and possessory actions to guarantee the integrity of those zones and remove them from all types of contamination, subjecting them to a strong regime of land-use control (control del uso del suelo), a power that, very probably, it has omitted to exercise in a timely and exact manner. Numeral 32 of Ley de Aguas of 1942 establishes that “When in an area larger than the one previously indicated there exists a danger of contamination in surface or underground waters, the Executive Branch, through the Sección de Aguas Potables –currently AYA- (...) shall provide in said area the measures it deems appropriate to avoid the danger of contamination,” this norm imposes an unavoidable duty of collaboration and cooperation on the Executive Branch with AyA to adopt all opportune and convenient administrative acts and orders to avert the danger of contamination in an area larger than the protection perimeters of the aquifer recharge areas and catchment zones. The content of the norm is extremely significant and rich, since it enables the State to adopt any opportune measure to avoid irreversible damage and harm that a state of emergency due to water crisis could cause. Evidently, it is also a competence that has not been exercised responsibly or is underutilized. Ley General de Agua Potable, No. 1634 of September 18, 1953, in its Article 2°, establishes that “Are of public domain all those lands that both the Ministerio de Obras Públicas and the Ministerio de Salubridad Pública – organs of the Executive Branch that were substituted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados by virtue of its Ley de Creación No. 2726 of April 14, 1961 and its reforms and, more concretely, Article 2°, subsection h), which entrusted it to enforce the Ley General de Agua Potable- consider indispensable to build or to locate any part or parts of potable water supply systems, as well as to ensure the sanitary and physical protection, and necessary flow rate, of the same (...)”, evidently, this norm has enormous transcendence, since, the catchment areas that may include springs (manantiales) or surface springs (nacientes) –a form of natural discharge of underground waters- are declared of public domain and, what is more important, it grants the status of demanial property to all those lands necessary to ensure its sanitary and physical protection and its flow rate, which, necessarily, includes the recharge areas of the aquifers clearly delimited through the perimeter-setting activity already indicated, since the lack of protection of these zones necessarily affects the quality –due to contamination- and flow rate –due to waterproofing or overexploitation- of the waters for human consumption and use that emerge from a spring. Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 33, subsections a) and d), respectively, provides that protected areas are “ (…) those bordering permanent springs, defined in a radius of one hundred meters measured horizontally” and “The recharge areas and the aquifers of the springs, whose limits shall be determined by the competent bodies established in the Regulation of this law,” evidently these norms give support to the administrative activity or intervention to define the protection perimeters of aquifers and catchment zones. Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of October 13, 1995, in its Article 51, indicates that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria must be applied, among others: “a) Protect, conserve and, as far as possible, recover aquatic ecosystems and the elements that intervene in the hydrological cycle,” “b) Protect the ecosystems that allow regulating the water regime” and “c) Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins”. Thus, the need to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle is established without making distinctions, which especially includes underground waters. Finally, Articles 5°, subsection e), final paragraph of the Ley de Creación del AyA (No. 2726 of April 14, 1961 and its reforms) and 15 of the Ley de Creación del SENARA (No. 6877 of July 18, 1983 and its reforms) crown the regulatory framework for the institutional protection of underground waters by indicating, respectively, “Are declared of public utility and social interest, and may be expropriated, the lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the catchment (...)” “Declare of public interest the actions promoted by the State, with the aim of ensuring the protection and rational use of waters (...)”. In the legal-administrative water system, we will also find a series of obligations and charges imposed on individuals and public law subjects –public entities and bodies- for the adequate protection of the underground and surface public water domain. Thus, Ley de Aguas of 1942 and other legislative bodies establish a series of prohibitions and obligations for the owners and users of springs –which are a component of the discharge area of an aquifer-, such as the following: a) users or concessionaires must adjust to police and health regulations regarding excess waters that are returned to a spring to avoid contamination or foul odors – if they fail to do so, they may lose the special use right and suffer a fine penalty- (Articles 57 and 166, subsection III, ibidem), concordantly, Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 of October 21, 1992, in its Article 132, paragraph 1°, prohibits “(...) throwing wastewater, sewage, waste or any contaminating substance into springs, rivers, streams, permanent or non-permanent creeks (...) lakes (...)” and imposes on the violator a fine of 50,000 to 100,000 colones convertible into a prison sentence of one to two years. b) The construction of ponds for fish farms in springs destined for the supply of populations is prohibited (Article 63 ibidem). c) The owners of lands where springs exist, in whose surroundings the forests that provided shelter have been destroyed, are obliged to plant trees on the margins at a distance of no more than 5 meters (Article 148 ibidem). d) It is prohibited to destroy, both in national and private forests, the trees located less than 60 meters from springs that emerge on hills or less than 50 meters from those that arise on flat lands (Article 149 ibidem), Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996, provides, in its Article 34, coincidentally, that “The cutting or elimination of trees is prohibited in the protection areas bordering permanent springs and the recharge and aquifer areas of the springs.” e) Every application for the use of live, running waters and springs must be directed to the Ministerio de Ambiente y Energía with the presentation of a series of requirements (Article 178 ibidem).\n\nWith respect to the public entities and bodies that have competence and responsibilities in the area of groundwater protection, a series of obligations and prohibitions are established, such as the following: a) Municipalities are prohibited from alienating, mortgaging, or otherwise encumbering, leasing, giving under sharecropping (dar en esquilmo), lending, or exploiting on their own account—especially if it involves deforestation—the lands they own or acquire on the banks of rivers, streams, or springs (manantiales) or in hydrographic basins or catchments where springs (manantiales) emerge or where they originate (Articles 154 and 155 ibidem). b) Municipalities are obliged to reforest such lands (Article 156 ibidem). c) Every Municipality, Board of Education, Board of Social Protection, and, in general, every “public body” is obliged to consult and obtain the respective permit from the Ministry of Agriculture in order to alienate, mortgage, lease, give under sharecropping (esquilmo), or exploit on their own account lands they own or acquire on which there exist usable public-domain waters (Article 157 ibidem). The General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its amendments, for its part, contains specific norms for the effective protection and conservation of groundwater. Thus, Article 275 stipulates that “Any natural or juridical person is prohibited from contaminating surface or ground waters (...) directly or indirectly, through drainage or the discharge or storage, voluntary or negligent, of liquid, solid, or gaseous waste or residues, radioactive or non-radioactive, blackwater or substances of any nature, which, by altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water, render it dangerous to the health of people, terrestrial and aquatic fauna, or unusable for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses.” In turn, numeral 276 establishes that only with permission from the Ministry may drainage be carried out or the discharge of solid or liquid waste or residues or others capable of contaminating surface, ground, or maritime water be proceeded with, “(...) abiding by the regulatory safety norms and conditions and the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them innocuous.” Articles 285 and 291 of that regulatory body, respectively, obligate every person to eliminate excreta and blackwater in an adequate and sanitary manner to avoid “contamination of the soil and of natural water sources for human use and consumption” and prohibit the discharge of industrial waste or waste from health establishments into the sewage system to “avoid the contamination of water sources or courses.” Finally, Article 309 of that law establishes that the Ministry of Health will approve a developer’s (urbanizadores) project, among other things, if it “(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excreta, blackwater, and greywater (aguas servidas).” (Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Resolution No. 2004-1923 of February 25, 2004) In this particular case, as far as is known from the information provided by the petitioner, the sources utilized by the private individual are not captured for population supply, so the perimeter indicated by Article 31 of the Ley de Aguas does not apply. As this is an activity of a private nature, both the procedure for granting concessions (concesión) for the sources and the protection areas for the same fall under the purview of MINAET through its various departments. The Ley Constitutiva del AyA (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments) attributes to it, in what is of interest, the following competences (Article 2): a) To direct and oversee everything concerning the provision to the inhabitants of the republic of potable water service, collection, and evacuation of blackwater and liquid industrial waste and stormwater (aguas pluviales) in urban areas (...) c) To promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water pollution (...) d) To advise other State bodies and coordinate public and private activities in all matters relating to (...) the control of pollution of water resources (...) its consultation being, in any case, mandatory, and compliance with its recommendations inexcusable (...) f) To harness, utilize, govern, or oversee, as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State holds over them, in accordance with Law number 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the powers attributed in that law to the State, Ministries, and Municipalities.” For its part, Article 5 of that law empowers AyA to “c) Acquire movable and immovable property” and “e) Process the expropriations necessary for the fulfillment of its purposes, this same subsection in its paragraph 2 declaring of public utility and social interest, and subject to expropriation, “(...) the lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for constructions needed in the catchment (...).”\n\n \n\nIt is not true that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has incurred in omissions of action. On this point, Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, in official communication (oficio) No. GSD-UEN-GAR-2025-01261, states:\n\n“Point 8.\n\nIt is not true.\n\nAccording to Decree No. 42582-S-MINAE (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados Comunales), the responsibility for registering sources (inscripción de fuentes) lies with the operating entity, in this case the ASADA of San Isidro de Cóbano, and the institution competent in this matter is MINAE with its Dirección de Aguas. The complaint filed by Mr. Nombre01 has been diligently addressed by AyA, and a written response has been provided to the petitioner as indicated in the previous points. At this time, there is no pending matter to be addressed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados with respect to the requests of Mr. Nombre01.”\n\n \n\nIt is important to note that Lic. Jorge Ramírez Rodríguez, through official communication No. GSD-UEN-GAR-2024-03583, dated August 26, 2024, states:\n\n“Point 10. It is not a fact. It is a claim by the petitioner. However, we reiterate that Mr. Nombre01’s requests have already been addressed with official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-00270, as indicated in points 4 and 5.”\n\n \n\nHe maintains that, from the evidence provided, it is evident that the requests made by the petitioner on January 16, as well as the addition and clarification of January 22, were duly addressed by the director of the UEN Gestión de ASADAS, via official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-00270 of January 27, 2025. As Lic. Jorge Ramírez Rodríguez indicates in official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-01261 of April 2, 2025:\n\n“… the responsibility for registering sources (inscripción de fuentes) lies with the operating entity, in this case the ASADA of San Isidro de Cóbano, and the institution competent in this matter is MINAE with its Dirección de Aguas.\n\n(…)\n\nThe complaint filed by Mr. Nombre01 has been diligently addressed by AyA, and a written response has been provided to the petitioner as indicated in the previous points. (…)\n\nAt this time, there is no pending matter to be addressed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados with respect to the requests of Mr. Nombre01.”\n\n \n\n4.- By means of a brief (memorial) filed on April 22, 2025, the petitioner made a request for expeditious processing (pronto despacho).\n\n5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\n Drafted by Judge Hess Herrera; and,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- PURPOSE OF THE RECURSO. The petitioner states that more than two months after he filed a complaint, through electronic means, against the Asociación Administradora del Acueducto San Isidro de Cóbano, for using water resources without any permit, there has been no pronouncement from the respondent entity on the matter. That omission violates his fundamental rights.\n\n  II.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter—due to the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure (procedimiento pronto y cumplido)—it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-2545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative recourses (recursos). Precisely, in the case at bar (sub-lite), an exception is raised, since this concerns the alleged delay in addressing a complaint related to the irregular use of the country’s water resources. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\n III.- PROVEN FACTS. The following facts are deemed proven as relevant for the decision of this amparo: 1) On January 16, 2025, the petitioner filed a complaint before the respondent entity, regarding the possible violation of the recommendations issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, as well as non-compliance with the applicable legal provisions concerning the water service concession (concesión) and its necessary registration (inscripción) before the Dirección de Aguas of MINAE. For notification purposes, he indicated the email account ...03 (copy attached to the filing brief). 2) By means of official communication from the Subgerencia de Sistemas Comunales No. GSD-UEN-GAR-2025-00270 of January 27, 2025, that complaint was addressed, indicating in pertinent part the following: “… In response to your written submission dated January 16, 2025, in which you ‘request that this institution initiate the pertinent steps to investigate the legality of the studies associated with the ASADA of San Isidro de Cóbano, as well as any actions that may have derived from any related illegal conduct’ and the supplementary submission dated January 22, 2025, specifying that ‘the studies associated with the ASADA of San Isidro de Cóbano’ … ‘are those referenced in official communication GSD-UEN-GAR2024-00302 issued by the same Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on January 29, 2024’; the Subgerencia General de Sistemas Comunales reiterates everything indicated in official communication GSD-UENGAR-2024-00302 and, considering that, to date, the Board of Directors (Junta Directiva) of the ASADA of San Isidro de Cóbano has not complied with the presentation of what was requested by AyA, the technical criterion is maintained in that for this aqueduct system ‘with the legally registered (inscritas) sources, the ASADA does not have water capacity and, therefore, must not provide new services, nor issue availability certificates (constancias de disponibilidad) or extend those whose validity has expired, until the situation of the well called No. 4 is resolved. Additionally, the Oficina Regional de Acueductos Rurales de Pacífico Central filed a request for the Dirección de Sostenibilidad of the Subgerencia de Sistemas Comunales to conduct an audit or the corresponding procedure in relation to this ASADA. Regarding the registration (inscripción) process for the well called #4, in official communication No. GSD-UEN-GAR-2025-00153, of January 16, 2025, the engineer of the UEN de Acueductos Rurales, Mario Alberto Chavarría Gamboa, informs the direction of the UEN Gestión de Acueductos Rurales that: “Currently the ASADA already has the property in its name and contracted the company Manuel Gómez y Asociados consultores to process a Drilling Permit (Permiso de Perforación) for a well located on the flat cadastral lot No. 6-0034019-2024, in the name of the ASADA San Isidro; and we have not received a response from the Dirección de Aguas. A note was sent to the Dirección de Aguas to clarify that, on the property under study, there is a well in operation for the ASADA aqueduct, which is the ONLY SUPPLY SOURCE FOR THE AQUEDUCT; however, it is not registered (inscrito) with the Dirección de Aguas, and for this reason they want to take it out of operation and drill a new one next to the existing one. The objective of the drilling permit application is to replace the existing well with this new drilling permit that is being processed.” Furthermore, based on Decree No. 42582-S-MINAE (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales), it is the competence of the ASADAs with current legal status (personería vigente) and a delegation agreement (convenio de delegación) granted by AyA, to resolve on availability requests submitted for their consideration; for which they must apply the provisions of Agreement 2020-0442 of AyA’s Board of Directors (Reglamento de Prestación de los servicios de AyA) which, among others, indicates in its Article 7, subsection 12. “Technical feasibility analysis for the granting of services: Process of verification of the real and current existence of water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources sufficient to grant availability and eventual connection of the service.” The cited Decree also states that interested parties may apply the provisions of Article 44, subsection d, and Article 46 of the cited Decree No. 42582-S-MINAE: Article 44. Technical Study of potable water and wastewater sanitation systems….d. Studies for developments (urbanizaciones), subdivisions (lotificaciones), segregations (segregaciones), or condominiums: For the development of developments (urbanizaciones), subdivisions (lotificaciones), segregations (segregaciones), or condominiums, the ASADA has the responsibility to guarantee that the corresponding diagnostic studies are carried out, for which the interested party must assume the costs, but not the execution thereof, which shall always be under the competence of the Association. If as a result of the diagnostic study the preparation of an improvement, expansion, or modernization project for the system is required, the interested party shall be responsible for the preparation of the final designs and construction plans, as well as the construction of the works previously approved by AyA, provided that flow rates (caudales) are modified, all of the foregoing under the permanent supervision of the ASADA, without prejudice to the Institution’s oversight competences. This applies for vegetative growth if the ASADA does not have a diagnostic study or capacity in the system to grant the requested services.” “Article 46. Granting of Services. The ASADA must take the pertinent actions to guarantee that all new or future service connections to the systems are granted in accordance with their water and hydraulic capacities. When necessary, the person interested in the new service, at their own cost, must carry out the improvements required to increase their capacity so that the service provisions comply with the principles of quantity, quality, and continuity, adjusting to the technical regulations, as well as to the provisions issued or validated by AyA…” Finally, I take the liberty of copying what Articles 100 to 104 of Decree No. 42582-S-MINAE (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados Comunales) indicate: CHAPTER VIII On the procedure for complaints, claims, petitions, or recourses SECTION ONE Formulation of petitions, complaints, and/or claims Article 100. Authority to formulate petitions, complaints, and/or claims before the Board of Directors (Junta Directiva) of the ASADA. Any user or person with a legitimate interest may formulate petitions to the Board of Directors (Junta Directiva) of the ASADA, who must resolve and respond within the deadlines determined for that purpose by the Ley General de la Administración Pública, the Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, and other related laws. In everything not indicated in this chapter, what is established by the Ley General de la Administración Pública and related norms shall apply subsidiarily. SECTION TWO On the recourses (recursos) of revocation and appeal (revocatoria y apelación) Article 101. Regulations for filing the corresponding recourses (recursos). Potable water supply and sanitation services are public services regardless of their providing entity. For the formulation of recourses (recursos), the procedures and deadlines established in this Regulation and in the Ley General de La Administración Pública, the Ley Reguladora de la Jurisdicción Constitucional, the Código Procesal Contencioso Administrativo, the Ley Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, and other related laws shall apply. Article 102. Filing of recourses (recursos). If the interested party is not satisfied with what was resolved, they may file the recourses (recursos) established by the Ley General de la Administración Pública. Article 103. Recourses (Recursos) of Revocation and/or Appeal (Revocatoria y/o Apelación). It shall be the responsibility of the Association's Board of Directors (Junta Directiva) to resolve all recourses of revocation (revocatoria) filed against acts issued by that instance. When dealing with aspects of an administrative and organizational nature of the ASADA, these shall be under the competence established in Article 43 of the Regulation to the Law of Associations, Decreto Ejecutivo No. 29496-J. In the event that recourses of appeal (apelación) refer to technical and operational aspects of the systems or affect the provision of the respective service, these shall be the exclusive competence of AyA, as the national governing body (ente rector) in matters of providing aqueduct and wastewater sanitation services. Diario Oficial La Gaceta Digital No. 223, Alcance No. 233, Friday, September 4, 2020 Article 104. Recourses in second instance (Recursos en alzada). It corresponds to AyA’s General Management (Gerencia General) to resolve recourses in second instance (en alzada).” (report rendered under oath and copy attached). 3) By email of January 27, 2025, sent to the account ...03, that response was notified to the protected party (informe rendido bajo juramento y copia adjunta).\n\n IV.- SPECIFIC CASE. It was proven that, in mid-January 2025, the petitioner filed the complaint he claims. Furthermore, it is recorded that, by official communication from the Subgerencia de Sistemas Comunales No. GSD-UEN-GAR-2025-00270 of January 27 of the current year, it was addressed. Likewise, it was demonstrated that on that same day the decision was notified to the petitioner, through the email address he indicated for those purposes. Hence, what the protected party (amparado) asserts is nothing more than a disagreement with what was resolved by the respondent entity, which is outside the scope of this specialized avenue. Thus, the Chamber rules out the existence of the claimed grievance. Under this understanding, it is necessary to dismiss the recurso, as is hereby ordered.\n\n V.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s thesis that, when the complainant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent promulgation of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the recurso de amparo established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently promulgated regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it corresponds to this Court to exclusively define its own competence. Therefore, except for those juridical-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as cases of exception, which are indeed fit to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of guarantee of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.\n\n VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session number 27-11 on August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 on January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\n POR TANTO:\n\n The recurso is declared without merit (sin lugar). Judge Castillo Víquez records a note. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n \n\n \n\n \n\nJorge Araya G.\n\n \n\n \n\n \n\nAnamari Garro V.\n\n \n\n \n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\n \n\nAna María Picado B.\n\n \n\n \n\n \n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 7N7Q8JJ3M4M61\n\nEXPEDIENTE N° 25-008311-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:19:40.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }