{ "id": "nexus-sen-1-0007-1323689", "citation": "Res. 26586-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo por contaminación sónica y omisión del Ministerio de Salud", "title_en": "Amparo for Noise Pollution and Ministry of Health Inaction", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por vecinos de Talamanca contra el Ministerio de Salud, debido a la omisión en resolver denuncias por contaminación sónica, luces y cámaras dirigidas a su vivienda desde 2022. La Sala reiteró su jurisprudencia sobre la contaminación sónica como vulneración de los derechos a la salud, un ambiente sano y la intimidad, destacando el deber del Estado de prevenirla y controlarla. En el caso concreto, a pesar de múltiples inspecciones, el Ministerio no había logrado realizar las mediciones sónicas necesarias por dificultades de acceso y falta de colaboración del denunciado, incumpliendo su obligación de resolver las denuncias en un plazo razonable. Se ordenó a la Directora del Área Rectora de Salud de Talamanca realizar en un mes todas las actuaciones competentes y coordinaciones para efectuar la inspección y mediciones sónicas que permitan resolver definitivamente la problemática, bajo apercibimiento de prisión o multa por desacato.", "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo filed by residents of Talamanca against the Ministry of Health for failing to resolve complaints of noise pollution, lights, and cameras directed at their home since 2022. The Chamber reiterated its case law that noise pollution violates the rights to health, a healthy environment, and privacy, emphasizing the State's duty to prevent and control it. Despite multiple inspections, the Ministry had not carried out the necessary sound measurements due to access difficulties and the accused's non-cooperation, thus failing its obligation to resolve the complaints within a reasonable time. The Director of the Talamanca Health Area was ordered to, within one month, take all actions within her authority and coordinate the required inspection and sound measurements to definitively resolve the issue, under warning of imprisonment or fine for contempt.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "22/08/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "art-50-constitution", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "art-50-constitution", "es_concept_hints": [ "contaminación sónica", "recurso de amparo", "sonometría", "Área Rectora de Salud", "principio precautorio", "Ley Orgánica del Ambiente (7554)", "Ley General de Salud", "Desacato (art. 71 Ley de la Jurisdicción Constitucional)" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 59-63", "law": "Ley 7554 (Ley Orgánica del Ambiente)" }, { "article": "Reglamento para el control de contaminación por ruido", "law": "Decreto Ejecutivo 28718" }, { "article": "Arts. 294, 302", "law": "Ley General de Salud" }, { "article": "Art. 390 inc. 2", "law": "Código Penal" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "contaminación sónica", "recurso de amparo", "derecho a un ambiente sano", "Ministerio de Salud", "medición sonométrica", "derecho a la salud", "derecho a la intimidad", "Sala Constitucional", "Talamanca", "omisión administrativa", "principio precautorio", "Ley Orgánica del Ambiente", "Ley General de Salud" ], "keywords_en": [ "noise pollution", "amparo", "right to a healthy environment", "Ministry of Health", "sound measurement", "right to health", "right to privacy", "Constitutional Chamber", "Talamanca", "administrative inaction", "precautionary principle", "Organic Environmental Law", "General Health Law" ], "excerpt_es": "IV.- SOBRE EL FONDO: Esta Sala reiteradamente se ha pronunciado sobre la contaminación sónica y su relación tanto con el derecho a la salud, como con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. [...] Ante ese panorama y tomando en cuenta que es el Ministerio de Salud el competente para realizar la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución el recurso deviene procedente con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.", "excerpt_en": "IV.- ON THE MERITS: This Chamber has repeatedly ruled on noise pollution and its relationship with both the right to health and the right to a healthy and ecologically balanced environment. [...] In light of this situation, and considering that the Ministry of Health is the competent body to carry out the inspection and sound measurement—among other necessary steps—to properly determine whether a health problem due to contamination truly exists, and to establish any technically appropriate measures to resolve it, the amparo must be granted with the consequences stated in the operative part of this judgment.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The amparo is granted, and the Ministry of Health is ordered to carry out within one month the necessary sound measurements and inspections to resolve the noise pollution complaints.", "summary_es": "Se declara con lugar el recurso de amparo y se ordena al Ministerio de Salud realizar en un mes las mediciones sónicas e inspecciones necesarias para resolver las denuncias por contaminación sónica." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "This Chamber has recognized that both the right to health and the right to an environment free from contamination—without which the former could not be made effective—are fundamental rights, so it is the State's obligation to provide for their protection, whether through general policies to achieve that end or through specific acts by the Administration.", "quote_es": "Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "It is the responsibility of the Ministry of Health to carry out the inspection and sound measurement—among other necessary steps—to properly determine whether a health problem due to contamination truly exists, and to establish any technically appropriate measures to resolve it.", "quote_es": "El Ministerio de Salud le corresponde la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1323689", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 26586 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 22 de Agosto del 2025 a las 09:15\n\nExpediente: 25-020598-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nCONTAMINACION SONICA.\n\nTema: INTIMIDAD\n\nSubtemas:\n\nDERECHO A LA PRIVACIDAD.\n\nTema: PODER EJECUTIVO\n\nSubtemas:\n\nQUEJA.\n\n026586-25. INTIMIDAD. AMBIENTE. PODER EJECUTIVO. VECINO DE TALAMANCA ACUSA QUE UN VECINO PUSO CÁMARAS DE SEGURIDAD Y GRANDES PARLANTES QUE TIENE CON MÚSICA EN SU CASA, ALTERANDO LA TRANQUILIDAD DE LOS VECINOS Y, PESE A SUS DENUNCIAS, LAS AUTORIDADES NO HACEN LO QUE CORRESPONDE. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LA DIRECTORA ÁREA RECTORA EN SALUD DE TALAMANCA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE UN MES, SE REALICE LA INSPECCIÓN Y MEDICIONES SÓNICAS QUE SE REQUIEREN A FIN DE RESOLVER EN FORMA DEFINITIVA LA PROBLEMÁTICA DENUNCIADA POR LA RECURRENTE. VCG09/2025\n\n“(…) IV.- SOBRE EL FONDO: Esta Sala reiteradamente se ha pronunciado sobre la contaminación sónica y su relación tanto con el derecho a la salud, como con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De esta forma, en la sentencia No. 2017-18054 de las 9:20 horas de 10 de noviembre de 2017, se indicó:\n\n“II.- SOBRE LA CONTAMINACIÓN SÓNICA, Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA SALUD, EL DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD (DERECHO A LA TRANQUILIDAD).- Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración. Existen varios tipos de contaminación, uno de ellos está referido a la contaminación sónica producida por el ruido. El ruido es considerado como una de la formas de agresión al ambiente que aumenta las incomodidades en una sociedad cada vez más industrializada. Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica. Para abordar tal problemática el Estado debe diseñar políticas contra esa clase de contaminación atmosférica, dirigidas a proteger a las personas de la exposición excesiva al ruido. En relación con las políticas para aminorar y evitar la contaminación sónica así como para promover la protección de los valores jurídicamente relevantes que en este caso se ven involucrados, que son el medio ambiente y la salud, la Sala observa que si bien sobresalen esfuerzos normativos al respecto, al Estado costarricense le ha sido difícil estructurar un conjunto de normas que permitan hacer frente al problema del ruido así como diseñar y poner en práctica un plan de reducción del ruido que permita controlar de manera más eficiente el fenómeno ambiental. Tal carencia normativa no es un problema particular de nuestro país, pues el ruido se presenta de difícil tratamiento dado en primer lugar a su naturaleza temporal, no acumulativa y a la clara dispersión de sus agentes contaminadores, -nótese que el ruido proviene de un sinnúmero de fuentes que atacan las diversas situaciones en las que se desenvuelve el individuo (calle, lugar de trabajo, vivienda, hospitales, zonas comerciales, parques, escuelas, etcétera). Es claro que el problema del ruido se agudiza debido tanto a la dispersión y aumento de las fuentes de contaminación así como al desarrollo de la industria, de la construcción, relacionado con el grado de urbanización y densidad de la red vial, entre otros factores. A lo anterior se suma que el diseño de la política ambiental no ha concedido prioridad a este tipo de contaminación, que como se dijo, es de difícil tratamiento, y a los problemas relativos a su definición; razones todas que han obstaculizado el control del ruido. No existe en nuestro ordenamiento jurídico, una normativa general que contemple todas las principales cuestiones relacionadas con el tema, sino que se cuenta con dispersas y variadas normas contenidas en diferentes cuerpos normativos entre las que destaca la Ley Orgánica del Ambiente, que es la No.7554 de 4 de octubre de 1995, que concede al ruido un lugar en los artículos 59 a 63 del Capítulo XV denominado \"Contaminación\" y en el que incorpora el principio precautorio de manera genérica al indicar que compete al Estado adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental (artículo 59). El artículo 60 en su inciso e) recoge también el principio precautorio específicamente en materia de contaminación acústica y dota de competencia al Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, debiendo dar prioridad al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, entre los que destaca el control de la contaminación sónica. Se refuerza el principio precautorio en los artículos 61 y 63 referente el primero a contingencia ambiental y según el cual la autoridad competente dictará las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando sucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén contempladas en esta ley. El artículo 63 de la ley de cita dispone el procedimiento y medidas a tomar para la prevención y control del deterioro de la atmósfera, y para disminuir y controlar las emisiones que sobrepasen los límites permisibles. Por su parte, la Ley General de Salud dispone en su artículo 302 la protección de la exposición a los ruidos al señalar que ningún establecimiento industrial podrá funcionar si sus labores constituyen un elemento de peligro, insalubridad o incomodidad para la vecindad \"... ya sea por las condiciones de manutención del local en que funciona, por la forma o sistemas que emplea en la realización de sus operaciones, por la forma o sistema que utiliza para eliminar los desechos, residuos o emanaciones resultantes de sus faenas, o por los ruidos que produce la operación.\" En el último párrafo del artículo 294, la Ley General de Salud se incluye al ruido como elemento susceptible de provocar la contaminación de la atmósfera en los siguientes términos: \"Será asimismo considerada como contaminación atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio.\" El Legislador costarricense ha previsto sanciones de tipo penal, específicamente mediante el artículo 390 inciso 2 del Código Penal, aplicables a los transgresores de los umbrales y franjas de contaminación tolerables de ruido. La legislación laboral protege también a los trabajadores expuestos a decibelios altos en sus lugares de trabajo, lo que hace mediante el Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones, que es Decreto Ejecutivo número 10541 de 14 de setiembre de 1979 elaborado por el Consejo de Seguridad e Higiene del Trabajo del Ministerio de Trabajo, y el Reglamento para Contratación Laboral y Condiciones Salud Ocupacional de Adolescentes N°29220-MTSS (artículos 6 y 7); con el propósito de prevenir problemas de audición de los trabajadores que laboran en locales de trabajo en que los ruidos superan los límites establecidos. Por su parte, de forma general para el control del ruido se encuentra el Decreto Ejecutivo 28718 del 15 de junio del 2000 que es “Reglamento para el control de contaminación por ruido” donde se establecen los niveles de ruido permitidos y las entidades competentes para su control. A nivel supranacional la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992 plantea los lineamientos a seguir para combatir la contaminación sónica. Las normas citadas si bien dispersas, están todas dirigidas a combatir desde diferentes flancos (ambiental, penal, laboral, salubridad, internacional) la agresión directa y cotidiana al derecho al medio ambiente, provocada por la contaminación sónica como parte de la contaminación de la atmósfera, concepto definido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Ambiente como: \"(…) la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento.\" La normativa citada ejemplifica los esfuerzos realizados en materia de control de ruido que sirve de vehículo para preservar el medio ambiente, tema que está indisolublemente vinculado o conectado con otros derechos constitucionales, como el derecho a la salud, siendo una de las finalidades principales del medio ambiente, la protección de la salud. De este punto de confluencia entre el medio ambiente y la salud, puede entonces decirse que un deterioro ambiental por exceso de ruido afecta al bienestar de las personas y puede provocar daño a su salud, lo que justifica plenamente, a pesar de las evidentes dificultades que presenta el tema, la regulación de este agente contaminador. Así entonces, la realización de ciertas actividades que eventualmente generen contaminación sónica se encuentran limitadas por respeto de la intimidad, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. Entre las entidades estatales llamadas a velar por estos derechos están la Policía, la Municipalidad y el Ministerio de Salud, principalmente este último quien tiene la potestad de determinar la existencia de contaminación sónica. La policía tiene a su cargo el resguardo del orden público, la Municipalidad el deber de verificación los permisos para operar y el Ministerio de Salud le corresponde la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución”.\n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Del informe rendido por la autoridad recurrida el cual es dado bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que el 06 de julio del 2022 la recurrente presentó ante la Unidad Organizativa del Ministerio de Salud una denuncia contra el señor [Nombre 003], por ruido, luces y cámaras que presuntamente están dirigidas a su casa de habitación. Se acreditó que en fecha  29 de julio de 2022 las autoridades del Ministerio de Salud realizaron la primera inspección -durante dicha diligencia, no fue posible verificar los hechos denunciados, ya que la vivienda del señor Erwin, denunciado, se encontraba cerrada-. Quedó demostrado que en fecha 22 de octubre del 2022 a las ser las 15:45 horas las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una segunda inspección de acuerdo con el horario indicado por la denunciante -durante dicha visita se observa el lugar cerrado y se escucha música a la distancia proveniente de la casa de habitación del denunciado-. Se evidenció que al no tener éxito con los llamados verbales desde el exterior de la propiedad se procede hacer un recorrido por los alrededores de la propiedad donde se logró observar lo siguiente: cuenta aproximadamente con cinco cámaras de vigilancia, 3 de ellas están dirigidas a la casa vecina (de la denunciante) y las dos restantes parecen ser de tipo 360° y están ubicados hacia la calle; junto a las cámaras están las luces tipo LED y están dirigidas a la casa vecina (de la denunciante). La casa del señor [Nombre 004], tiene una distancia aproximadamente de 30 a 50 metros a la casa de los señores [Nombre 001] y [Nombre 002] -el inspector se mantuvo en el sitio durante una hora aproximadamente, pero no se obtuvo respuesta ni fue atendido por ninguna de las partes a pesar de que se llamó reiteradamente, por lo cual no se logró realizar las mediciones sónicas correspondientes-. Se indicó que en fechas 17 de julio del 2023 y el 18 de agosto de 2023 la recurrente presentó nuevamente dos denuncias ante el Ministerio de Salud por los mismos hechos denunciados. Se afirmó que en fechas 30 de agosto y 04 de setiembre del 2023 las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una inspección por parte de otra funcionaria de equipo de Regulación de la Salud, donde se encontraron los siguientes hechos: 1. Durante la visita del 30 de agosto del 2023 se percibió el principal problema denunciado, por ruidos y vibraciones. Desde la propiedad del señor [Nombre 004], se percibió música muy alta, lo cual incluía gritos, estruendos y sonidos de instrumentos muy escandalosos lo cual coincide con el género musical heavy metal y rock pesado. Según testimonio de la señora Cabrera, indicó ver salir en el carro al señor [Nombre 004], además, indica que vive solo; por este motivo al momento de la inspección no se encontraba nadie en la casa de habitación que atendiera y permitiera el ingreso a la propiedad. 2. Durante la visita realizada el día 04 de septiembre de 2023 a las 13:30 horas, se contó con el equipo necesario para efectuar las pruebas de sonometría. Dicho equipo fue facilitado en calidad de préstamo por la Dirección de Área Rectora de Salud (DARS) de Turrialba, para el período comprendido entre el 01 y el 05 de septiembre de 2023. Esto se debió a que el equipo de sonometría perteneciente a la DARS Talamanca no se encontraba debidamente calibrado. Quedó probado que el  25 de noviembre de 2023 las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una visita de inspección por parte de una funcionaria del equipo de Regulación de la Salud en el inmueble de la denunciante -el objetivo de la inspección era realizar mediciones de sonometría desde la vivienda de los afectados; sin embargo la inspección no se pudo realizar porque no se obtuvo respuesta de los denunciantes-. Se constató que los denunciantes han incorporado al expediente administrativo del Ministerio de Salud información relacionada con un proceso legal en curso ante el Juzgado Contravencional de Bribrí, bajo el expediente número 23-000190-1535-FC. Finalmente se tuvo por cierto que en el proceso judicial número 23-000190-1535-FC se emitió una orden indicando lo siguiente: “2) Se le ordena a [Nombre 003] abstenerse de iluminar la vivienda del ofendido con las luces led; así como poner las bocinas música y otros ruidos a muy alto volumen, con el fin de no afectar la tranquilidad del ofendida [Nombre 001], quien es una persona adulta mayor”. En conclusión, es cierto que los recurrentes han presentado varias denuncias ante el Ministerio de Salud contra el señor [Nombre 003], por ruido, luces y cámaras que presuntamente están dirigidas a su casa de habitación y que, a la fecha no han sido resueltas. Por su parte la autoridad recurrida aduce que “Las inspecciones realizadas hasta la fecha no han sido satisfactorias, debido a que no se ha logrado establecer contacto con los denunciantes ni con el denunciado, lo cual ha impedido cumplir adecuadamente con el procedimiento de atención de denuncias por ruido y vibraciones” y que “la denuncia referida ha presentado serias dificultades operativas y jurídicas para su abordaje, dado que el denunciado reside en una propiedad privada ubicada en zona montañosa, completamente cerrada, con dificultad de acceso, señal telefónica inestable, falta de facilidad de comunicación, lo cual ha imposibilitado el contacto directo por parte de las autoridades competentes”. Partiendo de lo anterior es posible tener por cierto que pese al tiempo transcurrido las denuncias planteadas en fechas 06 de julio del 2022, 17 de julio del 2023 y 18 de agosto de 2023 a la fecha no han sido resueltas. Ante ese panorama y tomando en cuenta que es el Ministerio de Salud el competente  para realizar la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución  el recurso deviene procedente con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)”\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) I.- CUESTIÓN PRELIMINAR: Previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en cuanto a este particular se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta por contaminación sónica que presuntamente no ha sido atendida. Aclarado el punto, se entra a resolver este particular por el fondo. (…)” VCG09/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ EN CUANTO LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVCG09/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 049- Jurisdicción Contencioso Administrativa\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nVII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente indica que son vecinos de [...]. Refieren que, en marzo de 2022, el señor [Nombre 003], quien es su vecino, colocó con dirección hacia su casa cámaras de seguridad, así como luces LED y grandes parlantes, los cuales permanecen encendidos generando escándalo de día y de noche. Explican que su vecino [Nombre 004] es de nacionalidad austriaca y, aun cuando se va a su país de origen, deja el escándalo debido a que controla los dispositivos por medios tecnológicos. Acusan que no tienen privacidad alguna, por lo que han tenido que cerrar las puertas y ventanas de su casa por tres años. Refieren que han denunciado la situación ante el Ministerio Público, así como ante el Ministerio de Salud, pero la problemática persiste. Refieren que [Nombre 004] no obedece a las autoridades e incluso se escapa de su propiedad cuando las autoridades llegan al inmueble.\n\nVCG09/2025\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-020598-0007-CO\n\nRes. Nº 2025026586\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de agosto de dos mil veinticinco .\n\nRecurso de amparo presentado por [Nombre 001] , cédula de residencia [Valor 001] y [Nombre 002], cédula de residencia [Valor 002], contra el MINISTERIO DE SALUD.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 11:50 horas del 15 de julio de 2025 los recurrentes presentan recurso de amparo contra el Ministerio de Salud. Manifiestan que son vecinos de [...]. Refieren que, en marzo de 2022, el señor [Nombre 003], quien es su vecino, colocó con dirección hacia su casa (sea, la de los recurrentes) cámaras de seguridad, así como luces LED y grandes parlantes, los cuales permanecen encendidos generando escándalo de día y de noche. Explican que su vecino [Nombre 004] es de nacionalidad austriaca y, aun cuando se va a su país de origen, deja el escándalo debido a que controla los dispositivos por medios tecnológicos. Acusan que no tienen privacidad alguna, por lo que han tenido que cerrar las puertas y ventanas de su casa por 3 años. Acotan que han denunciado la situación ante el Ministerio Público, así como ante el Ministerio de Salud, pero la problemática persiste. Refieren que [Nombre 004] no obedece a las autoridades e incluso se escapa de su propiedad cuando las autoridades llegan al inmueble. Aseguran que su salud mental se encuentra muy deteriorada por toda esta situación.\n\n2.- Por resolución de las 18:07 horas del 28 de julio de 2025 se dio curso al presente amparo y se solicitó informe al DIRECTOR DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE TALAMANCA DEL MINISTERIO DE SALUD (ver registro electrónico).\n\n3.- Informa bajo juramento Jennifer Jones Villiers, en calidad de Directora Área Rectora en Salud de Talamanca (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “PRIMERO: Que el pasado 30 de julio del presente año se recibió notificación de forma física del recurso de amparo bajo el expediente No.25-020598-0007-CO, donde se otorga a esta Área Rectora de Salud de Talamanca un plazo de tres días hábiles para dar informe de lo actuado a la honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. SEGUNDO: Que el pasado 06 de julio del 2022 se recibió ante esta Unidad Organizativa denuncia suscrita por la señora [Nombre 002] contra el señor [Nombre 003], por ruido, luces y cámaras que presuntamente están dirigidas a la casa de habitación de los recurrentes. TERCERO: Que una vez recibida la denuncia se procedió a realizar inspecciones con el objetivo de verificar los hechos denunciados. CUARTO: Que en la primera inspección realizada el día 29 de julio de 2022, el inspector fue recibido por la señora [Nombre 002], denunciante. Durante dicha diligencia, no fue posible verificar los hechos denunciados, ya que la vivienda del señor Erwin, denunciado, se encontraba cerrada. A pesar de que el inspector realizó múltiples llamados verbales desde el exterior de la propiedad, no se obtuvo respuesta alguna ni se logró establecer contacto con el denunciado. QUINTO: Que el pasado 22 de octubre del 2022 a las ser las 15:45 horas se realizó inspección de acuerdo con el horario indicado por la denunciante con el objetivo de abordar la denuncia de acuerdo con las indicaciones de la denunciante. Durante dicha visita se observa el lugar cerrado y se escucha música a la distancia proveniente de la casa de habitación del denunciado. Al no tener éxito con los llamados verbales desde el exterior de la propiedad se procede hacer un recorrido por los alrededores de la propiedad donde se logró observar lo siguiente: cuenta aproximadamente con cinco cámaras de vigilancia, 3 de ellas están dirigidas a la casa vecina (de la denunciante) y las dos restantes parecen ser de tipo 360° y están ubicados hacia la calle; junto a las cámaras están las luces tipo LED y están dirigidas a la casa vecina (de la denunciante). La casa del señor [Nombre 004], tiene una distancia aproximadamente de 30 a 50 metros a la casa de los señores [Nombre 001] y [Nombre 002]. El inspector se mantuvo en el sitio durante una hora aproximadamente, pero no se obtuvo respuesta ni fue atendido por ninguna de las partes a pesar de que se llamó reiteradamente, por lo cual no se logró realizar las mediciones sónicas correspondientes. Cabe mencionar, que no logró ingresar a los inmuebles de los recurrentes y del recurrido. El abordaje por parte de esta Área Rectora de Salud Talamanca se ve limitado cuanto el denunciado se encuentra en una propiedad inaccesible y no colabora con el proceso, lo cual dificulta enormemente el avance de las acciones administrativas por parte de los funcionarios, siendo que a pesar de los reiterados intentos realizados por las autoridades competentes para establecer contacto con el denunciado, no ha sido posible lograrlo, dado que este reside en una propiedad completamente cerrada y no ha respondido a los llamados efectuados verbalmente desde el exterior. Esta situación ha impedido que se verifiquen los hechos denunciados directos en el sitio y emprender las acciones técnicas legales que les corresponda a este Ministerio de Salud, incluyendo las mediciones sónicas pertinentes. SEXTO: Que el pasado 17 de julio del 2023 y el 18 de agosto de 2023 se interpuso nuevamente dos denuncias por parte de los recurrentes en contra del recurrido, por los mismos hechos denunciados. SÉPTIMO: Que el pasado 30 de agosto y 04 de setiembre del 2023 se realizó inspección por parte de otra funcionaria de equipo de Regulación de la Salud, donde se encontraron los siguientes hechos: 1. Durante la visita del 30 de agosto del 2023 se percibió el principal problema denunciado, por ruidos y vibraciones. Desde la propiedad del señor [Nombre 004], se percibió música muy alta, lo cual incluía gritos, estruendos y sonidos de instrumentos muy escandalosos lo cual coincide con el género musical heavy metal y rock pesado. Según testimonio de la señora Cabrera, indicó ver salir en el carro al señor [Nombre 004], además, indica que vive solo; por este motivo al momento de la inspección no se encontraba nadie en la casa de habitación que atendiera y permitiera el ingreso a la propiedad. 2. Durante la visita realizada el día 04 de septiembre de 2023 a las 13:30 horas, se contó con el equipo necesario para efectuar las pruebas de sonometría. Dicho equipo fue facilitado en calidad de préstamo por la Dirección de Área Rectora de Salud (DARS) de Turrialba, para el período comprendido entre el 01 y el 05 de septiembre de 2023. Esto se debió a que el equipo de sonometría perteneciente a la DARS Talamanca no se encontraba debidamente calibrado. Al llegar al sitio, se observó que todas las instalaciones estaban apagadas, sin presencia de ruido ni vibraciones. Los denunciantes atendieron a la funcionaria durante la visita los cuales manifestaron que era algo fuera de lo común que todo se mantuviera apagado. Al no lograr contactar al denunciado los funcionarios proceden a marcharse del sitio. OCTAVO: Que el día 25 de noviembre de 2023 se realizó una visita de inspección por parte de una funcionaria del equipo de Regulación de la Salud. Previo a la inspección, se intentó establecer contacto telefónico con la señora Cabrera, denunciante, utilizando el número 4003-8250 correspondiente a la oficina de la DARS Talamanca; sin embargo, no fue posible localizarla. El objetivo de la inspección era realizar mediciones de sonometría desde la vivienda de los afectados, aprovechando que para ese fin de semana se contaba con un sonómetro facilitado en calidad de préstamo por otra Dirección Regional, debido a que el equipo de la DARS Talamanca se encontraba descalibrado desde hacía más de un año. Al llegar al sitio, se tocó el intercomunicador de la propiedad de los afectados en tres ocasiones, pero no se obtuvo respuesta y ninguna persona salió a atender a los funcionarios. Durante la visita, se percibieron ruidos intermitentes provenientes de la vivienda del denunciado, los cuales eran audibles desde el exterior y se describen como sonidos extraños. La inspección no pudo llevarse a cabo de manera efectiva, ya que no se logró establecer contacto con los denunciantes ni con el denunciado. Es importante señalar que los denunciantes han incorporado al expediente administrativo información relacionada con un proceso legal en curso ante el Juzgado Contravencional de Bribrí, bajo el expediente número 23-000190-1535-FC. En dicho proceso, se ha solicitado la imposición de medidas cautelares contra el señor [Nombre 003]. Como parte de este procedimiento, el Juzgado ha emitido una orden en la que se establece textualmente lo siguiente: “2) Se le ordena a [Nombre 003] abstenerse de iluminar la vivienda del ofendido con las luces led; así como poner las bocinas música y otros ruidos a muy alto volumen, con el fin de no afectar la tranquilidad del ofendida [Nombre 001], quien es una persona adulta mayor.” NOVENO: Que durante la inspección efectuada el día 08 de agosto del presente año, no fue posible establecer contacto con ninguna de las partes involucradas. Ante esta situación, se procedió a consultar a vecinos cercanos a la vivienda del denunciado, siendo el centro educativo Escuela Monteverde el más próximo. El inspector fue atendido por la directora del centro, quien manifestó que la música proveniente de la vivienda del denunciado no afecta las actividades escolares, dado que la distancia entre ambas propiedades es de aproximadamente 100 metros. Asimismo, indicó que ha visto al señor [Nombre 003] en solo dos ocasiones, ya que este brinda el servicio de mantenimiento de las zonas verdes del centro educativo. La directora sugirió que, posiblemente, se podría localizar al señor [Nombre 004] a través del presidente de la Junta de Educación. No obstante, señaló que también resulta difícil contactarlo telefónicamente, debido a problemas con la señal en la zona y a que, por las características montañosas de la comunidad, muchas viviendas se encuentran alejadas del centro educativo Aspecto que en los próximos días estaremos seguimiento de nuestra parte a través de la Junta de Educación para realizar las acciones técnicas legales del caso. Cabe manifestar que la directora indicó, que el señor [Nombre 004], no permanece continuamente en el país por los problemas que tiene con los vecinos, por lo cual se mantiene yendo y vieniendo de su país de origen a Costa Rica. DÉCIMO: Que para cumplir con el debido procedimiento de las mediciones de sonometría se debe contactar a los denunciantes y al denunciado, esto por cuanto el proceso incluye la medición del ruido ambiental y de la fuente, utilizando la escala de ponderación adecuada para el tipo de ruido (lento para continuo, rápido para variable, impulso para impacto). En este contexto, es necesario que el denunciado colabore apagando las fuentes de sonido durante la medición. Las inspecciones realizadas hasta la fecha no han sido satisfactorias, debido a que no se ha logrado establecer contacto con los denunciantes ni con el denunciado, lo cual ha impedido cumplir adecuadamente con el procedimiento de atención de denuncias por ruido y vibraciones. Esta situación ha dificultado la aplicación de las metodologías técnicas requeridas para la medición de sonometría. En particular, no ha sido posible contactar al señor [Nombre 003] en ninguna de las visitas efectuadas, lo que ha imposibilitado el abordaje técnico correspondiente y ha limitado el avance en la gestión del caso. UNDÉCIMO: Que las viviendas de los recurrentes como la del recurrido se encuentran ubicadas en una zona montañosa de difícil acceso. El camino que conduce al sitio es de superficie de tierra, con tramos irregulares que incluyen pendientes pronunciadas y descensos considerables. Estas condiciones obligan a transitar a una velocidad reducida por razones de seguridad, lo cual incrementa significativamente el tiempo de desplazamiento. Por lo anterior, cualquier diligencia relacionada con la presente denuncia debe ser programada con la debida antelación y contar con vehículos apropiados para transitar en terrenos rurales y accidentados. Para mayor conocimiento señalo las coordenadas expuestas en el presente escrito del punto de referencia (Escuela Monteverde) indicado por la denunciante en la dirección indicada en el formulario unificado de denuncia (San Rafael de Bordón, detrás de la escuela al lado del cementerio, casa color blanca), son las siguientes: P37V+Q8P, Limón, Pandora, San Rafael. Con el fin de demostrar a la Honorable Sala lo inaccesible de forma expedita. DUODÉCIMO: Que, en atención al presente recurso de amparo, se hace de conocimiento de la Honorable Sala que la respuesta fue emitida fuera del plazo establecido, por un error involuntario de nuestra parte y además por la complejidad particular del caso en cuestión que se han dado los descargos del caso para mejor proveer a la sala. La denuncia referida ha presentado serias dificultades operativas y jurídicas para su abordaje, dado que el denunciado reside en una propiedad privada ubicada en zona montañosa, completamente cerrada, con dificultad de acceso, señal telefónica inestable, falta de facilidad de comunicación, lo cual ha imposibilitado el contacto directo por parte de las autoridades competentes. En este contexto, la Administración se ha visto en la necesidad de realizar un análisis exhaustivo sobre las vías legales y procedimentales viables para atender la denuncia sin vulnerar derechos fundamentales, lo cual ha requerido un tiempo adicional razonable. Por tanto, se solicita a esta Sala tener por justificada la demora, en virtud de la imposibilidad material y legal de actuar de forma inmediata, y en resguardo del debido proceso y la legalidad administrativa”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- CUESTIÓN PRELIMINAR: Previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en cuanto a este particular se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta por contaminación sónica que presuntamente no ha sido atendida. Aclarado el punto, se entra a resolver este particular por el fondo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO: Los recurrentes alegan que son vecinos de [...]. Refieren que, en marzo de 2022, el señor [Nombre 003], quien es su vecino, colocó con dirección hacia su casa cámaras de seguridad, así como luces LED y grandes parlantes, los cuales permanecen encendidos generando escándalo de día y de noche. Explican que su vecino [Nombre 004] es de nacionalidad austriaca y, aun cuando se va a su país de origen, deja el escándalo debido a que controla los dispositivos por medios tecnológicos. Acusan que no tienen privacidad alguna, por lo que han tenido que cerrar las puertas y ventanas de su casa por 3 años. Acotan que han denunciado la situación ante el Ministerio Público, así como ante el Ministerio de Salud, pero la problemática persiste. Refieren que [Nombre 004] no obedece a las autoridades e incluso se escapa de su propiedad cuando las autoridades llegan al inmueble.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)    Que el 06 de julio del 2022 la recurrente presentó ante la Unidad Organizativa del Ministerio de Salud una denuncia contra el señor [Nombre 003], por ruido, luces y cámaras que presuntamente están dirigidas a su casa de habitación (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nb)    Que en fecha  29 de julio de 2022 las autoridades del Ministerio de Salud realizaron la primera inspección -durante dicha diligencia, no fue posible verificar los hechos denunciados, ya que la vivienda del señor Erwin, denunciado, se encontraba cerrada- (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nc)    Que en fecha 22 de octubre del 2022 a las ser las 15:45 horas las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una segunda inspección de acuerdo con el horario indicado por la denunciante -durante dicha visita se observa el lugar cerrado y se escucha música a la distancia proveniente de la casa de habitación del denunciado- (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nd)    Que al no tener éxito con los llamados verbales desde el exterior de la propiedad se procede hacer un recorrido por los alrededores de la propiedad donde se logró observar lo siguiente: cuenta aproximadamente con cinco cámaras de vigilancia, 3 de ellas están dirigidas a la casa vecina (de la denunciante) y las dos restantes parecen ser de tipo 360° y están ubicados hacia la calle; junto a las cámaras están las luces tipo LED y están dirigidas a la casa vecina (de la denunciante). La casa del señor [Nombre 004], tiene una distancia aproximadamente de 30 a 50 metros a la casa de los señores [Nombre 001] y [Nombre 002] -el inspector se mantuvo en el sitio durante una hora aproximadamente, pero no se obtuvo respuesta ni fue atendido por ninguna de las partes a pesar de que se llamó reiteradamente, por lo cual no se logró realizar las mediciones sónicas correspondientes- (ver informe de la autoridad recurrida).\n\ne)    Que en fechas 17 de julio del 2023 y el 18 de agosto de 2023 la recurrente presentó nuevamente dos denuncias ante el Ministerio de Salud por los mismos hechos denunciados (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nf)      Que en fechas 30 de agosto y 04 de setiembre del 2023 las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una inspección por parte de otra funcionaria de equipo de Regulación de la Salud, donde se encontraron los siguientes hechos: 1. Durante la visita del 30 de agosto del 2023 se percibió el principal problema denunciado, por ruidos y vibraciones. Desde la propiedad del señor [Nombre 004], se percibió música muy alta, lo cual incluía gritos, estruendos y sonidos de instrumentos muy escandalosos lo cual coincide con el género musical heavy metal y rock pesado. Según testimonio de la señora Cabrera, indicó ver salir en el carro al señor [Nombre 004], además, indica que vive solo; por este motivo al momento de la inspección no se encontraba nadie en la casa de habitación que atendiera y permitiera el ingreso a la propiedad. 2. Durante la visita realizada el día 04 de septiembre de 2023 a las 13:30 horas, se contó con el equipo necesario para efectuar las pruebas de sonometría. Dicho equipo fue facilitado en calidad de préstamo por la Dirección de Área Rectora de Salud (DARS) de Turrialba, para el período comprendido entre el 01 y el 05 de septiembre de 2023. Esto se debió a que el equipo de sonometría perteneciente a la DARS Talamanca no se encontraba debidamente calibrado (ver informe de la autoridad recurrida).\n\ng)    Que el  25 de noviembre de 2023 las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una visita de inspección por parte de una funcionaria del equipo de Regulación de la Salud en el inmueble de la denunciante -el objetivo de la inspección era realizar mediciones de sonometría desde la vivienda de los afectados; sin embargo la inspección no se pudo realizar porque no se obtuvo respuesta de los denunciantes- (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nh)    Que los denunciantes han incorporado al expediente administrativo del Ministerio de Salud información relacionada con un proceso legal en curso ante el Juzgado Contravencional de Bribrí, bajo el expediente número 23-000190-1535-FC (ver informe de la autoridad recurrida).\n\ni)       Que en el proceso judicial número 23-000190-1535-FC se emitió una orden indicando lo siguiente: “2) Se le ordena a [Nombre 003] abstenerse de iluminar la vivienda del ofendido con las luces led; así como poner las bocinas música y otros ruidos a muy alto volumen, con el fin de no afectar la tranquilidad del ofendida [Nombre 001], quien es una persona adulta mayor” (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nIV.- SOBRE EL FONDO: Esta Sala reiteradamente se ha pronunciado sobre la contaminación sónica y su relación tanto con el derecho a la salud, como con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De esta forma, en la sentencia No. 2017-18054 de las 9:20 horas de 10 de noviembre de 2017, se indicó:\n\n“II.- SOBRE LA CONTAMINACIÓN SÓNICA, Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA SALUD, EL DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD (DERECHO A LA TRANQUILIDAD).- Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración. Existen varios tipos de contaminación, uno de ellos está referido a la contaminación sónica producida por el ruido. El ruido es considerado como una de la formas de agresión al ambiente que aumenta las incomodidades en una sociedad cada vez más industrializada. Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica. Para abordar tal problemática el Estado debe diseñar políticas contra esa clase de contaminación atmosférica, dirigidas a proteger a las personas de la exposición excesiva al ruido. En relación con las políticas para aminorar y evitar la contaminación sónica así como para promover la protección de los valores jurídicamente relevantes que en este caso se ven involucrados, que son el medio ambiente y la salud, la Sala observa que si bien sobresalen esfuerzos normativos al respecto, al Estado costarricense le ha sido difícil estructurar un conjunto de normas que permitan hacer frente al problema del ruido así como diseñar y poner en práctica un plan de reducción del ruido que permita controlar de manera más eficiente el fenómeno ambiental. Tal carencia normativa no es un problema particular de nuestro país, pues el ruido se presenta de difícil tratamiento dado en primer lugar a su naturaleza temporal, no acumulativa y a la clara dispersión de sus agentes contaminadores, -nótese que el ruido proviene de un sinnúmero de fuentes que atacan las diversas situaciones en las que se desenvuelve el individuo (calle, lugar de trabajo, vivienda, hospitales, zonas comerciales, parques, escuelas, etcétera). Es claro que el problema del ruido se agudiza debido tanto a la dispersión y aumento de las fuentes de contaminación así como al desarrollo de la industria, de la construcción, relacionado con el grado de urbanización y densidad de la red vial, entre otros factores. A lo anterior se suma que el diseño de la política ambiental no ha concedido prioridad a este tipo de contaminación, que como se dijo, es de difícil tratamiento, y a los problemas relativos a su definición; razones todas que han obstaculizado el control del ruido. No existe en nuestro ordenamiento jurídico, una normativa general que contemple todas las principales cuestiones relacionadas con el tema, sino que se cuenta con dispersas y variadas normas contenidas en diferentes cuerpos normativos entre las que destaca la Ley Orgánica del Ambiente, que es la No.7554 de 4 de octubre de 1995, que concede al ruido un lugar en los artículos 59 a 63 del Capítulo XV denominado \"Contaminación\" y en el que incorpora el principio precautorio de manera genérica al indicar que compete al Estado adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental (artículo 59). El artículo 60 en su inciso e) recoge también el principio precautorio específicamente en materia de contaminación acústica y dota de competencia al Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, debiendo dar prioridad al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, entre los que destaca el control de la contaminación sónica. Se refuerza el principio precautorio en los artículos 61 y 63 referente el primero a contingencia ambiental y según el cual la autoridad competente dictará las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando sucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén contempladas en esta ley. El artículo 63 de la ley de cita dispone el procedimiento y medidas a tomar para la prevención y control del deterioro de la atmósfera, y para disminuir y controlar las emisiones que sobrepasen los límites permisibles. Por su parte, la Ley General de Salud dispone en su artículo 302 la protección de la exposición a los ruidos al señalar que ningún establecimiento industrial podrá funcionar si sus labores constituyen un elemento de peligro, insalubridad o incomodidad para la vecindad \"... ya sea por las condiciones de manutención del local en que funciona, por la forma o sistemas que emplea en la realización de sus operaciones, por la forma o sistema que utiliza para eliminar los desechos, residuos o emanaciones resultantes de sus faenas, o por los ruidos que produce la operación.\" En el último párrafo del artículo 294, la Ley General de Salud se incluye al ruido como elemento susceptible de provocar la contaminación de la atmósfera en los siguientes términos: \"Será asimismo considerada como contaminación atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio.\" El Legislador costarricense ha previsto sanciones de tipo penal, específicamente mediante el artículo 390 inciso 2 del Código Penal, aplicables a los transgresores de los umbrales y franjas de contaminación tolerables de ruido. La legislación laboral protege también a los trabajadores expuestos a decibelios altos en sus lugares de trabajo, lo que hace mediante el Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones, que es Decreto Ejecutivo número 10541 de 14 de setiembre de 1979 elaborado por el Consejo de Seguridad e Higiene del Trabajo del Ministerio de Trabajo, y el Reglamento para Contratación Laboral y Condiciones Salud Ocupacional de Adolescentes N°29220-MTSS (artículos 6 y 7); con el propósito de prevenir problemas de audición de los trabajadores que laboran en locales de trabajo en que los ruidos superan los límites establecidos. Por su parte, de forma general para el control del ruido se encuentra el Decreto Ejecutivo 28718 del 15 de junio del 2000 que es “Reglamento para el control de contaminación por ruido” donde se establecen los niveles de ruido permitidos y las entidades competentes para su control. A nivel supranacional la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992 plantea los lineamientos a seguir para combatir la contaminación sónica. Las normas citadas si bien dispersas, están todas dirigidas a combatir desde diferentes flancos (ambiental, penal, laboral, salubridad, internacional) la agresión directa y cotidiana al derecho al medio ambiente, provocada por la contaminación sónica como parte de la contaminación de la atmósfera, concepto definido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Ambiente como: \"(…) la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento.\" La normativa citada ejemplifica los esfuerzos realizados en materia de control de ruido que sirve de vehículo para preservar el medio ambiente, tema que está indisolublemente vinculado o conectado con otros derechos constitucionales, como el derecho a la salud, siendo una de las finalidades principales del medio ambiente, la protección de la salud. De este punto de confluencia entre el medio ambiente y la salud, puede entonces decirse que un deterioro ambiental por exceso de ruido afecta al bienestar de las personas y puede provocar daño a su salud, lo que justifica plenamente, a pesar de las evidentes dificultades que presenta el tema, la regulación de este agente contaminador. Así entonces, la realización de ciertas actividades que eventualmente generen contaminación sónica se encuentran limitadas por respeto de la intimidad, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. Entre las entidades estatales llamadas a velar por estos derechos están la Policía, la Municipalidad y el Ministerio de Salud, principalmente este último quien tiene la potestad de determinar la existencia de contaminación sónica. La policía tiene a su cargo el resguardo del orden público, la Municipalidad el deber de verificación los permisos para operar y el Ministerio de Salud le corresponde la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución”.\n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Del informe rendido por la autoridad recurrida el cual es dado bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que el 06 de julio del 2022 la recurrente presentó ante la Unidad Organizativa del Ministerio de Salud una denuncia contra el señor [Nombre 003], por ruido, luces y cámaras que presuntamente están dirigidas a su casa de habitación. Se acreditó que en fecha  29 de julio de 2022 las autoridades del Ministerio de Salud realizaron la primera inspección -durante dicha diligencia, no fue posible verificar los hechos denunciados, ya que la vivienda del señor Erwin, denunciado, se encontraba cerrada-. Quedó demostrado que en fecha 22 de octubre del 2022 a las ser las 15:45 horas las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una segunda inspección de acuerdo con el horario indicado por la denunciante -durante dicha visita se observa el lugar cerrado y se escucha música a la distancia proveniente de la casa de habitación del denunciado-. Se evidenció que al no tener éxito con los llamados verbales desde el exterior de la propiedad se procede hacer un recorrido por los alrededores de la propiedad donde se logró observar lo siguiente: cuenta aproximadamente con cinco cámaras de vigilancia, 3 de ellas están dirigidas a la casa vecina (de la denunciante) y las dos restantes parecen ser de tipo 360° y están ubicados hacia la calle; junto a las cámaras están las luces tipo LED y están dirigidas a la casa vecina (de la denunciante). La casa del señor [Nombre 004], tiene una distancia aproximadamente de 30 a 50 metros a la casa de los señores [Nombre 001] y [Nombre 002] -el inspector se mantuvo en el sitio durante una hora aproximadamente, pero no se obtuvo respuesta ni fue atendido por ninguna de las partes a pesar de que se llamó reiteradamente, por lo cual no se logró realizar las mediciones sónicas correspondientes-. Se indicó que en fechas 17 de julio del 2023 y el 18 de agosto de 2023 la recurrente presentó nuevamente dos denuncias ante el Ministerio de Salud por los mismos hechos denunciados. Se afirmó que en fechas 30 de agosto y 04 de setiembre del 2023 las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una inspección por parte de otra funcionaria de equipo de Regulación de la Salud, donde se encontraron los siguientes hechos: 1. Durante la visita del 30 de agosto del 2023 se percibió el principal problema denunciado, por ruidos y vibraciones. Desde la propiedad del señor [Nombre 004], se percibió música muy alta, lo cual incluía gritos, estruendos y sonidos de instrumentos muy escandalosos lo cual coincide con el género musical heavy metal y rock pesado. Según testimonio de la señora Cabrera, indicó ver salir en el carro al señor [Nombre 004], además, indica que vive solo; por este motivo al momento de la inspección no se encontraba nadie en la casa de habitación que atendiera y permitiera el ingreso a la propiedad. 2. Durante la visita realizada el día 04 de septiembre de 2023 a las 13:30 horas, se contó con el equipo necesario para efectuar las pruebas de sonometría. Dicho equipo fue facilitado en calidad de préstamo por la Dirección de Área Rectora de Salud (DARS) de Turrialba, para el período comprendido entre el 01 y el 05 de septiembre de 2023. Esto se debió a que el equipo de sonometría perteneciente a la DARS Talamanca no se encontraba debidamente calibrado. Quedó probado que el  25 de noviembre de 2023 las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una visita de inspección por parte de una funcionaria del equipo de Regulación de la Salud en el inmueble de la denunciante -el objetivo de la inspección era realizar mediciones de sonometría desde la vivienda de los afectados; sin embargo la inspección no se pudo realizar porque no se obtuvo respuesta de los denunciantes-. Se constató que los denunciantes han incorporado al expediente administrativo del Ministerio de Salud información relacionada con un proceso legal en curso ante el Juzgado Contravencional de Bribrí, bajo el expediente número 23-000190-1535-FC. Finalmente se tuvo por cierto que en el proceso judicial número 23-000190-1535-FC se emitió una orden indicando lo siguiente: “2) Se le ordena a [Nombre 003] abstenerse de iluminar la vivienda del ofendido con las luces led; así como poner las bocinas música y otros ruidos a muy alto volumen, con el fin de no afectar la tranquilidad del ofendida [Nombre 001], quien es una persona adulta mayor”. En conclusión, es cierto que los recurrentes han presentado varias denuncias ante el Ministerio de Salud contra el señor [Nombre 003], por ruido, luces y cámaras que presuntamente están dirigidas a su casa de habitación y que, a la fecha no han sido resueltas. Por su parte la autoridad recurrida aduce que “Las inspecciones realizadas hasta la fecha no han sido satisfactorias, debido a que no se ha logrado establecer contacto con los denunciantes ni con el denunciado, lo cual ha impedido cumplir adecuadamente con el procedimiento de atención de denuncias por ruido y vibraciones” y que “la denuncia referida ha presentado serias dificultades operativas y jurídicas para su abordaje, dado que el denunciado reside en una propiedad privada ubicada en zona montañosa, completamente cerrada, con dificultad de acceso, señal telefónica inestable, falta de facilidad de comunicación, lo cual ha imposibilitado el contacto directo por parte de las autoridades competentes”. Partiendo de lo anterior es posible tener por cierto que pese al tiempo transcurrido las denuncias planteadas en fechas 06 de julio del 2022, 17 de julio del 2023 y 18 de agosto de 2023 a la fecha no han sido resueltas. Ante ese panorama y tomando en cuenta que es el Ministerio de Salud el competente  para realizar la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución  el recurso deviene procedente con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ EN CUANTO LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente indica que son vecinos de [...]. Refieren que, en marzo de 2022, el señor [Nombre 003], quien es su vecino, colocó con dirección hacia su casa cámaras de seguridad, así como luces LED y grandes parlantes, los cuales permanecen encendidos generando escándalo de día y de noche. Explican que su vecino [Nombre 004] es de nacionalidad austriaca y, aun cuando se va a su país de origen, deja el escándalo debido a que controla los dispositivos por medios tecnológicos. Acusan que no tienen privacidad alguna, por lo que han tenido que cerrar las puertas y ventanas de su casa por tres años. Refieren que han denunciado la situación ante el Ministerio Público, así como ante el Ministerio de Salud, pero la problemática persiste. Refieren que [Nombre 004] no obedece a las autoridades e incluso se escapa de su propiedad cuando las autoridades llegan al inmueble.\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE: Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Jennifer Jones Villiers, en calidad de Directora Área Rectora en Salud de Talamanca, o a quien en su lugar desempeñe el cargo, que, dentro del plazo de UN MES contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia y coordine lo necesario para realizar la inspección  y mediciones sónicas que se requieren a fin de resolver en forma definitiva la problemática denunciada por la recurrente. Lo anterior, bajo la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.  Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlejandro Delgado F.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n RE5IGXEKZIQ61\n\nEXPEDIENTE N° 25-020598-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:57:32.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Ruling No. 26586 - 2025**\n\n**Date of Ruling:** August 22, 2025, at 09:15\n**Case File:** 25-020598-0007-CO\n**Drafted by:** Fernando Cruz Castro\n**Type of Matter:** Amparo remedy\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\nJudgment with separate note\n\nRelevance Indicators\n\nRelevant judgment\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\nContent of Interest:\nStrategic Themes: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights\nType of content: Majority vote\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\nTopic: ENVIRONMENT\nSubtopics:\nNOISE POLLUTION.\nTopic: PRIVACY\nSubtopics:\nRIGHT TO PRIVACY.\nTopic: EXECUTIVE BRANCH\nSubtopics:\nCOMPLAINT.\n\n026586-25. PRIVACY. ENVIRONMENT. EXECUTIVE BRANCH. A RESIDENT OF TALAMANCA ACCUSES THAT A NEIGHBOR PUT UP SECURITY CAMERAS AND LARGE SPEAKERS THAT PLAY MUSIC AT HIS HOUSE, DISTURBING THE NEIGHBORS' TRANQUILITY, AND DESPITE HER COMPLAINTS, THE AUTHORITIES ARE NOT DOING WHAT IS REQUIRED. THE REMEDY IS GRANTED. THE DIRECTOR OF THE TALAMANCA GOVERNING HEALTH AREA IS ORDERED TO, WITHIN ONE MONTH, CONDUCT THE INSPECTION AND NOISE MEASUREMENTS REQUIRED IN ORDER TO DEFINITIVELY RESOLVE THE PROBLEM REPORTED BY THE PETITIONER. VCG09/2025\n\n“(…) IV.- ON THE MERITS: This Sala has repeatedly ruled on noise pollution (contaminación sónica) and its relationship with both the right to health and the right to a healthy and ecologically balanced environment. Thus, in judgment No. 2017-18054 of 9:20 a.m. on November 10, 2017, it stated:\n\n“II.- ON NOISE POLLUTION (CONTAMINACIÓN SÓNICA), AND ITS RELATIONSHIP WITH THE RIGHT TO HEALTH, THE RIGHT TO ENJOY AN ENVIRONMENT FREE FROM POLLUTION, AND THE RIGHT TO PRIVACY (RIGHT TO TRANQUILITY).- This Sala has recognized that both the right to health and the right to an environment free from pollution -without which the former could not be effective- are fundamental rights, such that it is the obligation of the State to provide for their protection, either through general policies to achieve that end, or through specific actions by the Administration. There are several types of pollution, one of which refers to noise pollution (contaminación sónica) produced by noise. Noise is considered one of the forms of aggression against the environment that increases discomfort in an increasingly industrialized society. Noise nuisances affect people's quality of life and health, as they can bring physiological and psychological consequences, especially in the face of persistent serious acoustic pollution. To address this problem, the State must design policies against this type of atmospheric pollution, aimed at protecting people from excessive exposure to noise. Regarding the policies to reduce and prevent noise pollution (contaminación sónica) as well as to promote the protection of the legally relevant values involved in this case, which are the environment and health, the Sala observes that although regulatory efforts in this regard stand out, the Costa Rican State has found it difficult to structure a set of rules to deal with the problem of noise as well as to design and implement a noise reduction plan that allows for more efficient control of the environmental phenomenon. This regulatory deficiency is not a particular problem of our country, as noise is difficult to treat given, first of all, its temporary, non-cumulative nature and the clear dispersion of its polluting agents - note that noise comes from countless sources that attack the various situations in which the individual operates (street, workplace, home, hospitals, commercial areas, parks, schools, etc.). It is clear that the noise problem is exacerbated due to both the dispersion and increase of pollution sources as well as the development of industry and construction, related to the degree of urbanization and density of the road network, among other factors. Added to the above is that the design of environmental policy has not given priority to this type of pollution, which, as stated, is difficult to treat, and to the problems related to its definition; all reasons that have hindered noise control. In our legal system, there is no general regulation that covers all the main issues related to the matter; instead, there are scattered and varied rules contained in different regulatory bodies, among which the Organic Environmental Law, No. 7554 of October 4, 1995, stands out, granting noise a place in articles 59 to 63 of Chapter XV called 'Pollution' and in which it incorporates the precautionary principle generically by indicating that it is the responsibility of the State to adopt the necessary measures to prevent or correct environmental pollution (article 59). Article 60, subsection e), also incorporates the precautionary principle specifically in matters of acoustic pollution and empowers the State, municipalities, and other public institutions, to prevent and control environmental pollution, having to give priority to the establishment and operation of adequate services in areas fundamental to environmental health, among which the control of noise pollution (contaminación sónica) stands out. The precautionary principle is reinforced in articles 61 and 63, the first referring to environmental contingency and according to which the competent authority will dictate the necessary preventive and corrective measures when environmental pollution contingencies and others not contemplated in this law occur. Article 63 of the cited law provides the procedure and measures to be taken for the prevention and control of the deterioration of the atmosphere, and to reduce and control emissions that exceed permissible limits. For its part, the General Health Law provides in its article 302 for the protection from exposure to noise by stating that no industrial establishment may operate if its work constitutes an element of danger, unhealthiness, or discomfort for the neighborhood '... whether due to the maintenance conditions of the premises where it operates, the form or systems it uses in carrying out its operations, the form or system it uses to eliminate waste, residues, or emanations resulting from its work, or due to the noise produced by the operation.' In the last paragraph of article 294, the General Health Law includes noise as an element capable of causing atmospheric pollution in the following terms: 'The emission of sounds that exceed internationally accepted and officially declared standards by the Ministry shall also be considered atmospheric pollution.' The Costa Rican Legislature has provided for criminal sanctions, specifically through article 390, subsection 2 of the Penal Code, applicable to transgressors of tolerable pollution thresholds and ranges for noise. Labor legislation also protects workers exposed to high decibels in their workplaces, which it does through the Regulation for the Control of Noise and Vibrations, which is Executive Decree No. 10541 of September 14, 1979, prepared by the Council of Occupational Safety and Hygiene of the Ministry of Labor, and the Regulation for Labor Contracting and Occupational Health Conditions of Adolescents No. 29220-MTSS (articles 6 and 7); with the purpose of preventing hearing problems for workers working in workplaces where noise exceeds established limits. For its part, in general for noise control, there is Executive Decree 28718 of June 15, 2000, which is the 'Regulation for the Control of Noise Pollution' where permitted noise levels and the entities competent for their control are established. At the supranational level, the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in June 1992 sets out the guidelines to follow to combat noise pollution (contaminación sónica). The cited rules, although scattered, are all aimed at combating from different flanks (environmental, criminal, labor, health, international) the direct and daily aggression against the right to the environment, caused by noise pollution (contaminación sónica) as part of atmospheric pollution, a concept defined in article 62 of the Organic Environmental Law as: '(…) the presence in it and in concentrations higher than the set permissible levels, of solid particles, dust, smoke, vapor, gases, foul odors, radiation, noise, imperceptible acoustic waves, and other polluting agents that the Executive Branch defines as such in the regulation.' The cited regulations exemplify the efforts made in the area of noise control that serve as a vehicle to preserve the environment, a matter that is indissolubly linked or connected with other constitutional rights, such as the right to health, one of the main purposes of the environment being the protection of health. From this point of confluence between the environment and health, it can then be said that environmental deterioration due to excess noise affects people's well-being and can cause damage to their health, which fully justifies, despite the evident difficulties the subject presents, the regulation of this polluting agent. Thus then, the carrying out of certain activities that may eventually generate noise pollution (contaminación sónica) is limited out of respect for privacy, the right to a healthy environment, and the right to health. Among the state entities called to safeguard these rights are the Police, the Municipality, and the Ministry of Health, mainly the latter which has the power to determine the existence of noise pollution (contaminación sónica). The police are responsible for maintaining public order, the Municipality has the duty to verify operating permits, and the Ministry of Health is responsible for inspection and noise measurement (medición sónica) -among other necessary procedures-, in order to be able to duly determine whether the health problem of pollution is indeed occurring, as well as to establish any measures that are technically appropriate for its solution.”\n\nV.- ON THE SPECIFIC CASE: From the report issued by the respondent authority, which is given under the solemnity of an oath with the legal consequences it implies, it is clear that on July 06, 2022, the petitioner filed a complaint before the Organizational Unit of the Ministry of Health against Mr. [Name 003], for noise, lights, and cameras that are allegedly directed at her home. It was proven that on July 29, 2022, the authorities of the Ministry of Health conducted the first inspection -during this proceeding, it was not possible to verify the reported facts, as the home of the reported individual, Mr. Erwin, was closed-. It was demonstrated that on October 22, 2022, at 3:45 p.m., the authorities of the Ministry of Health conducted a second inspection according to the schedule indicated by the complainant -during this visit, the place is observed to be closed and music is heard in the distance coming from the reported individual's home-. It was evidenced that, not having success with verbal calls from outside the property, a tour of the surroundings of the property was conducted where the following was observed: it has approximately five surveillance cameras, 3 of them are directed at the neighbor's house (the complainant's) and the remaining two appear to be 360° type and are located facing the street; next to the cameras are LED-type lights and they are directed at the neighbor's house (the complainant's). The house of Mr. [Name 004] is approximately 30 to 50 meters from the house of Mr. and Mrs. [Name 001] and [Name 002] -the inspector remained on site for approximately one hour, but no response was obtained nor was he attended to by any of the parties despite repeated calls, therefore the corresponding noise measurements (mediciones sónicas) could not be carried out-. It was indicated that on July 17, 2023, and August 18, 2023, the petitioner again filed two complaints before the Ministry of Health for the same reported facts. It was stated that on August 30 and September 04, 2023, the authorities of the Ministry of Health conducted an inspection by another official from the Health Regulation team, where the following facts were found: 1. During the visit of August 30, 2023, the main reported problem, noise and vibrations, was perceived. From the property of Mr. [Name 004], very loud music was perceived, which included shouting, booming sounds, and sounds of very raucous instruments, which coincides with the musical genre heavy metal and hard rock. According to the testimony of Mrs. Cabrera, she indicated seeing Mr. [Name 004] leave in his car; furthermore, she indicates he lives alone; for this reason, at the time of the inspection, no one was at the home to attend to and allow entry to the property. 2. During the visit conducted on September 4, 2023, at 1:30 p.m., the necessary equipment to carry out the sound level measurements (sonometría) was available. Said equipment was provided on loan by the Governing Health Area Directorate (Dirección de Área Rectora de Salud, DARS) of Turrialba, for the period from September 1 to 5, 2023. This was because the sound level measuring equipment (equipo de sonometría) belonging to the DARS Talamanca was not properly calibrated. It was proven that on November 25, 2023, the authorities of the Ministry of Health conducted an inspection visit by an official from the Health Regulation team at the complainant's property -the objective of the inspection was to take sound level measurements (mediciones de sonometría) from the affected parties' home; however, the inspection could not be carried out because no response was obtained from the complainants-. It was verified that the complainants have incorporated into the Ministry of Health's administrative case file information related to an ongoing legal process before the Contraventional Court of Bribrí, under case file number 23-000190-1535-FC. Finally, it was accepted as true that in judicial process number 23-000190-1535-FC, an order was issued stating the following: “2) [Name 003] is ordered to refrain from illuminating the victim's home with LED lights; as well as from playing music and other noises at very high volume on the speakers, in order not to affect the tranquility of the victim [Name 001], who is an older adult person”. In conclusion, it is true that the petitioners have filed several complaints before the Ministry of Health against Mr. [Name 003], for noise, lights, and cameras that are allegedly directed at their home and that, to date, have not been resolved. For its part, the respondent authority argues that “The inspections conducted to date have not been satisfactory, because it has not been possible to establish contact with the complainants or with the individual reported, which has prevented adequate compliance with the procedure for handling complaints regarding noise and vibrations” and that “the referred complaint has presented serious operational and legal difficulties for its handling, given that the reported individual resides on a private property located in a mountainous area, completely closed, with difficult access, unstable telephone signal, lack of ease of communication, which has made direct contact by the competent authorities impossible”. Based on the foregoing, it is possible to accept as true that despite the time elapsed, the complaints filed on July 06, 2022, July 17, 2023, and August 18, 2023, have to date not been resolved. Given this scenario and considering that it is the Ministry of Health that is competent to conduct the inspection and noise measurement (medición sónica) -among other necessary procedures-, in order to be able to duly determine whether the health problem of pollution is indeed occurring, as well as to establish any measures that are technically appropriate for its solution, the remedy is granted with the consequences indicated in the operative part of this judgment. (…)”\n\n... See more\nRelated Judgments\nContent of Interest:\nType of content: Majority vote\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\nTopic: 041- Effective judicial protection. Prompt and fulfilled justice\nSubtopics:\nNOT APPLICABLE.\nARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n“(…) I.- PRELIMINARY MATTER: Before analyzing the merits of the matter –for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure– it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines, established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws related to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– and to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, regarding this particular matter, an exception is presented, as it involves a complaint filed for noise pollution (contaminación sónica) that has allegedly not been addressed. Having clarified the point, we proceed to resolve this particular on the merits. (…)” VCG09/2025\n\n... See more\nContent of Interest:\nType of content: Separate note\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\nTopic: 041- Effective judicial protection. Prompt and fulfilled justice\nSubtopics:\nNOT APPLICABLE.\nVI.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Tribunal's thesis that when a person seeking justice alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Sala. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive responsibility to define its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Sala as exceptions, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVCG09/2025\n\n... See more\nContent of Interest:\nType of content: Separate note\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\nTopic: 049- Contentious-Administrative Jurisdiction\nSubtopics:\nNOT APPLICABLE.\nVII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. Nevertheless, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner indicates that they are neighbors of [...]. They report that, in March 2022, Mr. [Name 003], who is their neighbor, placed security cameras, as well as LED lights and large speakers facing their house, which remain on generating scandal day and night. They explain that their neighbor [Name 004] is of Austrian nationality and, even when he goes to his country of origin, he leaves the scandal running because he controls the devices through technological means. They claim they have no privacy whatsoever, so they have had to close the doors and windows of their house for three years. They report that they have reported the situation to the Public Ministry, as well as to the Ministry of Health, but the problem persists. They report that [Name 004] does not obey the authorities and even escapes from his property when the authorities arrive at the property.\n\nVCG09/2025\n\n... See more\nText of the ruling\n\n\n\nExp: 25-020598-0007-CO\nRes. No. 2025026586\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes of August twenty-two, two thousand twenty-five.\n\nAmparo remedy filed by [Name 001], ID card number [Value 001] and [Name 002], ID card number [Value 002], against the MINISTRY OF HEALTH.\n\nResultando:\n\n1.- By written submission filed in the Secretariat of this Sala at 11:50 a.m. on July 15, 2025, the petitioners file an amparo remedy against the Ministry of Health. They state that they are neighbors of [...]. They report that, in March 2022, Mr. [Name 003], who is their neighbor, placed security cameras, as well as LED lights and large speakers facing their house (i.e., that of the petitioners), which remain on generating scandal day and night. They explain that their neighbor [Name 004] is of Austrian nationality and, even when he goes to his country of origin, he leaves the scandal running because he controls the devices through technological means. They claim they have no privacy whatsoever, so they have had to close the doors and windows of their house for 3 years. They note that they have reported the situation to the Public Ministry, as well as to the Ministry of Health, but the problem persists. They report that [Name 004] does not obey the authorities and even escapes from his property when the authorities arrive at the property. They assert that their mental health is greatly deteriorated by this entire situation.\n\n2.- By ruling at 6:07 p.m. on July 28, 2025, this amparo remedy was admitted and a report was requested from THE DIRECTOR OF THE GOVERNING HEALTH AREA OF TALAMANCA OF THE MINISTRY OF HEALTH (see electronic record).\n\n3.- Jennifer Jones Villiers reports under oath, in her capacity as Director of the Governing Health Area of Talamanca (see electronic record), in the following terms: “FIRST: That on July 30 of this year, physical notification was received of the amparo remedy under case file No. 25-020598-0007-CO, whereby this Governing Health Area of Talamanca is granted a period of three business days to report on what has been done to the honorable Sala Constitucional of the Supreme Court of Justice. SECOND: That on July 06, 2022, a complaint signed by Mrs. [Name 002] was received before this Organizational Unit against Mr. [Name 003], for noise, lights, and cameras that are allegedly directed at the petitioners' home. THIRD: That once the complaint was received, inspections were conducted with the objective of verifying the reported facts. FOURTH: That during the first inspection conducted on July 29, 2022, the inspector was received by Mrs. [Name 002], complainant. During this proceeding, it was not possible to verify the reported facts, as the home of the reported individual, Mr. Erwin, was closed. Although the inspector made multiple verbal calls from outside the property, no response was obtained nor was it possible to establish contact with the reported individual. FIFTH: That on October 22, 2022, at 3:45 p.m., an inspection was conducted in accordance with the schedule indicated by the complainant with the objective of addressing the complaint according to the complainant's instructions. During this visit, the place is observed to be closed and music is heard in the distance coming from the reported individual's home. Not having success with verbal calls from outside the property, a tour of the surroundings of the property was conducted where the following was observed: it has approximately five surveillance cameras, 3 of them are directed at the neighbor's house (the complainant's) and the remaining two appear to be 360° type and are located facing the street; next to the cameras are LED-type lights and they are directed at the neighbor's house (the complainant's). The house of Mr. [Name 004] is approximately 30 to 50 meters from the house of Mr. and Mrs. [Name 001] and [Name 002]. The inspector remained on site for approximately one hour, but no response was obtained nor was he attended to by any of the parties despite repeated calls, therefore the corresponding noise measurements (mediciones sónicas) could not be carried out. It is worth mentioning that he was unable to enter the properties of the petitioners and the respondent. The approach by this Governing Health Area Talamanca is limited when the reported individual is on an inaccessible property and does not cooperate with the process, which greatly hinders the progress of administrative actions by the officials, and despite repeated attempts made by the competent authorities to establish contact with the reported individual, it has not been possible to do so, given that he resides on a completely closed property and has not responded to calls made verbally from outside. This situation has prevented the direct verification of the reported facts on site and the undertaking of the legal technical actions that correspond to this Ministry of Health, including the pertinent noise measurements (mediciones sónicas). SIXTH: That on July 17, 2023, and August 18, 2023, two complaints were again filed by the petitioners against the respondent, for the same reported facts. SEVENTH: That on August 30 and September 04, 2023, an inspection was conducted by another official from the Health Regulation team, where the following facts were found: 1. During the visit of August 30, 2023, the main reported problem, noise and vibrations, was perceived. From the property of Mr. [Name 004], very loud music was perceived, which included shouting, booming sounds, and sounds of very raucous instruments, which coincides with the musical genre heavy metal and hard rock. According to the testimony of Mrs. Cabrera, she indicated seeing Mr. [Name 004] leave in his car; furthermore, she indicates he lives alone; for this reason, at the time of the inspection, no one was at the home to attend to and allow entry to the property. 2. During the visit conducted on September 4, 2023, at 1:30 p.m., the necessary equipment to carry out the sound level measurements (sonometría) was available. Said equipment was provided on loan by the Governing Health Area Directorate (Dirección de Área Rectora de Salud, DARS) of Turrialba, for the period from September 1 to 5, 2023. This was because the sound level measuring equipment (equipo de sonometría) belonging to the DARS Talamanca was not properly calibrated. Upon arriving at the site, it was observed that all the installations were off, with no presence of noise or vibrations. The complainants attended to the official during the visit and stated that it was unusual for everything to remain off. Unable to contact the reported individual, the officials proceeded to leave the site. EIGHTH: That on November 25, 2023, an inspection visit was conducted by an official from the Health Regulation team. Prior to the inspection, an attempt was made to establish telephone contact with Mrs. Cabrera, complainant, using the number 4003-8250 corresponding to the DARS Talamanca office; however, it was not possible to locate her.\n\nThe purpose of the inspection was to carry out sonometry measurements from the home of the affected parties, taking advantage of the fact that for that weekend a sound level meter was available on loan from another Regional Directorate, because the DARS Talamanca's equipment had been uncalibrated for over a year. Upon arriving at the site, the intercom at the affected parties' property was used on three occasions, but no response was obtained and no one came out to assist the officials. During the visit, intermittent noises were perceived coming from the reported individual's home, which were audible from the outside and are described as strange sounds. The inspection could not be carried out effectively, as contact could not be established with the complainants or the reported individual. It is important to note that the complainants have incorporated into the administrative file information related to an ongoing legal process before the Juzgado Contravencional de Bribrí, under file number 23-000190-1535-FC. In that process, the imposition of precautionary measures against Mr. [Name 003] has been requested. As part of this procedure, the Court has issued an order literally stating the following: \"2) [Name 003] is ordered to refrain from illuminating the victim's home with LED lights; as well as from playing speakers, music, and other noises at very high volume, in order not to affect the tranquility of the victim [Name 001], who is an older adult.\" NINTH: That during the inspection carried out on August 8th of this year, it was not possible to establish contact with any of the involved parties. Faced with this situation, neighbors close to the reported individual's home were consulted, the nearest being the Escuela Monteverde educational center. The inspector was attended by the center's director, who stated that the music coming from the reported individual's home does not affect school activities, given that the distance between the two properties is approximately 100 meters. She also indicated that she has seen Mr. [Name 003] on only two occasions, as he provides maintenance services for the educational center's green areas. The director suggested that Mr. [Name 004] could possibly be located through the president of the Junta de Educación. However, she noted that it is also difficult to contact him by phone, due to signal problems in the area and because, due to the mountainous characteristics of the community, many homes are located far from the educational center. We will be following up on this aspect in the coming days through the Junta de Educación to carry out the corresponding technical legal actions. It should be noted that the director indicated that Mr. [Name 004] does not remain continuously in the country due to the problems he has with the neighbors, therefore he keeps coming and going from his country of origin to Costa Rica. TENTH: That in order to comply with the due procedure for sonometry measurements, contact must be made with the complainants and the reported individual, because the process includes measuring environmental noise and the source, using the appropriate weighting scale for the type of noise (slow for continuous, fast for variable, impulse for impact). In this context, it is necessary for the reported individual to cooperate by turning off the sound sources during the measurement. The inspections carried out to date have not been satisfactory, because contact has not been established with the complainants or the reported individual, which has prevented proper compliance with the procedure for handling noise and vibration complaints. This situation has hindered the application of the technical methodologies required for sonometry measurement. In particular, it has not been possible to contact Mr. [Name 003] in any of the visits made, which has made the corresponding technical approach impossible and has limited progress in managing the case. ELEVENTH: That the homes of the appellants, like that of the respondent, are located in a mountainous area of difficult access. The road leading to the site is a dirt surface, with irregular sections that include steep slopes and considerable descents. These conditions require traveling at a reduced speed for safety reasons, which significantly increases travel time. Therefore, any diligence related to this complaint must be scheduled with proper advance notice and have appropriate vehicles for traveling on rural and rugged terrain. For greater knowledge, I indicate the coordinates set forth in this writing of the reference point (Escuela Monteverde) indicated by the complainant at the address stated in the unified complaint form (San Rafael de Bordón, behind the school next to the cemetery, white house), which are as follows: P37V+Q8P, Limón, Pandora, San Rafael. In order to demonstrate to the Honorable Chamber the inaccessibility in an expeditious manner. TWELFTH: That, in attention to the present amparo appeal, the Honorable Chamber is made aware that the response was issued outside the established deadline, due to an involuntary error on our part and also due to the particular complexity of the case in question, for which the discharges of the case have been provided for the better provision of the Chamber. The referred complaint has presented serious operational and legal difficulties for its approach, given that the reported individual resides on a private property located in a mountainous area, completely closed, with difficult access, unstable telephone signal, and lack of communication facilities, which has made direct contact by the competent authorities impossible. In this context, the Administration has found it necessary to conduct an exhaustive analysis of the viable legal and procedural avenues to address the complaint without violating fundamental rights, which has required reasonable additional time. Therefore, this Chamber is requested to consider the delay justified, by virtue of the material and legal impossibility of acting immediately, and in safeguarding due process and administrative legality.\" It requests that the appeal be dismissed.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY ISSUE: Before analyzing the merits of the matter—due to the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, based on ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines, set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by the sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—and to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, regarding this particular matter, an exception scenario arises, as we are before a complaint filed for noise pollution that has allegedly not been addressed. Having clarified this point, we proceed to resolve this particular matter on its merits.\n\nII.- PURPOSE OF THE APPEAL: The appellants allege that they are neighbors of [...]. They state that, in March 2022, Mr. [Name 003], who is their neighbor, placed security cameras directed towards their house, as well as LED lights and large speakers, which remain on generating a scandal day and night. They explain that their neighbor [Name 004] is of Austrian nationality and, even when he goes to his country of origin, he leaves the scandal because he controls the devices through technological means. They claim that they have no privacy whatsoever, for which reason they have had to close the doors and windows of their house for 3 years. They note that they have reported the situation to the Ministerio Público, as well as to the Ministerio de Salud, but the problem persists. They state that [Name 004] does not obey the authorities and even escapes from his property when the authorities arrive at the building.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) That on July 6, 2022, the appellant filed a complaint with the Organizational Unit of the Ministerio de Salud against Mr. [Name 003], for noise, lights, and cameras that are allegedly directed at her dwelling house (see report of the respondent authority).\n\nb) That on July 29, 2022, the authorities of the Ministerio de Salud conducted the first inspection—during said diligence, it was not possible to verify the reported facts, as the home of Mr. Erwin, the reported individual, was closed—(see report of the respondent authority).\n\nc) That on October 22, 2022, at 3:45 p.m., the authorities of the Ministerio de Salud conducted a second inspection according to the schedule indicated by the complainant—during said visit, the place was observed closed and music was heard in the distance coming from the reported individual's dwelling house—(see report of the respondent authority).\n\nd) That upon failing to succeed with verbal calls from outside the property, a tour of the property's surroundings was conducted where the following was observed: it has approximately five security cameras, 3 of them are directed at the neighboring house (the complainant's) and the remaining two appear to be 360° type and are located facing the street; next to the cameras are LED-type lights and they are directed at the neighboring house (the complainant's). Mr. [Name 004]'s house is approximately 30 to 50 meters away from the house of Mr. [Name 001] and [Name 002]—the inspector remained on site for approximately one hour, but no response was obtained nor was he attended by any of the parties despite repeated calls, for which reason the corresponding sonic measurements could not be carried out—(see report of the respondent authority).\n\ne) That on July 17, 2023, and August 18, 2023, the appellant again filed two complaints with the Ministerio de Salud for the same reported facts (see report of the respondent authority).\n\nf) That on August 30 and September 4, 2023, the authorities of the Ministerio de Salud conducted an inspection by another official from the Health Regulation team, where the following facts were found: 1. During the visit on August 30, 2023, the main reported problem was perceived, regarding noise and vibrations. From Mr. [Name 004]'s property, very loud music was perceived, which included shouts, thunderous sounds, and very scandalous instrument sounds, which coincides with the heavy metal and hard rock musical genre. According to Mrs. Cabrera's testimony, she indicated seeing Mr. [Name 004] leaving in a car; furthermore, she indicates that he lives alone; for this reason, at the time of the inspection, no one was in the dwelling house to assist or allow entry to the property. 2. During the visit conducted on September 4, 2023, at 1:30 p.m., the necessary equipment was available to perform the sonometry tests. Said equipment was provided on loan by the Dirección de Área Rectora de Salud (DARS) of Turrialba, for the period between September 1 and 5, 2023. This was because the sonometry equipment belonging to the DARS Talamanca was not duly calibrated (see report of the respondent authority).\n\ng) That on November 25, 2023, the authorities of the Ministerio de Salud conducted an inspection visit by an official from the Health Regulation team at the complainant's property—the purpose of the inspection was to perform sonometry measurements from the affected parties' home; however, the inspection could not be carried out because no response was obtained from the complainants—(see report of the respondent authority).\n\nh) That the complainants have incorporated into the administrative file of the Ministerio de Salud information related to an ongoing legal process before the Juzgado Contravencional de Bribrí, under file number 23-000190-1535-FC (see report of the respondent authority).\n\ni) That in judicial process number 23-000190-1535-FC, an order was issued stating the following: \"2) [Name 003] is ordered to refrain from illuminating the victim's home with LED lights; as well as from playing speakers, music, and other noises at very high volume, in order not to affect the tranquility of the victim [Name 001], who is an older adult\" (see report of the respondent authority).\n\nIV.- ON THE MERITS: This Chamber has repeatedly ruled on noise pollution and its relationship with both the right to health and the right to a healthy and ecologically balanced environment. Thus, in ruling No. 2017-18054 of 9:20 a.m. on November 10, 2017, it was stated:\n\n\"II.- ON NOISE POLLUTION (CONTAMINACIÓN SÓNICA), AND ITS RELATIONSHIP WITH THE RIGHT TO HEALTH, THE RIGHT TO ENJOY AN ENVIRONMENT FREE OF POLLUTION, AND THE RIGHT TO PRIVACY (RIGHT TO TRANQUILITY).- This Chamber has recognized that both the right to health and the right to an environment free of pollution—without which the former could not be effective—are fundamental rights, and therefore it is the State's obligation to provide for their protection, either through general policies to achieve that end, or through concrete actions by the Administration. Several types of pollution exist, one of which refers to noise pollution (contaminación sónica) produced by noise. Noise is considered one of the forms of aggression against the environment that increases discomfort in an increasingly industrialized society. Noise nuisances affect people's quality of life and health, as they can bring physiological and psychological consequences, especially when faced with persistent severe acoustic pollution. To address this problem, the State must design policies against this class of atmospheric pollution, aimed at protecting people from excessive exposure to noise. In relation to the policies to reduce and prevent noise pollution (contaminación sónica) as well as to promote the protection of the legally relevant values involved in this case, which are the environment and health, the Chamber observes that although notable regulatory efforts stand out, the Costa Rican State has found it difficult to structure a set of norms to deal with the noise problem as well as to design and implement a noise reduction plan that allows for more efficient control of the environmental phenomenon. Such regulatory lack is not a particular problem for our country, as noise presents itself as difficult to treat due primarily to its temporary, non-cumulative nature and the clear dispersion of its polluting agents—note that noise comes from a myriad of sources that attack the various situations in which the individual develops (street, workplace, home, hospitals, commercial areas, parks, schools, etc.). It is clear that the noise problem worsens due to both the dispersion and increase in pollution sources as well as the development of industry, construction, related to the degree of urbanization and density of the road network, among other factors. Added to the above is that the design of environmental policy has not granted priority to this type of pollution, which, as stated, is difficult to treat, and to the problems relating to its definition; all reasons that have hindered noise control. Our legal system does not have a general regulation that contemplates all the main issues related to the topic, but rather has dispersed and varied norms contained in different regulatory bodies, among which the Ley Orgánica del Ambiente stands out, which is No. 7554 of October 4, 1995, which grants noise a place in articles 59 to 63 of Chapter XV called 'Pollution' and which generically incorporates the precautionary principle by indicating that it is the State's responsibility to adopt the necessary measures to prevent or correct environmental pollution (article 59). Article 60, subsection e), also incorporates the precautionary principle specifically in matters of acoustic pollution and grants competence to the State, municipalities, and other public institutions, to prevent and control environmental pollution, having to give priority to the establishment and operation of adequate services in fundamental areas for environmental health, among which the control of noise pollution (contaminación sónica) stands out. The precautionary principle is reinforced in articles 61 and 63, the first referring to environmental contingency and according to which the competent authority will dictate the necessary preventive and corrective measures when contingencies due to environmental pollution and others not contemplated in this law occur. Article 63 of the cited law provides the procedure and measures to be taken for the prevention and control of the deterioration of the atmosphere, and to reduce and control emissions that exceed permissible limits. For its part, the Ley General de Salud provides in its article 302 for the protection from exposure to noise by stating that no industrial establishment may operate if its work constitutes an element of danger, unhealthiness, or discomfort for the neighborhood '... whether due to the maintenance conditions of the premises in which it operates, due to the form or systems it uses in carrying out its operations, due to the form or system it uses to eliminate waste, residues, or emanations resulting from its tasks, or due to the noises produced by the operation.' In the last paragraph of article 294, the Ley General de Salud includes noise as an element susceptible to causing atmospheric pollution in the following terms: 'The emission of sounds that exceed internationally accepted standards and declared official by the Ministry shall also be considered as atmospheric pollution.' The Costa Rican Legislator has provided for criminal sanctions, specifically through article 390, subsection 2 of the Código Penal, applicable to transgressors of tolerable pollution thresholds and bands of noise. Labor legislation also protects workers exposed to high decibels in their workplaces, which it does through the Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones, which is Decreto Ejecutivo number 10541 of September 14, 1979, prepared by the Consejo de Seguridad e Higiene del Trabajo of the Ministerio de Trabajo, and the Reglamento para Contratación Laboral y Condiciones Salud Ocupacional de Adolescentes N°29220-MTSS (articles 6 and 7); with the purpose of preventing hearing problems for workers who work in workplaces where noise exceeds established limits. Furthermore, generally for noise control, there is Decreto Ejecutivo 28718 of June 15, 2000, which is the 'Reglamento para el control de contaminación por ruido' where permitted noise levels and the entities competent for their control are established. At the supranational level, the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in June 1992 sets out the guidelines to follow to combat noise pollution (contaminación sónica). The cited norms, although dispersed, are all aimed at combating from different fronts (environmental, criminal, labor, health, international) the direct and daily aggression against the right to the environment, caused by noise pollution (contaminación sónica) as part of atmospheric pollution, a concept defined in article 62 of the Ley Orgánica del Ambiente as: '(...) the presence in it and in concentrations higher than the fixed permissible levels, of solid particles, dust, smoke, vapor, gases, bad odors, radiation, noises, imperceptible acoustic waves, and other polluting agents that the Executive Branch defines as such in the regulation.' The cited regulations exemplify the efforts made in noise control matters that serve as a vehicle to preserve the environment, a topic that is indissolubly linked or connected with other constitutional rights, such as the right to health, one of the main purposes of the environment being the protection of health. From this point of confluence between the environment and health, it can then be said that environmental deterioration due to excess noise affects people's well-being and can cause damage to their health, which fully justifies, despite the evident difficulties the topic presents, the regulation of this polluting agent. Thus then, the performance of certain activities that eventually generate noise pollution (contaminación sónica) are limited out of respect for privacy, the right to a healthy environment, and the right to health. Among the state entities called to safeguard these rights are the Police, the Municipality, and the Ministerio de Salud, mainly the latter which has the power to determine the existence of noise pollution (contaminación sónica). The police are responsible for safeguarding public order, the Municipality has the duty to verify operating permits, and the Ministerio de Salud is responsible for sonic inspection and measurement—among other necessary diligences—, in order to be able to duly determine if the sanitary problem of pollution is effectively present, as well as to establish the eventual measures that are technically appropriate for its solution.\"\n\nV.- ON THE SPECIFIC CASE: From the report issued by the respondent authority, which is given under the solemnity of oath with the legal consequences that this implies, it follows that on July 6, 2022, the appellant filed a complaint with the Organizational Unit of the Ministerio de Salud against Mr. [Name 003], for noise, lights, and cameras that are allegedly directed at her dwelling house. It was accredited that on July 29, 2022, the authorities of the Ministerio de Salud conducted the first inspection—during said diligence, it was not possible to verify the reported facts, as the home of Mr. Erwin, the reported individual, was closed—. It was demonstrated that on October 22, 2022, at 3:45 p.m., the authorities of the Ministerio de Salud conducted a second inspection according to the schedule indicated by the complainant—during said visit, the place was observed closed and music was heard in the distance coming from the reported individual's dwelling house—. It was evidenced that upon failing to succeed with verbal calls from outside the property, a tour of the property's surroundings was conducted where the following was observed: it has approximately five security cameras, 3 of them are directed at the neighboring house (the complainant's) and the remaining two appear to be 360° type and are located facing the street; next to the cameras are LED-type lights and they are directed at the neighboring house (the complainant's). Mr. [Name 004]'s house is approximately 30 to 50 meters away from the house of Mr. [Name 001] and [Name 002]—the inspector remained on site for approximately one hour, but no response was obtained nor was he attended by any of the parties despite repeated calls, for which reason the corresponding sonic measurements could not be carried out—. It was indicated that on July 17, 2023, and August 18, 2023, the appellant again filed two complaints with the Ministerio de Salud for the same reported facts. It was affirmed that on August 30 and September 4, 2023, the authorities of the Ministerio de Salud conducted an inspection by another official from the Health Regulation team, where the following facts were found: 1. During the visit on August 30, 2023, the main reported problem was perceived, regarding noise and vibrations. From Mr. [Name 004]'s property, very loud music was perceived, which included shouts, thunderous sounds, and very scandalous instrument sounds, which coincides with the heavy metal and hard rock musical genre. According to Mrs. Cabrera's testimony, she indicated seeing Mr. [Name 004] leaving in a car; furthermore, she indicates that he lives alone; for this reason, at the time of the inspection, no one was in the dwelling house to assist or allow entry to the property. 2. During the visit conducted on September 4, 2023, at 1:30 p.m., the necessary equipment was available to perform the sonometry tests. Said equipment was provided on loan by the Dirección de Área Rectora de Salud (DARS) of Turrialba, for the period between September 1 and 5, 2023. This was because the sonometry equipment belonging to the DARS Talamanca was not duly calibrated. It was proven that on November 25, 2023, the authorities of the Ministerio de Salud conducted an inspection visit by an official from the Health Regulation team at the complainant's property—the purpose of the inspection was to perform sonometry measurements from the affected parties' home; however, the inspection could not be carried out because no response was obtained from the complainants—. It was verified that the complainants have incorporated into the administrative file of the Ministerio de Salud information related to an ongoing legal process before the Juzgado Contravencional de Bribrí, under file number 23-000190-1535-FC. Finally, it was taken as true that in judicial process number 23-000190-1535-FC, an order was issued stating the following: \"2) [Name 003] is ordered to refrain from illuminating the victim's home with LED lights; as well as from playing speakers, music, and other noises at very high volume, in order not to affect the tranquility of the victim [Name 001], who is an older adult.\" In conclusion, it is true that the appellants have filed several complaints with the Ministerio de Salud against Mr. [Name 003], for noise, lights, and cameras that are allegedly directed at their dwelling house and that, to date, they have not been resolved. For its part, the respondent authority argues that \"The inspections carried out to date have not been satisfactory, because contact has not been established with the complainants or the reported individual, which has prevented proper compliance with the procedure for handling noise and vibration complaints\" and that \"the referred complaint has presented serious operational and legal difficulties for its approach, given that the reported individual resides on a private property located in a mountainous area, completely closed, with difficult access, unstable telephone signal, and lack of communication facilities, which has made direct contact by the competent authorities impossible.\" Based on the foregoing, it is possible to take as true that, despite the time elapsed, the complaints filed on July 6, 2022, July 17, 2023, and August 18, 2023, have not been resolved to date. Faced with this situation and taking into account that it is the Ministerio de Salud that is competent to carry out the inspection and sonic measurement—among other necessary diligences—, in order to be able to duly determine if the sanitary problem of pollution is effectively present, as well as to establish the eventual measures that are technically appropriate for its solution, the appeal becomes admissible with the consequences indicated in the operative part of this ruling.\n\nVI.- NOTE OF MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Tribunal's thesis that when a party alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, the courts that must hear the legal dispute are the Administrative Litigation Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence.\n\nTherefore, except for those legal-constitutional disputes that this Court has itself recognized as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional proceeding for the protection of fundamental rights (amparo), in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's view that if the Public Administration has already intervened, their hearing and resolution falls to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do examine the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the petitioner states that they are neighbors of [...]. They report that, in March 2022, Mr. [Name 003], who is their neighbor, installed security cameras, as well as LED lights and large speakers, directed toward their house, which remain on, causing a disturbance (escándalo) day and night. They explain that their neighbor [Name 004] is of Austrian nationality, and even when he goes to his country of origin, the disturbance continues because he controls the devices through technological means. They allege that they have no privacy whatsoever, and have therefore had to keep the doors and windows of their house closed for three years. They state that they have reported the situation to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), as well as to the Ministry of Health (Ministerio de Salud), but the problem persists. They state that [Name 004] does not obey the authorities and even flees his property when the authorities arrive at the premises.\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE: The petitioner is warned that, should any paper document have been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 working days from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulations on the Electronic Case File before the Judiciary\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial) in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is granted. Jennifer Jones Villiers, in her capacity as Director of the Governing Health Area of Talamanca (Directora Área Rectora en Salud de Talamanca), or whoever holds the position in her stead, is ordered, within a period of ONE MONTH from the notification of this judgment, to carry out all actions within the scope of her authority and coordinate what is necessary to perform the inspection and sound measurements required in order to definitively resolve the problem reported by the petitioner. The foregoing, under warning that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon whoever receives an order that must be carried out or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to carry it out or have it carried out, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment proceeding of the contentious-administrative jurisdiction. Judge Castillo provides a note. Judge Salazar Alvarado provides a note. Notify.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlejandro Delgado F.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n RE5IGXEKZIQ61\n\nEXPEDIENTE No. 25-020598-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\nClassification prepared by the Constitutional Chamber of the Judiciary (SALA CONSTITUCIONAL). Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 08:57:32.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }