{ "id": "nexus-sen-1-0007-1316473", "citation": "Res. 24007-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Inundaciones por alcantarillado en La Cruz: deber municipal de proteger a persona adulta mayor", "title_en": "Flooding from drainage in La Cruz: municipal duty to protect an elderly person", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una persona adulta mayor contra el CONAVI y la Municipalidad de La Cruz. La recurrente alega que el manejo inadecuado de aguas pluviales y una red de alcantarillado inconclusa provocan inundaciones en su propiedad, ubicada frente a la Carretera Interamericana Norte. La Sala no encuentra responsabilidad del CONAVI, ya que no se probó que las inundaciones provinieran del sistema de drenaje vial nacional y se constató que el paso de alcantarilla funcionaba correctamente. Sin embargo, sí verifica la existencia de una obra municipal inconclusa y considera que la Municipalidad tiene el deber de investigar y solucionar la situación, en especial por tratarse de una persona adulta mayor. Se declara parcialmente con lugar el recurso: se ordena a la Municipalidad dictar los actos necesarios en tres meses para resolver las inundaciones, coordinando con el CONAVI si es necesario; y se ordena al CONAVI responder por escrito la gestión presentada en septiembre de 2024, ya que no lo había hecho, vulnerando el derecho a una justicia pronta y cumplida. Los magistrados emiten notas separadas sobre la competencia en ejecución y el alcance del amparo en casos de inactividad administrativa. La decisión refuerza el deber de las municipalidades de proteger los derechos a la salud y a un ambiente sano de los habitantes, especialmente de grupos vulnerables, en aplicación del principio pro homine y del artículo 169 constitucional.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo filed by an elderly person against CONAVI and the Municipality of La Cruz. The claimant alleges that inadequate stormwater management and an unfinished sewer network cause flooding on her property, located along the North Inter-American Highway. The Chamber finds no liability of CONAVI, since the flooding was not proven to originate from the national road drainage system and the culvert was functioning properly. However, it confirms the existence of an unfinished municipal project and holds that the Municipality has a duty to investigate and solve the problem, particularly because the claimant is an elderly person. The appeal is partially granted: the Municipality is ordered to take the necessary actions within three months to resolve the flooding, coordinating with CONAVI if required; and CONAVI is ordered to provide a written response to the request filed in September 2024, as its failure to do so violated the right to prompt and complete justice. The magistrates file separate opinions on execution jurisdiction and the scope of amparo in cases of administrative inaction. The decision reinforces municipalities’ duty to protect the rights to health and a healthy environment of inhabitants, especially vulnerable groups, applying the pro homine principle and Article 169 of the Constitution.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "01/08/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "amparo", "principio pro homine", "persona adulta mayor", "justicia pronta y cumplida", "alcantarillado pluvial", "CONAVI", "derecho a la salud", "ambiente sano" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 169", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 45", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "inundaciones", "alcantarillado", "municipalidad obligaciones", "CONAVI", "justicia pronta y cumplida", "agua pluvial", "persona adulta mayor", "principio pro homine", "artículo 169 Constitución Política", "Sala Constitucional sentencia 2025" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "flooding", "sewer system", "municipal obligations", "CONAVI", "prompt justice", "stormwater", "elderly person", "pro homine principle", "Article 169 Costa Rican Constitution", "Constitutional Chamber ruling 2025" ], "excerpt_es": "Empero, llama la atención a la Sala, que pese a que el COSEVI es conocedor de la denuncia que hizo la recurrente y en virtud de ello, efectuó una inspección, lo cierto es que no consta que se le haya remitido una respuesta por escrito a lo requerido por la interesada en el correo electrónico remitido el 17 de setiembre de 2024, razón por la cual, en cuanto este extremo, se lesionó el derecho a una justicia pronta y cumplida.\n\nPor otra parte, esta Sala advierte que existe una infraestructura municipal inconclusa, y del otro lado, una ciudadana que alega que ello, provoca que se le inunde su propiedad, por lo que en aplicación del principio pro homine y del artículo 169, de la Constitución Política, que dispone el deber de las Municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, es que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véanse en ese sentido las Sentencias N° 2008-11739, de las 12:12 horas del 25 de julio de 2008 y N° 2011-003043, de las 16:03 horas del 08 de marzo de 2011).\n\nEn virtud de lo anterior, es obligación de la Municipalidad recurrida efectuar un examen integral de la situación denunciada por la recurrente, quien es una persona adulta mayor, a los efectos de determinar el origen de la problemática así como los responsables de la misma, ya que su atención y corrección corresponde al gobierno local, dentro de las competencias propias de la administración municipal en materia de servicios públicos, saneamiento ambiental y protección a la salubridad.", "excerpt_en": "However, the Chamber notes that even though COSEVI was aware of the claimant's complaint and consequently carried out an inspection, there is no evidence that a written response was sent to the interested party regarding the request made in the email of September 17, 2024, which is why, in this respect, the right to prompt and complete justice was violated.\n\nMoreover, this Chamber observes that there is an unfinished municipal infrastructure, and on the other side, a citizen who claims that this causes her property to flood, so applying the pro homine principle and Article 169 of the Political Constitution, which establishes the duty of the country's Municipalities to safeguard the interests of the inhabitants of their jurisdiction, these corporations are obligated to eliminate any threat that endangers the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton (see in this regard Judgments No. 2008-11739 of 12:12 hours on July 25, 2008 and No. 2011-003043 of 16:03 hours on March 8, 2011).\n\nBy virtue of the foregoing, the respondent Municipality is obligated to carry out a comprehensive examination of the situation reported by the claimant, who is an elderly person, in order to determine the origin of the problem and those responsible for it, since its resolution and correction is the responsibility of the local government, within the powers of the municipal administration in matters of public services, environmental sanitation, and protection of public health.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The amparo is partially granted: the Municipality of La Cruz is ordered to resolve the flooding within three months, and CONAVI is ordered to respond to the 2024 request.", "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el amparo: se ordena a la Municipalidad de La Cruz solucionar en tres meses el 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"context": "Considerando VI", "quote_en": "it is the duty of the respondent Municipality to carry out a comprehensive examination of the situation reported by the claimant, who is an elderly person, in order to determine the origin of the problem and those responsible for it", "quote_es": "es obligación de la Municipalidad recurrida efectuar un examen integral de la situación denunciada por la recurrente, quien es una persona adulta mayor, a los efectos de determinar el origen de la problemática así como los responsables de la misma" }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "there is no evidence that a written response was sent to the interested party regarding the request..., which is why, in this respect, the right to prompt and complete justice was violated", "quote_es": "no consta que se le haya remitido una respuesta por escrito a lo requerido por la interesada..., razón por la cual, en cuanto este extremo, se lesionó el derecho a una justicia pronta y cumplida" } ], "cites": 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Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nALCANTARILLADO.\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nTema: PODER EJECUTIVO\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nTema: TRÁNSITO\n\nSubtemas:\n\nVIAS PUBLICAS.\n\n024007-25. MUNICIPALIDAD. PODER EJECUTIVO. TRÁNSITO. SE ACUSA EL MANEJO INADECUADO DE AGUAS PLUVIALES QUE AFECTAN PROPIEDAD DE PERSONA ADULTA MAYOR, UBICADA FRENTE A CARRETERA INTERAMERICANA NORTE EN LA CRUZ, LO ANTERIOR, POR CUANTO LA MUNICIPALIDAD NO HA CONCLUIDO LA RED DE ALCANTARILLADO. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE LA CRUZ, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES, DICTE LOS ACTOS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE AFECTA LA PROPIEDAD DE LA RECURRENTE Y COORDINAR CON EL CONAVI, SI FUERA EL CASO, LO PERTINENTE A SU COMPETENCIA PARA RESOLVER EN FORMA CONJUNTA DICHA SITUACIÓN. ASIMISMO, SE ORDENA AL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, QUE, EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, BRINDE LA RESPUESTA A LA GESTIÓN REMITIDA A FAVOR DE LA RECURRENTE. VCG08/2025\n\n\n“(…) V.- Sobre el fondo. Del análisis de los informes rendidos por el Consejo Nacional de Vialidad y de la Municipalidad recurrida aunado a la prueba aportada, la Sala verifica que, ambas instituciones son conocedoras de la situación que le aqueja a la recurrente, en relación con los problemas de inundaciones que provoca un desfogue de agua que pasa por su propiedad y caen en una alcantarilla ubicada sobre la ruta nacional. Sin embargo, ninguno de los dos entes se hace responsable de dicha situación, toda vez, que la Municipalidad manifestó bajo juramento, que por tratarse de una obra ubicada frente a una ruta nacional, la atención de la problemática corresponde al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), por ser el ente competente y agregó que, el canal es una escorrentía natural y fue entubado años atrás por el Gobierno Municipal, sin variar su condición de escorrentía natural o topografía que agreguen caudal o afecten el área de la finca de la tutelada. A su vez, en su defensa el CONAVI informó a esta Sala que, las aguas que afectan la propiedad de la recurrente no son pluviales ni provienen del sistema de drenaje de la Ruta Nacional N.° 1, sino que responde a descargas de aguas servidas provenientes de sistemas locales ajenos a la red vial nacional, en particular a una red de cañería inconclusa y un canal abierto localizados en propiedades privadas y por ende, son situaciones ajenas a la administración de CONAVI.\n\nDe lo dicho por ambas autoridades, la Sala desprende que ambos informes son contradictorios; no obstante de ellos y de la prueba aportada, constata que efectivamente existen unas aguas que son conducidas por una tubería, y que desfogan en la mencionada alcantarilla nacional, a través de un canal abierto construido en propiedades privadas siendo que esta infraestructura no forma parte del sistema de drenaje vial nacional, el cual no fue diseñado para el manejo de aguas servidas, sino exclusivamente para aguas pluviales. Ahora bien, dada la sumariedad del recurso de amparo, no le corresponde a la Sala indicar si dichas aguas son producto de una escorrentía natural o son aguas servidas, y si su uso y desfogue a la alcantarilla constituye una desviación indebida del fin técnico de la obra pública. De manera que no resulta material ni razonablemente posible entrar a un complicado y lento sistema probatorio para dilucidar estos aspectos señalados, pues exceden el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política. Por ende, este agravio debe ser planteados y analizados ante la propia parte recurrida o bien, ante las vías jurisdiccionales ordinarias creadas especialmente al efecto.\n\n Ahora bien, es menester indicar que el CONAVI ha realizado labores de limpieza preventiva y mantenimiento rutinario en la infraestructura bajo su competencia, incluyendo intervenciones los días 28 de septiembre de 2024 y 25 de junio de 2025, así como que el paso de alcantarilla en cuestión se encuentra en condiciones adecuadas de funcionamiento al momento de las inspecciones técnicas. De manera que, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) no ha construido, operado ni canalizado las aguas que generan afectación a la propiedad de la recurrente, ya que según se indicó, las obras que originan el problema se encuentran fuera del derecho de vía y no forman parte de la infraestructura vial nacional bajo su competencia. Así las cosas, en ese sentido no se encuentra evidencia objetiva ni técnica de que la infraestructura vial nacional haya ocasionado la supuesta afectación alegada, ni se ha probado que exista omisión por parte del CONAVI en el cumplimiento de sus deberes legales o constitucionales. Por el contrario, se verificó el funcionamiento normal de la obra pública y la inexistencia de taponamientos o escurrimientos anómalos atribuibles a este ente, por lo que en cuanto este extremo, no se verifica lesión alguna a los derechos fundamentales de la recurrente. Empero, llama la atención a la Sala, que pese a que el COSEVI es conocedor de la denuncia que hizo la recurrente y en virtud de ello, efectuó una inspección, lo cierto es que no consta que se le haya remitido una respuesta por escrito a lo requerido por la interesada en el correo electrónico remitido el 17 de setiembre de 2024, razón por la cual, en cuanto este extremo, se lesionó el derecho a una justicia pronta y cumplida.\n\n VI.- Por otra parte, esta Sala advierte que existe una infraestructura municipal inconclusa, y del otro lado, una ciudadana que alega que ello, provoca que se le inunde su propiedad, por lo que en aplicación del principio pro homine y del artículo 169, de la Constitución Política, que dispone el deber de las Municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, es que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véanse en ese sentido las Sentencias N° 2008-11739, de las 12:12 horas del 25 de julio de 2008 y N° 2011-003043, de las 16:03 horas del 08 de marzo de 2011).\n\n En virtud de lo anterior, es obligación de la Municipalidad recurrida efectuar un examen integral de la situación denunciada por la recurrente, quien es una persona adulta mayor, a los efectos de determinar el origen de la problemática así como los responsables de la misma, ya que su atención y corrección corresponde al gobierno local, dentro de las competencias propias de la administración municipal en materia de servicios públicos, saneamiento ambiental y protección a la salubridad. Entonces, si bien no consta que la Municipalidad haya alterado el cauce natural ni que haya contribuido al aumento del caudal; y que ello sea el causante de la afectación de la propiedad de la recurrente, lo cierto es que dicha Corporación tiene la competencia para gestionar y canalizar adecuadamente las aguas servidas y pluviales dentro del ámbito cantonal, por lo que, de existir responsabilidad municipal, esta se circunscribe a la falta de intervención para terminar las obras inconclusas y controlar los vertidos. Así las cosas, en cuanto este extremo se declara con lugar el recurso. (…)”\n\n\n\n\n\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) II.- De previo. Según constancia agregada al expediente, la Encargada de Obras y Servicios ni el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de la Cruz no presentaron escrito o documento, a fin de rendir el informe que se les solicitó. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si el informe requerido a la parte recurrida no es rendido dentro del plazo conferido a tal efecto, como sucedió en el presente caso, se tendrá por ciertos los hechos y se entrará a resolver el amparo sin más trámite. Sin embargo, dicha situación no es motivo suficiente para la estimatoria automática del recurso, toda vez que se debe entrar a estudiar la procedencia del recurso con base en los alegatos esgrimidos y demás elementos probatorios allegados a los autos.\n\nPor otra parte, previo a analizar el fondo del alegato -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia planteada a favor de una persona adulta mayor, que presuntamente, no ha sido atendida dentro de un plazo razonable. (…)” VCG08/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nVII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVCG08/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nVIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este amparo, en que la recurrente, quien es una persona adulta mayor, acusa que las autoridades recurridas no han dispuesto lo correspondiente para dar una solución al problema de inundaciones que supuestamente afecta a su propiedad, y amenaza la integridad de las demás personas adultas mayores que viven allí.\n\nVCG08/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 056- Ejecución de sentencias\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nIX.- VOTO SALVADO PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como lo es dar solución al problema de inundaciones ocasionado por un desfogue de agua que pasa por la propiedad de la parte amparada y cae a una alcantarilla ubicada sobre la ruta nacional, toda vez que se trata de un canal abierto, construido en propiedades privadas, que no forma parte del sistema de drenaje vial nacional —mismo que, en todo caso, no fue diseñado para el manejo de aguas servidas, sino exclusivamente para aguas pluviales—. En este sentido, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.\n\nVCG08/2025\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-016872-0007-CO\n\nRes. Nº 2025024007\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del uno de agosto de dos mil veinticinco .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente número 25-016872-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) y la MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a las 20:55 horas del 11 de junio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) y la MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ. Manifiesta, en resumen, que reside, junto a otras dos personas adultas mayores, en la finca matrícula de folio real , ubicada contiguo a la Dirección01 en el cantón de La Cruz, Guanacaste. Señala que en dicha propiedad, se ha presentado, de forma continua, un problema relacionado con el manejo inadecuado de aguas pluviales. Explica que, hay una alcantarilla sobre dicha vía nacional cuya administración corresponde al CONAVI y que las aguas que discurren por esa estructura se desvían directamente hacia el fundo mencionado, generando inundaciones, desbordamientos y pérdida de terreno, en especial en la época lluviosa. Acota que, desde hace más de veinte años, se han presentado múltiples gestiones ante la Municipalidad de La Cruz, la cual ha intervenido de forma esporádica mediante limpiezas; sin embargo, ha reconocido carecer de competencia directa sobre la alcantarilla. Agrega que, por medio del ingeniero de la Unidad Técnica e Inspección Vial, se indicó que la competencia corresponde a CONAVI por tratarse de una vía nacional; no obstante, la coordinación entre ambas instituciones ha sido insuficiente para una solución efectiva. Afirma que, paralelamente, el gobierno local ha incumplido su deber de canalizar adecuadamente las aguas pluviales del distrito, permitiendo que estas desemboquen sin control en la propiedad afectada. Apunta que, la ejecución de obras de cañería ha quedado inconclusa por razones ajenas a la parte afectada, relacionadas con un litigio legal sobre propiedades colindantes, situación que persiste desde hace más de dos décadas, durante las cuales no se han ejercido acciones efectivas por parte de la administración local. Explica que, como consecuencia directa de la omisión prolongada de ambas entidades, una porción significativa del terreno ha sido afectada por procesos de erosión, pérdida de capas superficiales, y disminución de su funcionalidad y valor, amén del riesgo eventual de los ocupantes del inmueble. Estima que lo expuesto viola sus derechos fundamentales, en especial, dada su condición de vulnerabilidad. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley y se ordene al CONAVI realizar de forma inmediata y permanente la limpieza, mantenimiento y reparación de la alcantarilla ubicada sobre la Dirección02 que afecta la propiedad de la suscrita, así como implementar una\n\nsolución técnica adecuada para que sus aguas no desemboquen en DICHA propiedad privada. Además, se ordene a la Municipalidad de La Cruz culminar la red de alcantarillado pluvial en la zona afectada, adoptando las medidas necesarias para garantizar el adecuado escurrimiento de aguas.\n\n 2.- Mediante resolución de las 22:06 horas del 21 de junio de 2025, se dio curso al presente recurso y se otorgó audiencia al director ejecutivo del CONAVI, así como al Alcalde, la Encargada de Obras y Servicios y al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de la Cruz, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n 3.- Informa bajo juramento Mauricio Sojo Quesada, Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, que según lo indicado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, las aguas que afectan la propiedad no son pluviales ni proceden de la Dirección03, sino aguas servidas provenientes de calles cantonales del casco urbano de La Cruz, siendo que estas aguas se transportan mediante una tubería plástica tipo Rib Loc de 1,5 m de diámetro, parcialmente en propiedades privadas colindantes, las cuales se desfogan en una alcantarilla dentro del derecho de vía de la Dirección03, a través de un canal abierto construido fuera del derecho de vía. Se indicó que el uso de dicha alcantarilla por parte del gobierno local para depositar aguas servidas es indebido, ya que esa infraestructura está diseñada exclusivamente para transportar aguas pluviales dentro de la red vial nacional. Refiere que el paso de alcantarilla del CONAVI fue inspeccionado el 3 de octubre de 2024, y el 24 de junio de 2025, constatándose en ambas ocasiones su funcionamiento normal, sin presencia de aguas pluviales ni evidencia de taponamientos. Asimismo, se realizaron labores de limpieza preventiva los días 28 de septiembre de 2024 y 25 de junio de 2025. Indica que, del caso de la Sra. Nombre01 se tuvo conocimiento por primera vez mediante correo electrónico de fecha 17 de setiembre de 2024, remitido por la Sra. Silvia Cruz, al cual se le brindó respuesta el 18 de setiembre de 2024, posteriormente se conversó vía telefónica con la Sra. Silvia Cruz y se coordinó una inspección in situ. Especifica que, la inspección técnica se llevó a cabo el día 3 de octubre de 2024, con la presencia de un familiar designado por la señora Silvia Cruz. Especifica que, durante la visita, se constató la presencia de aguas servidas o residuales que desfogan a través del paso de alcantarillas transversal ubicado en la Dirección03, específicamente provenientes de un canal abierto que ha sido construido dentro de propiedades privadas, ubicadas fuera del derecho de vía de la mencionada ruta nacional. Expone que, se verificó que dichas aguas residuales provienen de calles cantonales del centro poblacional de La Cruz, por lo que no se originan en la infraestructura vial nacional ni en su zona de dominio público. Asevera que, en cuanto al estado del paso de alcantarillas de la Ruta Nacional N° 1, se documentó que al momento de la inspección se encontraba limpio y en adecuado funcionamiento, permitiendo el flujo normal de las aguas -que no son pluviales- en dirección oeste a este a través de la tubería existente. Destaca que, con anterioridad a la visita técnica, específicamente el día 28 de septiembre de 2024, se había realizado la correspondiente limpieza preventiva del sistema de alcantarillado ubicado frente a la propiedad de la señora Nombre01, en la misma ruta nacional. Apunta que, el 24 de junio se procedió a realizar una inspección en la Ruta Nacional N° 1, en el sitio donde se ubica el paso de alcantarillas de la supuesta afectación, el mismo se encontraba funcionando con normalidad, se observó nuevamente la presencia de aguas servidas provenientes del canal abierto en propiedad privada y no la presencia de aguas pluviales. Relata que, se agendó una limpieza para remover una mínima cantidad de basura en el cabezal de entrada. Concluye que, lo anterior permite establecer que la afectación alegada por la recurrente tiene como origen una red de cañerías inconclusa y un canal abierto que se localizan en propiedades privadas colindantes a su terreno, lo cual descarta que dichas obras hayan sido ejecutadas o administradas por el Consejo Nacional de Vialidad, ni implican responsabilidades propias del CONAVI. Puntualiza que, no puede atribuirse responsabilidad al CONAVI por los efectos derivados de dicha infraestructura, cuya gestión -según lo señalado por la misma recurrente- corresponde al gobierno local. Reitera que el CONAVI ha cumplido con sus competencias materiales, efectuando las labores de mantenimiento rutinario del sistema de drenaje ubicado dentro del derecho de vía de la Ruta Nacional N° 1, incluyendo la limpieza del paso de alcantarillas transversal y de las cunetas revestidas en el sector de la supuesta afectación, lo cual ha sido debidamente documentado. Asevera que, el Departamento de Ingeniería de Proyecto no ha recibido reportes ni denuncias formales por parte del Gobierno Local ni de usuarios de la Dirección04, que den cuenta de la ocurrencia de inundaciones o afectaciones atribuibles al escurrimiento de aguas pluviales provenientes de dicha vía nacional en el sitio objeto de análisis. Esclarece que, en cuanto a las fotografías aportadas por la parte recurrente, en las que se observa una inundación significativa en el sector señalado, señalar que no existe evidencia técnica ni registros que indiquen que dicha condición haya sido causada por el funcionamiento de la infraestructura vial nacional. Por el contrario, según el estado del alcantarillado al momento de la inspección, la infraestructura se encontraba en condiciones adecuadas y con capacidad de conducción funcional. Estima que las imágenes podrían corresponder a eventos extraordinarios asociados a fenómenos naturales extremos, como el paso de un huracán o tormenta tropical, situaciones que constituyen fuerza mayor y resultan ajenas a la responsabilidad de este Consejo Nacional de Vialidad. Deduce que, la causa de la afectación alegada en el presente caso responde a descargas de aguas servidas provenientes de sistemas locales ajenos a la red vial nacional, en particular a una red de cañerías inconclusa y un canal abierto localizados en propiedades privadas, vinculados al drenaje de calles cantonales del centro de población de La Cruz. Acota que, la situación corresponde su atención al gobierno local y a los generadores directos de dichos vertidos, quienes deben asumir el tratamiento y manejo adecuado de estas aguas residuales. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n\n 4.- Informa bajo juramento Luis Alonso Alán Corea, en calidad de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de La Cruz que. el Departamento de Gestión Ambiental indicó que, el 16 de setiembre de 2024, que se recibe por una única vez, correo electrónico de la señora Silvia Cruz, quien consulta al área de Gestión Ambiental sobre una aparente obra que quedó sin terminar, el cual bajo supuesto, incluía el alcantarillado que pasa sobre la propiedad de su madre, la ahora recurrente. Acota que, el 17 de setiembre de 2024, la encargada del área de obras y servicios del Departamento de Gestión Ambiental le informó, que considerando que el génesis de la problemática radicaba en una obra vial, y que por encontrarse la misma frente a ruta nacional, le corresponde al Consejo de Seguridad Vial, atender los problemas que de estos deriven. Adiciona que, de manera similar, el Ingeniero de la Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, en fecha 16 de setiembre de 2024, recibe por primera vez, un correo de consulta sobre el Alcantarillado Municipal en Dirección05 o popularmente, sector INA, a lo cual este le informa a doña Silvia Cruz, que la ruta a la cual refiere corresponde a la ruta #01, no es una ruta cantonal sino nacional por lo que el mantenimientos y acciones preventivas y activas les compete al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), ante ello remitía su solicitud al ente pertinente, siendo que en ese mismo correo remite al Ingeniero de dicha institución Ing. Gustavo Alvarado. Especifica que, la alcantarilla se ubica en la Dirección02 conocida como Dirección06# y la administración y mantenimiento corresponde al CONAVI. Concreta que, en lo que corresponde a las inundaciones, desbordes y desprendimientos de tierras, no existen reportes de incidentes ante los entes competentes de atención de emergencias. Señala que, la propiedad de la parte recurrente finca matrícula folio Real , plano catastrado , en apariencia conforme a la capa de hidrografía tomada del Sistema Nacional de Información Territorial o SNIT, y de la información que desprende la certificación de Patrimonio Natural del Estado SINAC-ACG-DR-PNE-ZMT-001-2025, presume la existencia de un cuerpo de agua o yurro natural que sirve como canal para el desfogue natural de las aguas pluviales; el cual en buena apariencia atraviesa de forma nativa la esquina norte del terreno de la recurrente, acto que de manera tácita reconoce la recurrente. Expone que, la única comunicación que se ha recibido por parte de la recurrente fue a través de la consulta generada por su hija el 16 de setiembre de 2024, a la cual se le brindó contestación, por lo que no es cierto que en múltiples ocasiones la Municipalidad se ha recibido alertada sobre la situación que alega la recurrente. Menciona que, no resulta de recibo alegar que la Municipalidad de La Cruz, sin control desemboca las aguas pluviales del distrito, puesto que el recorrido de las aguas pluviales, ha seguido el rumbo que naturalmente presenta la topografía del terreno, pues el recorrido que realizan las aguas pluviales desembocan en el yurro natural, que en buena apariencia atraviesa originalmente la esquina norte del terreno de la recurrente, el cual, según informe del Departamento de la Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal no ha sido recargado. Dice que, el yurro sobre el cual se hace mención, pese a no estar gráficamente reflejado en el plano catastrado asociado a la finca de la recurrente, conforme a los indicios puede presumirse la existencia de un yurro natural, y en ese sentido conforme al numeral 94, de la Ley de Aguas: “Los terrenos inferiores están obligados a recibir las aguas que naturalmente, y sin intervención del hombre, fluyan de los superiores, así como la tierra o piedras que arrastren en su curso (…)”. Consideran oportuno realizar la debida consulta ante la Dirección Nacional de Aguas, para determinar si corresponde a un bien demanial. Por otra parte, la recurrente pretende que se intervenga sobre una propiedad privada en la cual pasa la escorrentía natural, bajo esa hipótesis y en apego al principio de legalidad, siendo que la Ley General de Caminos Públicos establece claramente la obligación de los propietarios o poseedores de predios vecinos a caminos públicos de recibir y canalizar las aguas pluviales que descienden por los mismos, cuando la topografía así lo determine, en ese sentido véase que los artículos 14 y 20, de la Ley General de Caminos Públicos, establece que “Todos los poseedores de bienes raíces por cualquier título, están obligados a recibir y dejar escurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües del camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos”. Revela que, con respecto a la aparente existencia de una cañería inconclusa, la tubería que pasa por el lote que pertenece a la Municipalidad de La Cruz, tiene un entubado de dicha escorrentía natural realizado en años pasados, y el mismo cuenta con una recuperación de áreas del terreno Municipal, sin variar la escorrentía natural, o topografía que sumen caudal o afecten el área del lote de la recurrente. Explica que, según visita de campo realizada por el Departamento de Unidad Técnica y Gestión Vial, no hay evidencia de erosión o de algún proceso de daño al lote que se evidencia pérdida de espacio, por lo que el drenaje natural que se evidencia en la Dirección07, existe desde que la ruta fue construida en los años 70”s , siendo que en sitio se encuentra esta alcantarilla colocada (Hierro corrugado) el cual no ha variado y desde hace más de dos décadas, por lo que no es una práctica constructiva que se realice en el país. Agrega que, la recurrente no presenta prueba idónea que justifique la pérdida patrimonial relacionado con el inmueble, ni prueba fehaciente del valor del terreno, además que el amparo no corresponde a la vía correcta para un cobro como el que pretende la recurrente. Solicita se declare sin lugar el recurso\n\n5.- La Técnica Judicial 3 a.i. y la Secretaria ambas de la Sala Constitucional hace constar que, revisado, a las 10:39 horas del 14 de julio de 2025, en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, el control de documentos recibidos y este expediente, no apareció que del 02 al 11 de julio de 2025, la Encargada de Obras y Servicios y el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de la Cruz hayan presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se les solicitó.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\n \n\n    Considerando:\n\n I.- Objeto del recurso. La recurrente, quien es adulta mayor denuncia el manejo inadecuado de las aguas pluviales que afectan su propiedad, ubicada frente a la Dirección01, en el cantón de La Cruz, Guanacaste. Solicita que se ordene al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) realizar de manera inmediata y permanente la limpieza, mantenimiento y reparación de la alcantarilla sobre la vía nacional que provoca las inundaciones y desbordamientos en el inmueble, así como la implementación de una solución técnica que evite que las aguas pluviales desemboquen en su finca. Asimismo, se requiere que la Municipalidad de La Cruz culmine la red de alcantarillado pluvial en la zona afectada, adoptando las medidas necesarias para garantizar el adecuado escurrimiento de las aguas y prevenir daños futuros, en resguardo de sus derechos fundamentales y de los ocupantes vulnerables de la propiedad.\n\n   II.- De previo. Según constancia agregada al expediente, la Encargada de Obras y Servicios ni el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de la Cruz no presentaron escrito o documento, a fin de rendir el informe que se les solicitó. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si el informe requerido a la parte recurrida no es rendido dentro del plazo conferido a tal efecto, como sucedió en el presente caso, se tendrá por ciertos los hechos y se entrará a resolver el amparo sin más trámite. Sin embargo, dicha situación no es motivo suficiente para la estimatoria automática del recurso, toda vez que se debe entrar a estudiar la procedencia del recurso con base en los alegatos esgrimidos y demás elementos probatorios allegados a los autos.\n\nPor otra parte, previo a analizar el fondo del alegato -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia planteada a favor de una persona adulta mayor, que presuntamente, no ha sido atendida dentro de un plazo razonable.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1)   La recurrente tiene sesenta y ocho años y Silvia Cruz Avilés, cédula de identidad N° 503800921, es su hija (consulta efectuada en el Registro Civil).\n\n2)   La recurrente aparece como propietaria de la finca inscrita bajo el número de folio real Nº 5-15449-000, correspondiente al plano catastrado Nº G-0493731-1983 (ver copia de la certificación y del plano).\n\nA.- En relación con el CONAVI:\n\na)   El 17 de septiembre de 2024, se recibió un correo electrónico remitido por Silvia Cruz, hija de la aquí recurrente  (ver informe y copia del oficio CARTA-CONAVI-DRCH-02-2025-0313 (0530).\n\nb)   El 18 de setiembre de 2025, la autoridad recurrida atendió la gestión y coordinó una visita en el sitio (ver informe y CARTA-CONAVI-DRCH-02-2025-0313 (0530).\n\nc)    El 28 de septiembre de 2024, se realizaron labores de limpieza preventiva en el sistema de alcantarillado (ver informe y copia del oficio CARTA-CONAVI-DRCH-02-2025-0313 (0530). \n\nd)   El 3 de octubre de 2024, con la presencia de un familiar designado por la interesada se inspeccionó el lugar denunciado y se verificó que, existen aguas servidas o residuales que desfogan en el paso de alcantarillas transversal a la Dirección04, provenientes por un canal abierto que fue construido en propiedad privada fuera del derecho de vía de la Ruta Nacional N° 1. Además se constató, que el paso de alcantarillas se encontraba limpio, por lo que las aguas servidas y no pluviales circulaba con normalidad por la tubería en dirección oeste a este ver informe y CARTA-CONAVI-DRCH-02-2025-0313 (0530).\n\ne)    El 25 de junio de 2025, se realizaron labores de limpieza preventiva en el sistema de alcantarillado (ver informe).\n\nEn cuanto a la Municipalidad de La Cruz.\n\na)   El 16 de septiembre de 2024, Silvia Cruz, hija de la recurrente, envió un correo electrónico al Área de Gestión Ambiental, en el denunció que existe una obra de alcantarillado sin concluir lo que provoca inundaciones y afecta la propiedad, por lo que consulta a cuál ente, le corresponde la limpieza y la solución del problema (ver informe y copia del correo electrónico).\n\nb)   El 17 de setiembre de 2025, la encargada del área de Obras y Servicios del Departamento de Gestión Ambiental respondió la supra indicada misiva indicando que, por tratarse de una obra ubicada frente a una ruta nacional, la atención de la problemática correspondía al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) (ver informe y copia del correo electrónico).\n\nc)    La alcantarilla en cuestión se ubica sobre la Ruta Nacional Nº 1 (Interamericana Norte), y a cincuenta metros de la vivienda de la recurrente siendo que administración y mantenimiento recae en el Consejo Nacional de Vialidad (ver informe y copia del oficio MLC-UTGV-OF-217-2025).\n\nd)   La Municipalidad no ha alterado o redirigido artificialmente dicho cauce ni que ha provocado el aumentado el caudal (ver informe).\n\ne)    El canal es una escorrentía natural y fue entubado años atrás por la Municipalidad, el cual cuenta con una recuperación de áreas del terreno Municipal, sin variar su condición de escorrentía natural o topografía que sumen caudal o afecten el área del lote mencionado (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nf)     En relación con la situación de inundaciones, desbordamientos o desprendimientos de tierra, no constan reportes de incidentes presentados por la recurrente ante los entes competentes de atención de emergencias (ver informe y copia del oficio MLC-UTGV-OF-217-2025).\n\ng)   El 26 de junio de 2025, se realizó visita in situ y según inspección técnica realizada por el Departamento de Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal, no se evidencian procesos de erosión ni pérdida de terreno en el lote de la recurrente, ni afectaciones atribuibles al entubado que atraviesa el lote municipal colindante, el cual respeta la escorrentía natural existente (ver informe y copia del oficio MLC-UTGV-OF-217-2025)..\n\n IV.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:\n\na)   Que la Municipalidad haya alterado o redirigido artificialmente dicho cauce o que haya realizado obras para el aumento del caudal. \n\nb)   Que las inundaciones sean producto del mal funcionamiento de la infraestructura vial nacional.\n\nc)    Que el CONAVI haya brindado una respuesta por escrito a la gestión remitida por la hija de la recurrente el 17 de setiembre de 2024.\n\n V.- Sobre el fondo. Del análisis de los informes rendidos por el Consejo Nacional de Vialidad y de la Municipalidad recurrida aunado a la prueba aportada, la Sala verifica que, ambas instituciones son conocedoras de la situación que le aqueja a la recurrente, en relación con los problemas de inundaciones que provoca un desfogue de agua que pasa por su propiedad y caen en una alcantarilla ubicada sobre la ruta nacional. Sin embargo, ninguno de los dos entes se hace responsable de dicha situación, toda vez, que la Municipalidad manifestó bajo juramento, que por tratarse de una obra ubicada frente a una ruta nacional, la atención de la problemática corresponde al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), por ser el ente competente y agregó que, el canal es una escorrentía natural y fue entubado años atrás por el Gobierno Municipal, sin variar su condición de escorrentía natural o topografía que agreguen caudal o afecten el área de la finca de la tutelada. A su vez, en su defensa el CONAVI informó a esta Sala que, las aguas que afectan la propiedad de la recurrente no son pluviales ni provienen del sistema de drenaje de la Ruta Nacional N.° 1, sino que responde a descargas de aguas servidas provenientes de sistemas locales ajenos a la red vial nacional, en particular a una red de cañería inconclusa y un canal abierto localizados en propiedades privadas y por ende, son situaciones ajenas a la administración de CONAVI.\n\n De lo dicho por ambas autoridades, la Sala desprende que ambos informes son contradictorios; no obstante de ellos y de la prueba aportada, constata que efectivamente existen unas aguas que son conducidas por una tubería, y que desfogan en la mencionada alcantarilla nacional, a través de un canal abierto construido en propiedades privadas siendo que esta infraestructura no forma parte del sistema de drenaje vial nacional, el cual no fue diseñado para el manejo de aguas servidas, sino exclusivamente para aguas pluviales. Ahora bien, dada la sumariedad del recurso de amparo, no le corresponde a la Sala indicar si dichas aguas son producto de una escorrentía natural o son aguas servidas, y si su uso y desfogue a la alcantarilla constituye una desviación indebida del fin técnico de la obra pública. De manera que no resulta material ni razonablemente posible entrar a un complicado y lento sistema probatorio para dilucidar estos aspectos señalados, pues exceden el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política. Por ende, este agravio debe ser planteados y analizados ante la propia parte recurrida o bien, ante las vías jurisdiccionales ordinarias creadas especialmente al efecto.\n\n Ahora bien, es menester indicar que el CONAVI ha realizado labores de limpieza preventiva y mantenimiento rutinario en la infraestructura bajo su competencia, incluyendo intervenciones los días 28 de septiembre de 2024 y 25 de junio de 2025, así como que el paso de alcantarilla en cuestión se encuentra en condiciones adecuadas de funcionamiento al momento de las inspecciones técnicas. De manera que, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) no ha construido, operado ni canalizado las aguas que generan afectación a la propiedad de la recurrente, ya que según se indicó, las obras que originan el problema se encuentran fuera del derecho de vía y no forman parte de la infraestructura vial nacional bajo su competencia. Así las cosas, en ese sentido no se encuentra evidencia objetiva ni técnica de que la infraestructura vial nacional haya ocasionado la supuesta afectación alegada, ni se ha probado que exista omisión por parte del CONAVI en el cumplimiento de sus deberes legales o constitucionales. Por el contrario, se verificó el funcionamiento normal de la obra pública y la inexistencia de taponamientos o escurrimientos anómalos atribuibles a este ente, por lo que en cuanto este extremo, no se verifica lesión alguna a los derechos fundamentales de la recurrente. Empero, llama la atención a la Sala, que pese a que el COSEVI es conocedor de la denuncia que hizo la recurrente y en virtud de ello, efectuó una inspección, lo cierto es que no consta que se le haya remitido una respuesta por escrito a lo requerido por la interesada en el correo electrónico remitido el 17 de setiembre de 2024, razón por la cual, en cuanto este extremo, se lesionó el derecho a una justicia pronta y cumplida.\n\n VI.- Por otra parte, esta Sala advierte que existe una infraestructura municipal inconclusa, y del otro lado, una ciudadana que alega que ello, provoca que se le inunde su propiedad, por lo que en aplicación del principio pro homine y del artículo 169, de la Constitución Política, que dispone el deber de las Municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, es que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véanse en ese sentido las Sentencias N° 2008-11739, de las 12:12 horas del 25 de julio de 2008 y N° 2011-003043, de las 16:03 horas del 08 de marzo de 2011).\n\n En virtud de lo anterior, es obligación de la Municipalidad recurrida efectuar un examen integral de la situación denunciada por la recurrente, quien es una persona adulta mayor, a los efectos de determinar el origen de la problemática así como los responsables de la misma, ya que su atención y corrección corresponde al gobierno local, dentro de las competencias propias de la administración municipal en materia de servicios públicos, saneamiento ambiental y protección a la salubridad. Entonces, si bien no consta que la Municipalidad haya alterado el cauce natural ni que haya contribuido al aumento del caudal; y que ello sea el causante de la afectación de la propiedad de la recurrente, lo cierto es que dicha Corporación tiene la competencia para gestionar y canalizar adecuadamente las aguas servidas y pluviales dentro del ámbito cantonal, por lo que, de existir responsabilidad municipal, esta se circunscribe a la falta de intervención para terminar las obras inconclusas y controlar los vertidos. Así las cosas, en cuanto este extremo se declara con lugar el recurso.\n\n VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este amparo, en que la recurrente, quien es una persona adulta mayor, acusa que las autoridades recurridas no han dispuesto lo correspondiente para dar una solución al problema de inundaciones que supuestamente afecta a su propiedad, y amenaza la integridad de las demás personas adultas mayores que viven allí.\n\nIX.- VOTO SALVADO PARCIAL RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como lo es dar solución al problema de inundaciones ocasionado por un desfogue de agua que pasa por la propiedad de la parte amparada y cae a una alcantarilla ubicada sobre la ruta nacional, toda vez que se trata de un canal abierto, construido en propiedades privadas, que no forma parte del sistema de drenaje vial nacional —mismo que, en todo caso, no fue diseñado para el manejo de aguas servidas, sino exclusivamente para aguas pluviales—. En este sentido, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.\n\n  X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n  Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Luis Alonso Alán Corea, en calidad de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de La Cruz, o a quien ocupe dicho cargo, para que, dentro del plazo de TRES MESES, a partir de la notificación de la presente sentencia, dicte los actos correspondientes con el fin de solucionar el problema de inundaciones que afecta la propiedad de la recurrente y coordinar con el CONAVI, si fuera el caso, lo pertinente a su competencia para resolver en forma conjunta dicha situación. Asimismo, se ordena a Mauricio Sojo Quesada, en calidad de Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien ocupe dicho cargo, que en el plazo de cinco días, a partir de la notificación de esta sentencia, brinde la respuesta a la gestión remitida a favor de la recurrente el 17 de setiembre de 2025. A su vez, tome nota que deberá de prestar su colaboración, si esta fuera requerida, por las autoridades de la Municipalidad de La Cruz, con el fin de que forma coordinada solucionen el problema que aqueja a la recurrente. Todo lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de La Cruz y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En los demás extremos, se declara sin lugar. El magistrado Castillo Víquez y Salazar Alvarado consignan notas, de manera separada. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. -\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n OF2K98P5FX861\n\nEXPEDIENTE N° 25-016872-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección08, Dirección09, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:55:07.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Resolution No. 24007 - 2025**\n\n**Date of Resolution:** August 1, 2025, at 9:15 a.m.\n\n**Case File:** 25-016872-0007-CO\n\n**Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\n**Type of Matter:** Amparo Appeal\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Judgment with Dissenting Vote**\n\n**Judgment with Separate Note**\n\n**Relevance Indicators**\n\n**Relevant Judgment**\n\n**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**\n\n**Content of Interest:**\n\n**Strategic Themes:** Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights\n\n**Type of content:** Majority Vote\n\n**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS\n\n**Topic:** MUNICIPALITY\n\n**Subtopics:**\n\nSEWER SYSTEM.\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\n**Topic:** EXECUTIVE BRANCH\n\n**Subtopics:**\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\n**Topic:** TRANSIT\n\n**Subtopics:**\n\nPUBLIC ROADS.\n\n024007-25. MUNICIPALITY. EXECUTIVE BRANCH. TRANSIT. THE INADEQUATE MANAGEMENT OF RAINWATER THAT AFFECTS THE PROPERTY OF AN ELDERLY PERSON, LOCATED IN FRONT OF THE INTERAMERICANA NORTE HIGHWAY IN LA CRUZ, IS ALLEGED, DUE TO THE MUNICIPALITY NOT HAVING COMPLETED THE SEWER NETWORK. THE APPEAL IS PARTIALLY GRANTED. THE MUNICIPALITY OF THE CANTON OF LA CRUZ IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF THREE MONTHS, TO ISSUE THE CORRESPONDING ACTS IN ORDER TO SOLVE THE FLOODING PROBLEM AFFECTING THE APPELLANT'S PROPERTY AND TO COORDINATE WITH CONAVI, IF APPLICABLE, THE PERTINENT MATTERS WITHIN ITS COMPETENCE TO JOINTLY RESOLVE SAID SITUATION. LIKEWISE, THE CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF FIVE DAYS FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, TO PROVIDE A RESPONSE TO THE PETITION FILED ON BEHALF OF THE APPELLANT. VCG08/2025\n\n\"(…) V.- On the merits. From the analysis of the reports rendered by the Consejo Nacional de Vialidad and the respondent Municipality, together with the evidence provided, this Chamber verifies that both institutions are aware of the situation afflicting the appellant, regarding the flooding problems caused by a water outlet that passes through her property and falls into a culvert located on the national route. However, neither of the two entities takes responsibility for said situation, since the Municipality stated under oath that, because it concerns a work located in front of a national route, addressing the problem corresponds to the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), as the competent entity, and added that the channel is a natural runoff (escorrentía natural) and was piped years ago by the Municipal Government, without altering its condition as a natural runoff or topography that adds flow or affects the area of the protected person's property. In turn, in its defense, CONAVI informed this Chamber that the waters affecting the appellant's property are neither rainwater nor come from the drainage system of National Route No. 1, but rather result from discharges of wastewater (aguas servidas) from local systems unrelated to the national road network, particularly an unfinished pipe network and an open channel located on private properties, and therefore, are situations outside the administration of CONAVI.\n\nFrom what was stated by both authorities, this Chamber infers that both reports are contradictory; however, from them and from the evidence provided, it verifies that there are indeed waters that are channeled by a pipe, and that discharge into the aforementioned national culvert, through an open channel built on private properties, as this infrastructure does not form part of the national road drainage system, which was not designed for the management of wastewater, but exclusively for rainwater. Now, given the summary nature of the amparo appeal, it does not fall to this Chamber to indicate whether said waters are the product of a natural runoff or are wastewater, and whether their use and discharge into the culvert constitutes an improper deviation from the technical purpose of the public work. Thus, it is neither materially nor reasonably possible to enter into a complicated and slow evidentiary system to elucidate these indicated aspects, as they exceed the summary nature of the amparo appeal, as well as the competence of this Court granted by the Ley de la Jurisdicción Constitucional and the Political Constitution itself. Therefore, this grievance must be raised and analyzed before the respondent party itself or, alternatively, before the ordinary jurisdictional avenues created especially for this purpose.\n\n Now, it is necessary to indicate that CONAVI has carried out preventive cleaning and routine maintenance work on the infrastructure under its competence, including interventions on September 28, 2024, and June 25, 2025, and that the culvert in question was in adequate operating conditions at the time of the technical inspections. Thus, the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) has not built, operated, or channeled the waters that generate the affectation to the appellant's property, since as indicated, the works causing the problem are located outside the right-of-way and do not form part of the national road infrastructure under its competence. This being the case, in that sense, there is no objective or technical evidence that the national road infrastructure has caused the alleged affectation claimed, nor has it been proven that there is an omission by CONAVI in fulfilling its legal or constitutional duties. On the contrary, the normal functioning of the public work and the non-existence of blockages or anomalous runoff attributable to this entity were verified, so regarding this extreme, no injury to the fundamental rights of the appellant is verified. However, it draws the attention of this Chamber that, despite COSEVI being aware of the complaint made by the appellant and, by virtue thereof, having conducted an inspection, the truth is that there is no record that a written response was sent to what was requested by the interested party in the email sent on September 17, 2024, which is why, regarding this extreme, the right to prompt and complete justice was violated.\n\n VI.- On the other hand, this Chamber notes that there is an unfinished municipal infrastructure, and on the other side, a citizen who alleges that this causes her property to flood. Therefore, in application of the pro homine principle and Article 169 of the Political Constitution, which provides for the duty of the Municipalities of the country to look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction, said corporations are under the obligation to eliminate any type of threat that puts at risk the rights to health and a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton (see in this regard Judgments No. 2008-11739, of 12:12 p.m. on July 25, 2008, and No. 2011-003043, of 4:03 p.m. on March 8, 2011).\n\n By virtue of the foregoing, it is the obligation of the respondent Municipality to conduct a comprehensive examination of the situation denounced by the appellant, who is an elderly person, for the purpose of determining the origin of the problem as well as those responsible for it, since its attention and correction corresponds to the local government, within the competences proper to the municipal administration in matters of public services, environmental sanitation, and health protection. Therefore, while there is no evidence that the Municipality has altered the natural course or contributed to the increase in flow; and that this is the cause of the affectation to the appellant's property, the truth is that said Corporation has the competence to manage and properly channel wastewater and rainwater within the cantonal scope. Consequently, if there is municipal responsibility, it is limited to the lack of intervention to finish the unfinished works and control discharges. This being the case, regarding this extreme, the appeal is granted. (…)\"\n\n...\n\n**Related Judgments**\n\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Majority Vote\n\n**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\n**Topic:** 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice\n\n**Subtopics:**\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n\"(…) II.- Preliminary. According to documentation added to the case file, neither the Head of Works and Services nor the Director of the Unidad Técnica de Gestión Vial, both of the Municipality of La Cruz, submitted a brief or document in order to render the report requested of them. In accordance with the provisions of Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, if the report required from the respondent party is not rendered within the period granted for this purpose, as happened in the present case, the facts shall be taken as true and the amparo shall be resolved without further procedure. However, this situation is not sufficient reason for the automatic granting of the appeal, since the admissibility of the appeal must be studied based on the arguments put forward and other evidentiary elements brought to the record.\n\nOn the other hand, prior to analyzing the merits of the allegation -for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure- it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545, of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction -with some exceptions- those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure -initiated ex officio or at the request of a party- or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, since it involves a complaint filed on behalf of an elderly person, which allegedly has not been addressed within a reasonable time. (…)\" VCG08/2025\n\n...\n\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Separate Note\n\n**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\n**Topic:** 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice\n\n**Subtopics:**\n\nNOT APPLICABLE.\n\nVII.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the ones who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exception cases, which are admissible to be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVCG08/2025\n\n...\n\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Separate Note\n\n**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS\n\n**Topic:** MUNICIPALITY\n\n**Subtopics:**\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\nVIII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements more broadly. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as happens in this amparo, in which the appellant, who is an elderly person, accuses the respondent authorities of not having arranged the corresponding measures to provide a solution to the flooding problem that allegedly affects her property and threatens the integrity of the other elderly persons living there.\n\nVCG08/2025\n\n...\n\n**Content of Interest:**\n\n**Type of content:** Dissenting Vote\n\n**Branch of Law:** 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE\n\n**Topic:** 056- Execution of judgments\n\n**Subtopics:**\n\nNOT APPLICABLE.\n\nIX.- PARTIAL DISSENTING VOTE REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT BY JUDGE GARRO VARGAS. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal must be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, such as providing a solution to the flooding problem caused by a water outlet that passes through the protected party's property and falls into a culvert located on the national route, since it is an open channel, built on private properties, which does not form part of the national road drainage system —which, in any case, was not designed for the management of wastewater, but exclusively for rainwater—. In this sense, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding execution (Article 155 and following) have obvious advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising stages of compliance, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe that the execution phase should be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment execution rules of said Code.\n\nVCG08/2025\n\n...\n\n**Text of the resolution**\n\nExp: 25-016872-0007-CO\n\nRes. No. 2025024007\n\n CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen a.m. on August first, two thousand twenty-five.\n\n Amparo appeal processed in case file number 25-016872-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) and the MUNICIPALITY OF LA CRUZ.\n\nWhereas:\n\n 1.- By brief filed in the Secretariat of the Chamber and added to the case file at 8:55 p.m. on June 11, 2025, the appellant files an amparo appeal against the CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) and the MUNICIPALITY OF LA CRUZ. She states, in summary, that she resides, along with two other elderly persons, on the farm with real estate registration number , located adjacent to Dirección01 in the canton of La Cruz, Guanacaste. She indicates that on said property, a problem related to the inadequate management of rainwater has continuously arisen. She explains that there is a culvert on said national road whose administration corresponds to CONAVI and that the waters flowing through that structure are diverted directly towards the mentioned property, generating flooding, overflows, and land loss, especially during the rainy season. She notes that, for more than twenty years, multiple petitions have been filed before the Municipality of La Cruz, which has intervened sporadically through cleanings; however, it has acknowledged lacking direct competence over the culvert. She adds that, through the engineer of the Unidad Técnica e Inspección Vial, it was indicated that competence corresponds to CONAVI because it is a national road; however, coordination between both institutions has been insufficient for an effective solution. She affirms that, in parallel, the local government has failed in its duty to properly channel the district's rainwater, allowing it to discharge without control onto the affected property. She points out that the execution of pipe works has remained unfinished for reasons unrelated to the affected party, related to a legal dispute over neighboring properties, a situation that has persisted for more than two decades, during which effective actions have not been taken by the local administration. She explains that, as a direct consequence of the prolonged omission of both entities, a significant portion of the land has been affected by erosion processes, loss of surface layers, and a decrease in its functionality and value, in addition to the eventual risk to the occupants of the property. She believes that the foregoing violates her fundamental rights, especially given her condition of vulnerability. She requests that the appeal be granted, with the legal consequences, and that CONAVI be ordered to immediately and permanently carry out the cleaning, maintenance, and repair of the culvert located on Dirección02 that affects the undersigned's property, as well as to implement a\n\nsuitable technical solution so that its waters do not discharge onto SAID private property. Furthermore, that the Municipality of La Cruz be ordered to complete the storm sewer network (red de alcantarillado pluvial) in the affected area, adopting the necessary measures to guarantee adequate water runoff.\n\n 2.- By resolution of 10:06 p.m. on June 21, 2025, the present appeal was processed and a hearing was granted to the executive director of CONAVI, as well as to the Mayor, the Head of Works and Services, and the Director of the Unidad Técnica de Gestión Vial, all of the Municipality of La Cruz, regarding the facts alleged by the appellant.\n\n 3.- Mauricio Sojo Quesada, Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, reports under oath that, according to what was indicated by the Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, the waters affecting the property are not rainwater nor do they come from Dirección03, but rather wastewater from cantonal streets of the urban center of La Cruz, these waters being transported via a 1.5 m diameter Rib Loc type plastic pipe, partially on neighboring private properties, which discharge into a culvert within the right-of-way of Dirección03, through an open channel built outside the right-of-way. It was indicated that the use of said culvert by the local government to deposit wastewater is improper, since that infrastructure is designed exclusively to transport rainwater within the national road network. He reports that the CONAVI culvert was inspected on October 3, 2024, and June 24, 2025, confirming on both occasions its normal operation, with no presence of rainwater or evidence of blockages. Likewise, preventive cleaning work was carried out on September 28, 2024, and June 25, 2025. He indicates that the case of Mrs. Nombre01 was known for the first time via email dated September 17, 2024, sent by Mrs. Silvia Cruz, to which a response was provided on September 18, 2024; subsequently, a telephone conversation was held with Mrs. Silvia Cruz and an on-site inspection was coordinated. He specifies that the technical inspection was carried out on October 3, 2024, with the presence of a family member designated by Mrs. Silvia Cruz. He specifies that during the visit, the presence of sewage or wastewater (aguas servidas o residuales) was confirmed, discharging through the transversal culvert located on Dirección03, specifically coming from an open channel that has been built within private properties, located outside the right-of-way of the aforementioned national route. He states that it was verified that said wastewater comes from cantonal streets of the population center of La Cruz, and therefore does not originate from the national road infrastructure or its public domain area. He asserts that, regarding the state of the culvert on National Route No. 1, it was documented that at the time of the inspection it was clean and in adequate working order, allowing the normal flow of waters -which are not rainwater- in a west to east direction through the existing pipe. He highlights that, prior to the technical visit, specifically on September 28, 2024, the corresponding preventive cleaning of the sewer system (alcantarillado) located in front of Mrs. Nombre01's property, on the same national route, had been carried out. He points out that on June 24, an inspection was carried out on National Route No. 1, at the site where the culvert of the alleged affectation is located; it was functioning normally, the presence of wastewater from the open channel on private property was observed again, and not the presence of rainwater. He relates that a cleaning was scheduled to remove a minimal amount of garbage at the inlet headwall. He concludes that the foregoing establishes that the affectation alleged by the appellant originates from an unfinished pipe network and an open channel located on private properties adjacent to her land, which rules out that said works have been executed or administered by the Consejo Nacional de Vialidad, nor do they imply CONAVI's own responsibilities. He points out that responsibility cannot be attributed to CONAVI for the effects derived from said infrastructure, whose management -as stated by the appellant herself- corresponds to the local government. He reiterates that CONAVI has fulfilled its material competences, carrying out routine maintenance work on the drainage system located within the right-of-way of National Route No. 1, including cleaning the transversal culvert and the lined ditches in the sector of the alleged affectation, which has been duly documented. He asserts that the Project Engineering Department has received no reports or formal complaints from the Local Government or from users of Dirección04 that account for the occurrence of floods or affectations attributable to the runoff of rainwater from said national road at the site under analysis. He clarifies that, regarding the photographs provided by the appellant, in which a significant flood is observed in the indicated sector, to point out that there is no technical evidence or records indicating that said condition was caused by the operation of the national road infrastructure. On the contrary, according to the state of the culvert at the time of inspection, the infrastructure was in adequate conditions and with functional conveyance capacity. He believes that the images could correspond to extraordinary events associated with extreme natural phenomena, such as the passage of a hurricane or tropical storm, situations that constitute force majeure and are unrelated to the responsibility of this Consejo Nacional de Vialidad. He deduces that the cause of the affectation alleged in the present case is due to discharges of wastewater from local systems unrelated to the national road network, particularly an unfinished pipe network and an open channel located on private properties, linked to the drainage of cantonal streets of the population center of La Cruz. He notes that the situation's resolution corresponds to the local government and the direct generators of said discharges, who must assume the adequate treatment and management of this wastewater. He requests that the appeal be dismissed.\n\n 4.- Luis Alonso Alán Corea, in his capacity as Mayor of the Municipality of the Canton of La Cruz, reports under oath that the Environmental Management Department indicated that on September 16, 2024, a single email was received from Mrs. Silvia Cruz, who consulted the Environmental Management area about an apparent work that was left unfinished, which supposedly included the sewer system (alcantarillado) that passes over her mother's property, the now appellant. He notes that on September 17, 2024, the head of the works and services area of the Environmental Management Department informed her that, considering that the genesis of the problem lay in a road work, and because it is located in front of a national route, the Consejo de Seguridad Vial is responsible for addressing the problems arising from it. He adds that, similarly, the Engineer of the Department of the Unidad Técnica de Gestión Vial, on September 16, 2024, received for the first time a consultation email about the Municipal Sewer System (Alcantarillado Municipal) on Dirección05 or popularly, INA sector, to which he informs Mrs. Silvia Cruz that the route she refers to corresponds to route #01, it is not a cantonal route but a national one, therefore maintenance and preventive and active actions are the responsibility of the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), and he forwarded her request to the pertinent entity, in that same email forwarding it to the Engineer of said institution, Ing. Gustavo Alvarado. He specifies that the culvert is located on Dirección02 known as Dirección06, and the administration and maintenance correspond to CONAVI. He specifies that, regarding the floods, overflows, and landslides, there are no incident reports before the entities competent for emergency response. He points out that the appellant's property, farm with Real Estate Registration , cadastral map , apparently, according to the hydrography layer taken from the Sistema Nacional de Información Territorial or SNIT, and from the information derived from the certification of State Natural Heritage SINAC-ACG-DR-PNE-ZMT-001-2025, presumes the existence of a body of water or natural spring (yurro natural) that serves as a channel for the natural discharge of rainwater; which, in all likelihood, naturally crosses the northern corner of the appellant's land, an act that the appellant tacitly recognizes. He states that the only communication received from the appellant was through the inquiry generated by her daughter on September 16, 2024, to which a reply was given, so it is not true that the Municipality has been alerted on multiple occasions about the situation alleged by the appellant. He mentions that it is not acceptable to claim that the Municipality of La Cruz discharges the district's rainwater without control, since the path of the rainwater has followed the course naturally presented by the topography of the land, as the path taken by the rainwater discharges into the natural spring (yurro natural), which in all likelihood originally crosses the northern corner of the appellant's land, and which, according to a report from the Department of the Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal, has not been recharged. He says that the spring (yurro) mentioned, despite not being graphically reflected on the cadastral map associated with the appellant's farm, according to the evidence, the existence of a natural spring (yurro natural) can be presumed, and in that sense, pursuant to numeral 94 of the Ley de Aguas: \"Lower lands are obligated to receive the waters that naturally, and without human intervention, flow from higher lands, as well as the soil or stones they carry in their course (…)\". They consider it opportune to make the appropriate inquiry before the Dirección Nacional de Aguas, to determine if it corresponds to a public domain asset.\n\nOn the other hand, the appellant seeks to intervene on a private property across which the natural runoff passes. Under that hypothesis and in adherence to the principle of legality, given that the General Law of Public Roads clearly establishes the obligation of owners or possessors of properties neighboring public roads to receive and channel the rainwater that descends along them, when the topography so determines, in this regard, see that Articles 14 and 20 of the General Law of Public Roads state that “All possessors of real estate under any title are obligated to receive and allow the runoff of road waters within their properties when so determined by the land’s slope, and when their properties are adjacent to the road drains, they must keep these drains clean, in perfect working order, and free of obstacles.” It reveals that, regarding the apparent existence of an unfinished pipe, the pipeline crossing the lot belonging to the Municipalidad de La Cruz involves a culverting of said natural runoff carried out in past years, and it includes a recovery of areas of Municipal land, without altering the natural runoff or topography that would increase the flow or affect the area of the appellant’s lot. It explains that, according to a field visit conducted by the Department of Technical Unit and Road Management, there is no evidence of erosion or any damage process to the lot that shows a loss of space, therefore the natural drainage evident at Dirección07 has existed since the route was built in the 1970s, and at the site this culvert (corrugated iron) is found, which has not been altered and has been there for more than two decades, so it is not a construction practice carried out in the country. It adds that the appellant does not present suitable proof to justify the patrimonial loss related to the property, nor reliable proof of the land’s value; moreover, the amparo is not the correct avenue for a claim such as the one the appellant seeks. It requests that the appeal be declared without merit.\n\n5.- Judicial Technician 3 a.i. and the Secretary, both of the Sala Constitucional, certify that, upon review, at 10:39 a.m. on July 14, 2025, in the Costa Rican System for Judicial Office Management, the control of received documents and this case file, it did not appear that from July 2 to 11, 2025, the Person in Charge of Works and Services and the Director of the Technical Unit for Road Management, both of the Municipalidad de la Cruz, had filed any brief or document in order to render the report requested of them.\n\n6.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\n Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,\n\n \n Considering:\n\nI.- Object of the appeal. The appellant, who is an older adult, denounces the inadequate management of rainwater affecting her property, located in front of Dirección01, in the canton of La Cruz, Guanacaste. She requests that the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) be ordered to immediately and permanently clean, maintain, and repair the culvert on the national highway that causes flooding and overflow on the property, as well as the implementation of a technical solution to prevent rainwater from discharging onto her farm. Likewise, it is requested that the Municipalidad de La Cruz complete the stormwater drainage network in the affected area, adopting the necessary measures to guarantee adequate runoff of the waters and prevent future damage, in protection of her fundamental rights and those of the vulnerable occupants of the property.\n\n II.- Preliminary matters. According to the certification added to the case file, neither the Person in Charge of Works and Services nor the Director of the Technical Unit for Road Management, both of the Municipalidad de La Cruz, submitted a brief or document in order to render the report requested of them. In accordance with the provisions of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, if the report requested from the respondent party is not rendered within the period granted for that purpose, as occurred in the present case, the facts shall be taken as true and the amparo shall be resolved without further procedure. However, this situation is not sufficient grounds for the automatic granting of the appeal, since the admissibility of the appeal must be examined based on the arguments raised and other evidentiary elements brought to the record.\n\nOn the other hand, before analyzing the merits of the allegation—regarding the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, starting with Judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve a final act in an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the corresponding administrative remedies. Precisely, in the case at hand, an exception is raised, since it concerns a complaint filed on behalf of an older adult, which allegedly has not been addressed within a reasonable time.\n\nIII.- Proven facts. The following facts are deemed duly proven as important for the decision of this matter, either because they have been so accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\n1) The appellant is sixty-eight years old, and Silvia Cruz Avilés, identity card No. 503800921, is her daughter (consultation made in the Civil Registry).\n\n2) The appellant appears as the owner of the property registered under real estate folio number No. 5-15449-000, corresponding to cadastral map No. G-0493731-1983 (see copy of the certification and the map).\n\nA.- In relation to CONAVI:\n\na) On September 17, 2024, an email sent by Silvia Cruz, daughter of the appellant herein, was received (see report and copy of official letter CARTA-CONAVI-DRCH-02-2025-0313 (0530)).\n\nb) On September 18, 2025, the respondent authority addressed the request and coordinated an on-site visit (see report and CARTA-CONAVI-DRCH-02-2025-0313 (0530)).\n\nc) On September 28, 2024, preventive cleaning work was performed on the sewer system (see report and copy of official letter CARTA-CONAVI-DRCH-02-2025-0313 (0530)).\n\nd) On October 3, 2024, in the presence of a relative designated by the interested party, the reported location was inspected and it was verified that there is sewage or residual water discharging into the culvert crossing transversal to Dirección04, coming from an open channel that was built on private property outside the right-of-way of National Route No. 1. Furthermore, it was confirmed that the culvert crossing was clean, so that the sewage and non-rainwater flowed normally through the pipe in a west-to-east direction (see report and CARTA-CONAVI-DRCH-02-2025-0313 (0530)).\n\ne) On June 25, 2025, preventive cleaning work was performed on the sewer system (see report).\n\nRegarding the Municipalidad de La Cruz:\n\na) On September 16, 2024, Silvia Cruz, the appellant’s daughter, sent an email to the Environmental Management Area, in which she reported that there is an unfinished sewer work causing flooding and affecting the property, inquiring which entity is responsible for the cleaning and the solution to the problem (see report and copy of the email).\n\nb) On September 17, 2025, the person in charge of the Works and Services area of the Environmental Management Department responded to the above-mentioned letter, indicating that, since it was a work located in front of a national route, addressing the problem was the responsibility of the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) (see report and copy of the email).\n\nc) The culvert in question is located on National Route No. 1 (Interamericana Norte), fifty meters from the appellant's dwelling, and its administration and maintenance fall upon the Consejo Nacional de Vialidad (see report and copy of official letter MLC-UTGV-OF-217-2025).\n\nd) The Municipality has not artificially altered or redirected said watercourse, nor has it caused an increase in flow (see report).\n\ne) The channel is a natural runoff and was culverted years ago by the Municipality; it includes a recovery of areas of Municipal land, without altering its condition as a natural runoff or topography that would add flow or affect the area of the aforementioned lot (see report of the respondent authority).\n\nf) Regarding the situation of flooding, overflows, or landslides, there are no reports of incidents submitted by the appellant to the entities responsible for emergency response (see report and copy of official letter MLC-UTGV-OF-217-2025).\n\ng) On June 26, 2025, an on-site visit was conducted, and according to the technical inspection performed by the Municipal Department of Technical Unit and Road Management, no erosion processes or loss of land were evident on the appellant’s lot, nor any damage attributable to the culverting that crosses the adjacent municipal lot, which respects the existing natural runoff (see report and copy of official letter MLC-UTGV-OF-217-2025).\n\nIV.- Unproven facts. The following facts of relevance to this resolution are not deemed proven:\n\na) That the Municipality has artificially altered or redirected said watercourse or has carried out works to increase the flow.\n\nb) That the flooding is the product of the malfunctioning of the national road infrastructure.\n\nc) That CONAVI has provided a written response to the request sent by the appellant's daughter on September 17, 2024.\n\n V.- On the merits. From the analysis of the reports rendered by the Consejo Nacional de Vialidad and the respondent Municipality, together with the evidence provided, the Chamber verifies that both institutions are aware of the situation afflicting the appellant regarding the flooding problems caused by a water discharge that passes through her property and falls into a culvert located on the national route. However, neither of the two entities takes responsibility for this situation, since the Municipality stated under oath that, because it concerns a work located in front of a national route, addressing the problem corresponds to the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) as the competent entity, and added that the channel is a natural runoff and was culverted years ago by the Municipal Government, without altering its condition as a natural runoff or the topography that would add flow or affect the area of the protected person’s farm. In turn, in its defense, CONAVI informed this Chamber that the waters affecting the appellant’s property are not rainwater nor do they come from the drainage system of National Route No. 1, but rather correspond to sewage discharges from local systems unrelated to the national road network, in particular, from an unfinished pipeline network and an open channel located on private properties, and therefore, these are situations outside the administration of CONAVI.\n\n From what has been stated by both authorities, the Chamber deduces that both reports are contradictory; however, from them and the evidence provided, it verifies that there are indeed waters conducted through a pipeline that discharge into the mentioned national culvert through an open channel built on private properties, this infrastructure not being part of the national road drainage system, which was not designed for the handling of sewage but exclusively for rainwater. Now, given the summary nature of the amparo remedy, it is not for the Chamber to indicate whether said waters are the product of a natural runoff or are sewage, and whether their use and discharge into the culvert constitutes an improper deviation from the technical purpose of the public work. Therefore, it is not materially nor reasonably possible to enter into a complicated and slow evidentiary system to elucidate these indicated aspects, as they exceed the summary nature of the amparo remedy, as well as the competence of this Court granted by the Law of Constitutional Jurisdiction and the Political Constitution itself. Consequently, this grievance must be raised and analyzed before the respondent party itself or before the ordinary jurisdictional avenues created specifically for that purpose.\n\n Now, it is necessary to point out that CONAVI has performed preventive cleaning and routine maintenance work on the infrastructure under its jurisdiction, including interventions on September 28, 2024, and June 25, 2025, and that the culvert crossing in question was in adequate operating condition at the time of the technical inspections. Thus, the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) has not built, operated, or channeled the waters causing damage to the appellant’s property, since, as indicated, the works originating the problem are located outside the right-of-way and are not part of the national road infrastructure under its jurisdiction. Therefore, in this regard, there is no objective or technical evidence that the national road infrastructure has caused the alleged damage claimed, nor has it been proven that there is an omission on the part of CONAVI in fulfilling its legal or constitutional duties. On the contrary, the normal functioning of the public work and the absence of blockages or anomalous runoff attributable to this entity were verified, so on this point, no violation of the appellant’s fundamental rights is verified. However, it draws the Chamber’s attention that, despite CONAVI being aware of the complaint made by the appellant and, by virtue of this, having conducted an inspection, the truth is that there is no record that a written response was sent to the request made by the interested party in the email sent on September 17, 2024, which is why, on this point, the right to prompt and complete justice was violated.\n\n VI.- On the other hand, this Chamber notes that there is an unfinished municipal infrastructure, and on the other side, a citizen who claims that this causes her property to flood. Therefore, in application of the pro homine principle and Article 169 of the Political Constitution, which provides for the duty of the Municipalities of the country to watch over the interests of the inhabitants of their jurisdiction, these corporations are obligated to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and a healthy and ecologically balanced environment of the persons living in their canton (see in this regard Judgments No. 2008-11739, issued at 12:12 p.m. on July 25, 2008, and No. 2011-003043, issued at 4:03 p.m. on March 8, 2011).\n\n By virtue of the foregoing, it is the obligation of the respondent Municipality to conduct a comprehensive examination of the situation reported by the appellant, who is an older adult, for the purpose of determining the origin of the problem as well as those responsible for it, since its attention and correction corresponds to the local government, within the powers proper to the municipal administration in matters of public services, environmental sanitation, and health protection. Therefore, even though there is no record that the Municipality has altered the natural watercourse or contributed to the increase in flow, and that this is the cause of the damage to the appellant’s property, the truth is that said Corporation has the competence to manage and properly channel sewage and rainwater within the cantonal scope. Consequently, if municipal responsibility exists, it is limited to the lack of intervention to finish the unfinished works and control the discharges. Accordingly, on this point, the appeal is granted.\n\n VII.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it corresponds exclusively to this Court, based on numeral 7 of its Law, to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptions, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 issued at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVIII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more broadly. However, when that omissive administrative conduct results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or when vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as occurs in this amparo, where the appellant, who is an older adult, accuses the respondent authorities of not having made the corresponding arrangements to provide a solution to the flooding problem that allegedly affects her property and threatens the integrity of the other older adults living there.\n\nIX.- PARTIAL DISSENTING VOTE REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT BY JUDGE GARRO VARGAS. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal must be granted, I differ on where to locate the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, such as solving the flooding problem caused by a water discharge that passes through the protected party’s property and falls into a culvert located on the national route, given that it involves an open channel, built on private properties, which is not part of the national road drainage system—which itself was not designed for handling sewage, but exclusively for rainwater—. In this regard, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (Article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the execution phase must take place before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.\n\n X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch,” approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\n The appeal is partially granted. Luis Alonso Alán Corea, in his capacity as Mayor of the Municipalidad del Cantón de La Cruz, or whoever holds that office, is ordered, within a period of THREE MONTHS from the notification of this judgment, to issue the corresponding acts in order to solve the flooding problem affecting the appellant’s property and to coordinate with CONAVI, if necessary, what pertains to its competence to jointly resolve said situation. Likewise, Mauricio Sojo Quesada, in his capacity as Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, or whoever holds that office, is ordered, within a period of five days from the notification of this judgment, to provide a response to the request submitted on behalf of the appellant on September 17, 2025. In turn, take note that he must lend his collaboration, if required, by the authorities of the Municipalidad de La Cruz, in order to resolve, in a coordinated manner, the problem afflicting the appellant. All of the foregoing, under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and fails to comply or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Municipalidad de La Cruz and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the sentence execution phase of the contentious-administrative jurisdiction. On all other points, the appeal is denied. Judge Castillo Víquez and Judge Salazar Alvarado append separate notes. Judge Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution procedures of this ruling may be initiated. -\n\n \n \n\n\t\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n \n\n\t\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n \n\n\t\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n \n\n\t\nIngrid Hess H.\n\n \n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n OF2K98P5FX861\n\nCASE FILE No. 25-016872-0007-CO\n\n \n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección08, Dirección09, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n \n\nClassification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution in for-profit form is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 08:55:07.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }