{ "id": "nexus-sen-1-0007-1303095", "citation": "Res. 18805-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Derecho al agua y deberes de AyA ante desabastecimiento en Nambí", "title_en": "Right to Water and AyA's Duties in Nambí Supply Shortage", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por una vecina de la comunidad de Nambí de Nicoya, Guanacaste, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Se acreditó que desde octubre de 2023 la comunidad sufre una escasez persistente de agua potable, con cortes frecuentes y sin previo aviso, llegando a interrupciones de hasta tres días continuos. El propio AyA reconoció que el caudal de bombeo actual (6.5 l/s) es insuficiente para la demanda, que requiere al menos 9 l/s. Aunque la institución realizó algunas reparaciones y prevé sustituir tubería, no presentó un cronograma concreto ni plazos definidos para una solución integral. La Sala reiteró que el derecho humano al agua potable, reconocido constitucional y convencionalmente, obliga a las administraciones públicas a prestar este servicio esencial de forma continua, eficiente y eficaz. Ordenó al AyA garantizar de inmediato el suministro diario y suficiente a la población cuando la interrupción supere seis horas, e implementar en un plazo máximo de dieciocho meses todas las medidas necesarias para que el servicio se preste de manera eficiente, eficaz y continua.", "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo filed by a resident of Nambí de Nicoya, Guanacaste, against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). It was proven that since October 2023, the community has suffered a persistent shortage of drinking water, with frequent and unannounced cuts lasting up to three continuous days. AyA itself acknowledged that the current pumping flow (6.5 l/s) is insufficient to meet demand, which requires at least 9 l/s. Although the institution carried out some repairs and plans to replace piping, it failed to present a concrete schedule or defined deadlines for a comprehensive solution. The Chamber reiterated that the human right to drinking water, recognized constitutionally and through international instruments, obliges public administrations to provide this essential service continuously, efficiently, and effectively. It ordered AyA to immediately guarantee a daily and sufficient supply to the population whenever the interruption exceeds six hours, and to implement within a maximum of eighteen months all necessary measures so that the service is provided in an efficient, effective, and continuous manner.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "20/06/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "water-law" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "desabastecimiento de agua potable", "ICAA", "AyA", "derecho humano al agua", "servicio público esencial", "medidas cautelares", "plazo razonable" ], "concept_anchors": [ { "article": "Artículo 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Reforma al artículo 50", "law": "Ley 9849" }, { "article": "Artículos 7, 32, 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "agua potable", "desabastecimiento", "recurso de amparo", "Sala Constitucional", "ICAA", "AyA", "Nambí de Nicoya", "derecho humano al agua", "servicio público", "eficiencia", "continuidad", "medidas provisionales", "solución definitiva" ], "keywords_en": [ "drinking water", "supply shortage", "amparo", "Constitutional Chamber", "AyA", "Nambí", "human right to water", "public service", "efficiency", "continuity", "provisional measures", "definitive solution" ], "excerpt_es": "“Así las cosas, si bien ante el problema de marras se deben tomar medidas provisionales para asegurar que la población afectada reciba agua potable, ya sea el suministro a través de la tanqueta que se ubicó provisionalmente en el sitio o alguna otra medida paliativa, no menos cierto es que tales medidas provisionales no pueden extenderse en el tiempo de manera excesiva y desproporcionada sin que se materialice una solución definitiva para el problema apuntado. Justamente, el Icaa, en su condición de ente rector en la materia, debe actuar con la suficiente diligencia para garantizar soluciones concretas, definitivas e integrales dentro de un plazo razonable.”", "excerpt_en": "“Thus, while provisional measures must be taken to ensure that the affected population receives drinking water, whether through the tank temporarily placed on site or some other palliative measure, it is no less true that such provisional measures cannot be extended excessively and disproportionately over time without a definitive solution materializing for the noted problem. Indeed, AyA, in its capacity as the governing body on the matter, must act with sufficient diligence to guarantee concrete, definitive, and comprehensive solutions within a reasonable time.”", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered AyA to immediately guarantee a daily and sufficient drinking water supply to the community of Nambí de Nicoya whenever the interruption exceeds six hours, and to adopt within a maximum of eighteen months all measures so that the service is efficient, effective, and continuous.", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó al AyA garantizar de inmediato el suministro diario y suficiente de agua potable a la comunidad de Nambí de Nicoya cuando la interrupción supere seis horas, y adoptar en un plazo máximo de dieciocho meses todas las medidas para que el servicio sea eficiente, eficaz y continuo." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "the fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health.", "quote_es": "el derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana." }, { "context": "Considerando V, citando Artículo 50 de la Constitución Política", "quote_en": "Every person has the human, basic and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life.", "quote_es": "Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "public administrations must provide them in a continuous, regular, speedy, effective and efficient manner. 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ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: SERVICIOS PÚBLICOS\n\nSubtemas:\n\nAGUA POTABLE.\n\nTema: MINORÍAS\n\nSubtemas:\n\nINDIGENAS.\n\n018805-25. SERVICIOS PÚBLICOS. MINORÍAS. SE ORDENA AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, QUE; A) DE MANERA INMEDIATA, SE GARANTICE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DIARIO Y SUFICIENTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE NAMBÍ DE NICOYA, CUANDO LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO SE DÉ POR PERIODOS SUPERIORES A 6 HORAS; Y B) EN EL PLAZO MÁXIMO DE DIECIOCHO MESES, SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS REQUERIDAS PARA QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE NAMBÍ DE NICOYA SE PRESTE DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ Y CONTINUA. VCG07/2025\n\n“(…) VII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente manifiesta que desde octubre de 2023 se presenta un problema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Nambí de Nicoya. Relata que hay una escasez persistente, que se caracteriza por cortes del servicio de manera frecuente y sin previo aviso, incluso por un lapso de 3 días continuos. Esgrime que desde enero de 2024 los vecinos plantearon los respectivos reclamos ante el ICAA; empero, no ha habido solución alguna. Agrega que, si bien la autoridad accionada instaló un tanque de agua en el sector de “Las Guineas”, es solo una medida parcial que no cubre a todos los sectores ni satisface la necesidad de una solución integral del asunto.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el sector de Nambí se abastece por medio del acueducto de Nicoya, a través de un sistema de bombeo que impulsa el agua hasta un tanque de almacenamiento. En el sitio no hay pozos o fuentes para el abastecimiento. Desde 2023, se han presentado problemas de desabastecimiento del servicio de agua potable en la comunidad de Nambí de Nicoya, que en ocasiones implica la falta de líquido por más de un día. En los últimos meses, se registraron problemas en los componentes electromecánicos del sistema de bombeo, en la telemetría de los tanques de almacenamiento de Nambí y en la calera para la lectura de niveles y monitoreo del sistema, así como también fugas. El caudal de bombeo que se registra en la zona es de 6.5 l/s, el cual es insuficiente para la demanda actual, ya que se requiere un caudal promedio de 9 l/s para abastecer a la población de la comunidad. El ICAA puso en operación el pozo 16-18, reparó la telemetría en los tanques de almacenamiento y la calera; asimismo, instaló tuberías en varios sectores para mejorar el sistema. En fecha indeterminada, el ICAA instaló una tanqueta en una propiedad como medida alternativa para el uso de la comunidad ante la situación de desabastecimiento. El instituto accionado tiene previsto sustituir 1200 metros de tubería de 75mm de diámetro por tubería de 150mm de PVC SDR26 para alimentar el sistema de rebombeo con capacidad y caudal suficiente para brindar el servicio.\n\nDesde este panorama, resulta necesaria la intervención de esta jurisdicción constitucional.\n\nAl respecto, se verifica que, al menos desde octubre de 2023, el instituto accionado tiene conocimiento del problema de desabastecimiento de agua potable en la comunidad de Nambí de Nicoya, que incluso ha ocasionado la falta de líquido por periodos superiores a un día.\n\nAhora, si bien se observa que se han efectuado distintas accionantes para arreglar distintos problemas que se han presentado en algunos de los componentes del sistema de bombeo (que es el que se utiliza para brindar el servicio en esta zona), no menos cierto es que la propia autoridad accionada reconoce que el caudal de bombeo actual ( de 6.5 l/s) resulta insuficiente para la demanda que hay en estos momentos, de modo que se requiere aumentar dicho caudal a 9 l/s para abastecer a la población de la comunidad.\n\nEn ese tanto, si bien la autoridad accionada señala que tiene previsto sustituir 1200 metros de tubería de 75mm de diámetro por tubería de 150mm de PVC SDR26 para alimentar el sistema de rebombeo con capacidad y caudal suficiente para brindar el servicio, no menos cierto es que tal explicación la realiza de manera general y abstracta, sin precisar cuándo se iniciarán las obras y sin detallar un cronograma de trabajo definido que permita tener seguridad respecto de la ejecución de las acciones necesarias para solucionar la situación acusada.\n\nAsí las cosas, si bien ante el problema de marras se deben tomar medidas provisionales para asegurar que la población afectada reciba agua potable, ya sea el suministro a través de la tanqueta que se ubicó provisionalmente en el sitio o alguna otra medida paliativa, no menos cierto es que tales medidas provisionales no pueden extenderse en el tiempo de manera excesiva y desproporcionada sin que se materialice una solución definitiva para el problema apuntado. Justamente, el Icaa, en su condición de ente rector en la materia, debe actuar con la suficiente diligencia para garantizar soluciones concretas, definitivas e integrales dentro de un plazo razonable.\n\n En virtud de lo expuesto, no se verifica que el instituto accionado haya adoptado las medidas correspondientes para atender de manera célere y efectiva la problemática acusada en el sub iudice, de modo que resulta necesaria la intervención de esa Sala a los efectos de garantizar que las obras necesarias para solucionar el asunto de forma definitiva se realicen dentro de un plazo razonable.\n\nEn consecuencia, se declara con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva de este pronunciamiento. (…)”\n\n\n\n\n\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) I.- CUESTIÓN PREVIA. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión relativa al abastecimiento del servicio de agua potable, que presuntamente no ha sido atendida de manera efectiva dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG07/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 021- Vida humana\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 21 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) V.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA POTABLE. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:\n\n“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).\n\nPor su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que \"el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos\". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.\n\nPor su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.\n\nEl concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que \"al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a \"emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua,\" sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).\n\nDe lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc.” (véase la sentencia nro. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).\n\nAdicionalmente, a partir de la vigencia de la ley nro. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:\n\n“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.\n\nToda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.\n\n El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.\n\n La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.\n\nToda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones” (el destacado fue agregado).\n\nSobre el particular, en la sentencia nro. 2020003982 de las 11:50 horas del 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:\n\n“VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:\n\n“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:\n\nArtículo 50.-\n\n(…)\n\nToda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.\n\nARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:\n\nArtículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.\n\nLa propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.\n\nLa Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».\n\nEn este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.\n\nEs importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.\n\nAsimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.\n\nEs importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.\n\nPor otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.\n\nEs por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:\n\n“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original-\n\nEsta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:\n\n“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido-\n\nDe tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nEs por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.\n\nEn este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución”.\n\nDe igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:\n\n“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.\n\n3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, \"incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados\", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra \"incluso\" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.\n\nAdemás, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)\n\n \n\n10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.\n\n11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.\n\n12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:\n\na) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.\n\nb) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.\n\nc) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:\n\ni) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.\n\nii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.\n\niii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.\n\niv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)\n\n25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.\n\n26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.\n\n27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.\n\n28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)\n\n37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:\n\na) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;\n\nb) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;\n\nc) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;\n\nd) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;\n\ne) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;\n\nf) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;\n\ng) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;\n\nh) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;\n\ni) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)” (el resaltado fue incorporado).\n\nLo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.\n\nPor otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:\n\n“121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.\n\n122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.\n\n123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.\n\n124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.\n\n125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado no corresponde al original). (…)” VCG07/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: Eficiencia y eficacia de los servicios públicos\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nPRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.\n\n“(…) VI.- SOBRE EL DERECHO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL PAPEL DEL ICAA COMO ENTE RECTOR EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Sobre el particular, en la sentencia nro. 2016012058 de las 9:30 horas de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:\n\n “(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.\n\nAl efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:\n\n“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:\n\n“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:\n\n“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)\n\nEn consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:\n\n“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)\n\nCon lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original)\n\n“V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.\n\nAl respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes. Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir. Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).