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  "id": "nexus-sen-1-0007-1319784",
  "citation": "Res. 22565-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Improcedencia del amparo contra medidas cautelares penales en proceso ambiental",
  "title_en": "Amparo inadmissible against criminal precautionary measures in environmental case",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto contra una medida cautelar atípica dictada en un proceso penal por usurpación de bienes de dominio público. El recurrente alegó violación al debido proceso y al derecho de posesión sobre un inmueble ubicado en el Humedal Nacional Térraba Sierpe, alegando que no se le otorgó audiencia y que la resolución carecía de motivación. La Sala determina que, conforme al artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los actos y resoluciones jurisdiccionales del Poder Judicial no están sujetos al control de constitucionalidad por la vía de amparo. Subraya que la Sala no actúa como instancia adicional dentro de los procesos penales y carece de competencia para sustituir a los tribunales ordinarios. Por tanto, declara inadmisible el recurso, sin entrar al fondo del asunto, e instruye al recurrente a acudir a las vías de legalidad correspondientes para cuestionar la medida cautelar y las resoluciones impugnadas.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber flatly rejected an amparo action filed against an atypical precautionary measure ordered in a criminal proceeding for usurpation of public domain property. The petitioner alleged violations of due process and his right to possession over a property located within the Térraba Sierpe National Wetland, arguing he was not given a hearing and the decision lacked reasoning. The Chamber held that, under Article 30(b) of the Constitutional Jurisdiction Law, judicial acts and decisions of the Judiciary in its jurisdictional function are not subject to constitutional review through amparo. It emphasized that the Chamber does not serve as an additional instance in criminal proceedings and lacks competence to replace ordinary courts. Consequently, the action was declared inadmissible without reaching the merits, and the petitioner was directed to pursue ordinary legal remedies to challenge the precautionary measure and decisions.",
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  "date": "18/07/2025",
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    "Patrimonio Natural del Estado",
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  "excerpt_es": "no obstante, como las actuaciones y resoluciones que se estima contrarias al Derecho de la Constitución son de un órgano del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, es improcedente que esta Sala se pronuncie sobre los extremos alegados en el recurso, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo. Adicionalmente, resulta importante indicar que la Sala Constitucional no es una instancia más dentro del proceso de penal y carece de competencia para sustituir a las otras jurisdicciones, cuando éstas actúan al amparo del artículo 153 de la Constitución Política y el numeral 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.",
  "excerpt_en": "however, since the actions and decisions challenged as contrary to Constitutional Law are by a body of the Judiciary in the exercise of its jurisdictional function, it is improper for this Chamber to rule on the grounds alleged in the appeal, given that, pursuant to Article 30(b) of the Constitutional Jurisdiction Law, these acts are not subject to constitutional review by means of amparo. Furthermore, it is important to note that the Constitutional Chamber is not an additional instance within the criminal process and lacks competence to substitute other jurisdictions when they act under the protection of Article 153 of the Political Constitution and Article 1 of the Organic Law of the Judiciary.",
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    "summary_es": "La Sala rechaza de plano el recurso de amparo por ser manifiestamente improcedente, al cuestionar actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial que no están sujetas a control constitucional por esta vía."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 22565 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 18 de Julio del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-019292-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 25-019292-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2025022565\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo interpuesto por ELÍAS VILLALTA DÁVILA, carnet abogado/a CED01, a favor de Nombre01, cédula de identidad CED02,  contra el PODER JUDICIAL.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 15:52 horas del 02 de julio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Poder Judicial. Manifiesta lo siguiente:\n\n“(…) Primero. En dos momentos Fundamentales se nos violentan nuestros Derechos Constitucionales. Primeramente, se indica por parte del Ministerio Público una solicitud de Medida Cautelar Atípica, misma que es resuelta por el Juez de Garantías:\n\n“…EN CONSECUENCIA SE ORDENA a SENASA a apersonarse a la propiedad investigada y realice un levantamiento o inventario de la cantidad de cabezas de ganado que se encuentran dentro de la finca La Hacienda Sierpe, que identifique sus “fierros” y que realicen las gestiones administrativas de revocatoria de CVOS y advertencias a todas aquellas personas responsables de los hatos que se encuentran dentro del humedal, para que en un plazo prudente saquen de los terrenos del Estado a sus animales, bajo la advertencia de que en caso de no cumplir, se procederá con el decomiso de todos y cada uno de los animales que se encuentren en el sitio. SE ORDENA al imputado Nombre01 suspender de manera permanente cualquier tipo de actividad agrícola y/o ganadera, así como cualquier otro acto de posesión sobre la finca 6016078-000, plano catastrado P-1196002-2008 propiedad del Instituto de Desarrollo Rural, conocida como finca Hacienda Sierpe. SE ORDENA al imputado Nombre01 a sacar de manera inmediata y definitiva todos los animales de su propiedad que se encuentran dentro de la finca 6016078-000, plano catastrado P-1196002-2008 propiedad del Instituto de Desarrollo Rural, conocida como finca Hacienda Sierpe y cesar las actividades delictivas que se han venido realizando, tal como las quemas ilegales, además eliminar los sembradíos de arroz. SE ORDENA al SINAC, a la Municipalidad de Osa y al INDER a que en un plazo no mayor a treinta días hábiles, desarrollen e implementen un plan articulado para llevar a cabo el relleno de todos y cada uno de los canales de drenaje que se encuentran dentro de la finca 6016078- 000, plano catastrado P-1196002-2008 propiedad del Instituto de Desarrollo Rural, conocida como finca Hacienda Sierpe con el objetivo de que el humedal se restituya naturalmente en dicha área de terreno. En el caso de que el encartado no ejecute la orden, SE ORDENA a la Municipalidad de Osa en conjunto con el MINAE y SENASA, en el plazo máximo de dos meses contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo otorgado al imputado, ejecuten las acciones solicitadas en los puntos 3 y 4. SE ORDENA el abstenerse de continuar con la devastación y expansión de la frontera agrícola y ganadera dentro de la finca 6016078000, plano catastrado P-1196002-2008 propiedad del Instituto de Desarrollo Rural, conocida como finca Hacienda Sierpe”.\n\nSegundo. Ante lo anteriormente resuelto, una vez que se nos notifica la gravosa medida ordenada por el Juez de garantías, se procede a invocar Recurso de Revocatoria. El deber del juzgador, ante una decisión dictada “sin audiencia de parte”, era su deber, proceder a cursar audiencia a las otras partes previo a pronunciarse, ya que dicha decisión se engendró sin sustanciación. (en la decisión del tribunal consta que no han sido notificadas la PGR y el MP). Produciéndose un yerro importante, en tanto el a quo, no analiza adecuadamente lo expuesto y su decisión es ayuna de motivación.\n\nRemitida en Apelación en Subsidio – sin que el tribunal se percate del yerro antes descrito -, es resuelto por el Tribunal de Juicios de Osa, Licenciada Andrea Arauz Cabrera, ello sin otorgar la consabida y acostumbrada vista oral peticionada, para poder ampliar y explicar los fundamentos – no los motivos -, de la defensa:\n\n“1. El licenciado Elías Vicente Villalta Dávila, en su condición de representante legal del imputado Nombre01, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución de las trece horas con diecisiete minutos del veintiséis de marzo del dos mil veinticinco, emitida por el Juzgado Penal de Osa, en la que se ordenó de conformidad con el numeral 140 del Código Procesal Penal recuperar las cosas a su estado anterior ante lo peticionado por la representación fiscal. El recurso de apelación reúne los requisitos de admisibilidad definidos en los artículos 438, 451 a 456 del Código Procesal Penal, por lo que se entra a conocer de sus motivos, en el tanto se recurrió en tiempo y forma, al presentarse el recurso de revocatoria al mismo momento con el recurso de apelación subsidiaria, con la exposición de motivo y agravio, dentro del plazo legal, en tanto fue notificado en el medio aportado en fecha 04 de abril del 2025, venciendo el plazo para interponer dichos recursos el 10- 04-2025, siendo en dicha fecha presentado, en el tanto se contabilizan los plazos, según la Ley de Notificaciones Judiciales por ser ley posterior y por ende prevalece sobre normado por el Código Procesal Penal en tema de comunicaciones judiciales por medios electrónicos como opera en la especie (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia No. 725-2018 de las diez horas seis minutos del cinco de octubre del dos mil dieciocho y voto 00211-2019 del 08-02-2019 al ser las 11:10 horas dictad por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José). De importancia destacar que la presente resolución impugnada no consta en autos se haya notificado ni al Ministerio Público ni Procuraduría General de la República, aunque las demás actuaciones si se han notificado de manera exitosa. Con relación a la audiencia oral peticionada, considera quien resuelve, resulta innecesaria, se resolvió por escrito, se recurrió de la misma forma, y en su ponencia el impugnante explayó de manera amplia, detallada sus motivos y agravios. 2. La parte recurrente en su primero motivo alega indebida aplicación de una norma sustantiva, al considerar que en este caso, el bien descrito pertenece al Instituto de Desarrollo Rural. Por lo que no existe usurpación de bienes de dominio público y, la posesión o tenencia de dichos bienes es posible. De ahí que, la delincuencia contemplada en el articulado 225 y 227.1 ambos del Código Penal, no se corresponde en la especie para la resolución de este conflicto. Agrega además que, según el voto 2005-07053 de la Sala Constitucional dispuso la Sala Constitucional, el dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. Fundamentando que, en el caso concreto, el terreno objeto de análisis no posee tal calificación legal, por lo que, no constituye un bien de dominio público, conforme a las definiciones doctrinales, jurisprudenciales y legales aplicables. En consecuencia, no se configura la figura típica de la usurpación de bienes de dominio público, en los términos que exige el tipo penal previsto en el artículo 227 del Código Penal, esto a grosso modo. Incorporando como agravio que aplicar de manera indebida una norma sustantiva, produce efectos jurídicos desproporcionados y contrarios al principio de legalidad, al despojar a su mandante del derecho de posesión o tenencia del inmueble involucrado, sin el cumplimiento de las garantías mínimas que exige el ordenamiento. Sin lugar el reclamo. Sobre lo alegado por quien recurre, implica necesariamente, determinar si el bien en cuestión es demanial o no y por último, las implicaciones en caso de tenencia o posesión. Primero, en la resolución atacada se probó que, en la localidad de Sierpe, del cantón de Osa, en la provincia de Puntarenas, se localiza la finca 6016078-000, plano catastrado P1196002-2008 propiedad del Instituto de Desarrollo Rural, conocida como finca Hacienda Sierpe, con una extensión de 9011.97 metros cuadrados, que de acuerdo con la clasificación del SINAC, forma parte del Humedal Nacional Terra Sierpe y por tanto corresponde a Patrimonio Natural del Estado, ello según consta a folio 74 y 75 del libelo de investigación, sean los oficios INDER-GG-DTR-RDBR-OTRC-OFI0503-2023 y SINAC-ACOSA-PNE-019-2020- Lo anterior, de conformidad con el Decreto Ejecutivo n°22993-MIRENEM, de 17 de marzo de 1994, en que se declara el Humedal Nacional Térraba Sierpe RAMSAR, ser parte de los terrenos del Patrimonio Natural del Estado, según la ley Forestal 7575, catalogado como Humedal de importancia internacional, debido a su riqueza biológica y a que funciona como refugio de un número significativo de aves acuáticas migratorias estacionales. Esta categoría surgió amparada dentro del marco de la Convención de Ramsar, ciudad de Irán donde se realizó la Convención en febrero del año 1971, por lo que comúnmente, a estos humedales se les llama Sitos Ramsar. Esta es la única convención ambiental mundial que trata un ecosistema en particular los humedales. Se considera como un convenio intergubernamental que proporciona el marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y la racionalidad en el uso de los humedales en todo el mundo, en fin, \"constituye el humedal más grande que se encuentra en el país, abarcando alrededor de 25 730.5 ha. Fue decretado como Humedal Nacional Térraba Sierpe en 1994 y posteriormente considerado como Humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar en 1995.\" (Museo Nacional de Costa Rica, Diversidad Biológica del Diquís II: Humedal Térraba Sierpe/ Silvia Lobo Cabezas, 1 ed, San José Costa Rica, 2014.). Consecuentemente, se tiene que el predio en cuestión se encuentra dentro de dicho humedal, el cual es una área silvestre protegida según el numeral 58 de la Ley de Biodiversidad y al tenor del numeral 22 de este mismo cuerpo normativa así como su reglamento, le corresponde su administración al Sistema Nacional de Áreas de Conservación en adelante SINAC que pertenece al Ministerio de Ambiente y Energía. Siendo, por lo tanto, un bien demanial, que reviste de importancia no sólo estatal sino que también internacional, aunado a que estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general. También, se tiene que probado que dicho predio aún se encuentra bajo la administración INDER o a nombre de esta Institución, también estatal, se tiene que, primero el aquí imputado se clasifica como ocupante ilegal y dos, se debe cumplir con el trámite administrativo del traspasar el bien, pero que, precisamente, por encontrarse ocupado por el aquí investigado, se no se ha logrado, pero ello, en nada autoriza o legitima la actual tenencia o posesión, como lo pretende hacer ver el recurrente, ya que, el INDER tiene prohibición legal de autorizar ocupantes en una zona de protección como la que nos encontramos, evidenciando aún más, de que no hay en ningún escenario o ficticio jurídico que de forma creativa se pueda interpretar que la persona imputada puede o tiene derecho alguno en ocupar dicho predio y ejecutar acciones a título de dueño o poseedor. Es decir, no hay duda que el INDER aún no cumple el mandato legal de traspasar el bien a SINAC producto de la ocupación del imputado, y más allá de ello, el tipo de predio al pertenecer a un humedal, cuenta con especial protección que prohíbe su explotación o aprovechamiento, ya que, estos son especialmente protegidos por el legislador por su importancia para su conservación, cumpliendo las características de los bienes de dominio público, puesto que fue declarado como Patrimonio Natural del Estado, cien por ciento, mediante las leyes antes dicha, creadas por la Asamblea Legislativa según numeral constitucional 121 inciso 1 y ratificar el convenio según el inciso 4 de este mismo artículo (La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, conocida como Convenio de Ramsar, fue ratificada por medio de la Ley N.° 7224 en 1991. Con su aprobación, Costa Rica se obliga a designar los humedales adecuados de su territorio que se incluirán en una Lista de Humedales de Importancia Internacional, a elaborar y aplicar planes de gestión que favorezcan la conservación de las zonas húmedas inscritas en la Lista y al uso racional de sus humedales, así como a favorecer la conservación de estos ecosistemas mediante el establecimiento de áreas naturales.), donde se ordenó especial protección para su conservación, quedando fuera del comercio y su finalidad es la protección del medio ambiente, según lo ordena el artículo 50 de la Constitución Política. Con lo expuesto, se tiene más que definido, que el agravio invocado no tiene asidero jurídico, en el tanto el predio como tal si es de dominio público que tiene absoluta protección para su conservación y por ende, total prohibición de ocupación y aprovechamiento particular. La Sala Constitucional de ha reiterado en cuanto a la protección del ambiente como derecho fundamental, y que tanto, el Estado como particulares tienen la obligación de luchar por conseguir un medio ambiente cada día más sano, con base al artículo 15 de la Declaración de Río - Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo- donde se ha reconocido igualmente el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles (Sala Constitucional, voto 6922-2010 del 16 de Abril del 2010 a las 14:35), y que, dentro del caso en concreto, se evidencia falencia en el actuar del INDER así como SINAC, debiendo el Ministerio Público prestar especial atención a esta situación y abordarla dentro de las potestades que el legislador le otorgó. A modo de resumen, nos encontramos ante un bien demanial, que no puede ni debe contar con ocupantes y que ningún particular podría considerarse ocupante o poseedor por lo antes referido, menos ejecutar acciones que atenten directamente en contra del medio ambiente, por ende, no existe agravio alguno que declarar. Aunado a lo anterior, se declara sin lugar, el segundo motivo incoado por el apelante, en el tanto el ente Ministerial por mandato legal es el persecutor penal por excelencia, la Representación de la Procuraduría General de la República, representa al Estado como un todo, lo cierto del caso, es que se desprende que, tanto el Instituto de Desarrollo Rural -INDERcomo SINAC, deben ser llamados al proceso. Pero en nada impide la ejecución de lo ordenado en la resolución recurrida, en el tanto el Ente Ministerial de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público tiene la función, es decir, deber de requerir ante los Tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública, encontrándonos precisamente, ante la investigación de una delincuencia de acción pública. Consecuentemente, se ordena al Ministerio Público informar al SINAC e INDER, para que decidan el modo en que actuarán en la presente causa, evidenciando que la representación fiscal no requiere la autorización alguna de estas instituciones en el tanto le fue otorgada como mandato de ley. No se trata de alegar la nulidad por la nulidad misma, para procurar que un proceso se demore más de lo que el presente a durado, de la manera con que se resuelve, únicamente, se ordena que se informe del proceso al SINAC e INDER, debiéndose de ejecutar de manera inmediata la medida cautelar ordenada en autos”…\n\nTercero. Que la vista es un derecho. Su función es ampliar fundamentos. Los cuales no pueden ser adivinados por la jueza. Con la decisión se cristaliza la violación del derecho fundamental a la propiedad y una amenaza a la libertad personal, en la medida que, la persona imputada, destinataria de la orden, llegue a desobedecer la orden.\n\nDe haberse celebrado la audiencia, habría quedado patente que, si bien la finca es de dominio estatal, los humedales no están debidamente demarcados. El INDER, al no aportar los expedientes de cesión que acreditan que amplias porciones fueron entregadas a campesinos, ocultó al Ministerio Público la existencia de derechos privados. El terreno donde pasta el ganado NO forma parte del humedal y no debe regirse por las normas de áreas inalienables distintas a las de protección ambiental, como lo ha sentado la Sala Tercera en la sentencia 2024-00713 (11 de julio de 2024).\n\nNuestro reclamo se centra en la violación constitucional de nuestro derecho de posesión sobre esas superficies, adquiridas legalmente y cedidas en debida forma por la Administración Estatal. Es inadmisible que se vincule un asunto ambiental (numeral 50 CPR) con una usurpación de dominio privado, cuando la jurisprudencia reconoce que lo relevante es la relación de señorío y no la titularidad pública del suelo.\n\nDespojar de modo súbito al señor Nombre01 —un adulto mayor con cesiones registradas— de su medio de vida, sin otorgarle oportunidad de defensa ni notificar a la Procuraduría General, contraviene el debido proceso más elemental. Además, la imposición inmediata de desalojo y remoción de más de cien bovinos, en temporada de invierno y sin prever un plazo razonable (mínimo tres meses), revela un abuso estatal que el recurrente constitucional no puede tolerar. Solicito se restituya el derecho a audiencia, se reconozcan las cesiones debidamente documentadas y, en su consecuencia, se revoque la medida cautelar hasta tanto no se cumpla con el debido proceso.\n\nPretensión. En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 37, 39, 41, de la Constitución Política de Costa Rica, solicito respetuosamente al Honorable Tribunal Constitucional:\n\n1. Declarar con lugar la presente acción de amparo, al haberse vulnerado el derecho al debido proceso (C.P., art. 39) y el derecho a que toda resolución judicial esté debidamente motivada (C.P.P., art. 142).\n\n2. Decretar la nulidad absoluta de los actos y resoluciones impugnados, por carecer de motivación y sustento fáctico‐jurídico, configurando una vía de hecho judicial.\n\n3. Ordenar la reposición del procedimiento al estado anterior al dictado de las resoluciones nulas, con pleno restablecimiento del derecho de audiencia y defensa de mi representado, conforme al principio de tutela judicial.\n\n4. Establecer medidas cautelares inmediatas que suspendan la eficacia de las resoluciones anuladas y eviten perjuicios irreparables al derecho de posesión de mi representado, hasta tanto se emita sentencia definitiva en este proceso de amparo. (art. 41 LJC)\n\n5. Imponer las costas, daños y perjuicios a la parte contraria, por cuanto ha incurrido en la producción de actos judiciales nulos y arbitrarios que obligaron a promover esta acción constitucional. (…)”.\n\n  2.- Por resolución de las 11:30 horas del 07 de julio de 2025 se le previno a la parte recurrente que aportara dentro del plazo de 3 días, contado a partir de la notificación de ese pronunciamiento, lo siguiente: “(…) • Copia completa y legible de la medida cautelar atípica que refiere en este recurso de amparo”. Lo anterior, bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso en caso de no hacerlo.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 16:35 horas del 11 de julio de 2025, el recurrente cumple con la prevención realizada por este Tribunal Constitucional.\n\n 4.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega su inconformidad con la medida cautelar atípica de restitución de las cosas a su estado anterior, dictada en su contra dentro del proceso penal nro. 19-000021-1111-PE, toda vez que considera lesiona los derechos fundamentales de su representado. Comenta que, una vez notificados de tan gravosa medida, procedió a interponer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio; empero, sin previa audiencia a las partes, se declaró sin lugar su recurso de revocatoria, en una decisión ayuna de motivación. Asimismo, reclama que el Tribunal de Juicio de Osa, sin otorgar la acostumbrada vista oral peticionada, para poder ampliar y explicar los fundamentos, declaró sin lugar su recurso de apelación. Alega que la vista solicitada es un derecho y su función es ampliar los fundamentos, los cuales no pueden ser adivinados por la jueza. Señala que, con la apuntada decisión se cristaliza la violación del derecho fundamental a la propiedad y una amenaza a la libertad personal, en la medida que, la persona imputada, destinataria de la orden, llegue a desobedecer la orden. Estima que haberse celebrado la audiencia, habría quedado patente que, si bien la finca es de dominio estatal, los humedales no están debidamente demarcados. El INDER, al no aportar los expedientes de cesión que acreditan que amplias porciones fueron entregadas a campesinos, ocultó al Ministerio Público la existencia de derechos privados. Asegura que el terreno donde pasta el ganado no forma parte del humedal y no debe regirse por las normas de áreas inalienables distintas a las de protección ambiental, como lo ha sentado la Sala Tercera en la sentencia 2024-00713. Refiere que su reclamo se centra en la violación constitucional al derecho de posesión sobre esas superficies, adquiridas legalmente y cedidas en debida forma por la Administración Estatal. Aduce que es inadmisible que se vincule un asunto ambiental con una usurpación de dominio privado, cuando la jurisprudencia reconoce que lo relevante es la relación de señorío y no la titularidad pública del suelo. Fundamenta que despojar de modo súbito al señor Nombre01 -un adulto mayor con cesiones registradas- de su medio de vida, sin otorgarle oportunidad de defensa ni notificar a la Procuraduría General, contraviene el debido proceso más elemental. Además, la imposición inmediata de desalojo y remoción de más de cien bovinos, en temporada de invierno y sin prever un plazo razonable (mínimo tres meses), revela un abuso estatal que el amparado no puede tolerar. Estima lesionados los derechos fundamentales de su representado. Solicita lo siguiente: “1. Declarar con lugar la presente acción de amparo, al haberse vulnerado el derecho al debido proceso (C.P., art. 39) y el derecho a que toda resolución judicial esté debidamente motivada (C.P.P., art. 142). 2. Decretar la nulidad absoluta de los actos y resoluciones impugnados, por carecer de motivación y sustento fáctico‐jurídico, configurando una vía de hecho judicial. 3. Ordenar la reposición del procedimiento al estado anterior al dictado de las resoluciones nulas, con pleno restablecimiento del derecho de audiencia y defensa de mi representado, conforme al principio de tutela judicial. 4. Establecer medidas cautelares inmediatas que suspendan la eficacia de las resoluciones anuladas y eviten perjuicios irreparables al derecho de posesión de mi representado, hasta tanto se emita sentencia definitiva en este proceso de amparo. (art. 41 LJC) 5. Imponer las costas, daños y perjuicios a la parte contraria, por cuanto ha incurrido en la producción de actos judiciales nulos y arbitrarios que obligaron a promover esta acción constitucional”.\n\nII.- CASO CONCRETO. Si bien, este Tribunal observa que la medida cautelar atípica que se discute en este recurso de amparo fue dictada dentro de un proceso penal, lo cierto es que de los autos se observa que, con el dictado de dicha medida, no existe un riesgo a la libertad de tránsito del tutelado -derecho tutelado por esta Sala a través del recurso de habeas corpus-, de esta forma, se evidencia que lo que el recurrente cuestiona son resoluciones judiciales.No obstante, como las actuaciones y resoluciones que se estima contrarias al Derecho de la Constitución son de un órgano del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, es improcedente que esta Sala se pronuncie sobre los extremos alegados en el recurso, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo. Adicionalmente, resulta importante indicar que la Sala Constitucional no es una instancia más dentro del proceso de penal y carece de competencia para sustituir a las otras jurisdicciones, cuando éstas actúan al amparo del artículo 153 de la Constitución Política y el numeral 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Finalmente, si el petente estima que existe alguna arbitrariedad con la imposición de la medida cautelar atípica en cuestión, así como con lo resuelto respecto a sus impugnaciones, deberá -si a bien lo tiene- denunciar en la vía de legalidad correspondiente, a través de los diferentes mecanismos legalmente dispuesto al efecto. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.\n\n III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n B6SRKPRJVV461\n\nEXPEDIENTE N° 25-019292-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:51:01.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nSala Constitucional\n\nResolution No. 22565 - 2025\n\nResolution Date: July 18, 2025 at 09:20\n\nExpediente: 25-019292-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of Matter: Amparo Action\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 25-019292-0007-CO\n\nPROCESS: AMPARO ACTION\n\nRESOLUTION Nº 2025022565\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on the eighteenth of July of two thousand twenty-five.\n\n Amparo action (Recurso de Amparo) filed by ELÍAS VILLALTA DÁVILA, attorney ID CED01, on behalf of Nombre01, identity card CED02, against the PODER JUDICIAL.\n\nWhereas:\n\n 1.- By means of a writ incorporated into the electronic file at 15:52 hours on July 2, 2025, the petitioner files an amparo action against the Poder Judicial. He states the following:\n\n“(…) First. At two fundamental moments, our Constitutional Rights are violated. Firstly, the Ministerio Público indicates a request for an Atypical Precautionary Measure (Medida Cautelar Atípica), which is resolved by the Judge of Guarantees (Juez de Garantías):\n\n“…CONSEQUENTLY, SENASA IS ORDERED to appear at the investigated property and carry out a survey or inventory of the number of head of cattle found within the La Hacienda Sierpe farm, to identify their “brands (fierros)” and to carry out the administrative procedures for the revocation of CVOS and warnings to all those persons responsible for the herds found within the wetland (humedal), so that within a reasonable period they remove their animals from the State lands, under the warning that in case of non-compliance, the seizure (decomiso) of each and every one of the animals found at the site will be carried out. The accused Nombre01 IS ORDERED to permanently suspend any type of agricultural and/or livestock activity, as well as any other act of possession on farm 6016078-000, cadastral map P-1196002-2008, property of the Instituto de Desarrollo Rural, known as the Hacienda Sierpe farm. The accused Nombre01 IS ORDERED to immediately and definitively remove all animals of his property found within farm 6016078-000, cadastral map P-1196002-2008, property of the Instituto de Desarrollo Rural, known as the Hacienda Sierpe farm, and to cease the criminal activities that have been carried out, such as illegal burning, and also eliminate rice crops. SINAC, the Municipalidad de Osa, and the INDER ARE ORDERED, within a period not exceeding thirty working days, to develop and implement a coordinated plan to carry out the filling of each and every one of the drainage channels found within farm 6016078-000, cadastral map P-1196002-2008, property of the Instituto de Desarrollo Rural, known as the Hacienda Sierpe farm, with the objective of allowing the wetland to naturally restore itself in said area of land. In the event that the defendant does not execute the order, the Municipalidad de Osa, jointly with the MINAE and SENASA, ARE ORDERED, within a maximum period of two months counted from the day following the expiration of the period granted to the accused, to execute the actions requested in points 3 and 4. IT IS ORDERED to refrain from continuing with the devastation and expansion of the agricultural and livestock frontier within farm 6016078000, cadastral map P-1196002-2008, property of the Instituto de Desarrollo Rural, known as the Hacienda Sierpe farm”.\n\nSecond. In light of the foregoing resolution, once we are notified of the burdensome measure ordered by the Judge of Guarantees, we proceed to invoke a Motion for Reversal (Recurso de Revocatoria). The duty of the judge, before a decision issued “without hearing the party”, was his duty to proceed to grant a hearing to the other parties prior to ruling, since said decision was engendered without substantiation. (the court's decision states that the PGR and the MP have not been notified). Producing a significant error, insofar as the a quo court does not adequately analyze what was presented, and its decision lacks reasoning.\n\nFiled on Appeal in Subsidio – without the court noticing the error described above -, it is resolved by the Trial Court of Osa (Tribunal de Juicios de Osa), Judge Andrea Arauz Cabrera, doing so without granting the customary and usual oral hearing requested, to be able to expand upon and explain the grounds – not the motives – of the defense:\n\n“1. Attorney Elías Vicente Villalta Dávila, in his capacity as legal representative of the accused Nombre01, filed a motion for reversal with a subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) against the resolution of thirteen hours and seventeen minutes on March twenty-sixth, two thousand twenty-five, issued by the Criminal Court of Osa (Juzgado Penal de Osa), in which it was ordered, in accordance with Article 140 of the Código Procesal Penal, to restore things to their prior state based on the request of the prosecutorial representation. The appeal meets the admissibility requirements defined in Articles 438, 451 to 456 of the Código Procesal Penal, therefore its grounds are admitted for consideration, insofar as the appeal was filed in time and form, as the motion for reversal was filed at the same time as the subsidiary appeal, with the statement of grounds and grievances, within the legal period, as it was notified to the provided means on April 4, 2025, with the deadline for filing said appeals expiring on 04-10-2025, being filed on that date, insofar as the time periods are counted according to the Ley de Notificaciones Judiciales as it is a later law and therefore prevails over the provisions of the Código Procesal Penal regarding judicial communications by electronic means as operates in this case (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia No. 725-2018 of ten hours six minutes on October fifth, two thousand eighteen, and vote 00211-2019 of 02-08-2019 at 11:10 hours issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José). It is important to highlight that the present contested resolution does not appear in the record to have been notified to either the Ministerio Público or the Procuraduría General de la República, although the other actions have been successfully notified. Regarding the requested oral hearing, the undersigned considers it unnecessary; it was resolved in writing, it was appealed in the same manner, and in his submission, the appellant extensively and thoroughly explained his grounds and grievances. 2. The appellant, in his first ground, alleges improper application of a substantive norm, considering that in this case, the described property belongs to the Instituto de Desarrollo Rural. Therefore, there is no usurpation (usurpación) of public domain (dominio público) property, and possession or tenure of said property is possible. Hence, the criminal offenses contemplated in Articles 225 and 227.1, both of the Código Penal, do not correspond in this case for the resolution of this conflict. He further adds that, according to vote 2005-07053 of the Sala Constitucional, the Sala Constitucional ordered that public domain is composed of property that manifests, by the express will of the legislature, a special purpose of serving the community, the public interest. These are called dominical property, demanial property, public property or things, which do not belong individually to private parties and are intended for public use and subject to a special regime, outside of commerce, meaning affected by their own nature and vocation. Arguing that, in the specific case, the land under analysis does not have such legal classification, and therefore, does not constitute a public domain property, according to the applicable doctrinal, jurisprudential, and legal definitions. Consequently, the typical form of usurpation of public domain property is not configured, under the terms required by the criminal offense provided in Article 227 of the Código Penal, this broadly speaking. Incorporating as a grievance that improperly applying a substantive norm produces disproportionate legal effects contrary to the principle of legality, by stripping his client of the right of possession or tenure of the involved property, without fulfilling the minimum guarantees required by the legal system. The claim is unfounded. Regarding the appellant's allegation, it necessarily implies determining whether the property in question is demanial or not and, finally, the implications in case of tenure or possession. First, in the contested resolution, it was proven that, in the locality of Sierpe, in the canton of Osa, in the province of Puntarenas, farm 6016078-000 is located, cadastral map P1196002-2008, property of the Instituto de Desarrollo Rural, known as the Hacienda Sierpe farm, with an area of 9011.97 square meters, which according to the classification of SINAC, forms part of the Humedal Nacional Terra Sierpe and therefore corresponds to Patrimonio Natural del Estado, this as recorded on folios 74 and 75 of the investigation brief, namely official letters INDER-GG-DTR-RDBR-OTRC-OFI0503-2023 and SINAC-ACOSA-PNE-019-2020. The foregoing, in accordance with Decreto Ejecutivo n°22993-MIRENEM, of March 17, 1994, in which the Humedal Nacional Térraba Sierpe RAMSAR is declared to be part of the lands of the Patrimonio Natural del Estado, according to the Ley Forestal 7575, cataloged as a Wetland of international importance, due to its biological richness and because it serves as a refuge for a significant number of seasonal migratory waterfowl. This category emerged under the framework of the Ramsar Convention, the city in Iran where the Convention was held in February 1971, which is why these wetlands are commonly called Ramsar Sites. This is the only global environmental convention that deals with a specific ecosystem, wetlands. It is considered an intergovernmental treaty that provides the framework for national action and international cooperation for the conservation and wise use of wetlands worldwide, in short, \"it constitutes the largest wetland found in the country, covering approximately 25,730.5 ha. It was decreed as Humedal Nacional Térraba Sierpe in 1994 and subsequently considered a Wetland of international importance by the Ramsar Convention in 1995.\" (Museo Nacional de Costa Rica, Diversidad Biológica del Diquís II: Humedal Térraba Sierpe/ Silvia Lobo Cabezas, 1 ed, San José Costa Rica, 2014.). Consequently, it is established that the property in question is located within said wetland, which is a protected wilderness area (área silvestre protegida) according to Article 58 of the Ley de Biodiversidad and, pursuant to Article 22 of this same regulatory body as well as its regulations, its administration corresponds to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hereinafter SINAC, which belongs to the Ministerio de Ambiente y Energía. Being, therefore, a demanial property, which is of not only state but also international importance, additionally considering that these areas shall be dedicated to conservation and protecting biodiversity, soil, water resources, cultural resources, and ecosystem services in general. Also, it has been proven that said property is still under INDER administration or in the name of this Institution, also a state entity, which means, first, the accused here is classified as an illegal occupant and, second, the administrative procedure for transferring the property must be complied with, but that, precisely because it is occupied by the individual under investigation here, it has not been achieved, but this in no way authorizes or legitimizes the current tenure or possession, as the appellant intends to make it seem, since INDER has a legal prohibition against authorizing occupants in a protection zone such as the one we are in, evidencing even further that there is no legal scenario or fiction in which one could creatively interpret that the accused person can or has any right to occupy said property and execute actions as owner or possessor. That is, there is no doubt that INDER has not yet fulfilled the legal mandate to transfer the property to SINAC as a result of the accused's occupation, and beyond that, the type of property, belonging to a wetland, has special protection that prohibits its exploitation or use, since these are specially protected by the legislature due to their importance for conservation, meeting the characteristics of public domain property, as it was declared one hundred percent Patrimonio Natural del Estado, through the aforementioned laws, created by the Asamblea Legislativa according to Article 121, subsection 1 of the Constitution, and by ratifying the convention according to subsection 4 of this same article (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat, known as the Ramsar Convention, was ratified through Law No. 7224 in 1991. With its approval, Costa Rica is obliged to designate suitable wetlands in its territory to be included in a List of Wetlands of International Importance, to develop and implement management plans that favor the conservation of wetland areas registered on the List and the wise use of its wetlands, as well as to favor the conservation of these ecosystems through the establishment of natural areas.), where special protection for its conservation was ordered, placing it outside of commerce and its purpose is environmental protection, as mandated by Article 50 of the Constitución Política. With what has been set forth, it is more than defined that the invoked grievance has no legal basis, insofar as the property as such is public domain that has absolute protection for its conservation and, therefore, total prohibition of occupation and private use. The Sala Constitucional has reiterated regarding environmental protection as a fundamental right, and that both the State and private parties have the obligation to strive for an increasingly healthier environment, based on Article 15 of the Rio Declaration - United Nations Conference on Environment and Development - where the so-called 'precautionary principle in environmental matters' or 'in dubio pro natura principle' has also been recognized, whose observance implies that all actions of the public administration in environmentally sensitive matters must be carried out with adequate care to avoid serious and irreversible risks and damages (Sala Constitucional, vote 6922-2010 of April 16, 2010 at 14:35), and that, within the specific case, a deficiency is evident in the actions of INDER as well as SINAC, and the Ministerio Público must pay special attention to this situation and address it within the powers granted to it by the legislature. In summary, we are before a demanial property, which cannot and must not have occupants and on which no private individual could be considered an occupant or possessor for the reasons stated above, much less execute actions that directly threaten the environment. Therefore, no grievance exists to declare. In addition to the foregoing, the second ground invoked by the appellant is declared unfounded, insofar as the Ministerio Público, by legal mandate, is the criminal prosecutor par excellence, the Representation of the Procuraduría General de la República represents the State as a whole; the truth of the matter is that it is evident that both the Instituto de Desarrollo Rural -INDER- and SINAC must be called into the process. But this in no way prevents the execution of what was ordered in the appealed resolution, insofar as the Ministerio Público, in accordance with Article 2 of the Ley Orgánica del Ministerio Público, has the function, that is, the duty, to request before the Criminal Courts the application of the law, through the exercise of criminal action and the carrying out of the preparatory investigation in public prosecution crimes, and we find ourselves precisely before the investigation of a public prosecution crime. Consequently, the Ministerio Público is ordered to inform SINAC and INDER, so that they may decide the manner in which they will act in the present case, evidencing that the prosecutorial representation does not require any authorization from these institutions insofar as it was granted to them by legal mandate. It is not about alleging nullity for the sake of nullity, to ensure that a process takes longer than this one has already lasted; in the manner in which it is resolved, it is only ordered that SINAC and INDER be informed of the process, and the precautionary measure ordered in the record must be executed immediately”…\n\nThird. That a hearing is a right. Its function is to expand upon the grounds. Which cannot be divined by the judge. The decision crystallizes the violation of the fundamental right to property and a threat to personal liberty, to the extent that the accused person, the recipient of the order, may come to disobey the order.\n\nHad the hearing been held, it would have been clear that, although the farm is State-owned, the wetlands are not properly demarcated. The INDER, by not providing the assignment (cesión) files that prove that large portions were given to farmers, concealed from the Ministerio Público the existence of private rights. The land where the cattle graze is NOT part of the wetland and should not be governed by the rules for inalienable areas other than those for environmental protection, as the Sala Tercera has established in judgment 2024-00713 (July 11, 2024).\n\nOur claim focuses on the constitutional violation of our right of possession over those areas, legally acquired and duly assigned by the State Administration. It is inadmissible to link an environmental matter (Article 50 CPR) with a usurpation of private domain, when jurisprudence recognizes that what is relevant is the relationship of dominion and not the public ownership of the land.\n\nSuddenly stripping Mr. Nombre01 —an elderly adult with registered assignments— of his livelihood, without granting him an opportunity to defend himself nor notifying the Procuraduría General, contravenes the most basic due process. Furthermore, the immediate imposition of eviction and removal of more than one hundred cattle, during the rainy season and without providing a reasonable period (a minimum of three months), reveals a state abuse that the constitutional petitioner cannot tolerate. I request that the right to a hearing be restored, that the duly documented assignments be recognized, and, consequently, that the precautionary measure be revoked until due process has been fulfilled.\n\nClaim. Based on the foregoing, and on the grounds of Articles 37, 39, 41, of the Constitución Política de Costa Rica, I respectfully request the Honorable Constitutional Court:\n\n1. To declare this amparo action with merit, as the right to due process (Const. Pol., art. 39) and the right for every judicial resolution to be duly reasoned (C.P.P., art. 142) have been violated.\n\n2. To decree the absolute nullity of the contested acts and resolutions, as they lack reasoning and factual-legal support, constituting a judicial de facto action (vía de hecho judicial).\n\n3. To order the reversal of the proceeding to the stage prior to the issuance of the null resolutions, with full restoration of my client's right to a hearing and defense, in accordance with the principle of judicial protection.\n\n4. To establish immediate precautionary measures that suspend the effectiveness of the annulled resolutions and prevent irreparable harm to my client's right of possession, until a final judgment is issued in this amparo proceeding. (art. 41 LJC)\n\n5. To impose costs, damages, and losses on the opposing party, as it has incurred in the production of null and arbitrary judicial acts that forced the filing of this constitutional action. (…)”.\n\n  2.- By resolution at 11:30 hours on July 7, 2025, the petitioner was warned to provide, within a period of 3 days counted from the notification of that pronouncement, the following: “(…) • A complete and legible copy of the atypical precautionary measure referred to in this amparo action”. The foregoing, under the warning of rejecting the action outright should he fail to do so.\n\n3.- By means of a writ incorporated into the electronic file at 16:35 hours on July 11, 2025, the petitioner complies with the warning issued by this Constitutional Court.\n\n 4.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright, at any time, even from its presentation, any motion submitted for its consideration that turns out to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous, identical or similar rejected motion.\n\n Drafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\n I.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner alleges his disagreement with the atypical precautionary measure of restoring things to their prior state, issued against him within criminal process no. 19-000021-1111-PE, as he considers it harms the fundamental rights of his client. He comments that, once notified of such a burdensome measure, he proceeded to file a motion for reversal with a subsidiary appeal; however, without a prior hearing of the parties, his motion for reversal was declared unfounded, in a decision lacking reasoning. Likewise, he claims that the Trial Court of Osa (Tribunal de Juicio de Osa), without granting the customary oral hearing requested, to be able to expand upon and explain the grounds, declared his appeal unfounded. He alleges that the requested hearing is a right, and its function is to expand upon the grounds, which cannot be divined by the judge. He indicates that the aforementioned decision crystallizes the violation of the fundamental right to property and a threat to personal liberty, to the extent that the accused person, the recipient of the order, may come to disobey the order. He believes that had the hearing been held, it would have been clear that, although the farm is State-owned, the wetlands are not properly demarcated. The INDER, by not providing the assignment files that prove that large portions were given to farmers, concealed from the Ministerio Público the existence of private rights. He asserts that the land where the cattle graze is not part of the wetland and should not be governed by the rules for inalienable areas other than those for environmental protection, as the Sala Tercera has established in judgment 2024-00713. He refers that his claim focuses on the constitutional violation of the right of possession over those areas, legally acquired and duly assigned by the State Administration. He argues it is inadmissible to link an environmental matter with a usurpation of private domain, when jurisprudence recognizes that what is relevant is the relationship of dominion and not the public ownership of the land. He bases his argument on the fact that suddenly stripping Mr. Nombre01 —an elderly adult with registered assignments— of his livelihood, without granting him an opportunity to defend himself nor notifying the Procuraduría General, contravenes the most basic due process. Furthermore, the immediate imposition of eviction and removal of more than one hundred cattle, during the rainy season and without providing a reasonable period (a minimum of three months), reveals a state abuse that the protected party cannot tolerate. He considers his client's fundamental rights harmed. He requests the following: “1. To declare this amparo action with merit, as the right to due process (Const. Pol., art. 39) and the right for every judicial resolution to be duly reasoned (C.P.P., art. 142) have been violated. 2. To decree the absolute nullity of the contested acts and resolutions, as they lack reasoning and factual-legal support, constituting a judicial de facto action. 3. To order the reversal of the proceeding to the stage prior to the issuance of the null resolutions, with full restoration of my client's right to a hearing and defense, in accordance with the principle of judicial protection. 4. To establish immediate precautionary measures that suspend the effectiveness of the annulled resolutions and prevent irreparable harm to my client's right of possession, until a final judgment is issued in this amparo proceeding. (art. 41 LJC) 5. To impose costs, damages, and losses on the opposing party, as it has incurred in the production of null and arbitrary judicial acts that forced the filing of this constitutional action”.\n\nII.- SPECIFIC CASE. Although this Court observes that the atypical precautionary measure discussed in this amparo action was issued within a criminal process, the truth is that it is observed from the record that, with the issuance of said measure, there is no risk to the protected party's freedom of transit —a right protected by this Chamber through the habeas corpus action—; thus, it is evidenced that what the petitioner challenges are judicial resolutions. However, as the actions and resolutions deemed contrary to Constitutional Law are from an organ of the Poder Judicial in the exercise of its jurisdictional function, it is improper for this Chamber to rule on the points alleged in the action, given that, in accordance with the provisions of Article 30, subsection b) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, these acts are not subject to constitutional review through an amparo action. Additionally, it is important to indicate that the Sala Constitucional is not another instance within the criminal process and lacks the jurisdiction to substitute for other jurisdictions when they act under the protection of Article 153 of the Constitución Política and Article 1 of the Ley Orgánica del Poder Judicial. Finally, if the petitioner believes there is some arbitrariness with the imposition of the atypical precautionary measure in question, as well as with the resolution of his challenges, he must —if he deems it appropriate— file a complaint through the corresponding legality pathway, by means of the different mechanisms legally provided for this purpose. Consequently, the action is inadmissible and is declared as such.\n\n III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\n The action is rejected outright.\n\n \n\n \n\n\t\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n \n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n \n\n\t\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n \n\n\t\nAnamari Garro V.\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n \n\n\t\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n B6SRKPRJVV461\n\nEXPEDIENTE N° 25-019292-0007-CO\n\n \n\nPhones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\n \n\n \n\nIs a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:51:01.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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