{ "id": "nexus-sen-1-0007-1317854", "citation": "Res. 20710-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo contra Municipalidad de Cóbano por falta de respuesta", "title_en": "Amparo against Municipality of Cóbano for lack of response", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un particular contra la Municipalidad de Cóbano, por la omisión de respuesta a una gestión presentada el 8 de abril de 2025, en la que solicitaba información sobre el cumplimiento de recomendaciones de Auditoría Interna relativas al desarrollo urbano, fiscalización de construcciones, clausuras pendientes, sistema de gestión documental y elaboración del Plan Regulador. La Sala constata que la respuesta fue emitida el 25 de junio de 2025, después de notificado el curso del amparo (20 de junio). Declara con lugar el recurso por violación del derecho de petición y pronta respuesta, pero sin condenatoria en costas, daños o perjuicios, según criterio mayoritario. Se consignan votos disidentes parciales que abogan por la condena en costas y/o daños. El caso subraya la obligación de la Administración de responder dentro de los plazos legales, incluso sobre solicitudes de información ambiental y urbanística.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by an individual against the Municipality of Cóbano for failing to respond to a petition submitted on April 8, 2025, requesting information on the compliance with Internal Audit recommendations concerning urban development, construction oversight, pending closures, document management systems, and the elaboration of the Regulatory Plan. The Chamber finds that the response was issued on June 25, 2025, after the amparo's admission was notified (June 20). The appeal is granted for violation of the right to petition and prompt response, but without award of costs, damages, or losses, per majority opinion. Partial dissenting votes call for awarding costs and/or damages. The case underscores the Administration's duty to respond within legal deadlines, even regarding environmental and urban planning information requests.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "04/07/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "amparo", "derecho de petición", "pronta respuesta", "Plan Regulador", "fiscalización de construcciones", "voto salvado", "costas" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 27", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 32", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 51", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Ley 9097", "law": "Ley de Regulación del Derecho de Petición" } ], "keywords_es": [ "derecho de petición", "pronta respuesta", "municipalidad de Cóbano", "Plan Regulador", "fiscalización de construcciones", "auditoría interna", "Sala Constitucional", "voto salvado", "condenatoria en costas", "artículo 27 Constitución Política", "artículo 32 Ley Jurisdicción Constitucional", "Ley 9097", "desarrollo urbano", "gestión documental", "recomendaciones" ], "keywords_en": [ "right to petition", "prompt response", "Municipality of Cóbano", "Regulatory Plan", "construction oversight", "Internal Audit", "Constitutional Chamber", "dissenting vote", "award of costs", "Article 27 Political Constitution", "Article 32 Constitutional Jurisdiction Law", "Law 9097", "urban development", "document management", "recommendations" ], "excerpt_es": "Así las cosas, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que fue hasta la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo, que la autoridad recurrida dio respuesta a la solicitud de la parte recurrente. Dicha contestación fue remitida el 25 de junio de 2025, mientras que la resolución que da curso a este proceso, fue notificada el 20 de junio anterior. Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia, pero sin condenatoria en costas, daños o perjuicios, de conformidad con lo establecido a continuación.", "excerpt_en": "Thus, this Court finds it proven, as the record shows, that it was only upon notification of the order admitting this amparo that the respondent authority responded to the petitioner's request. The reply was sent on June 25, 2025, whereas the order admitting this proceeding was notified on June 20. 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Nº 2025020710\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-016982-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE CÓBANO.\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:42 horas del 12 de junio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Cóbano. Manifiesta que, mediante informe N° AIM-05-2024 del 4 de febrero de 2025, la Auditoría Interna del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano determinó -tras el estudio correspondiente- la existencia de debilidades en la gestión del desarrollo urbano del distrito. Entre sus conclusiones la Auditoría señaló que, la institucionalidad carecía de un Plan Regulador Integral que orientara el crecimiento inmobiliario de manera sostenible, \"no se dispone de reglamentos de construcciones, urbanizaciones o de zonificación y se detectan serias deficiencias en la fiscalización de las obras constructivas\". Como resultado de sus hallazgos, la Auditoría Interna emitió una serie de recomendaciones de cumplimiento obligatorio para la Intendencia Municipal, estableciendo como fecha límite para su acatamiento y presentación de planes de acción el día 31 de marzo del 2025. Las recomendaciones dirigidas a la Intendencia incluyen, entre otras: elaborar un plan de acción para el desarrollo e implementación de un Plan Regulador Integral así como para fortalecer la fiscalización de las construcciones en todo el distrito; actualizar el inventario de informes de clausuras pendientes y ejecutar un plan para su debido seguimiento; elaborar e implementar instrumentos formales de control para los procesos de inspección y aplicación de sanciones y; ordenar la instauración de un sistema de gestión documental integral para urbanizaciones y condominios. Que como transcurrió el plazo otorgado por la Auditoría Interna, y no ha tenido conocimiento acerca del cumplimiento de lo ordenado, el 8 de abril del 2025 planteó formal gestión mediante la cual requirió lo siguiente: \"(…) solicito a su autoridad administrativa cumplir con las siguientes recomendaciones propuestas por Auditoría Interna en el Informe N° AIM-05-2024 de Auditoría de Carácter Especial sobre la Aprobación, Seguimiento y Control de los Permisos de Construcción Otorgados y la Tasación y Captación del Impuesto Correspondiente (…)\". Acusa que a la fecha de interposición de este recurso no ha obtenido respuesta a su gestión.\n\n 2.- Por resolución de las 16:30 horas del 16 de junio de 2025, se dio curso al presente proceso y se concedió audiencia al Intendente Municipal del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano. Asimismo, se previno a la autoridad recurrida indicar si el correo electrónico utilizado por el recurrente para remitir su solicitud, se encuentra previsto como un mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios.\n\n 3.- Informa bajo juramento Ronny José Montero Orozco, en su condición de Intendente Municipal del Distrito de Cóbano de Puntarenas, lo siguiente en torno a los hechos alegados:\n\n “(…) Tal y como se desprenden de la cita resolución intimatoria notificada a esta intendencia municipal, la cual en apariencia obedece como resultado de una eventual omisión de mi parte en el cumplimiento de lo peticionado por el señor Nombre01; con relación a las recomendaciones propuestas por la Auditoría Interna en su informe AIM-005-2024, de carácter especial sobre la aprobación, seguimiento y control de los permisos de construcción otorgados y la tasación y captación del impuesto correspondiente; que fue planteada directamente a mi persona en fecha 8 de abril del 2025, a través de una petición administrativa formal, a efectos de conocer si esta dependencia administrativa cumplió o no cabalmente con el cumplimiento de las misma, dentro del plazo fijado por parte de la Auditoría de este Concejo Municipal. En virtud de lo anterior y con referencia propiamente a este asunto, es importante mencionar que siendo que la funcionaria encargada de la Coordinación del Departamento de Desarrollo Urbano y sus Subalternos también fueron conocedores de primera mano, de la existencia de este informe y fueron convocados y estuvieron presentes durante la etapa de exposición de mismo por parte de la Autoría Interna de manera oficiosa; por lo que siendo su expertis como profesional en la materia en estudio, es que mi persona procede a delegar las acciones de seguimiento y cumplimiento, a fin de dar curso a los planteamiento respectivos, y con el afán de que me remitiera una propuesta óptima para solventar las deficiencias apuntadas en aras de ejercer una mejor supervisión y control urbanísticos de manera equilibrada con el ambiente dentro del Distrito, así como buscar contar a la mayor brevedad posible con una restructuración de este departamento en relación específicamente a la funcionabilidad y operatividad, con respecto al manejo de la información y el resguardo de la información, por lo que a fin de apoyar la unidad administrativa, es que mi persona le facilito una funcionaria administrativa, que le venga a brindar soporte en este sentido y agilidad. Por tal razón, desde antes del planteamiento de la presente solicitud, dicha funcionaria debió haber trabajado en los avances cumplido, por lo que adicionalmente se le estará pidiendo un informe más detallado en este sentido a fin a fin del serle informado al Recurrente con más claridad en este sentido. Aunado a ello es importante mencionar que el hecho de que el planteamiento de los diversos planes de acción propuesto por dicha funcionaria, mediante oficio ING-133-2025 de fecha 23 de junio del 2025, no significa, que no se haya ejecutado ninguna de las acciones descripta en el mismo y que fueron puesto en conocimientos vía correo electrónico mi persona, al igual que a la auditora municipal subsidiariamente; a quien una vez revisada la documentación de ser necesario, le estaré solicitando en este sentido una ampliación en mi condición de superior jerárquico de dicha funcionaria y que de no haber cumplir con la totalidad de las acciones implícitas en este informes, deberá fundamentar y motivar ante la Auditoría Interna, eventualmente las razones que nos impidió materializar dicho cumplimiento y requerirle a la señora Auditora el tiempo racionable en este sentido, ya que muchas veces puede existir motivos de caso fortuito o fuerza mayor, que obstaculizaron el cumplimiento. Bajo este mismo orden de ideas, no omito manifestar que mi persona ante la solicitud de petición administrativa planteada por el señor Nombre01, mi persona procede ese mismo día a confeccionar los oficios INT-181-2025 y INT-182-2025, al Ing. Rodrigo Vásquez Quirós funcionario municipal miembros de la Comisión Especial de Planes Reguladores de este Concejo Municipal de Distrito; así como paralelamente a la señora Arq. Lady Melissa Jimenez Matarrita, Coordinación del Departamento de Desarrollo Urbano, con la finalidad de que me rinda una respuesta óptima y detallada entorno al informe AIM- 005 -2024 del cual pide ser informada el señor Nombre01, a quien le fue remitido al medio señalado, la información remitida por ambos departamentos, así como cualquier otra adicional que guarde injerencia indirecta con este tema objeto de análisis. Por otro lado, como resultado de ambas gestiones tenemos, que el señor Vásquez Quirós nos informa los avances obtenidos en cuanto la elaboración del Plan Regulador Urbano del Distrito de Cóbano, en fecha 16 de abril del 2025 mediante oficio CPR-001-2025, el cual literalmente informa: ➢ Que, ya se cuenta con la contratación para la elaboración de los estudios ambientales del plan regulador urbano, estos ya fueron presentados a SETENA y se les ha asignado el número de expediente EAE-0006-2024. ➢ Que, se está trabajando en los términos de referencia para la contratación de la empresa encargada de elaborar el diagnóstico y la propuesta del plan regulador urbano del distrito de Cóbano. Ya se tiene un primer borrador de estos términos de referencia, los cuales fueron devueltos con observaciones por parte de la Proveeduría Municipal. Estos términos de referencia actualmente están en manos de la encargada del departamento de Desarrollo Urbano. ➢ Que, una vez obtenido el visto bueno de la Proveeduría Municipal, se iniciaría con el proceso de adjudicación. Para el inicio de este importante proyecto municipal, se cuenta con un presupuesto inicial de ¢22.000.000 (veintidós millones de colones), con lo cual se daría inicio a la primera parte de los estudios del plan regulador urbano. ➢ Que el plan regulador urbano consta de diferentes etapas, con duración total de 18 meses por lo que el presupuesto se ira modificando para ir sufragando cada una de las etapas de las que consta el plan regulador, esto se encuentra detallado en los términos de referencia que se están elaborando y se realiza en base al siguiente cuadro (…). • Es importante destacar que el plan regulador urbano no tiene implicación en la actualización del mosaico catastral, por lo que actualizar el mosaico sería un proyecto ajeno al Plan Regulador Urbano. Mientras que la señora Jiménez Matarrita, en su condición de Coordinación del Departamento de Desarrollo Urbano, mediante oficio ING- 133-2025 de fecha 23 de junio del 2025, señala tácitamente, lo siguiente: Que la propuesta de atención a los puntos señalados, detallando para cada uno de ellos el plan de acción correspondiente, sus actividades, responsables y recursos necesarios para su ejecución: b) Plan de acción para fortalecer el proceso de fiscalización de las construcciones en el distrito Objetivo: Mejorar la capacidad institucional para la fiscalización efectiva de las construcciones dentro del distrito, asegurando el cumplimiento de la legislación vigente y la correcta aplicación de sanciones (…).  d) Elaboración e implementación de instrumentos formales de control sobre inspecciones y sanciones Objetivo: Institucionalizar mecanismos de control, supervisión y mejora continua para las tareas de inspección, sanción y clausura conforme al Reglamento de Demoliciones y otras normativas municipales. Instrumentos propuestos 1. Manual operativo de inspección y clausura, que detalle: • Procedimientos para inspecciones de rutina y por denuncia. • Pasos para emisión de actas, clausura, notificación y seguimiento. • Modelos estandarizados de documentos. (Nota: Se elaboró un borrador del manual que fue remitido al Concejo Municipal en abril de 2024. Ante la ausencia de respuesta, se procederá con su revisión, actualización y reenvío). 2. Sistema de control y trazabilidad de actuaciones de campo, con bitácora digital que registre: • Fecha, hora, inspector a cargo, ubicación, tipo de hallazgo. • Estado de cumplimiento de órdenes o resoluciones previas. 3. Plan de supervisión periódica de obras clausuradas, con control jerárquico de seguimiento a: • Tiempo de Clausura. • Incumplimientos reincidentes. • Medidas Ejecutadas. 4. Mecanismo de evaluación periódica del sistema de fiscalización, mediante: • Indicadores de desempeño del personal inspector. • Auditoría interna bianual de procedimientos sancionatorios. • Actualización normativa automática ante cambios legales nacionales o distritales. Este conjunto de acciones busca responder integralmente a las observaciones de la Auditoría Interna y sentar las bases para un sistema de control urbano más eficiente, transparente y conforme al marco legal vigente. Se adjunta el inventario preliminar de clausuras pendientes correspondientes a los años 2023 y 2024. Se continúa trabajando en los registros anteriores y en el consolidado del año 2025, el cual será remitido tan pronto como se concluya. Asimismo, se implementará un cronograma semanal de envío de informes sobre el estado actual de las clausuras, los cuales serán remitidos a la Intendencia y al Departamento Legal para la adopción de las acciones legales y sancionatorias correspondientes (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- DE PREVIO. En el caso concreto se analiza la falta de respuesta de una gestión planteada por la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico ...01. Ahora, pese a que en el informe rendido no se hace mención si ese correo es oficial o no, sí se acredita que se le dio trámite a la gestión. Por ello se estima que el medio de correo utilizado por el petente es idóneo para gestiones como las que nos ocupan. En consecuencia, partiendo de tales consideraciones se entra a analizar los reclamos planteados por la parte actora.