\n\nEn adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: \"Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos\". (…)” VCG07/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nVIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVCG07/2025\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-009782-0007-CO\n\nRes. Nº 2025018805\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de junio de dos mil veinticinco .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente 25-009782-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, a favor de COMUNIDAD DE NAMBÍ DE NICOYA, GUANACASTE, contra INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\n \n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 4 de abril de 2025, la parte accionante interpone recurso de amparo. Manifiesta que la recurrida es la entidad responsable del suministro de agua potable en la comunidad de Nambí de Nicoya, Guanacaste. Desde finales de octubre de 2023, se ha registrado una escasez persistente de agua potable en dicha comunidad, caracterizado por cortes frecuentes sin previo o justificación, e incluso períodos de hasta tres días continuos sin servicio alguno. A partir, de 2024, la situación se ha agravado considerablemente, con suministros de agua extremadamente limitados e intermitentes, en horarios de madrugada y con presión insuficiente. En fecha 15 de enero de 2024, varios vecinos presentaron formalmente un reclamo administrativo ante ICAA, sede Nicoya, solicitando una solución a la crisis de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Nambí; no obstante, hasta la fecha la problemática continua sin tener acceso de agua potable (ver documento adjunto). Como respuesta preventiva, el ICAA instaló un tanque de agua en el sector de Las Guineas; empero, esa medida temporal no cubre todos los sectores ni satisface adecuadamente la necesidad del recurso hídrico pues es una solución parcial a la problemática existente, debido a que cada persona debe de trasladarse varios metros o kilómetros para recoger agua en botellas o recipientes. Existen numerosos reportes ante ICAA sobre la falta de agua, sin que la institución haya proporcionado una respuesta satisfactoria; entre estos cita: \"Fecha: 25/12/2023 con número de reporte 11727347; fecha: 08/07/2024 con número de reporte 11883870, fecha: 17/07/2024 con número de reporte 11883870, fecha: 20/07/2024 con número de reporte 11883870, fecha: 22/07/2024 con número de reporte 11895233, fecha: 26/07/2024 con número de reporte 11883870, fecha: 13/08/2024 con número de reporte 11911890, fecha: 07/09/2024 con número de reporte 11921977, fecha: 08/09/2024 con número de reporte 11930127, fecha: 02/03/2025 con número de reporte 12058099, fecha: 08/03/2025 con número de reporte 12058099, fecha: 16/03/2025 con número de reporte 51219609.\" (sic). Actualmente, la problemática de escases de agua en su caso particular le afecta ya que no recibe agua de 07:00 am hasta las 11:00 pm de forma continua y diaria. En caso del sector de la Guineas de Nambí, el suministro de agua se limita de 6:00 am a 2:00 am, es decir, únicamente dos horas efectivas de agua durante el día, según lo manifestado por los vecinos, llegando de manera paulatina y sin presión alguna, puesto que, el suministro de agua es intermitente y con baja presión. Acusa que hasta los fines de semana no se tiene acceso al agua para hacer las necesidades básicas del hogar. Por su parte, el ICAA no ha garantizado un servicio alternativo mediante cisterna o la instalación de un tanque de agua para dar suministro a las áreas de la comunidad que por el nivel de terreno no llega el agua a falta de presión, lo cual afecta especialmente a personas de escasos recursos y con discapacidad. En fecha 29 de enero de 2025, interpuso formalmente un reclamo administrativo ante ICAA, sede Nicoya, solicitando una solución a disponer del consumo de agua potable de manera efectiva en cantidad y calidad suficiente para las necesidades básicas del día a día, pese a ello, no hay respuesta ni solución alguna de la crisis de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Nambí. La falta de agua potable, y la carencia de un plan de acción del ICAA de forma proporcional y racional, afecta gravemente sus derechos fundamentales y los de los habitantes de Nambí, incluyendo el derecho a la salud, a la vida digna y a un ambiente sano.\n\n2.- Mediante resolución de las 13:31 horas de 10 de abril de 2025, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso y le solicitó informe al gerente general y al jefe de la Unidad Cantonal de Nicoya, ambos del ICAA.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 25 de mayo de 2025, María Alejandra Mora Segura y Kathia Teresa Villalobos de la O, por su orden, gerenta general y jefa cantonal de Nicoya, ambas del ICAA, informan: “En atención a la situación objeto del amparo planteado por la recurrente contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con fundamento en los siguientes informes técnicos GSP-RCHO-2025-00377 con fecha del 05 de febrero 2025, elaborado por el funcionario Esteban Morales Jaen, informes GSP-RCH-CN-2025-00293 y GSP-RCH-CN-2025-00295 y anexos con fecha del 24 de abril 2025, elaborado por la funcionaria Kathia Villalobos de la O, de la cantonal de Nicoya los cuales son agregados a este informe como prueba y forman parte integral del expediente administrativo se indica. PRIMERO: Sobre los hechos mencionados por la recurrente y conforme los informes técnicos elaborados por los funcionarios de este instituto queda demostrado que el sector de Nambi se abastece del acueducto de Nicoya por medio de un sistema de rebombeo que impulsa el agua hasta un tanque de almacenamiento, en este sector el AYA no cuenta con propiedades con pozos o fuentes para el abastecimiento de la población en general por lo que el abastecimiento y continuidad del servicio depende de un sistema de bombeo y suministro eléctrico, razón por la cual ante picos de voltaje o interrupciones en el servicio eléctrico el abastecimiento y continuidad del servicio se ve afectado, así mismo en los meses anteriores se registran problemas en los componentes electromecánicos que conforman y configuran el sistema de rebombeo, en la telemetría de los tanques de almacenamiento de Nambí y la calera para la lectura de niveles y monitoreo del sistema, también las fugas que se han generado en la red de distribución y que efectivamente estas situaciones han perjudicado considerablemente la continuidad del servicio de agua en el sector. cabe mencionar que el comportamiento del agua potable y la electricidad no son iguales en todos los sectores, por lo que no se puede esperar que el cumplimiento de los horarios en ambos servicios sea comparable, que es lo que la población espera, en el caso de la electricidad en el momento en el que se enciende el equipo hay que esperar que la red de agua potable realice el recorrido y posteriormente el llenado, sin contar el consumo de los poblados a los que les empieza a llegar el agua. Se recalca que en esta zona hay problemas deficientes de abastecimiento del servicio de agua potable, debido a que no cuenta con una fuente con capacidad de producción suficiente provocando un déficit en la capacidad hídrica, imposibilitando brindar un servicio continuo, sumado a la variación en el caudal de producción según las estaciones secas y lluviosas de cada año. SEGUNDO: Que en cuanto lo indicado por la recurrente sobre los reportes de fuga, se aclara que todo reporte fue atendido y este instituto procedió a enviar cuadrillas de funcionarios técnicos para que realizaran las visitas de campo inspeccionando las líneas de distribución (tuberías madres) para verificar si existían fugas, y las detectadas se repararon de inmediato. Ahora bien importante resaltar que las suspensiones en el servicio se categorizan en dos grupos, suspensiones programadas que son las que se requieren realizar algún trabajo en la red o tanques, entre otras actividades en estos casos existe un protocolo para informar a la población conforme al el reglamento de la ARESEP para que los usuarios se puedan preparar con la antelación deseada y seguidamente existen las suspensiones imprevistas que son aquellas suspensiones en las que se presentan afectaciones en el Acueducto de forma súbita y debido a la afectación se debe emitir el boletín con el objetivo de alertar a los usuarios de que se tiene una situación y que se está atendiendo, así como las horas que se tienen previstas la afectación en ambas situaciones por lo que el instituto emite los comunicados a las comunidades.( se anexan fotografías de la inspecciones realizadas en Nambí y boletín de información ) TERCERO: Que no se omite en indicar que el caudal de bombeo que se registra de 6.5 l/s, no es suficiente para la demanda actual, el crecimiento vegetativo de la población y al abastecimiento de nuevos servicios en el sector ha perjudicado y conforme al balance hídrico del acueducto; Nambí actualmente abastece alrededor de 800 servicios unifamiliares, por lo que, de acuerdo con datos de consumo, se requiere de al menos un caudal promedio de 9 l/s para abastecer a la población. Sin embargo AyA en busca de dar solución al faltante actualmente puso en operación la producción del pozo 16-18, reparó la telemetría en los tanques de almacenamiento de Nambí y la Calera de tal forma que se pueda ver los niveles de los tanques, monitoreo del funcionamiento de los equipos, instalación de tuberías en varios sectores de Nambí se están realizando varias acciones con el propósito de mejorar poco a poco el sistema ya que la demanda actual que tienen el acueducto de Nicoya llegó a su máxima capacidad, a pesar de haberse incluido la producción del pozo 16-18 . Seguidamente el Instituto procederá con la sustitución de 1200 metros de tubería de 75 mm de diámetro por tubería de 150 mm de PVC SDR26 para alimentar el sistema de rebombeo con capacidad y caudal suficiente. CUARTO: Que no es cierto lo que alega la recurrente al indicar que el AyA no ha garantizado un servicio alternativo mediante cisterna o la instalación de un tanque de agua para dar suministro de agua, dado que se instaló una tanqueta como medida alternativa, ubicado en la propiedad registral finca N° 206973-000 registrada a nombre de Nombre02 cédula CED01, misma que se cuenta con la autorización para que se pueda utilizar y en casos que la situación lo ameritado por faltante del suministro de agua el Instituto ha procedido a enviar camiones cisternas para el reparto de agua a la comunidad ( se adjunta evidencia de factura). QUINTO: Que la recurrente falta a la verdad al indicar que no ha recibió respuestas a las notas enviadas al Instituto, esto por cuanto la misma gestionó ante la defensoría de los habitantes con el oficio N°00713-2025-DHR, y se brindó respuesta mediante informe, No. GSP-RCH-CN-2025-00065 con fecha del 07 de febrero 2025 y notificado al correo ...01, en la misma fecha, también se le informó de la situación y de las mejoras realizadas del acueducto Nambí con nota GSP-RCH-CN-2025-00267 con fecha del 14 de abril 2025 y notificada en la misma fecha al correo ...02 (…) III. CONCLUSIONES. AyA ha ejecutado y realizado todas las acciones que corresponden al ámbito de su competencia y dentro del marco de legalidad que nos rige. Si bien es cierto, se tiene claro que el derecho humano fundamental del acceso al agua potable constituye uno de los bienes jurídicos más sensibles a ser tutelados y garantizados, el cual se deriva del derecho a la vida a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el mismo debe ajustarse a la normativa reglamentaria que nos rige y a los principios generales de la ciencia y la técnica. AyA garantiza el servicio hasta donde técnicamente le sea factible. Como se puede constatar en las líneas anteriores el sistema de Abastecimiento del acueducto de Nambí, pertenece al sistema de Nicoya y su funcionamiento es de un sistema de rebombeo que impulsa el agua hasta un tanque de almacenamiento ubicado en el sector, esta localidad no cuenta con propiedades con pozos o fuentes para el abastecimiento de los habitantes de este lugar por otra parte, en la zona hay problemas deficientes de abastecimiento del servicio de agua potable, debido a que no cuenta con una fuente con capacidad de producción suficiente provocando un déficit en la capacidad hídrica, sin embargo el instituto ha realizados mejoras tanto en la instalación de tubería, reparaciones de fugas reparación en la telemetría en los tanques de almacenamiento y la Calera, se puso en operación el pozo producción del pozo 16-18, medidas que se han tomado para resolver el desabastecimiento del acueducto de Nambí, seguidamente el Instituto procederá con la sustitución de 1200 metros de tubería de 75 mm de diámetro por tubería de 150 mm de PVC SDR26 para alimentar el sistema de rebombeo con capacidad y caudal suficiente que se espera venga dando solución al desabastecimiento, por otro lado no se deja de mencionar que todos los reportes han sido atendidos y cuando se requiere de realizar trabajos estos han sido comunicados a la comunidad, a la recurrente el instituto le ha comunicado la situación y mejoras realizadas en el acueducto conforma la nota GSP-RCH-CN-2025-00267, siendo que nuestras actuaciones en todo momento han sido conforme ley.”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\nI.- CUESTIÓN PREVIA. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión relativa al abastecimiento del servicio de agua potable, que presuntamente no ha sido atendida de manera efectiva dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que desde octubre de 2023 se presenta un problema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Nambí de Nicoya. Relata que hay una escasez persistente, que se caracteriza por cortes del servicio de manera frecuente y sin previo aviso, incluso por un lapso de 3 días continuos. Esgrime que desde enero de 2024 los vecinos plantearon los respectivos reclamos ante el ICAA; empero, no ha habido solución alguna. Agrega que, si bien la autoridad accionada instaló un tanque de agua en el sector de “Las Guineas”, es solo una medida parcial que no cubre a todos los sectores ni satisface la necesidad de una solución integral del asunto.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)    El sector de Nambí se abastece por medio del acueducto de Nicoya, a través de un sistema de bombeo que impulsa el agua hasta un tanque de almacenamiento. En el sitio no hay pozos o fuentes para el abastecimiento. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nb)   Desde 2023, se han presentado problemas de desabastecimiento del servicio de agua potable en la comunidad de Nambí de Nicoya, que en ocasiones implica la falta de líquido por más de un día. (Hecho incontrovertido).\n\nc)    En los últimos meses, se registraron problemas en los componentes electromecánicos del sistema de bombeo, en la telemetría de los tanques de almacenamiento de Nambí y en la calera para la lectura de niveles y monitoreo del sistema, así como también fugas. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nd)   El caudal de bombeo que se registra en la zona es de 6.5 l/s, el cual es insuficiente para la demanda actual, ya que se requiere un caudal promedio de 9 l/s para abastecer a la población de la comunidad. (Informe de la autoridad recurrida).\n\ne)    El ICAA puso en operación el pozo 16-18, reparó la telemetría en los tanques de almacenamiento y la calera; asimismo, instaló tuberías en varios sectores para mejorar el sistema. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nf)     En fecha indeterminada, el ICAA instaló una tanqueta en una propiedad como medida alternativa para el uso de la comunidad ante la situación de desabastecimiento. (Informe de la autoridad recurrida).\n\ng)   El instituto accionado tiene previsto sustituir 1200 metros de tubería de 75mm de diámetro por tubería de 150mm de PVC SDR26 para alimentar el sistema de rebombeo con capacidad y caudal suficiente para brindar el servicio. (Informe de la autoridad recurrida).\n\nIV.- HECHO NO PROBADO. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como no demostrado que el ICAA haya resuelto de manera integral y definitiva el problema de desabastecimiento de agua potable en la comunidad de Nambí de Nicoya.\n\nV.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA POTABLE. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:\n\n“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).\n\nPor su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que \"el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos\". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.\n\nPor su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.\n\nEl concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que \"al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a \"emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua,\" sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).\n\nDe lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc.” (véase la sentencia nro. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).\n\nAdicionalmente, a partir de la vigencia de la ley nro. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:\n\n“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.\n\nToda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.\n\n El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.\n\n La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.\n\nToda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones” (el destacado fue agregado).\n\nSobre el particular, en la sentencia nro. 2020003982 de las 11:50 horas del 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:\n\n“VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:\n\n“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:\n\nArtículo 50.-\n\n(…)\n\nToda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.\n\nARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:\n\nArtículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.\n\nLa propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.\n\nLa Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».\n\nEn este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.\n\nEs importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.\n\nAsimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.\n\nEs importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.\n\nPor otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.\n\nEs por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:\n\n“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original-\n\nEsta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:\n\n“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido-\n\nDe tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nEs por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.\n\nEn este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución”.\n\nDe igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:\n\n“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.\n\n3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, \"incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados\", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra \"incluso\" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.\n\nAdemás, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)\n\n10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.\n\n11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.\n\n12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:\n\na) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.\n\nb) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.\n\nc) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:\n\ni) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.\n\nii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.\n\niii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.\n\niv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)\n\n25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.\n\n26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.\n\n27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.\n\n28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)\n\n37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:\n\na) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;\n\nb) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;\n\nc) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;\n\nd) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;\n\ne) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;\n\nf) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;\n\ng) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;\n\nh) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;\n\ni) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)” (el resaltado fue incorporado).\n\nLo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.\n\nPor otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:\n\n“121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.\n\n122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.\n\n123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.\n\n124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.\n\n125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado no corresponde al original).\n\nVI.- SOBRE EL DERECHO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL PAPEL DEL ICAA COMO ENTE RECTOR EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Sobre el particular, en la sentencia nro. 2016012058 de las 9:30 horas de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:\n\n“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.\n\nAl efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:\n\n“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:\n\n“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:\n\n“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)\n\nEn consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:\n\n“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)\n\nCon lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original)\n\n“V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.\n\nAl respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes. Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir. Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).\n\nEn adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: \"Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos\".\n\nVII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente manifiesta que desde octubre de 2023 se presenta un problema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Nambí de Nicoya. Relata que hay una escasez persistente, que se caracteriza por cortes del servicio de manera frecuente y sin previo aviso, incluso por un lapso de 3 días continuos. Esgrime que desde enero de 2024 los vecinos plantearon los respectivos reclamos ante el ICAA; empero, no ha habido solución alguna. Agrega que, si bien la autoridad accionada instaló un tanque de agua en el sector de “Las Guineas”, es solo una medida parcial que no cubre a todos los sectores ni satisface la necesidad de una solución integral del asunto.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el sector de Nambí se abastece por medio del acueducto de Nicoya, a través de un sistema de bombeo que impulsa el agua hasta un tanque de almacenamiento. En el sitio no hay pozos o fuentes para el abastecimiento. Desde 2023, se han presentado problemas de desabastecimiento del servicio de agua potable en la comunidad de Nambí de Nicoya, que en ocasiones implica la falta de líquido por más de un día. En los últimos meses, se registraron problemas en los componentes electromecánicos del sistema de bombeo, en la telemetría de los tanques de almacenamiento de Nambí y en la calera para la lectura de niveles y monitoreo del sistema, así como también fugas. El caudal de bombeo que se registra en la zona es de 6.5 l/s, el cual es insuficiente para la demanda actual, ya que se requiere un caudal promedio de 9 l/s para abastecer a la población de la comunidad. El ICAA puso en operación el Dirección01, reparó la telemetría en los tanques de almacenamiento y la calera; asimismo, instaló tuberías en varios sectores para mejorar el sistema. En fecha indeterminada, el ICAA instaló una tanqueta en una propiedad como medida alternativa para el uso de la comunidad ante la situación de desabastecimiento. El instituto accionado tiene previsto sustituir 1200 metros de tubería de 75mm de diámetro por tubería de 150mm de PVC SDR26 para alimentar el sistema de rebombeo con capacidad y caudal suficiente para brindar el servicio.\n\nDesde este panorama, resulta necesaria la intervención de esta jurisdicción constitucional.\n\nAl respecto, se verifica que, al menos desde octubre de 2023, el instituto accionado tiene conocimiento del problema de desabastecimiento de agua potable en la comunidad de Nambí de Nicoya, que incluso ha ocasionado la falta de líquido por periodos superiores a un día.\n\nAhora, si bien se observa que se han efectuado distintas accionantes para arreglar distintos problemas que se han presentado en algunos de los componentes del sistema de bombeo (que es el que se utiliza para brindar el servicio en esta zona), no menos cierto es que la propia autoridad accionada reconoce que el caudal de bombeo actual ( de 6.5 l/s) resulta insuficiente para la demanda que hay en estos momentos, de modo que se requiere aumentar dicho caudal a 9 l/s para abastecer a la población de la comunidad.\n\nEn ese tanto, si bien la autoridad accionada señala que tiene previsto sustituir 1200 metros de tubería de 75mm de diámetro por tubería de 150mm de PVC SDR26 para alimentar el sistema de rebombeo con capacidad y caudal suficiente para brindar el servicio, no menos cierto es que tal explicación la realiza de manera general y abstracta, sin precisar cuándo se iniciarán las obras y sin detallar un cronograma de trabajo definido que permita tener seguridad respecto de la ejecución de las acciones necesarias para solucionar la situación acusada.\n\nAsí las cosas, si bien ante el problema de marras se deben tomar medidas provisionales para asegurar que la población afectada reciba agua potable, ya sea el suministro a través de la tanqueta que se ubicó provisionalmente en el sitio o alguna otra medida paliativa, no menos cierto es que tales medidas provisionales no pueden extenderse en el tiempo de manera excesiva y desproporcionada sin que se materialice una solución definitiva para el problema apuntado. Justamente, el Icaa, en su condición de ente rector en la materia, debe actuar con la suficiente diligencia para garantizar soluciones concretas, definitivas e integrales dentro de un plazo razonable.\n\n En virtud de lo expuesto, no se verifica que el instituto accionado haya adoptado las medidas correspondientes para atender de manera célere y efectiva la problemática acusada en el sub iudice, de modo que resulta necesaria la intervención de esa Sala a los efectos de garantizar que las obras necesarias para solucionar el asunto de forma definitiva se realicen dentro de un plazo razonable.\n\nEn consecuencia, se declara con lugar el recurso, en los términos que se indican en la parte dispositiva de este pronunciamiento.\n\nVIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.\n\n \n\nPor tanto:\n\n \n\n Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Alejandra Mora Segura y Kathia Teresa Villalobos de la O, por su orden, gerenta general y jefa cantonal de Nicoya, ambas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que; a) de manera INMEDIATA, a partir de la notificación de esta sentencia, se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de Nambí de Nicoya, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas; y b) en el plazo máximo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de la comunidad de Nambí de Nicoya se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Isaac Solano A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n QVTA9BOUH4E61\n\nEXPEDIENTE N° 25-009782-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:21:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 18805 - 2025\n\nDate of Resolution: June 20, 2025, at 09:20\n\nExpediente: 25-009782-0007-CO\n\nDrafted by: Paul Rueda Leal\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\nJudgment with separate note\n\nRelevance Indicators\n\nRelevant judgment\n\nRelated Judgments\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\nContent of Interest:\n\nStrategic Topics: Human Rights, Economic Social Cultural and Environmental Rights, Indigenous Peoples\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: PUBLIC SERVICES\n\nSubtopics:\n\nDRINKING WATER.\n\nTopic: MINORITIES\n\nSubtopics:\n\nINDIGENOUS.\n\n018805-25. PUBLIC SERVICES. MINORITIES. IT IS ORDERED TO THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, THAT; A) IMMEDIATELY, THE DAILY AND SUFFICIENT SUPPLY OF DRINKING WATER BE GUARANTEED TO MEET THE BASIC NEEDS OF THE POPULATION OF NAMBÍ DE NICOYA, WHEN THE SERVICE INTERRUPTION OCCURS FOR PERIODS EXCEEDING 6 HOURS; AND B) WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF EIGHTEEN MONTHS, THE REQUIRED MEASURES BE IMPLEMENTED SO THAT THE SUPPLY OF DRINKING WATER TO THE POPULATION OF THE COMMUNITY OF NAMBÍ DE NICOYA IS PROVIDED IN AN EFFICIENT, EFFECTIVE, AND CONTINUOUS MANNER. VCG07/2025\n\n\"(...) VII.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite matter, the appellant states that since October 2023, there has been a drinking water supply problem in the community of Nambí de Nicoya. She relates that there is a persistent scarcity, characterized by frequent service cuts without prior notice, even for a continuous period of 3 days. She argues that since January 2024, the residents filed the respective complaints before the ICAA; however, there has been no solution whatsoever. She adds that, although the respondent authority installed a water tank in the \"Las Guineas\" sector, it is only a partial measure that does not cover all sectors nor satisfy the need for a comprehensive solution to the issue.\n\nFrom the study of the case file, it has been demonstrated that the Nambí sector is supplied through the Nicoya aqueduct, via a pumping system that drives the water to a storage tank. There are no wells or sources for supply at the site. Since 2023, there have been problems with the lack of supply of drinking water service in the community of Nambí de Nicoya, which at times implies the lack of liquid for more than a day. In recent months, problems were recorded in the electromechanical components of the pumping system, in the telemetry of the Nambí storage tanks and in the calera for level readings and system monitoring, as well as leaks. The pumping flow registered in the area is 6.5 l/s, which is insufficient for current demand, since an average flow of 9 l/s is required to supply the community's population. The ICAA put well 16-18 into operation, repaired the telemetry in the storage tanks and the calera; likewise, it installed pipes in several sectors to improve the system. On an unspecified date, the ICAA installed a small tank on a property as an alternative measure for use by the community given the lack of supply situation. The respondent institute plans to replace 1200 meters of 75mm diameter pipe with 150mm SDR26 PVC pipe to feed the re-pumping system with sufficient capacity and flow to provide the service.\n\nFrom this perspective, the intervention of this constitutional jurisdiction becomes necessary.\n\nIn this regard, it is verified that, at least since October 2023, the respondent institute has been aware of the drinking water supply shortage problem in the community of Nambí de Nicoya, which has even caused a lack of liquid for periods exceeding a day.\n\nNow, although it is observed that various actions have been taken to fix different problems that have arisen in some of the components of the pumping system (which is the one used to provide the service in this area), it is no less true that the respondent authority itself acknowledges that the current pumping flow (of 6.5 l/s) is insufficient for the demand that exists at this time, meaning that it is required to increase said flow to 9 l/s to supply the community's population.\n\nTo that extent, although the respondent authority indicates that it plans to replace 1200 meters of 75mm diameter pipe with 150mm SDR26 PVC pipe to feed the re-pumping system with sufficient capacity and flow to provide the service, it is no less true that such explanation is provided in a general and abstract manner, without specifying when the works will begin and without detailing a defined work schedule that would allow certainty regarding the execution of the actions necessary to resolve the alleged situation.\n\nThus, although provisional measures must be taken in the face of the problem at hand to ensure that the affected population receives drinking water, whether it is supplied through the small tank that was provisionally located at the site or some other palliative measure, it is no less true that such provisional measures cannot be extended over time in an excessive and disproportionate manner without a definitive solution to the identified problem materializing. Precisely, the ICAA, in its capacity as governing body in the matter, must act with sufficient diligence to guarantee concrete, definitive, and comprehensive solutions within a reasonable timeframe.\n\nBy virtue of the foregoing, it is not verified that the respondent institute has adopted the corresponding measures to address the alleged issue in the sub iudice matter in a swift and effective manner, meaning that the intervention of this Chamber is necessary in order to guarantee that the works necessary to definitively resolve the matter are carried out within a reasonable timeframe.\n\nConsequently, the appeal is granted, in the terms indicated in the operative part of this pronouncement. (...)\"\n\n\n\n\n\n\n\n\n... See more\nRelated Judgments\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n\"(...) I.- PRELIMINARY ISSUE. Before analyzing the merits of the case—due to the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law on Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—and to hear the applicable administrative appeals, to the contentious-administrative jurisdiction. Precisely, in this case, an exception scenario arises, as this concerns a matter related to the supply of drinking water service, which presumably has not been addressed effectively within a reasonable timeframe. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (...)\" VCG07/2025\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 021- Human life\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nTopic: 050- Environment\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 21 AND 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n\"(...) V.- ON THE RIGHT TO DRINKING WATER. First, it is pertinent to indicate that the right of access to drinking water has been recognized in this venue in multiple jurisprudence and its conventional and constitutional support has been emphasized:\n\n\"V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and dignified housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it explicitly appears in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the International Conference on Population and Development of Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American System of Human Rights, the country is particularly obligated in this matter by what is provided in article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (\"Protocol of San Salvador\" of 1988), which establishes that: \"Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services\". The lack of resources does not justify the non-compliance with the duties of public administrations in the provision of this basic service. (SALA CONSTITUCIONAL, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).\n\nFor its part, as both the Procuraduría and the representative of AyA rightly acknowledge in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also a majority view. It is argued that without equitable access to a minimum requirement of drinking water, other established rights—such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights—would be unattainable. In November 2002, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights of the United Nations affirmed that access to adequate quantities of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the fulfillment of articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that \"the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights\". It is also emphasized that the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.\n\nFurthermore, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access drinking water to meet their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equal opportunities for all to enjoy basic resources.\n\nThe concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that \"in developing and using water resources, priority must be given to meeting basic needs and conserving ecosystems. Similarly, in the Implementation Plan adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to \"employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services,\" without the cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. There are also dozens of international instruments that directly and indirectly deal with water as a human right of all persons and peoples, such that it is not only an issue that by its nature tends toward nationalization, but also toward the internationalization of its use and exploitation\" (see judgment number 2006-5606 of 3:21 p.m. on April 26, 2006).\n\nFrom the foregoing, we can affirm that a fundamental right to drinking water exists, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under conditions of equality, given that it is essential for human life and health. Likewise, access to drinking water has been classified as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the fulfillment of articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a pre-requisite for the realization of other human rights. Thus, the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use”. Likewise, regarding this topic, we can find a vast number of international instruments that refer to the right of access to drinking water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on drinking water supply and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Pt. 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, adopted by the United Nations General Assembly, in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, adopted by the United Nations General Assembly, in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc.” (see judgment no. 2019017397 of 12:54 p.m. on September 11, 2019).\n\nAdditionally, as of the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, the right to drinking water is expressly recognized at the constitutional level in Costa Rica in the following terms:\n\n“ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest welfare for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.\n\nEvery person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.\n\nThe State shall guarantee, defend, and preserve that right.\n\nThe law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.\n\nEvery person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable for protecting such human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these purposes, and the supply of drinking water for the consumption of persons and populations shall have priority” (highlighting added).\n\nOn this matter, in judgment no. 2020003982 of 11:50 a.m. on February 26, 2020, this Court processed the legislative consultation related to the mentioned partial reform of article 50 of the Political Constitution and indicated:\n\n“VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional reform bill submitted by the totality of the 57 Deputies to the Legislative Assembly consists of two articles that seek the addition of a final paragraph to article 50 of the Political Constitution, as well as the incorporation of a new transitional provision in Title XVIII, Sole Chapter, Transitional Provisions of the Political Constitution, as follows:\n\n“ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of article 50 of the Political Constitution, of November 7, 1949. The text is as follows:\n\nArticle 50.-\n\n\nEvery person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the Nation, indispensable for protecting such human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these purposes, and the supply of drinking water for consumption of persons and populations shall have priority.\n\nARTICLE 2.- A new transitional provision is added to title XVIII, sole chapter, Transitional Provisions, of the Political Constitution, related to article 50. The text is as follows:\n\nArticle 50 – XX. Current laws, concessions, and use permits, granted in accordance with the law, as well as the rights derived from these, shall remain in force as long as a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water does not enter into force.”\n\nThe proposal presented in this way and already approved in the first debate, refers not only to the express recognition of access to water as a human right, but is directly related to the fact that this human right, which is positively recognized therein, is about access to drinking water, since it starts from the consideration of water—and especially drinking water—as an essential and intrinsic element for the life and health of persons, thus entering into harmony with what is indicated in article 21 and in the first part of the same article 50 of the Political Constitution, and the jurisprudential developments of this same Chamber that derive from such norms.\n\nThe Chamber notes that the right of access to water, and especially to drinking water, forms part of various statements in the field of international human rights law, through different instruments with different scope or legal nature, but which by their own condition and by reason of what is provided in article 48 of the Political Constitution, are necessarily to be considered as far as this matter is concerned. Thus, this right is already related and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment of the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions exist in subsection 1) of article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights –Protocol of San Salvador–, and even in the same Convention 169 of the International Labour Organization. And regarding general resolutions, there exists, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution: E/C.12/2002/11, as well as Resolution of the United Nations General Assembly, number 70/169, of December 17, 2015, which expressly state that water must be “safe and of acceptable quality for personal and domestic uses,” and access to “drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner.”\n\nIn this sense, it is valid to affirm that the proposed addition to article 50 of the Constitution, to the extent that it expressly recognizes the right of access to drinking water, is in harmony with the legal developments on the matter shown at the international level and reflected in declarations, conventions, and resolutions of different natures, from which its conformity with the legal progress shown in this regard at the international level results, and that by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact in the domestic sphere of the States, just as this constitutional reform proposal seeks to formalize at that level.\n\nIt is important to note that the reference is made that the proposal seeks to formalize the situation at the constitutional level, because certainly the issue of access to water, and to drinking water, is regulated in our country at the level of law, by a profuse normative framework that spans from the Ley de Aguas of 1942, the Ley General de Agua Potable of 1953, the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of 1961, the Ley General de Salud of 1973, the Ley de Creación del SENARA of 1983, the Ley Orgánica del Ambiente of 1995, and the Ley Forestal of 1996, among others.\n\nLikewise, the protection of the environment and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life, but also the consubstantial and necessary protection that must be provided to it by the general institutional framework, from specialized agencies such as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, as well as others of a broader nature such as the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente y Energía, the Ministerio de Salud, and the Municipalities of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the integral protection of water resources, but also their legitimate provision for human consumption under compliance with established parameters and the real possibilities of their effective supply –see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791–.\n\nIt is important to point out the emphasis that the reform proposes not only regarding recognizing access to drinking water as a human right, but its particular condition as public domain property, in the same sense that the diverse legislation enunciated here already refers to. Note that the normative proposal indicates that “water is a good of the Nation,” that is, a good that belongs in general to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, a good that is diffused among the whole society and its actors, a public domain good that requires not only full protection due to its condition of being essential for life, but also to allow its use for the various areas required, provided that due sustainability and its integral protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are attended to. Note that the recognition of the human right is about drinking water, with it being indicated below that water—thus, in general terms—is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this in any way implying the impossibility of using the resource for other types of purposes—agricultural, industrial, or development—provided it is done in a manner adjusted to the provisions regarding the referred right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and upon it, a human right of access to drinking water, from which it follows that the normative formulation intended to be incorporated, recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to drinking water as a human right.\n\nOn the other hand, it should be considered that, according to what has already been indicated, this access must be sought and provided in accordance with prior compliance with established parameters and according to the real possibilities of supply. That is, as has been established in the copious jurisprudence of this Chamber on the matter, although the recognition of access to drinking water is configured as a human right, its effective provision may be subject to the concrete and certain possibilities of granting, from which it follows that this access recognized as fundamental may well be subject to compliance with specific conditions that in turn allow guaranteeing the existence and preservation of this good.\n\nIt is for this reason that the already mentioned resolution of the United Nations General Assembly, number 70-169, of December 17, 2015, indicates in its section 5 the exhortation to States to:\n\n“Ensure the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, in particular for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on the grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other ground, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in marginal neighborhoods, income level and other relevant factors.” –highlighting is not from the original-\n\nThis progressivity referred to in this resolution develops the homologous provision that at the conventional level is enshrined in the first paragraph of article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by stating that:\n\n“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.” –emphasis added-\n\nIn this way, the legitimate regulation that allows adequate and orderly access to drinking water here recognized as a human right is valid, because it involves promoting its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nIt is for this reason that the legislation regulating the matter—as could be the one thus proposed in the same paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposed transitional provision XX—must, in due course, necessarily result in accordance with the load of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to drinking water also as a human right that it is, for which certainly that legislation indicated therein, must adjust to Constitutional Law and to the provisions contemplated on the matter therein.\n\nIn this sense, in accordance with what is indicated here, it is appreciated that the bill processed under legislative file 21.382, is in direct harmony with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, so it adequately fits within the same provision of article 50 of the Constitution, and is in accordance with the constitutional values and principles that guide it, without in any way there existing any friction with those essential or core elements that inform and integrate Constitutional Law.”\n\nLikewise, it is appropriate to highlight what is established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights made in the 29th session held in Geneva between November 11 and 29, 2002, in which it was indicated:\n\n“(…) 2. The human right to water is the right of everyone to have sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses.\n\nAn adequate supply of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related diseases and to satisfy consumption and cooking needs and personal and domestic hygiene needs.\n\n3. Paragraph 1 of article 11 of the Covenant enumerates a series of rights deriving from the right to an adequate standard of living, \"including adequate food, clothing and housing\", and are indispensable for its realization. The use of the word \"including\" indicates that this enumeration of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly because it is one of the most fundamental conditions for survival.\n\nFurthermore, the Committee has previously recognized that water is a human right protected by paragraph 1 of article 11 (see General Comment No. 6 (1995))2. The right to water is also inextricably linked to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1)3 and the right to adequate housing and food (art. 11, para. 1)4. This right should also be considered in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost among which is the right to life and human dignity (…)\n\n10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to a water supply necessary for exercising the right to water and the right to be free from interference, such as, for example, the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water resources. In contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides the population with equal opportunities to enjoy the right to water.\n\n11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with paragraph 1 of article 11 and article 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, simply in relation to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not fundamentally as an economic good. The manner in which the right to water is exercised must also be sustainable, so that this right can be exercised by present and future generations.\n\n12. While the adequacy required for the exercise of the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:\n\na) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. These uses normally comprise consumption, sanitation, laundry, food preparation, and personal and domestic hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to the guidelines of the World Health Organization (WHO). Some individuals and groups may also require additional water resources due to health, climate, and work conditions.\n\nb) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, and therefore, must not contain micro-organisms or chemical or radioactive substances that may constitute a threat to a person's health. Furthermore, the water should have an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.\n\nc) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to all, without discrimination of any kind, within the jurisdiction of the State Party. Accessibility has four overlapping dimensions:\n\ni) Physical accessibility. Water and water facilities and services must be within physical reach of all sectors of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity of, each household, educational institution or workplace. All water services and facilities must be of sufficient quality and culturally adequate, and must take into account the needs related to gender, the life cycle and privacy. Physical security should not be threatened during access to water services and facilities.\n\nii) Economic accessibility. Water and water services and facilities must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with the water supply must be affordable and must not compromise or threaten the exercise of other rights recognized in the Covenant.\n\niii) Non-discrimination. Water and water services and facilities must be accessible to all, de jure and de facto, including the most vulnerable and marginalized sectors of the population, without discrimination on any of the prohibited grounds.\n\niv) Access to information. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues (…)\n\n25. The obligation to fulfil can be subdivided into the obligation to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires States Parties to adopt positive measures that enable and assist individuals and communities to exercise the right. The obligation to promote imposes on the State Party the adoption of measures to ensure that adequate information is disseminated on the hygienic use of water, the protection of water sources and methods to reduce water wastage. States Parties also have the obligation to fulfil (provide) the right in cases where individuals or groups are unable, for reasons beyond their control, to exercise that right themselves by the means at their disposal.\n\n26. The obligation to fulfil requires States Parties to adopt the necessary measures for the full exercise of the right to water. This obligation includes, among other things, the need to recognize this right to a sufficient degree within the national political and legal order, preferably through the implementation of laws; to adopt a national water strategy and plan of action for the exercise of this right; to ensure that water is affordable for all; and to facilitate increased and sustainable access to water, particularly in rural areas and disadvantaged urban areas.\n\n27. To ensure that water is affordable, States Parties must adopt the necessary measures, which may include: a) the use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; b) appropriate pricing policies, such as the provision of water free of charge or at low cost; and c) income supplements. All payments for water supply services must be based on the principle of equity, in order to ensure that these services, whether public or private, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity requires that poorer households should not bear a disproportionate burden of water expenses compared to richer households.\n\n28. States Parties must adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure that present and future generations have sufficient and safe water22. Such strategies and programmes may include: a) reduction of the depletion of water resources through extraction, diversion or impoundment; b) reduction and elimination of the contamination of watersheds and water-related ecosystems by radiation, harmful chemicals and human excreta; c) monitoring of water reserves; d) ensuring that any proposed development does not impede access to drinking water; e) examination of the impact that certain actions may have on water availability and on natural-ecosystem watersheds, such as climate change, desertification and increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity23; f) increasing the efficient use of water by consumers; g) reducing water wastage in its distribution; h) response mechanisms for emergency situations; and i) creating competent institutions and establishing appropriate institutional arrangements to implement the strategies and programmes (…)\n\n37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States Parties have a fundamental obligation to ensure, as a minimum, the satisfaction of essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee's view, at least some core obligations can be identified in relation to the right to water, which have immediate effect:\n\na) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic use and to prevent disease;\n\nb) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially with respect to vulnerable or marginalized groups;\n\nc) To ensure physical access to water facilities or services that provide a sufficient and regular supply of safe water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;\n\nd) To ensure that personal security is not threatened when persons have to go to obtain water;\n\ne) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;\n\nf) To adopt and implement a national water strategy and plan of action for the entire population; the strategy and plan of action should be devised and periodically reviewed on the basis of a participatory and transparent process; they should provide methods, such as the establishment of indicators and benchmarks, to closely monitor progress; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as the content of both, should pay particular attention to all vulnerable or marginalized groups;\n\ng) To monitor the degree of realization, or non-realization, of the right to water;\n\nh) To adopt relatively low-cost and specifically targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups;\n\ni) To adopt measures to prevent, treat and control diseases associated with water, particularly by ensuring access to adequate sanitation services (…)\" (the highlighting was added).\n\nThe foregoing is relevant insofar as it details the content of the right to water by outlining its characteristics, including quality, accessibility, and availability, as it establishes that the human right to water implies a sufficient supply for each person for personal and domestic use.\n\nOn the other hand, in the judgment of November 27, 2023, issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of the Inhabitants of La Oroya vs. Peru, that court ordered:\n\n\"121. Likewise, persons enjoy the right that water be free from levels of pollution that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes the obligation on States consisting of: a) designing rules and policies that define standards for water quality and, more emphatically, for treated and residual water that are compatible with human health and the health of ecosystems; b) monitoring the levels of contamination of water bodies and, as the case may be, reporting potential risks to human health and the health of ecosystems; c) carrying out plans and, in general, undertaking any practice aimed at controlling water quality that includes the identification of its main causes of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards, and e) adopting actions that ensure the management of water resources in a sustainable manner. The Court also considers that States must design their rules, plans, and water quality control measures in accordance with the best available science, mindful of the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability and, inclusively, based on international cooperation.\n\n122. As a complement to the foregoing, the Court recalls that in the case of the Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association Vs. Argentina, it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This derives from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow for the derivation of rights from which, in turn, the right to water is derived. In this regard, the Court pointed out that among those are the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its Article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its Article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.\n\n123. Regarding the normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that 'access to water […] comprises “consumption, sanitation, laundry, food preparation, and personal and domestic hygiene”, as well as, for some individuals and groups, also […] “additional water resources due to health, climate, and work conditions”'. Likewise, that 'access to water' implies 'obligations of progressive realization', but that 'however, States have immediate obligations, such as guaranteeing [such access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization'. Furthermore, that States must provide protection against acts of private parties, so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, as well as 'guarantee a minimum essential level of water', in those 'particular cases of persons or groups of persons who are unable to access water by themselves […], for reasons beyond their control'.\n\n124. At this point, the Tribunal specifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects bodies of water as elements of the environment that have a value in themselves, as a universal interest, and for their importance for other living organisms including human beings. The second facet recognizes the decisive role that water has for human beings and their survival, and, therefore, protects its access, use, and enjoyment by human beings. Thus, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component is based on an ecocentric premise, whereas—for example—the right to drinking water and its sanitation is founded on an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but, not in all cases, does the violation of one necessarily imply the violation of the other.\n\n125. Moreover, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and to water. This right is covered by the obligation of respect and guarantee, provided for in Article 1.1 of the Convention, one of the ways of observing which consists of preventing violations. This obligation is projected into the private sphere to prevent third parties from violating the protected legal interests, and covers all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and ensure that their eventual violations are effectively considered and treated as an illicit act. Along these lines, the Court has pointed out that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and oversee certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct, and its non-compliance is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)\" (the emphasis does not correspond to the original). (…)\" VCG07/2025\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nContent type: Majority vote\n\nBranch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: Efficiency and efficacy of public services\n\nSub-topics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nPRINCIPLE OF EFFICIENCY AND EFFICACY OF PUBLIC SERVICES.\n\n\"(…) VI.- ON THE RIGHT TO THE PROPER FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES AND THE ROLE OF THE ICAA AS GOVERNING BODY IN MATTERS OF DRINKING WATER SUPPLY. On this matter, in judgment no. 2016012058 of 9:30 a.m. on August 26, 2016, this Chamber indicated:\n\n\"(…) in the sub judice it is determined that the ICAA, as the governing body in the matter, has failed in its oversight and supervision duties regarding the provision of the public service of drinking water and sewerage, and, therefore, has violated the rights of the petitioners. According to articles 1 and 2 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, the ICAA is responsible, among other functions, for resolving everything related to the supply of drinking water and the sanitary sewer service; for directing and overseeing everything concerning providing the inhabitants with drinking water service; and for directly administering and operating the aqueduct and sewerage systems throughout the country; for which reason it is inexcusable that the ICAA has not acted to prevent and remedy a situation like the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without signing any delegation agreement.\n\nTo this effect, it is worth recalling what the Chamber, in judgment No. 2014-012971 of 2:45 p.m. on August 8, 2014, indicated in relation to the ICAA and its duties to oversee and guarantee the proper functioning of the public services in question:\n\n\"IV.- On the right to the proper functioning of public services and the role of the ICAA as governing body in matters of water supply. In judgment number 2012-12009 of 09:05 a.m. on August 31, 2013, this Chamber ordered the following, which is of interest for the resolution of the sub lite:\n\n\"This Chamber has held that the Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of the administered to the proper and efficient functioning of public services, that is: that they be provided with high standards of quality. This has, as a necessary corollary, the obligation of the public administrations to provide them continuously, regularly, swiftly, effectively, and efficiently. This latter obligation derives from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subsection 8 (which imposes on the Executive Branch the duty to 'Oversee the proper functioning of administrative services and dependencies'), 139, subsection 4 (insofar as it incorporates the concept of 'proper running of the Government') and 191 (insofar as it incorporates the principle of 'efficiency of the administration'). This Tribunal has also indicated that this atypical or unnamed individual guarantee is accentuated when dealing with essential public services such as the supply of drinking water, as precious goods such as health and human life are at stake, so the principles of effectiveness, efficiency, swiftness, continuity, and adaptation must prevail with greater rigor (see, in this sense, judgments number 2008-016405 of 7:04 p.m. on October 30, 2008, and 2008-017633 of 12:06 p.m. on December 5, 2008). In this context, the role of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing body in the matter, takes on particular importance. This Chamber has pointed out that:\n\n\"(…) pursuant to the provisions of article 1 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, this autonomous institution has been created with the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting planning, financing and development, and resolving everything related to the supply of drinking water. To fulfill this purpose, and in accordance with the provisions of article 2 of that same regulatory body, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for directing and overseeing everything concerning providing the inhabitants of the Republic with a drinking water service, as well as utilizing, using, governing, or overseeing, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of the cited law. Thus, it is verified that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the first called upon to ensure that all inhabitants of the Republic can benefit from a drinking water supply system, capable of supplying said liquid continuously and in sufficient quantity to duly satisfy the basic needs of all persons, in effective protection of their fundamental rights to life and health\" (judgment number 2011005457 of 11:32 a.m. on April 29, 2011.)\n\nIn consonance with the foregoing, this Chamber has highlighted that in those cases where the service of supplying water for human consumption is provided by an ASADA, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is called upon to exercise effective and efficient surveillance and control actions over the respective water supply system, in terms of its operation, maintenance, administration, and development, in order to guarantee its correct functioning (judgment number 2011009487 of 9:15 a.m. on July 22, 2011). In fact, recently, in judgment number 2012006447 of 10:30 a.m. on May 18, 2012, this Chamber expressed:\n\n\"(…) although article 2 of Law 2726 empowers the AyA to agree with community organizations on the administration of aqueduct and sewerage systems, the respondent Institute, as the governing body in the matter, is responsible for all matters related to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for supplying water to the populations. Based on the foregoing, the Administration cannot excuse the lack of efficient drinking water service due to the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct by the licensed private body (…)\n\nThus, the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to oversee and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems is verified\" (the highlighting does not correspond to the original)\n\n\"V.- Regarding the specific case. In the present case, the petitioner alleges that in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, the ICAA provides drinking water service by delegation to an ASADA; however, said service is provided deficiently and requires infrastructure improvements, for which the Municipalidad de La Cruz allocated a budget item for the improvement of said aqueduct, which cannot be executed until the ICAA carries out the corresponding technical studies. She considers her fundamental right of access to drinking water violated.\n\nIn this regard, the Chamber held it as accredited that the Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, does not have valid legal status, as it expired on July 31, 2007. Likewise, it is observed that the ASADA El Porvenir has not submitted to the ICAA the documentation required for the process of signing the delegation agreement. Furthermore, the ICAA does not have an updated diagnosis of the aqueduct system operated by the ASADA El Porvenir. From the case file, it was verified that through official letter number SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 of July 3, 2014, the Head of the Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega of the ICAA suggested that the ASADA El Porvenir contract the services of a professional to carry out a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was demonstrated that the Municipalidad de La Cruz allocated a budget item of 3 million colones to make improvements to the aqueduct infrastructure, which will be executed once the corresponding technical studies are carried out. Faced with this panorama, the Chamber considers that the amparo must be partially granted, only against the ICAA. As explained in the preceding recital, the ICAA is under the obligation to oversee and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems, so it cannot excuse itself by claiming that the lack of an efficient drinking water service is due to the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct. As the governing body in matters of drinking water supply, the ICAA is called upon to contribute to the prompt solution of the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Thus, for the Chamber, the allegation of the respondent authorities of the ICAA, to the effect that they bear no type of responsibility for the problems presented with the ASADA of El Porvenir, is not acceptable. As long as the problem in the water supply continues, the most vulnerable party are the residents of the locality, who must tolerate the inaction of the responsible entities and, consequently, suffer from the deficient provision of the public drinking water service. Under that understanding, the ICAA must supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of El Porvenir adjusts its operation to the law and succeeds in carrying out the technical studies necessary to authorize the investment of the municipal budget already allocated for the improvement of the drinking water supply in that community and, therefore, the quality of life of all its residents.\" (The highlighting does not correspond to the original).\n\nIn addition, paragraph 36, subparagraph 1) of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, indicates as an obligation and right of the ICAA: \"Sign and rescind Delegation Agreements for the management of the aqueduct and sewerage systems with Administrating Associations, when so recommended by Management and approved by its Board of Directors, for reasons of convenience, opportunity or ineffectiveness in the provision of public services\". (…)\" VCG07/2025\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nContent type: Separate note\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 041- Effective judicial protection. Swift and fulfilled justice\n\nSub-topics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nVIII.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING SWIFT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Tribunal, that when the petitioner alleges a violation of the right to swift and fulfilled justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Tribunals and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on paragraph 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of the amparo guarantee, in other cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with paragraph 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.\n\nVCG07/2025\n\n... See more\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-009782-0007-CO\n\nRes. No. 2025018805\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.\n\nSan José, at nine hours twenty minutes on June twenty, two thousand twenty-five.\n\nAmparo action processed in case file 25-009782-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED02, on behalf of COMUNIDAD DE NAMBÍ DE NICOYA, GUANACASTE, against INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nResulting:\n\n1.