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  "id": "nexus-sen-1-0007-1317242",
  "citation": "Res. 19612-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Condena en costas al SINAC, no al Estado, en amparo ambiental",
  "title_en": "Costs Against SINAC, Not the State, in Environmental Amparo",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció una solicitud de adición y aclaración de la sentencia 2025-016106, que había estimado un recurso de amparo contra la administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por denegar información pública sobre seguimiento de medidas cautelares en casos de tala y cambio de uso del suelo. La parte recurrente pidió corregir un error material en el fallo original, que condenaba al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, cuando la responsable debía ser el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). La Sala acogió la gestión, reconociendo que el SINAC, creado por el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad y dotado de personalidad jurídica instrumental según el artículo 8 de su Reglamento, administra su propio presupuesto y es quien debe asumir las consecuencias económicas de sus actos. Se aclara que la condenatoria debe recaer sobre el SINAC y no sobre el Estado, sin alterar el resultado del proceso original, que ordenó entregar la documentación solicitada en un plazo de ocho días.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber addressed a request to supplement and clarify judgment 2025-016106, which had granted an amparo against the administrator of Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge for denying public information on monitoring of precautionary measures in logging and land-use change cases. The petitioner sought correction of a material error in the original ruling, which imposed payment of costs, damages, and losses on the State, when the responsible party should be the National System of Conservation Areas (SINAC). The Chamber granted the request, recognizing that SINAC, created by Article 22 of the Biodiversity Law and endowed with instrumental legal personality under Article 8 of its Regulation, manages its own budget and must bear the economic consequences of its actions. It clarifies that the award must fall on SINAC, not the State, without altering the outcome of the original case, which ordered delivery of the requested documents within eight days.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "27/06/2025",
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    "biodiversity-law-7788"
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    "personería jurídica instrumental",
    "SINAC",
    "condena en costas",
    "artículo 22 Ley de Biodiversidad",
    "artículo 8 Reglamento a la Ley de Biodiversidad",
    "error material",
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    "acceso a la información administrativa",
    "artículo 30 Constitución Política"
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    "instrumental legal personality",
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    "Constitutional Chamber"
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  "excerpt_es": "En congruencia con lo dicho anteriormente, lo procedente es corregir la sentencia No. 2025-016106 de las 9:20 horas del 30 de mayo de 2025, sin variar el resultado del proceso, únicamente, para que quede establecido que la condena en costas, daños y perjuicios se impone al SINAC y no al Estado (ver en igual sentido la Sentencia No. 2018-013659 de las 9:15 horas del 22 de agosto de 2018).",
  "excerpt_en": "In congruence with the foregoing, it is appropriate to correct judgment No. 2025-016106 of 9:20 a.m. on May 30, 2025, without altering the outcome of the proceedings, solely to establish that the award of costs, damages, and losses is imposed on SINAC and not on the State (see in the same sense Judgment No. 2018-013659 of 9:15 a.m. on August 22, 2018).",
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    "label_en": "Clarification granted",
    "label_es": "Aclaración acogida",
    "summary_en": "The original judgment is corrected so that the costs award falls on SINAC, not the State.",
    "summary_es": "Se corrige la sentencia original para que la condena en costas recaiga sobre el SINAC, no sobre el Estado."
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      "quote_es": "De la integración del artículo 22 de la Ley de Biodiversidad [...] y del artículo 8 del Reglamento a dicha Ley [...] se desprende que la personalidad jurídica instrumental del SINAC le alcanza para hacerse responsable de su propio presupuesto."
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      "quote_es": "Lo procedente es corregir la sentencia No. 2025-016106 de las 9:20 horas del 30 de mayo de 2025, sin variar el resultado del proceso, únicamente, para que quede establecido que la condena en costas, daños y perjuicios se impone al SINAC y no al Estado."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1317242",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 19612 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 27 de Junio del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-007292-0007-CO\n\nRedactado por: Ingrid Hess Herrera\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-007292-0007-CO\n\nRes. Nº 2025019612\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil veinticinco .\n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente número 25-007292-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra la ADMINISTRADORA DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA MANZANILLO (REGAMA).\n\nResultando:\n\n1.- Por medio de escrito aportado 9:17 horas del 13 de junio de 2025, el recurrente se apersona ante esta Sala con la finalidad de manifestar:  “Revisado el por tanto de la parte dispositiva de la sentencia 202-5016106, de las 09 horas 20 minutos del 30 de mayo de 2025, se observa que condena “al Estado” al pago de las costas de este amparo, lo que, salvo mejor criterio de su parte, considero un error material, ya que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, se encuentra adscrito al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que tiene personalidad y patrimonio propio, a la vez que la Procuraduría General de la República, no intervino en este proceso, por lo que no existe razón para condenar al Estado. PRETENSIÓN: Por lo anterior, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 58.3 del Código Procesal Civil, respetuoso solicito se corrija el error material precitado, indicando en la parte dispositiva de la sentencia precitada, que el condenado es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y no el Estado”.\n\n2.- En el presente asunto se dictó la sentencia No. 2025-016106 de las 9:20 horas del 30 de mayo de 2025, la cual conoció por el fondo el reclamo planteado por el accionante y dispuso en la parte dispositiva lo siguiente: “Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Fanny Cruz Torres, administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, o a quien ocupe su cargo, que coordine lo necesario, gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de OCHO DÍAS, contado a partir de la notificación de este recurso, se coordine lo pertinente y se le brinde al recurrente la documentación solicitada en la gestión formulada por medio del oficio AEL-00281-2024 del 25 de noviembre de 2024. Lo anterior salvaguardando los datos sensibles o confidenciales, en caso de haberlos, de conformidad con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley No. 8968). Se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.”.\n\n3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- SOBRE LA ADICIÓN Y ACLARACIÓN. La Ley de Jurisdicción Constitucional faculta a esta Sala para adicionar y aclarar sus sentencias en aquellos casos en que resulte procedente, al disponer:\n\n“Artículo 12.- Las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo”.\n\nAsí, la adición de un pronunciamiento procede cuando un punto del planteamiento original del recurso no fue resuelto en el fallo y, la aclaración, cuando dicho fallo fue resuelto en términos oscuros o ambiguos, implicando de esta forma una difícil comprensión del mismo. La adición y la aclaración son, entonces, formas para complementar una sentencia o de explicar los alcances que tiene el fallo.\n\nEn la especie, la Sala procede a aclarar la sentencia de marras en ocasión a lo solicitado, con base en lo dispuesto en el artículo precitado.\n\nII.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. La gestionante solicita la adición y aclaración de la sentencia 2025-016106 de las 9:20 horas del 30 de mayo de 2025, ya que, para efectos de acudir a ejecutar la sentencia al contencioso administrativo, requiere que se realice la condenatoria al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y no al Estado. Al respecto, esta Sala tiene por acreditado el yerro mencionado, dado que si bien en el pasado, este Tribunal Constitucional ha condenado al Estado en los asuntos en que se tiene como parte y se brindan órdenes a las autoridades del SINAC, lo cierto es que, de la integración del artículo 22 de la Ley de Biodiversidad, que dispone: “ARTÍCULO 22.- Sistema Nacional de Áreas de Conservación Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos.” y del artículo 8 del Reglamento a dicha Ley, el cual señala: “Artículo 8º- De la personalidad jurídica instrumental. El SINAC gozará de personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para realizar los siguientes actos: a) Administrar con independencia del presupuesto del MINAE, la totalidad de los fondos que generen sus actividades, así como las transferencias de los presupuestos de la República o de cualquier persona física o jurídica, incluyendo donaciones, recursos provenientes de cooperación técnica y financiera nacional e internacional, tarifas de ingreso a las áreas silvestres protegidas, pago por servicios ambientales, cánones establecidos por ley, así como los provenientes de la aplicación de medidas alternas en sede judicial administrativa y recursos de cualquier otra índole y por cualquier otro concepto permitido por la legislación nacional; b) Concertar los convenios y contratos que sean necesarios para cumplir con sus competencias”, se desprende que la personalidad jurídica instrumental del SINAC le alcanza para hacerse responsable de su propio presupuesto. En congruencia con lo dicho anteriormente, lo procedente es corregir la sentencia No. 2025-016106 de las 9:20 horas del 30 de mayo de 2025, sin variar el resultado del proceso, únicamente, para que quede establecido que la condena en costas, daños y perjuicios se impone al SINAC y no al Estado (ver en igual sentido la Sentencia No. 2018-013659 de las 9:15 horas del 22 de agosto de 2018).\n\nIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión Nº 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe corrige la sentencia número No. 2025-016106 de las 9:20 horas del 30 de mayo de 2025, para que en la parte dispositiva se lea que se condena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en costas, daños y perjuicios y no al Estado.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nExp: 25-007292-0007-CO\n\nRes. Nº 2025016106\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-007292-0007-CO, interpuesto por [Nombre02 001], cédula de identidad [CED01], contra la ADMINISTRADORA DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA MANZANILLO (REGAMA).\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:36 horas del 13 de marzo de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la ADMINISTRADORA DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA MANZANILLO (REGAMA), y manifiesta que mediante oficio AEL-00281-2024 del 25 de noviembre de 2024 solicitó a la autoridad recurrida información de carácter ambiental tendiente a darle seguimiento a todos los informes de tala y cambio de uso del suelo en Dirección01 y dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo, según su oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de fecha 25/11/2024. Concretamente requirió lo siguiente: “Le ruego dentro del plazo constitucional y de ley, se sirva brindar mediante oficio un informe detallado y actualizado del cabal cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al listado de causas enlistadas en su oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de fecha 25/11/2024 y el respectivo seguimiento a cada caso”. Acusa que mediante oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025 del 10 de marzo de 2025, la recurrida le respondió que no puede facilitar la información solicitada en cuanto al informe de perfiles topográficos, toda vez que la información es considerada confidencial por presuntamente haber causas abiertas en el Ministerio Público, pese a tratarse de información de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2019; ante desobediencia acreditada mediante sentencia 26300-2024 del 10 de setiembre de 2024; ambas resoluciones visibles dentro del expediente judicial 14-019174-0007-CO, emitidas por esta Sala. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.\n\n2.- Mediante resolución de las 6:34 horas del 21 de marzo de 2025, se dio curso al presente recurso.\n\n3.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 3 de abril de 2025, Fanny Cruz Torres, administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, informa que el señor [Nombre02 001] inició su gestión mediante el oficio AEL-00281-2024, con fecha 25 de noviembre de 2024, en el cual solicitó brindar mediante oficio un informe detallado y actualizado del cabal cumplimiento de las medidas cautelares interpuestas al listado de causas enlistadas en su oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de 25 de noviembre de 2024 y el respectivo seguimiento de cada caso. Indica que mediante oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025 del 24 de enero de 2025, se le reiteró al recurrente que la información solicitada no podía ser divulgada debido a su carácter confidencial y su vinculación con un proceso investigativo del curso. Explica que recibieron la nota AEL-00281-2024, relacionada con los informes de seguimiento de tala y cambio de uso de suelo en Dirección01 y dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo (REGAMA), y en relación con el oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de 25 de noviembre de 2024. Finalmente, mediante el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025 del 10 de marzo de 2025, se recordó al recurrente que conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, las actuaciones en proceso investigativos no son de acceso público y que, para obtener la información solicitada, debía dirigirse al Ministerio Público. Asegura que la Sala tramita otro recurso sobre los mismos hechos bajo los números de expediente 24-35547-0007-CO y 25-002369-0007-CO. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Mediante escrito aportado el 13 de mayo de 2025, el recurrente se apersona nuevamente ante esta Sala con la finalidad de indicar que:  “(…) comparezco respetuosamente para ampliar mi respuesta a la carta identificada como SINAC-DASP-RNVSGM-127- 2025, suscrita por la Licenciada Fanny Cruz Torres, en su calidad de Administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca -Manzanillo (RNVSGM), y exponer lo siguiente: Con fundamento en mi interés legítimo como ciudadano y ambientalista comprometido con la protección de las áreas silvestres protegidas, solicito respetuosamente que se ordene a la parte recurrida cumplir con su deber ineludible de brindar un informe escrito dirigido al suscrito, en el cual se detalle, al menos de manera cronológica, las fechas de los informes y los numerosos oficios relacionados con el asunto en cuestión, así como los hallazgos correspondientes. Lo anterior, en atención a que nos encontramos ante un asunto de interés público que afecta directamente la conservación de bosques dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca - Manzanillo, área a la cual he dedicado tiempo y esfuerzo, como lo acredita mi participación en la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 9223. 2 Considero que, pese a lo dispuesto en el artículo 295 del Código Procesal Civil —que regula las prohibiciones en ciertos casos—, la autoridad recurrida está obligada a proporcionar la información solicitada, dado que su omisión implicaría una vulneración a mis derechos fundamentales, particularmente el acceso a información de carácter público. Dicha negativa haría nugatorios los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir en la gestión de áreas protegidas, privándome de herramientas esenciales para ejercer mi defensa y la protección del interés colectivo que represento. Por lo expuesto, respetuosamente solicito a esta honorable Sala Constitucional que, en ejercicio de sus atribuciones, requiera a la Licenciada Fanny Cruz Torres, en su calidad de Administradora del RNVSGM, la entrega del informe detallado antes mencionado, con el fin de garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales del suscrito y el interés público que subyace en este proceso.”.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente aseguró que mediante oficio AEL-00281-2024 del 25 de noviembre de 2024 solicitó a la autoridad recurrida información de carácter ambiental tendiente a darle seguimiento a todos los informes de tala y cambio de uso del suelo en Dirección01 y dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo, según su oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de fecha 25/11/2024. Concretamente requirió lo siguiente: “Le ruego dentro del plazo constitucional y de ley, se sirva brindar mediante oficio un informe detallado y actualizado del cabal cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al listado de causas enlistadas en su oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de fecha 25/11/2024 y el respectivo seguimiento a cada caso”. Acusa que mediante oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025 del 10 de marzo de 2025, la recurrida le respondió que no puede facilitar la información solicitada en cuanto al informe de perfiles topográficos, toda vez que la información es considerada confidencial por presuntamente haber causas abiertas en el Ministerio Público.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n1.         Mediante oficio AEL-00281-2024 del 25 de noviembre de 2024 solicitó a la autoridad recurrida información de carácter ambiental tendiente a darle seguimiento a todos los informes de tala y cambio de uso del suelo en Dirección01 y dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo, según oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 del 25 de noviembre de 2024. Concretamente requirió lo siguiente: “Le ruego dentro del plazo constitucional y de ley, se sirva brindar mediante oficio un informe detallado y actualizado del cabal cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al listado de causas enlistadas en su oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de fecha 25/11/2024 y el respectivo seguimiento a cada caso” (ver documentación aportada);\n\n2.         Mediante oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025 del 24 de enero de 2025, la administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, le indicó al recurrente que la información solicitada no podía ser divulgada debido a su carácter confidencial y su vinculación con un proceso investigativo del curso. Lo anterior se encuentra establecido en el Artículo 295 del Código Procesal Penal (ver documentación aportada e informe rendido);\n\n3.         Por medio de oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025 del 10 de marzo de 2025, la administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, le recordó al recurrente que conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, las actuaciones en proceso investigativos no son de acceso público y que, para obtener la información solicitada, debía dirigirse al Ministerio Público (ver documentación aportada e informe rendido).\n\nIII.- SOBRE LA OBLIGACIÓN DE FACILITAR INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO. El artículo 30 de la Constitución Política, garantiza el derecho de toda persona, a tener acceso a las oficinas públicas, para obtener información sobre asuntos de interés público, siempre que no se trate de un secreto de Estado. Este derecho de información tiene como fundamento el interés de la comunidad de conocer la actividad del funcionario, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo, y las informaciones que siendo de interés público se hallen en las oficinas o departamentos administrativos. De esta manera, del referido artículo 30, dimanan tanto el derecho que ejercita cualquier persona cuando acude a una dependencia pública en procura de informes sobre asuntos de interés público, como el deber que tienen esos despachos de brindárselos. En este sentido, esta Sala ha manifestado:\n\n “El derecho de acceso a la información administrativa es un mecanismo de control en manos de los administrados, puesto que, le permite a éstos, ejercer un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes públicos. Las administraciones públicas eficientes y eficaces son aquellas que se someten al control y escrutinio público, pero no puede existir un control ciudadano sin una adecuada información. De este modo, se puede establecer un encadenamiento lógico entre acceso a la información administrativa, conocimiento y manejo de ésta, control ciudadano efectivo u oportuno y administraciones públicas eficientes” (Sentencia N° 2003-02120 de las 13:30 horas del 14 de marzo del 2003).\n\nEn criterio de esta Sala, la información a la que puede acceder cualquier administrado, se refiere fundamentalmente a la actividad de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, y a la forma en que se administran los fondos públicos en general, con la única salvedad de que se trate de un secreto de Estado o que la información sea suministrada a la administración por particulares confidencialmente, para gestiones determinadas, pues en estos casos se conservará la confidencialidad, siempre y cuando, ésta se encuentre constitucional o legalmente protegida. Asimismo, la información solicitada por la persona, debe ser de interés público, entendido éste como todo asunto relacionado con la marcha de la institución de que se trate. El interés público de la información guardada en una oficina, evidentemente tiene relación con la actividad ordinaria del ente que de esa actividad se trate, según las definiciones constitucional y legislativa que se haya hecho, y esto en relación con los aspectos propios de la función administrativa, excluyéndose los datos sobre actividades privadas desplegadas en relación con el ente público. Así, puede existir información que sólo interesa al ciudadano que ha contratado o en alguna forma interactuado con el Estado o en una de sus dependencias, y que fue suministrada únicamente con un fin determinado, más no para ser difundida a terceros.\n\nIV.- CASO CONCRETO. En el sub lite, se encuentra acreditado que mediante oficio AEL-00281-2024 del 25 de noviembre de 2024 solicitó a la autoridad recurrida información de carácter ambiental tendiente a darle seguimiento a todos los informes de tala y cambio de uso del suelo en Dirección01 y dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo, según oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 del 25 de noviembre de 2024. Concretamente requirió lo siguiente: “Le ruego dentro del plazo constitucional y de ley, se sirva brindar mediante oficio un informe detallado y actualizado del cabal cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al listado de causas enlistadas en su oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de fecha 25/11/2024 y el respectivo seguimiento a cada caso”. Como consecuencia, por medio de oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025 del 24 de enero de 2025, la administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, le indicó al recurrente que la información solicitada no podía ser divulgada debido a su carácter confidencial y su vinculación con un proceso investigativo del curso. Lo anterior se encuentra establecido en el Artículo 295 del Código Procesal Penal. Además, consta que por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025 del 10 de marzo de 2025, la administradora accionada, le recordó al recurrente que conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, las actuaciones en proceso investigativos no son de acceso público y que, para obtener la información solicitada, debía dirigirse al Ministerio Público.\n\n Recuérdese que, en lo que a este derecho atañe lo que interesa es que la información revista interés público y que no se trate de un secreto de Estado, lo cual no se da en el presente caso, pues, lo pedido es información pública debido a que está disponible en la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Es importante resaltar, que si bien el artículo 295 del Código Procesal Penal, establece que: “Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.”, lo cierto es que el accionante no está solicitando información del proceso penal, tanto así que éste se lo aclara. También es cierto que el artículo señalado establece que todas las personas que tuvieran conocimiento de información del proceso tienen la obligación de guardar secreto, es decir, dicha obligación es del proceso penal, únicamente. En consecuencia, no se está en presencia de ninguno de los supuestos que impedirían dar la información y que justificarían la actuación administrativa. Con lo cual, resulta ilegítimo y contrario a los derechos fundamentales del accionante, que se le deniegue el acceso a información de carácter público. En consecuencia, lo correcto era que la accionada le remitiera al recurrente la información requerida, salvaguardando cualquier información confidencial. Bajo esta inteligencia, estima la Sala que la negativa reclamada es ilegítima y por ende, vulnera el acceso a la información administrativa (ver en igual sentido la Sentencia 2025-006975 de las  nueve horas veinte minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco). Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia.\n\n V.- CONCLUSIÓN. Bajo este orden de consideraciones el recurso de amparo deviene inadmisible, y así debe declararse.\n\nVI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43- 12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Fanny Cruz Torres, administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, o a quien ocupe su cargo, que coordine lo necesario, gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de OCHO DÍAS, contado a partir de la notificación de este recurso, se coordine lo pertinente y se le brinde al recurrente la documentación solicitada en la gestión formulada por medio del oficio AEL-00281-2024 del 25 de noviembre de 2024. Lo anterior salvaguardando los datos sensibles o confidenciales, en caso de haberlos, de conformidad con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley No. 8968). Se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.-\n\n \n\n  \n\n\t\n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\n \n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\n \n\nRonald Salazar Murillo\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nObservaciones de SALA CONSTITUCIONAL\n\nSer adjunta la sentencia 25-016106 del expediente 25-007292-0007-co\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:45:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 19612 - 2025\n\nDate of Resolution: June 27, 2025 at 09:20\n\nExpediente: 25-007292-0007-CO\n\nDrafted by: Ingrid Hess Herrera\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-007292-0007-CO\n\nRes. No. 2025019612\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-seventh of June of two thousand twenty-five.\n\nAmparo appeal processed in expediente number 25-007292-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED02, against the ADMINISTRATOR OF THE GANDOCA MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE (REGAMA).\n\nResultando:\n\n1.- By means of a brief filed at 9:17 a.m. on June 13, 2025, the appellant appears before this Chamber for the purpose of stating: “Upon reviewing the operative part (por tanto) of the dispositive portion of judgment 202-5016106, of 09 hours 20 minutes of May 30, 2025, it is observed that it condemns ‘the State’ to pay the costs of this amparo, which, barring a better opinion from your part, I consider a material error, since the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge is attached to the National System of Conservation Areas, which has its own legal personality and patrimony, while the Procuraduría General de la República did not intervene in this process, so there is no reason to condemn the State. CLAIM: Therefore, in accordance with Article 12 of the Jurisdictional Constitutional Law, in relation to Article 58.3 of the Civil Procedure Code, I respectfully request that the aforementioned material error be corrected, indicating in the dispositive portion of the aforementioned judgment that the condemned party is the National System of Conservation Areas and not the State”.\n\n2.- In the present matter, judgment No. 2025-016106 of 9:20 a.m. on May 30, 2025 was issued, which heard the claim raised by the claimant on its merits and ordered in the operative part the following: “The appeal is declared with merit. Fanny Cruz Torres, administrator of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, or whoever holds her position, is ordered to coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of her competencies, so that, within a period of EIGHT DAYS, counted from the notification of this appeal, the pertinent actions are coordinated and the appellant is provided with the documentation requested in the petition formulated through official letter AEL-00281-2024 of November 25, 2024. The foregoing safeguarding sensitive or confidential data, if any, in accordance with the Law for the Protection of the Person against the Processing of their Personal Data (Law No. 8968). It is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Jurisdictional Constitutional Law, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal and fails to comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. Notify.”.\n\n3.- The legal prescriptions have been observed in the procedures followed.\n\nDrafted by Judge Hess Herrera; and,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- ON ADDITION AND CLARIFICATION. The Jurisdictional Constitutional Law empowers this Chamber to add to and clarify its judgments in those cases where it is appropriate, by providing:\n\n\"Article 12.- The judgments issued by the Chamber may be clarified or added to, at the request of a party, if requested within three days, and ex officio at any time, even in enforcement proceedings, to the extent necessary to give full compliance to the content of the ruling.\"\n\nThus, the addition of a pronouncement is appropriate when a point of the original approach of the appeal was not resolved in the ruling, and clarification is appropriate when said ruling was resolved in obscure or ambiguous terms, thereby implying a difficult understanding of it. Addition and clarification are, then, ways to complement a judgment or to explain the scope that the ruling has.\n\nIn the specific case, the Chamber proceeds to clarify the judgment in question on the grounds of what was requested, based on the provisions of the aforementioned article.\n\nII.- ON THE PETITION FILED. The petitioner requests the addition and clarification of judgment 2025-016106 of 9:20 a.m. on May 30, 2025, since, for the purposes of seeking enforcement of the judgment in the contentious-administrative court, she requires that the condemnation be made against the National System of Conservation Areas (SINAC) and not against the State. In this regard, this Chamber considers the mentioned error accredited, given that although in the past, this Constitutional Court has condemned the State in matters where it is considered a party and orders are given to the authorities of SINAC, the truth is that, from the integration of Article 22 of the Biodiversity Law, which provides: \"ARTICLE 22.- National System of Conservation Areas The National System of Conservation Areas is created, hereinafter referred to as the System, which shall have its own legal personality; it shall be an institutional, decentralized, and participatory management and coordination system, that will integrate the competencies in forestry, wildlife, protected areas matters, and the Ministry of Environment and Energy, for the purpose of dictating policies, planning, and executing processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources. In accordance with the foregoing, the Dirección General de Vida Silvestre, the Administración Forestal del Estado, and the Servicio de Parques Nacionales shall exercise their functions and competencies as a single instance, through the administrative structure of the System, without prejudice to the objectives for which they were established. Included as a competence of the System is the protection and conservation of the use of hydrographic basins and water systems.\" and Article 8 of the Regulation to said Law, which states: \"Article 8.- On instrumental legal personality. SINAC shall enjoy instrumental and budgetary legal personality to carry out the following acts: a) Administer, independently from the MINAE budget, all the funds generated by its activities, as well as transfers from the budgets of the Republic or from any natural or legal person, including donations, resources from national and international technical and financial cooperation, entry fees to protected wild areas, payment for environmental services (pago por servicios ambientales), fees established by law, as well as those from the application of alternative measures in administrative judicial venues and resources of any other nature and for any other concept permitted by national legislation; b) Arrange the agreements and contracts that are necessary to fulfill its competencies\", it is clear that the instrumental legal personality of SINAC is sufficient for it to be responsible for its own budget. In congruence with the foregoing, the appropriate course is to correct judgment No. 2025-016106 of 9:20 a.m. on May 30, 2025, without varying the result of the process, solely so that it is established that the condemnation in costs, damages, and losses is imposed on SINAC and not on the State (see in the same sense Judgment No. 2018-013659 of 9:15 a.m. on August 22, 2018).\n\nIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if any paper documents, objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies have been provided, these must be picked up from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not picked up within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Regulation on the Electronic Dossier before the Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore (Por tanto):\n\nJudgment number No. 2025-016106 of 9:20 a.m. on May 30, 2025 is corrected, so that in the operative part it is read that the National System of Conservation Areas (SINAC) is condemned in costs, damages, and losses, and not the State.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\nExp: 25-007292-0007-CO\n\nRes. No. 2025016106\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of May of two thousand twenty-five.\n\nAmparo appeal processed in expediente number 25-007292-0007-CO, filed by [Nombre02 001], identity card [CED01], against the ADMINISTRATOR OF THE GANDOCA MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE (REGAMA).\n\nRESULTANDO:\n\n1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 2:36 p.m. on March 13, 2025, the appellant files an amparo appeal against the ADMINISTRATOR OF THE GANDOCA MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE (REGAMA), and states that through official letter AEL-00281-2024 of November 25, 2024, he requested from the respondent authority environmental information aimed at following up on all reports of felling (tala) and land-use change (cambio de uso del suelo) in Dirección01 and within the limits of the Gandoca Manzanillo Refuge, according to her official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 dated 11/25/2024. Specifically, he requested the following: “I beg you to, within the constitutional and legal deadline, provide through an official letter a detailed and updated report on the full compliance with the precautionary measures (medidas cautelares) imposed on the list of cases listed in your official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 dated 11/25/2024 and the respective follow-up for each case”. He claims that through official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025 of March 10, 2025, the respondent replied that she cannot provide the requested information regarding the topographic profile report, since the information is considered confidential because there are allegedly open cases in the Ministerio Público, despite it being information for follow-up on compliance with judgment 2019-012745 of July 10, 2019; due to disobedience accredited through judgment 26300-2024 of September 10, 2024; both resolutions visible within judicial expediente 14-019174-0007-CO, issued by this Chamber. He requests that the appeal be declared with merit, with the legal consequences.\n\n2.- By resolution of 6:34 a.m. on March 21, 2025, this appeal was admitted for processing.\n\n3.- By brief incorporated into the Legal System on April 3, 2025, Fanny Cruz Torres, administrator of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, reports that Mr. [Nombre02 001] began his petition through official letter AEL-00281-2024, dated November 25, 2024, in which he requested to provide through an official letter a detailed and updated report on the full compliance with the precautionary measures (medidas cautelares) imposed on the list of cases listed in her official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 of November 25, 2024 and the respective follow-up for each case. She indicates that through official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025 of January 24, 2025, the appellant was reminded that the requested information could not be disclosed due to its confidential nature and its connection to an ongoing investigative process. She explains that they received note AEL-00281-2024, related to follow-up reports on felling (tala) and land-use change (cambio de uso del suelo) in Dirección01 and within the limits of the Gandoca Manzanillo Refuge (REGAMA), and in relation to official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 of November 25, 2024. Finally, through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025 of March 10, 2025, the appellant was reminded that pursuant to Article 295 of the Criminal Procedure Code, actions in investigative processes are not of public access and that, to obtain the requested information, he had to address the Ministerio Público. She assures that the Chamber is processing another appeal on the same facts under expediente numbers 24-35547-0007-CO and 25-002369-0007-CO. She requests that the appeal be declared without merit.\n\n4.- Through a brief filed on May 13, 2025, the appellant appears again before this Chamber for the purpose of indicating that: “(…) I respectfully appear to expand my response to the letter identified as SINAC-DASP-RNVSGM-127-2025, signed by Ms. Fanny Cruz Torres, in her capacity as Administrator of the Gandoca -Manzanillo National Wildlife Refuge (RNVSGM), and state the following: Based on my legitimate interest as a citizen and environmentalist committed to the protection of protected wild areas, I respectfully request that the respondent party be ordered to fulfill its unavoidable duty to provide a written report addressed to the undersigned, detailing, at least chronologically, the dates of the reports and the numerous official letters related to the matter in question, as well as the corresponding findings. The foregoing, considering that we are faced with a matter of public interest that directly affects the conservation of forests within the Gandoca - Manzanillo National Wildlife Refuge, an area to which I have dedicated time and effort, as evidenced by my participation in the unconstitutionality action filed against Ley 9223. 2 I consider that, despite the provisions of Article 295 of the Civil Procedure Code —which regulates prohibitions in certain cases—, the respondent authority is obliged to provide the requested information, given that its omission would imply a violation of my fundamental rights, particularly access to information of a public nature. Such denial would render the principles of transparency and accountability that must govern the management of protected areas nugatory, depriving me of essential tools to exercise my defense and the protection of the collective interest I represent. For the reasons stated, I respectfully request this honorable Sala Constitucional that, in the exercise of its powers, require Ms. Fanny Cruz Torres, in her capacity as Administrator of the RNVSGM, to deliver the detailed report mentioned above, in order to guarantee full respect for the fundamental rights of the undersigned and the public interest underlying this process.”.\n\n5.- The legal prescriptions have been observed in the procedures followed.\n\nDrafted by Judge Hess Herrera; and,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- SUBJECT MATTER OF THE APPEAL. The appellant claimed that through official letter AEL-00281-2024 of November 25, 2024, he requested from the respondent authority environmental information aimed at following up on all reports of felling (tala) and land-use change (cambio de uso del suelo) in Dirección01 and within the limits of the Gandoca Manzanillo Refuge, according to her official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 dated 11/25/2024. Specifically, he requested the following: “I beg you to, within the constitutional and legal deadline, provide through an official letter a detailed and updated report on the full compliance with the precautionary measures (medidas cautelares) imposed on the list of cases listed in your official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 dated 11/25/2024 and the respective follow-up for each case”. He claims that through official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025 of March 10, 2025, the respondent replied that she cannot provide the requested information regarding the topographic profile report, since the information is considered confidential because there are allegedly open cases in the Ministerio Público.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven:\n\n1. Through official letter AEL-00281-2024 of November 25, 2024, he requested from the respondent authority environmental information aimed at following up on all reports of felling (tala) and land-use change (cambio de uso del suelo) in Dirección01 and within the limits of the Gandoca Manzanillo Refuge, according to official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 of November 25, 2024. Specifically, he requested the following: “I beg you to, within the constitutional and legal deadline, provide through an official letter a detailed and updated report on the full compliance with the precautionary measures (medidas cautelares) imposed on the list of cases listed in your official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 dated 11/25/2024 and the respective follow-up for each case” (see documentation provided);\n\n2. Through official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025 of January 24, 2025, the administrator of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge indicated to the appellant that the requested information could not be disclosed due to its confidential nature and its connection to an ongoing investigative process. The foregoing is established in Article 295 of the Criminal Procedure Code (see documentation provided and report rendered);\n\n3. By means of official letter CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025 of March 10, 2025, the administrator of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge reminded the appellant that pursuant to Article 295 of the Criminal Procedure Code, actions in investigative processes are not of public access and that, to obtain the requested information, he had to address the Ministerio Público (see documentation provided and report rendered).\n\nIII.- ON THE OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION OF PUBLIC INTEREST. Article 30 of the Political Constitution guarantees the right of every person to have access to public offices, to obtain information on matters of public interest, provided it is not a State secret. This right to information is based on the community's interest in knowing the activity of the official, as well as their good or bad performance in the exercise of the position, and the information that, being of public interest, is held in administrative offices or departments. In this way, from the aforementioned Article 30, emanates both the right exercised by any person when they go to a public office in search of reports on matters of public interest, and the duty of those offices to provide them. In this sense, this Chamber has stated:\n\n“The right of access to administrative information is a control mechanism in the hands of the administered, since it allows them to exercise optimal control of the legality and of the opportunity, convenience or merit and, in general, of the effectiveness and efficiency of the administrative function deployed by the various public entities. Efficient and effective public administrations are those that submit to public control and scrutiny, but there can be no citizen control without adequate information. In this way, a logical chain can be established between access to administrative information, knowledge and handling of it, effective and timely citizen control, and efficient public administrations” (Judgment No. 2003-02120 of 1:30 p.m. on March 14, 2003).\n\nIn the opinion of this Chamber, the information that any administered person can access fundamentally refers to the activity of public officials in the performance of their duties, and to the way in which public funds are administered in general, with the sole exception that it is a State secret or that the information is supplied to the administration by individuals confidentially, for specific procedures, because in these cases confidentiality will be preserved, provided that it is constitutionally or legally protected. Likewise, the information requested by the person must be of public interest, this being understood as any matter related to the operation of the institution in question. The public interest of the information kept in an office evidently has a relationship with the ordinary activity of the entity, according to the constitutional and legislative definitions that have been made, and this in relation to the aspects proper to the administrative function, excluding data on private activities carried out in relation to the public entity. Thus, there may be information that only interests the citizen who has contracted or in some way interacted with the State or one of its agencies, and that was provided solely for a specific purpose, but not to be disseminated to third parties.\n\nIV.- SPECIFIC CASE. In the sub lite, it is accredited that through official letter AEL-00281-2024 of November 25, 2024, he requested from the respondent authority environmental information aimed at following up on all reports of felling (tala) and land-use change (cambio de uso del suelo) in Dirección01 and within the limits of the Gandoca Manzanillo Refuge, according to official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 of November 25, 2024. Specifically, he requested the following: “I beg you to, within the constitutional and legal deadline, provide through an official letter a detailed and updated report on the full compliance with the precautionary measures (medidas cautelares) imposed on the list of cases listed in your official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 dated 11/25/2024 and the respective follow-up for each case”. As a consequence, through official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025 of January 24, 2025, the administrator of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge indicated to the appellant that the requested information could not be disclosed due to its confidential nature and its connection to an ongoing investigative process. The foregoing is established in Article 295 of the Criminal Procedure Code. Furthermore, it is recorded that by official letter CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025 of March 10, 2025, the respondent administrator reminded the appellant that pursuant to Article 295 of the Criminal Procedure Code, actions in investigative processes are not of public access and that, to obtain the requested information, he had to address the Ministerio Público.\n\nIt must be remembered that, regarding this right, what matters is that the information is of public interest and that it is not a State secret, which is not the case here, since what was requested is public information because it is available in the administration of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge. It is important to highlight that, although Article 295 of the Criminal Procedure Code establishes that: “Privacy of actions The preparatory procedure will not be public for third parties. The actions may only be examined by the parties, directly or through their representatives. Lawyers who invoke a legitimate interest will be informed by the Ministerio Público about the fact being investigated and about the accused or detainees that exist, so that they can decide whether to accept participation in the case. The parties, officials participating in the investigation, and other persons who, for any reason, have knowledge of the actions carried out, will have the obligation to maintain secrecy. Breach of this obligation will be considered a serious fault.”, the truth is that the claimant is not requesting information from the criminal process, so much so that he clarifies it. It is also true that the indicated article establishes that all persons who had knowledge of information from the process have the obligation to maintain secrecy, that is, said obligation belongs to the criminal process only. Consequently, we are not in the presence of any of the assumptions that would prevent giving the information and that would justify the administrative action. As a result, it is illegitimate and contrary to the fundamental rights of the claimant for him to be denied access to information of a public nature. Consequently, the correct action was for the respondent to send the required information to the appellant, safeguarding any confidential information. Under this understanding, the Chamber considers that the claimed refusal is illegitimate and, therefore, violates access to administrative information (see in the same sense Judgment 2025-006975 of nine hours twenty minutes on March seven of two thousand twenty-five). As a corollary to the foregoing, it is necessary to uphold the appeal, with the consequences that will be stated in the operative part of the judgment.\n\nV.- CONCLUSION. Under this order of considerations, the amparo appeal becomes inadmissible and must be declared as such.\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies have been provided, these must be picked up from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not picked up within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Regulation on the Electronic Dossier before the Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe appeal is declared with merit. Fanny Cruz Torres, administrator of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, or whoever holds her position, is ordered to coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of her competencies, so that, within a period of EIGHT DAYS, counted from the notification of this appeal, the pertinent actions are coordinated and the appellant is provided with the documentation requested in the petition formulated through official letter AEL-00281-2024 of November 25, 2024. The foregoing safeguarding sensitive or confidential data, if any, in accordance with the Law for the Protection of the Person against the Processing of their Personal Data (Ley No. 8968). It is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Jurisdictional Constitutional Law, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal and fails to comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. Notify.-\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nLuis Fdo.\n\nSalazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nIngrid Hess H.\n\nRonald Salazar Murillo\n\nJose Roberto Garita N.\n\nObservations of the SALA CONSTITUCIONAL (Constitutional Chamber)\n\nAttached is judgment 25-016106 from case file 25-007292-0007-co\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:45:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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