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  "id": "nexus-sen-1-0007-1320362",
  "citation": "Res. 23202-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Alcantarillado obstruido y deber municipal de atender servicios locales",
  "title_en": "Clogged Sewer and Municipal Duty to Address Local Services",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un vecino de Alajuelita contra la Municipalidad de ese cantón, por la falta de limpieza y reparación de una alcantarilla obstruida, lo que generaba proliferación de mosquitos, zancudos y larvas, poniendo en riesgo la salud pública de la comunidad, compuesta por adultos mayores y niños. La autoridad recurrida informó que la queja había sido atendida en varias ocasiones, que la intervención requería la compra de materiales mediante el sistema SICOP, y que los trabajos estaban programados para finales de julio de 2025. La Sala, con base en el artículo 50 de la Constitución Política y el deber municipal de garantizar un ambiente sano y la salud de los vecinos, estimó que persistía una situación de riesgo no resuelta en un plazo razonable. Por ello, declaró con lugar el recurso, ordenando a la Alcaldía solventar definitivamente el problema en el plazo de un mes y condenando al pago de costas, daños y perjuicios. Se consignan notas separadas de los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado sobre la competencia para conocer de estos asuntos. La sentencia reitera la obligación de los gobiernos locales de atender con celeridad los servicios esenciales y proteger los derechos fundamentales de los administrados.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by a resident of Alajuelita against the Municipality of Alajuelita for failing to clean and repair a clogged sewer, which caused a proliferation of mosquitoes and larvae, endangering the public health of the community, including elderly residents and children. The municipality reported that the complaint had been addressed on several occasions, that the intervention required purchasing materials through the SICOP system, and that the work was scheduled for the end of July 2025. The Chamber, based on Article 50 of the Political Constitution and the municipal duty to ensure a healthy environment and the health of neighbors, found that a risk situation persisted without resolution within a reasonable time. Therefore, it granted the amparo, ordering the Mayor to definitively solve the problem within one month and imposing costs, damages, and losses. Separate opinions by Justices Castillo Víquez and Salazar Alvarado are noted regarding jurisdiction over such matters. The ruling reaffirms the obligation of local governments to promptly attend to essential services and protect the fundamental rights of citizens.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "24/07/2025",
  "year": "2025",
  "topic_ids": [
    "art-50-constitution",
    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "art-50-constitution",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "alcantarillado sanitario",
    "derecho a un ambiente sano",
    "artículo 50 de la Constitución",
    "SICOP",
    "Sala Constitucional"
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  "concept_anchors": [
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      "article": "Art. 50",
      "law": "Constitución Política"
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    {
      "article": "Art. 27",
      "law": "Constitución Política"
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  "keywords_es": [
    "amparo ambiental",
    "alcantarillado",
    "salud pública",
    "Municipalidad de Alajuelita",
    "ambiente sano y ecológicamente equilibrado",
    "derecho a la salud",
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    "artículo 50 Constitución Política"
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  "keywords_en": [
    "environmental amparo",
    "sewer system",
    "public health",
    "Municipality of Alajuelita",
    "healthy and ecologically balanced environment",
    "right to health",
    "municipal omission",
    "Article 50 Political Constitution"
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  "excerpt_es": "Así las cosas, estima esta Sala que existe una clara omisión en la tutela de los derechos fundamentales de los recurrentes atribuible al gobierno local, toda vez que la omisión del pleno ejercicio de las facultades que la ley le otorga a este ente, ha permitido que se llegue a dar y persistan los problemas denunciados por los recurrentes, sobre todo provocados por la falta de mantenimiento de caminos públicos, los cuales, al estar dañados dejan incomunicados a los vecinos de la comunidad Nueve Millas, Moín Limón. Además, del expediente no se logra acreditar que las autoridades municipales hubieran dado respuesta a la nota presentado el 16 de mayo del 2011, en la Unidad Técnica de la Junta Vial de la Municipalidad del Cantón, por medio del cual se solicitaba información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de su interés. Por consiguiente, a juicio de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión así como el derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, reconocidos en los artículo 27 y 50 de la Constitución Política, por lo que en cuanto a esta entidad, el presente recurso deberá ser declarado con lugar.\n\nEn el sub examine, según se indicó, tanto la parte recurrente como la autoridad municipal accionada aceptan la existencia del problema. Sin embargo, no se ha dado una solución concreta que lo resuelva en un plazo previsible, sino que hasta ahora se indica que se tiene programada la intervención a más tardar al cierre del mes de julio de 2025. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso.",
  "excerpt_en": "Thus, this Chamber considers that there is a clear omission in the protection of the fundamental rights of the appellants attributable to the local government, since the omission of the full exercise of the powers that the law grants to this entity has allowed the problems reported by the appellants to arise and persist, especially caused by the lack of maintenance of public roads, which, being damaged, leave the residents of the Nine Miles community, Moín Limón, incommunicado. Furthermore, the file does not show that the municipal authorities responded to the note submitted on May 16, 2011, to the Technical Unit of the Cantonal Road Board of the Municipality, through which information was requested regarding the lack of maintenance of public roads of their interest. Consequently, in the opinion of this Court, by its omission, the Municipality has endangered the free transit of the appellants and residents of the community in question, as well as the right to enjoy a healthy and balanced environment, recognized in Articles 27 and 50 of the Political Constitution, so that with respect to this entity, this appeal must be granted.\n\nIn the sub examine, as indicated, both the appellant and the respondent municipal authority accept the existence of the problem. However, no concrete solution has been provided to resolve it within a foreseeable timeframe, but rather it is only now indicated that the intervention is scheduled no later than the end of July 2025. By virtue of the foregoing, the appeal is granted.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The amparo is granted and the Municipality is ordered to definitively resolve the sewer problem within one month, with costs imposed.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso y se ordena a la Municipalidad solventar definitivamente la problemática de la alcantarilla en el plazo de un mes, con condena en costas."
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      "context": "Considerando IV",
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      "quote_es": "Por consiguiente, a juicio de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión así como el derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, reconocidos en los artículo 27 y 50 de la Constitución Política, por lo que en cuanto a esta entidad, el presente recurso deberá ser declarado con lugar."
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      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "The actions of public institutions must be swift and efficient, especially when it comes to providing the services for which they are responsible. In the case of municipalities, being assigned the generic task of attending to local interests and services encompasses a broad set of activities.",
      "quote_es": "La actuación de las instituciones públicas debe ser célere y eficiente, sobre todo cuando se trata de proveer los servicios que les competen. En el caso de las municipalidades, al asignárseles la labor genérica de atender los intereses y servicios locales, se abarca un amplio conjunto de actividades."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1320362",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 23202 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 24 de Julio del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-017631-0007-CO\n\nRedactado por: Anamari Garro Vargas\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-017631-0007-CO\n\nRes. Nº 2025023202\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco .\n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente número 25-017631-0007-CO, interpuesto por Nombre01, mayor, cédula de identidad CED01, contra la Municipalidad de Alajuelita.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:33 horas del 18 de junio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuelita y expresa que, desde hace más de un año, ha estado solicitando ayuda a la autoridad recurrida, sin obtener respuesta. Sostiene que la alcantarilla está atascada, hay presencia de mosquitos, zancudos e incluso larvas verdes. Manifiesta que los vecinos están preocupados por el riesgo de contraer dengue u otra enfermedad, especialmente considerando que en la zona hay adultos mayores y niños. Agrega que el 21 de junio de 2024 se interpuso una queja ante la Municipalidad de Alajuelita para la limpieza de las alcantarillas, pero nunca se ejecutó (véase prueba aportada en autos). Comenta que el 12 de marzo de 2025 mantuvo contacto con el ingeniero de la municipalidad recurrida vía WhatsApp, pero tampoco le contesta. Afirma que esa problemática tiene más de un año, pero los recurridos dicen que no hay presupuesto. Por los motivos expuestos, solicita que se les brinde ayuda para resolver la situación lo más pronto posible.\n\n2.- Mediante resolución de las 21:37 horas del 20 de junio de 2025, la Presidencia de la Sala previno al recurrente copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de las denuncias que planteó ante las autoridades accionadas y cuya falta de respuesta alega en el memorial de interposición de este proceso. De igual modo, aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho.\n\n3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 21:56 horas del 23 de junio de 2025, el recurrente cumplió la prevención.\n\n4.- Mediante resolución de las 17:23 horas del 26 de junio de 2025, la Presidencia de la Sala tuvo por cumplida la prevención contenida en resolución de las 21:37 horas del 20 de junio de 2025 y dio curso a este amparo. Además, se le solicitó informe al Alcalde de la Municipalidad de Alajuelita sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n5.- Informa bajo juramento María del Rosario Siles Fernández c.c. María del Rocío Siles Fernández, en su condición de Alcaldesa de Alajuelita (escrito presentado a las 16:23 horas del 07 de julio de 2025) en los siguientes términos:\n\n“Primero: valga mencionar que por parte del recurrente el señor Nombre01, cédula de identidad número CED02, no se ha recibido gestión alguna, sino por parte de una vecina del sector.\n\nSegundo: la queja interpuesta por la señora Nombre02 fue atendida el 13 de marzo, el 30 de mayo y el 02 de junio, tanto personalmente por medio del encargado de la cuadrilla de caminos y calles, como por medio de la tablet de la Unidad Técnica de Gestión Vial, véase el informe MA-UTGV-200-2025 del 07 de julio 2025, página 03.\n\nTercera: dicha intervención se encontraba a la espera de un proceso de compra de materiales, como lo es la tubería y base de lastre para la instalación de esta del cual adjunto el proceso de SICOP, el mismo se encuentra en proceso de análisis de ofertas, véase el informe MA-UTGV-200- 2025 del 07 de julio 2025, página 05.\n\nCuarta: por tanto, dicha intervención se encuentra dentro de programación de los trabajos de la Unidad Técnica de Gestión de Vial, esto con el fin de solventar lo más pronto posible la problemática que aqueja a los vecinos de la urbanización de la Chorotega, para salvaguardar la salud pública, se tiene programada la intervención a más tardar al cierre del mes de julio de 2025.\n\nDocumental:\n\n1. Informe MA-UTGV-200-2025 del 07 de julio 2025, emitido por el Arq. Michael Barboza, encargado de proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial.\n\nPetitoria:\n\nDel análisis de los hechos, se evidencia que la administración no ha incurrido en omisión o inactividad, ya que la situación denunciada por parte del recurrente ha sido atendida por el municipio.\n\nLa municipalidad ha gestionado las acciones correspondientes y actualmente se encuentra en trámite el procedimiento de la contratación administrativa necesaria para resolver el problema identificado en la comunidad.\n\nEn ese sentido, no se configura una violación a derechos fundamentales, ni puede considerarse que exista una inacción atribuible a la autoridad recurrida, por el contrario, se ha dado curso al procedimiento legalmente establecido, conforme los principios de eficacia, legalidad y uso racional de los recursos públicos.\n\nPor lo tanto, se solicita que el recurso interpuesto sea declarado SIN LUGAR, por cuanto la administración municipal ha actuado dentro del marco de su competencia, atendiendo la queja planteada y se encuentra ejecutando los pasos necesarios para su resolución definitiva, conforme el procedimiento administrativo correspondiente”.\n\n \n\n6.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:48 horas del 11 de julio de 2025, el recurrente indica que “adjunto el trabajo q hicieron llegaron terminaron de echar ahí esa tierra y vieran como dejaron la vía de peligrosa para un vehículo ni siquiera taparon bien el hueco para ver si mandan a tapar como tiene q ser xfavor gx bendiciones y esperamos respuesta la comunidad”.\n\n7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Sobre el conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- Objeto del recurso. El recurrente alega que el 21 de junio de 2024 se interpuso una queja ante la Municipalidad de Alajuelita para la limpieza de las alcantarillas, pero nunca se ejecutó. Sostiene que la alcantarilla está atascada, hay presencia de mosquitos, zancudos e incluso larvas verdes. Manifiesta que los vecinos están preocupados por el riesgo de contraer dengue u otra enfermedad, especialmente considerando que en la zona hay adultos mayores y niños. Comenta que el 12 de marzo de 2025 mantuvo contacto con el ingeniero de la municipalidad recurrida vía WhatsApp, pero tampoco le contesta. Afirma que esa problemática tiene más de un año, pero los recurridos dicen que no hay presupuesto.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1)                       La queja interpuesta por la señora Nombre02, vecina de la urbanización La Chorotega de Alajuelita, por la problemática de una alcantarilla, fue atendida el 13 de marzo, el 30 de mayo y el 02 de junio, tanto personalmente por medio del encargado de la cuadrilla de caminos y calles, como por medio de la tablet de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Dicha intervención se encontraba a la espera de un proceso de compra de materiales, como lo es la tubería y base de lastre para su instalación. El trámite en SICOP se encuentra en proceso de análisis de ofertas (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).\n\n2)                       La intervención se encuentra dentro de la programación de los trabajos de la Unidad Técnica de Gestión de Vial con el fin de solventar lo más pronto posible la problemática que aqueja a los vecinos de la urbanización de la Chorotega y para salvaguardar la salud pública (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).\n\n3)                       Se tiene programada la intervención a más tardar al cierre del mes de julio de 2025 (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).\n\nIV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente indica que el 21 de junio de 2024 se interpuso una queja ante la Municipalidad de Alajuelita para la limpieza de las alcantarillas, pero nunca se ejecutó. Sostiene que la alcantarilla está atascada, hay presencia de mosquitos, zancudos e incluso larvas verdes. Manifiesta que los vecinos están preocupados por el riesgo de contraer dengue u otra enfermedad, especialmente considerando que en la zona hay adultos mayores y niños. Afirma que esa problemática tiene más de un año, pero los recurridos dicen que no hay presupuesto.\n\nAnalizados los autos, la Sala tuvo por probado que, la queja interpuesta por la señora Nombre02, vecina de la urbanización La Chorotega de Alajuelita, por la problemática de una alcantarilla, fue atendida el 13 de marzo, el 30 de mayo y el 02 de junio, tanto personalmente por medio del encargado de la cuadrilla de caminos y calles, como por medio de la tablet de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Dicha intervención se encontraba a la espera de un proceso de compra de materiales, como lo es la tubería y base de lastre para su instalación. El trámite en SICOP se encuentra en proceso de análisis de ofertas. Además, se tiene programada la intervención a más tardar al cierre del mes de julio de 2025\n\nAhora bien, es lo cierto que la municipalidad accionada no se opuso a los reclamos planteados por el tutelado, sino que más bien se corroboró lo acusado, pues informa su representante que la intervención se encuentra dentro de la programación de los trabajos de la Unidad Técnica de Gestión de Vial con el fin de solventar lo más pronto posible la problemática que aqueja a los vecinos de la urbanización de la Chorotega y para salvaguardar la salud pública.\n\nAl respecto, la Sala recuerda lo indicado en la sentencia No. 2021-021952 de las 9:50 horas del 1° de octubre del 2021:\n\n“III Acerca del deber de las Municipalidades de atender los intereses y servicios locales.-. La actuación de las instituciones públicas debe ser célere y eficiente, sobre todo cuando se trata de proveer los servicios que les competen. En el caso de las municipalidades, al asignárseles la labor genérica de atender los intereses y servicios locales, se abarca un amplio conjunto de actividades. En la sentencia No.2011-12886 de las 12:44 hrs. del 23 de setiembre del 2011, se abordó esta materia, y en esa oportunidad la Sala indicó:\n\n“(…) Conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población. En el caso concreto, el Alcalde recurrido manifiesta que los caminos mencionados por el recurrente no fueron incluidos en el plazo estratégico anual que deben presentar las instituciones públicas, por lo que no se pueden comprometer fondos públicos sin estar presupuestados. Que estarán realizando una visita de campo para gestionar reparar los caminos que alegan los recurrentes. Además del informe rendido bajo juramento no se dice nada acerca del trámite que se le diera a la solicitud de información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de interés social, ni se indica que se le hubiera dado respuesta, pese a que la gestión fue presentada desde mayo del dos mil once. Así las cosas, estima esta Sala que existe una clara omisión en la tutela de los derechos fundamentales de los recurrentes atribuible al gobierno local, toda vez que la omisión del pleno ejercicio de las facultades que la ley le otorga a este ente, ha permitido que se llegue a dar y persistan los problemas denunciados por los recurrentes, sobre todo provocados por la falta de mantenimiento de caminos públicos, los cuales, al estar dañados dejan incomunicados a los vecinos de la comunidad Nueve Millas, Moín Limón. Además, del expediente no se logra acreditar que las autoridades municipales hubieran dado respuesta a la nota presentado el 16 de mayo del 2011, en la Unidad Técnica de la Junta Vial de la Municipalidad del Cantón, por medio del cual se solicitaba información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de su interés. Por consiguiente, a juicio de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión así como el derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, reconocidos en los artículo 27 y 50 de la Constitución Política, por lo que en cuanto a esta entidad, el presente recurso deberá ser declarado con lugar”.\n\n \n\n En el sub examine, según se indicó, tanto la parte recurrente como la autoridad municipal accionada aceptan la existencia del problema. Sin embargo, no se ha dado una solución concreta que lo resuelva en un plazo previsible, sino que hasta ahora se indica que se tiene programada la intervención a más tardar al cierre del mes de julio de 2025. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso.\n\nV.- Conclusión. Por consiguiente, se declara con lugar en los términos que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nVI.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura que interpuso una queja ante la Municipalidad de Alajuelita para la limpieza de las alcantarillas, pero nunca se ejecutó. Sostiene que la alcantarilla está atascada, hay presencia de mosquitos, zancudos e incluso larvas verdes. Manifiesta que los vecinos están preocupados por el riesgo de contraer dengue u otra enfermedad, especialmente considerando que en la zona hay adultos mayores y niños. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\n\nVIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a María del Rosario Siles Fernández, en su condición de Alcaldesa de Alajuelita o a quien ocupe ese cargo, coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que la problemática acusada por el recurrente Nombre01 sea solventada de manera definitiva dentro del plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a la recurrida, o a quien ocupe ese cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuelita al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n KQRBEX1X47L861\n\nEXPEDIENTE N° 25-017631-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:52:49.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Resolution No. 23202 - 2025\n\nDate of Resolution: July 24, 2025 at 09:20\n\nExpediente: 25-017631-0007-CO\n\nDrafted by: Anamari Garro Vargas\n\nType of matter: Amparo remedy\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Text of the resolution**\n\n\n\nExp: 25-017631-0007-CO\n\nRes. No. 2025023202\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-fourth of July of two thousand twenty-five.\n\nAmparo remedy processed under expediente number 25-017631-0007-CO, filed by Nombre01, of legal age, identity card CED01, against the Municipalidad de Alajuelita.\n\n**Resultando:**\n\n1.- Through a brief received in the Secretariat of the Chamber at 11:33 hours on June 18, 2025, the petitioner files an amparo remedy against the Municipalidad de Alajuelita and states that, for over a year, he has been requesting assistance from the respondent authority, without obtaining a response. He maintains that the culvert (alcantarilla) is clogged, there is a presence of mosquitoes, crane flies (zancudos), and even green larvae. He states that the neighbors are concerned about the risk of contracting dengue or another disease, especially considering that there are elderly adults and children in the area. He adds that on June 21, 2024, a complaint was filed before the Municipalidad de Alajuelita for the cleaning of the culverts (alcantarillas), but it was never carried out (see evidence provided in the case file). He comments that on March 12, 2025, he maintained contact with the engineer of the respondent municipality via WhatsApp, but he does not answer either. He affirms that this problem has persisted for over a year, but the respondents say there is no budget. For the reasons stated, he requests that they be provided with assistance to resolve the situation as soon as possible.\n\n2.- By resolution at 21:37 hours on June 20, 2025, the Presidency of the Chamber required the petitioner to provide a complete, legible copy, with the respective proof of receipt or email transmission, of the complaints he filed before the respondent authorities, the lack of response to which he alleges in the initial brief of this process. Likewise, to provide any additional evidence on which he bases his claim.\n\n3.- Through a brief received in the Secretariat of the Chamber at 21:56 hours on June 23, 2025, the petitioner complied with the requirement.\n\n4.- By resolution at 17:23 hours on June 26, 2025, the Presidency of the Chamber deemed the requirement issued in the resolution at 21:37 hours on June 20, 2025, to have been satisfied and granted leave to this amparo. Furthermore, a report was requested from the Mayor (Alcalde) of the Municipalidad de Alajuelita regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n5.- María del Rosario Siles Fernández, c.c. María del Rocío Siles Fernández, in her capacity as Alcaldesa of Alajuelita, reports under oath (brief submitted at 16:23 hours on July 7, 2025) in the following terms:\n\n\"First: it is worth mentioning that no communication has been received from the petitioner, Mr. Nombre01, identity card number CED02, but rather from a female resident of the sector.\n\nSecond: the complaint filed by Mrs. Nombre02 was addressed on March 13, May 30, and June 2, both personally through the person in charge of the roads and streets crew, and through the tablet of the Unidad Técnica de Gestión Vial, see report MA-UTGV-200-2025 of July 7, 2025, page 03.\n\nThird: said intervention was awaiting a material procurement process, such as the piping and ballast base for its installation, for which I attach the SICOP process, which is currently in the bid analysis phase, see report MA-UTGV-200-2025 of July 7, 2025, page 05.\n\nFourth: therefore, said intervention is within the work schedule of the Unidad Técnica de Gestión Vial, with the aim of resolving as soon as possible the problem afflicting the residents of the La Chorotega residential development (urbanización), to safeguard public health, the intervention is scheduled for no later than the end of July 2025.\n\nDocumentary:\n\n1. Report MA-UTGV-200-2025 of July 7, 2025, issued by Arch. Michael Barboza, project manager of the Unidad Técnica de Gestión Vial.\n\nPrayer:\n\nFrom the analysis of the facts, it is evident that the administration has not incurred in omission or inactivity, since the situation reported by the petitioner has been addressed by the municipality.\n\nThe municipality has managed the corresponding actions and is currently processing the administrative contracting procedure necessary to resolve the problem identified in the community.\n\nIn that sense, a violation of fundamental rights is not established, nor can it be considered that there is inaction attributable to the respondent authority; on the contrary, the legally established procedure has been set in motion, in accordance with the principles of efficiency, legality, and rational use of public resources.\n\nTherefore, it is requested that the remedy filed be declared DISMISSED (SIN LUGAR), as the municipal administration has acted within the scope of its competence, addressing the complaint raised and is executing the necessary steps for its definitive resolution, in accordance with the corresponding administrative procedure.\"\n\n6.- Through a brief received in the Secretariat of the Chamber at 10:48 hours on July 11, 2025, the petitioner indicates that \"adjunto el trabajo q hicieron llegaron terminaron de echar ahí esa tierra y vieran como dejaron la vía de peligrosa para un vehículo ni siquiera taparon bien el hueco para ver si mandan a tapar como tiene q ser xfavor gx bendiciones y esperamos respuesta la comunidad.\"\n\n7.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nDrafted by Magistrate Garro Vargas; and,\n\n**Considerando:**\n\nI.- On the knowledge of this case due to injury to Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment No. 2008-002545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is debated whether the public administration has complied or not with the time frames set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or upon petition of a party—or to hear the corresponding administrative remedies. Precisely, in the *sub lite*, an exception case is presented, as it involves an environmental complaint that, presumably, has not been resolved within a reasonable period. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- Object of the remedy. The petitioner alleges that on June 21, 2024, a complaint was filed before the Municipalidad de Alajuelita for the cleaning of the culverts (alcantarillas), but it was never carried out. He maintains that the culvert (alcantarilla) is clogged, there is a presence of mosquitoes, crane flies (zancudos), and even green larvae. He states that the neighbors are concerned about the risk of contracting dengue or another disease, especially considering that there are elderly adults and children in the area. He comments that on March 12, 2025, he maintained contact with the engineer of the respondent municipality via WhatsApp, but he does not answer either. He affirms that this problem has persisted for over a year, but the respondents say there is no budget.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\n1) The complaint filed by Mrs. Nombre02, resident of the La Chorotega residential development (urbanización) in Alajuelita, regarding the problem of a culvert (alcantarilla), was addressed on March 13, May 30, and June 2, both personally through the person in charge of the roads and streets crew, and through the tablet of the Unidad Técnica de Gestión Vial. Said intervention was awaiting a material procurement process, such as the piping and ballast base for its installation. The process in SICOP is in the bid analysis phase (see report from the respondent authority and documentary evidence provided).\n\n2) The intervention is within the work schedule of the Unidad Técnica de Gestión Vial with the aim of resolving as soon as possible the problem afflicting the residents of the La Chorotega residential development (urbanización) and to safeguard public health (see report from the respondent authority and documentary evidence provided).\n\n3) The intervention is scheduled for no later than the end of July 2025 (see report from the respondent authority and documentary evidence provided).\n\nIV.- On the specific case. In the *sub examine*, the petitioner indicates that on June 21, 2024, a complaint was filed before the Municipalidad de Alajuelita for the cleaning of the culverts (alcantarillas), but it was never carried out. He maintains that the culvert (alcantarilla) is clogged, there is a presence of mosquitoes, crane flies (zancudos), and even green larvae. He states that the neighbors are concerned about the risk of contracting dengue or another disease, especially considering that there are elderly adults and children in the area. He affirms that this problem has persisted for over a year, but the respondents say there is no budget.\n\nHaving analyzed the case file, the Chamber deemed it proven that the complaint filed by Mrs. Nombre02, resident of the La Chorotega residential development (urbanización) in Alajuelita, regarding the problem of a culvert (alcantarilla), was addressed on March 13, May 30, and June 2, both personally through the person in charge of the roads and streets crew, and through the tablet of the Unidad Técnica de Gestión Vial. Said intervention was awaiting a material procurement process, such as the piping and ballast base for its installation. The process in SICOP is in the bid analysis phase. Furthermore, the intervention is scheduled for no later than the end of July 2025.\n\nNow then, it is true that the respondent municipality (municipalidad) did not oppose the claims raised by the aggrieved party, but rather, what was alleged was corroborated, as its representative reports that the intervention is within the work schedule of the Unidad Técnica de Gestión Vial with the aim of resolving as soon as possible the problem afflicting the residents of the La Chorotega residential development (urbanización) and to safeguard public health.\n\nIn this regard, the Chamber recalls what was stated in judgment No. 2021-021952 at 9:50 hours on October 1, 2021:\n\n\"III Regarding the duty of the Municipalidades to attend to local interests and services.-. The performance of public institutions must be swift and efficient, especially when it comes to providing the services within their competence. In the case of municipalities (municipalidades), by assigning them the general task of attending to local interests and services, a broad set of activities is encompassed. In judgment No. 2011-12886 at 12:44 hrs. on September 23, 2011, this matter was addressed, and on that occasion the Chamber indicated:\n\n'(…) As established by Article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, it is the responsibility of municipalities (municipalidades) to administer local services and interests, in order to promote the integral development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality (Municipalidad) must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees—at least—efficient electrification and communication services; good systems for providing potable water and evacuating wastewater (aguas servidas), adequate aqueduct and culvert (alcantarillado) systems, lighting and ornamentation systems for cities; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the population's life comfortable and safe. In the specific case, the respondent Mayor (Alcalde) states that the roads mentioned by the petitioner were not included in the annual strategic plan that public institutions must present, and therefore public funds cannot be committed without being budgeted. That they will be conducting a field visit to manage the repair of the roads claimed by the petitioners. Furthermore, the report rendered under oath says nothing about the process given to the request for information regarding the lack of maintenance of public roads of social interest, nor does it indicate that a response had been provided, despite the request having been submitted since May of two thousand eleven. The situation being thus, this Chamber considers that there is a clear omission in the protection of the petitioners' fundamental rights attributable to the local government, since the omission of the full exercise of the powers that the law grants to this entity has allowed the problems reported by the petitioners to occur and persist, especially those caused by the lack of maintenance of public roads, which, being damaged, leave the residents of the Nueve Millas community, Moín, Limón, incommunicado. Moreover, the expediente does not demonstrate that the municipal authorities provided a response to the note submitted on May 16, 2011, to the Unidad Técnica de la Junta Vial of the Municipality (Municipalidad) of the Canton, through which information was requested regarding the lack of maintenance of public roads of their interest. Consequently, in the judgment of this Court, by its omission, the Municipality (Municipalidad) has endangered the free transit of the petitioners and residents of the community in question, as well as the right to enjoy a healthy and balanced environment, recognized in Articles 27 and 50 of the Political Constitution, whereby, with respect to this entity, this remedy must be declared with merit.'\n\nIn the *sub examine*, as indicated, both the petitioner and the respondent municipal authority acknowledge the existence of the problem. However, a concrete solution to resolve it within a foreseeable time frame has not been provided; rather, it is only now indicated that the intervention is scheduled for no later than the end of July 2025. By virtue of the foregoing, the remedy is declared with merit.\n\nV.- Conclusion. Consequently, it is declared with merit in the terms set forth in the operative part of this judgment.\n\nVI.- Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that, when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, that must hear the legal dispute. Now then, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it is exclusively responsible for defining its own competence based on numeral 7 of its Law. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exception cases, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo guarantee, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- Note by Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do examine the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the petitioner asserts that he filed a complaint before the Municipalidad de Alajuelita for the cleaning of the culverts (alcantarillas), but it was never carried out. He maintains that the culvert (alcantarilla) is clogged, there is a presence of mosquitoes, crane flies (zancudos), and even green larvae. He states that the neighbors are concerned about the risk of contracting dengue or another disease, especially considering that there are elderly adults and children in the area. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.\n\nVIII.- Documentation provided to the expediente. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\n**Por tanto:**\n\nThe remedy is declared with merit. María del Rosario Siles Fernández, in her capacity as Alcaldesa of Alajuelita, or whoever holds that position, is ordered to coordinate and arrange all actions within the scope of her competences, so that the problem alleged by the petitioner Nombre01 is definitively resolved within a period of one month, counted from the notification of this judgment. The respondent, or whoever holds that position, is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo remedy, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the offense is not more severely penalized. The Municipalidad de Alajuelita is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts upon which this declaration is based, which shall be liquidated in the sentence execution proceeding of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado puts a note. Let it be notified.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\n**Digitally Signed Document**\n\n-- Verification code --\n\n\n\n KQRBEX1X47L861\n\nEXPEDIENTE N° 25-017631-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the church of Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:52:49.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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