- By brief added to the digital case file on April 4, 2025, the petitioner files an amparo action. She states that the respondent is the entity responsible for supplying potable water in the community of Nambí de Nicoya, Guanacaste. Since late October 2023, a persistent scarcity of potable water has been recorded in said community, characterized by frequent cuts without prior notice or justification, and even periods of up to three continuous days without any service. As of 2024, the situation has considerably worsened, with extremely limited and intermittent water supplies, during early morning hours and with insufficient pressure. On January 15, 2024, several residents formally filed an administrative claim before ICAA, Nicoya office, requesting a solution to the potable water supply crisis in the community of Nambí; however, to date the problem continues without access to potable water (see attached document). As a preventive response, ICAA installed a water tank in the Las Guineas sector; however, this temporary measure does not cover all sectors nor adequately satisfies the need for the water resource because it is a partial solution to the existing problem, since each person must travel several meters or kilometers to collect water in bottles or containers. There are numerous reports before ICAA regarding the lack of water, without the institution having provided a satisfactory response; among these she cites: \"Date: 12/25/2023 with report number 11727347; date: 07/08/2024 with report number 11883870, date: 07/17/2024 with report number 11883870, date: 07/20/2024 with report number 11883870, date: 07/22/2024 with report number 11895233, date: 07/26/2024 with report number 11883870, date: 08/13/2024 with report number 11911890, date: 09/07/2024 with report number 11921977, date: 09/08/2024 with report number 11930127, date: 03/02/2025 with report number 12058099, date: 03/08/2025 with report number 12058099, date: 03/16/2025 with report number 51219609.\" (sic). Currently, the water scarcity problem in her particular case affects her because she does not receive water from 7:00 a.m. until 11:00 p.m. on a continuous, daily basis. In the case of the Guineas de Nambí sector, the water supply is limited from 6:00 a.m. to 2:00 a.m., that is, only two effective hours of water during the day, according to what the residents have stated, arriving gradually and without any pressure, since the water supply is intermittent and with low pressure. She contends that even on weekends there is no access to water to meet basic household needs. For its part, ICAA has not guaranteed an alternative service via water tanker truck or the installation of a water tank to supply the areas of the community where water does not reach due to lack of pressure because of the terrain level, which particularly affects people of scarce resources and those with disabilities. On January 29, 2025, she formally filed an administrative claim before ICAA, Nicoya office, requesting a solution to having potable water consumption available effectively, in sufficient quantity and quality for daily basic needs, yet there is no response or any solution to the potable water supply crisis in the community of Nambí. The lack of potable water, and the lack of a proportional and rational action plan from ICAA, seriously affects her fundamental rights and those of the inhabitants of Nambí, including the right to health, to a dignified life, and to a healthy environment.\n\n2.- By resolution at 1:31 p.m. on April 10, 2025, the Presiding Magistrate of the Chamber gave course to the proceeding and requested a report from the general manager and the head of the Nicoya Cantonal Unit, both of ICAA.\n\n3.- By brief added to the digital case file on May 25, 2025, María Alejandra Mora Segura and Kathia Teresa Villalobos de la O, in order, general manager and cantonal head of Nicoya, both of ICAA, report: “In response to the situation that is the subject of the amparo filed by the appellant against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, based on the following technical reports GSP-RCHO-2025-00377 dated February 5, 2025, prepared by the official Esteban Morales Jaen, reports GSP-RCH-CN-2025-00293 and GSP-RCH-CN-2025-00295 and attachments dated April 24, 2025, prepared by the official Kathia Villalobos de la O, of the Nicoya cantonal office, which are added to this report as evidence and form an integral part of the administrative file, it is stated. FIRST: Regarding the facts mentioned by the appellant and in accordance with the technical reports prepared by the officials of this institute, it is demonstrated that the Nambi sector is supplied by the Nicoya aqueduct through a booster pumping (rebombeo) system that propels the water to a storage tank. In this sector, AyA does not have properties with wells or sources to supply the general population, so the supply and continuity of the service depends on a pumping and electrical supply system, which is why, in the event of voltage spikes or interruptions in the electrical service, the supply and continuity of the service is affected. Likewise, in previous months, problems have been recorded in the electromechanical components that make up and configure the booster pumping system, in the telemetry of the Nambí and La Calera storage tanks for reading levels and monitoring the system, and also the leaks that have been generated in the distribution network, and that indeed these situations have considerably harmed the continuity of the water service in the sector. It is worth mentioning that the behavior of potable water and electricity are not the same in all sectors, so one cannot expect the compliance with schedules in both services to be comparable, which is what the population expects. In the case of electricity, when the equipment is turned on, one must wait for the potable water network to make its journey and subsequently fill, without counting the consumption of the settlements to which water begins to arrive. It is emphasized that in this zone there are deficient problems in the supply of potable water service, because it does not have a source with sufficient production capacity, causing a deficit in water capacity, making it impossible to provide a continuous service, added to the variation in the production flow rate according to the dry and rainy seasons of each year. SECOND: Regarding what the appellant indicated about the leak reports, it is clarified that every report was addressed and this institute proceeded to send crews of technical officials to carry out field visits inspecting the distribution lines (main pipes) to verify if leaks existed, and those detected were repaired immediately. Now, it is important to highlight that service suspensions are categorized into two groups: programmed suspensions, which are those required to perform some work on the network or tanks, among other activities; in these cases, there is a protocol to inform the population in accordance with the ARESEP regulation so that users can prepare with the desired notice; and then there are unforeseen suspensions, which are those suspensions in which sudden effects occur in the aqueduct and, due to the effect, a bulletin must be issued with the objective of alerting users that there is a situation and that it is being attended to, as well as the hours the effect is expected to last in both situations, for which the institute issues communications to the communities. (photographs of the inspections carried out in Nambí and an information bulletin are attached). THIRD: It is not omitted to indicate that the pumping flow rate recorded at 6.5 l/s is not sufficient for the current demand; the vegetative growth of the population and the supply of new services in the sector have harmed it, and according to the water balance of the aqueduct, Nambí currently supplies around 800 single-family services, so, according to consumption data, an average flow rate of at least 9 l/s is required to supply the population. However, AyA, seeking to solve the current shortfall, put into operation the production of well 16-18, repaired the telemetry in the Nambí and La Calera storage tanks so that the tank levels can be seen, monitoring the operation of the equipment, installation of pipes in various sectors of Nambí, several actions are being carried out with the purpose of improving the system little by little since the current demand on the Nicoya aqueduct has reached its maximum capacity, despite having included the production of well 16-18. Subsequently, the Institute will proceed with the replacement of 1200 meters of 75 mm diameter pipe with 150 mm PVC SDR26 pipe to feed the booster pumping system with sufficient capacity and flow rate. FOURTH: That it is not true what the appellant alleges when stating that AyA has not guaranteed an alternative service via water tanker truck or the installation of a water tank to provide water supply, given that a small tank (tanqueta) was installed as an alternative measure, located on the registered property estate No. 206973-000 registered in the name of Nombre02, ID CED01, which has authorization for use, and in cases where the situation warrants it due to a lack of water supply, the Institute has proceeded to send tanker trucks to distribute water to the community (invoice evidence is attached). FIFTH: That the appellant is untrue in stating that she has not received responses to the notes sent to the Institute, this because she herself processed a request before the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes) with official communication No. 00713-2025-DHR, and a response was provided through report No. GSP-RCH-CN-2025-00065 dated February 7, 2025, and notified to email ...01, on the same date. She was also informed of the situation and the improvements made to the Nambí aqueduct through note GSP-RCH-CN-2025-00267 dated April 14, 2025, and notified on the same date to email ...02 (…) III. CONCLUSIONS. AyA has executed and carried out all actions that correspond to the scope of its competence and within the framework of legality that governs us. While it is true, it is clear that the fundamental human right to access potable water constitutes one of the most sensitive legal interests to be protected and guaranteed, which derives from the right to life, to a healthy and ecologically balanced environment, it must conform to the regulatory norms that govern us and the general principles of science and technique. AyA guarantees the service to the extent technically feasible. As can be verified in the preceding lines, the supply system of the Nambí aqueduct belongs to the Nicoya system, and its operation is a booster pumping system that propels water to a storage tank located in the sector. This locality does not have properties with wells or sources to supply the inhabitants of this place. Furthermore, in the zone, there are deficient problems in the supply of potable water service, because it does not have a source with sufficient production capacity, causing a deficit in water capacity; however, the institute has made improvements including pipe installation, leak repairs, repair of the telemetry in the storage tanks and La Calera, and put into operation the production well 16-18, measures that have been taken to resolve the shortage of the Nambí aqueduct. Subsequently, the Institute will proceed with the replacement of 1200 meters of 75 mm diameter pipe with 150 mm PVC SDR26 pipe to feed the booster pumping system with sufficient capacity and flow rate, which is expected to provide a solution to the shortage. On the other hand, it is not left unmentioned that all reports have been addressed, and when work is required, this has been communicated to the community. The institute has communicated the situation and improvements made in the aqueduct to the appellant through note GSP-RCH-CN-2025-00267, with our actions being, at all times, in accordance with the law.”\n\n4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed herein.\n\nDrafted by Magistrate Rueda Leal; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY ISSUE. Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure—it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines stipulated by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both for resolving an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—and for hearing the applicable administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is presented, because it involves a proceeding related to the supply of potable water service, which allegedly has not been effectively addressed within a reasonable timeframe. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that since October 2023, a problem of potable water supply has occurred in the community of Nambí de Nicoya. She recounts that there is persistent scarcity, characterized by frequent service cuts without prior notice, even for a period of 3 continuous days. She argues that since January 2024, the residents filed the respective claims before ICAA; however, there has been no solution at all. She adds that, although the respondent authority installed a water tank in the “Las Guineas” sector, it is only a partial measure that does not cover all sectors nor satisfy the need for a comprehensive solution to the matter.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\na) The Nambí sector is supplied by means of the Nicoya aqueduct, through a pumping system that propels the water to a storage tank. There are no wells or sources for supply at the site. (Report of the respondent authority).\n\nb) Since 2023, there have been supply problems with the potable water service in the community of Nambí de Nicoya, which at times entails the lack of water for more than one day. (Uncontroverted fact).\n\nc) In recent months, problems were recorded in the electromechanical components of the pumping system, in the telemetry of the Nambí storage tanks and in the calera for reading levels and monitoring the system, as well as leaks. (Report of the respondent authority).\n\nd) The pumping flow rate recorded in the zone is 6.5 l/s, which is insufficient for the current demand, since an average flow rate of 9 l/s is required to supply the population of the community. (Report of the respondent authority).\n\ne) ICAA put well 16-18 into operation, repaired the telemetry in the storage tanks and calera; likewise, it installed pipes in various sectors to improve the system. (Report of the respondent authority).\n\nf) On an undetermined date, ICAA installed a small tank on a property as an alternative measure for community use given the supply situation. (Report of the respondent authority).\n\ng) The respondent institute plans to replace 1200 meters of 75mm diameter pipe with 150mm PVC SDR26 pipe to feed the booster pumping (rebombeo) system with sufficient capacity and flow rate to provide the service. (Report of the respondent authority).\n\nIV.- UNPROVEN FACT. Of importance for the decision of this matter, it is deemed not proven that ICAA has resolved the problem of potable water shortage in the community of Nambí de Nicoya in a comprehensive and definitive manner.\n\nV.- ON THE RIGHT TO POTABLE WATER. First, it is appropriate to indicate that the right to access potable water has been recognized by this Court in multiple jurisprudential decisions, and its conventional and constitutional support has been emphasized:\n\n“V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and dignified housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is stated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador” of 1988), which provides that: “Article 11. Right to a Healthy Environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.” The lack of resources does not justify the non-fulfillment of the duties of public administrations in providing this basic service. (SALA CONSTITUCIONAL, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).\n\nFor its part, as both the Procuraduría and the representative of AyA rightly recognize in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also majority. It is held that without equitable access to a minimum requirement of potable water, other established rights—such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights—would be unattainable. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate quantities of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the fulfillment of articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that \"the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.\" It is also emphasized that the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.\n\nFurthermore, various international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access potable water to satisfy their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equality of opportunity for all to enjoy basic resources.\n\nThe concept of satisfying basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that \"in developing and using water resources, priority must be given to satisfying basic needs and conserving ecosystems.\" Similarly, in the Implementation Plan adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to \"employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services,\" without cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. Likewise, there are dozens of international instruments that directly and indirectly relate to water as a human right of all people and peoples, in such a way that it is not only an issue that by its nature tends towards nationalization but also towards the internationalization of its use and exploitation” (see judgment number 2006-5606 at 3:21 p.m. on April 26, 2006).\n\nFrom the foregoing, we can affirm that there is a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health. Likewise, access to potable water has been classified as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in broad constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the fulfillment of articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. Thus, the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.” Likewise, regarding this topic, we can find a vast quantity of international instruments that refer to the right to access potable water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on Potable Water Supply and Environmental Sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Point 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, approved by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, approved by the United Nations General Assembly in 2015: The Human Rights to Potable Water and Sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc.” (see judgment No. 2019017397 at 12:54 p.m. on September 11, 2019).\n\nAdditionally, since the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, in Costa Rica, the right to potable water is expressly recognized at the constitutional level in the following terms:\n\n“ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest welfare for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.\n\nEvery person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.\n\nThe State shall guarantee, defend, and preserve that right.\n\nThe law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.\n\nEvery person has the human, basic, and inalienable right to access potable water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable to protect such human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these effects, and the supply of potable water for the consumption of persons and populations shall have priority” (emphasis added).\n\nOn this matter, in judgment No. 2020003982 at 11:50 a.m. on February 26, 2020, this Court considered the legislative query related to the mentioned partial reform of numeral 50 of the Constitución Política and indicated:\n\n“VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional reform bill presented by the entirety of the 57 Deputies to the Asamblea Legislativa, consists of two articles that seek the addition of a final paragraph to article 50 of the Constitución Política, as well as the incorporation of a new transitory provision in Title XVIII, Single Chapter, Transitory Provisions of the Constitución Política, as follows:\n\n“ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of article 50 of the Constitución Política of November 7, 1949. The text is as follows:\n\nArticle 50.-\n\n(…)\n\nEvery person has the human, basic, and inalienable right to access potable water, as an essential good for life. Water is a good of the Nation, indispensable to protect such human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these effects, and the supply of potable water for the consumption of persons and populations shall have priority.\n\nARTICLE 2.- A new transitory provision is added to Title XVIII, single chapter, Transitory Provisions, of the Constitución Política, related to article 50. The text is as follows:\n\nTransitory Article 50 – XX. The current laws, concessions, and use permits, granted in accordance with law, as well as the rights derived therefrom, shall remain in force, as long as a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water does not enter into force.”\n\nThe proposal thus presented and already approved in the first debate refers not only to the express recognition of access to water as a human right but is directly related to the fact that this human right positively recognized therein concerns access to potable water, since it is based on the consideration of water—and especially potable water—as an essential and intrinsic element for the life and health of people, thus aligning with what is indicated in article 21 and in the first part of the same article 50 of the Constitución Política, and the jurisprudential developments of this same Chamber that derive from such norms.\n\nThe Chamber notes that the right of access to water, and especially to potable water, forms part of various enunciations in the field of international human rights law, through different instruments with different scope or legal nature, but which, by their own condition and by reason of the provisions of article 48 of the Constitución Política, must be necessarily considered regarding this subject matter. Thus, this right has already been related and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment in the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, there are specific provisions in subsection 1) of article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights—Protocol of San Salvador—, and even in the same Convention 169 of the International Labour Organization.\n\nAnd in the area of general resolutions, among others, there is General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution 70/169 of 17 December 2015, which expressly state that water must be “safe and of acceptable quality for personal and domestic uses,” and that access to “drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner” must be ensured.\n\nIn this regard, it is valid to affirm that the proposed addition to Article 50 of the Constitution, to the extent that it expressly recognizes the right of access to potable water, is in line with the legal developments on the matter shown at the international level and embodied in declarations, conventions, and resolutions of different natures, from which its conformity with the legal progress shown in this regard internationally results, and that due to the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact on the internal sphere of States, as this proposed constitutional amendment seeks to formalize at that level.\n\nIt is important to point out that the reference is made that the proposal intends to formalize the situation at the constitutional level, since certainly the issue of access to water, and to potable water, is regulated in our country at the level of legality, by a profuse normative framework that ranges from the Water Law (Ley de Aguas) of 1942, the General Potable Water Law (Ley General de Agua Potable) of 1953, the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of 1961, the General Health Law (Ley General de Salud) of 1973, the SENARA Creation Law (Ley de Creación del SENARA) of 1983, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) of 1995, and the Forest Law (Ley Forestal) of 1996, among others.\n\nLikewise, the protection of the environment and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life, but also the consubstantial and necessary protection that must be provided to it by the institutions in general, from specialized agencies such as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, to others of a broader nature such as the Water Directorate (Dirección de Aguas) of the Ministerio del Ambiente y Energía, the Ministry of Health (Ministerio de Salud), and the Municipalities (Municipalidades) of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the integral protection of water resources, but also their legitimate provision for human consumption in compliance with established parameters and the real possibilities of their effective supply – see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262, and 2016-1791–.\n\nIt is important to note the emphasis that the amendment proposes not only regarding the recognition of access to potable water as a human right, but also its particular condition as a public domain asset (bien demanial), in the same sense that the diverse legislation enunciated here already refers to. Note that the normative proposal states that “water is an asset of the Nation,” that is, an asset that belongs generally to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, an asset that is spread among all of society and its actors, a public domain asset that requires not only full protection due to its condition of being essential for life, but also to allow its use for the diverse areas that may be required, provided that due sustainability and its integral protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are attended to. Note that the recognition of the human right is over potable water, subsequently pointing out that water – thus, in general terms – is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this in any way implying the impossibility of using the resource for other types of purposes – agricultural, industrial, or developmental –, provided it is done in a manner adjusted to the provisions on the referred right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for potable water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and upon it, a human right of access to potable water, whence it results that the normative formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to potable water as a human right.\n\nOn the other hand, take into consideration that, according to what has already been stated, this access must be sought and provided in accordance with the prior fulfillment of established parameters and according to [sic] the real possibilities of supply. That is, as has been established in the copious jurisprudence of this Chamber on the matter, although the recognition of access to potable water is configured as a human right, its effective provision can be subject to the concrete and certain possibilities of granting, whence it becomes clear that this access recognized as fundamental may well be subject to the fulfillment of concrete conditions that in turn allow for guaranteeing the existence and preservation of this asset.\n\nIt is for this reason that the aforementioned United Nations General Assembly Resolution 70-169 of 17 December 2015, states in its paragraph 5 the exhortation to States to:\n\n“Ensure the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, in particular for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on the grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other grounds, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparity, residence in slums, income level and other relevant factors.” – the highlighting is not from the original–\n\nThis progressivity referred to in this resolution develops the analogous provision that in conventional terms is enshrined in the first paragraph of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by stating that:\n\n“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.” – emphasis added–\n\nIn such a way, the legitimate regulation that allows for the adequate and orderly access to potable water recognized here as a human right is valid, since it is a matter of fostering its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nIt is for this reason that the legislation regulating the matter – as could be the one thus proposed in the same paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposed transitional provision XX –, shall, in due course, necessarily prove to be in accordance with the burden of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to potable water also as a human right, so that certainly that legislation indicated therein must conform to the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) and to the provisions that it contemplates on the matter.\n\nIn this sense, in accordance with what is stated here, it is seen that the project processed under legislative file 21.382 is in direct consonance and development with the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, so it properly links into the same provision of Article 50 of the Constitution, and is in accordance with the constitutional values and principles that guide it, without there being in any way any friction with those essential or core elements that inform and integrate the Law of the Constitution.”\n\nSimilarly, it is worth highlighting what was established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights made at the 29th session held in Geneva between 11 and 29 November 2002, in which it was stated:\n\n“(…) 2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.\n\n3. In paragraph 1 of article 11 of the Covenant a number of rights are enumerated emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living, ‘including adequate food, clothing and housing’. The use of the word ‘including’ indicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival.\n\nMoreover, the Committee has previously recognized that water is a human right contained in article 11, paragraph 1, (see General Comment No. 6 (1995)). The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1) and the right to adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1). The right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity (…)\n\n10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to existing water supplies necessary for the right to water, and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water.\n\n11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with articles 11, paragraph 1, and 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future generations.\n\n12. While the adequacy of water required for the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:\n\na) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work conditions.\n\nb) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person’s health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.\n\nc) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has four overlapping dimensions:\n\ni) Physical accessibility. Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services.\n\nii) Economic accessibility. Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights.\n\niii) Non-discrimination. Water and water facilities and services must be accessible to all, including the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds.\n\niv) Information accessibility. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues (…)\n\n25. The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligations to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires the State to take positive measures to assist individuals and communities to enjoy the right. The obligation to promote obliges the State party to take steps to ensure that there is appropriate education concerning the hygienic use of water, protection of water sources and methods to minimize water wastage. States parties are also obliged to fulfil (provide) the right when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right themselves by the means at their disposal.\n\n26. The obligation to fulfil requires States parties to adopt the measures necessary to ensure the full realization of the right to water. This obligation includes, inter alia, according sufficient recognition of this right within the national political and legal system, preferably by way of legislative implementation; adopting a national water strategy and plan of action to realize this right; ensuring that water is affordable for everyone; and facilitating improved and sustainable access to water, particularly in rural and deprived urban areas.\n\n27. To ensure that water is affordable, States parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: (a) use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and (c) income supplements. Any payment for water services has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households.\n\n28. States parties should adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure that there is sufficient and safe water for present and future generations. Such strategies and programmes may include: (a) reducing depletion of water resources through unsustainable extraction, diversion and damming; (b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by substances such as radiation, harmful chemicals and human excreta; (c) monitoring water reserves; (d) ensuring that proposed developments do not interfere with access to adequate water; (e) assessing the impacts of actions that may impinge upon water availability and watersheds such as climate changes, desertification and increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity; (f) increasing the efficient use of water by end-users; (g) reducing water wastage in its distribution; (h) response mechanisms for emergency situations; and (i) creating competent institutions and appropriate institutional arrangements to carry out the strategies and programmes (…)\n\n37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee’s view, at least a number of core obligations in relation to the right to water can be identified, which are of immediate effect:\n\na) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic uses to prevent disease;\n\nb) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially for disadvantaged or marginalized groups;\n\nc) To ensure physical access to water facilities or services that provide sufficient, safe and regular water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;\n\nd) To ensure personal security is not threatened when having to physically access water;\n\ne) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;\n\nf) To adopt and implement a national water strategy and plan of action addressing the whole population; the strategy and plan of action should be devised, and periodically reviewed, on the basis of a participatory and transparent process; it should include methods, such as rights indicators and benchmarks, by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall give particular attention to all disadvantaged or marginalized groups;\n\ng) To monitor the extent of the realization, or the non-realization, of the right to water;\n\nh) To adopt relatively low-cost targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups;\n\ni) To take measures to prevent, treat and control diseases linked to water, in particular ensuring access to adequate sanitation (…)” (the highlighting was incorporated).\n\nThe foregoing is relevant in that the content of the right to water is detailed by outlining its characteristics, among them, quality, accessibility, and availability, since it is established that the human right to water implies sufficient supply for each person for personal and domestic use.\n\nFurthermore, in the judgment of 27 November 2023 issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Inhabitants of La Oroya vs. Peru, that court held:\n\n“121. Likewise, persons enjoy the right for water to be free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes the obligation on States consisting of: a) designing norms and policies that define water quality standards and, in a reinforced manner, for treated and residual waters that are compatible with human health and that of ecosystems; b) monitoring the levels of contamination of water bodies and, if applicable, informing of possible risks to human health and the health of ecosystems; c) carrying out plans and, in general, undertaking every practice with the purpose of controlling water quality that includes the identification of its main causes of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards, and e) adopting actions that ensure the management of water resources in a sustainable manner. The Court equally considers that States must design their norms, plans, and water quality control measures in conformity with the best available science, attentive to the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability and, inclusively, based on international cooperation.\n\n122. As a complement to the foregoing, the Court recalls that in the case of Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association Vs. Argentina it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This derives from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow for deriving rights from which, in turn, the right to water derives. In this regard, the Court indicated that those include the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its Article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its Article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.\n\n123. Regarding the normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that ‘access to water […] includes ‘drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, and personal and household hygiene’, as well as for some individuals and groups also […] ‘additional water resources due to health, climate, and work conditions’’. Likewise, that ‘access to water’ implies ‘obligations of progressive realization’, but that ‘however, States have immediate obligations, such as guaranteeing [said access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization’. Furthermore, that States must provide protection against acts of private parties, so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, as well as ‘guarantee a minimum essential amount of water’, in those ‘particular cases of persons or groups of persons who are not in a position to access water by themselves […], for reasons beyond their control’.\n\n124. At this point, the Tribunal specifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects water bodies as elements of the environment that have a value in themselves, as a universal interest, and for their importance for other living organisms including human beings. The second facet recognizes the determining role that water has for human beings and their survival, and, therefore, protects its access, use, and utilization by human beings. In this way, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component starts from an ecocentric premise, while – for example – the right to potable water and its sanitation is based on an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but, not in all cases, the violation of one necessarily implies the violation of the other.\n\n125. On the other hand, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and to water. This right is covered by the obligation of respect and guarantee, provided for in Article 1.1 of the Convention, one of whose forms of observance consists of preventing violations. This obligation is projected into the private sphere to prevent third parties from violating the protected legal interests, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and that ensure that their eventual violations are effectively considered and treated as an illicit act. Along these lines, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and oversee certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct and its non-compliance is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)” (the highlighting does not correspond to the original).\n\nVI.- ON THE RIGHT TO THE PROPER FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES AND THE ROLE OF THE ICAA AS THE GOVERNING BODY IN THE MATTER OF POTABLE WATER SUPPLY. On this matter, in judgment No. 2016012058 of 9:30 a.m. on 26 August 2016, this Chamber stated:\n\n“(…) in the sub judice, it is determined that the ICAA, as the governing body in the matter, has failed to comply with its duties of inspection and supervision over the provision of the public service of potable water and sanitation, and, therefore, has violated the rights of the petitioners. According to Articles 1 and 2 of the Constitutive Law of the Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, the ICAA is responsible, among other functions, for resolving everything related to the supply of potable water and the sanitary sewer service; for directing and overseeing everything concerning providing the inhabitants with the potable water service; and for administering and directly operating the aqueduct and sewer systems throughout the country; therefore, it is inexcusable that the ICAA has not acted in order to prevent and remedy a situation such as the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without signing any delegation agreement.\n\nTo this effect, it is worth recalling what this Chamber, in judgment No. 2014-012971 of 2:45 p.m. on 8 August 2014, indicated in relation to the ICAA and its duties to supervise and guarantee the proper functioning of the public services in question:\n\n“IV.- On the right to the proper functioning of public services and the role of the ICAA as the governing body in the matter of water supply. In judgment number 2012-12009 of 09:05 a.m. on 31 August 2013, this Chamber held the following, which is of interest for the resolution of the sub lite:\n\n“This Chamber has held that the Political Constitution implicitly includes the fundamental right of the administered to the proper and efficient functioning of public services, that is: that they be provided with high standards of quality. This has, as a necessary corollary, the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, prompt, effective, and efficient manner. This last obligation derives from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as Article 140, paragraph 8 (which imposes on the Executive Branch the duty to ‘Oversee the proper functioning of administrative services and dependencies’), Article 139, paragraph 4 (as it incorporates the concept of ‘good running of the Government’), and Article 191 (to the extent that it incorporates the principle of ‘efficiency of the administration’). This Tribunal has also indicated that said atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as the supply of potable water, since goods as precious as health and human life are at stake, for which reason the principles of efficacy, efficiency, promptness, continuity, and adaptation must prevail with greater rigor (see, in this sense, judgments number 2008-016405 of 7:04 p.m. on 30 October 2008 and 2008-017633 of 12:06 p.m. on 5 December 2008). In this context, the role of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing body in the matter, acquires particular importance.\n\nThis Chamber has indicated that:\n\n“(…) pursuant to the provisions of Article 1 of the Organic Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, said autonomous institution was created with the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of potable water. To fulfill this purpose, and in accordance with the provisions of Article 2 of that same normative body, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for directing and overseeing everything concerning the provision of a potable water service to the inhabitants of the Republic, as well as utilizing, using, governing, or overseeing, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of the cited law. This confirms that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the primary entity called upon to ensure that all inhabitants of the Republic may benefit from a potable water supply system, capable of supplying said liquid continuously and in sufficient quantity to duly satisfy the basic needs of all persons, in effective protection of their fundamental rights to life and health” (judgment number 2011005457 of 11:32 a.m. on April 29, 2011.)\n\nIn accordance with the foregoing, this Chamber has emphasized that in those cases where the water supply service for human consumption is provided by a rural aqueduct administrative association (ASADA), the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is called upon to exercise effective and efficient oversight and control actions over the respective water supply system, regarding its operation, maintenance, administration, and development, in order to guarantee its proper functioning (judgment number 2011009487 of 9:15 a.m. on July 22, 2011). In fact, recently, in judgment number 2012006447 of 10:30 a.m. on May 18, 2012, this Chamber stated:\n\n“(…) although Article 2 of Law 2726 empowers AyA to agree with community organizations on the administration of aqueduct and sewer systems, the respondent Institute, as the governing body in this matter, is responsible for all matters related to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for supplying water to the populations. Based on the foregoing, the Administration cannot excuse the lack of an efficient potable water service due to the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct by the licensed private entity (…)\n\nThus, the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to oversee and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems is verified” (the emphasis does not correspond to the original)\n\n“V.- Regarding the specific case. In this matter, the petitioner alleges that in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, ICAA provides the potable water service through delegation to a rural aqueduct administrative association (ASADA); however, said service is provided deficiently and requires infrastructure improvements, for which the Municipalidad de La Cruz allocated an item for the improvement of said aqueduct, which cannot be executed until ICAA carries out the corresponding technical studies. She considers her fundamental right of access to potable water to be violated.\n\nIn this regard, the Chamber considered it accredited that the Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, does not have valid legal personality, since it expired on July 31, 2007. Likewise, it is observed that the ASADA El Porvenir has not submitted to ICAA the documentation required for the process of signing the delegation agreement. Furthermore, ICAA does not have an updated diagnosis of the aqueduct system operated by the ASADA El Porvenir. From the case file, it was verified that through official communication number SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 of July 3, 2014, the Head of the Regional Office of Community Systems of the Chorotega Region of ICAA suggested to the ASADA El Porvenir that it contract the services of a professional to carry out a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was demonstrated that the Municipalidad de La Cruz allocated an item of 3 million colones to make improvements to the aqueduct infrastructure, which will be executed once the corresponding technical studies are completed. Given this scenario, the Chamber considers that the amparo must be partially granted, only against ICAA. As explained in the previous recital, ICAA is obligated to oversee and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems, such that it cannot excuse itself by claiming that the lack of an efficient potable water service is due to the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct. As the governing body in potable water supply matters, ICAA is called upon to assist in the prompt resolution of the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Thus, for the Chamber, the argument of the respondent authorities of ICAA is not acceptable, in the sense that they bear no responsibility for the problems presented with the ASADA of El Porvenir. As long as the problems in water supply continue, the most vulnerable party is the residents of the locality, who must tolerate the inaction of the responsible entities and, consequently, suffer from the deficient provision of the public potable water service. Under this understanding, ICAA must supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of El Porvenir adjusts its operation to law and the necessary technical studies are completed to authorize the investment of the municipal budget already allocated for the improvement of the potable water supply in that community and, therefore, the quality of life of all its residents.” (The emphasis does not correspond to the original).\n\nIn addition, subsection 1) of section 36 of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, indicates as an obligation and right of ICAA: \"To sign and rescind the Delegation Agreements for the management of aqueduct and sewer systems with Administrative Associations, when so recommended by Management and approved by its Board of Directors, for reasons of convenience, opportunity, or ineffectiveness in the provision of public services.\"\n\nVII.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the case at bar, the petitioner states that since October 2023, there has been a potable water supply problem in the community of Nambí de Nicoya. She recounts that there is persistent scarcity, characterized by frequent service cuts without prior notice, even for a period of three continuous days. She argues that since January 2024, the neighbors have filed the respective complaints before ICAA; however, there has been no solution. She adds that, although the respondent authority installed a water tank in the “Las Guineas” sector, it is only a partial measure that does not cover all sectors nor satisfy the need for a comprehensive solution to the matter.\n\nFrom the study of the case file, it has been demonstrated that the Nambí sector is supplied by the Nicoya aqueduct, through a pumping system that drives the water to a storage tank. At the site, there are no wells or sources for supply. Since 2023, there have been potable water service supply problems in the community of Nambí de Nicoya, which sometimes involves a lack of the liquid for more than one day. In recent months, problems were recorded in the electromechanical components of the pumping system, in the telemetry of the Nambí storage tanks, and in the gauge house (calera) for level readings and system monitoring, as well as leaks. The pumping flow rate recorded in the area is 6.5 l/s, which is insufficient for current demand, since an average flow rate of 9 l/s is required to supply the community's population. ICAA put Dirección01 into operation, repaired the telemetry in the storage tanks and the gauge house (calera); likewise, it installed pipes in various sectors to improve the system. On an unspecified date, ICAA installed a water tank trailer (tanqueta) on a property as an alternative measure for community use given the supply shortage situation. The respondent institute plans to replace 1200 meters of 75mm diameter pipe with 150mm diameter PVC SDR26 pipe to feed the re-pumping system with sufficient capacity and flow rate to provide the service.\n\nFrom this perspective, the intervention of this constitutional jurisdiction is necessary.\n\nIn this regard, it is verified that, at least since October 2023, the respondent institute has been aware of the potable water supply shortage problem in the community of Nambí de Nicoya, which has even caused the lack of the liquid for periods exceeding one day.\n\nNow, although it is observed that various actions have been taken to fix different problems that have arisen in some of the components of the pumping system (which is the one used to provide the service in this area), it is no less true that the respondent authority itself acknowledges that the current pumping flow rate (6.5 l/s) is insufficient for the demand that exists at this time, such that said flow rate must be increased to 9 l/s to supply the community's population.\n\nTo that extent, although the respondent authority indicates that it plans to replace 1200 meters of 75mm diameter pipe with 150mm diameter PVC SDR26 pipe to feed the re-pumping system with sufficient capacity and flow rate to provide the service, it is no less true that it provides such explanation in a general and abstract manner, without specifying when the works will begin and without detailing a defined work schedule that allows for certainty regarding the execution of the necessary actions to resolve the situation complained of.\n\nThus, although in the face of the problem at hand, provisional measures must be taken to ensure that the affected population receives potable water, whether the supply through the water tank trailer (tanqueta) that was provisionally placed at the site or some other palliative measure, it is no less true that such provisional measures cannot be extended excessively and disproportionately over time without a definitive solution for the problem identified being materialized. Precisely, ICAA, in its capacity as the governing body in the matter, must act with sufficient diligence to guarantee concrete, definitive, and comprehensive solutions within a reasonable timeframe.\n\nBy virtue of the foregoing, it is not verified that the respondent institute has adopted the corresponding measures to address the problem complained of in the case at bar in a swift and effective manner, such that the intervention of this Chamber is necessary in order to guarantee that the works necessary to definitively solve the matter are carried out within a reasonable timeframe.\n\nConsequently, the appeal is granted, in the terms indicated in the operative part of this ruling.\n\nVIII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response affect their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on section 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with section 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in article LXXXI of session No. 43-12 held on May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is granted. It is ordered to María Alejandra Mora Segura and Kathia Teresa Villalobos de la O, in that order, general manager and cantonal head of Nicoya, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whomever occupies those positions, to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their respective competencies so that; a) IMMEDIATELY, as of the notification of this judgment, the daily and sufficient supply of potable water is guaranteed to meet the basic needs of the population of Nambí de Nicoya, whenever the service interruption occurs for periods exceeding 6 hours; and b) within a maximum period of EIGHTEEN MONTHS, counted from the notification of this judgment, the required measures are implemented so that the potable water supply to the population of the community of Nambí de Nicoya is provided in an efficient, effective, and continuous manner. The foregoing is issued with the warning that, based on Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and do not comply with it or do not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nIngrid Hess H.\n\nJorge Isaac Solano A.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\nQVTA9BOUH4E61\nEXPEDIENTE N° 25-009782-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:21:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }