{ "id": "nexus-sen-1-0007-1315453", "citation": "Res. 23206-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo por falta de agua potable en La Ganga de Siquirres", "title_en": "Amparo for lack of drinking water in La Ganga de Siquirres", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo de vecinos de la comunidad La Ganga, en Siquirres, Limón, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y la ASADA de Linda Vista, por la falta de suministro de agua potable. El acueducto, con más de 40 años, presenta incapacidad hidráulica y de infraestructura que impide brindar el servicio. Aunque existe un proyecto de ampliación, se encuentra detenido por falta de recursos. El tribunal estimó que, si bien las administraciones no están obligadas a prestar un servicio que no pueden satisfacer, en este caso se acreditó la existencia de un proyecto de mejora que permitiría solucionar el problema, y la falta de acción de las autoridades recurridas vulneró los derechos fundamentales de la comunidad. Declaró con lugar el amparo y ordenó ejecutar de inmediato un plan remedial y finalizar el proyecto en dieciocho meses, bajo apercibimiento de prisión o multa, y condenó al pago de costas y daños. La magistrada Garro Vargas salvó el voto en cuanto a la ejecución, que estimó debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by residents of La Ganga, Siquirres, Limón, against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) and the Linda Vista ASADA, for lack of drinking water supply. The aqueduct, over 40 years old, has hydraulic and infrastructure deficiencies preventing service. Although an expansion project exists, it is stalled due to lack of funds. The court held that, while authorities are not forced to provide an impossible service, the existence of a feasible improvement project and the inaction of the respondents violated the community's fundamental rights. It granted the amparo, ordering immediate implementation of a remedial plan and completion of the project within eighteen months, with warning of imprisonment or fine, and imposed costs and damages. Magistrate Garro Vargas dissented regarding enforcement, stating it should be handled by the Administrative Litigation Court's Enforcement Area.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "24/07/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "water-law" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "derecho humano al agua potable", "ASADA", "plan remedial", "ente rector", "incapacidad hidráulica", "amparo", "voto salvado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 1 y 2", "law": "Ley Constitutiva del ICAA" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Reforma Art. 50 CP", "law": "Ley 9849" } ], "keywords_es": [ "agua potable", "derecho humano al agua", "ASADA", "ICAA", "amparo", "servicio público", "plan remedial", "eficiencia servicios públicos", "Sala Constitucional", "voto salvado" ], "keywords_en": [ "drinking water", "human right to water", "ASADA", "ICAA", "amparo", "public service", "remedial plan", "efficiency of public services", "Constitutional Chamber", "dissenting vote" ], "excerpt_es": "Sin embargo, si bien la Sala ha avalado que cuando existe un problema como la falta de capacidad hídrica o de infraestructura, ni el ICCA ni las ASADAS se encuentran obligadas a brindar un servicio que no puede satisfacer y esa denegatoria no es arbitraria, tal y como sucedió en la gestión planteada en 2021; lo cierto es que en el caso bajo estudio y en este momento, este Tribunal considera que sí existe una lesión a los derechos del tutelado, pues consta que actualmente ya existen los proyectos de mejora que permitirán solucionar la situación aquejada.\n\nAsí las cosas, en el sub lite queda en evidencia que existe un problema estructural para procurar la prestación del servicio a la comunidad de La Ganga... lo que ha ocasionado que la zona no tenga suministro de agua potable. (...) En ese orden de ideas, este Tribunal estima que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales de la comunidad de Linda Vista, pues, en este proceso, si bien se acreditó que se han tomado algunas medidas respecto a la problemática denunciada, lo cierto es que actualmente la zona no tiene acceso a agua potable.", "excerpt_en": "However, although the Chamber has endorsed that when there is a problem such as a lack of hydraulic capacity or infrastructure, neither the ICAA nor the ASADAs are obliged to provide a service they cannot satisfy and such denial is not arbitrary, as occurred in the 2021 request; the truth is that in the present case, this Court considers that there is indeed a violation of the petitioner's rights, since it is evident that improvement projects to resolve the situation already exist.\n\nThus, in this case it is evident there is a structural problem in providing service to the La Ganga community... which has caused the area to have no drinking water supply. (...) Consequently, this Court finds that the respondent authorities have violated the fundamental rights of the Linda Vista community, because, while some measures have been taken, the area currently lacks access to drinking water.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The amparo is granted; immediate remedial plan and project completion within 18 months are ordered.", "summary_es": "Se declara con lugar el amparo; se ordena ejecutar de inmediato un plan remedial y finalizar el proyecto de ampliación en 18 meses." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The lack of resources does not justify the failure of public administrations to fulfill their duties in providing this basic service.", "quote_es": "La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "The ICAA has the duty to supervise and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems.", "quote_es": "El ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1315453", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 23206 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 24 de Julio del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-017675-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: SERVICIOS PÚBLICOS\n\nSubtemas:\n\nAGUA POTABLE.\n\n023206-25. SERVICIOS PÚBLICOS. SE ORDENA AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE LINDA VISTA, QUE: A) DE INMEDIATO SE EJECUTE UN PLAN REMEDIAL PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA GANGA, UBICADO EN LIMÓN, SIQUIRRES, LINDA VISTA, EN EL TANTO SE FINALIZA EL PROYECTO \"\"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA HACIA LA COMUNIDAD DE 52 MILLAS, CANTÓN DE SIQUIRRES”; B) DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DIECIOCHO MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE FINALICE EL PROYECTO \"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA HACIA LA COMUNIDAD DE 52 MILLAS, CANTÓN DE SIQUIRRES”, QUE PERMITA DOTAR DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD LA GANGA, UBICADO EN LIMÓN, SIQUIRRES, LINDA VISTA,, DE MANERA QUE UNA VEZ FINALIZADO ESTE, SE BRINDE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS VIVIENDAS DE LA ZONA QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO INFRACONSTITUCIONAL, DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ Y CONTINUA. VCG08/2025\n\n“(…) VII.-Sobre el fondo. En la especie, la parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, pues en la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, tiene un acueducto de más de 40 años, el cual cuenta con una problemática de incapacidad hidráulica y de infraestructura, lo cual imposibilita el suministro de agua potable, por parte de la ASADA de Linda Vista, quien es la encargada de prestar tal servicio.\n\nDebido a la problemática de marras, el ICAA, en conjunto con el JAPDEVA, planea ejecutar el proyecto \"Mejora y Ampliación del Acueducto de Linda Vista y sector La Ganga.\", el cual tiene como fin la mejora y ampliación del acueducto, el cual está proyectado para iniciar en 2026.\n\nDe conformidad con el ICAA, para la ejecución del proyecto se “está en la búsqueda de financiamiento para el proyecto, debido a que la institución en este momento no dispone de los fondos necesarios para llevarlo a cabo. El pasado 23 de junio, el AyA envió solicitud a JAPDEVA para postular varios proyectos para financiamiento mediante el Canon de Desarrollo Regional, entre ellos el proyecto: “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.” (…) aún no se ha iniciado el proceso de licitación para este proyecto”.\n\nPor su parte, según la ASADA, esta es “ajena a este proyecto en el sentido de que no tiene ni la capacidad ni los recursos como para comprometerse a llevarlo a la práctica por sí sola (…) de los 11 recurrentes del presente recurso de amparo, ya tienen desde años atrás su servicio de agua potable para su casa de habitación, los señores: [Nombre 001], [Nombre 006] (esposa de [Nombre 001]), [Nombre 007], [Nombre 013] y [Nombre 012], lo cual es improcedente que refieran verse afectados por una eventual negativa de la disponibilidad de agua si ya la están disfrutando, a no ser que, presumiblemente, requieran de otro servicio, quizás de una finca agrícola, no constando en el Acueducto, la solicitud formal de carta de disponibilidad alguna (…) no podemos proveer de más servicios si no se cuenta con la capacidad hidráulica de infraestructura para ello, de lo cual los recurrentes tienen muy en claro, caso contrario, desmejoraría la cantidad y calidad de agua para los actuales usuarios. Es necesario un estudio hídrico para determinar la capacidad del acueducto, la necesidad de mejoras, y que el ente rector, AYA, autorice, lidere y provea de recursos económicos para llevar a cabo las obras.”.\n\nVIII.- Se acredita que es en virtud de la falta de recursos económicos y técnicos por parte de la del ICAA que aún no se ha siquiera iniciado con la primera etapa del proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”.\n\nDe conformidad con la recurrida, la falta de recursos obedece a que los ingresos que se perciben son de las tarifas establecidas por ARESEP y son para la operación del servicio actual. Sin embargo, de los autos se constata que la prestación del servicio no se está dando, pues no hay agua potable en la zona.\n\nPor lo anterior, se está coordinando con JAPDEVA la gestión de recursos para la ejecución de la primera etapa del proyecto y se espera que el mismo inicie en 2026.\n\nIX.De lo expuesto, en primer lugar, indicar que respecto a la gestión planteada el 17 de mayo de 2021 por los vecinos de la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, consta que en esa fecha remitieron un oficio a la ASADA de Linda Vista en el cual plantearon el suministro del servicio de agua potable. Al respecto, consta que el 19 de mayo de 2021, la ASADA recurrida informó a los vecinos de la zona que no se podía aprobar la solicitud “por cuanto el acueducto no cuenta con disponibilidad hidráulica por las razones apuntadas en dicho oficio, y se les hace saber del eventual proyecto de mejoras y ampliación del ramal propuesto por AYA.” En ese sentido, consta que la gestión fue atendida por parte de la ASADA dentro de un plazo razonable, siendo que se les explicó la problemática que tiene el acueducto de la zona y la imposibilidad del suministro de agua por esa misma razón.\n\nSin embargo, si bien la Sala ha avalado que cuando existe un problema como la falta de capacidad hídrica o de infraestructura, ni el ICCA ni las ASADAS se encuentran obligadas a brindar un servicio que no puede satisfacer y esa denegatoria no es arbitraria, tal y como sucedió en la gestión planteada en 2021; lo cierto es que en el caso bajo estudio y en este momento, este Tribunal considera que sí existe una lesión a los derechos del tutelado, pues consta que actualmente ya existen los proyectos de mejora que permitirán solucionar la situación aquejada.\n\nAsí las cosas, en el sub lite queda en evidencia que existe un problema estructural para procurar la prestación del servicio a la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, por parte de la ASADA de Linda Vista, lo cual ha ocasionado que la zona no tenga suministro de agua potable.\n\nAhora bien, a pesar de que consta que el ICAA planea ejecutar el proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”, con la colaboración de JAPDEVA; lo cierto es que de los propios informes rendidos se desprende que el proyecto actualmente está detenido, pues existe una imposibilidad material por la falta de recursos técnicos y económicos para iniciar el proyecto y así poder suministrar agua potable a la zona.\n\nAsimismo, se echa de menos que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector del servicio de agua potable, coordinara junto con la ASADA de Linda Vista, encargada de la prestación del servicio de agua potable en la zona, la ejecución de un plan remedial para brindar el servicio de agua potable a la comunidad tutelada, a fin de procurar el acceso a agua potable.\n\nEn ese sentido, es menester reiterarle al ICAA que, como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales; así como de coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de Río Frío, por lo que no es de recibo para esta Sala el alegato de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de la zona. Por el contrario, le compete al ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de Linda Vista ajuste su funcionamiento a derecho y se logre suplir de agua potable a la zona.\n\nAdemás, se aclara que, si bien la ASADA recurrida manifestó que algunos recurrentes sí cuentan con la disponibilidad de agua potable, lo cierto es que de los informes rendidos se constató que en realidad sí existe una problemática para la prestación del servicio en la zona.\n\nEn ese orden de ideas, este Tribunal estima que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales de la comunidad de Linda Vista, pues, en este proceso, si bien se acreditó que se han tomado algunas medidas respecto a la problemática denunciada, lo cierto es que actualmente la zona no tiene acceso a agua potable. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia. (…)”\n\n\n\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) IV.- Sobre el derecho al agua potable. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:\n\n“(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).\n\nPor su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que \"el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos\". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.\n\nPor su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.\n\nEl concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que \"al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a \"emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua,\" sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).\n\nDe lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc (…)” (véase la sentencia No. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).\n\nAdicionalmente, a partir de la vigencia de la ley No. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:\n\n“(…) ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.\n\nToda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.\n\nEl Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.\n\nLa ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.\n\nToda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones (…)” (el destacado fue agregado).\n\nSobre el particular, en la sentencia No. 2020-03982 de las 11:50 hrs. de 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:\n\n“(…) VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:\n\n“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:\n\nArtículo 50.-\n\n(…)\n\nToda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.\n\nARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:\n\nArtículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.\n\nLa propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.\n\nLa Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».\n\nEn este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.\n\nEs importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.\n\nAsimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.\n\nEs importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.\n\nPor otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.\n\nEs por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:\n\n“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original-\n\nEsta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:\n\n“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido-\n\nDe tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nEs por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.\n\nEn este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución (…)”.\n\nDe igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:\n\n“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.\n\n3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, \"incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados\", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra \"incluso\" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.\n\nAdemás, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)\n\n10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.\n\n11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.\n\n12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:\n\na) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.\n\nb) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.\n\nc) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:\n\ni) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.\n\nii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.\n\niii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.\n\niv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)\n\n25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.\n\n26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.\n\n27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.\n\n28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)\n\n37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:\n\na) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;\n\nb) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;\n\nc) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;\n\nd) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;\n\ne) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;\n\nf) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;\n\ng) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;\n\nh) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;\n\ni) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)” (el destacado fue agregado).\n\nLo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.\n\nPor otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:\n\n“(…) 121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.\n\n122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.\n\n123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.\n\n124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.\n\n125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado fue agregado). (…)” VCG08/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: Eficiencia y eficacia de los servicios públicos\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nPRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.\n\n“(…) VI.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable. Sobre el particular, en la sentencia No. 2016-12058 de las 9:30 hrs. de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:\n\n“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.\n\nAl efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:\n\n“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:\n\n“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:\n\n“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)\n\nEn consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:\n\n“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)\n\nCon lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original)\n\n“V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.\n\nAl respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes. Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir. Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).\n\nEn adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: \"Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos (…)\". (…)” VCG08/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 056- Ejecución de sentencias\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nX.--VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que, en el plazo máximo de dieciocho meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se concluya el proyecto de ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, en el cantón de Siquirres, con el fin de garantizar el acceso efectivo a ese servicio esencial. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.\n\nVCG08/2025\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-017675-0007-CO\n\nRes. Nº 2025023206\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, FREDDY ROMERO ARAYA, cédula de identidad CED02, Nombre02, cédula de identidad CED03, Nombre03, cédula de identidad CED04, Nombre04, cédula de identidad CED05, Nombre05, cédula de identidad CED06, Nombre06, cédula de identidad CED07, Nombre07, cédula de identidad CED08, Nombre08, cédula de identidad CED09, RODOLFO CAMACHO VALVERDE, cédula de identidad CED10, y Nombre09, cédula de identidad CED11, contra la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE LINDA VISTA y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).\n\nResultando:\n\n 1.-Mediante escrito recibido el 18 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que son vecinos y propietarios de fincas del sector La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista. Reclaman que actualmente no cuentan con el servicio de agua potable. Indican que la Asociación Administradora de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados -ASADA- de Linda Vista provee agua potable a los terrenos que se encuentran hasta un kilómetro desde la entrada sobre la calle principal, dejando al resto de las propiedades sin ese servicio fundamental, alegando que, con el grosor de la tubería actual, no es posible abastecer a los demás predios. Señalan que el 17 de mayo de 2021, un grupo de vecinos plantearon una solicitud formal ante la ASADA de Linda Vista para el suministro del servicio de agua potable, fundamentando la petición en el artículo 50 de la Constitución Política. Explican que el 3 de julio de 2023, se creó, a petición del señor Carlos Matamoros, funcionario de ICAA, un grupo en WhatsApp denominado \"Grupo interesados acueducto La Ganga\", en donde se les citó a reunión para exponerles el proyecto \"Mejora y Ampliación del Acueducto de Linda Vista y sector La Ganga.\". Acotan que el 19 de julio de 2023, se les remitió por ese mismo medio la invitación para esa reunión, a efectuarse: en el Dirección01, el 28 de julio de 2023, a las 04:00 p.m. Explican que, el día señalado, se llevó a cabo la reunión con todos los vecinos interesados en la dotación de agua potable. Señalan que, en esa reunión, el señor Carlos Matamoros, de ICAA, en coordinación con el señor Jorge Camacho Valverde, funcionario de la ASADA, presentaron el proyecto denominado \"Ampliación del Sistema de agua potable para el proyecto Linda Vista a 52 Millas de Siquirres\". Narran que ese proyecto consistía, citan textualmente: \"…realizar una mejora al sistema de acueducto de la ASADA Linda Vista, debido a que es un acueducto que tiene más de 40 años de existencia, y a partir de esa mejora, realizar la construcción de un nuevo sistema que lleve agua a la comunidad de La Ganga y, además, a la comunidad de 52 Millas, con el fin de garantizar agua de calidad, cantidad y cobertura. Esto vendría a resolver la problemática que se presentó en el año 2019 con la contaminación por hidrocarburos, que los dejó sin opciones de contar con un sistema de acueducto para suplir sus necesidades diarias de agua potable\". Además, agregan que el proyecto indicaba la instalación de un total de 185 previstas para beneficiar a una población de 759 personas, ya que son muchas las personas afectadas con esta situación. Mencionan que, en esa reunión, el señor Matamoros indicó que era necesaria la construcción de dos tanques adicionales y que las etapas contempladas para el proyecto eran las siguientes: 1. Instalación de 7.000 metros de tubería de distribución. 2. Reparaciones generales del tanque de almacenamiento existente. 3. Construcción de un tanque semi-enterrado de almacenamiento de 100 m³. 4. Construcción de una caseta de cloración. 5. Instalación de equipo productor de hipoclorito de sodio. 6. Construcción de cinco cajas de concreto para sistemas de válvulas reductoras de presión. 7. Construcción de un tanque de almacenamiento semi-enterrado de 30 m³, con sus respectivas cajas de válvulas. 8. Instalación de válvulas de purga, de aire y de combinación. 9. Instalación de 34 previstas nuevas con perforación horizontal tipo \"topo\" sobre la Dirección02. 10. Instalación de 43 previstas nuevas con excavación sobre la Dirección02. 11. Modificación de 34 previstas domiciliarias instaladas en tubo existente a reutilizar. 12. Instalación de 108 previstas domiciliarias nuevas con su respectivo hidrómetro. 13. Suministro de 12 hidrómetros. 14. Instalación de 28 m³ de concreto para bloques de anclaje. 15. Instalación de una prevista para hidrante frente a la escuela de Linda Vista. 16. Construcción de dos cruces de tubería por calle de asfalto con perforación horizontal tipo \"topo\". 17. Construcción de pasos de tubería por bajo y pasos autosoportantes. 18. Construcción de un monumento conmemorativo. 19. Prueba de funcionamiento general del sistema. Exponen que el señor Matamoros también señaló que la primera etapa del proyecto estaba prevista para iniciar en el 2024 e incluso les indicó el sobre el costo de la paja de agua y la tarifa según la tabla de ARESEP que tendrían que pagar una vez estuviera avanzado el proyecto y aprobada la dotación del agua. Comentan que el 5 de agosto de 2024, el señor Carlos Matamoros, funcionario del ICAA, indicó al grupo de WhatsApp, lo siguiente: \"Buenas tardes, espero que todos se encuentren bien, el proyecto ya cuenta con la viabilidad ambiental, se espera que el otro año se inicien las obras. Ya cuenta con las viabilidades.\". Arguyen que el 9 de abril de 2025, mediante un mensaje al grupo de WhatsApp, la ASADA comunicó lo siguiente: \"Buenas tardes estimados vecinos, este proyecto ha sido un largo proceso y en estos proyectos siempre pasan cosas que alargan el proceso, de momento, el proyecto ya se encuentra en licitación sin embargo todo lleva un debido proceso, según la última conversación con @Carlos Matamoros se estima que el proyecto daría inicio aproximadamente el segundo trimestre del 2026…\". Señalan que, revisado el Sistema de Compras SICOP, aún no se encuentra esa licitación en curso. También mencionan que, a la fecha, ni el ICAA ni la ASADA les han informado de alguna novedad o convocado a otra reunión de seguimiento. Alegan que la falta de dotación de agua potable constituye un riesgo al goce de los derechos humanos, especialmente al derecho a un ambiente sano, a la salud, a una alimentación adecuada y a la vida. En otras palabras, afirman que atenta contra la salud, toda vez que la población se encuentra expuesta a contraer enfermedades debido a la falta de este bien jurídicamente tutelado. Por lo expuesto, solicita la intervención de la Sala.\n\n2.-Mediante resolución de las 19:04 horas de 19 de junio de 2025, se dio curso al proceso y se solicitó informe al gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; además, se le dio traslado a Jorge Jesús Camacho Valverde, cédula de identidad CED12, en su condición de presidente de la Asociación de Acueducto de Linda Vista, sobre los hechos alegados.\n\n3.- Informa bajo juramento María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo siguiente: “Según refiere el informe N° GSD-UEN-AP-2025-00869: “Por el tipo de topografía del lugar, el acueducto existente no tiene la capacidad para abastecer a este sector de La Ganga. Cabe indicar que se verificó con la ASADA sobre la emisión de constancias de disponibilidad de agua para los vecinos de este sector, indicando la ASASA que se han rechazado las solicitudes de disponibilidad de agua presentadas por los interesados debido a que no se cuenta con infraestructura de agua potable, por lo presume que la edificación de viviendas se realizó sin los permisos de construcción reglamentarios, situación que sería conveniente se consulte a la Municipalidad de la zona” (…) se creó un grupo de WhatsApp en el que fue incluido el funcionario del AyA Carlos Matamoros, con el propósito de informar a los propietarios sobre los avances del proyecto y mantener un canal de comunicación efectivo. Esta medida se tomó considerando que varios de los propietarios no residen en el sector de La Ganga, y que son pocas las personas que habitan actualmente en las viviendas existentes. En total, en este sector se contabilizan únicamente siete viviendas habitadas y ocho parcelas sin edificaciones, es decir, la mayoría de los recurrentes no habita en el sector sino en Cartago y San José. (…) “La reunión se llevó a cabo el día 28 de Julio de 2023, se expuso el proyecto y la descripción de las obras a construir, así como los requisitos que deben cumplir los nuevos usuarios al sistema. En dicha reunión estuvieron presentes por parte del AyA el funcionario Carlos Matamoros, el presidente de la ASADA, vecinos y propietarios del sector de La Ganga según consta en la minuta adjunta. Cabe señalar que el funcionario de AyA no informó sobre la fecha de inicio del proyecto. Respecto al estado del proyecto, se indica lo siguiente: 1. Se cuenta con el diseño del proyecto terminado. 2. Se elaboraron los términos de referencia correspondientes para la contratación de la construcción de las mejoras el acueducto. 3. AyA está en la búsqueda de financiamiento para el proyecto, debido a que la institución en este momento no dispone de los fondos necesarios para llevarlo a cabo. El pasado 23 de junio, el AyA envió solicitud a JAPDEVA para postular varios proyectos para financiamiento mediante el Canon de Desarrollo Regional, entre ellos el proyecto: “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.” (el destacado no es del original) (…) aún no se ha iniciado el proceso de licitación para este proyecto, el estado del mismo fue referido en el hecho quinto del presente informe…” (sic).\n\n4.-Contesta audiencia Jorge Jesús Camacho Valverde, cédula de identidad CED12, en su condición de presidente de la Asociación de Acueducto de Linda Vista y manifiesta lo siguiente: “Respecto de los hechos denunciados, el suscrito representante de la ASADA recurrida me permito referirme puntualmente a los mismos de la siguiente forma: a) es cierto que mi representada preste el servicio de suministro de agua potable para la comunidad de Linda Vista de Siquirres, siendo que el acueducto e infraestructura tienen a hoy día más de cuarenta años de haberse establecido, ocurriendo que cuatro décadas atrás, no era de suponer la demanda de agua potable que enfrentamos a hoy día para nuevos servicios y principalmente de comunidades alejadas que no forman parte del sector para el cual inicialmente fue creado el acueducto y del cuanto contamos con la capacidad hidráulica, es decir con la infraestructura sino de un problema de incapacidad hidráulica y de infraestructura que requiere de una enorme mejora previa e inversión millonaria, para proveer de nuevos servicios. Es así que el acueducto no cuenta con los recursos económicos, siendo resorte de la entidad rectora Instituto de Acueductos y Alcantarillados, verificar la viabilidad y factibilidad del proyecto de ampliación y mejora del acueducto, y ante nuestra insuficiencia económica, la búsqueda de los recursos para llevarlo adelante, en tanto las comunidades en cuestión, no forman parte del territorio competencial actual de la ASADA. Además, no existe un estudio hídrico actualizado que determine la capacidad hídrica e hidráulica (de infraestructura), del acueducto, como para conocer a ciencia cierta, la posibilidad de proveer de más servicios y cuántos, sin afectar a los actuales abonados. La ASADA es ajena a este proyecto en el sentido de que no tiene ni la capacidad ni los recursos como para comprometerse a llevarlo a la práctica por sí sola, nótese las disposiciones técnicas para las mejoras y magnitud de las obras necesarias a realizar expuestas por los mismos recurrentes, principalmente ante las características topográficas del sector para el cual solicitan los recurrentes los servicios, lo cual supera enormemente la capacidad limitada del acueducto; b) Otro aspecto importante de señalar es el hecho de que de los 11 recurrentes del presente recurso de amparo, ya tienen desde años atrás su servicio de agua potable para su casa de habitación, los señores: Nombre01, Nombre05 (esposa de Nombre06, Rodolfo Camacho Valverde y Freddy Romero Araya, lo cual es improcedente que refieran verse afectados por una eventual negativa de la disponibilidad de agua si ya la están disfrutando, a no ser que, presumiblemente, requieran de otro servicio, quizás de una finca agrícola, no constando en el Acueducto, la solicitud formal de carta de disponibilidad alguna por parte de ellos de un nuevo servicio, ni el aporte de requisitos tales como certificación de propiedad, copia de plano, formulario de solicitud, etc. Por su parte, respecto de los demás recurrentes no consta en archivos de la Asada, haber recibido individualmente solicitud formal personal alguna, ni aporte de requisitos, desconociendo la ASADA, si tienen propiedad en el sector, en tanto no han entregado prueba de titularidad, certificación, planos, etc. Únicamente existe un oficio fechado del 17 de mayo de 2021, \"eventualmente\" suscrito por vecinos de Bajo de Tigre, el cual no tiene ninguna formalidad, carece de nombres, cédulas de identidad, firmas ni medio de notificaciones, entregado por un tercero, y al cual se le dio copia con sello de recibido, siendo las únicas firmas de dicho documento, las de personeros de la ASADA, documento que ha sido presentado por los recurridos, como prueba. De dicha solicitud colectiva, la Asada resolvió mediante oficio del 19 de mayo de 202 1, el no aprobar la solicitud, por cuanto el acueducto no cuenta con disponibilidad hidráulica por las razones apuntadas en dicho oficio, y se les hace saber del eventual proyecto de mejoras y ampliación del ramal propuesto por AYA.  Reiteramos, la solicitud presentada por los recurrentes fue hecha de manera informal y en forma colectiva, las cuales fueron rechazadas en razón de que el acueducto no cuenta con la infraestructura suficiente, ocurriendo que incluso, eventualmente y para algunos casos, se habrían levantado edificaciones de viviendas sin los permisos de construcción municipales, siendo responsabilidad de sus propietarios el haber incurrido eventualmente en anomalías. No omitimos en indicar, que ninguno de los solicitantes, han presentado prueba de titularidad de los inmuebles, plano catastrado ni usos de suelo, es decir omiten los procedimientos y requisitos reglamentarios y de ley; c) Es de sorprender que varios de los recurrentes ni tan siquiera habitan en el lugar, incluso en otra provincia, y pareciera que pretenden exigir el suministro de agua potable para su finca de vacacionar o para regadío de cultivos o para actividad pecuaria, sin tener consideración de la afectación negativa que generaría a los actuales usuarios que tienen años de contar con el suministro de agua potable para sus hogares, dada la falta de capacidad hidráulica (de infraestructura) y técnica, que enfrenta actualmente la Asada, máxime tratándose de una ampliación considerable de la red de tuberías y problemas de topografía que supera su capacidad actual; d) Ahora bien, respecto del proyecto de mejora y ampliación del acueducto, se trata de un proyecto liderado por AYA en conjunto con JAPDEVA, y la ASADA, no tiene ni la competencia ni la capacidad económica como para llevar adelante un proyecto de tal magnitud, por lo que no somos responsables de la supuesta \"eventual demora\" de la cual hacen referencia los recurrentes, quienes indican en el recurso, que se tenía proyectado para el segundo semestre del año 2026 el inicio del referido proyecto propuesto por AYA en conjunto con IAPDEVA. Aclaramos que, el inicio del proyecto no depende de la ASADA, depende de que AYA obtenga los recursos necesarios para su inicio, reiterando, que no es competencia de mi representada dicha situación, siendo que la ASADA no puede comprometerse a otorgar nuevos servicios de agua potable a nuevas comunidades, por falta de capacidad hidráulica técnica, y si no se realizan, de previo, las mejoras que los mismos recurrentes exponen en su recurso, máxime la situación de topografía de los terrenos, caso contrario, lejos de mejorar, nos obligarían a perjudicar usuarios que por décadas, tienen el suministro de agua, de allí que la ASADA no ha extendido ni aprobado la disponibilidad de agua a ningún solicitante; e) Por su parte, respecto de la afectación en la salud, a la vida, a la sana alimentación, etc; en perjuicio de los recurridos, dicha afirmación no tiene fundamento alguno, dado que en su mayoría los recurrentes solicitan el agua no para su casa de habitación, sino para sus fincas, y si alguno ya tiene casa construida en el lugar en cuestión, habrían construido al margen de la ley, sin carta de disponibilidad de agua potable, sin uso de suelo, sin permiso de construcción, etc; y no es responsabilidad de la ASADA haber construido eventualmente en forma irregular, siendo su obligación, ponerse en regla con la municipalidad respectiva, previo a cualquier gestión. TERCERO: Aunque la ASADA tenga buena voluntad de poder ayudar a usuarios nuevos para el suministro del agua, ofreciendo su colaboración en el caso eventual de concretarse las mejoras y ampliación del acueducto, es de tener en cuenta que actualmente (sin dichas mejoras y ampliación), no podemos proveer de más servicios si no se cuenta con la capacidad hidráulica de infraestructura para ello, de lo cual los recurrentes tienen muy en claro, caso contrario, desmejoraría la cantidad y calidad de agua para los actuales usuarios. Es necesario un estudio hídrico para determinar la capacidad del acueducto, la necesidad de mejoras, y que el ente rector, AYA, autorice, lidere y provea de recursos económicos para llevar a cabo las obras. Además, los recurrentes no han gestionado como en derecho corresponde, la solicitud formal de carta de disponibilidad de agua, ni han presentado los requisitos de ley, entre ellos, certificación de propiedad que demuestre ser propietarios de un terreno apto para construir, plano catastrado, etc, habiéndolo hecho de forma muy informal, en un escrito colectivo, carente de nombres, identidad, firmas y cumplimiento de requisitos [oficio del 17 mayo 2021),por lo que se les rechazó la gestión, por motivos de no contar el acueducto con capacidad hídrica y técnica, además, los recurrentes no aportaron los referidos requisitos. De igual manera, los recurrentes no han sido claros en informar, si el servicio lo requieren para uso de vivienda, o bien, su propósito es regadío de fincas para cultivos, industria o actividad pecuaria, debiendo la ASADA atender en forma privilegiada, las solicitudes para consumo humano ante nuestra falta de capacidad hidráulica y técnica. (…) Se está en espera de una prueba técnica necesaria y de la efectiva mejora y ampliación del acueducto. QUINTO: Los recurrentes hablan de una solicitud de \"vecinos\" y de un chat de Whats app, el cual no es un medio idóneo para gestiones administrativas, y no han presentado solicitud formal de la llamada \"Solicitud de \"Carta de Disponibilidad de Agua Potable\", ya sea para que estos inicien los trámites ante la Municipalidad correspondiente, de una eventual construcción de vivienda, debiendo entregar al Municipio, requisitos como: certificación literal de propiedad, plano catastrado, aprobación de uso de suelo, planos de construcción, constancia del servicio de electricidad, etc, y en otros casos, de haber construido sin permisos municipales, no es responsabilidad ni competencia de la ASADA ante dicha irregularidad, sin olvidar que la ASADA no puede ni debe poner en riesgo el actual servicio, si las solicitudes (las cuales no se han hecho formalmente), no son para habitación de los recurrentes ni familia, sino, eventualmente tratándose de algún lugar de esparcimiento, actividades sociales, regadío de cultivos, actividad pecuaria, industrial, o algún tipo de actividad comercial, por lo que es necesario establecer con claridad para qué es el servicio de agua que eventualmente solicitan y no podemos tampoco dar excepciones a persona alguna. Para ello son estrictamente necesarios los estudios técnicos por parte de AYA para la aprobación del eventual proyecto de mejora y ampliación del acueducto, pero, reiteramos, para el caso en particular, no es competencia de la ASADA. SEXTO: De la aseveración de los recurrentes en cuanto a que la ASADA provee del suministro de agua potables a los terrenos que se encuentran hasta un kilómetro desde la entrada sobre la calle principal, dejando al resto de las propiedades sin ese servicio fundamental, parecieran insinuar un trato discriminatorio, sin embargo, los recurrentes omiten en indicar a esta Honorable Sala, que los actuales abonados propietarios de dichos terrenos, tienen décadas de haber realizado sus trámites, y sobre ellos ya construyeron años atrás, y en aquél entonces, no solo debieron cumplir con todos los requisitos establecidos, sino, que para ese tiempo no existía la cantidad de servicios que a hoy día existen, lo cual no podrían alegar que se les dé un trato desigual dado que la capacidad del acueducto a hoy día ha disminuido considerablemente en comparación con hace diez, veinte, treinta o cuarenta años atrás. Sin olvidar que las comunidades para las cuales los recurrentes solicitan el recurso, está alejadas del territorio para el cual se construyó el acueducto, ocurriendo que no sólo es necesario mejorar el calibre de toda la tubería, sino realizar una extensión del ramal hacia esas comunidades, colocación de nuevos tanques de almacenamiento, superar deficiencias en la topografía y por supuesto, constitución de servidumbres de acueducto. Siendo que los interesados conforme a la ley, deberían a costa suya, realizar las respectivas mejoras y ampliación del ramal. Por su parte, igualmente deberán los recurrentes, aclarar la situación de sus terrenos, y deberán aportar los requisitos exigidos para poder ser, previa mejora del acueducto, eventuales acreedores de la aprobación de la carta de disponibilidad del agua, caso contrario, el acueducto tendrá la facultad de rechazar la gestión por incumplimiento de los requisitos y procedimientos legales que los recurrentes no pueden evadir. SÉTIMO: Finalmente, respecto del derecho a la información, cabe rescatar que el día 17 de mayo de 2021, a través de un tercero, algunos recurrentes presentaron una carta de solicitud de suministro de agua por parte de \"vecinos de la comunidad\" (se adjunta), sin nombre, sin firmas, ni identidad de los solicitantes, sin requisitos tales como certificación de propiedad, plano catastrado, etc (no se trata de una solicitud formal individual de carta de disponibilidad de agua potable) sin indicar medio para notificaciones, para lo cual se les dio respuesta mediante oficio del 19 de mayo de 2021, en donde se les explica que no se les puede proveer del servicio por falta de capacidad hidráulica del acueducto, y se les informa del eventual proyecto de mejora del acueducto propuesto por AYA, ocurriendo que, en tanto los referidos recurrentes no son vecinos del lugar, abrieron un chat con tal de recibir información, mediante el cual, tal y como ellos lo demuestran, se les ha estado informando sobre el proyecto de mejoras del acueducto liderado por el AYA. Por su parte, aclaramos, los recurrentes han omitido realizar la solicitud en forma, no han presentado los requisitos, y no se han preocupado por indicar medio de notificaciones, y al no ser vecinos cercanos al acueducto, y en tanto no han señalado medio de notificaciones, se les ha informado a través del chat. Cabe destacar que en ningún momento se les ha girado cartas de disponibilidad hídrica, ni para segregaciones, ventas o construcción de viviendas, por lo que la ASADA no tiene la obligación de suministrar nuevos servicios no solo por carecer de capacidad hidráulica, sino por la falta de cumplimiento de requisitos, ocurriendo que los recurrentes no han hecho tan siquiera una solicitud formal de disponibilidad de agua, como para ampliar el número de usuarios, sin afectar los actuales usuarios. La Asada no puede comprometerse a satisfacer una demanda de solicitudes de disponibilidad de agua, si no cuenta con la capacidad para satisfacerla tanto en cantidad como en calidad. Tal y como lo afirman los propios recurrentes, la red de tuberías e infraestructura es insuficiente e incapaz para el suministro de nuevos servicios, los cuales podrían superar enormemente el ya existente, poniendo en grave riesgo a los actuales usuarios. No se trata de una situación de discriminación…”.\n\n5.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Sobre la admisibilidad. De previo a conocer el fondo del asunto planteado, debe tenerse presente que en este amparo se tiene entre las partes recurridas a la ASADA de Linda Vista quien, aunque es un sujeto de derecho privado, se encuentra en los supuestos establecidos en el ordinal 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En el caso concreto, la Asociación recurrida es un sujeto de derecho privado que está ejerciendo potestades públicas al prestar un servicio público como lo es el suministro de agua potable. Así las cosas, resulta admisible este amparo.\n\nII.- Objeto del recurso. Los recurrentes estiman lesionados sus derechos fundamentales, pues en su comunidad La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, no hay suministro de agua potable. Ante ello, refieren que solicitaron, el 17 de mayo de 2021, un grupo de vecinos plantearon una solicitud formal ante la ASADA de Linda Vista para el suministro del servicio de agua potable, pero no obtuvieron respuesta.\n\nII.-Hechos probados. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes hechos:\n\n1.    La ASADA de Linda Vista es la encargada de prestar el servicio de suministro de agua potable para la comunidad de Linda Vista de Siquirres (ver informes).\n\n2.    La comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, tiene un acueducto de más de 40 años, el cual cuenta con una problemática de incapacidad hidráulica y de infraestructura (ver informes).\n\n3.    En la comunidad de marras, el ICAA, en conjunto con el JAPDEVA, planea ejecutar el proyecto \"Mejora y Ampliación del Acueducto de Linda Vista y sector La Ganga.\", el cual tiene como fin la mejora y ampliación del acueducto, el cual está proyectado para iniciar en 2026 (ver informes).\n\n4.    De conformidad con el ICAA, para la ejecución del proyecto se “está en la búsqueda de financiamiento para el proyecto, debido a que la institución en este momento no dispone de los fondos necesarios para llevarlo a cabo. El pasado 23 de junio, el AyA envió solicitud a JAPDEVA para postular varios proyectos para financiamiento mediante el Canon de Desarrollo Regional, entre ellos el proyecto: “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.” (…) aún no se ha iniciado el proceso de licitación para este proyecto” (ver informe).\n\n5.    Según la ASADA, esta es “ajena a este proyecto en el sentido de que no tiene ni la capacidad ni los recursos como para comprometerse a llevarlo a la práctica por sí sola (…) de los 11 recurrentes del presente recurso de amparo, ya tienen desde años atrás su servicio de agua potable para su casa de habitación, los señores: Nombre01, Nombre05 (esposa de Nombre06, Rodolfo Camacho Valverde y Freddy Romero Araya, lo cual es improcedente que refieran verse afectados por una eventual negativa de la disponibilidad de agua si ya la están disfrutando, a no ser que, presumiblemente, requieran de otro servicio, quizás de una finca agrícola, no constando en el Acueducto, la solicitud formal de carta de disponibilidad alguna (…) no podemos proveer de más servicios si no se cuenta con la capacidad hidráulica de infraestructura para ello, de lo cual los recurrentes tienen muy en claro, caso contrario, desmejoraría la cantidad y calidad de agua para los actuales usuarios. Es necesario un estudio hídrico para determinar la capacidad del acueducto, la necesidad de mejoras, y que el ente rector, AYA, autorice, lidere y provea de recursos económicos para llevar a cabo las obras.” (ver contestación).\n\nSobre la solicitud planteada por los recurrentes:\n\n6.    El 17 de mayo de 2021, vecinos de la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista enviaron un oficio a la ASADA de Linda Vista en el cual plantearon el suministro del servicio de agua potable (ver prueba aportada).\n\n7.    El 19 de mayo de 2021, la ASADA recurrida informó a los vecinos de la zona que no se podía aprobar la solicitud “por cuanto el acueducto no cuenta con disponibilidad hidráulica por las razones apuntadas en dicho oficio, y se les hace saber del eventual proyecto de mejoras y ampliación del ramal propuesto por AYA.“ (ver contestación y prueba aportada).\n\nIII.- Hecho no probado. No se tuvo por acreditado que las autoridades del ICAA y de la ASADA de Linda Vista hayan implementado un sistema de suministro del servicio provisional o alternativo para solventar la problemática aquejada.\n\nIV.- Sobre el derecho al agua potable. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:\n\n“(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).\n\nPor su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que \"el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos\". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.\n\nPor su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.\n\nEl concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que \"al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a \"emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua,\" sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).\n\nDe lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc (…)” (véase la sentencia No. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).\n\nAdicionalmente, a partir de la vigencia de la ley No. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:\n\n“(…) ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.\n\nToda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.\n\n El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.\n\n La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.\n\nToda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones (…)” (el destacado fue agregado).\n\nSobre el particular, en la sentencia No. 2020-03982 de las 11:50 hrs. de 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:\n\n“(…) VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:\n\n“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:\n\nArtículo 50.-\n\n(…)\n\nToda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.\n\nARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:\n\nArtículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.\n\nLa propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.\n\nLa Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».\n\nEn este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.\n\nEs importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.\n\nAsimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.\n\nEs importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.\n\nPor otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.\n\nEs por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:\n\n“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original-\n\nEsta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:\n\n“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido-\n\nDe tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nEs por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.\n\nEn este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución (…)”.\n\nDe igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:\n\n“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.\n\n3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, \"incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados\", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra \"incluso\" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.\n\nAdemás, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)\n\n10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.\n\n11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.\n\n12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:\n\na) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.\n\nb) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.\n\nc) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:\n\ni) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.\n\nii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.\n\niii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.\n\niv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)\n\n25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.\n\n26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.\n\n27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.\n\n28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)\n\n37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:\n\na) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;\n\nb) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;\n\nc) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;\n\nd) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;\n\ne) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;\n\nf) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;\n\ng) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;\n\nh) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;\n\ni) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)” (el destacado fue agregado).\n\nLo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.\n\nPor otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:\n\n“(…) 121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.\n\n122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.\n\n123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.\n\n124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.\n\n125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado fue agregado).\n\nVI.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable. Sobre el particular, en la sentencia No. 2016-12058 de las 9:30 hrs. de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:\n\n“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.\n\nAl efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:\n\n“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:\n\n“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:\n\n“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)\n\nEn consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:\n\n“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)\n\nCon lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original)\n\n“V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.\n\nAl respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes. Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir. Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).\n\nEn adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: \"Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos (…)\".\n\nVII.-Sobre el fondo. En la especie, la parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, pues en la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, tiene un acueducto de más de 40 años, el cual cuenta con una problemática de incapacidad hidráulica y de infraestructura, lo cual imposibilita el suministro de agua potable, por parte de la ASADA de Linda Vista, quien es la encargada de prestar tal servicio.\n\nDebido a la problemática de marras, el ICAA, en conjunto con el JAPDEVA, planea ejecutar el proyecto \"Mejora y Ampliación del Acueducto de Linda Vista y sector La Ganga.\", el cual tiene como fin la mejora y ampliación del acueducto, el cual está proyectado para iniciar en 2026.\n\nDe conformidad con el ICAA, para la ejecución del proyecto se “está en la búsqueda de financiamiento para el proyecto, debido a que la institución en este momento no dispone de los fondos necesarios para llevarlo a cabo. El pasado 23 de junio, el AyA envió solicitud a JAPDEVA para postular varios proyectos para financiamiento mediante el Canon de Desarrollo Regional, entre ellos el proyecto: “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.” (…) aún no se ha iniciado el proceso de licitación para este proyecto”.\n\nPor su parte, según la ASADA, esta es “ajena a este proyecto en el sentido de que no tiene ni la capacidad ni los recursos como para comprometerse a llevarlo a la práctica por sí sola (…) de los 11 recurrentes del presente recurso de amparo, ya tienen desde años atrás su servicio de agua potable para su casa de habitación, los señores: Nombre01, Nombre05 (esposa de Nombre06, Rodolfo Camacho Valverde y Freddy Romero Araya, lo cual es improcedente que refieran verse afectados por una eventual negativa de la disponibilidad de agua si ya la están disfrutando, a no ser que, presumiblemente, requieran de otro servicio, quizás de una finca agrícola, no constando en el Acueducto, la solicitud formal de carta de disponibilidad alguna (…) no podemos proveer de más servicios si no se cuenta con la capacidad hidráulica de infraestructura para ello, de lo cual los recurrentes tienen muy en claro, caso contrario, desmejoraría la cantidad y calidad de agua para los actuales usuarios. Es necesario un estudio hídrico para determinar la capacidad del acueducto, la necesidad de mejoras, y que el ente rector, AYA, autorice, lidere y provea de recursos económicos para llevar a cabo las obras.”.\n\nVIII.- Se acredita que es en virtud de la falta de recursos económicos y técnicos por parte de la del ICAA que aún no se ha siquiera iniciado con la primera etapa del proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”.\n\nDe conformidad con la recurrida, la falta de recursos obedece a que los ingresos que se perciben son de las tarifas establecidas por ARESEP y son para la operación del servicio actual. Sin embargo, de los autos se constata que la prestación del servicio no se está dando, pues no hay agua potable en la zona.\n\nPor lo anterior, se está coordinando con JAPDEVA la gestión de recursos para la ejecución de la primera etapa del proyecto y se espera que el mismo inicie en 2026.\n\nIX.De lo expuesto, en primer lugar, indicar que respecto a la gestión planteada el 17 de mayo de 2021 por los vecinos de la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, consta que en esa fecha remitieron un oficio a la ASADA de Linda Vista en el cual plantearon el suministro del servicio de agua potable. Al respecto, consta que el 19 de mayo de 2021, la ASADA recurrida informó a los vecinos de la zona que no se podía aprobar la solicitud “por cuanto el acueducto no cuenta con disponibilidad hidráulica por las razones apuntadas en dicho oficio, y se les hace saber del eventual proyecto de mejoras y ampliación del ramal propuesto por AYA.” En ese sentido, consta que la gestión fue atendida por parte de la ASADA dentro de un plazo razonable, siendo que se les explicó la problemática que tiene el acueducto de la zona y la imposibilidad del suministro de agua por esa misma razón.\n\nSin embargo, si bien la Sala ha avalado que cuando existe un problema como la falta de capacidad hídrica o de infraestructura, ni el ICCA ni las ASADAS se encuentran obligadas a brindar un servicio que no puede satisfacer y esa denegatoria no es arbitraria, tal y como sucedió en la gestión planteada en 2021; lo cierto es que en el caso bajo estudio y en este momento, este Tribunal considera que sí existe una lesión a los derechos del tutelado, pues consta que actualmente ya existen los proyectos de mejora que permitirán solucionar la situación aquejada.\n\nAsí las cosas, en el sub lite queda en evidencia que existe un problema estructural para procurar la prestación del servicio a la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, por parte de la ASADA de Linda Vista, lo cual ha ocasionado que la zona no tenga suministro de agua potable.\n\nAhora bien, a pesar de que consta que el ICAA planea ejecutar el proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”, con la colaboración de JAPDEVA; lo cierto es que de los propios informes rendidos se desprende que el proyecto actualmente está detenido, pues existe una imposibilidad material por la falta de recursos técnicos y económicos para iniciar el proyecto y así poder suministrar agua potable a la zona.\n\nAsimismo, se echa de menos que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector del servicio de agua potable, coordinara junto con la ASADA de Linda Vista, encargada de la prestación del servicio de agua potable en la zona, la ejecución de un plan remedial para brindar el servicio de agua potable a la comunidad tutelada, a fin de procurar el acceso a agua potable.\n\nEn ese sentido, es menester reiterarle al ICAA que, como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales; así como de coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de Río Frío, por lo que no es de recibo para esta Sala el alegato de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de la zona. Por el contrario, le compete al ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de Linda Vista ajuste su funcionamiento a derecho y se logre suplir de agua potable a la zona.\n\nAdemás, se aclara que, si bien la ASADA recurrida manifestó que algunos recurrentes sí cuentan con la disponibilidad de agua potable, lo cierto es que de los informes rendidos se constató que en realidad sí existe una problemática para la prestación del servicio en la zona.\n\nEn ese orden de ideas, este Tribunal estima que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales de la comunidad de Linda Vista, pues, en este proceso, si bien se acreditó que se han tomado algunas medidas respecto a la problemática denunciada, lo cierto es que actualmente la zona no tiene acceso a agua potable. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.\n\nX.--VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que, en el plazo máximo de dieciocho meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se concluya el proyecto de ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, en el cantón de Siquirres, con el fin de garantizar el acceso efectivo a ese servicio esencial. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.\n\nXI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como a Jorge Jesús Camacho Valverde, cédula de identidad CED12, en su condición de presidente de la Asociación de Acueducto de Linda Vista, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y se realice la coordinación interinstitucional que corresponda, para que: a) DE INMEDIATO se ejecute un plan remedial para brindar el servicio de agua potable en la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, en el tanto se finaliza el proyecto ““Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”; b) dentro del plazo máximo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se finalice el proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”, que permita dotar de agua potable a la comunidad La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista,, de manera que una vez finalizado este, se brinde el servicio de agua potable a las viviendas de la zona que cumplan los requisitos de conformidad con el ordenamiento infraconstitucional, de forma eficiente, eficaz y continua. Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a la ASADA de Linda Vista al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n LOTIPN5E2YO61\n\nEXPEDIENTE N° 25-017675-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:42:04.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 23206 - 2025\n\nResolution Date: July 24, 2025 at 09:20\n\nCase File: 25-017675-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nType of Matter: Amparo Appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nJudgment with Dissenting Vote\n\nRelevance Indicators\n\nRelevant Judgment\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nContent of Interest:\n\nStrategic Themes: Environmental, Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights\n\nType of Content: Majority vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: PUBLIC SERVICES\n\nSubtopics:\n\nDRINKING WATER.\n\n023206-25. PUBLIC SERVICES. THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS AND THE PRESIDENT OF THE LINDA VISTA AQUEDUCT ASSOCIATION ARE ORDERED TO: A) IMMEDIATELY EXECUTE A REMEDIAL PLAN TO PROVIDE DRINKING WATER SERVICE IN THE COMMUNITY OF LA GANGA, LOCATED IN LIMÓN, SIQUIRRES, LINDA VISTA, WHILE THE PROJECT \"EXPANSION OF THE DRINKING WATER SYSTEM FROM THE COMMUNITY OF LINDA VISTA TO THE COMMUNITY OF 52 MILLAS, CANTON OF SIQUIRRES\" IS COMPLETED; B) WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF EIGHTEEN MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, COMPLETE THE PROJECT \"EXPANSION OF THE DRINKING WATER SYSTEM FROM THE COMMUNITY OF LINDA VISTA TO THE COMMUNITY OF 52 MILLAS, CANTON OF SIQUIRRES\", WHICH WILL ALLOW THE PROVISION OF DRINKING WATER TO THE COMMUNITY OF LA GANGA, LOCATED IN LIMÓN, SIQUIRRES, LINDA VISTA, SUCH THAT ONCE THIS IS COMPLETED, DRINKING WATER SERVICE IS PROVIDED TO THE DWELLINGS IN THE AREA THAT MEET THE REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH INFRACONSTITUTIONAL LAW, IN AN EFFICIENT, EFFECTIVE, AND CONTINUOUS MANNER. VCG08/2025\n\n\"(…) VII.-On the merits. In this case, the appellant considers their fundamental rights to be harmed, because in the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, there is an aqueduct that is over 40 years old, which has a problem of hydraulic and infrastructure incapacity, which makes it impossible for the ASADA of Linda Vista, which is the entity responsible for providing such service, to supply drinking water.\n\nDue to this problem, the ICAA, together with JAPDEVA, plans to execute the project \"Improvement and Expansion of the Linda Vista and La Ganga Sector Aqueduct,\" which aims to improve and expand the aqueduct, and is projected to begin in 2026.\n\nAccording to the ICAA, for the execution of the project, \"funding is being sought for the project, because the institution currently does not have the necessary funds to carry it out. On June 23rd, AyA sent a request to JAPDEVA to nominate several projects for financing through the Canon de Desarrollo Regional, among them the project: 'Expansion of the drinking water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, canton of Siquirres – I Stage. BPIP Code: 002372.' (…) the bidding process for this project has not yet begun.\"\n\nFor its part, according to the ASADA, it is \"unrelated to this project in the sense that it has neither the capacity nor the resources to commit to carrying it out on its own (…) of the 11 appellants in this amparo appeal, the following individuals have had their drinking water service for their dwelling house for years: [Name 001], [Name 006] (wife of [Name 001]), [Name 007], [Name 013] and [Name 012], which makes it improper for them to claim to be affected by an eventual denial of water availability if they are already enjoying it, unless, presumably, they require another service, perhaps for an agricultural property, as no formal request for any availability letter is recorded in the Aqueduct (…) we cannot provide more services if we do not have the hydraulic infrastructure capacity for it, which the appellants are fully aware of, otherwise, the quantity and quality of water for current users would deteriorate. A water study is necessary to determine the aqueduct's capacity, the need for improvements, and for the governing body, AYA, to authorize, lead, and provide economic resources to carry out the works.\"\n\nVIII.- It is accredited that it is by virtue of the lack of economic and technical resources on the part of the ICAA that the first stage of the project \"Expansion of the drinking water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, canton of Siquirres\" has not even begun.\n\nAccording to the respondent, the lack of resources is because the income received comes from the rates established by ARESEP and is for the operation of the current service. However, it is evident from the case file that the provision of the service is not occurring, as there is no drinking water in the area.\n\nTherefore, the management of resources for the execution of the first stage of the project is being coordinated with JAPDEVA, and it is expected to begin in 2026.\n\nIX.- Based on the foregoing, first, it should be noted that regarding the request made on May 17, 2021, by the residents of the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, it is recorded that on that date they sent a letter to the ASADA of Linda Vista in which they requested the supply of drinking water service. In this regard, it is recorded that on May 19, 2021, the respondent ASADA informed the residents of the area that the request could not be approved \"because the aqueduct does not have hydraulic availability for the reasons noted in that letter, and they were informed of the eventual project for improvements and expansion of the branch line proposed by AYA.\" In that sense, it is recorded that the request was addressed by the ASADA within a reasonable period, as the problems with the area's aqueduct and the impossibility of supplying water for that same reason were explained to them.\n\nHowever, while the Chamber has endorsed that when a problem such as a lack of water capacity or infrastructure exists, neither the ICCA nor the ASADAs are obligated to provide a service that cannot be satisfied, and such a denial is not arbitrary, as occurred in the request made in 2021; the truth is that in the case under study and at this time, this Tribunal considers that there is indeed harm to the rights of the protected party, because it is evident that improvement projects currently exist that will allow the afflicted situation to be resolved.\n\nThus, in the case at hand, it is evident that there is a structural problem in seeking to provide the service to the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, by the ASADA of Linda Vista, which has caused the area to lack a supply of drinking water.\n\nNow, despite the fact that it is recorded that the ICAA plans to execute the project \"Expansion of the drinking water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, canton of Siquirres\", with the collaboration of JAPDEVA; the truth is that from the reports rendered it is clear that the project is currently stalled, as there is a material impossibility due to the lack of technical and economic resources to start the project and thus be able to supply drinking water to the area.\n\nLikewise, it is notably absent that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as the governing body for drinking water service, did not coordinate with the ASADA of Linda Vista, responsible for providing drinking water service in the area, the execution of a remedial plan to provide drinking water service to the protected community, in order to seek access to drinking water.\n\nIn this sense, it is necessary to reiterate to the ICAA that, as the governing body in the matter of drinking water supply, it is obligated to supervise and guarantee the proper functioning of communal aqueduct systems; as well as to contribute to the prompt solution of the problems affecting the community of Río Frío, therefore, the argument that they bear no responsibility for the problems presented with the area's ASADA is not acceptable to this Chamber. On the contrary, it is incumbent upon the ICAA to supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of Linda Vista adjusts its operation to the law and succeeds in supplying the area with drinking water.\n\nFurthermore, it is clarified that, although the respondent ASADA stated that some appellants do have drinking water availability, the truth is that from the reports rendered it was verified that there is indeed a problem in providing the service in the area.\n\nAccordingly, this Tribunal considers that the respondent authorities have violated the fundamental rights of the community of Linda Vista, because, in this proceeding, although it was accredited that some measures have been taken regarding the denounced problem, the truth is that currently the area does not have access to drinking water. Based on the foregoing, it is appropriate to grant the appeal filed, with the consequences that will be detailed in the operative part of this judgment. (…)\"\n\n\n\n\n... 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First, it is worth noting that the right of access to drinking water has been recognized in this venue in multiple jurisprudence, and its conventional and constitutional backing has been emphasized:\n\n\"(…) V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); in addition, it is enunciated at the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American System of Human Rights, the country is particularly obliged in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (\"Protocol of San Salvador\" of 1988), which provides that: \"Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.\" The lack of resources does not justify non-compliance with the duties of public administrations in the provision of this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).\n\nFor its part, as both the Procuraduría and the representative of AyA correctly recognize in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also the majority view. It is argued that without equitable access to a minimum requirement of potable water, other established rights would be unattainable - such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate amounts of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Also, in General Comment No. 15 on the fulfillment of articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that \\\"the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights\\\". It is also emphasized that the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe and acceptable water for domestic and personal use.\n\nFor its part, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access to drinking water to satisfy their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equality of opportunity for all to enjoy basic resources.\n\nThe concept of satisfying basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that \\\"in developing and using water resources, priority must be given to the satisfaction of basic needs and the conservation of ecosystems. Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to \\\"employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services,\\\" without the cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. Likewise, there are dozens of international instruments that directly and indirectly relate to water as a human right of all persons and peoples, in such a way that it is not only an issue that by its nature tends towards nationalization, but towards the internationalization of its use and exploitation\" (see judgment number 2006-5606 of 15:21 on April 26, 2006).\n\nFrom the above, we can affirm that a fundamental right to drinking water exists, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health. Likewise, access to drinking water has been classified as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the fulfillment of articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that \"the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. Thus, the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe and acceptable water for domestic and personal use.\" Likewise, regarding this topic, we can find a vast number of international instruments that refer to the right of access to drinking water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on drinking water supply and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Point 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, adopted by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, adopted by the United Nations General Assembly in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc (…)\" (see judgment No. 2019017397 of 12:54 on September 11, 2019).\n\nAdditionally, since the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, in Costa Rica, the right to drinking water is expressly recognized at the constitutional level in the following terms:\n\n\"(…) ARTICLE 50.- The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.\n\nEvery person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.\n\nThe State shall guarantee, defend, and preserve that right.\n\nThe law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.\n\nEvery person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable for protecting such a human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these purposes, and the supply of drinking water for the consumption of persons and populations shall have priority (…)\" (emphasis added).\n\nOn this matter, in judgment No. 2020-03982 of 11:50 hrs. on February 26, 2020, this Tribunal processed the legislative consultation related to the aforementioned partial reform of article 50 of the Political Constitution and indicated:\n\n\"(…) VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional reform bill presented by all 57 Deputies to the Legislative Assembly consists of two articles that seek the addition of a final paragraph to article 50 of the Political Constitution, as well as the incorporation of a new transitional provision in Title XVIII, Single Chapter, Transitional Provisions of the Political Constitution, as follows:\n\n\"ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of article 50 of the Political Constitution, of November 7, 1949. The text is the following:\n\nArticle 50.-\n\n(…)\n\nEvery person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the Nation, indispensable for protecting such a human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these purposes, and the supply of drinking water for the consumption of persons and populations shall have priority.\n\nARTICLE 2.- A new transitional provision is added to Title XVIII, single chapter, Transitional Provisions, of the Political Constitution, related to article 50. The text is the following:\n\nArticle 50 – XX. Current laws, concessions, and use permits, granted in accordance with the law, as well as the rights derived from them, shall remain in force, until a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water enters into force.\"\n\nThe proposal thus formulated and already approved in the first debate, refers not only to the express recognition of access to water as a human right, but is directly related to the fact that this human right recognized therein in a positive manner, is about access to drinking water, since it is based on the consideration of water – and especially drinking water – as an essential and intrinsic element for the life and health of people, thus aligning with what is stated in article 21 and in the first part of the same article 50 of the Political Constitution, and the jurisprudential developments of this same Chamber that derive from such norms.\n\nThe Chamber notes that the right of access to water, and especially to drinking water, forms part of various statements in the field of international human rights law, through different instruments with different scope or legal nature, but which, by their own condition and by reason of the provisions of article 48 of the Political Constitution, are necessarily to be considered regarding this topic. Thus, this right has been related and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment of the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions are found in subsection 1) of article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights – Protocol of San Salvador –, and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself. And regarding general resolutions, there are, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution: E/C.12/2002/11, as well as Resolution 70/169 of the United Nations General Assembly, of December 17, 2015, which expressly state that water must be «safe and of acceptable quality for personal and domestic uses», and access to «drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner».\n\nIn this sense, it is valid to affirm that the proposed addition to article 50 of the Constitution, to the extent that it expressly recognizes the right of access to drinking water, is in line with the legal developments on the matter shown at the international level and embodied in declarations, conventions, and resolutions of different natures, from which its conformity with the legal progress shown in this regard at the international level results, and that by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact on the internal sphere of States, just as this constitutional reform proposal aims to formalize at that level.\n\nIt is important to note that reference is made to the fact that the proposal aims to formalize the situation at the constitutional level, because certainly the issue of access to water, and to drinking water, is regulated in our country at the level of legality, by a profuse normative framework that ranges from the Ley de Aguas of 1942, the Ley General de Agua Potable of 1953, the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of 1961, the Ley General de Salud of 1973, the Ley de Creación del SENARA of 1983, the Ley Orgánica del Ambiente of 1995, and the Ley Forestal of 1996, among others.\n\nLikewise, the protection of the environment and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life, but also the consubstantial and necessary protection that must be provided to it by the institutions in general, from specialized agencies such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, to others of a broader nature such as the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente y Energía, the Ministry of Health, and the Municipalities of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the integral protection of the water resource, but also its legitimate provision for human consumption under compliance with established parameters and the real possibilities of its effective supply – see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791-.\n\nIt is important to note the emphasis that the reform proposes not only on recognizing access to drinking water as a human right, but also its particular condition as a public domain asset, in the same sense that the diverse legislation enunciated here already refers. Note that the proposed normative text states that «water is a good of the Nation», that is, a good that belongs in general to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, a good that is diffused throughout society and its actors, a public domain good that requires not only all the protection for its condition of being essential for life, but also to allow its use for the various areas that may be required, provided that due sustainability and integral protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are addressed. Note that the recognition of the human right is over drinking water, pointing out next that water – thus, in general terms – is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this implying in any way the impossibility of using the resource for other types of purposes – agricultural, industrial, or development – provided it is done in a manner adjusted to the provisions on the referred right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and over it, a human right of access to drinking water, from which it follows that the normative formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to drinking water as a human right.\n\nOn the other hand, it should be taken into consideration that, as already indicated, this access must be sought and provided in accordance with the prior fulfillment of the established parameters and according to the real possibilities of supply.\n\nThat is to say, as has been established in the copious jurisprudence of this Chamber on the matter, while the recognition of access to potable water is configured as a human right, its effective provision can be subject to the concrete and specific possibilities of delivery, from which it follows that this access, recognized as fundamental, may well be subject to the fulfillment of specific conditions that in turn allow for ensuring the existence and preservation of this resource.\n\nIt is for this reason that the aforementioned resolution of the United Nations General Assembly, number 70-169, of December 17, 2015, states in its section 5 the exhortation to States to:\n\n“Ensure the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, particularly for individuals belonging to vulnerable and marginalized groups, for reasons of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other grounds, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in a slum, income level and other relevant factors.” –emphasis not in original-\n\nThis progressivity referred to in this resolution develops the analogous provision that in conventional terms is enshrined in the first paragraph of article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by stating that:\n\n“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.” –emphasis added-\n\nThus, the legitimate regulation that permits the adequate and orderly access to potable water recognized herein as a human right is valid, as it is a matter of fostering its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nIt is for this reason that the legislation regulating the matter –as could be that proposed in the very paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposal for Transitory Provision XX– must, in due course, necessarily be consistent with the set of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to potable water also as a human right that it is, so certainly that legislation indicated therein must conform to the Law of the Constitution and to the provisions contemplated therein on the matter.\n\nIn this sense, in accordance with what is stated here, it is observed that the bill processed under legislative file 21.382 is in direct consonance with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, thus fitting appropriately into the same provision of Article 50 of the Constitution, and is consistent with the constitutional values and principles that guide it, without there being in any way any friction with those essential or core elements that inform and integrate the Law of the Constitution (…)”.\n\nSimilarly, it is worth highlighting what was established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, made at its 29th session held in Geneva between November 11 and 29, 2002, in which it was stated:\n\n“(…) 2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.\n\n3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living, “including adequate food, clothing and housing”. The use of the word “including” indicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival.\n\nMoreover, the Committee has previously recognized that water is a human right contained in article 11, paragraph 1, (see General Comment No. 6 (1995)). The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1) and the rights to adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1). The right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity (…)\n\n10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to existing water supplies necessary for the right to water, and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water.\n\n11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with article 11, paragraph 1, and article 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future generations.\n\n12. While the adequacy of water required for the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:\n\na) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work conditions;\n\nb) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person’s health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.\n\nc) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has four overlapping dimensions:\n\ni) Physical accessibility. Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services;\n\nii) Economic accessibility. Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights;\n\niii) Non-discrimination. Water and water facilities and services must be accessible to all, including the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds; and\n\niv) Information accessibility. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues (…)\n\n25. The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligations to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires the State to take positive measures to assist individuals and communities to enjoy the right. The obligation to promote obliges the State party to take steps to ensure that there is appropriate education concerning the hygienic use of water, protection of water sources and methods to minimize water wastage. States parties are also obliged to fulfil (provide) the right when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right themselves by the means at their disposal.\n\n26. The obligation to fulfil requires States parties to adopt the necessary measures directed towards the full realization of the right to water. This obligation includes, inter alia, according sufficient recognition of this right within the national political and legal systems, preferably by way of legislative implementation; adopting a national water strategy and plan of action to realize this right; ensuring that water is affordable for everyone; and facilitating improved and sustainable access to water, particularly in rural and deprived urban areas.\n\n27. To ensure that water is affordable, States parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: (a) use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and (c) income supplements. Any payment for water services has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households.\n\n28. States parties should adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure that there is sufficient and safe water for present and future generations. Such strategies and programmes may include: (a) reducing depletion of water resources through unsustainable extraction, diversion and damming; (b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by substances such as radiation, harmful chemicals and human excreta; (c) monitoring water reserves; (d) ensuring that proposed developments do not interfere with access to adequate water; (e) assessing the impacts of actions that may impinge upon water availability and natural-ecosystems watersheds, such as climate changes, desertification and increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity; (f) increasing the efficient use of water by end-users; (g) reducing water wastage in its distribution; (h) response mechanisms for emergency situations; and (i) establishing competent institutions and appropriate institutional arrangements to carry out the strategies and programmes (…)\n\n37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee’s view, at least some core obligations in relation to the right to water can be identified, which are of immediate effect:\n\na) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic uses to prevent disease;\n\nb) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially for disadvantaged or marginalized groups;\n\nc) To ensure physical access to water facilities or services that provide sufficient, safe and regular water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;\n\nd) To ensure personal security is not threatened when having to physically access to water;\n\ne) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;\n\nf) To adopt and implement a national water strategy and plan of action addressing the whole population; the strategy and plan of action should be devised, and periodically reviewed, on the basis of (sic) a participatory and transparent process; it should include methods, such as establishing indicators and benchmarks by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall pay particular attention to all disadvantaged or marginalized groups;\n\ng) To monitor the extent of the realization, or the non-realization, of the right to water;\n\nh) To adopt relatively low-cost targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups;\n\ni) To take measures to prevent, treat and control diseases linked to water, in particular ensuring access to adequate sanitation (…)” (emphasis added).\n\nThe foregoing is relevant insofar as the content of the right to water is detailed by outlining its characteristics, among them, quality, accessibility, and availability, given that it is established that the human right to water implies sufficient supply for each person for personal and domestic use.\n\nOn the other hand, in the judgment of November 27, 2023, issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of the Inhabitants of La Oroya vs. Peru, that court held:\n\n“(…) 121. Furthermore, individuals enjoy the right for water to be free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes the obligation on States consisting of: a) designing norms and policies that define water quality standards and, more rigorously, for treated and residual waters that are compatible with human health and the health of ecosystems; b) monitoring the contamination levels of water bodies and, as the case may be, informing of possible risks to human health and the health of ecosystems; c) carrying out plans and, in general, undertaking all practices for the purpose of controlling water quality that include the identification of their main causes of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards, and e) adopting actions that ensure the management of water resources in a sustainable manner. The Court likewise considers that States must design their norms, plans, and measures for water quality control in accordance with the best available science, attentive to the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability and, even, based on international cooperation.\n\n122. As a complement to the above, the Court recalls that in the case of the Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association Vs. Argentina, it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This is derived from the norms of the OAS Charter, insofar as they permit the derivation of rights from which, in turn, the right to water is derived. In this regard, the Court indicated that among those are found the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its Article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its Article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.\n\n123. Regarding the normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that “access to water […] includes ‘drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, and personal and household hygiene’, as well as for some individuals and groups also […] ‘additional water resources due to health, climate, and work conditions’”. Likewise, that “access to water” implies “obligations of progressive realization”, but that “however, States have immediate obligations, such as guaranteeing [said access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization”. Furthermore, that States must provide protection against acts by private persons, so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, as well as “guarantee a minimum essential amount of water”, in those “particular cases of individuals or groups of individuals who are unable to access water by themselves […], for reasons beyond their control”.\n\n124. On this point, the Tribunal specifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects bodies of water as elements of the environment that have a value in themselves, as a universal interest, and for their importance for other living organisms including human beings. The second facet recognizes the determining role that water plays in human beings and their survival, and, therefore, protects its access, use, and utilization by human beings. In this way, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component starts from an ecocentric premise, while—for example—the right to potable water and its sanitation is based on an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but, not in all cases, the violation of one necessarily implies the violation of the other.\n\n125. Furthermore, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligation to respect and to ensure, provided for in Article 1.1 of the Convention, one form of compliance with which consists of preventing violations. This obligation is projected into the private sphere to prevent third parties from violating the protected legal interests, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and ensure that their eventual violations are effectively considered and treated as an illicit act. Along these lines, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and oversee certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct, and its non-compliance is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)” (emphasis added). (…)” VCG08/2025\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nContent type: Majority Vote\n\nBranch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: Efficiency and efficacy of public services\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nPRINCIPLE OF EFFICIENCY AND EFFICACY OF PUBLIC SERVICES.\n\n“(…) VI.- On the right to the proper functioning of public services and the role of ICAA as the governing body in the matter of potable water supply. On this matter, in judgment No. 2016-12058 of 9:30 a.m. of August 26, 2016, this Chamber indicated:\n\n“(…) in the sub judice it is determined that ICAA, as the governing body in the matter, has failed in its duties of oversight and supervision over the provision of the public service of potable water and sewerage, and, therefore, has violated the rights of the petitioners. According to articles 1 and 2 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), ICAA is responsible, among other functions, for resolving everything related to the supply of potable water and the sanitary sewer service; for directing and monitoring everything concerning the provision of potable water service to the inhabitants; and for directly administering and operating the aqueduct and sewer systems throughout the country; for which reason it is inexcusable that ICAA has not acted to prevent and remedy a situation such as the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without signing any delegation agreement.\n\nTo this effect, it is fitting to recall what the Chamber, in judgment No. 2014-012971 of 2:45 p.m. of August 8, 2014, indicated in relation to ICAA and its duties to oversee and guarantee the proper functioning of the public services in question:\n\n“IV.- On the right to the proper functioning of public services and the role of ICAA as the governing body in the matter of water supply. In judgment number 2012-12009 of 09:05 a.m. of August 31, 2013, this Chamber held the following, which is of interest for the resolution of the sub lite:\n\n“This Chamber has held that the Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of the administered to the proper and efficient functioning of public services, that is: that they be provided with high quality standards. This has, as a necessary corollary, the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, prompt, effective, and efficient manner. This latter obligation is derived from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as Article 140, subsection 8 (which imposes on the Executive Branch the duty to “Oversee the proper functioning of administrative services and dependencies”), Article 139, subsection 4 (insofar as it incorporates the concept of “proper conduct of the Government”), and Article 191 (to the extent that it incorporates the principle of “efficiency of the administration”). This Court has also indicated that said atypical or unnamed individual guarantee is accentuated when it comes to essential public services such as the supply of potable water, as such precious assets as human health and life are at stake, therefore the principles of efficacy, efficiency, promptness, continuity, and adaptation must prevail with greater rigor (see, in this sense, judgments number 2008-016405 of 7:04 p.m. of October 30, 2008, and 2008-017633 of 12:06 p.m. of December 5, 2008). In this context, the role of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as the governing body in the matter, acquires particular significance. This Chamber has noted that:\n\n“(…) in accordance with the provisions of article 1 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, said autonomous institution has been created with the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of potable water. To fulfill this purpose, and in accordance with the provisions of article 2 of that same normative body, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for directing and monitoring everything concerning the provision of a potable water service to the inhabitants of the Republic, as well as utilizing, using, governing, or monitoring, as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of the cited law. Thereby verifying that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is the first called upon to ensure that all inhabitants of the Republic may benefit from a potable water supply system, capable of supplying said liquid continuously and in sufficient quantity to duly satisfy the basic needs of all persons, in effective protection of their fundamental rights to life and health” (judgment number 2011005457 of 11:32 a.m. of April 29, 2011.)\n\nIn line with the above, this Chamber has emphasized that in those scenarios where the water supply service for human consumption is provided by an ASADA, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is called upon to exercise effective and efficient actions of monitoring and control over the respective water supply system, regarding its operation, maintenance, administration, and development, in order to guarantee its correct functioning (judgment number 2011009487 of 9:15 a.m. of July 22, 2011). In fact, recently, in judgment number 2012006447 of 10:30 a.m. of May 18, 2012, this Chamber expressed:\n\n“(…) although article 2 of Law 2726 empowers AyA to agree with community organizations on the administration of aqueduct and sewer systems, the respondent Institute, as the governing body in the matter, is responsible for all matters relating to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for supplying water to populations. Based on the above, the Administration cannot excuse the lack of an efficient potable water service due to the absence of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct by the concessioned private body (…)\n\nThus confirming the obligation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to oversee and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems” (the emphasis does not correspond to the original)\n\n“V.- On the specific case. In the case at hand, the petitioner alleges that in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, ICAA provides the potable water service by delegation to an ASADA; however, said service is provided deficiently and requires improvements to the infrastructure, for which the Municipality of La Cruz allocated a budget item for the improvement of said aqueduct, which cannot be executed until ICAA carries out the corresponding technical studies. She considers her fundamental right of access to potable water violated.\n\nIn this regard, the Chamber deemed it proven that the Administrative Association of the El Porvenir Rural Aqueduct, La Cruz, Guanacaste, does not have valid legal personality, as it expired on July 31, 2007. Likewise, it is observed that the ASADA El Porvenir has not submitted the required documentation to ICAA for the processing of the signing of the delegation agreement. Furthermore, ICAA does not have an updated diagnosis of the aqueduct system operated by the ASADA El Porvenir. From the case file, it was verified that through official communication number SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 of July 3, 2014, the Head of the Regional Office of Community Systems of the Chorotega Region of ICAA suggested to the ASADA El Porvenir that it contract the services of a professional to carry out a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was demonstrated that the Municipality of La Cruz allocated a budget item of 3 million colones to make the improvements to the aqueduct infrastructure, which will be executed once the corresponding technical studies have been carried out. Given this situation, the Chamber considers that the amparo must be partially granted, only against ICAA. As explained in the preceding recital, ICAA is obligated to oversee and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems, such that it cannot excuse itself by claiming that the lack of an efficient potable water service is due to a lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct.\n\nAs the governing body for drinking water supply, ICAA is called upon to assist in the prompt resolution of the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Therefore, for the Chamber, the argument of the appellant authorities of ICAA—that they bear no responsibility for the problems presented with the ASADA of El Porvenir—is not admissible. As long as the water supply problems continue, the most vulnerable parties are the local residents, who must endure the ineffectiveness of the responsible entities and, consequently, suffer from the deficient provision of the public drinking water service. Under that reasoning, ICAA must supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of El Porvenir adjusts its operation to the law and so that the necessary technical studies can be completed to authorize the investment of the municipal budget already allocated for the improvement of the drinking water supply in that community and, therefore, the quality of life of all its residents.\" (Emphasis not in original).\n\nIn addition, subsection 36, paragraph 1) of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, states as an obligation and right of ICAA: \"To sign and terminate the Delegation Agreements for the management of aqueduct and sewer systems with Administrative Associations, when so recommended by the Management and approved by its Board of Directors, for reasons of convenience, opportunity, or ineffectiveness in the provision of public services (…)\". (…)\" VCG08/2025\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nContent type: Dissenting vote\n\nBranch of Law: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA\n\nTopic: 056- Execution of judgments\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nX.--PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that, within a maximum period of eighteen months from the notification of this judgment, the project for the expansion of the drinking water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, in the canton of Siquirres, is concluded, in order to guarantee effective access to that essential service. Conversely, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding execution (article 155 et seq.) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing stages of compliance, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe that the execution phase should be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the rules of execution of judgments of said Code.\n\nVCG08/2025\n\n... See more\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-017675-0007-CO\n\nRes. No. 2025023206\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-fourth of July of two thousand twenty-five.\n\n Appeal for amparo filed by Nombre01, identity card CED01, FREDDY ROMERO ARAYA, identity card CED02, Nombre02, identity card CED03, Nombre03, identity card CED04, Nombre04, identity card CED05, Nombre05, identity card CED06, Nombre06, identity card CED07, Nombre07, identity card CED08, Nombre08, identity card CED09, RODOLFO CAMACHO VALVERDE, identity card CED10, and Nombre09, identity card CED11, against the ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE LINDA VISTA and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).\n\nResultando:\n\n 1.- Through a writ received on June 18, 2025, the appellants file an appeal for amparo and state that they are residents and owners of properties in the La Ganga sector, located in Limón, Siquirres, Linda Vista. They claim that they currently do not have drinking water service. They indicate that the Asociación Administradora de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados -ASADA- of Linda Vista provides drinking water to properties located up to one kilometer from the entrance on the main road, leaving the rest of the properties without that fundamental service, arguing that, with the thickness of the current pipeline, it is not possible to supply the other properties. They note that on May 17, 2021, a group of residents submitted a formal request before the ASADA of Linda Vista for the supply of drinking water service, basing the petition on article 50 of the Constitución Política. They explain that on July 3, 2023, at the request of Mr. Carlos Matamoros, an ICAA official, a WhatsApp group called \"Grupo interesados acueducto La Ganga\" was created, where they were summoned to a meeting to present the project \"Mejora y Ampliación del Acueducto de Linda Vista y sector La Ganga.\" They add that on July 19, 2023, the invitation for that meeting was sent to them through the same channel, to be held at: Dirección01, on July 28, 2023, at 04:00 p.m. They explain that, on the indicated day, the meeting was held with all the residents interested in the provision of drinking water. They state that, at that meeting, Mr. Carlos Matamoros, from ICAA, in coordination with Mr. Jorge Camacho Valverde, an ASADA official, presented the project called \"Ampliación del Sistema de agua potable para el proyecto Linda Vista a 52 Millas de Siquirres\". They recount that this project consisted, they quote verbatim, of: \"…making an improvement to the aqueduct system of the ASADA Linda Vista, because it is an aqueduct that is more than 40 years old, and based on that improvement, carrying out the construction of a new system to bring water to the community of La Ganga and, also, to the community of 52 Millas, in order to guarantee water of quality, quantity, and coverage. This would solve the problem that arose in 2019 with hydrocarbon contamination, which left them without options for having an aqueduct system to meet their daily drinking water needs.\" Furthermore, they add that the project indicated the installation of a total of 185 connections to benefit a population of 759 people, since many people are affected by this situation. They mention that, at that meeting, Mr. Matamoros indicated that the construction of two additional tanks was necessary and that the planned stages for the project were the following: 1. Installation of 7,000 meters of distribution pipeline. 2. General repairs to the existing storage tank. 3. Construction of a semi-buried storage tank of 100 m³. 4. Construction of a chlorination booth. 5. Installation of sodium hypochlorite production equipment. 6. Construction of five concrete boxes for pressure-reducing valve systems. 7. Construction of a semi-buried storage tank of 30 m³, with its respective valve boxes. 8. Installation of purge, air, and combination valves. 9. Installation of 34 new connections with horizontal directional drilling (\"topo\" type) on Dirección02. 10. Installation of 43 new connections with excavation on Dirección02. 11. Modification of 34 household connections installed on existing pipe to be reused. 12. Installation of 108 new household connections with their respective water meter. 13. Supply of 12 water meters. 14. Installation of 28 m³ of concrete for anchor blocks. 15. Installation of a connection for a hydrant in front of the Linda Vista school. 16. Construction of two pipeline crossings under asphalt streets with horizontal directional drilling (\"topo\" type). 17. Construction of pipeline crossings under passages and self-supporting crossings. 18. Construction of a commemorative monument. 19. General system operation test. They describe that Mr. Matamoros also noted that the first stage of the project was scheduled to begin in 2024 and even informed them about the cost of the water connection fee and the rate according to the ARESEP table that they would have to pay once the project was advanced and the water supply was approved. They comment that on August 5, 2024, Mr. Carlos Matamoros, an ICAA official, stated in the WhatsApp group the following: \"Good afternoon, I hope everyone is well, the project already has environmental feasibility (viabilidad ambiental), it is expected that next year the works will begin. It already has the feasibilities.\" They argue that on April 9, 2025, through a message in the WhatsApp group, the ASADA communicated the following: \"Good afternoon dear residents, this project has been a long process and in these projects things always happen that lengthen the process, for now, the project is already out to tender, however, everything follows due process, according to the last conversation with @Carlos Matamoros it is estimated that the project would start approximately in the second quarter of 2026…\". They note that, upon reviewing the SICOP Procurement System, that tender is not yet in progress. They also mention that, to date, neither ICAA nor the ASADA has informed them of any news or called another follow-up meeting. They allege that the lack of drinking water supply constitutes a risk to the enjoyment of human rights, especially the right to a healthy environment, health, adequate food, and life. In other words, they affirm that it threatens public health, since the population is exposed to contracting diseases due to the lack of this legally protected right. For the reasons stated, they request the intervention of the Chamber.\n\n 2.- Through a resolution at 19:04 hours on June 19, 2025, the proceedings were initiated and a report was requested from the general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; furthermore, Jorge Jesús Camacho Valverde, identity card CED12, in his capacity as president of the Asociación de Acueducto de Linda Vista, was notified regarding the alleged facts.\n\n 3.- María Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath the following: \"According to report No. GSD-UEN-AP-2025-00869: 'Due to the type of topography of the area, the existing aqueduct does not have the capacity to supply this sector of La Ganga. It should be noted that it was verified with the ASADA regarding the issuance of water availability certificates for the residents of this sector, with the ASADA indicating that the requests for water availability submitted by the interested parties have been rejected because there is no drinking water infrastructure, so it is presumed that the construction of dwellings was carried out without the required construction permits, a situation that it would be advisable to consult with the Municipality of the area' (…) a WhatsApp group was created in which the AyA official Carlos Matamoros was included, with the purpose of informing the owners about the project's progress and maintaining an effective communication channel. This measure was taken considering that several of the owners do not reside in the La Ganga sector, and that only a few people currently live in the existing dwellings. In total, in this sector, only seven inhabited dwellings and eight plots without buildings are counted, that is, most of the appellants do not reside in the sector but in Cartago and San José. (…) 'The meeting was held on July 28, 2023. The project and the description of the works to be built were presented, as well as the requirements that new users must meet for the system. Present at that meeting on behalf of AyA were official Carlos Matamoros, the president of the ASADA, residents, and owners of the La Ganga sector, as recorded in the attached minutes. It should be noted that the AyA official did not report on the project's start date. Regarding the project status, the following is indicated: 1. The project design is complete. 2. The corresponding terms of reference for contracting the construction of the aqueduct improvements were prepared. 3. AyA is seeking financing for the project, because the institution currently does not have the necessary funds to carry it out. Last June 23, AyA sent a request to JAPDEVA to nominate several projects for financing through the Canon de Desarrollo Regional, among them the project: “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.” (the emphasis is not from the original) (…) the tender process for this project has not yet started; its status was referred to in fact five of this report…' (sic).\n\n 4.- Jorge Jesús Camacho Valverde, identity card CED12, responds to the hearing in his capacity as president of the Asociación de Acueducto de Linda Vista and states the following: \"Regarding the reported facts, the undersigned representative of the respondent ASADA allows me to refer to them specifically as follows: a) It is true that my represented party provides the drinking water supply service for the community of Linda Vista de Siquirres, given that the aqueduct and infrastructure are now more than forty years old, since it was established, it being the case that four decades ago, the demand for drinking water that we face today for new services and mainly from remote communities that are not part of the sector for which the aqueduct was initially created and from which we have hydraulic capacity, i.e., infrastructure, could not have been foreseen. It is not a matter of a hydraulic and infrastructure incapacity problem that requires enormous prior improvement and multi-million dollar investment to provide new services. Thus, the aqueduct does not have the economic resources, it being the resort of the governing entity Instituto de Acueductos y Alcantarillados, to verify the viability and feasibility of the project for the expansion and improvement of the aqueduct, and given our economic insufficiency, the search for resources to carry it out, while the communities in question are not part of the current jurisdictional territory of the ASADA. Furthermore, there is no updated water study that determines the water and hydraulic (infrastructure) capacity of the aqueduct, so as to know with certainty the possibility of providing more services and how many, without affecting the current subscribers. The ASADA is unrelated to this project in the sense that it has neither the capacity nor the resources to commit to carrying it out on its own; note the technical provisions for the improvements and magnitude of the necessary works to be carried out as set forth by the appellants themselves, mainly given the topographical characteristics of the sector for which the appellants request the services, which greatly exceeds the limited capacity of the aqueduct; b) Another important aspect to note is the fact that of the 11 appellants in this appeal for amparo, the following already have had their drinking water service for their dwelling for years: Nombre01, Nombre05 (wife of Nombre06, Rodolfo Camacho Valverde and Freddy Romero Araya, which makes it improper for them to claim to be affected by a possible denial of water availability if they are already enjoying it, unless, presumably, they require another service, perhaps for an agricultural property, there being no record in the Aqueduct of any formal request for a water availability letter from them for a new service, nor of the submission of requirements such as property certification, copy of plans, application form, etc. For their part, regarding the other appellants, there is no record in the ASADA files of having individually received any formal personal request, nor the submission of requirements, the ASADA being unaware if they own property in the sector, as they have not provided proof of ownership, certification, plans, etc. There is only one official letter dated May 17, 2021, 'eventually' signed by residents of Bajo de Tigre, which lacks any formality, lacking names, identity card numbers, signatures, or means of notification, delivered by a third party, and to which a copy was given with a received stamp, the only signatures on said document being those of ASADA representatives, a document that has been presented by the respondents as evidence. Regarding this collective request, the ASADA resolved through official letter of May 19, 2021, not to approve the request, because the aqueduct does not have hydraulic availability for the reasons noted in said official letter, and they are informed of the eventual project for improvements and expansion of the branch line proposed by AYA. We reiterate, the request submitted by the appellants was made informally and collectively, which was rejected because the aqueduct does not have sufficient infrastructure, it being the case that, eventually and in some cases, dwellings would have been built without municipal construction permits, their owners being responsible for possibly having incurred irregularities. We do not fail to point out that none of the applicants have presented proof of ownership of the properties, cadastral plans, or land uses (usos de suelo), i.e., they omit the regulatory and legal procedures and requirements; c) It is surprising that several of the appellants do not even live in the place, even in another province, and it seems they intend to demand the supply of drinking water for their vacation properties or for crop irrigation or livestock activities, without considering the negative impact it would cause to the current users who have had drinking water supply for their homes for years, given the lack of hydraulic (infrastructure) and technical capacity that the ASADA currently faces, especially since it involves a considerable expansion of the pipeline network and topography problems that exceed its current capacity; d) Now, regarding the project for the improvement and expansion of the aqueduct, it is a project led by AYA in conjunction with JAPDEVA, and the ASADA has neither the competence nor the economic capacity to carry out a project of such magnitude, so we are not responsible for the alleged 'eventual delay' to which the appellants refer, who indicate in the appeal that the start of the referenced project proposed by AYA in conjunction with JAPDEVA was projected for the second half of 2026. We clarify that the start of the project does not depend on the ASADA; it depends on AYA obtaining the necessary resources for its start, reiterating that this situation is not the responsibility of my represented party, given that the ASADA cannot commit to granting new drinking water services to new communities, due to lack of technical hydraulic capacity, and if the improvements that the appellants themselves outline in their appeal are not carried out beforehand, especially given the topography situation of the land, otherwise, far from improving, we would be forced to harm users who have had water supply for decades. Hence, the ASADA has not granted nor approved water availability to any applicant; e) For its part, regarding the impact on health, life, adequate nutrition, etc., to the detriment of the respondents, this claim has no basis whatsoever, given that the majority of the appellants request water not for their dwelling, but for their properties, and if any already have a house built in the place in question, they would have built outside the law, without a drinking water availability letter, without a land use permit (uso de suelo), without a construction permit, etc.; and it is not the ASADA's responsibility that they have eventually built irregularly, their obligation being to regularize with the respective municipality, prior to any action. THIRD: Even if the ASADA has the goodwill to be able to help new users with water supply, offering its collaboration in the eventual case that the improvements and expansion of the aqueduct materialize, it must be considered that currently (without such improvements and expansion), we cannot provide more services if we do not have the hydraulic infrastructure capacity to do so, which the appellants are very clear about; otherwise, the quantity and quality of water for current users would deteriorate. A water study is necessary to determine the aqueduct's capacity, the need for improvements, and for the governing body, AYA, to authorize, lead, and provide economic resources to carry out the works. Furthermore, the appellants have not managed, as required by law, the formal request for a water availability letter, nor have they submitted the legal requirements, among them, property certification proving they are owners of land suitable for construction, cadastral plans, etc., having done so very informally, in a collective writ, lacking names, identity, signatures, and compliance with requirements [official letter of May 17, 2021], so their request was rejected, on the grounds that the aqueduct does not have water and technical capacity, and moreover, the appellants did not provide the referenced requirements. Likewise, the appellants have not been clear in informing whether they require the service for residential use, or whether their purpose is irrigation of farms for crops, industry, or livestock activities, the ASADA having to attend, in a privileged manner, requests for human consumption given our lack of hydraulic and technical capacity. (…) Awaiting a necessary technical test and the effective improvement and expansion of the aqueduct. FIFTH: The appellants speak of a request from 'residents' and a WhatsApp chat, which is not a suitable means for administrative procedures, and they have not submitted a formal request for the so-called 'Solicitud de \"Carta de Disponibilidad de Agua Potable\"', either for them to initiate the procedures before the corresponding Municipality for an eventual housing construction, having to submit to the Municipality requirements such as: literal property certification, cadastral plan, land-use approval (aprobación de uso de suelo), construction plans, electricity service certificate, etc., and in other cases, if they have built without municipal permits, it is not the ASADA's responsibility or competence regarding such irregularity, without forgetting that the ASADA cannot and must not risk the current service, if the requests (which have not been formally made) are not for the dwelling of the appellants or their family, but rather, possibly involving a recreational place, social activities, crop irrigation, livestock, industrial, or some type of commercial activity, so it is necessary to clearly establish what the water service they are eventually requesting is for, and we cannot make exceptions for anyone either. For this, the technical studies by AYA for the approval of the eventual project for the improvement and expansion of the aqueduct are strictly necessary, but, we reiterate, for this particular case, it is not the ASADA's competence. SIXTH: Regarding the appellants' assertion that the ASADA provides drinking water supply to properties located up to one kilometer from the entrance on the main road, leaving the rest of the properties without that fundamental service, they seem to insinuate discriminatory treatment. However, the appellants fail to indicate to this Honorable Chamber that the current subscriber owners of said properties have spent decades having completed their procedures, and they built on them years ago, and at that time, not only did they have to meet all the established requirements, but at that time the number of services that exist today did not exist, so they cannot claim they are being treated unequally given that the aqueduct's capacity today has decreased considerably compared to ten, twenty, thirty, or forty years ago. Without forgetting that the communities for which the appellants are requesting the resource are far from the territory for which the aqueduct was built, it being the case that it is not only necessary to improve the diameter of all the piping, but also to extend the branch line towards those communities, install new storage tanks, overcome deficiencies in topography, and, of course, establish aqueduct easements (servidumbres de acueducto). Since the interested parties, according to the law, should carry out the respective improvements and expansion of the branch line at their own cost. For their part, the appellants must also clarify the situation of their land, and must provide the required prerequisites to be able, prior to the aqueduct improvement, to potentially be eligible for approval of the water availability letter. Otherwise, the aqueduct will have the authority to reject the request for non-compliance with the legal requirements and procedures that the appellants cannot evade. SEVENTH: Finally, regarding the right to information, it should be noted that on May 17, 2021, through a third party, some appellants submitted a letter requesting water supply from 'residents of the community' (attached), without names, without signatures, nor identity of the applicants, without requirements such as property certification, cadastral plan, etc. (it is not a formal individual request for a drinking water availability letter), without indicating a means for notifications, to which they were given a response through official letter of May 19, 2021, where it is explained that service cannot be provided due to the lack of hydraulic capacity of the aqueduct, and they are informed of the eventual aqueduct improvement project proposed by AYA. It being the case that, as the referenced appellants are not residents of the area, they opened a chat in order to receive information, through which, as they themselves demonstrate, they have been informed about the aqueduct improvement project led by AYA. For our part, we clarify, the appellants have failed to make the request properly, have not submitted the requirements, and have not been concerned with indicating a means for notifications. Since they are not neighbors close to the aqueduct, and as they have not indicated a means for notifications, they have been informed through the chat. It is worth highlighting that at no time have water availability (disponibilidad hídrica) certificates been issued to them, neither for segregations, sales, nor housing construction, so the ASADA has no obligation to supply new services, not only due to lacking hydraulic capacity, but also due to the lack of compliance with requirements. It being the case that the appellants have not even made a formal request for water availability, so as to expand the number of users without affecting current users. The ASADA cannot commit to satisfying a demand for water availability requests if it does not have the capacity to satisfy it in both quantity and quality. As the appellants themselves affirm, the pipeline network and infrastructure are insufficient and incapable of supplying new services, which could greatly exceed the existing one, putting current users at serious risk. This is not a situation of discrimination…\".\n\n 5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\n Justice Araya García writes; and,\n\nConsiderando:\n\n I.- On admissibility. Before addressing the merits of the matter presented, it must be borne in mind that in this amparo, the respondent parties include the ASADA of Linda Vista which, although it is a private law entity, falls under the assumptions established in section 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In the specific case, the respondent Association is a private law entity that is exercising public powers by providing a public service, namely the supply of drinking water. Therefore, this amparo is admissible.\n\n II.- Purpose of the appeal. The appellants consider their fundamental rights violated, since in their community La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, there is no drinking water supply. Regarding this, they report that on May 17, 2021, a group of residents submitted a formal request before the ASADA of Linda Vista for the supply of drinking water service, but they obtained no response.\n\n II.- Proven facts. Of relevance to resolve this appeal for amparo, the following facts are considered accredited:\n\n 1. The ASADA of Linda Vista is responsible for providing the drinking water supply service for the community of Linda Vista de Siquirres (see reports).\n\n 2. The community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, has an aqueduct that is more than 40 years old, which has a problem of hydraulic and infrastructure incapacity (see reports).\n\nIn the community in question, the ICAA, jointly with JAPDEVA, plans to execute the project “Improvement and Expansion of the Linda Vista and La Ganga Sector Aqueduct,” the purpose of which is the improvement and expansion of the aqueduct, which is projected to begin in 2026 (see reports).\n\n4. According to the ICAA, for the execution of the project “it is in the process of seeking financing for the project, because the institution does not currently have the necessary funds to carry it out. Last June 23, AyA sent a request to JAPDEVA to nominate several projects for financing through the Canon de Desarrollo Regional, among them the project: ‘Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, cantón de Siquirres – Stage I. BPIP Code: 002372.’ (…) the bidding process for this project has not yet begun” (see report).\n\n5. According to the ASADA, it is “unrelated to this project in the sense that it has neither the capacity nor the resources to commit to carrying it out by itself (…) of the 11 petitioners in this amparo action, the following individuals have had their potable water service for their dwelling for years: Name01, Name05 (wife of Name06, Rodolfo Camacho Valverde and Freddy Romero Araya, making it improper for them to claim to be affected by a possible denial of water availability if they are already enjoying it, unless they presumably require another service, perhaps for an agricultural property, with no formal request for any availability letter being on file with the Aqueduct (…) we cannot provide more services if we lack the hydraulic infrastructure capacity for it, which the petitioners are well aware of; otherwise, it would diminish the quantity and quality of water for current users. A water resources study (estudio hídrico) is necessary to determine the aqueduct’s capacity, the need for improvements, and for the governing body, AYA, to authorize, lead, and provide financial resources to carry out the works.” (see response).\n\nRegarding the request filed by the petitioners:\n\n6. On May 17, 2021, residents of the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, sent a communication to the ASADA of Linda Vista in which they requested the provision of potable water service (see evidence provided).\n\n7. On May 19, 2021, the respondent ASADA informed the area’s residents that the request could not be approved “because the aqueduct does not have hydraulic availability for the reasons noted in said communication, and they were made aware of the potential project for improvements and expansion of the branch line proposed by AYA.” (see response and evidence provided).\n\nIII.- Unproven fact. It was not established that the authorities of the ICAA and the ASADA of Linda Vista implemented a provisional or alternative service supply system to resolve the problem suffered.\n\nIV.- On the right to potable water. First, it is appropriate to note that the right of access to potable water has been recognized by this Court in abundant case law and its conventional and constitutional support has been emphasized:\n\n“(…) V.- This Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international Human Rights instruments applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is stated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American System of Human Rights, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador” of 1988), which provides that: ‘Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.’ The lack of resources does not justify the failure of public administrations to fulfill their duties in providing this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).\n\nFor its part, as both the Procuraduría and the representative of AyA well recognize in their reports, in the international field the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also majority-held. It is maintained that without equitable access to a minimum requirement of potable water, other established rights would be unattainable—such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate quantities of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the implementation of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.” It is also emphasized that the States parties to the International Covenant have the duty to progressively realize the right to water, without any discrimination, which entitles everyone to sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for personal and domestic use.\n\nFor its part, several international conferences have been held, notably the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977, which recognized that all peoples have the right to access potable water to meet their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equality of opportunity for all to enjoy basic resources.\n\nThe concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that “in developing and using water resources, priority must be given to meeting basic needs and to the conservation of ecosystems. Likewise, in the Plan of Implementation adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to ‘employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services,’ without the objectives of cost recovery becoming a barrier to poor people's access to clean water. There are also dozens of international instruments that directly and indirectly concern water as a human right of all persons and peoples, such that it is not only an issue that by its nature tends to nationalization, but also to the internationalization of its use and management” (see judgment number 2006-5606 of 3:21 p.m. on April 26, 2006).\n\nFrom the foregoing, we can affirm that a fundamental right to potable water exists, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, given that it is essential for life and human health. Likewise, access to potable water has been classified as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in extensive constitutional case law. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the implementation of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. Thus, the States parties to the International Covenant have the duty to progressively realize, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for personal and domestic use.” Similarly, regarding this topic we can find a vast number of international instruments that refer to the right of access to potable water, among which we can point to the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on potable water supply and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Para. 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, approved by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, approved by the United Nations General Assembly in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc. (…)” (see Judgment No. 2019017397 of 12:54 p.m. on September 11, 2019).\n\nAdditionally, since the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, in Costa Rica the right to potable water is expressly recognized at the constitutional level in the following terms:\n\n“(…) ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.\n\nEvery person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.\n\nThe State shall guarantee, defend, and preserve that right.\n\nThe law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.\n\nEvery person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a national asset (bien de la nación), indispensable for protecting that human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by the provisions established by the law to be created for these purposes, and the supply of potable water for the consumption of persons and populations shall have priority (…)” (emphasis added).\n\nRegarding this matter, in Judgment No. 2020-03982 of 11:50 a.m. on February 26, 2020, this Court processed the legislative consultation related to the mentioned partial amendment to Article 50 of the Political Constitution and stated:\n\n“(…) VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The bill for a partial constitutional amendment submitted by all 57 Deputies of the Legislative Assembly consists of two articles that seek the addition of a final paragraph to Article 50 of the Political Constitution, as well as the incorporation of a new transitional provision in Title XVIII, Sole Chapter, Transitory Provisions of the Political Constitution, as follows:\n\n‘ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of Article 50 of the Political Constitution of November 7, 1949. The text is as follows:\n\nArticle 50.-\n\n(…)\n\nEvery person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a national asset, indispensable for protecting that human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by the provisions established by the law to be created for these purposes, and the supply of potable water for the consumption of persons and populations shall have priority.\n\nARTICLE 2.- A new transitional provision is added to Title XVIII, Sole Chapter, Transitory Provisions, of the Political Constitution, related to Article 50. The text is as follows:\n\nArticle 50 – XX. The laws, concessions, and current use permits, granted in accordance with the law, as well as the rights derived from them, shall remain in force while a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water does not enter into force.’\n\nThe proposal thus set forth and already approved in the first debate refers not only to the express recognition of access to water as a human right but is directly related to the fact that this human right recognized therein in positive terms concerns access to potable water, given that it is based on the consideration of water—and especially potable water—as an essential and intrinsic element for the life and health of persons, thus aligning with the provisions of Article 21 and the first part of Article 50 of the Political Constitution, and the jurisprudential developments of this same Chamber derived from such norms.\n\nThe Chamber notes that the right of access to water, and especially to potable water, forms part of various statements in the field of international human rights law, through different instruments with different scope or legal nature, but which, by their own condition and pursuant to the provisions of Article 48 of the Political Constitution, must necessarily be considered regarding this subject matter. Thus, this right has already been related to and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment of the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions are found in paragraph 1 of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights—Protocol of San Salvador—, and even in ILO Convention 169 itself. And regarding general resolutions, there are, among others, General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution: E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution number 70/169 of December 17, 2015, which expressly refers to water needing to be ‘safe and of acceptable quality for personal and domestic uses,’ and access to ‘safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner.’\n\nIn this sense, it is valid to affirm that the proposal for the addition to Article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to potable water, is consonant with the legal developments on the matter shown at the international level and embodied in declarations, conventions, and resolutions of various natures, hence its conformity with the legal progress shown in this regard at the international level, and that due to the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have a direct impact on the domestic sphere of States, as this constitutional reform proposal seeks to formalize at that level.\n\nIt is important to note that reference is made to the proposal seeking to formalize the situation at the constitutional level, since the issue of access to water, and to potable water, is certainly regulated in our country at the statutory level by a profuse normative framework that ranges from the 1942 Ley de Aguas, the 1953 Ley General de Agua Potable, the 1961 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the 1973 Ley General de Salud, the 1983 Law Creating SENARA, the 1995 Ley Orgánica del Ambiente, and the 1996 Ley Forestal, among others.\n\nLikewise, the protection of the environment and the right to water that constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life but also the consubstantial and necessary protection that must be provided by the institutions in general, from specialized agencies such as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, to others of a broader nature such as the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente y Energía, the Ministerio de Salud, and the Municipalities of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of water resources but also their legitimate provision for human consumption in compliance with established parameters and the real possibilities of effective supply—see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791—.\n\nIt is important to note the emphasis that the reform proposes not only on recognizing access to potable water as a human right but also on its particular condition as a public domain asset (bien demanial), in the same sense that the diverse legislation mentioned here already refers to. Note that the proposed norm states that ‘water is a national asset,’ that is, an asset that belongs generally to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, an asset diffused among all of society and its actors, a public domain asset that requires not only full protection due to its condition of being essential for life but also to allow its use for the various areas required, provided that due sustainability and its comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are observed. Note that the recognition of the human right is regarding potable water, subsequently stating that water—thus, in general terms—is indispensable for protecting the human right recognized in the first part of the paragraph, without this implying in any way the impossibility of using the resource for other types of purposes—agricultural, industrial, or developmental—provided it is done in accordance with the provisions on the aforementioned right to the environment and guaranteeing the existence of adequate water resources for potable water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and upon it, a human right of access to potable water, from which it follows that the normative formulation sought to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms but also the recognition of access to potable water as a human right.\n\nFurthermore, it must be considered that, according to what has already been stated, this access must be sought and provided in accordance with the prior fulfillment of established parameters and according to (sic) the real possibilities of supply. That is, as has been established in the copious case law of this Chamber on the matter, although the recognition of access to potable water is configured as a human right, its effective provision may be subject to the concrete and certain possibilities of delivery, from which it follows that this access recognized as fundamental may well be subject to the fulfillment of specific conditions that in turn allow for guaranteeing the existence and preservation of this good.\n\nIt is for this reason that the aforementioned United Nations General Assembly Resolution number 70-169 of December 17, 2015, states in its paragraph 5 the exhortation to States to:\n\n‘Guarantee the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, in particular for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other ground, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in slums, income levels and other relevant factors.’ – emphasis not in original—\n\nThis progressivity referred to in this resolution develops the analogous provision that in conventional terms is enshrined in the first paragraph of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, stating that:\n\n‘Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.’ – emphasis added—\n\nIn this way, the legitimate regulation that permits adequate and orderly access to potable water recognized herein as a human right is valid, since it is a matter of promoting its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nIt is for this reason that the legislation regulating the matter—as could be the one thus proposed in the same paragraph sought to be added, and referred to in the proposed transitional provision XX—must, in due course, necessarily be consistent with the set of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to potable water also as a human right, so that certainly the legislation indicated there must conform to Constitutional Law and the provisions contemplated therein on the matter.\n\nIn this sense, in accordance with what has been stated herein, it is observed that the bill processed under legislative file 21.382 is in direct consonance with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore appropriately fits within the same provision of Article 50 of the Constitution, and is consistent with the constitutional values and principles that guide it, without there being any friction whatsoever with those essential or core elements that inform and make up Constitutional Law (…)’.\n\nSimilarly, it is appropriate to highlight what is established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, made at the 29th session held in Geneva between November 11 and 29, 2002, in which it was stated:\n\n‘(…) 2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.\n\n3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living ‘including adequate food, clothing and housing’. The use of the word ‘including’ indicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival.\n\nMoreover, the Committee has previously recognized that water is a human right contained in article 11, paragraph 1, (see General Comment No. 6 (1995)). The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1) and the rights to adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1). The right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity. (…)\n\n10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to existing water supplies necessary for the right to water, and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water.\n\n11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with articles 11, paragraph 1, and 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future generations.\n\n12. While the adequacy of water required to meet the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:\n\n(a) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work conditions.\n\n(b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person’s health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.\n\n(c) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has four overlapping dimensions:\n\n(i) Physical accessibility. Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services.\n\n(ii) Economic accessibility. Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights.\n\n(iii) Non-discrimination. Water and water facilities and services must be accessible to all, including the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds.\n\n(iv) Information accessibility. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues. (…)\n\n25. The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligations to facilitate, promote and guarantee.\n\nThe obligation to facilitate requires that States Parties adopt positive measures that enable and assist individuals and communities to exercise the right. The obligation to promote imposes on the State Party the adoption of measures to disseminate adequate information regarding the hygienic use of water, the protection of water sources (fuentes de agua), and methods to reduce water waste. States Parties also have the obligation to fulfill (guarantee) the right in cases where individuals or groups are unable, for reasons beyond their control, to exercise that right by themselves with the means at their disposal.\n\n26. The obligation to fulfill requires that States Parties adopt the measures necessary for the full exercise of the right to water. This obligation includes, among other things, the need to sufficiently recognize this right in the national political and legal system, preferably through the application of laws; adopt a national water-resources strategy and action plan for the exercise of this right; ensure that water is affordable for all; and facilitate greater and sustainable access to water, particularly in rural areas and disadvantaged urban areas.\n\n27. To ensure that water is affordable, States Parties must adopt the necessary measures, which could include: a) the use of a set of appropriate low-cost techniques and technologies; b) appropriate pricing policies, such as the provision of water free of charge or at low cost; and c) income supplements. All payments for water supply services must be based on the principle of equity, to ensure that those services, whether public or private, are within reach of all, including socially disadvantaged groups. Equity requires that poorer households not bear a disproportionate burden of water expenses compared to wealthier households.\n\n28. States Parties must adopt comprehensive and integrated strategies and programs to ensure that present and future generations have sufficient and safe water22. Such strategies and programs could include: a) reduction of the depletion of water resources through extraction, diversion, or damming; b) reduction and elimination of contamination of watersheds (cuencas hidrográficas) and water-related ecosystems by radiation, harmful chemical substances, and human excrement; c) monitoring of water reserves; d) ensuring that any proposed improvement does not impede access to potable water; e) examination of the impacts that certain measures may have on water availability and on the watersheds (cuencas hidrográficas) of natural ecosystems, such as climate change, desertification and increased soil salinity, deforestation, and biodiversity loss23; f) increased efficient use of water by consumers; g) reduction of water waste during its distribution; h) emergency response mechanisms; and i) creation of competent institutions and establishment of appropriate institutional arrangements to implement the strategies and programs (…)\n\n37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States Parties have a fundamental obligation to ensure at least the satisfaction of minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee's view, at least some core obligations in relation to the right to water, which have immediate effect, can be identified:\n\na) Ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and suitable for personal and domestic use and to prevent disease;\n\nb) Ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially with respect to vulnerable or marginalized groups;\n\nc) Ensure physical access to water facilities or services that provide a sufficient and regular supply of safe water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;\n\nd) Ensure that personal security is not threatened when people have to go to obtain water;\n\ne) Ensure an equitable distribution of all available water facilities and services;\n\nf) Adopt and implement a national water strategy and action plan for the entire population; the strategy and action plan must be developed and periodically reviewed based on (sic) a participatory and transparent process; they must provide methods, such as the establishment of indicators and benchmarks to closely monitor progress made; the process by which the strategy and action plan are devised, as well as the content of both, must pay special attention to all vulnerable or marginalized groups;\n\ng) Monitor the degree of realization, or non-realization, of the right to water;\n\nh) Adopt targeted, relatively low-cost water programs to protect vulnerable and marginalized groups;\n\ni) Adopt measures to prevent, treat, and control water-associated diseases, particularly by ensuring access to adequate sanitation services (…)” (emphasis added).\n\nThe foregoing is relevant because it details the content of the right to water by outlining its characteristics, including quality, accessibility (accesibilidad), and availability (disponibilidad), since it establishes that the human right to water implies a sufficient supply for each person for personal and domestic use.\n\nFurthermore, in the judgment of November 27, 2023, issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of *Inhabitants of La Oroya vs. Peru*, that court held:\n\n“(…) 121. Likewise, persons enjoy the right to water being free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes the obligation on States consisting of: a) designing standards and policies that define water quality standards and, more stringently, in treated and residual waters that are compatible with human health and the health of ecosystems; b) monitoring contamination levels of water bodies and, if applicable, informing of possible risks to human health and ecosystem health; c) carrying out plans and, in general, undertaking all practices aimed at controlling water quality, including identifying its main sources of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards; and e) adopting actions that ensure the sustainable management of water resources. The Court also considers that States must design their standards, plans, and water quality control measures in accordance with the best available science, attentive to the criteria of availability (disponibilidad), accessibility (accesibilidad), sustainability, quality, and adaptability, and, even, based on international cooperation.\n\n122. Complementing the above, the Court recalls that in the case of *Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina*, it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This derives from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow for deriving rights from which, in turn, the right to water derives. In this regard, the Court noted that among those are the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its Article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its Article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.\n\n123. Regarding its normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that ‘access to water […] encompasses ‘consumption, sanitation, laundry, food preparation, and personal and domestic hygiene,’ as well as for some individuals and groups also […] ‘additional water resources due to health, climate, and working conditions.’ Likewise, that ‘access to water’ implies ‘obligations of progressive realization,’ but that ‘nevertheless, States have immediate obligations, such as guaranteeing [said access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization.’ Furthermore, that States must provide protection against acts by private individuals, so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, as well as ‘guarantee a minimum essential amount of water,’ in those ‘particular cases of persons or groups of persons who are unable to access water by themselves […], for reasons beyond their control.’\n\n124. At this point, the Tribunal specifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects water bodies as elements of the environment that have a value in themselves, as a universal interest, and due to their importance for other living organisms, including human beings. The second facet recognizes the decisive role that water has for human beings and their survival, and, therefore, protects its access, use, and utilization by human beings. In this way, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component starts from an ecocentric premise, while—for example—the right to potable water and its sanitation is based on an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but, not in all cases, the violation of one necessarily implies the violation of the other.\n\n125. Furthermore, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligation of respect and guarantee, provided for in Article 1.1 of the Convention, one of whose forms of observance consists of preventing violations. This obligation extends to the private sphere to prevent third parties from violating the protected legal interests, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and ensure that their eventual violations are effectively considered and treated as an illicit act. Along these lines, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and oversee certain activities to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct, and its non-compliance is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)” (emphasis added).\n\nVI.- On the right to the proper functioning of public services and the role of ICAA as the governing entity in matters of potable water supply. On this matter, in judgment No. 2016-12058 of 9:30 a.m. on August 26, 2016, this Chamber stated:\n\n“(…) in the sub judice it is determined that ICAA, as the governing entity in the matter, has failed in its inspection and supervision duties regarding the provision of the public service of potable water and sewerage, and, therefore, has violated the rights of the petitioners. According to Articles 1 and 2 of the Constituent Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados), ICAA is responsible, among (sic) other functions, for resolving everything related to the supply of potable water and the sanitary sewerage service; for directing and overseeing everything concerning providing the inhabitants with potable water service; and for administering and directly operating the aqueduct and sewerage systems throughout the country; therefore, it is inexcusable that ICAA has not acted to prevent and remedy a situation such as the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without signing any delegation agreement.\n\nIn this regard, it is worth recalling what the Chamber, in judgment No. 2014-012971 of 2:45 p.m. on August 8, 2014, indicated in relation to ICAA and its duties to inspect and guarantee the proper functioning of the public services in question:\n\n“IV.- On the right to the proper functioning of public services and the role of ICAA as the governing entity in matters of water supply. In judgment number 2012-12009 of 9:05 a.m. on August 31, 2013, this Chamber ordered the following, which is of interest for the resolution of the sub lite:\n\n“This Chamber has held that the Political Constitution implicitly includes the fundamental right of those administered to the good and efficient functioning of public services, that is: that they be provided with high-quality standards. This has, as a necessary corollary, the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, speedily, effectively, and efficiently. This latter obligation derives from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subsection 8 (which imposes on the Executive Branch the duty to ‘Oversee the proper functioning of administrative services and dependencies’), 139, subsection 4 (as it incorporates the concept of ‘good government performance’) and 191 (to the extent that it incorporates the principle of ‘efficiency of the administration’). This Tribunal has also indicated that said atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as the supply of potable water, since goods as precious as health and human life are at stake, and therefore the principles of effectiveness, efficiency, speed, continuity, and adaptability must prevail with greater rigor (see, in this sense, judgments number 2008-016405 of 7:04 p.m. on October 30, 2008, and 2008-017633 of 12:06 p.m. on December 5, 2008). In this context, the role of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) acquires particular importance as the governing entity in the matter. This Chamber has indicated that:\n\n“(…) in accordance with the provisions of Article 1 of the Constituent Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, said autonomous institution has been created with the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of potable water. To fulfill this purpose, and in accordance with the provisions of Article 2 of that same regulatory body, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for directing and overseeing everything concerning providing the inhabitants of the Republic with a potable water service, as well as utilizing, using, governing, or overseeing, as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due compliance with the provisions of the aforementioned law. This verifies that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is the first called upon to ensure that all inhabitants of the Republic can benefit from a potable water supply system, capable of supplying said liquid continuously and in sufficient quantity to adequately satisfy the basic needs of all persons, in effective protection of their fundamental rights to life and health” (judgment number 2011005457 of 11:32 a.m. on April 29, 2011.)\n\nIn accordance with the above, this Chamber has emphasized that in those cases where the service of supplying water for human consumption is provided by an ASADA, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is called upon to exercise effective and efficient surveillance and control actions over the respective water supply system, regarding its operation, maintenance, administration, and development, in order to guarantee its correct functioning (judgment number 2011009487 of 9:15 a.m. on July 22, 2011). In fact, recently, in judgment number 2012006447 of 10:30 a.m. on May 18, 2012, this Chamber expressed:\n\n“(…) although Article 2 of Law 2726 empowers AyA to agree with community organizations on the administration of aqueduct and sewerage systems, the respondent Institute, as the governing entity in the matter, is responsible for all matters relating to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for supplying water to the populations. Based on the foregoing, the Administration cannot excuse the lack of an efficient potable water service due to the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct by the contracted private body (…)\n\nThis confirms the obligation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to inspect and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems” (the emphasis does not correspond to the original)\n\n“V.- On the specific case. In the case at hand, the petitioner alleges that in the community of El Porvenir in La Cruz, Guanacaste, ICAA provides the potable water service by delegation to an ASADA; however, said service is provided deficiently and requires improvements in the infrastructure, for which the Municipality of La Cruz allocated an item for the improvement of said aqueduct, which cannot be executed until ICAA performs the corresponding technical studies. She considers her fundamental right of access to potable water violated.\n\nIn this regard, the Chamber accepted as proven that the Rural Aqueduct Administration Association of El Porvenir, La Cruz, Guanacaste (Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste), does not have current legal status, as it expired on July 31, 2007. Likewise, it is noted that the ASADA El Porvenir has not presented to ICAA the documentation required for the process of signing the delegation agreement. Furthermore, ICAA does not have an updated diagnosis of the aqueduct system operated by ASADA El Porvenir. From the case file, it was confirmed that by official letter number SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 of July 3, 2014, the Head of the Regional Office of Community Systems of the Chorotega Region of ICAA suggested that ASADA El Porvenir contract the services of a professional to perform a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was demonstrated that the Municipality of La Cruz allocated an item of 3 million colones to make improvements to the aqueduct infrastructure, which will be executed once the corresponding technical studies are carried out. Given this scenario, the Chamber considers that the amparo must be partially granted, only against ICAA. As explained in the preceding whereas clause, ICAA is under the obligation to inspect and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems, so it cannot excuse itself on the grounds that the lack of an efficient potable water service is due to the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct. As the governing entity in matters of potable water supply, ICAA is called upon to contribute to the prompt solution of the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz, Guanacaste. Thus, for the Chamber, the argument of the respondent authorities of ICAA that they bear no responsibility for the problems presented with the ASADA of El Porvenir is not acceptable. As long as the problems in the water supply continue, the most vulnerable party are the residents of the locality, who must tolerate the inaction of the responsible entities and, consequently, suffer from the deficient provision of the public potable water service. Under this understanding, ICAA must supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of El Porvenir adjusts its functioning to the law and so that the technical studies necessary to authorize the investment of the municipal budget already allocated for improving the potable water supply in that community, and, therefore, the quality of life of all its citizens, are realized.” (The emphasis does not correspond to the original).\n\nIn addition, Article 36 subsection 1) of the Regulation of Community Aqueduct and Sewerage System Administration Associations (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales) indicates as an obligation and right of ICAA: \"To sign and rescind the Delegation Agreements for the management of aqueduct and sewerage systems with Administration Associations, when so recommended by the Management and approved by its Board of Directors, for reasons of convenience, opportunity, or ineffectiveness in the provision of public services (…).\"\n\nVII.—On the merits. In the case at hand, the petitioners consider their fundamental rights harmed, because in the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, there is an aqueduct over 40 years old, which has a problem of hydraulic and infrastructure incapacity, which makes the supply of potable water impossible by the ASADA of Linda Vista, who is the entity responsible for providing such service.\n\nDue to the aforementioned problem, ICAA, jointly with JAPDEVA, plans to execute the project \"Improvement and Expansion of the Linda Vista and La Ganga Sector Aqueduct,\" which aims at the improvement and expansion of the aqueduct, projected to begin in 2026.\n\nAccording to ICAA, for the execution of the project, the institution is “in the process of seeking financing for the project, because the institution at this time does not have the necessary funds to carry it out. Last June 23, AyA sent a request to JAPDEVA to submit several projects for financing through the Regional Development Canon, among them the project: ‘Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista towards the community of 52 Millas, canton of Siquirres – Stage I. BPIP Code: 002372.’ (…) the bidding process for this project has not yet begun.”\n\nFor its part, according to the ASADA, it is “unrelated to this project in the sense that it has neither the capacity nor the resources to commit to carrying it out by itself (…) of the 11 petitioners in this amparo appeal, the following gentlemen already have their potable water service for their dwelling house from years back: Name01, Name05 (wife of Name06), Nombre07, and Nombre08, so it is improper for them to claim to be affected by an eventual denial of water availability if they are already enjoying it, unless, presumably, they require another service, perhaps for an agricultural farm, as there is no formal request for any availability letter in the Aqueduct (…) we cannot provide more services if we do not have the hydraulic infrastructure capacity for it, which the petitioners are very clear about; otherwise, it would impair the quantity and quality of water for current users. A hydrological study is necessary to determine the aqueduct's capacity, the need for improvements, and for the governing entity, AYA, to authorize, lead, and provide economic resources to carry out the works.”\n\nVIII.— It is proven that it is by virtue of the lack of economic and technical resources on the part of ICAA that the first stage of the project \"Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista towards the community of 52 Millas, canton of Siquirres\" has not even begun.\n\nAccording to the respondent, the lack of resources is because the income received is from the rates established by ARESEP and is for the operation of the current service. However, it is evident from the case file that the provision of the service is not occurring, as there is no potable water in the area.\n\nDue to the above, the management of resources for the execution of the first stage of the project is being coordinated with JAPDEVA, and it is expected to begin in 2026.\n\nIX.—Based on the foregoing, first of all, regarding the request filed on May 17, 2021, by the residents of the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, it is on record that on that date they sent an official letter to the ASADA of Linda Vista in which they raised the issue of the supply of potable water service. In this regard, it is on record that on May 19, 2021, the respondent ASADA informed the residents of the area that the request could not be approved “because the aqueduct does not have hydraulic availability for the reasons noted in said official letter, and they were informed of the eventual project for improvements and expansion of the branch proposed by AYA.” In that sense, it is on record that the request was addressed by the ASADA within a reasonable period, and the problems affecting the area's aqueduct and the impossibility of supplying water for that same reason were explained to them.\n\nHowever, while the Chamber has endorsed that when a problem such as a lack of water capacity or infrastructure exists, neither ICCA nor the ASADAs are obligated to provide a service that they cannot satisfy, and that denial is not arbitrary, as occurred with the request filed in 2021; the truth is that in the case under study and at this moment, this Tribunal considers that there is indeed a violation of the rights of the protected party, because it is proven that improvement projects that will allow solving the complained-of situation currently exist.\n\nThus, in the sub lite, it is evident that there is a structural problem in procuring the provision of the service to the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, by the ASADA of Linda Vista, which has caused the area to lack a potable water supply.\n\nNow then, despite the fact that it is on record that ICAA plans to execute the project \"Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista towards the community of 52 Millas, canton of Siquirres,\" with the collaboration of JAPDEVA; the truth is that it follows from the reports rendered that the project is currently stalled, as there is a material impossibility due to the lack of technical and economic resources to start the project and thus be able to supply potable water to the area.\n\nLikewise, it is notably absent that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as the governing entity of the potable water service, coordinated together with the ASADA of Linda Vista, responsible for the provision of the potable water service in the area, the execution of a remedial plan to provide the potable water service to the protected community, in order to procure access to potable water.\n\nIn this sense, it is necessary to reiterate to ICAA that, as the governing entity in matters of potable water supply, it is under the obligation to inspect and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems; as well as to contribute to the prompt solution of the problems affecting the community of Río Frío, so the argument that they bear no responsibility for the problems presented with the area's ASADA is not acceptable to this Chamber. On the contrary, it is incumbent upon ICAA to supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of Linda Vista adjusts its functioning to the law and succeeds in supplying potable water to the area.\n\nFurthermore, it is clarified that, although the respondent ASADA stated that some petitioners do have potable water availability, the truth is that it was confirmed from the reports rendered that a problem actually exists for the provision of the service in the area.\n\nIn this vein, this Tribunal considers that the respondent authorities have violated the fundamental rights of the community of Linda Vista, because, in this process, although it was proven that some measures have been taken regarding the denounced problem, the truth is that the area currently does not have access to potable water. Based on the foregoing, it is proper to declare the appeal well-founded, with the consequences that will be detailed in the operative part of this judgment.\n\nX.—PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT.\n\nWhile I concur with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the absence of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that, within a maximum period of eighteen months, counted from the notification of this judgment, the project to expand the potable water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, in the canton of Siquirres, is completed, in order to guarantee effective access to that essential service. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding enforcement (Article 155 et seq.) have clear advantages, such as the ability to request schedules, impose fines, establish liabilities, oversee compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Division of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment enforcement rules of said Code.\n\nXI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is granted. Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as Jorge Jesús Camacho Valverde, identification number CED12, in his capacity as president of the Asociación de Acueducto de Linda Vista, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their powers and to undertake the corresponding interinstitutional coordination, so that: a) IMMEDIATELY a remedial plan is executed to provide potable water service in the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, while the project \"Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres\" is being completed; b) within the maximum period of EIGHTEEN MONTHS, counted from the notification of this judgment, the project \"Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres\" is completed, which will allow providing potable water to the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, so that once this is completed, potable water service is provided efficiently, effectively, and continuously to the homes in the area that meet the requirements in accordance with the infra-constitutional legal order. The respondents, or whoever holds their positions, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the ASADA de Linda Vista are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of the judgment through the contentious-administrative venue. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Enforcement Division of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in Article 155 et seq. of the Código Procesal Contencioso Administrativo. She also orders that a copy of the judgment be sent to her so that the enforcement proceedings for this ruling can be initiated. Notify.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n LOTIPN5E2YO61\n\nEXPEDIENTE N° 25-017675-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:42:04.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }