{ "id": "nexus-sen-1-0007-1314649", "citation": "Res. 18414-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Rectificación de condena en costas a SETENA vs. Estado en amparo", "title_en": "Correction of costs order against SETENA vs. the State in amparo", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce de una gestión de corrección de error material en la sentencia 2023026912, que declaró con lugar un recurso de amparo contra SETENA por omisión de respuesta. El recurrente inicialmente solicitó corregir el por tanto para condenar en costas a SETENA, alegando personalidad jurídica propia, y la Sala accedió mediante resolución 202401620. Posteriormente, el mismo recurrente advierte que SETENA carece de personalidad jurídica, por lo que la condena debe recaer en el Estado. La Sala, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, rectifica la resolución 202401620 y deja sin efecto la condena a SETENA, restableciendo la condena original al Estado. La resolución reitera la orden a SETENA de resolver expresamente la gestión del recurrente en diez días hábiles, bajo apercibimiento de desobediencia.", "summary_en": "The Constitutional Chamber addresses a motion to correct a material error in judgment 2023026912, which granted amparo against SETENA for failure to respond. The petitioner first requested that the costs be imposed on SETENA, arguing it has its own legal personality; the Chamber agreed via resolution 202401620. Subsequently, the same petitioner noted that SETENA lacks legal personality, and the costs should fall on the State. Based on Article 12 of the Constitutional Jurisdiction Law, the Chamber corrects resolution 202401620, reinstating the original order against the State. The ruling reaffirms the order to SETENA to expressly resolve the petitioner's request within ten working days, under warning of disobedience.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "17/06/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "SETENA", "costas", "error material", "personalidad jurídica", "Ley de la Jurisdicción Constitucional", "condena al Estado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 12", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "SETENA", "costas", "error material", "Sala Constitucional", "personalidad jurídica", "Ley de Jurisdicción Constitucional" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "SETENA", "costs", "material error", "Constitutional Chamber", "legal personality", "Constitutional Jurisdiction Law" ], "excerpt_es": "Por consiguiente, visto que el recurrente indujo a error a esta Sala, con fundamento en la facultad que el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional le otorga a esta Sala, se corrige el error generado por la resolución N° 202401620 de las 09:50 horas del 11 de junio de 2025, a fin de que la parte dispositiva de la sentencia Nº 2023026912 de las 09:15 horas del 20 de octubre de 2023, se lea correctamente, de nuevo, lo siguiente, a saber: “... Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese”.", "excerpt_en": "Therefore, seeing that the petitioner misled this Chamber, based on the power granted to this Chamber by Article 12 of the Constitutional Jurisdiction Law, the error generated by resolution No. 202401620 of 9:50 a.m. on June 11, 2025, is corrected, so that the operative part of judgment No. 2023026912 of 9:15 a.m. on October 20, 2023, reads correctly, again, as follows: '... The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in the administrative contentious execution of judgment. 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Nº 2025018414\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecisiete de junio de dos mil veinticinco .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 23-023678-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED07, contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido a las 16:23 horas del 4 de junio de 2024, el recurrente indica lo siguiente: “El abajo firmante Nombre01, en autos conocido como recurrente, atento comparezco y respetuoso manifiesto: Revisado el por tanto de la parte dispositiva de la sentencia 2023026912, de las 09 horas y quince minutos del 20 de octubre de 2023, se observa que condena 'al Estado' al pago de las costas de este amparo, lo que, salvo mejor criterio de su parte, considero un error material, ya que la recurrida, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, tiene personalidad y patrimonio propio, a la vez que la Procuraduría General de la República, no intervino en este proceso, por lo que no existe razón para condenar al Estado. PRETENSIÓN: Por lo anterior, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 58.3 del Código Procesal Civil, respetuoso solicito se corrija el error precitado, indicando que en la parte dispositiva de la sentencia precitada, que la condenada es la recurrida Secretaría Técnica Nacional Ambiental y no el Estado”.\n\n 2.- Por sentencia N° 202401620 de las 09:50 horas del 11 de junio de 2025, la Sala acogió dicha gestión y declaró lo siguiente: “Se corrige el error material consignado en la sentencia Nº 2023026912 de las 09:15 horas del 20 de octubre de 2023, para que en su por tanto se lea, correctamente, lo siguiente: ‘Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena al Ing. Ulises Álvarez Acosta, en su condición de secretario nacional ambiental, o a quien ocupe su cargo, que en el término improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado a partir de la notificación de esta resolución, adopte las previsiones necesariar para que la Secretaría Nacional Ambiental resuelva expresamente la gestión planteada por el recurrente mediante el oficio N° AEL-0042-2023. Se le advierte al Ing. Ulises Álvarez Acosta, en su condición de secretario nacional ambiental, o a quien ocupe el cargo, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Secretaría Nacional Ambiental al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese’”.\n\n 3.- Por escrito recibido a las 17:43 horas del 28 de enero de 2025, el recurrente manifiesta lo siguiente: “Informo a su autoridad que si bien el artículo Artículo (sic) 83 de la Ley Orgánica del Ambiente creó la Secretaría Técnica Nacional Ambiental como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, no le otorgó personalidad jurídica, por lo que, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, según el cual 'Las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo’ (subrayado agregado), respetuoso solicito dejar sin efecto su resolución de las 9 horas 50 minutos del 11 de junio de 2024, en cuanto indica que ‘Se condena a la Secretaría Nacional Ambiental al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese’, quedando así incólume su sentencia 2023026912, de las 09 horas y 15 minutos del 20 de octubre de 2023, que correctamente condena “al Estado” al pago de las costas de este amparo, para así estar en condiciones de ejecutar esa resolución”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.-\n\n Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- El artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro del tercer día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo.\n\n II.- Por consiguiente, visto que el recurrente indujo a error a esta Sala, con fundamento en la facultad que el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional le otorga a esta Sala, se corrige el error generado por la resolución N° 202401620 de las 09:50 horas del 11 de junio de 2025, a fin de que la parte dispositiva de la sentencia Nº 2023026912 de las 09:15 horas del 20 de octubre de 2023, se lea correctamente, de nuevo, lo siguiente, a saber: “Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena al Ing. Ulises Álvarez Acosta, en su condición de secretario nacional ambiental, o a quien ocupe su cargo, que en el término improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado a partir de la notificación de esta resolución, adopte las previsiones necesarias para que la Secretaría Nacional Ambiental resuelva expresamente la gestión planteada por el recurrente mediante el oficio N° AEL-0042-2023. Se le advierte al Ing. Ulises Álvarez Acosta, en su condición de secretario nacional ambiental, o a quien ocupe el cargo, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese”.\n\nPor tanto:\n\n  Se corrige el error generado en lo dispuesto en la resolución N° 202401620 de las 09:50 horas del 11 de junio de 2025, relativo a la parte dispositiva de la sentencia Nº 2023026912 de las 09:15 horas del 20 de octubre de 2023. En consecuencia, en el por tanto de la sentencia Nº 2023026912 de las 09:15 horas del 20 de octubre de 2023, deberá leerse, correctamente, lo siguiente: “ Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena al Ing. Ulises Álvarez Acosta, en su condición de secretario nacional ambiental, o a quien ocupe su cargo, que en el término improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado a partir de la notificación de esta resolución, adopte las previsiones necesarias para que la Secretaría Nacional Ambiental resuelva expresamente la gestión planteada por el recurrente mediante el oficio N° AEL-0042-2023. Se le advierte al Ing. Ulises Álvarez Acosta, en su condición de secretario nacional ambiental, o a quien ocupe el cargo, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese”. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 24-000086-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2024001620\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del veintitres de enero de dos mil veinticuatro .\n\n  Recurso de amparo interpuesto por [Nombre02 001], cédula de identidad número [CED01], a favor de [Nombre02 002], con documento de identidad [CED02], [Nombre02 003], documento de identidad, [CED03], [Nombre02 004], documento de identidad, [CED04], [Nombre02 005], documento de identidad número [CED05], [Nombre02 001], documento de identidad número [Valor 006], [Nombre02 006], documento de identidad número [Valor 007], [Nombre 007], documento de identidad número [Valor 008], y [Nombre02 008], documento de identidad número [CED06]; contra la UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS MÉDICAS UCIMED.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala del 4 de enero de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que al ingresar a la Universidad de la Ciencias Médicas UCIMED, Escuela Autónoma de Ciencias Médicas de Centroamérica, Andrés Vesalio Guzmán Calleja (UCIMED), los estudiantes de la Carrera de Medicina a favor de quien presenta este recurso, firmaron un contrato “De Servicios De Formación y Educación a Nivel Universitario”, el cual a la fecha se encuentra vigente, contrato que regula los servicios que prestará la universidad durante todo el tiempo que se mantenga como estudiante. Considera importante citar que el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el contrato es esencial para ambas partes, pero para los estudiantes viene a garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a la educación que pretendían los estudiantes al ingresar a este centro educativo, derecho protegido por la Constitución Política costarricense. Refiere que, en el Artículo Octavo de los respectivos Contratos de Servicios de Formación y Educación Universitaria, suscritos entre UCIMED y los estudiantes de medicina, establece: “El estudiante declara conocer y aceptar que a partir del mes de setiembre del año 2006, la Junta Directiva de la C.C.S.S., dispuso con carácter obligatorio, que todos los estudiantes de las diferentes Universidades públicas y privadas del país que opten por un campo clínico para realizar los cursos de internado señalados en el respectivo plan de estudios, deben rendir y aprobar una nota mínima, un examen que realiza el CENDEISS. El estudiante conoce y acepta que los campos clínicos son limitados y que él es el único responsable de estudiar y aprobar dicho examen o evaluación, por lo que en este acto releva a la UCIMED de todo tipo de responsabilidad en el caso de perderlo y por lo tanto perder la oportunidad de ingresar a realizar cualquiera de los cursos de internado en el Sistema Nacional de Salud”. Afirman que los reglamentos internos formales de la Universidad UCIMED que aplican para la carrera de Medicina, no establecen que los estudiantes que ingresan a esta universidad en la carrera de medicina tendrán que hacer su internado exclusivamente en la C.C.S.S. y no restringen que se pueda realizar en centros de salud privados. Específicamente el “Reglamento de Trabajos Finales De Graduación en el Grado De Licenciatura (TFG)” señala respecto a: Internado o Práctica Supervisada Artículo 13. Puede ser realizado en instituciones o empresas públicas o privadas. El plan de estudios de la carrera de Medicina consigna realizar el internado de medicina, mismo que está compuesto por los siguientes 5 bloques: Internado en Medicina Interna; Internado en Cirugía; Internado en Medicina Familiar y Comunitaria, Internado en Pediatría y un Internado en Gineco-Obstetricia, los cuales consignan una acreditación de 8 créditos cada uno. Dicho plan no señala en qué tipo de centro se deba realizar. Que el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social CENDEISSS subió a su página web el documento de convocatoria a examen para optar por el campo docente en la CCSS, en el internado universitario de medicina para ingreso en el lV bloque 2023 y en el punto 6 de ese documento señala: Este examen no tiene recurso alguno. El 8 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo indicado en el citado artículo 8 de los Contratos de Servicios de Formación y Educación Universitaria, suscritos entre UCIMED y los estudiantes de medicina, los estudiantes realizaron la prueba IFOM aplicada por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), para optar por un campo clínico (internado o práctica médica) en la CCSS. El 1 de diciembre de 2023, se le solicitó mediante una carta al Decano de medicina que se habilitara la opción de realizar el internado de Medicina en un hospital privado, para aquellos estudiantes que así lo deseen, ante un evento de no obtener un espacio para realizar el internado (práctica clínica) en la C.C.S.S. El 8 de diciembre de 2023, fueron comunicados los resultados la Prueba IFOM y los estudiantes a los que se refiere este recurso no alcanzaron la nota de corte “43”, y aunque varios de estos alcanzaron una nota de “42”, no se les permitió revisión alguna del examen respecto a las 160 preguntas que contenía esta prueba, con puntaje diferente entre varias de ellas. Por lo tanto, no se les acreditó a los estudiantes que se mencionan en este recurso acceder al campo clínico en las instalaciones de los centros hospitalarios de C.C.S.S. El Artículo Octavo de los Contratos de Servicios de Formación y Educación Universitaria, suscritos entre UCIMED y los estudiantes de medicina, se refiere a una disposición establecida por la C.C.S.S. y no por UCIMED, en virtud de que los campos clínicos en los centros de salud de esa institución C.C.S.S. son limitados. Por tal motivo, el 19 diciembre de 2023, en cumplimiento al contrato suscrito y vigente entre esa universidad y los estudiantes mencionados en este recurso y siendo que a la fecha en algún reglamento, estatuto o documento técnico formal de UCIMED aprobado por el Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada CONESUP, debidamente divulgado a la comunidad estudiantil de la carrera de Medicina, no consta restricción alguna para realizar el internado en centros de salud privados, los estudiantes amparados en el artículo noveno del citado contrato, solicitaron a la Rectora de UCIMED, que se les permita la realización del internado clínico en un hospital privado, tal como lo facilitan otras universidades privadas; siendo que el citado artículo establece categóricamente esa posibilidad, pues este señala: “El costo económico de los campos clínicos será cubierto por el estudiante de UCIMED, siendo éste el único responsable de atender la información que le brinda la Decanatura o Dirección de carrera, en cuanto al costo y designación del campo clínico, tanto en los establecimientos públicos como en los privados, según corresponda. Además, el estudiante deberá cumplir con los requisitos académicos y administrativos para incorporarse al campo clínico en el establecimiento de salud designado”. Aduce que la UCIMED ha realizado convenios con centros de salud privados, como es el caso del Hospital Clínica Bíblica, tanto para estudiantes de las Carreras de Farmacia y Microbiología, como para estudiantes de Medicina que hacen intercambio desde otros países. El CENDEISSS señala en el punto 5 de la “Convocatoria de examen” Es responsabilidad de las instituciones docentes públicas o privadas la preparación de los futuros profesionales en ciencias de la salud, bajo el esquema de aprender haciendo. Para cumplir con esa parte del proceso de aprendizaje resulta necesario que el estudiante cuente con una base sólida de conocimiento, la cual se logra obtener en una etapa avanzada de la carrera. Es decir, solo estudiantes de último año de la carrera de Medicina y Cirugía, quien superó el proceso el plan académico establecido por la universidad, es quien puede postularse para hacer el examen para obtener el campo clínico del internado. De lo cual se desprende que ya los estudiantes que se ingresan a la nómina para hacer el examen cuentan con una vasta formación y pueden hacer el internado. El examen del CENDEISSS es únicamente para asignar los campos que tiene la C.C.S.S. La universidad UCIMED acreditó ante el CENDEISSS que los estudiantes a favor de quien se presenta este recurso de amparo, superaron el proceso académico establecido por la universidad, y podían postularse para hacer un internado en la C.C.S.S., por lo que la C.C.S.S. los incluyó en la lista de postulantes que realizaron el IFOM. Es la C.C.S.S. la que estableció la nota de corte en el examen IFOM por lo limitado de sus espacios clínicos, y no la UCIMED. Este examen IFOM que realiza el CENDEISSS, no tiene posibilidad alguna de revisión y apelación, únicamente limita el ingreso a campos clínicos en las instalaciones de la C.C.S.S., pero no a que los estudiantes realicen su internado en hospitales privados. Señala que, varias universidades del país, como la UNIBE, UACA, Universidad Latina de Costa Rica, Universidad Hispanoamericana, Universidad Internacional de las Américas, entre otras, permiten que los estudiantes de medicina que desean hacer el internado de medicina en hospitales privados reconocidos como Hospital Clínica, Bíblica, Hospital La Católica, Hospital CIMA, entre otros, pueden hacerlo sin restricción alguna, siendo que actualmente varios estudiantes están realizando esos internados y muchos otros ya están graduados, incluso algunos ejerciendo en esos mismos centros hospitalarios privados. Los estudiantes de las otras carreras de la propia UCIMED, como son Farmacia y Microbiología, sí tienen acceso a realizar internado en centros privados y, además, en el caso de estas dos últimas consta en la página web de la UCIMED. El 01 de diciembre de 2023 se le remitió solicitud al decano de Medicina para hacer el internado de Medicina en un centro de salud privado y se le solicitó el sustento técnico de su respuesta. El día 11 de diciembre de 2023, con carta 400-233, el decano de Medicina, el Dr. Pablo Vargas Villareal, respondió la consulta del 01/12/2023 sobre la posibilidad de hacer el internado en hospitales privados, indicando entre otros que “como centro educativo y desde esta decanatura, mantenemos la prueba IFOM y la realización de la práctica clínica en los centros médicos de la C.C.S.S. como requisito obligatorio para la aprobación del plan de estudios y consecuente graduación” respuesta que no fundamentó técnica ni legalmente, y que, además, no sustentó en documentación formal como le fue solicitada. El 11 de diciembre, la estudiante [Nombre02 001] conversó personalmente con el director del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social CENDEISSS, para la revisión de su puntaje del examen IFOM. En esta conversación, el director del CENDEISSS, Dr. Jorge Arturo Jiménez Brizuela, indicó de forma verbal, que afortunadamente existía la otra opción de realizar el internado en un hospital privado, ya que la misma Caja Costarricense del Seguro Social ha contratado los servicios de centros privados, tanto porque cuentan con la infraestructura como con la última tecnología, y confían igualmente en sus especialistas que le permiten garantizar el adecuado servicio que demanda la población. Además, manifestó que actualmente en el Sistema de Compras Públicas se encuentra en trámite una contratación administrativa con centros privados que está próxima a salir a principios del año 2024 y lo que pretende esta es habilitar centros clínicos para ampliar la capacidad instalada, ya que actualmente no es posible para la CCSS atender la demanda de servicios y solo con el servicio calificado de entes privados sería posible lograrlo. La propia Caja Costarricense de Seguro Social ha contratado a Centros de Salud Privados para ampliar su capacidad instalada, por lo que los estudiantes que hacen su internado por medio de la C.C.S.S., también tienen la posibilidad de asistir a centro de salud privados. El 12 de diciembre de 2023, en reunión presencial, el Decano manifestó a dos estudiantes de los mencionados en este recurso, que su decanatura no tiene competencia para decidir habilitar hacer dicho internado en centros privados y que dicha decisión compete única y exclusivamente a las autoridades superiores de la Universidad, por lo que sugirió hablar con el vicerrector. El 13 de diciembre de 2023, en reunión presencial, el Vicerrector manifestó a esas dos estudiantes, que su vicerrectoría no tiene competencia para decidir habilitar hacer dicho internado en centros privados y que dicha decisión compete única y exclusivamente a las autoridades superiores de la Universidad. El 15 de diciembre de 2023, la Rectora de UCIMED en reunión programada, manifestó verbalmente a las mismas dos estudiantes de medicina, que no existe en este momento ningún convenio con algún hospital o centro de salud privado que resulte de conveniencia a la UCIMED para enviar a sus estudiantes de la carrera de Medicina a los internados; sin embargo, la Rectora no aporta ningún sustento técnico del porqué hospitales privados del país de reconocido prestigio incluso a nivel internacional como Hospital CIMA, Hospital Clínica Bíblica, Hospital La Católica, entre otros, no cumplen para hacer el internado. El Estatuto Orgánico de la UCIMED aprobado y vigente, establece en su artículo 17 que la Rectora de la UCIMED es la funcionaria que, por delegación del Consejo Universitario, tiene a cargo la administración general y la representación en los actos oficiales de ceremonial y protocolo de la Universidad, en correo electrónico de fecha 19/12/2023, la estudiante [Nombre02 005] le entregó una carta firmada por parte de los 8 estudiantes citados en este recurso de amparo, para que de manera formal atendiera la solicitud de habilitar para que se pudiera hacer el internado en hospitales privados, apelando al artículo 9 del contrato firmado entre estudiantes y universidad, el cual expresamente hace referencia al internado en hospitales privados. Indica que, mediante correo electrónico del día 19 de diciembre de 2023, la Rectora de UCIMED, María del Carmen García, delegó en el decano de Medicina, el Dr. Pablo Vargas Villareal, la respuesta de la consulta hecha por los 8 estudiantes de medicina remitida por la estudiante [Nombre02 005]. El 21 de diciembre de 2023, el decano de Medicina, el Dr. Pablo Vargas Villareal, emitió respuesta a los estudiantes de medicina que, con fundamento en el artículo 9 de sus contratos, solicitaron a la Rectora hacer internado en hospital privado. En su respuesta, el señor Pablo Vargas, indicó lo siguiente: “...el artículo noveno en cuanto al costo y designación de los campos clínicos, que será tanto en los establecimientos públicos como en los privados, “según corresponda”…Esta frase “según corresponda” es una expresión diferenciadora, en el sentido de que, según la organización de la carrera a la que esté inscrito el estudiante, puede que tenga la opción de optar por campos clínicos privados, sí procede, como pasa en la Escuela de Microbiología y la Escuela de Farmacia; no obstante, en la Escuela de Medicina, en la cual ustedes pertenecen, tal opción no existe, pues es conocido desde vieja data que la Escuela de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas, solo cuenta con la opción de que sus estudiantes realicen su práctica clínica en la C.C.S.S…”. En criterio de los estudiantes amparados, el decano descontextualiza la frase “según corresponda”, ya que esa frase que se cita en el artículo 9, claramente se refiere ya sea a un establecimiento público o privado, porque los contratos fueron firmados para estudiantes de medicina, no para otras carreras, por lo que consideran un claro intento del Decano por desvirtuar lo que el contrato firmado consigna, ya que no se debe pretender que las personas hagan interpretaciones más allá de lo que la literalidad del contrato contiene, y mucho menos en detrimento de la parte más afectada, en este caso los estudiantes. La compañía Galileo Global Education especializada en educación superior privada, con más de 200 centros educativos y campus en todo el mundo, que recientemente adquirió la Universidad UCIMED, gestionó para estudiantes extranjeros de sus casas de estudio, por medio del UCIMED, el internado de Medicina en el Hospital Clínica Bíblica con sede en Costa Rica, hospital de reconocido prestigio a nivel de Latinoamérica por su calidad y seguridad. El hospital La Católica tiene manifiesto interés en recibir a los estudiantes de UCIMED para realizar su internado en ese centro privado de salud; y la negativa ha sido por parte de la universidad para aceptar esta propuesta. Las respuestas de la UCIMED que niega a los estudiantes de Medicina realizar el internado en un hospital privado, constituye violatoria al derecho a la educación, toda vez que las mismas autoridades de UCIMED firmaron un contrato con cada estudiante el cual se mantiene vigente, en donde se consignó esa posibilidad en el artículo noveno, además que esta universidad sí tiene esa apertura con otras de sus carreras como Farmacia y Microbiología, así como con estudiantes extranjeros de las casas de estudio que la compañía Galileo Global Education, tiene en otros países. Esa violación del derecho a la educación del internado en un hospital privado también lesiona el derecho para acceder pronto a un empleo porque esta es la última etapa en la universidad; mientras otras universidades sí brindan esas opciones y sus estudiantes los estarían aventajando. Refiere que las mismas autoridades del CENDEISSS se cuestionaron la negativa de otorgar el internado en hospitales privados cuando la propia CCSS los contrata y los estudiantes de las universidades que realizan internados con la CCSS también terminan asistiendo a centros de salud privados. Se solicita la intervención del Estado a través de la resolución de esta Sala para resguardar los derechos fundamentales, a la educación y eventualmente al trabajo, ante la negativa de la autoridad superior de la universidad UCIMED, de autorizar a los estudiantes citados en este recurso, para que realicen el internado (práctica profesional) en un hospital privado de su elección; siendo que presentaron varias solicitudes, verbales y escritas, como corresponde, en el orden jerárquico, como les fue solicitado por esa universidad, es decir, al Decano, Vicerrector y Rectora, lo cual además es un proceso dilatorio. Estima que esta negativa violenta el derecho fundamental de los estudiantes de la carrera de medicina mencionados en este recurso, para continuar con la Educación y Formación del último año de esa carrera de medicina, quienes deben realizar el internado como requisito final del plan de estudios establecido por esa casa de enseñanza. La Sala, en múltiples ocasiones, ha indicado que el proceso educativo tiene una naturaleza continua, es decir, que las instituciones que se dedican a brindar tal servicio deben velar porque los estudiantes cuenten con las facilidades necesarias para concluir los distintos ciclos en que aquél se encuentra organizado, de esa forma cualquier centro, sea de naturaleza pública o privada, que preste ese servicio público debe cumplir cabalmente tal principio. Así el Tribunal Constitucional entiende que los centros educativos se encuentran en la obligación de garantizar la concatenación y prolongación de los distintos estadios que constituyen una formación educativa integral. Considerando que \"corresponde al Consejo Superior de Educación, de acuerdo con los artículos 79 y 81 de la Constitución Política, la dirección general de la enseñanza reconocida por el Estado e impartida por instituciones privadas\"; la UCIMED no establece en ningún reglamento u otro documento formal, aprobado por el Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) un requisito propio, que restrinja hacer el internado en un hospital privado y mucho menos supeditado con aprobar el IFOM, examen que realiza el CENDEISSS por medio de una empresa privada a partir del año 2018, examen que se utiliza para regular los limitados campos en la C.C.S.S., mismo que consta de 160 preguntas y que no permite revisión ni apelación de ninguna índole; por lo que bien puede considerarse un proceso no transparente. Por el contrario, en el reglamento de la UCIMED denominado “Reglamento de Trabajos Finales De Graduación En El Grado De Licenciatura (Tfg)” señala respecto a: Internado o Práctica Supervisada Artículo 13. Puede ser realizado en instituciones o empresas públicas o privadas que la Unidad Académica respectiva apruebe, supervisado por un tutor. Culmina con la evaluación del mismo por parte del tutor, dentro del marco de los temas, criterios e instrumentos de evaluación definidos y aprobados por el Consejo Académico de la Unidad Académica. Su autorización y seguimiento, estará a cargo de la Decanatura o Dirección de Unidad Académica respectiva”. También el contrato de UCIMED con cada estudiante en su artículo noveno, consigna que se puede hacer el internado en un hospital público o privado y que el costo lo asume el estudiante, tal como se transcribe: “El costo económico de los campos clínicos será cubierto por el estudiante de UCIMED, siendo éste el único responsable de atender la información que le brinda la Decanatura o Dirección de carrera, en cuanto al costo y designación del campo clínico, tanto en los establecimientos públicos como en los privados, según corresponda. Además, el estudiante deberá cumplir con los requisitos académicos y administrativos para incorporarse al campo clínico en el establecimiento de salud designado”. Afirma que los hospitales privados no han restringido los campos clínicos a los estudiantes de UCIMED, por el contrario, existe evidencia de que el hospital La Católica, donde varios estudiantes de otras universidades de la salud del país realizan actualmente y han realizado sus internados, tiene manifiesto interés en brindar esos campos clínicos a estudiantes de la UCIMED para que realicen su internado (práctica clínica). La respuesta del Decano de Medicina, Pablo Vargas Villarreal emitida el 21/12/2023 en su oficio DM-428-23, por delegación expresa de la Rectora, máxima autoridad de la UCIMED, no se fundamenta ni sustenta en criterios legales y mucho menos técnicos para denegar la realización del internado en un hospital privado. En este argumento, el Decano Pablo Vargas Villarreal descontextualiza la frase “según corresponda”, ya que claramente el artículo 9 del contrato, cuando se refiere a esa frase, lo asocia al tipo de establecimiento ya sea “Público o Privado”, porque los contratos fueron firmados para estudiantes de medicina, no para otras carreras. Bajo ese contexto, se observa un claro intento del Decano por desvirtuar lo que el contrato firmado consigna, siendo que no se debe pretender que las personas hagan interpretaciones más allá de la literalidad que el contrato contiene, porque de ser así generaría serios defectos legales. El argumento del decano va en detrimento de la parte más afectada, en este caso los estudiantes. Intenta el decano en su respuesta evadir que la frase “según corresponda” que consigna el artículo 9 del contrato, se refiere claramente a si el internado es público o privado, es decir no fue un contrato en masa para todos los estudiantes de todas las especialidades simultáneamente, porque no se debe presumir que el contrato amerite una clarificación por aparte, como intenta hacerlo parecer ahora el Decano. Por ello estima importante señalar, que la Constitución Política Costarricense, en su artículo 79 establece que “Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado”. Esto como una garantía a la correcta ejecución y cumplimiento de los derechos fundamentales como lo es la educación, el cual claramente con esa evasiva de las autoridades universitarias es transgredido a los estudiantes de la carrera de medicina de UCIMED que desean hacer su internado en un centro de salud privado. Como puede observarse, del análisis de dos documentos formales como son el Contrato y “Reglamento de Trabajos Finales De Graduación En El Grado De Licenciatura (Tfg)” se consigna que el internado puede hacerse en centros privados; sin embargo, en las respuestas verbales y escritas de las autoridades universitarias se intenta acudir a una negativa que no tiene sustento jurídico ni técnico debidamente formal y fundamentado, pese a que hay una apertura por parte de los hospitales privados a recibir a los estudiantes de UCIMED. Además, impedir que se niegue a los estudiantes de la carrera de Medicina realizar su internado en hospitales privados, afecta su derecho a la Educación continua, y retrasa sus posibilidades en la obtención de un trabajo, honesto y debidamente remunerado que les permita ser independientes y que no sea menoscabada su dignidad y permita no seguir dependiendo económicamente de sus padres, porque ya no son menores de edad; sin embargo, por ser la carrera de medicina bastante demandante en horarios y carga académica, no es posible acceder a un trabajo sin concluir el internado que demanda una carga horaria diaria completa y que es el requisito final para graduación. La educación, es uno de los derechos con mayor desarrollo en el ámbito internacional y de mayor importancia para las Naciones Unidas, se plantea como el principio básico del desarrollo. Además de ser incluido como una de las Metas del Milenio, el derecho a la educación se encuentra protegido por diversos órganos de las Naciones Unidas, en especial la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ya que ahora, más que nunca, serán derecho vigente y aplicable a todos los niveles los documentos internacionales, sus razones, alcances e interpretaciones, estos cambios implican, ante todo, una mejora sustantiva en la manera en que nuestro sistema jurídico resuelve. Solicita ordenar que la Universidad de las Ciencias Médicas no limite el derecho fundamental de educación, de los estudiantes de la Carrera de medicina que presentaron solicitud ante la Rectora con carta firmada, y se les permita continuar y no retrasar el proceso educativo; por tanto, autorizar a los estudiantes a realizar en un centro de salud hospitalario privado, el “Internado” (práctica universitaria), última fase del proceso de formación según el plan de estudios medicina, ya que existe evidencia suficiente y competente, que en el contrato vigente entre partes, específicamente en el artículo noveno existe viabilidad para que a los estudiantes de la carrera de medicina se les autorice realizar el internado en centros privados, tales como el hospital CIMA, hospital Clínica Bíblica y hospital La Católica, entre otros, así también por lo señalado en el “Reglamento de Trabajos Finales De Graduación En El Grado De Licenciatura (Tfg)”. Que la Universidad desista de mantener el internado únicamente en la C.C.S.S. y habilite en los centros de salud privados esta práctica como corresponde, ya que se considera una decisión basada únicamente en un estereotipo vinculado exclusivamente a la preconcepción, no sustentada, de que los centros privados no cuentan con condiciones, cuando ha quedado demostrado que la propia C.C.S.S. contrata los servicios privados de centros de salud para ampliar su capacidad instalada. No limitar la posibilidad de optar por el internado en centros de salud privados, dado que actualmente esa limitación constituye un trato desigual, discriminatorio y lesivo de los derechos de educación para los estudiantes de la carrera de Medicina de UCIMED en proporción a los de otras universidades privadas, como la UNIBE, Universidad Latina de Costa Rica, Universidad Hispanoamericana, Universidad Internacional de las Américas, entre otras, donde los estudiantes de medicina que desean hacer el internado de medicina en hospitales privados pueden hacerlo para no limitar a sus estudiantes y generarles desventajas, por el retraso que implica no tener un campo en la CCSS. Así también evitar un trato discriminatorio y desigual en relación con carreras de la propia UCIMED, que sí tienen esa posibilidad de hacer sus internados en hospitales privados, como en los casos de las carreras de Farmacia y Microbiología. De igual forma discriminatoria, en relación con los estudiantes extranjeros que tienen convenios que atiende UCIMED. Que se apruebe hacer el internado en un hospital privado que sí disponga de campos clínicos para los estudiantes de medicina, para no retrasar su avance, ya que esto no implica para la universidad un desembolso, dado que el costo económico lo cubren los estudiantes, según el contrato. Que se tenga en cuenta, que esperar obtener un espacio en la C.C.S.S. para cumplir el requisito académico, bien podría no garantizar hacer el internado de inmediato, ya que este retraso podría incluso venir por falta de capacidad instalada de la C.C.S.S., aunque se haya obtenido el campo clínico por medio del IFOM, generaría otro retraso en la realización del examen ECOM, como ya ocurrió a estudiantes de semestres pasados, e incluso retrasaría el inicio de la vida laboral o bien en la oportunidad de acceder a la especialidad médica de su elección, que bien podría ser en la propia UCIMED que ya ganó su lucha para preparar médicos especialistas que antes estaba limitada solo para realizarse en la parte pública.     \n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n   I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente reclama que la universidad recurrida le impide a los amparados -estudiantes de la carrera de medicina de último año- realizar el internado en centros de salud privados, y los conmina a hacer un examen para ingresar a competir por los pocos campos clínicos que ofrece la C.C.S.S., lo que estima resulta incluso contrario al contrato suscrito con esa universidad. Considera, además, que tal medida resulta desigual, por cuanto en otras carreras sí es permitido realizar el internado en centros médicos privados, no solo en los de la C.C.S.S.\n\nII.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Al respecto procede indicar, que este Tribunal en sentencia nro. 2021-5444, de las 9:15 horas del 12 de marzo de 2021, señaló en un caso similar lo siguiente:\n\n“II.- CASO CONCRETO. En primer lugar, se debe indicar que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no la de servir como un instrumento genérico para canalizar peticiones de todo tipo. Dado lo anterior, a la jurisdicción constitucional no le compete establecer -con fundamento en los criterios y políticas académicas, las reglamentaciones internas y los términos de las contrataciones suscritas entre las universidades privadas y sus estudiantes-, si las metodologías empleadas para determinar cuáles estudiantes ingresan al bloque de internado rotativo universitario, son procedentes o no desde un punto de vista académico o técnico. Dicho aspecto no se relaciona directamente con una eventual vulneración directa del derecho a la educación, sino con extremos propios de la legalidad ordinaria. Por lo tanto, podrá la petente, si a bien lo tiene, acudir ante la propia universidad recurrida, el Consejo Nacional de Educación Superior Privada (CONESUP) o la jurisdicción común, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho proceda.Por otro lado, la recurrente acusa estar siendo discriminada, porque otros de sus compañeros, sí se les autorizó matricular los campos clínicos del internado rotatorio universitario. En cuanto a este reclamo, debe de indicársele que el principio de igualdad que establece el artículo 33 de la Constitución Política no posee un carácter absoluto, pues, no concede, propiamente, un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino más bien a exigir que la ley no haga diferencias entre dos o más personas que se encuentran en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas y no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales, o bien, cuando la situación que se denuncia es ilegal o irregular. En ese sentido, quien invoca la violación de este principio, debe suministrar elementos probatorios, para poder hacer una confrontación plena de parámetros de comparación y de esta forma, cotejar si se produce o no la desigualdad. Sin embargo, en el caso concreto, la recurrente alude desigualdad pero no presenta ningún elemento concreto de comparación. En consecuencia, el reclamo resulta inadmisible en todos sus extremos.”\n\nTal como se indica en este precedente, no le compete a esta jurisdicción revisar los contratos suscritos entre las partes, ni determinar si esa universidad debe permitir o no realizar el internado en centros médicos privados como, según afirman, sí se les permite a otras carreras -que admite son diferentes- de esa misma universidad. Así como tampoco, establecer si debe realizarse o no una prueba para optar por un campo en el internado, pues se trata de una discusión de mera legalidad. En ese caso, deberá la petente, si a bien lo tiene, plantear su reclamo ante la propia universidad recurrida, el Consejo Nacional de Educación Superior Privada (CONESUP) o la jurisdicción común, para que se resuelva lo que en derecho proceda. En lo que respecta a este Tribunal, el amparo es inadmisible.\n\n III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI\n\nPor tanto:\n\n   Se rechaza de plano el recurso. \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nObservaciones de SALA CONSTITUCIONAL\n\nSe adjunta la sentencia 24-001620 del expediente 24-000086-0007-CO\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:38:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 18414 - 2025\n\nResolution Date: June 17, 2025, at 09:30\n\nExpediente: 23-023678-0007-CO\n\nDrafted by: Anamari Garro Vargas\n\nType of matter: Amparo action (Recurso de amparo)\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 23-023678-0007-CO\n\nRes. No. 2025018414\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on June seventeenth, two thousand twenty-five.\n\n Amparo action (Recurso de amparo) processed in expediente number 23-023678-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED07, against the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).\n\nWhereas:\n\n 1.- By brief received at 16:23 hours on June 4, 2024, the petitioner states the following: “The undersigned Nombre01, known in the record as the petitioner, formally appears and respectfully states: After reviewing the operative part (por tanto) of the dispositive portion of judgment 2023026912, of 09 hours and fifteen minutes on October 20, 2023, it is observed that it orders ‘the State’ to pay the costs (costas) of this amparo, which, subject to your better judgment, I consider a material error, since the respondent, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, has its own legal personality (personalidad) and assets (patrimonio propio), and the Procuraduría General de la República did not intervene in this process; therefore, there is no reason to order the State. CLAIM: Therefore, in accordance with Article 12 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 58.3 of the Código Procesal Civil, I respectfully request that the aforementioned error be corrected, indicating in the dispositive portion of the aforementioned judgment that the condemned party is the respondent Secretaría Técnica Nacional Ambiental and not the State.”\n\n 2.- By judgment No. 202401620 of 09:50 hours on June 11, 2025, the Court granted this request and declared the following: “The material error contained in judgment No. 2023026912 of 09:15 hours on October 20, 2023, is corrected, so that its operative part (por tanto) correctly reads as follows: ‘The action (recurso) is GRANTED (CON LUGAR). It is ordered to Eng. Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as national environmental secretary, or to whomever occupies his position, that within the non-extendable term of TEN BUSINESS DAYS, counted from the notification of this resolution, he adopt the necessary provisions so that the Secretaría Nacional Ambiental expressly resolves the request filed by the petitioner through official letter No. AEL-0042-2023. Eng. Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as national environmental secretary, or whomever occupies the position, is warned that failure to obey said order will constitute the crime of disobedience (desobediencia) and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine from twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo action (recurso de amparo) and does not fulfill it or does not enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The Secretaría Nacional Ambiental is ordered to pay the costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios) caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). Notify’”.\n\n 3.- By brief received at 17:43 hours on January 28, 2025, the petitioner states the following: “I inform your authority that although Article 83 of the Ley Orgánica del Ambiente created the Secretaría Técnica Nacional Ambiental as a body of maximum deconcentration (órgano de desconcentración máxima) of the Ministerio del Ambiente y Energía, it did not grant it legal personality (personalidad jurídica). Therefore, in accordance with Article 12 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, according to which ‘Judgments issued by the Court may be clarified or supplemented (aclaradas o adicionadas), at the request of a party, if requested within three days, and on its own motion at any time, even in enforcement proceedings, to the extent necessary to give full compliance with the content of the ruling’ (emphasis added), I respectfully request that your resolution of 9 hours 50 minutes on June 11, 2024, be set aside, insofar as it states that ‘The Secretaría Nacional Ambiental is ordered to pay the costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios) caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). Notify’, leaving your judgment 2023026912, of 09 hours and 15 minutes on October 20, 2023, intact, which correctly orders ‘the State’ to pay the costs (costas) of this amparo, so as to be in a position to enforce that resolution.”\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.-\n\n Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,\n\nConsidering (Considerando):\n\n I.- Article 12 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that the judgments issued by the Court may be clarified or supplemented (aclaradas o adicionadas), at the request of a party, if requested within three days, and on its own motion at any time, even in enforcement proceedings, to the extent necessary to give full compliance with the content of the ruling.\n\n II.- Consequently, given that the petitioner induced this Court into error, based on the power that Article 12 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional grants to this Court, the error generated by resolution No. 202401620 of 09:50 hours on June 11, 2025, is corrected, so that the dispositive portion of judgment No. 2023026912 of 09:15 hours on October 20, 2023, correctly reads, again, as follows, to wit: “The action (recurso) is GRANTED (CON LUGAR). It is ordered to Eng. Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as national environmental secretary, or to whomever occupies his position, that within the non-extendable term of TEN BUSINESS DAYS, counted from the notification of this resolution, he adopt the necessary provisions so that the Secretaría Nacional Ambiental expressly resolves the request filed by the petitioner through official letter No. AEL-0042-2023. Eng. Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as national environmental secretary, or whomever occupies the position, is warned that failure to obey said order will constitute the crime of disobedience (desobediencia) and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine from twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo action (recurso de amparo) and does not fulfill it or does not enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios) caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). Notify”.\n\nTherefore (Por tanto):\n\n The error generated in what was ordered in resolution No. 202401620 of 09:50 hours on June 11, 2025, regarding the dispositive portion of judgment No. 2023026912 of 09:15 hours on October 20, 2023, is corrected. Consequently, in the operative part (por tanto) of judgment No. 2023026912 of 09:15 hours on October 20, 2023, the following shall be correctly read: “ The action (recurso) is GRANTED (CON LUGAR). It is ordered to Eng. Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as national environmental secretary, or to whomever occupies his position, that within the non-extendable term of TEN BUSINESS DAYS, counted from the notification of this resolution, he adopt the necessary provisions so that the Secretaría Nacional Ambiental expressly resolves the request filed by the petitioner through official letter No. AEL-0042-2023. Eng. Ulises Álvarez Acosta, in his capacity as national environmental secretary, or whomever occupies the position, is warned that failure to obey said order will constitute the crime of disobedience (desobediencia) and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine from twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo action (recurso de amparo) and does not fulfill it or does not enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios) caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). Notify”. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\nEXPEDIENTE No. 24-000086-0007-CO\n\nPROCEEDING: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUTION No. 2024001620\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours thirty minutes on January twenty-third, two thousand twenty-four.\n\n Amparo action (Recurso de amparo) filed by [Nombre02 001], identity card number [CED01], on behalf of [Nombre02 002], with identity document [CED02], [Nombre02 003], identity document, [CED03], [Nombre02 004], identity document, [CED04], [Nombre02 005], identity document number [CED05], [Nombre02 001], identity document number [Valor 006], [Nombre02 006], identity document number [Valor 007], [Nombre 007], identity document number [Valor 008], and [Nombre02 008], identity document number [CED06]; against the UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS MÉDICAS UCIMED.\n\nWhereas:\n\n 1.- By brief filed in the Secretariat of the Court on January 4, 2024, the petitioner files an amparo action (recurso de amparo) and states that upon entering the Universidad de la Ciencias Médicas UCIMED, Escuela Autónoma de Ciencias Médicas de Centroamérica, Andrés Vesalio Guzmán Calleja (UCIMED), the Medicine degree students on whose behalf this action (recurso) is filed, signed a contract “For University-Level Training and Education Services”, which is currently in force, a contract that regulates the services that the university will provide during the entire time they remain as students. The petitioner considers it important to cite that compliance with the terms and conditions established in the contract is essential for both parties, but for the students it guarantees compliance with the fundamental right to education that the students sought upon entering this educational center, a right protected by the Costa Rican Constitución Política. They state that Article Eight of the respective University Training and Education Services Contracts, signed between UCIMED and the medicine students, establishes: “The student declares to know and accept that as of September 2006, the Board of Directors of the C.C.S.S., established as mandatory that all students from the different public and private universities in the country who apply for a clinical placement (campo clínico) to complete the internship courses (cursos de internado) indicated in the respective study plan, must take and pass with a minimum score, an exam administered by CENDEISS. The student knows and accepts that clinical placements are limited and that he/she is solely responsible for studying and passing said exam or evaluation, therefore hereby releasing UCIMED from any type of liability in the event of failing it and consequently losing the opportunity to begin any of the internship courses in the National Health System”. They affirm that UCIMED University’s internal formal regulations applicable to the Medicine degree do not establish that students entering this university for the medicine degree must complete their internship exclusively at the C.C.S.S. and do not restrict it from being completed in private health centers. Specifically, the “Regulations for Final Graduation Projects in the Bachelor’s Degree (TFG)” state regarding: Internship or Supervised Practice Article 13. It may be completed in public or private institutions or companies. The curriculum for the Medicine degree states that the medical internship is to be completed, which is composed of the following 5 blocks: Internship in Internal Medicine; Internship in Surgery; Internship in Family and Community Medicine; Internship in Pediatrics; and an Internship in Gynecology-Obstetrics, each of which carries an accreditation of 8 credits. Said plan does not indicate in what type of center it must be completed. That the Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social CENDEISSS uploaded to its website the call document for an exam to apply for the teaching placement in the CCSS, in the university medical internship for entry into the IV block 2023, and in point 6 of that document it states: This exam has no remedy (recurso) whatsoever. On November 8, 2023, in compliance with what is indicated in the cited Article 8 of the University Training and Education Services Contracts, signed between UCIMED and the medicine students, the students took the IFOM test administered by the Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), to apply for a clinical placement (campo clínico) (internship or medical practice) in the CCSS. On December 1, 2023, a request was made by letter to the Dean of Medicine to enable the option of completing the Medical internship in a private hospital, for those students who so wished, in the event of not obtaining a space to complete the internship (clinical practice) in the C.C.S.S. On December 8, 2023, the results of the IFOM Test were communicated, and the students referred to in this action (recurso) did not reach the cut-off score of “43”, and although several of them achieved a score of “42”, no revision of the exam was allowed regarding the 160 questions contained in this test, with different scores among several of them. Therefore, the students mentioned in this action (recurso) were not accredited to access the clinical placement in the facilities of the C.C.S.S. hospital centers. Article Eight of the University Training and Education Services Contracts, signed between UCIMED and the medicine students, refers to a provision established by the C.C.S.S. and not by UCIMED, by virtue of the fact that the clinical placements in the health centers of that institution C.C.S.S. are limited. For that reason, on December 19, 2023, in compliance with the contract signed and in force between that university and the students mentioned in this action (recurso), and given that to date, no regulation, statute, or formal technical document of UCIMED approved by the Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada CONESUP, duly disseminated to the student community of the Medicine degree, contains any restriction on completing the internship in private health centers, the students, supported by Article Ninth of the cited contract, requested the Rector of UCIMED to permit them to complete the clinical internship in a private hospital, as other private universities facilitate; the cited article categorically establishes that possibility, as it states: “The economic cost of the clinical placements shall be covered by the UCIMED student, who is solely responsible for attending to the information provided by the Dean's Office or Department Director regarding the cost and designation of the clinical placement, both in public and private establishments, as applicable. Furthermore, the student must fulfill the academic and administrative requirements to begin the clinical placement at the designated health establishment.” They argue that UCIMED has entered into agreements with private health centers, such as the Clínica Bíblica Hospital, for both Pharmacy and Microbiology degree students, and for Medicine students on exchange from other countries. CENDEISSS states in point 5 of the “Exam Call”: It is the responsibility of public or private teaching institutions to prepare future health science professionals, under the learning-by-doing scheme. To complete that part of the learning process, it is necessary for the student to have a solid knowledge base, which is achieved in an advanced stage of the degree. That is, only final-year students of the Medicine and Surgery degree, who have passed the academic plan process established by the university, may apply to take the exam to obtain the clinical placement for the internship. From which it follows that the students who enter the roster to take the exam already have extensive training and can complete the internship. The CENDEISSS exam is only for assigning the placements that the C.C.S.S. has. UCIMED university accredited before CENDEISSS that the students on whose behalf this amparo action (recurso de amparo) is filed passed the academic process established by the university, and could apply to complete an internship in the C.C.S.S., therefore the C.C.S.S. included them in the list of applicants who took the IFOM. It is the C.C.S.S. that established the cut-off score on the IFOM exam because of its limited clinical spaces, and not UCIMED. This IFOM exam administered by CENDEISSS has no possibility of revision or appeal, it only limits entry to clinical placements in the C.C.S.S. facilities, but does not prevent students from completing their internship in private hospitals. They indicate that several universities in the country, such as UNIBE, UACA, Universidad Latina de Costa Rica, Universidad Hispanoamericana, Universidad Internacional de las Américas, among others, allow medical students who wish to complete the medical internship in recognized private hospitals such as Hospital Clínica Bíblica, Hospital La Católica, Hospital CIMA, among others, to do so without any restriction, and currently several students are completing those internships and many others have already graduated, some even practicing in those same private hospital centers. Students from other degree programs at UCIMED itself, such as Pharmacy and Microbiology, do have access to complete the internship in private centers, and moreover, in the case of the latter two, this is stated on the UCIMED website. On December 1, 2023, a request was sent to the Dean of Medicine to complete the Medical internship in a private health center, and technical support for his response was requested. On December 11, 2023, by letter 400-233, the Dean of Medicine, Dr. Pablo Vargas Villareal, responded to the query of 12/01/2023 regarding the possibility of completing the internship in private hospitals, indicating among other things that “as an educational center and from this dean’s office, we maintain the IFOM test and the completion of clinical practice in the medical centers of the C.C.S.S. as a mandatory requirement for the approval of the curriculum and subsequent graduation,” a response that was not technically or legally grounded, and which, moreover, was not supported by formal documentation as was requested. On December 11, student [Nombre02 001] personally spoke with the director of the Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social CENDEISSS, to review her IFOM exam score. In this conversation, the director of CENDEISSS, Dr. Jorge Arturo Jiménez Brizuela, verbally indicated that fortunately there was the other option of completing the internship in a private hospital, given that the Caja Costarricense del Seguro Social itself has contracted the services of private centers, both because they have the infrastructure and the latest technology, and also equally trusts in their specialists, allowing them to guarantee the adequate service that the population demands. Furthermore, he stated that currently in the Public Procurement System an administrative contracting process with private centers is underway, expected to be issued at the beginning of 2024, and its aim is to enable clinical centers to expand installed capacity, since it is currently not possible for the CCSS to meet the demand for services and this would only be achievable with the qualified service of private entities. The Caja Costarricense de Seguro Social itself has contracted Private Health Centers to expand its installed capacity, so students who complete their internship through the C.C.S.S. also have the possibility of attending private health centers. On December 12, 2023, in an in-person meeting, the Dean told two of the students mentioned in this action (recurso) that his dean's office does not have jurisdiction to decide to enable completing said internship in private centers and that said decision falls exclusively and solely to the university's superior authorities, so he suggested speaking with the vice-rector. On December 13, 2023, in an in-person meeting, the Vice-Rector told those two students that his vice-rector's office does not have jurisdiction to decide to enable completing said internship in private centers and that said decision falls exclusively and solely to the university's superior authorities. On December 15, 2023, the Rector of UCIMED, in a scheduled meeting, verbally told the same two medical students that there is currently no agreement with any private hospital or health center that is convenient for UCIMED to send its Medicine degree students for internships; however, the Rector provides no technical basis as to why renowned private hospitals in the country, even internationally recognized ones such as Hospital CIMA, Clínica Bíblica Hospital, Hospital La Católica, among others, do not qualify for completing the internship. The Estatuto Orgánico of UCIMED, approved and in force, establishes in its Article 17 that the Rector of UCIMED is the official who, by delegation of the University Council, is in charge of the general administration and representation at the university's official ceremonial and protocol events. By email dated 12/19/2023, student [Nombre02 005] delivered a letter signed by the 8 students cited in this amparo action (recurso de amparo), so that she would formally address the request to enable completing the internship in private hospitals, appealing to Article 9 of the contract signed between students and the university, which expressly refers to the internship in private hospitals. They indicate that by email on December 19, 2023, the Rector of UCIMED, María del Carmen García, delegated to the Dean of Medicine, Dr. Pablo Vargas Villareal, the response to the query made by the 8 medical students, forwarded by student [Nombre02 005]. On December 21, 2023, the Dean of Medicine, Dr. Pablo Vargas Villareal, issued a response to the medical students who, based on Article 9 of their contracts, requested the Rector to complete the internship in a private hospital. In his response, Mr. Pablo Vargas stated the following: “...Article Ninth regarding the cost and designation of clinical placements, which will be both in public and private establishments, 'as applicable'... This phrase 'as applicable' is a differentiating expression, in the sense that, depending on the organization of the degree program in which the student is enrolled, there may be the option to choose private clinical placements, where appropriate, as happens in the School of Microbiology and the School of Pharmacy; however, in the School of Medicine, to which you belong, such an option does not exist, as it has been known for a long time that the School of Medicine of the Universidad de Ciencias Médicas only has the option for its students to complete their clinical practice in the C.C.S.S....” In the opinion of the protected students, the dean takes the phrase “as applicable” out of context, since that phrase cited in Article 9 clearly refers to either a public or private establishment, because the contracts were signed for medical students, not for other degree programs. Therefore, they consider it a clear attempt by the Dean to distort what the signed contract states, since one should not expect people to make interpretations beyond what the literal wording of the contract contains, much less to the detriment of the most affected party, in this case the students. The company Galileo Global Education, specialized in private higher education, with more than 200 educational centers and campuses worldwide, which recently acquired UCIMED University, arranged for foreign students from its institutions, through UCIMED, the Medical internship at the Clínica Bíblica Hospital based in Costa Rica, a hospital of recognized prestige in Latin America for its quality and safety. Hospital La Católica has expressed interest in receiving UCIMED students to complete their internship at that private health center; and the refusal to accept this proposal has been on the part of the university. UCIMED’s responses denying Medical students the opportunity to complete the internship in a private hospital constitute a violation of the right to education, given that UCIMED’s own authorities signed a contract with each student that remains in force, where that possibility was stated in Article Ninth, and also because this university does have that openness with other degree programs such as Pharmacy and Microbiology, as well as with foreign students from the institutions that the company Galileo Global Education has in other countries. This violation of the right to education regarding the internship in a private hospital also harms the right to promptly access employment because this is the final stage at the university; while other universities do provide these options and their students would be gaining an advantage over them. They state that the same CENDEISSS authorities questioned the refusal to grant the internship in private hospitals when the CCSS itself contracts them, and students from universities that complete internships with the CCSS also end up attending private health centers. The intervention of the State is requested through the resolution of this Court to safeguard the fundamental rights to education and eventually to work, against the refusal of the superior authority of UCIMED university to authorize the students cited in this action (recurso) to complete the internship (professional practice) in a private hospital of their choice; given that they presented several requests, verbal and written, as appropriate, in hierarchical order, as requested by that university, that is, to the Dean, Vice-Rector, and Rector, which is also a dilatory process. They consider that this refusal violates the fundamental right of the medical degree students mentioned in this action (recurso) to continue with the Education and Training of the final year of that medical degree, who must complete the internship as a final requirement of the curriculum established by that teaching institution. The Court, on multiple occasions, has indicated that the educational process has a continuous nature, meaning that institutions dedicated to providing such service must ensure that students have the necessary facilities to complete the different cycles into which it is organized. Thus, any center, whether public or private in nature, that provides that public service must fully comply with said principle. Thus, the Constitutional Court understands that educational centers are obligated to guarantee the concatenation and continuation of the different stages that constitute a comprehensive educational formation. Considering that \"the Consejo Superior de Educación is responsible, in accordance with Articles 79 and 81 of the Constitución Política, for the general direction of education recognized by the State and imparted by private institutions\"; UCIMED does not establish in any regulation or other formal document, approved by the Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), its own requirement that restricts completing the internship in a private hospital, much less one contingent on passing the IFOM, an exam administered by CENDEISSS through a private company since 2018, an exam used to regulate the limited placements in the C.C.S.S., which consists of 160 questions and does not allow any type of revision or appeal; therefore, it can well be considered a non-transparent process. On the contrary, the UCIMED regulation called “Regulations for Final Graduation Projects in the Bachelor’s Degree (TFG)” states regarding: Internship or Supervised Practice Article 13. It may be completed in public or private institutions or companies approved by the respective Academic Unit, supervised by a tutor.\n\nIt culminates with the evaluation of the same by the tutor, within the framework of the topics, criteria, and evaluation instruments defined and approved by the Academic Council of the Academic Unit. Its authorization and follow-up shall be the responsibility of the Deanship or Directorate of the respective Academic Unit.” Likewise, UCIMED’s contract with each student, in its ninth article, states that the internship may be carried out in a public or private hospital and that the cost is borne by the student, as transcribed: “The economic cost of the clinical placements shall be covered by the UCIMED student, the latter being the sole person responsible for attending to the information provided by the Deanship or Career Directorate regarding the cost and designation of the clinical placement, both in public and private establishments, as applicable. Furthermore, the student must fulfill the academic and administrative requirements to join the clinical placement at the designated health establishment.” She affirms that private hospitals have not restricted clinical placements for UCIMED students; on the contrary, there is evidence that the La Católica hospital, where several students from other health sciences universities in the country are currently completing and have completed their internships, has expressed interest in providing those clinical placements to UCIMED students so they can complete their internship (clinical practice). The response from the Dean of Medicine, Pablo Vargas Villarreal, issued on 12/21/2023 in official communication DM-428-23, by express delegation from the Rector, the highest authority of UCIMED, is not based on or supported by legal, much less technical, criteria to deny the completion of the internship in a private hospital. In this argument, Dean Pablo Vargas Villarreal takes out of context the phrase “as applicable,” since clearly article 9 of the contract, when referring to that phrase, associates it with the type of establishment, be it “Public or Private,” because the contracts were signed for medical students, not for other programs. In this context, a clear attempt by the Dean is observed to distort what the signed contract states, given that one should not expect individuals to make interpretations beyond the literal meaning that the contract contains, because if that were the case, it would generate serious legal defects. The dean's argument is detrimental to the most affected party, in this case the students. In his response, the Dean attempts to evade the fact that the phrase “as applicable” stated in article 9 of the contract clearly refers to whether the internship is public or private; that is, it was not a mass contract for all students of all specialties simultaneously, because it should not be presumed that the contract merits a separate clarification, as the Dean now attempts to make it appear. She therefore deems it important to point out that the Costa Rican Political Constitution, in its article 79, establishes that “Freedom of education is guaranteed. However, every private educational center shall be under the inspection of the State.” This as a guarantee for the correct execution and fulfillment of fundamental rights such as education, which is clearly transgressed against UCIMED medical program students who wish to complete their internship in a private health center by this evasion of the university authorities. As can be observed, from the analysis of two formal documents, namely the Contract and the “Reglamento de Trabajos Finales De Graduación En El Grado De Licenciatura (Tfg),” it is stated that the internship may be carried out in private centers; however, in the verbal and written responses of the university authorities, there is an attempt to resort to a denial that has no properly formal and well-founded legal or technical basis, despite there being an openness on the part of private hospitals to receive UCIMED students. Furthermore, preventing the medical program students from completing their internship in private hospitals affects their right to continuous education and delays their possibilities of obtaining honest and duly paid work that allows them to be independent, prevents their dignity from being undermined, and allows them to stop depending economically on their parents, because they are no longer minors; however, because the medical program is quite demanding in terms of schedules and academic load, it is not possible to access a job without completing the internship, which requires a full daily workload and is the final requirement for graduation. Education is one of the rights with the greatest development internationally and of greatest importance to the United Nations; it is posited as the basic principle of development. In addition to being included as one of the Millennium Goals, the right to education is protected by various United Nations bodies, especially UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), since now, more than ever, international documents, their reasons, scope, and interpretations shall be valid and applicable law at all levels; these changes imply, above all, a substantive improvement in the way our legal system resolves matters. She requests that the University of Medical Sciences be ordered not to limit the fundamental right to education of the medical program students who submitted a request to the Rector with a signed letter, and that they be allowed to continue and not delay the educational process; therefore, to authorize the students to carry out the “Internship” (university practice), the last phase of the training process according to the medical curriculum, in a private hospital health center, since there is sufficient and competent evidence that in the current contract between the parties, specifically in the ninth article, there is viability for medical program students to be authorized to complete the internship in private centers, such as CIMA hospital, Clínica Bíblica hospital, and La Católica hospital, among others, and also as indicated in the “Reglamento de Trabajos Finales De Graduación En El Grado De Licenciatura (Tfg).” That the University desist from maintaining the internship solely within the C.C.S.S. and enable this practice in private health centers as is proper, since it is considered a decision based solely on a stereotype linked exclusively to the unsupported preconception that private centers do not meet conditions, when it has been demonstrated that the C.C.S.S. itself contracts private health center services to expand its installed capacity. Not to limit the possibility of choosing the internship in private health centers, given that currently this limitation constitutes unequal, discriminatory, and harmful treatment of the education rights of UCIMED medical program students in proportion to those of other private universities, such as UNIBE, Universidad Latina de Costa Rica, Universidad Hispanoamericana, Universidad Internacional de las Américas, among others, where medical students who wish to complete their medical internship in private hospitals can do so, so as not to limit their students and create disadvantages for them due to the delay caused by not having a placement in the CCSS. Also, to avoid discriminatory and unequal treatment in relation to programs within UCIMED itself that do have the possibility of completing their internships in private hospitals, as in the cases of the Pharmacy and Microbiology programs. Similarly, discriminatory treatment in relation to foreign students under agreements serviced by UCIMED. That approval be granted to complete the internship in a private hospital that does have clinical placements available for medical students, so as not to delay their progress, since this does not imply a disbursement for the university, given that the economic cost is covered by the students, according to the contract. That it be taken into account that waiting to obtain a space in the C.C.S.S. to fulfill the academic requirement might well not guarantee immediate completion of the internship, since this delay could even come from a lack of installed capacity at the C.C.S.S., even if the clinical placement has been obtained through the IFOM; it would generate another delay in taking the ECOM exam, as has already occurred with students from previous semesters, and would even delay the start of working life or the opportunity to access the medical specialty of their choice, which could well be at UCIMED itself, which has already won its struggle to train medical specialists, something previously limited solely to the public sector.\n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers this Chamber to reject, outright or on the merits, at any time, even from its filing, any action brought before it that proves to be manifestly improper, or when it considers there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of an earlier equal or similar action that was rejected.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant claims that the respondent university prevents the protected parties—final-year medical program students—from completing the internship in private health centers, and compels them to take an exam to compete for the few clinical placements offered by the C.C.S.S., which she deems even contrary to the contract signed with that university. She further considers that such a measure is unequal, since in other programs completing the internship in private medical centers is permitted, not only in those of the C.C.S.S.\n\nII.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. In this regard, it is appropriate to indicate that this Tribunal, in judgment no. 2021-5444, at 9:15 a.m. on March 12, 2021, stated in a similar case the following:\n\n“II.- SPECIFIC CASE. First, it must be noted that the purpose of the amparo appeal is to provide timely protection against violations or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as a generic instrument for channeling all types of petitions. Given the foregoing, it is not within the purview of the constitutional jurisdiction to establish—based on academic criteria and policies, internal regulations, and the terms of the contracts signed between private universities and their students—whether the methodologies used to determine which students enter the university rotating internship block are appropriate or not from an academic or technical standpoint. Said aspect is not directly related to a potential direct violation of the right to education, but rather to matters pertaining to ordinary legality. Therefore, the petitioner may, if she deems fit, resort to the respondent university itself, the National Council of Private Higher Education (Consejo Nacional de Educación Superior Privada, CONESUP), or the ordinary jurisdiction, in order to file there the actions she deems pertinent so that what is appropriate in law is resolved. On the other hand, the appellant claims to be discriminated against because other classmates were authorized to enroll in the clinical placements of the university rotating internship. Regarding this claim, it must be noted that the principle of equality established in article 33 of the Political Constitution does not possess an absolute character, as it does not, strictly speaking, grant a right to be equated with any individual without distinction of circumstances, but rather to demand that the law not make differences between two or more persons who are in the same legal situation or in identical conditions, and equal treatment cannot be sought when conditions or circumstances are unequal, or when the situation denounced is illegal or irregular. In that sense, whoever invokes the violation of this principle must provide evidentiary elements to allow a full comparison of parameters and, in this way, ascertain whether or not inequality occurs. However, in the specific case, the appellant alludes to inequality but does not present any specific element for comparison. Consequently, the claim is inadmissible in all its aspects.”\n\nAs indicated in this precedent, this jurisdiction is not competent to review the contracts signed between the parties, nor to determine whether that university must permit or not permit the internship to be completed in private medical centers as, according to their claims, is permitted for other programs—which she admits are different—at that same university. Nor is it competent to establish whether or not a test must be taken to opt for a placement in the internship, as this is a discussion of mere legality. In that case, the petitioner must, if she deems fit, raise her claim before the respondent university itself, the National Council of Private Higher Education (CONESUP), or the ordinary jurisdiction, so that what is appropriate in law is resolved. As far as this Tribunal is concerned, the amparo is inadmissible.\n\nIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from this office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period shall be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is rejected outright." }