\n\n II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que el 08 de abril de 2025 remitió al correo electrónico ...01, una gestión dirigida al Intendente Municipal del Distrito de Cóbano, a afectos de recibir una respuesta sobre el cumplimiento de las recomendaciones propuestas por Auditoría Interna en el Informe N°AIM-05-2024. Sin embargo, acusa que aún no ha recibido respuesta a la gestión incoada.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)   El 08 de abril de 2025, el recurrente remitió al correo electrónico ...01, una gestión dirigida al Intendente Municipal del Distrito de Cóbano, mediante la que solicitó lo siguiente: “(…) a su autoridad administrativa cumplir con las siguientes recomendaciones propuestas por Auditoría Interna en el Informe N° AIM-05-2024 de Auditoría de Carácter Especial sobre la Aprobación, Seguimiento y Control de los Permisos de Construcción Otorgados y la Tasación y Captación del Impuesto Correspondiente, según las cuales la Intendencia Municipal debe de: “4.2. A LA INTENDENCIA MUNICIPAL. a) Elaborar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, un plan de acción que recoja las distintas actividades necesarias para gestionar el desarrollo e implementación de un Plan Regulador Integral para el Distrito, que contemple tanto la planificación urbana como la zonificación adecuada del territorio, con el objetivo de guiar el crecimiento inmobiliario de manera sostenible y conforme a la normativa vigente. Este plan debe incluir la actualización del mosaico catastral y la información geoespacial, además de reglamentos específicos sobre urbanización, construcciones, y uso del suelo, alineados con la protección del medio ambiente y el desarrollo ordenado de la zona. Con estas acciones, se contribuiría no solo a un crecimiento ordenado y sostenible del distrito, sino también a una mejora en la recaudación de impuestos y a la preservación del paisaje y medio ambiente local. Para el cumplimiento de esta recomendación debe remitir a esta Auditoría Interna copia del plan de acción propuesto, a más tardar el 31 de marzo del 2025. Ver punto 2.1 de este informe. b) Elaborar y poner en práctica un plan de acción con actividades y responsables de su ejecución, que permitan fortalecer el proceso de fiscalización de las construcciones de todo el distrito. El plan debe incluir entre otras cosas, los recursos humanos, materiales y tecnológicos que promuevan mejoras en el proceso de inspección y el seguimiento de las obras, asegurando que cumplan con todos los requisitos que estipula la legislación sobre construcciones, así como el reforzamiento de la aplicación de sanciones para quienes no cumplan con las regulaciones. Para el cumplimiento de esta recomendación debe remitir a esta Auditoría Interna copia de los instrumentos de control debidamente divulgados e implementados, a más tardar el 31 de marzo del 2025. Ver punto 2.2 de este informe. c) Actualizar el inventario de informes de clausuras pendientes de atención y en base al mismo, elaborar y poner en práctica un plan de acción con actividades y responsables de su ejecución, que permita revisar y realizar las actividades correspondientes para ejecutar el procedimiento requerido por la normativa en los casos en que los responsables de los inmuebles hayan incumplido con las instrucciones que se les notificó en la clausura y que no se les dio seguimiento; tanto las que corresponden al periodo 2023 y 2024 como las anteriores. Para el cumplimiento de esta recomendación debe remitir a esta Auditoría Interna copia del inventario actualizado y de las acciones a ejecutar en el corto y mediano plazo para poner al día dicho seguimiento, a más tardar el 31 de marzo del 2025. Ver punto 2.2 de este informe. d) Elaborar y poner en práctica instrumentos formales de control de los procesos y procedimientos que deben ejecutar los funcionarios municipales que realizan tareas de inspección y aplicación de sanciones conforme al Reglamento de Demoliciones del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano; así como de los controles de supervisión que se deben ejercer sobre las tareas que llevan a cabo los inspectores en el campo y a las obras que están clausuradas. De igual manera, debe instaurar un mecanismo para evaluar y actualizar continuamente estos procedimientos, con el fin de adaptarlos a las normativas vigentes y a los cambios en el desarrollo urbano del distrito. Para el cumplimiento de esta recomendación debe remitir a esta Auditoría Interna copia de los instrumentos de control debidamente divulgados e implementados, a más tardar el 31 de marzo del 2025. Ver punto 2.3 de este informe. e) Ordenar a la Coordinadora del Departamento de Desarrollo Urbano, la instauración de un sistema de gestión documental integral que registre y organice toda la información relevante de las urbanizaciones y condominios existentes en el Distrito, que contenga entre otras cosas información tal como el nombre del proyecto, nombre del desarrollador, profesional responsable, dirección exacta, citas de inscripción registral de la finca y del plano catastrado, cantidad de lotes, permisos otorgados e impuestos pagados, la viabilidad ambiental del proyecto, el documento de supervisión por parte del Cuerpo de Bomberos, que tengan la autorización del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y que cuenten con la aprobación del Concejo Municipal previa revisión técnica con sus correcciones preliminares. Para el cumplimiento de esta recomendación debe remitirse a esta Auditoría Interna copia de la estrategia elaborada, a más tardar el 31 de marzo del 2025. Ver puntos 2.4 de este informe”. De mi lado, nuestra disposición para colaborar con esta situación, reiterando que su autoridad debe proceder en beneficio de la comunidad y en cumplimiento de las leyes (…)”. (ver prueba adjunta).\n\nb)   A las 09:42 horas del 20 de junio de 2025 se notificó al Intendente Municipal del Distrito de Cóbano, la resolución de las 16:30 horas del 16 de junio de 2025, que dio curso a este proceso (ver acta de notificación).\n\nc)    El 25 de junio de 2025, se procede mediante el oficio Nº INT-307-2025 del mismo 25 de junio de 2025, suscrito por el Intendente Municipal del Distrito de Cóbano, a brindar respuesta a la gestión planteada por el señor Nombre01, mediante correo electrónico, al indicarle: “(…) Por medio de la presente le saludo, asimismo, en atención a las disposiciones que nos competen y en cumplimiento de nuestras responsabilidades institucionales, y vista la petición administrativa de fecha ocho de abril del año en curso realizada por su persona, en respuesta a lo manifestado en esa oportunidad, en este acto me permito adjuntar las siguientes documentaciones: - Oficio INT-181-2025 de fecha 8 de abril del 2025, donde se le solicita al topógrafo Rodrigo Vásquez Quirós brinde informe sobre el proceso del Plan Regulador Territorial iniciado en el año 2024 y el estado del mismo, así mismo si el mismo cuenta con la actualización de mosaico catastral. - Oficio INT- 182-2025 de fecha 8 de abril del 2025, donde se le solicita a la Arquitecta Municipal Melissa Jiménez Matarrita cumplir con los puntos b, c, d, de la mencionada petición administrativa. - Oficio CPR-001-2025, del 16 de abril de 2025, elaborado por el Topógrafo Rodrigo Vásquez Quirós, el cual brinda respuesta a lo solicitado mediante el oficio INT-181-2025. - Oficio NG-133-2025, del 23 de junio de 2025, elaborado por Arquitecta Municipal Melissa Jiménez Matarrita, el cual brinda respuesta a lo solicitado mediante el oficio INT-182-2025(…)”. (ver informes y prueba adjunta).\n\nd)La dirección electrónica ...01, se constituye como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios, por parte de la Municipal del Distrito de Cóbano (hecho no controvertido).\n\nIV.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En el sub lite, la parte recurrente acude ante esta Sala, debido a que el 08 de abril de 2025 remitió al correo electrónico ...01, una gestión dirigida al Intendente Municipal del Distrito de Cóbano, a afectos de recibir una respuesta sobre el cumplimiento de las recomendaciones propuestas por Auditoría Interna en el Informe N°AIM-05-2024. Sin embargo, acusa que aún no ha recibido respuesta a la gestión incoada.\n\nAl respecto, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento, la autoridad recurrida, expone que, el 25 de junio de 2025, mediante el oficio Nº INT-307-2025 del mismo 25 de junio de 2025, suscrito por el Intendente Municipal del Distrito de Cóbano, procede a brindar respuesta a la gestión planteada por el señor Nombre01, mediante correo electrónico, al indicarle: “(…) Por medio de la presente le saludo, asimismo, en atención a las disposiciones que nos competen y en cumplimiento de nuestras responsabilidades institucionales, y vista la petición administrativa de fecha ocho de abril del año en curso realizada por su persona, en respuesta a lo manifestado en esa oportunidad, en este acto me permito adjuntar las siguientes documentaciones: - Oficio INT-181-2025 de fecha 8 de abril del 2025, donde se le solicita al topógrafo Rodrigo Vásquez Quirós brinde informe sobre el proceso del Plan Regulador Territorial iniciado en el año 2024 y el estado del mismo, así mismo si el mismo cuenta con la actualización de mosaico catastral. - Oficio INT- 182-2025 de fecha 8 de abril del 2025, donde se le solicita a la Arquitecta Municipal Melissa Jiménez Matarrita cumplir con los puntos b,c,d, de la mencionada petición administrativa. - Oficio CPR-001-2025, del 16 de abril de 2025, elaborado por el Topógrafo Rodrigo Vásquez Quirós, el cual brinda respuesta a lo solicitado mediante el oficio INT-181-2025. - Oficio NG-133-2025, del 23 de junio de 2025, elaborado por Arquitecta Municipal Melissa Jiménez Matarrita, el cual brinda respuesta a lo solicitado mediante el oficio INT-182-2025(…)”.\n\nAsí las cosas, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que fue hasta la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo, que la autoridad recurrida dio respuesta a la solicitud de la parte recurrente. Dicha contestación fue remitida el 25 de junio de 2025, mientras que la resolución que da curso a este proceso, fue notificada el 20 de junio anterior. Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia, pero sin condenatoria en costas, daños o perjuicios, de conformidad con lo establecido a continuación.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: \"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)\", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta \"únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\". Se subraya que la Ley indica \"si fueren procedentes\", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: \"toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.\n\n VI.- RAZONES DIFERENTES DEL DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. Concuerdo con la mayoría del Tribunal en acoger el recurso de amparo, dado que la autoridad recurrida no respondió la solicitud de información presentada. No obstante, fundamento mi voto en razones distintas. Al ser requerida, la autoridad no aclaró si el correo electrónico utilizado era un canal oficial de comunicación. En virtud del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por cierto que se utilizó un medio oficial. Es mi criterio que, si de los autos se desprende que dicho correo no es un canal oficial, aunque la Administración haya tenido conocimiento de la gestión, no está obligada a responder.\n\nVII.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.\n\nEl derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.  \n\nEl artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:  \n\n“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. \n\nPor su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:\n\n“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.\n\nEn el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N°  9097 del 26 de octubre de 2012,  se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: \n\n“Presentación de escritos y plazo de respuesta. \n\nEl escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. \n\nDe este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. \n\nAsimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:  \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  \n\nEn consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.\n\nPor lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.\n\nAsí, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de treinta días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez consigna razones diferentes. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.-\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n Y4MNBME05KU61\n\nEXPEDIENTE N° 25-016982-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:47:45.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**RESULTANDO:**\n\n**1.-** By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 1:42 p.m. on June 12, 2025, the petitioner files an amparo action against the Municipality of Cóbano. He states that, through report No. AIM-05-2024 of February 4, 2025, the Internal Audit Office of the Municipal Council of the District of Cóbano determined —after the corresponding study— the existence of weaknesses in the management of the district's urban development. Among its conclusions, the Audit Office indicated that the institution lacked a Comprehensive Regulatory Plan (Plan Regulador Integral) to guide real estate growth in a sustainable manner, \"it does not have building, development, or zoning regulations (reglamentos de construcciones, urbanizaciones o de zonificación), and serious deficiencies are detected in the oversight of construction works.\" As a result of its findings, the Internal Audit Office issued a series of recommendations of mandatory compliance for the Municipal Administration Office (Intendencia Municipal), establishing March 31, 2025, as the deadline for their compliance and the submission of action plans. The recommendations directed to the Administration Office include, among others: developing an action plan for the development and implementation of a Comprehensive Regulatory Plan as well as to strengthen the oversight of constructions throughout the district; updating the inventory of pending closure reports and executing a plan for their due follow-up; developing and implementing formal control instruments for the inspection processes and application of sanctions; and ordering the establishment of a comprehensive document management system for developments (urbanizaciones) and condominiums. That as the period granted by the Internal Audit Office elapsed, and he has had no knowledge regarding compliance with what was ordered, on April 8, 2025, he formally filed a request through which he required the following: \"(…) I request your administrative authority to comply with the following recommendations proposed by the Internal Audit Office in Special Audit Report No. AIM-05-2024 on the Approval, Follow-up, and Control of Granted Construction Permits and the Appraisal and Collection of the Corresponding Tax (…)\". He accuses that as of the date of filing this action, he has not received a response to his request.\n\n**2.-** By resolution issued at 4:30 p.m. on June 16, 2025, the present proceeding was granted leave and a hearing was given to the Municipal Administrator (Intendente Municipal) of the Municipal Council of the District of Cóbano. Likewise, the respondent authority was warned to indicate whether the email address used by the petitioner to send his request is provided as an official mechanism for receiving users' requests.\n\n**3.-** Ronny José Montero Orozco reports under oath, in his capacity as Municipal Administrator of the District of Cóbano of Puntarenas, the following regarding the alleged facts:\n\n“(…) As can be inferred from the aforementioned writ of summons notified to this municipal administration, which apparently results from an eventual omission on my part in fulfilling what was petitioned by Mr. Nombre01; in relation to the recommendations proposed by the Internal Audit Office in its report AIM-005-2024, of a special nature on the approval, follow-up, and control of granted construction permits and the appraisal and collection of the corresponding tax; which was raised directly to me on April 8, 2025, through a formal administrative petition, in order to know whether this administrative unit did or did not fully comply with them, within the period set by the Audit Office of this Municipal Council. By virtue of the foregoing and with reference to this matter itself, it is important to mention that given that the official in charge of the Coordination of the Department of Urban Development and her subordinates were also firsthand knowledgeable of the existence of this report and were summoned and were present during the stage of its presentation by the Internal Audit Office ex officio; therefore, as her expertise as a professional in the area under study, it is that I proceed to delegate the follow-up and compliance actions, in order to proceed with the respective proposals, and with the eagerness that she send me an optimal proposal to resolve the identified deficiencies for the purpose of exercising better urban oversight and control in a balanced manner with the environment within the District, as well as seeking to have, as soon as possible, a restructuring of this department specifically regarding functionality and operability, with respect to information management and information safeguarding, so in order to support the administrative unit, it is that I provided her with an administrative official, who can provide support in this sense and agility. For this reason, since before the filing of this request, said official must have been working on the fulfilled advances, for which additionally a more detailed report will be requested in this sense in order to inform the Petitioner with more clarity in this regard. In addition to this, it is important to mention that the fact that the proposal of the various action plans proposed by said official, through official communication ING-133-2025 dated June 23, 2025, does not mean that none of the actions described therein have been executed and which were made known via email to me, as well as to the municipal auditor subsidiarily; to whom, once the documentation is reviewed if necessary, I will be requesting in this sense an extension in my condition as hierarchical superior of said official and that, should she not have fulfilled all the implicit actions in these reports, she must substantiate and justify before the Internal Audit Office, eventually, the reasons that prevented us from materializing said compliance and request from the Auditor a reasonable time in this sense, since often there may be reasons of force majeure or fortuitous events that hindered compliance. In this same order of ideas, I do not fail to state that my person, before the administrative petition request filed by Mr. Nombre01, proceeds that same day to prepare official communications INT-181-2025 and INT-182-2025, to Eng. Rodrigo Vásquez Quirós, municipal official, member of the Special Commission for Regulatory Plans of this District Municipal Council; as well as in parallel to Ms. Arch. Lady Melissa Jimenez Matarrita, Coordinator of the Department of Urban Development, with the aim of her providing me with an optimal and detailed response regarding report AIM- 005 -2024 about which Mr. Nombre01 requests to be informed, to whom the information provided by both departments was sent to the indicated medium, as well as any additional information that has an indirect connection with this topic under analysis. On the other hand, as a result of both procedures, we have that Mr. Vásquez Quirós informs us of the progress made regarding the drafting of the Urban Regulatory Plan (Plan Regulador Urbano) of the District of Cóbano, on April 16, 2025, through official communication CPR-001-2025, which literally informs: ➢ That, the contracting for the elaboration of the environmental studies of the Urban Regulatory Plan is already in place, these were already submitted to SETENA and have been assigned the case file number EAE-0006-2024. ➢ That, work is being done on the terms of reference for the contracting of the company responsible for developing the diagnosis and the proposal of the Urban Regulatory Plan of the district of Cóbano. A first draft of these terms of reference already exists, which was returned with observations by the Municipal Procurement Office. These terms of reference are currently in the hands of the head of the Department of Urban Development. ➢ That, once the approval of the Municipal Procurement Office is obtained, the procurement process would begin. For the start of this important municipal project, there is an initial budget of ₡22,000,000 (twenty-two million colones), with which the first part of the Urban Regulatory Plan studies would begin. ➢ That the Urban Regulatory Plan consists of different stages, with a total duration of 18 months, so the budget will be modified to cover each of the stages that the regulatory plan comprises, this is detailed in the terms of reference being developed and is made based on the following chart (…). • It is important to note that the Urban Regulatory Plan has no implication on the updating of the cadastral overlay (mosaico catastral), so updating the overlay would be a project separate from the Urban Regulatory Plan. While Ms. Jiménez Matarrita, in her capacity as Coordinator of the Department of Urban Development, through official communication ING-133-2025 dated June 23, 2025, tacitly indicates the following: That the proposal for addressing the points indicated, detailing for each one the corresponding action plan, its activities, responsible parties, and resources necessary for its execution: b) Action plan to strengthen the oversight (fiscalización) process of constructions in the district. Objective: To improve institutional capacity for effective oversight of constructions within the district, ensuring compliance with current legislation and the correct application of sanctions (…). d) Development and implementation of formal control instruments for inspections and sanctions Objective: To institutionalize mechanisms for control, supervision, and continuous improvement for inspection, sanction, and closure tasks in accordance with the Demolition Regulations (Reglamento de Demoliciones) and other municipal regulations. Proposed instruments 1. Operational inspection and closure manual, detailing: • Procedures for routine and complaint-based inspections. • Steps for issuing minutes, closure, notification, and follow-up. • Standardized document templates. (Note: A draft of the manual was prepared and sent to the Municipal Council in April 2024. Given the lack of response, it will proceed with its review, update, and resubmission). 2. Control and traceability system for field actions, with a digital log that records: • Date, time, inspector in charge, location, type of finding. • Compliance status of prior orders or resolutions. 3. Periodic supervision plan for closed works, with hierarchical control for monitoring: • Duration of Closure. • Repeat non-compliance. • Executed Measures. 4. Periodic evaluation mechanism for the oversight system, through: • Performance indicators for inspection staff. • Biannual internal audit of sanctioning procedures. • Automatic regulatory updating before national or district legal changes. This set of actions seeks to provide a comprehensive response to the observations of the Internal Audit Office and lay the foundations for a more efficient, transparent urban control system that conforms to the current legal framework. The preliminary inventory of pending closures corresponding to the years 2023 and 2024 is attached. Work continues on previous records and on the consolidated record for the year 2025, which will be submitted as soon as it is concluded. Likewise, a weekly timeline will be implemented for sending reports on the current status of closures, which will be referred to the Administration Office and the Legal Department for the adoption of the corresponding legal and sanctioning actions (…)”. He requests that the action be dismissed.\n\n**4.-** In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Araya García; and,\n\n**CONSIDERANDO:**\n\n**I.-** PRELIMINARY MATTER. In the specific case, the lack of response to a request filed by the petitioner through the email account ...01 is analyzed. Now, although the report submitted does not mention whether that email is official or not, it is proven that the request was processed. For this reason, it is considered that the email medium used by the petitioner is suitable for requests such as the one before us. Consequently, based on such considerations, we proceed to analyze the claims raised by the complainant.\n\n**II.-** PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner states that on April 8, 2025, he sent to the email address ...01, a request addressed to the Municipal Administrator of the District of Cóbano, for the purpose of receiving a response on the compliance with the recommendations proposed by the Internal Audit Office in Report No. AIM-05-2024. However, he accuses that he has not yet received a response to the request filed.\n\n**III.-** PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) On April 8, 2025, the petitioner sent to the email address ...01, a request addressed to the Municipal Administrator of the District of Cóbano, through which he requested the following: “(…) your administrative authority to comply with the following recommendations proposed by the Internal Audit Office in Special Audit Report No. AIM-05-2024 on the Approval, Follow-up, and Control of Granted Construction Permits and the Appraisal and Collection of the Corresponding Tax, according to which the Municipal Administration Office must: “4.2. TO THE MUNICIPAL ADMINISTRATION OFFICE. a) Develop, in coordination with the corresponding administrative units, an action plan that gathers the various activities necessary to manage the development and implementation of a Comprehensive Regulatory Plan for the District, that includes both urban planning and the appropriate territorial zoning, with the objective of guiding real estate growth in a sustainable manner and in accordance with current regulations. This plan must include the updating of the cadastral overlay (mosaico catastral) and geospatial information, in addition to specific regulations on developments, constructions, and land use (uso del suelo), aligned with environmental protection and the orderly development of the area. With these actions, it would contribute not only to an orderly and sustainable growth of the district, but also to an improvement in tax collection and the preservation of the landscape and local environment. To comply with this recommendation, you must send this Internal Audit Office a copy of the proposed action plan, no later than March 31, 2025. See point 2.1 of this report. b) Develop and put into practice an action plan with activities and responsible parties for its execution, that allow strengthening the oversight (fiscalización) process of constructions throughout the district. The plan must include, among other things, the human, material, and technological resources that promote improvements in the inspection process and the follow-up of works, ensuring that they meet all the requirements stipulated by construction legislation, as well as the strengthening of the application of sanctions for those who do not comply with the regulations. To comply with this recommendation, you must send this Internal Audit Office a copy of the duly disclosed and implemented control instruments, no later than March 31, 2025. See point 2.2 of this report. c) Update the inventory of pending closure reports and, based on it, develop and put into practice an action plan with activities and responsible parties for its execution, that allows reviewing and carrying out the corresponding activities to execute the procedure required by the regulations in cases where those responsible for the properties have breached the instructions that were notified to them in the closure and that were not followed up on; both those corresponding to the 2023 and 2024 period as well as earlier ones. To comply with this recommendation, you must send this Internal Audit Office a copy of the updated inventory and the actions to be executed in the short and medium term to bring said follow-up up to date, no later than March 31, 2025. See point 2.2 of this report. d) Develop and put into practice formal control instruments for the processes and procedures that must be executed by the municipal officials who perform inspection and sanction application tasks in accordance with the Demolition Regulations (Reglamento de Demoliciones) of the District Municipal Council of Cóbano; as well as the supervision controls that must be exercised over the tasks carried out by inspectors in the field and on works that are closed. Similarly, it must establish a mechanism to evaluate and continuously update these procedures, in order to adapt them to current regulations and changes in the urban development of the district. To comply with this recommendation, you must send this Internal Audit Office a copy of the duly disclosed and implemented control instruments, no later than March 31, 2025. See point 2.3 of this report. e) Order the Coordinator of the Department of Urban Development to establish a comprehensive document management system that records and organizes all relevant information of the developments (urbanizaciones) and condominiums existing in the District, containing, among other things, information such as the name of the project, name of the developer, responsible professional, exact address, registry registration entries of the property and the cadastral map, number of lots, permits granted and taxes paid, the environmental viability of the project, the supervision document by the Fire Department, that they have the authorization of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), and that they have the approval of the Municipal Council after prior technical review with its preliminary corrections. To comply with this recommendation, a copy of the developed strategy must be sent to this Internal Audit Office, no later than March 31, 2025. See points 2.4 of this report”. On my side, our willingness to collaborate with this situation, reiterating that its authority must proceed for the benefit of the community and in compliance with the laws (…)”. (see attached evidence).\n\nb) At 9:42 a.m. on June 20, 2025, the Municipal Administrator of the District of Cóbano was notified of the resolution issued at 4:30 p.m. on June 16, 2025, which granted leave to this process (see notification record).\n\nc) On June 25, 2025, through official communication No. INT-307-2025 of that same June 25, 2025, signed by the Municipal Administrator of the District of Cóbano, a response was provided to the request filed by Mr. Nombre01, via email, indicating: “(…) Through this message, I greet you, likewise, in response to the provisions that correspond to us and in compliance with our institutional responsibilities, and in view of the administrative petition dated the eighth of April of this year made by you, in response to what was stated on that occasion, by this act I am allowed to attach the following documents: - Official communication INT-181-2025 dated April 8, 2025, where the surveyor Rodrigo Vásquez Quirós is requested to provide a report on the process of the Territorial Regulatory Plan initiated in 2024 and its status, as well as whether it includes the updating of the cadastral overlay. - Official communication INT-182-2025 dated April 8, 2025, where the Municipal Architect Melissa Jiménez Matarrita is requested to comply with points b, c, d of the mentioned administrative petition. - Official communication CPR-001-2025, dated April 16, 2025, prepared by Surveyor Rodrigo Vásquez Quirós, which provides a response to what was requested through official communication INT-181-2025. - Official communication NG-133-2025, dated June 23, 2025, prepared by Municipal Architect Melissa Jiménez Matarrita, which provides a response to what was requested through official communication INT-182-2025(…)”. (see reports and attached evidence).\n\nd) The email address ...01 constitutes an official mechanism for receiving users' requests by the Municipality of the District of Cóbano (uncontested fact).\n\n**IV.-** REGARDING THE REQUEST FILED. In the case at hand, the petitioner comes before this Chamber because on April 8, 2025, he sent to the email address ...01, a request addressed to the Municipal Administrator of the District of Cóbano, for the purpose of receiving a response on the compliance with the recommendations proposed by the Internal Audit Office in Report No. AIM-05-2024. However, he accuses that he has not yet received a response to the request filed.\n\nIn this regard, in its report submitted under the solemnity of oath, the respondent authority states that, on June 25, 2025, through official communication No. INT-307-2025 of that same June 25, 2025, signed by the Municipal Administrator of the District of Cóbano, it proceeded to provide a response to the request filed by Mr. Nombre01, via email, indicating: “(…) Through this message, I greet you, likewise, in response to the provisions that correspond to us and in compliance with our institutional responsibilities, and in view of the administrative petition dated the eighth of April of this year made by you, in response to what was stated on that occasion, by this act I am allowed to attach the following documents: - Official communication INT-181-2025 dated April 8, 2025, where the surveyor Rodrigo Vásquez Quirós is requested to provide a report on the process of the Territorial Regulatory Plan initiated in 2024 and its status, as well as whether it includes the updating of the cadastral overlay. - Official communication INT-182-2025 dated April 8, 2025, where the Municipal Architect Melissa Jiménez Matarrita is requested to comply with points b, c, d, of the mentioned administrative petition. - Official communication CPR-001-2025, dated April 16, 2025, prepared by Surveyor Rodrigo Vásquez Quirós, which provides a response to what was requested through official communication INT-181-2025. - Official communication NG-133-2025, dated June 23, 2025, prepared by Municipal Architect Melissa Jiménez Matarrita, which provides a response to what was requested through official communication INT-182-2025(…)”.\n\nThus, this Court takes as proven, as can be inferred from the case file, that it was only upon notification of the resolution that granted leave to the present amparo action, that the respondent authority responded to the petitioner's request. Said reply was sent on June 25, 2025, while the resolution granting leave to this process was notified on the preceding June 20th. Based on the foregoing, the proper course is to grant the action, in the terms set forth in the operative part of this Judgment, but without a special award of costs, damages, or losses, in accordance with what is established below.\n\n**V.-** REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Under a better consideration, the majority of the Chamber is of the opinion that the granting that operates by operation of law (ex lege), in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), which provides: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted (…)\", must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires that the operative part of the ruling indicate that the action is granted, it is also true that the same first paragraph of Article 52 of the law cited, refers that the granting is ordered \"solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable\". It is emphasized that the Law indicates \"if they are applicable\", which means that the applicability or inapplicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Tribunal. In cases such as this, where an abnormal termination of the process operates, comparable to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority's opinion that an award of costs is not appropriate, nor of damages and losses, because the economic consequences of the judgment are similar to those of closing the case file. Furthermore, the content of the claim of the aggrieved person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo there are no elements of judgment that suggest otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the applicability of indemnification. When laws present omissions or shortcomings, it is the duty of judges to rectify these deficiencies; if laws lack intelligibility in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it states that: \"any ruling that upholds the action shall abstractly condemn the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment\", refers to a natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the process. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, furthermore, in order, the General Law of the Public Administration and the Contentious Administrative Procedural Code and the other Procedural Codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the rules of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. To the above are added factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by almost three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which there has been an abusive exercise of the vicarious action in the amparo action, for purposes of wealth in indemnification, insofar as the presumed victims do not directly participate. Based on the foregoing, it is the majority's opinion to resolve this action without an award of costs, damages, or losses.\n\n**VI.-** DIFFERENT REASONS OF JUDGE CASTILLO VÍQUEZ. I agree with the majority of the Tribunal in granting the amparo action, given that the respondent authority did not respond to the request for information submitted. However, I base my vote on different reasons. When required to do so, the authority did not clarify whether the email used was an official communication channel. By virtue of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it is taken as true that an official medium was used. It is my opinion that, if it appears from the case file that said email is not an official channel, even if the Administration had knowledge of the request, it is not obligated to respond.\n\n**VII.-** DIFFERENT REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. While I agree with the majority vote, which grants the action for violation of the right to petition and prompt response, I consider that it should be granted; but imposing on the respondent party the payment of costs, as well as indemnification for the damages and losses caused, for the following reasons.\n\nThe right to petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obliges public officials to resolve the requests of the administered within a period of ten business days from the date of filing of such requests, unless a different period for responding has been indicated. However, the cited Article 32 provides, in addition, that, in deciding the petition, the Chamber shall assess the reasons put forward to consider said period insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter.\n\nIn any case, the Administration is obligated to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a decision. For purposes of this analysis, it is relevant to bear in mind what is indicated by the provisions cited above.\n\nArticle 27 of the Political Constitution (Constitución Política) establishes the following:\n\n\"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution are guaranteed.\"\n\nIn turn, numeral 32 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) establishes the following:\n\n\"When the amparo refers to the right of petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and no time limit for responding has been set, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date on which the petition was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision of the appeal, the reasons adduced for considering that period insufficient may be assessed, given the circumstances and nature of the matter.\"\n\nIn the same vein, in the Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición) No. 9097 of October 26, 2012, it is established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material conduct of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to bear in mind what is stated in numeral 6 of said regulation:\n\n\"Filing of documents and response period.\nThe document containing the petition and any other documents and communications submitted to the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall obligate the administration to acknowledge receipt thereof and must respond within a non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational norm of each entity…\"\n\nThus, in amparo remedies related to the alleged violation of this right, there is an express legal norm—constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction—that orders the requested information be provided within the ten business days following its petition, as provided for in Articles 32 of the Constitutional Jurisdiction Law and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said time limit is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right.\n\nLikewise, the Constitutional Jurisdiction Law, in Article 51, provides:\n\n\"...every decision upholding the appeal shall award, in the abstract, compensation for the damages caused and payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\nThis last provision establishes the general system regulating matters related to compensation and the payment of costs, which most refer to as the \"natural or normal manner of concluding the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of facts that have violated fundamental rights…\"\n\nConsequently, in the case at hand, the violation of the ten-day period constitutionally endorsed—which, incidentally, is not required for the rest of the amparo remedies, except for the remedy of rectification and response (numeral 68 of the Constitutional Jurisdiction Law)—is verified.\n\nTherefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority opinion, is to consider the violation of the right of petition and prompt response, as well as the right of access to public information (Article 30, Constitutional), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, to be established, ordering the respondent authority to pay costs and damages.\n\nThus, dealing with a constitutionally endorsed time limit—both by the legislator and by this Constitutional Court—its non-compliance entails a violation of the indicated fundamental right that prompted the appellant to file this amparo remedy as a mechanism to obtain the response to their request or access to the information they required, regardless of whether the response or delivery of information occurred before or during the amparo proceeding; because, the truth is, the administered party ultimately had their constitutional right satisfied with the filing of the amparo remedy they were forced to submit, with the inconveniences and costs that this entails. It is insisted that the response or access provided by the respondent Administration that occurs after the expiration of the time limit in question, even if it occurs before notification of the amparo proceeding, or, as in this case, upon being informed of said proceeding, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by Constitutional ordinals 27 and 30. It is clear that in this scenario, that untimely response implies satisfaction of the protected party's claim, but this does not preclude the recognition of the damages that such indolence may have caused the appellant, as well as the costs associated with bringing this procedural action, necessary for the safeguarding of their fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.\n\nConsequently, I partially dissent from the vote, and I impose on the respondent party the payment of costs and damages.\n\nVIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial decision is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable.\"\n\nMy interpretation of that norm is as follows: That \"decision\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if applicable\" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo), cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restorative; however, Article 51 of the LJC states: \"Every decision upholding the appeal shall award, in the abstract, compensation for the damages caused and payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in cases where it has been restored, damages may have arisen. For this reason, an abstract award for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that damages did occur, there would be no basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an abstract award being made, no damages occurred, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, as only that judge is empowered to deem the real existence and magnitude thereof to be proven.\n\nWith the opinion defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with the existence of an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC contemplates the possibility that, if deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBased on the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the dispositif and order the award of damages, but not costs.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that, if any paper documents, objects, or evidence stored on any additional device, or on electronic, computer, magnetic, optical, telematic media, or media produced by new technologies have been provided, these must be retrieved from the office within a period of thirty business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all such items will be destroyed in accordance with the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial) in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE (POR TANTO):\n\nThe remedy is granted, without a special award of costs or damages. Magistrate Castillo Víquez sets forth different reasons. Magistrate Salazar Alvarado sets forth different reasons and partially dissents from the vote, solely for purposes of compensation, and imposes on the respondent party the payment of costs and damages. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders an award of damages, but not costs.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nY4MNBME05KU61\n\nEXPEDIENTE N° 25-016982-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nTrue copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:47:45.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }