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  "id": "nexus-sen-1-0007-1324550",
  "citation": "Res. 23981-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Respuesta tardía a denuncia sobre uso de área comunal en Barva",
  "title_en": "Belated Response to Complaint on Communal Area Use in Barva",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por vecinos de la Urbanización Antiesquivo, Santa Lucía de Barva, contra la Municipalidad de Barva. Los recurrentes denunciaron que el 11 de marzo de 2025 presentaron una queja ante el alcalde sobre el uso del área comunal destinada a parque y facilidades comunales, donde alegaban descargas de arena, piedras, posibles desechos bituminosos, almacenamiento excesivo de materiales que superaba la altura de viviendas, contaminación sónica por ingreso de maquinaria en madrugadas y corta de árboles, todo lo cual ponía en riesgo la salud y el ambiente. Al no recibir respuesta, acudieron al amparo. La Sala comprobó que la municipalidad contestó la denuncia hasta el 9 de junio de 2025, después de la notificación del recurso, y que los aspectos de fondo fueron adecuadamente atendidos mediante informes técnicos. Por ello, declaró parcialmente con lugar el amparo únicamente por la demora injustificada en responder, y sin lugar en cuanto al fondo de las alegaciones, sin condenatoria en costas.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by residents of the Antiesquivo urbanization in Barva against the Municipality of Barva. Residents alleged that on March 11, 2025, they filed a complaint with the mayor regarding the use of a communal area for park and communal facilities, claiming discharges of sand, rocks, possible bituminous waste, excessive storage exceeding the height of nearby houses, noise pollution from early morning machinery, and tree felling, all allegedly endangering health and the environment. With no response, they sought constitutional relief. The Chamber found that the municipality answered the complaint on June 9, 2025, after being notified of the amparo, and that the substantive issues were adequately addressed through technical reports. The Chamber partially granted the amparo solely for the unjustified delay in responding, and denied the remaining claims, without awarding costs.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "01/08/2025",
  "year": "2025",
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    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
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    "contaminación ambiental",
    "legitimación difusa",
    "plantel municipal",
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    "ponderación de daños"
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      "article": "Art. 52",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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  "keywords_es": [
    "amparo",
    "Sala Constitucional",
    "municipalidad",
    "área comunal",
    "contaminación",
    "salud pública",
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    "afectación comunitaria"
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  "keywords_en": [
    "amparo",
    "Constitutional Chamber",
    "municipality",
    "communal area",
    "pollution",
    "public health",
    "administrative response",
    "community impact"
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  "excerpt_es": "Así las cosas, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que fue hasta la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo, que la autoridad recurrida dio respuesta a las solicitudes de la parte recurrente. Dicha contestación fue remitida el 9 de junio de 2025, mientras que la resolución que da curso a este proceso, fue notificada el 05 de junio anterior. Por lo expuesto, en cuanto dicho extremo lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia, pero sin condenatoria en costas, daños o perjuicios, de conformidad con lo establecido en la parte dispositiva de esta Sentencia.",
  "excerpt_en": "Thus, this Tribunal finds it proven, as indicated in the record, that it was only upon notification of the order admitting this amparo that the respondent authority responded to the petitioners' requests. The response was sent on June 9, 2025, while the order admitting this proceeding was notified on June 5 of the same year. Therefore, on this point, the appropriate course is to grant the amparo, under the terms set out in the operative part of this judgment, but without an award of costs, damages, or losses, as established herein.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The amparo is granted for the delay in responding to the complaint, but denied on the merits, with no award of costs.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el amparo por la demora en responder la denuncia, y sin lugar respecto del fondo de las alegaciones, sin condenatoria en costas."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "the respondent authority has implemented effective mitigation measures that nullify any significant risk to the health or quality of life of the residents of the Antiesquivo urbanization.",
      "quote_es": "la autoridad recurrida ha dispuesto mecanismos de mitigación eficaces que anulan cualquier riesgo significativo para la salud o la calidad de vida de los habitantes de la Urbanización Antiesquivo."
    },
    {
      "context": "Informe Gestión Ambiental",
      "quote_en": "there is no evidence of tree felling by the Municipality of Barva. The actions taken were solely to address a fortuitous event caused by adverse weather conditions.",
      "quote_es": "no existe evidencia de que se haya ejecutado una corta por parte de la Municipalidad de Barva. Las acciones realizadas corresponden exclusivamente a la atención de un evento fortuito provocado por condiciones climáticas adversas."
    },
    {
      "context": "Voto salvado del Magistrado Rueda Leal (X)",
      "quote_en": "In this case, I consider it appropriate for the competent Health Authority to inspect and pronounce on the reported problem, regarding community health.",
      "quote_es": "En el sub examine, estimo pertinente que el Área Rectora de Salud competente inspeccione y se pronuncie sobre el problema denunciado, en lo que concierne a la salud de la comunidad."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1324550",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 23981 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2025 a las 09:15\n\nExpediente: 25-014534-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-014534-0007-CO\n\nRes. Nº 2025023981\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del uno de agosto de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo presentado por Nombre42350 .  , cédula de identidad CED33740, Nombre42351  , cédula de identidad CED33741, Nombre42352 .  , cédula de identidad CED33742, Nombre42353  , cédula de identidad CED33743, Nombre42354  , cédula de identidad CED33744, y Nombre42355  , cédula de identidad CED33745, contra la MUNICIPALIDAD DE BARVA.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito agregado al expediente digital de la Sala a las 15:04 horas de 10 de junio de 2025, la parte recurrente presenta recurso de amparo contra la Municipalidad de Barva. Manifiesta que el 11 de marzo de 2025 varios vecinos plantearon ante el Alcalde recurrido una gestión en relación con el uso que se le está dando al área comunal \"Área de Facilidades Comunales\" ubicada en el Distrito de Santa Lucía, Urbanización Antiesquivo, mediante el cual indicaron lo siguiente: \"(…) Por ese medio los vecinos de la urbanización Antiesquivo, suscribientes de la presente, elevamos ante usted un reclamo por el problema que nos aqueja, debido al mal uso que se le está dando al área comunal (\"Área de Facilidades Comunales\") de la Urbanización. En relación con el estado y manejo que se realiza actualmente del área comunal (\"Área de Facilidades Comunales\") perteneciente al Residencial Antiesquivo, denunciamos en detalle lo siguiente que se ha observado: i. Descarga de arena, lastre y piedras. Estos materiales, comúnmente utilizados en la construcción, generan polvo en suspensión, ruido y alteraciones en el terreno, afectando el bienestar de quienes habitamos en el Residencial. Su acumulación inadecuada puede provocar erosión del suelo y escorrentías contaminantes hacia fuentes de agua cercanas. (…) La dispersión de polvo puede ocasionar problemas respiratorios en niños, adultos mayores y personas con alergias o asma, además de reducir la calidad del aire. ii. Posibles descargas de desechos de materiales al parecer bituminosos. Estos materiales, como el asfalto, el alquitrán y el betún, son derivados del petróleo y contienen compuestos químicos que pueden afectar el medioambiente y la salud de quienes viven en las cercanías. Su manipulación y almacenamiento inadecuados pueden generar emisiones contaminantes, lixiviación de sustancias tóxicas al suelo y al agua, así como olores y partículas que degradan la calidad del aire. (…) Además, la descarga de estos materiales en una zona próxima a viviendas representa un riesgo directo para la salud de los residentes, especialmente para niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios. Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) pueden provocar irritación en los ojos, garganta y pulmones, así como agravar enfermedades respiratorias. Sin dejar de lado, que la posible contaminación del suelo y el agua subterránea afectaría la calidad de vida de la comunidad, generando preocupación por el impacto ambiental y el deterioro del ecosistema local. Iii. Por su parte, el almacenamiento de todos estos materiales en el área comunal (\"Área de Facilidades Comunales\") ha alcanzado un nivel que supera la altura de las casas cercanas, generando un riesgo significativo de deslizamientos y afectaciones estructurales. La acumulación excesiva de estos materiales puede provocar desplazamientos inesperados, especialmente en épocas de lluvia, poniendo en peligro la seguridad de los residentes. Estos podrían caer en el parque infantil aledaño y en las viviendas más cercanas. Con los consecuentes daños a la integridad material y física de las personas. (…) iv. Además, también se ha observado el almacenamiento de materiales extraídos de alcantarillas, como lodo, arena y residuos, lo que representa un grave riesgo ambiental y sanitario para la comunidad. Estos desechos pueden contener sustancias tóxicas, metales pesados y materia orgánica en descomposición, lo que genera malos olores, proliferación de insectos y roedores, además de aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas. Además, la acumulación inadecuada de estos materiales puede provocar la contaminación del suelo y fuentes de agua cercanas, afectando la salud de los residentes. Por ello, los especialistas recomiendan que estos residuos sean manejados en un sitio especializado y alejado de áreas habitadas. (…) v. Por su parte, vagonetas cargadas, realizan descargas de materiales en las madrugadas que provocan contaminación sónica y pérdida de descanso a los vecinos y sobre todo a los adultos mayores. El transito constante de maquinaria pesada está generando contaminación acústica y riesgos de seguridad para los residentes. (…) vi. Además, la corta de árboles en el área comunal (Área de Facilidades Comunales\"), aunada al mal manejo de materiales acumulados, agrava aún más el impacto ambiental y la seguridad de los residentes. La eliminación de la vegetación natural aumenta el riesgo de erosión del suelo, deslizamientos y pérdida de biodiversidad, afectando el equilibrio del ecosistema local. Por su parte, la reducción de la cobertura arbórea disminuye la capacidad de absorción del agua de lluvia, lo que puede generar inundaciones y escorrentias contaminantes hacia las viviendas cercanas. Es fundamental frenar esta deforestación y garantizar un manejo responsable del entorno para proteger tanto el medioambiente como la calidad de vida de la comunidad. (…) vii. Como es de su conocimiento, según el censo de 2011, o sea hace 14 años; por lo que actualmente debe ser mucho mayor, el distrito de Santa Lucía, en el cantón de Barva, tenía una población de alrededor de 8000 habitantes y más de 2 mil viviendas. Este distrito abarca un área de 2,87 km2 y es principalmente una zona Residencial, con varias urbanizaciones como son las etapas de la Urbanización Antiesquivo. Por todo lo anterior exigimos a esa Municipalidad de manera URGENTE: 1. Que se rinda cuentas de manera escrita a los vecinos de la Urbanización Antiesquivo (petición que ya se ha realizado en ocasiones anteriores sin recibir respuesta clara y detallada al día de hoy), sobre la actividad y uso que se le está dando a esa área comunal del Residencial (de Facilidades Comunales) Y también indicar en qué plazo se informaría a los vecinos sobre este particular. 2. Además, solicitamos de manera urgente la detención del mal manejo de materiales acumulados en el área comunal (\"Área de Facilidades Comunales\") de nuestro Residencial, ya que representa un grave riesgo ambiental y sanitario. La descarga de arena, lastre, piedras y residuos extraídos de alcantarillas genera contaminación del aire y el suelo, además de la proliferación de plagas y malos olores. La acumulación excesiva de estos materiales ha sobrepasado el nivel de las viviendas cercanas, aumentando el peligro de deslizamientos y afectaciones estructurales, especialmente en épocas de lluvia. Esta problemática se ha visto agravada por la corta indiscriminada de árboles, lo que incrementa la erosión del suelo. La eliminación de la vegetación natural también afecta la biodiversidad y la calidad de vida de los residentes, al reducir la protección contra el polvo y la contaminación. 3. Por todas estas razones, reiteramos nuestro desacuerdo, como lo hemos hecho en múltiples ocasiones en años anteriores con el mal manejo que se está realizando del área comunal (\"Área de Facilidades Comunales\") perteneciente a este Residencial, y exigimos medidas inmediatas para frenar estas acciones y reubicar los materiales en un sitio adecuado, garantizando la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Nos permitimos recordarle al Sr Alcalde la Resolución de la Sala constitucional del 2022 sobre el tema acá tratado, N° 2022014177, Expediente 21-009158-0007-CO, en el que claramente la Sala indicó \"…que se han inobservado los derechos fundamentales de la recurrente y la comunidad vecina, pues es incuestionable el peligro y la contaminación que provocó permitir el uso de un terreno municipal para un fin que no estaba autorizado, en demérito de la salud de las personas y del medio ambiente. Por ello, desde la perspectiva constitucional, en el sub lite la Sala concluye que las acciones desplegadas por la Municipalidad de Barva, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente inadecuadas...\" Resaltamos también, y en vista de este antecedente que data del 2022, y en vista de lo descrito en el presente oficio, que las actividades que está desplegando la Municipalidad en la mencionada área comunal (Área de Facilidades), no enmarca dentro de una práctica urgente, temporal y excepcional, sino por el contrario en una práctica recurrente y permanente. Para el recibo de respuesta al presente reclamo y solicitud, y el plazo para ello de parte del Sr Alcalde, se tiene también presentes los derechos que nos asisten, previstos en la Constitución Política, la Ley de Administración Pública, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, la Ley de Regulación del Derecho de Petición y las interpretaciones de la Sala Constitucional. (…)\". Reclaman que, a la fecha de interposición de este recurso, no han obtenido respuesta alguna a lo solicitado.\n\n2.- Mediante resolución de las 15:31 horas de 27 de mayo de 2025, se da curso al amparo y se solicita informe al alcalde de la Municipalidad de Barva, sobre los hechos alegados por la recurrente.\n\n 3.- Informa bajo juramento Jorge Antonio Acuña Prado, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Barva, lo siguiente:\n\n “PRIMERO Y UNICO: NO ES PRECISO NO CIERTO EN PARTE. Indica la parte recurrente que en fecha 11 de marzo pasado \"... varios vecinos plantearon ante el Alcalde recurrido una gestión en relación con el uso que se le está dando al área comunal “Área de Facilidades Comunales” ubicada en el Distrito de Santa Lucia, Urbanización Antiesquivo, ...” requiriéndole varia información al respecto. De ello hay que aclarar que la nota, si bien es recibida efectivamente el día 11 de marzo del año 2025 en la Alcaldía Municipal, está fechada 03 de marzo de 2025, cuyo asunto lo determinan no solo como una solicitud de información, sino haciendo exigencias, sin demostrar fehacientemente, la ilegalidad o inconveniencia de las actividades desplegadas en el sitio, todas las cuales se han realizado siguiendo criterios técnicos y legales. Se acompaña la solicitud de unas fotografías, las cuales no determinan siquiera la fecha o fechas en que hubiesen sido tomadas, las cuales distan mucho de la realidad existente en el lugar, según se aprecia en las fotografías visibles a folio número 00000058 del Expediente de Alcaldía (donde se puede observar que el sitio ha sido intervenido y se ha realizado una inversión importante, dentro de un proceso licitatorio (Licitación Reducida) tramitado en el año 2024 denominado “Mejoremos Nuestros Parques, Extraordinario\" numero 2024LD-000019-0020300001), pues la finca no solamente es de facilidades comunales (para Plantel Municipal), sino también de juegos infantiles; como también citan un recurso de amparo anterior, tramitado con el Expediente Judicial número 21-009158-0007-CO y resuelto con el voto número 2022014177, sin deparar que el mismo se debía a un asunto de falta de solventar una situación temporal dada, lo cual se solventa aunque de manera inadecuada porque se hace durante el transcurso del plazo para rendir el respectivo informe a la Sala Constitucional, en razón de lo cual se declara con lugar sin condenatoria en daños, perjuicios ni costas. Determina la parte conclusiva de dicho Voto en lo conducente: \"... VI. - Conclusión. Como consecuencia de lo anterior, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, solo contra la Municipalidad de Barva, ya que la actuación impugnada fue resuelta con posterioridad a la notificación del recurso de amparo y sin especial condenatoria en costas, danos y perjuicios, como se indica a continuación. ...\" Luego en la parte resolutiva adiciona en lo que interesa: \"... Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra la Municipalidad de Barva, sin especial condenatoria en costas, danos y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Jara Velásquez suscribe nota en relación con la condenatoria en costas, danos y perjuicios. Los magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. ...” (ver folios desde el número 00000001 y hasta el folio número 00000030 del Expediente de Alcaldía). Por otra parte, como se puede ver, la solicitud hecha no se trata de una simple información, sino de información que además de compleja, requiere una labor de análisis y de revisión de lo alegado por varios departamentos municipales y su condensación en la Alcaldía Municipal, aunado al hecho que, en fecha 20 de mayo del año 2025 (véase folio número 00000031 del Expediente de Alcaldía), los interesados cambian el medio para atender notificaciones. Por tal motivo, con el oficio de la Alcaldía Municipal número MB-AMB-0444-2025 de fecha 09 de junio del año 2025 (visible a folios número 00000070 y 00000071 del Expediente de Alcaldía), se le remite a los vecinos las respuestas a sus inquietudes, brindándoles información detallada de inversiones hechas, la situación actual del sitio como Plantel Municipal (y como área de juegos infantiles), plantel que incluso está definido como uso permitido dentro del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del cantón de Barva, vigente desde el día 07 de diciembre del año 2023 (al ser publicado en el Alcance N°241 al diario oficial “La Gaceta” número 227 del siete de diciembre del año 2023), al estar en la Zona Institucional Existente Tipo C , la cual incluye la posibilidad de edificar un plantel municipal. También se desmiente algunos alegatos hechos por la parte acá recurrente en su nota de fecha 03 de marzo del 2025, sobre supuestos usos irregulares en el lugar tanto del supuesto uso de maquinaria en horas de la madrugada, como del alegado depósito de materiales contaminantes y mala manipulación y almacenamiento, a la vez que se les aclara la situación de una poda (no corta) de un árbol en un hecho fortuito único y producto de un evento durante una emergencia. La respuesta que se les informa y notifica al último medio dado para atender notificaciones; es decir al correo electrónico de los vecinos del lugar: ...1762, con el supra citado oficio número MB-AMB-0444-2025 con los informes que en cada caso rinden para atender las consultas los siguientes departamentos técnicos municipales: A) Arquitecto Andrés Alfaro Cambronero, Encargado de Proyectos de Inversión e Ingeniera Yency Montero González, del Departamento de Obras Civiles, quienes con el oficio número MB-ING-PINV026-2025 de fecha 09 de junio del año 2025 (apreciables a folios número 00000057 y 00000058 del Expediente de Alcaldía), informan sobre la inversión realizada en el lugar, con detalle del procedimiento licitatorio seguido al efecto en el año 2024 tal cual ya se ha adelantado, acompañado de fotografías que plasman las inversiones efectuadas en la parte de la finca de interés de la parte recurrente que como se ha indicado de previo, no es únicamente para facilidades comunales, sino también para el área de juegos infantiles de la Urbanización Antiesquivo, ultima la cual ha sido la mejorada por la Municipalidad. B) Ingeniero José Fabio Barrantes, jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, quien con el oficio número MB-UTGVM-0106-202 de fecha 06 de junio del año 2025 (localizable a folios que corren desde el número 00000059 y hasta el folio número 00000061 del Expediente de Alcaldía), informa que: desde el 2009, el área ha funcionado exclusivamente para el almacenamiento de materiales requeridos por los contratos para el mantenimiento vial y acueducto municipal, as! mismo contamos con permiso sanitario de funcionamiento mediante el número de registro MS-DRRSCN-DARSSRB 374-2021 habitualmente se encuentran: a. Arena y piedra para mezclas de concreto simple, b. Material Perfilado, utilizados en estabilización de carretera. c. Tubería de concreto en diámetros que van de 450 mm a 1000 mm, destinada al cambio o extensión de sistemas pluviales del cantón, d. Bloques de concreto e. Base y subbase granular para la conformación de carpetas asfálticas y estabilización de terraplenes. Además; ante los cuestionamientos realizados por el tema de ingreso de maquinaria en horas de la madrugada de esto la operatividad del predio se rige por los lineamientos siguientes: a. Solo se permiten descargas de materiales adquiridos por la Municipalidad o por contratistas debidamente autorizados bajo contratos suscritos conforme a la Ley General de Contratación Pública N.° 9986. b. El horario de descarga y utilización de los materiales se restringe contractualmente de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., con el objeto de mitigar afectaciones a la comunidad, así como para garantizar la seguridad vial en la calle de acceso. c. El depósito de insumos bituminosos (asfalto caliente o frio) no se realiza en este sitio. ...” Además agrega: \"... KJIHGFEDCBA 1. Descarga y acumulación de arena, lastre y piedras que generan polvo, ruido alteraciones del terreno. Los vecinos alegan que la descarga de arena, lastre y piedras, materiales comunes en construcción, provoca polvo en suspensión, ruido y alteraciones en el terreno adyacente, poniendo en riesgo la salud respiratoria y la estabilidad del suelo. Si bien es cierto que las actividades de carga y descarga de áridos pueden generar partículas, esta Municipalidad ha implementado protocolos infernos para contrarrestar dichos impactos: c. Horarios de operación: Tal y como se establece en las condiciones contractuales, las descargas de áridos se restringen a un horario exclusivo de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., de lunes a viernes. con ello se busca aprovechar las horas de mayor ventilación natural y limitar la exposición de la población a la circulación de camiones y ruido asociado. d. Distancia a viviendas: La ubicación de los puños de agregado que puedan desprender partículas de polvo, según mediciones realizada se encuentran a más de 50 metros de las primeras viviendas, dicha distancia, sumada a la orientación de vientos prevalecientes (del noreste hacia el suroeste, minimiza prácticamente cualquier derivación de polvo hacia la zona residencial. La acumulación de materiales se organiza en pilas con altura máxima de 2.5 metros, nunca sobrepasando la altura de una vivienda promedio (aprox. 3 metros); el diseño de apilamiento considera una pendiente de talud máximo de 1:2 (vertical: horizontal), lo cual garantiza la estabilidad de los apilamientos y descarta posibilidad de movimiento repentino. En resumen, aunque la carga y descarga de áridos conlleve emisiones de polvo y ruido razonables, esta Municipalidad ha dispuesto mecanismos de mitigación eficaces (riego constante, ubicación lejana de viviendas, apilamiento seguro y horarios controlados) que anulan cualquier riesgo significativo para la salud o la calidad de vida de los habitantes de la Urbanización Antiesquivo. 2. Presunta descarga de desechos bituminosos (asfalto, alquitran, betun) Los vecinos afirman que. en el Área de Facilidades Comunales, podrían descargarse desechos bituminosos derivados del asfalto y otros compuestos petroquímicos, los cuales, según su criterio, pondrían en riesgo el medio ambiente y la salud de la comunidad. En dicho predio no se acopia m deposita en esta área ningún tipo de desecho bituminoso, la gestión del asfalto y subproductos derivados (betun, alquitran) se realiza a través de una planta asfáltica que subcontrata la municipalidad y no producimos o almacenamos. Por tanto, no existe. ni ha existido, vertido de residuos bituminosos, descartando cualquier riesgo de lixiviación de compuestos orgánicos volátiles (COV), contaminación de aguas subterráneas o emisión de olores tóxicas para la población circundante. 3. Acumulación excesiva de materiales que supera la altura de viviendas y riesgo de deslizamientos Se alega que el volumen de materiales depositados ha alcanzado una cota superior a la de las casas cercanas, infringiendo normas de seguridad y exponiendo a deslizamientos de tierra que podrían impactar el parque infantil o viviendas. Como se ha explicado anteriormente, el apilamiento de áridos (lastre, arena y material de perfilado) se mantiene a una altura máxima de 2,5 metros, esta medida no supera la altura de una vivienda típica de dos niveles (aproximadamente 5 metros), por lo que la afirmación de que \"supera la altura de las casas cercanas\" no corresponde con la realidad; además, no se ha considerado que el terreno es de tipo rocoso y debido a su topografía, se encuentra naturalmente más elevado que las propiedades vecinas, lo que puede generar una percepción visual errónea. En cuanto al tema de limpieza de alcantarillas, no existe ningún registro en la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) que indique el traslado de camiones con Iodo o residuos similares al predio de Santa Lucia. Por tanto, la acusación sobre el supuesto almacenamiento de lodos o residuos provenientes de alcantarillado en dicho terreno carece de fundamento y responde a una interpretación incorrecta de la situación. 4. Descargas de agregados en horas de madrugada y contaminación sónica Los vecinos aseveran que “vagonetas cargadas\" ingresan al área en horas de la madrugada para descargar materiales, generando contaminación acústica que afecta el descanso, especialmente de adultos mayores. De conformidad con las cláusulas contractuales establecidas en los Contratos de Conservación Vial se prohíbe terminantemente la circulación y descarga de materiales fuera del horario acordado (6:00 a.m. a 2:00 p.m.) de lunes a viernes; cualquier infracción a dicho horario constituye causal de multa al contratista. Por lo tanto, no hay registro de operaciones nocturnas ni descargas fuera de horario. C) Ingeniero Luis Rodríguez Salas, jefe de Catastro, Bienes Inmuebles y Valoración, quien con el oficio número DCBIV-0126-2025 de fecha 06 de junio del año 2025 (ubicable a folios del número 00000062 y hasta el folio número 00000064 del Expediente de Alcaldía), señala en lo que interesa: \"... - Que según la información que suministra el Registro de la Propiedad, la finca Folio Real 4111046- 000, se encuentra inscrita a nombre de Nombre42356  . y cuya naturaleza es DEST PARQUE Y FACILIDADES COMUNALES. -Que como indica la Ley de Planificación Urbana en su Capítulo V, artículos 42 y siguientes. que dicen: [...] CAPITULO KJIHGFEDCBA QUINTO Mapa Oficial Articulo 42 - El reglamento del Mapa Oficial establecerá las normas sobre reservas, adquisición, uso y conservación de las áreas necesarias para vías, parques, plazas, edificios y demás usos comunales, expresando la localización y el tamaño de las ya entregadas al servicio público y de las demarcadas solo preventivamente. Articulo 43.- El Mapa Oficial, junto con los pianos o el catastro que lo complemente, constituirá registro especial fehaciente sobre propiedad y afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos. Articulo 44.- El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial. El Registro citado pondrá ultimo asiento a aquellas fincas, restos o lotes que el propietario, en concepto de fraccionador, ceda al municipio por mandato de esta ley, si en el documento inscribible consta el destino público que se le da al inmueble y el Notario da fe del acuerdo municipal en que aprueba la cesión y se dispone entregar dicho bien a ese mismo destino. [...] -Que, por la naturaleza de dicha propiedad, el USO de esta se divide de la siguiente forma: De los 14081.58m2, que se indican en el piano catastrado, 2231.65m2 corresponden a PARQUE. el resto, o sea, los 11849.92m2 corresponden a FACILIDADES COMUNALES. -Que según el Plan Regulador del Cantón de Barva, publicado en el Alcance #241 del Diario Oficial La Gaceta # 227, el 07 de diciembre del ario 2023. el Reglamento de Zonificación en su CAPITULO DECIMO QUINTO: LA ZONA INSTITUCIONAL (ZIN), indica: [...] CAPITULO DECIMO QUINTO: LA ZONA INSTITUCIONAL (ZIN) Articulo 96-. La Zona Institucional tiene como fin delimitar y consolidar los terrenos que actualmente se dedican a la prestación de servicios públicos, así como delimitar las reservas territoriales para la expansión de estos usos en función del crecimiento esperado de la población, mejorando además su ubicación y distribución, sea para fines recreativos, culturales, de seguridad, salud, transporte público, servicios del Estado y otros. Consecuentemente, se consigna en el mapa de Zonificación como Zona Institucional Existente (ZIN-E) o como Zona Institucional Propuesta (ZIN-P) según corresponda; asimismo, en ambos casos comprende los siguientes tipos en función del uso previsto: • TIPO A: Educación, cultura, gobierno y religión. • TIPO B: Salud, seguridad, emergencias, cementerio. justicia. • TIPO C: Facilidades comunales, deporte. recreación, obras y servicios municipales que contempla los siguientes usos: cementerio municipal, plantel municipal, centro de acopio y compostaje, tanques y pozos municipales, planta de tratamiento y cualquier otro uso que la Municipalidad determine de interés local. [...] -Que por lo anterior, el uso de PLANTEL MUNICIPAL, en la propiedad Folio Real 4111046- 000, es un uso CONFORME, tal y como lo indica el articulo 96 antes citado: “ TIPO C: Facilidades comunales, deporte, recreación, obras y servicios municipales que contempla los siguientes usos: cementerio municipal, plantel KJIHGFEDCBA municipal, centro de acopio y compostaje, tanques y pozos municipales, planta de tratamiento y cualquier otro uso que la Municipalidad determine de interés local.\" (lo resaltado en negro y subrayado es nuestro). ...”  D) Licenciada Carolina Morales Sánchez, Jefa de Gestión Ambiental, quien con el oficio número GAM-071-2025 de fecha 06 de junio del año 2025 (ver folios del número 00000065 al 00000069 del Expediente de Alcaldía, aclara sobre la situación de la supuesta corta de árbol que no fue tal, sino una poda y luego un troceo y retiro de material vegetal caído, concluyendo que: “... no existe evidencia de que se haya ejecutado una corta por parte de la Municipalidad de Barva. Las acciones realizadas corresponden exclusivamente a la atención de un evento fortuito provocado por condiciones climáticas adversas y a la ejecución de tareas de limpieza para resguardar la seguridad de los vecinos afectados. Se adjunta informe GAM-INSP-005-2024. ...” De tal forma, ya la Municipalidad de Barva, con informes técnicos de sustento le ha contestado a los vecinos de la Urbanización Antiesquivo, notificándoles sobre todas y cada una de sus inquietudes y demandas, por lo que se impone y así pido de forma muy respetuosa, se declare este Recurso de Amparo sin lugar”.\n\n \n\n4.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la Jurisdicción Contencioso Administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la aparente falta de atención de denuncia por contaminación, por parte de la autoridad recurrida, relacionada con el uso que se le está dando al área comunal \"Área de Facilidades Comunales\" ubicada en el Distrito de Santa Lucía, Urbanización Antiesquivo, las cuales, presuntamente, no han sido resueltas dentro de un plazo razonable por parte de las autoridades accionadas que afectan a los vecinos de la zona. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente asegura que desde el 11 de marzo de 2025 varios vecinos presentaron una denuncia dirigida al alcalde de la Municipalidad de Barva, relacionada con el uso que se le está dando al área comunal \"Área de Facilidades Comunales\" ubicada en el Distrito de Santa Lucía, Urbanización Antiesquivo. Reclaman que, a la fecha de interposición de este recurso, no han obtenido respuesta alguna a lo solicitado.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n1)   El 11 de marzo de 2025 la parte recurrente presentó una denuncia ante la Municipalidad de Barva en la que expuso, lo siguiente: \"(…) Por ese medio los vecinos de la urbanización Antiesquivo, suscribientes de la presente, elevamos ante usted un reclamo por el problema que nos aqueja, debido al mal uso que se le está dando al área comunal (\"Área de Facilidades Comunales\") de la Urbanización. En relación con el estado y manejo que se realiza actualmente del área comunal (\"Área de Facilidades Comunales\") perteneciente al Residencial Antiesquivo, denunciamos en detalle lo siguiente que se ha observado: i. Descarga de arena, lastre y piedras. Estos materiales, comúnmente utilizados en la construcción, generan polvo en suspensión, ruido y alteraciones en el terreno, afectando el bienestar de quienes habitamos en el Residencial. Su acumulación inadecuada puede provocar erosión del suelo y escorrentías contaminantes hacia fuentes de agua cercanas. (…) La dispersión de polvo puede ocasionar problemas respiratorios en niños, adultos mayores y personas con alergias o asma, además de reducir la calidad del aire. ii. Posibles descargas de desechos de materiales al parecer bituminosos. Estos materiales, como el asfalto, el alquitrán y el betún, son derivados del petróleo y contienen compuestos químicos que pueden afectar el medioambiente y la salud de quienes viven en las cercanías. Su manipulación y almacenamiento inadecuados pueden generar emisiones contaminantes, lixiviación de sustancias tóxicas al suelo y al agua, así como olores y partículas que degradan la calidad del aire. (…) Además, la descarga de estos materiales en una zona próxima a viviendas representa un riesgo directo para la salud de los residentes, especialmente para niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios. Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) pueden provocar irritación en los ojos, garganta y pulmones, así como agravar enfermedades respiratorias. Sin dejar de lado, que la posible contaminación del suelo y el agua subterránea afectaría la calidad de vida de la comunidad, generando preocupación por el impacto ambiental y el deterioro del ecosistema local. Iii. Por su parte, el almacenamiento de todos estos materiales en el área comunal (\"Área de Facilidades Comunales\") ha alcanzado un nivel que supera la altura de las casas cercanas, generando un riesgo significativo de deslizamientos y afectaciones estructurales. La acumulación excesiva de estos materiales puede provocar desplazamientos inesperados, especialmente en épocas de lluvia, poniendo en peligro la seguridad de los residentes. Estos podrían caer en el parque infantil aledaño y en las viviendas más cercanas. Con los consecuentes daños a la integridad material y física de las personas. (…) iv. Además, también se ha observado el almacenamiento de materiales extraídos de alcantarillas, como lodo, arena y residuos, lo que representa un grave riesgo ambiental y sanitario para la comunidad. Estos desechos pueden contener sustancias tóxicas, metales pesados y materia orgánica en descomposición, lo que genera malos olores, proliferación de insectos y roedores, además de aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas. Además, la acumulación inadecuada de estos materiales puede provocar la contaminación del suelo y fuentes de agua cercanas, afectando la salud de los residentes. Por ello, los especialistas recomiendan que estos residuos sean manejados en un sitio especializado y alejado de áreas habitadas. (…) v. Por su parte, vagonetas cargadas, realizan descargas de materiales en las madrugadas que provocan contaminación sónica y pérdida de descanso a los vecinos y sobre todo a los adultos mayores. El transito constante de maquinaria pesada está generando contaminación acústica y riesgos de seguridad para los residentes. (…) vi. Además, la corta de árboles en el área comunal (Área de Facilidades Comunales\"), aunada al mal manejo de materiales acumulados, agrava aún más el impacto ambiental y la seguridad de los residentes. La eliminación de la vegetación natural aumenta el riesgo de erosión del suelo, deslizamientos y pérdida de biodiversidad, afectando el equilibrio del ecosistema local. Por su parte, la reducción de la cobertura arbórea disminuye la capacidad de absorción del agua de lluvia, lo que puede generar inundaciones y escorrentias contaminantes hacia las viviendas cercanas. Es fundamental frenar esta deforestación y garantizar un manejo responsable del entorno para proteger tanto el medioambiente como la calidad de vida de la comunidad. (…) vii. Como es de su conocimiento, según el censo de 2011, o sea hace 14 años; por lo que actualmente debe ser mucho mayor, el distrito de Santa Lucía, en el cantón de Barva, tenía una población de alrededor de 8000 habitantes y más de 2 mil viviendas. Este distrito abarca un área de 2,87 km2 y es principalmente una zona Residencial, con varias urbanizaciones como son las etapas de la Urbanización Antiesquivo. Por todo lo anterior exigimos a esa Municipalidad de manera URGENTE: 1. Que se rinda cuentas de manera escrita a los vecinos de la Urbanización Antiesquivo (petición que ya se ha realizado en ocasiones anteriores sin recibir respuesta clara y detallada al día de hoy), sobre la actividad y uso que se le está dando a esa área comunal del Residencial (de Facilidades Comunales) Y también indicar en qué plazo se informaría a los vecinos sobre este particular. 2. Además, solicitamos de manera urgente la detención del mal manejo de materiales acumulados en el área comunal (\"Área de Facilidades Comunales\") de nuestro Residencial, ya que representa un grave riesgo ambiental y sanitario. La descarga de arena, lastre, piedras y residuos extraídos de alcantarillas genera contaminación del aire y el suelo, además de la proliferación de plagas y malos olores. La acumulación excesiva de estos materiales ha sobrepasado el nivel de las viviendas cercanas, aumentando el peligro de deslizamientos y afectaciones estructurales, especialmente en épocas de lluvia. Esta problemática se ha visto agravada por la corta indiscriminada de árboles, lo que incrementa la erosión del suelo. La eliminación de la vegetación natural también afecta la biodiversidad y la calidad de vida de los residentes, al reducir la protección contra el polvo y la contaminación. 3. Por todas estas razones, reiteramos nuestro desacuerdo, como lo hemos hecho en múltiples ocasiones en años anteriores con el mal manejo que se está realizando del área comunal (\"Área de Facilidades Comunales\") perteneciente a este Residencial, y exigimos medidas inmediatas para frenar estas acciones y reubicar los materiales en un sitio adecuado, garantizando la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Nos permitimos recordarle al Sr Alcalde la Resolución de la Sala constitucional del 2022 sobre el tema acá tratado, N° 2022014177, Expediente 21-009158-0007-CO, en el que claramente la Sala indicó \"…que se han inobservado los derechos fundamentales de la recurrente y la comunidad vecina, pues es incuestionable el peligro y la contaminación que provocó permitir el uso de un terreno municipal para un fin que no estaba autorizado, en demérito de la salud de las personas y del medio ambiente. Por ello, desde la perspectiva constitucional, en el sub lite la Sala concluye que las acciones desplegadas por la Municipalidad de Barva, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente inadecuadas...\" Resaltamos también, y en vista de este antecedente que data del 2022, y en vista de lo descrito en el presente oficio, que las actividades que está desplegando la Municipalidad en la mencionada área comunal (Área de Facilidades), no enmarca dentro de una práctica urgente, temporal y excepcional, sino por el contrario en una práctica recurrente y permanente. Para el recibo de respuesta al presente reclamo y solicitud, y el plazo para ello de parte del Sr Alcalde, se tiene también presentes los derechos que nos asisten, previstos en la Constitución Política, la Ley de Administración Pública, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, la Ley de Regulación del Derecho de Petición y las interpretaciones de la Sala Constitucional. (…) (véase al respecto prueba aportada al expediente por la parte recurrente).\n\n2)   El 20 de mayo de 2025, el recurrente presentó un escrito ante la autoridad recurrida, solicitando que las notificaciones sean remitidas al correo electrónico: ...1762 (véase al respecto informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente digital).\n\n3)   La resolución de las 15:31 horas de 27 de mayo de 2025, la cual da curso al presente proceso, fue notificada a la autoridad recurrida el 05 de junio de 2025 (véanse acta de notificación).\n\n4)   Con ocasión a la notificación de este recurso, la autoridad recurrida emite el oficio N° MB-AMB-0444-2025 del 9 de junio de 2025, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Barva, en el que se indica: “… Reciba un cordial saludo. En atención al reclamo y solicitud sabre el uso que se le está dando al Área Comunal (área de facilidades comunales), ubicada en el distrito de Santa Lucia, Urbanización Antiesquivo. Por lo anterior se les adjunta los oficios MB-ING-PINV-026-2025, suscrito por los compañeros Arq. Andrés Alfaro Cambronero Encargado de Proyectos de inversión e Ing. Yency Montero González del Departamento de Obras, MB-UTGVM-0106-2025 suscrito por el Ing. Fabio Barrantes Morales Jefe de la Unidad Técnica Gestión Vial, DCBIV-0126- 2025 suscrito por el Ing. Luis Rodríguez Salas, jefe Catastro, Bienes Inmuebles y Valoración y el GAM-071-2025 suscrito por la Licda. Carolina Morales Sánchez de Gestión Ambiental, para su conocimiento”. Asimismo, dicha oficio fue remitido en esa misma fecha al correo electrónico: ...1762 (véase al respecto informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente digital).\n\n5)   Por oficio N° MB-ING-PINV-026-2025 del 9 de junio de 2025, suscrito por el arquitecto Andrés Alfaro Cambronero y la Ingeniera Yency Montero González, se indica, lo siguiente: “En el marco del procedimiento N°2024LD-000019-0020300001, publicado mediante la plataforma SICOP y promovido por la Municipalidad de Barva bajo la modalidad de Licitación Reducida, se ejecutó el proyecto denominado “Mejoremos Nuestros Parques, Extraordinario”, dirigido a la mejora y acondicionamiento del espacio público. En este contexto, se realizaron las siguientes intervenciones: 1. Instalación de un área de juegos infantiles (playground) con césped sintético de colores y bordillo de concreto prefabricado. 2. Construcción de 15 metros lineales de cerramiento con malla ciclón. 3. Mantenimiento integral de siete máquinas de ejercicio existentes. 4. Suministro e instalación de alumbrado solar, incluyendo un poste y una luminaria. 5. Construcción de 15 metros lineales de acera con acceso conforme a la Ley 7600. 6. Construcción de 25 metros lineales de cerramiento con tapia prefabricada de concreto. La inversión total ejecutada en el área municipal corresponde al monto de €29.172.085,00“ (véase al respecto informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente digital).\n\n6)   Mediante el oficio N° MB-UTGVM-0106-2025 del 06 de junio de 2025, suscrito por el ingeniero Fabio Barrantes Morales, se detalló, lo siguiente: “desde el 2009. el área ha funcionado exclusivamente para el almacenamiento de materiales requeridos por los contratos para el mantenimiento vial y acueducto municipal, así mismo contamos con permiso sanitario de funcionamiento mediante el número de registro MS-DRRSCN-DARSSRB 374-2021 habitualmente se encuentran: a. Arena y piedra para mezclas de concrete simple. b. Material Perfilado, utilizados en estabilización de carretera. c. Tubería de concreto en diámetros que van de 450 mm a 1000 mm, destinada al cambio o extensión de sistemas pluviales del cantón. d. Bloques de concreto e. Base y subbase granular para la conformación de carpetas asfálticas y estabilización de terraplenes. Además; ante los cuestionamientos realizados por el tema de ingreso de maquinaria en horas de la madrugada de esto la operatividad del predio se rige por los lineamientos siguientes: a. Solo se permiten descargas de materiales adquiridos por la Municipalidad o por contratistas debidamente autorizados bajo contratos suscritos conforme a la Ley General de Contratación Pública N° 9986. B. El horario de descarga y utilización de los materiales se restringe contractualmente de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., con el objeto de mitigar afectaciones a la comunidad, así como para garantizar la seguridad vial en la calle de acceso. C. El depósito de insumos bituminosos (asfalto caliente o frio) no se realiza en este sitio…” (véase al respecto informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente digital).\n\n7)   Mediante oficio N° GAM-071-2025 del 6 de junio de 2025, suscrito por el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Barva, se indica, lo siguiente: “… Se informe a que el Departamento de Gestión ambiental no ha realizado la corta de ningún árbol en el plantel municipal de Santa Lucía. No obstante, se ha estado involucrando en los siguientes procesos relacionados con la situación: Se recibió una denuncia relacionada con la corta de un árbol, la cual fue registrada mediante la Boleta de inspección N°1825 correspondiente a inspecciones para talar un árbol. 2. Se procedió a realizar la inspección correspondiente y se emitió el informe GAM-INSP-005-2025, cuya conclusión indica: “Se debe realizar poda de las ramas del lado del lindero para evitar daños en la infraestructura adyacente a la finca donde se encuentra el árbol”. Posteriormente, ingresó una incidencia reportado por la Comisión Municipal de Emergencias (CME) bajo el formulario N° 2025-01-25-01391, en el cual se indica lo siguiente: “Árbol cae sobre dos casas; no hay personas heridas. El árbol, ubicado en el plantel de la Municipalidad de Barva, cae sobre el techo y parte trasera de dos viviendas debido a fuertes vientos”. 4. En tención a dicho incidente, el Departamento de Obras Civiles procedió únicamente a trocear y retirar el material vegetal caído, como parte de las labores de respuesta y limpieza” (véase al respecto informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente digital).\n\nIV.- SOBRE LA GESTIÓN PRESENTADA EL 11 DE MARZO DE 2025. En el sub lite, la parte recurrente alega que el 11 de marzo de 2025 varios vecinos presentaron una denuncia dirigida al alcalde de la Municipalidad de Barva, relacionada con el uso que se le está dando al área comunal \"Área de Facilidades Comunales\" ubicada en el Distrito de Santa Lucía, Urbanización Antiesquivo. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, la gestión no ha sido atendida.\n\nAl respecto, la autoridad recurrida, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento – con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- expone que mediante el oficio N°MB-AMB-0444-2025 del 9 de junio de 2025, suscrito por el alcalde de la Municipalidad de Barva, se atendió las consultas planteadas por la parte recurrente. Añade que dicho oficio fue remitido en esa misma fecha, al medio establecido para tales efectos. Así las cosas, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que fue hasta la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo, que la autoridad recurrida dio respuesta a las solicitudes de la parte recurrente. Dicha contestación fue remitida el 9 de junio de 2025, mientras que la resolución que da curso a este proceso, fue notificada el 05 de junio anterior. Por lo expuesto, en cuanto dicho extremo lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia, pero sin condenatoria en costas, daños o perjuicios, de conformidad con lo establecido en la parte dispositiva de esta Sentencia.\n\nAhora bien, resulta necesario analizar cada uno de los puntos señalados por la parte recurrente en su denuncia. Dicho análisis se desarrollará en los considerandos siguientes, conforme corresponda, de acuerdo con lo informado bajo juramento por la autoridad recurrida.\n\nV.- SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES REQUERIDOS POR LOS CONTRATOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y ACUEDUCTO MUNICIPAL. En cuanto a dicho extremo, la autoridad recurrida informa que desde el año 2009, el área ha funcionado exclusivamente para el almacenamiento de materiales requeridos por los contratos para el mantenimiento vial y acueducto municipal, así mismo cuentan con permiso sanitario de funcionamiento mediante registro N° MS-DRRSCN-DARSSRB 374-2021. Además, señalan que la municipalidad recurrida ha implementado protocolos internos para contrarrestar los impactos ocasionados por las actividades de carga y descarga de áridos. Asimismo, tal y como se establece en las condiciones contractuales, las descargas de áridos se restringen a un horario exclusivo de 6:00 horas a 14:00 horas, de jueves a viernes, con ello se busca aprovechar las horas de mayor ventilación natural y limitar la exposición de la población a la circulación de camiones y ruido asociado. La ubicación de los puntos de agregado que puedan desprender partículas de polvo, según mediciones realizada se encuentran a más de cincuenta metros de las primeras viviendas, dicha distancia, sumada a la orientación de vientos prevalecientes del noreste hacia el suroeste, minimiza prácticamente cualquier derivación de polvo hacia la zona residencial.\n\nEn consecuencia, este Tribunal considera que la autoridad recurrida ha dispuesto mecanismos de mitigación eficaces que anulan cualquier riesgo significativo para la salud o la calidad de vida de los habitantes de la Urbanización Antiesquivo. Asimismo, en cuanto a la presunta descarga de desechos bituminosos se tiene por demostrado que, no se deposita en dicha área ningún tipo de desecho bituminosos, la gestión del asfalto y subproductos derivados se realiza a través de una planta asfáltica que subcontrata la municipalidad y no producen o almacenan. Ahora bien, en cuanto al tema de limpieza de alcantarillas, no existe ningún registro en la Unidad Técnica de Gestión Vial, que indique el traslado de camiones con iodo o residuos similares al predio de Santa Lucia. Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en cuanto dicho extremo.\n\nVI.- SOBRE LA CORTA DE ÁRBOLES EN EL ÁREA COMUNAL. La autoridad recurrida, bajo juramento, informa que el Departamento de Gestión Ambiental no ha efectuado la corta de ningún árbol dentro del plantel municipal de Santa Lucía. No obstante, ha participado en ciertos procesos vinculados con dicha temática. Tal es el caso de una denuncia relacionada con la corta de un árbol, la cual fue debidamente atendida mediante una inspección. Además, recibieron un reporte por parte de la Comisión Municipal de Emergencias sobre la caída de un árbol sobre dos viviendas; en atención a dicho incidente, el Departamento de Obras Civiles procedió exclusivamente a trocear y retirar el material vegetal caído, como parte de las labores de respuesta y limpieza. En conclusión, se tiene por acreditado que la autoridad recurrida ha proporcionado el apoyo y acompañamiento requeridos en los casos en que le fue solicitado. Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en cuanto dicho extremo.\n\nVII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: \"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)\", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta \"únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\". Se subraya que la Ley indica \"si fueren procedentes\", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: \"toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.\n\nVIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nIX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. No obstante, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que el recurrente asegura que ha denunciado, ante las autoridades recurridas, el uso que se le está dando al área comunal \"Área de Facilidades Comunales\" ubicada en el Distrito de Santa Lucía, Urbanización Antiesquivo, que presuntamente no ha sido resuelto en un plazo prudencial, lo que coloca en riesgo su integridad física y la de los vecinos de la zona, al eliminarse las barreras naturales que evitaban las inundaciones y deslizamientos.\n\n X.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub examine, estimo pertinente que el Área Rectora de Salud competente inspeccione y se pronuncie sobre el problema denunciado, en lo que concierne a la salud de la comunidad, visto que se alega que se está generando polvo en suspensión, ruido y acumulación de desechos, todo en perjuicio de los vecinos.\n\nXI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.  \n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:  \n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.  \n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:   \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  \n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.  \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.  \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:   \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.  \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. \n\nXII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nXIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios causados, únicamente en cuanto a la demora en brindar respuesta a la denuncia presentada por la recurrente desde el 25 de noviembre de 2024. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado consignan notas separadas. El magistrado Rueda Leal salva el voto, dispone continuar la tramitación del recurso, y ordena como prueba para mejor que el Área Rectora de Salud competente inspeccione y se pronuncie sobre el problema denunciado. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.-\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre137  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNombre152  C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n P9O0A4RDGA461\n\nEXPEDIENTE N° 25-014534-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:57:25.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**RESULTANDO:**\n\n**1.-** By written submission added to the Chamber's digital case file at 3:04 p.m. on June 10, 2025, the petitioners filed an amparo appeal against the Municipality of Barva. They state that on March 11, 2025, several neighbors filed a petition with the respondent Mayor regarding the use being made of the communal area \"Área de Facilidades Comunales\" located in the Santa Lucía District, Antiesquivo Residential Development, through which they indicated the following: \"(…) By this means, the neighbors of the Antiesquivo residential development, undersigned below, bring before you a complaint regarding the problem afflicting us, due to the misuse being made of the communal area ('Área de Facilidades Comunales') of the Residential Development. In relation to the current state and management of the communal area ('Área de Facilidades Comunales') belonging to the Antiesquivo Residential Community, we denounce in detail the following that has been observed: i. Dumping of sand, ballast, and stones. These materials, commonly used in construction, generate airborne dust, noise, and ground alterations, affecting the well-being of those of us who live in the Residential Community. Their inadequate accumulation can cause soil erosion and polluting runoff into nearby water sources. (…) The dispersion of dust can cause respiratory problems in children, older adults, and persons with allergies or asthma, in addition to reducing air quality. ii. Possible dumping of waste materials, apparently bituminous. These materials, such as asphalt, tar, and bitumen, are petroleum derivatives and contain chemical compounds that can affect the environment and the health of those living nearby. Their improper handling and storage can generate polluting emissions, leaching of toxic substances into the soil and water, as well as odors and particles that degrade air quality. (…) Furthermore, the dumping of these materials in an area close to homes represents a direct risk to the health of residents, especially children, older adults, and persons with respiratory problems. Emissions of volatile organic compounds (VOCs) can cause irritation to the eyes, throat, and lungs, as well as aggravate respiratory illnesses. Without disregarding that the possible contamination of the soil and groundwater would affect the community's quality of life, generating concern for the environmental impact and the deterioration of the local ecosystem. iii. For its part, the storage of all these materials in the communal area ('Área de Facilidades Comunales') has reached a level that exceeds the height of nearby houses, generating a significant risk of landslides and structural damage. The excessive accumulation of these materials can cause unexpected displacements, especially during rainy seasons, endangering the safety of residents. These could fall onto the adjacent children's playground and the nearest homes, with the consequent material and physical damage to persons. (…) iv. Furthermore, the storage of materials extracted from sewers, such as mud, sand, and waste, has also been observed, which represents a serious environmental and health risk for the community. This waste may contain toxic substances, heavy metals, and decomposing organic matter, which generates foul odors, proliferation of insects and rodents, in addition to increasing the risk of infectious diseases. Additionally, the inadequate accumulation of these materials can cause contamination of the soil and nearby water sources, affecting residents' health. For this reason, specialists recommend that this waste be managed at a specialized site, away from inhabited areas. (…) v. For its part, loaded dump trucks carry out material dumping in the early morning hours, causing noise pollution and loss of rest for neighbors, and especially for older adults. The constant transit of heavy machinery is generating noise pollution and safety risks for residents. (…) vi. Moreover, tree cutting in the communal area ('Área de Facilidades Comunales'), coupled with the poor management of accumulated materials, further aggravates the environmental impact and the safety of residents. The elimination of natural vegetation increases the risk of soil erosion, landslides, and loss of biodiversity, affecting the balance of the local ecosystem. For its part, the reduction of tree cover (cobertura arbórea) decreases the absorption capacity of rainwater, which can generate flooding and polluting runoff towards nearby homes. It is essential to halt this deforestation and guarantee responsible management of the environment to protect both the environment and the community's quality of life. (…) vii. As you are aware, according to the 2011 census, that is, 14 years ago—so currently it must be much larger—the Santa Lucía district, in the canton of Barva, had a population of around 8,000 inhabitants and more than 2,000 homes. This district covers an area of 2.87 km² and is mainly a residential zone, with several residential developments such as the phases of the Antiesquivo Residential Development. For all the foregoing reasons, we URGENTLY demand from this Municipality: 1. That a written account be rendered to the neighbors of the Antiesquivo Residential Development (a request that has already been made on previous occasions without receiving a clear and detailed response to date), regarding the activity and use being made of that communal area of the Residential Community (for Communal Facilities), AND also indicate within what timeframe the neighbors will be informed on this matter. 2. Additionally, we urgently request the cessation of the poor management of accumulated materials in the communal area ('Área de Facilidades Comunales') of our Residential Community, as it represents a serious environmental and health risk. The dumping of sand, ballast, stones, and waste extracted from sewers generates air and soil contamination, in addition to the proliferation of pests and foul odors. The excessive accumulation of these materials has exceeded the height level of nearby homes, increasing the danger of landslides and structural damage, especially during rainy seasons. This problem has been aggravated by the indiscriminate cutting of trees, which increases soil erosion. The elimination of natural vegetation also affects biodiversity and the quality of life of residents, by reducing protection against dust and pollution. 3. For all these reasons, we reiterate our disagreement, as we have done on multiple occasions in previous years, with the poor management being carried out of the communal area ('Área de Facilidades Comunales') belonging to this Residential Community, and we demand immediate measures to stop these actions and relocate the materials to a suitable site, guaranteeing the safety and well-being of our community. We take the liberty of reminding the Mayor of the Constitutional Chamber's Resolution from 2022 on the matter discussed herein, No. 2022014177, Expediente 21-009158-0007-CO, in which the Chamber clearly indicated '...that the fundamental rights of the petitioner and the neighboring community have been disregarded, as the danger and contamination caused by allowing the use of a municipal property for a purpose that was not authorized, to the detriment of people's health and the environment, is unquestionable. Therefore, from the constitutional perspective, in the sub lite case, the Chamber concludes that the actions carried out by the Municipality of Barva, within the framework of its competencies, have been clearly inadequate...' We also highlight, and in view of this precedent dating from 2022, and in view of what is described in this official communication, that the activities being carried out by the Municipality in the aforementioned communal area (Área de Facilidades), are not framed within an urgent, temporary, and exceptional practice, but rather on the contrary, within a recurring and permanent practice. For the receipt of a response to this complaint and request, and the deadline for it from the Mayor, the rights that protect us, provided for in the Political Constitution, the General Public Administration Act, the Citizen Protection against Excessive Administrative Requirements and Procedures Act, the Regulation of the Right of Petition Act, and the interpretations of the Constitutional Chamber, are also kept in mind. (…)\". They claim that, as of the date of filing this appeal, they have not obtained any response to what was requested.\n\n**2.-** By resolution at 3:31 p.m. on May 27, 2025, the amparo appeal is processed and a report is requested from the mayor of the Municipality of Barva regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n **3.-** Jorge Antonio Acuña Prado, in his capacity as mayor of the Municipality of Barva, reports under oath as follows:\n\n “FIRST AND ONLY: IT IS NOT ACCURATE, IT IS PARTIALLY UNTRUE. The petitioner indicates that on March 11 of this year '... several neighbors filed a petition with the respondent Mayor regarding the use being made of the communal area \"Área de Facilidades Comunales\" located in the Santa Lucía District, Antiesquivo Residential Development, ...' requesting various information in this regard. Regarding this, it must be clarified that the note, although it was effectively received on March 11, 2025, at the Mayor's Office, is dated March 3, 2025, the subject of which they determine not only as a request for information, but also by making demands, without reliably demonstrating the illegality or inconvenience of the activities carried out at the site, all of which have been performed following technical and legal criteria. The request is accompanied by some photographs, which do not even determine the date or dates on which they might have been taken, and which are far from the reality existing at the location, as seen in the photographs viewable at folio number 00000058 of the Mayor's Office File (where it can be observed that the site has been intervened and a significant investment has been made, within a bidding process (Reduced Tender) processed in the year 2024 called 'Let's Improve Our Parks, Extraordinary' No. 2024LD-000019-0020300001), since the property is not only for communal facilities (for the Municipal Works Yard), but also for children's playgrounds; as they also cite a previous amparo appeal, processed under Judicial File number 21-009158-0007-CO and resolved by ruling number 2022014177, without noting that it was due to a matter of failing to resolve a given temporary situation, which was resolved, albeit inadequately because it was done during the course of the deadline to render the respective report to the Constitutional Chamber, for which reason it was declared granted without a special award of damages, losses, or costs. The conclusive part of said Ruling determines as pertinent: '... VI. – Conclusion. As a consequence of the foregoing, what is appropriate is to declare the appeal granted, pursuant to Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act, only against the Municipality of Barva, since the challenged action was resolved after notification of the amparo appeal and without a special award of costs, damages, and losses, as indicated below. ...' Then, in the operative part, it adds as relevant: '... The appeal is declared granted, solely, against the Municipality of Barva, without a special award of costs, damages, and losses. Judge Salazar Alvarado files a note. Judge Jara Velásquez subscribes a note regarding the award of costs, damages, and losses. Judges Salazar Alvarado and Garita Navarro partially dissent from the ruling and order the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents from the ruling and orders the award of damages and losses, but not costs. ...' (see folios from number 00000001 through folio number 00000030 of the Mayor's Office File). On the other hand, as can be seen, the request made is not a simple request for information, but rather complex information that requires analysis and review of what was alleged by several municipal departments and its condensation at the Mayor's Office, coupled with the fact that, on May 20, 2025 (see folio number 00000031 of the Mayor's Office File), the interested parties changed the means for receiving notifications. For this reason, through Mayor's Office official communication number MB-AMB-0444-2025 dated June 9, 2025 (viewable at folios number 00000070 and 00000071 of the Mayor's Office File), the responses to their concerns are sent to the neighbors, providing them with detailed information on investments made, the current situation of the site as a Municipal Works Yard (and as a children's playground area), a works yard that is even defined as a permitted use within the Zoning Regulations of the Regulatory Plan of the canton of Barva, in effect since December 7, 2023 (upon being published in Scope No. 241 of the official gazette 'La Gaceta' No. 227 of December seventh, 2023), as it is located in the Existing Institutional Zone Type C, which includes the possibility of building a municipal works yard. Some allegations made by the petitioner here in their note dated March 3, 2025, are also refuted, regarding supposed irregular uses at the site, both the supposed use of machinery in the early morning hours, and the alleged deposit of polluting materials and poor handling and storage, while also clarifying the situation of a pruning (not cutting) of a tree in a single fortuitous event and resulting from an event during an emergency. The response is communicated and notified to the last means provided for receiving notifications; that is, the email address of the local neighbors: ...1762, with the aforementioned official communication number MB-AMB-0444-2025 with the reports that the following municipal technical departments render in each case to address the inquiries: A) Architect Andrés Alfaro Cambronero, Head of Investment Projects, and Engineer Yency Montero González, from the Department of Civil Works, who through official communication number MB-ING-PINV026-2025 dated June 9, 2025 (viewable at folios number 00000057 and 00000058 of the Mayor's Office File), report on the investment made at the site, detailing the bidding procedure followed for this purpose in the year 2024, as already mentioned, accompanied by photographs that capture the investments made in the part of the property of interest to the petitioner which, as previously indicated, is not solely for communal facilities, but also for the children's playground area of the Antiesquivo Residential Development, the latter of which has been improved by the Municipality. B) Engineer José Fabio Barrantes, head of the Technical Unit for Road Management, who through official communication number MB-UTGVM-0106-202 dated June 6, 2025 (locatable at folios running from number 00000059 through folio number 00000061 of the Mayor's Office File), reports that: since 2009, the area has functioned exclusively for the storage of materials required by contracts for road maintenance and the municipal aqueduct; likewise, we have a sanitary operating permit through registration number MS-DRRSCN-DARSSRB 374-2021. Commonly found are: a. Sand and stone for simple concrete mixes, b. Graded material, used in road stabilization, c. Concrete pipes in diameters ranging from 450 mm to 1000 mm, intended for the replacement or extension of the canton's stormwater drainage systems, d. Concrete blocks, e. Granular base and sub-base for the formation of asphalt layers and embankment stabilization. Furthermore; regarding the questions raised about the entry of machinery in the early morning hours, the operation of the site is governed by the following guidelines: a. Only the unloading of materials acquired by the Municipality or by contractors duly authorized under contracts signed in accordance with the General Public Procurement Act No. 9986 is permitted. b. The unloading and utilization schedule for materials is contractually restricted from 6:00 a.m. to 2:00 p.m., for the purpose of mitigating impacts on the community, as well as to guarantee road safety on the access street. c. The deposit of bituminous inputs (hot or cold asphalt) is not carried out at this site. ...\" It also adds: \"... 1. Dumping and accumulation of sand, ballast, and stones that generate dust, noise, and ground alterations. The neighbors allege that the dumping of sand, ballast, and stones, common construction materials, causes airborne dust, noise, and alterations to the adjacent ground, putting respiratory health and soil stability at risk. While it is true that loading and unloading activities of aggregates can generate particles, this Municipality has implemented internal protocols to counteract such impacts: c. Operating hours: As established in the contractual conditions, aggregate unloading is restricted to an exclusive schedule from 6:00 a.m. to 2:00 p.m., Monday through Friday. This seeks to take advantage of hours of greater natural ventilation and limit the population's exposure to the circulation of trucks and associated noise. d. Distance to homes: The location of aggregate piles that may release dust particles, according to measurements taken, is more than 50 meters from the nearest homes. This distance, combined with the prevailing wind direction (from the northeast to the southwest), practically minimizes any dust drift towards the residential area. The accumulation of materials is organized in piles with a maximum height of 2.5 meters, never exceeding the height of an average dwelling (approx. 3 meters); the stacking design considers a maximum slope gradient of 1:2 (vertical:horizontal), which guarantees the stability of the stacks and rules out the possibility of sudden movement. In summary, although the loading and unloading of aggregates entails reasonable dust and noise emissions, this Municipality has implemented effective mitigation mechanisms (constant watering, location distant from homes, safe stacking, and controlled hours) that nullify any significant risk to the health or quality of life of the inhabitants of the Antiesquivo Residential Development. 2. Alleged dumping of bituminous waste (asphalt, tar, bitumen). The neighbors assert that, in the Área de Facilidades Comunales, bituminous waste derived from asphalt and other petrochemical compounds could be dumped, which, in their opinion, would endanger the environment and the health of the community. No type of bituminous waste is collected or deposited in this area; asphalt and derived by-products (bitumen, tar) are managed through an asphalt plant subcontracted by the municipality, and we do not produce or store them. Therefore, there is not, nor has there been, any dumping of bituminous waste, ruling out any risk of leaching of volatile organic compounds (VOCs), contamination of groundwater, or emission of toxic odors for the surrounding population. 3. Excessive accumulation of materials exceeding the height of homes and risk of landslides. It is alleged that the volume of deposited materials has reached a level higher than that of nearby houses, violating safety standards and exposing them to landslides that could impact the children's playground or homes. As has been explained previously, the stacking of aggregates (ballast, sand, and graded material) is maintained at a maximum height of 2.5 meters. This measurement does not exceed the height of a typical two-story dwelling (approximately 5 meters), so the assertion that it 'exceeds the height of nearby houses' does not correspond to reality; furthermore, it has not been considered that the terrain is rocky and, due to its topography, is naturally more elevated than neighboring properties, which can create an erroneous visual perception. Regarding the issue of sewer cleaning, there is no record in the Technical Unit for Road Management (UTGV) indicating the transfer of trucks with mud or similar waste to the Santa Lucía property. Therefore, the accusation regarding the alleged storage of mud or waste from sewers on that land lacks foundation and corresponds to an incorrect interpretation of the situation. 4. Aggregate unloading in the early morning hours and noise pollution. The neighbors assert that 'loaded dump trucks' enter the area in the early morning hours to unload materials, generating noise pollution that affects rest, especially for older adults. In accordance with the contractual clauses established in the Road Conservation Contracts, the circulation and unloading of materials outside the agreed-upon schedule (6:00 a.m. to 2:00 p.m.) from Monday to Friday is strictly prohibited; any violation of said schedule constitutes grounds for a fine on the contractor. Therefore, there is no record of nighttime operations or unloading outside of schedule. C) Engineer Luis Rodríguez Salas, head of the Cadastre, Real Estate, and Valuation Department, who through official communication number DCBIV-0126-2025 dated June 6, 2025 (locatable at folios from number 00000062 through folio number 00000064 of the Mayor's Office File), points out as relevant: '... - That, according to the information provided by the Real Property Registry, the property with Real Folio 4111046-000 is registered in the name of [Name Redacted] and its nature is ALLOCATED FOR PARK AND COMMUNAL FACILITIES. - That, as indicated by the Urban Planning Act in its Chapter V, articles 42 and following, which state: [...] FIFTH CHAPTER Official Map Article 42 – The Official Map regulation shall establish the standards for reserves, acquisition, use, and conservation of areas necessary for roads, parks, plazas, buildings, and other communal uses, expressing the location and size of those already dedicated to public service and those demarcated only preventatively. Article 43.- The Official Map, together with the plans or cadastre that complement it, shall constitute a special, reliable registry on the ownership and public domain encumbrance of lands or spaces already dedicated to public uses. Article 44.- The municipal domain over areas of streets, plazas, gardens, parks, or other open spaces for general public use is constituted by that same use, and its registration in the Real Property Registry may be dispensed with if it appears on the Official Map. The cited Registry shall place a final entry on those properties, remnants, or lots that the owner, in the capacity of subdivider (fraccionador), cedes to the municipality by mandate of this law, if the registerable document states the public purpose given to the property and the Notary attests to the municipal agreement approving the cession and ordering the delivery of said property to that same purpose. [...] - That, by the nature of said property, its USE is divided as follows: Of the 14,081.58 m² indicated in the cadastral plan, 2,231.65 m² correspond to a PARK. The remainder, that is, 11,849.92 m², correspond to COMMUNAL FACILITIES. - That according to the Regulatory Plan of the Canton of Barva, published in Scope #241 of Official Gazette La Gaceta #227, on December 07, 2023, the Zoning Regulations in its FIFTEENTH CHAPTER: THE INSTITUTIONAL ZONE (ZIN), indicates: [...] FIFTEENTH CHAPTER: THE INSTITUTIONAL ZONE (ZIN) Article 96-. The Institutional Zone is intended to delimit and consolidate lands currently dedicated to providing public services, as well as to delimit territorial reserves for the expansion of these uses based on expected population growth, also improving their location and distribution, whether for recreational, cultural, security, health, public transportation, State services, and other purposes. Consequently, it is designated on the Zoning Map as an Existing Institutional Zone (ZIN-E) or as a Proposed Institutional Zone (ZIN-P), as applicable; likewise, in both cases, it comprises the following types based on the intended use: • TYPE A: Education, culture, government, and religion. • TYPE B: Health, security, emergencies, cemetery, justice. • TYPE C: Communal facilities, sports, recreation, municipal works and services, which contemplates the following uses: municipal cemetery, municipal works yard, collection and composting center, municipal tanks and wells, treatment plant, and any other use that the Municipality determines to be of local interest. [...] - That, based on the foregoing, the use as a MUNICIPAL WORKS YARD, on the property with Real Folio 4111046-000, is a CONFORMING use, as indicated in the aforementioned Article 96: 'TYPE C: Communal facilities, sports, recreation, municipal works and services, which contemplates the following uses: municipal cemetery, municipal works yard, collection and composting center, municipal tanks and wells, treatment plant, and any other use that the Municipality determines to be of local interest.' (the bold and underlined text is ours). ...\" D) Ms. Carolina Morales Sánchez, Head of Environmental Management, who through official communication number GAM-071-2025 dated June 6, 2025 (see folios from number 00000065 to 00000069 of the Mayor's Office File), clarifies the situation of the alleged tree cutting, which was not such, but rather a pruning and then a cutting up and removal of fallen plant material, concluding that: '... there is no evidence that a tree cutting was carried out by the Municipality of Barva. The actions taken correspond exclusively to attending to a fortuitous event caused by adverse weather conditions and the execution of cleanup tasks to safeguard the safety of the affected neighbors. Report GAM-INSP-005-2024 is attached. ...' In this way, the Municipality of Barva, with supporting technical reports, has already responded to the neighbors of the Antiesquivo Residential Development, notifying them of each and every one of their concerns and demands, for which reason it is appropriate, and thus I very respectfully request, that this Amparo Appeal be declared without merit.\"\n\n**4.-** In the processing of this case, the prescriptions of law have been observed.\n\n Prepared by Judge Salazar Alvarado; and,\n\n**CONSIDERANDO:**\n\n **I.- PRELIMINARY MATTER.** Before analyzing the merits of the case—for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure—it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Public Administration Act (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative remedies, to the Contentious-Administrative Jurisdiction. Precisely, this case presents a situation of exception, as it involves the apparent failure to address a complaint regarding contamination by the respondent authority, related to the use being made of the communal area \"Área de Facilidades Comunales\" located in the Santa Lucía District, Antiesquivo Residential Development, which, presumably, has not been resolved within a reasonable time by the sued authorities, affecting the neighbors of the area. Once this point is clarified, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo appeal.\n\n**II.- OBJECT OF THE APPEAL.** The petitioners assert that since March 11, 2025, several neighbors filed a complaint addressed to the mayor of the Municipality of Barva, related to the use being made of the communal area \"Área de Facilidades Comunales\" located in the Santa Lucía District, Antiesquivo Residential Development. They claim that, as of the date of filing this appeal, they have not obtained any response to what was requested.\n\n**III.- PROVEN FACTS.**\n\nImportant for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\n1) On March 11, 2025, the appellant filed a complaint before the Municipality of Barva in which they stated the following: \"(...) By this means, the residents of the Antiesquivo urbanization, signatories hereof, file a claim before you regarding the problem that afflicts us, due to the misuse being given to the communal area (\"Área de Facilidades Comunales\") of the Urbanization. Regarding the status and management currently being carried out in the communal area (\"Área de Facilidades Comunales\") belonging to Residencial Antiesquivo, we report in detail the following that has been observed: i. Discharge of sand, ballast, and stones. These materials, commonly used in construction, generate suspended dust, noise, and ground alterations, affecting the well-being of those of us who live in the Residencial. Their inadequate accumulation can cause soil erosion and polluting runoff toward nearby water sources. (...) The dispersion of dust can cause respiratory problems in children, older adults, and people with allergies or asthma, in addition to reducing air quality. ii. Possible discharges of waste materials, apparently bituminous. These materials, such as asphalt, tar, and bitumen, are petroleum derivatives and contain chemical compounds that can affect the environment and the health of those living nearby. Their improper handling and storage can generate polluting emissions, leaching of toxic substances into the soil and water, as well as odors and particles that degrade air quality. (...) Furthermore, the discharge of these materials in an area close to homes represents a direct risk to the health of residents, especially children, older adults, and people with respiratory problems. Emissions of volatile organic compounds (VOCs) can cause irritation to the eyes, throat, and lungs, as well as aggravate respiratory diseases. Without neglecting that the possible contamination of the soil and groundwater would affect the quality of life of the community, generating concern about the environmental impact and the deterioration of the local ecosystem. Iii. For its part, the storage of all these materials in the communal area (\"Área de Facilidades Comunales\") has reached a level that exceeds the height of nearby houses, generating a significant risk of landslides and structural damage. The excessive accumulation of these materials can cause unexpected displacements, especially in rainy seasons, endangering the safety of residents. These could fall onto the adjacent children's playground and the nearest homes, with the consequent damage to the material and physical integrity of persons. (...) iv. Furthermore, the storage of materials extracted from sewers, such as mud, sand, and waste, has also been observed, which represents a serious environmental and health risk for the community. These wastes may contain toxic substances, heavy metals, and decomposing organic matter, which generates bad odors, proliferation of insects and rodents, in addition to increasing the risk of infectious diseases. Moreover, the inadequate accumulation of these materials can cause contamination of the soil and nearby water sources, affecting the health of residents. Therefore, specialists recommend that these wastes be managed at a specialized site, away from inhabited areas. (...) v. For its part, loaded wagons discharge materials in the early mornings, causing noise pollution and loss of rest for neighbors, and especially for older adults. The constant transit of heavy machinery is generating noise pollution and safety risks for residents. (...) vi. Furthermore, the felling of trees in the communal area (Área de Facilidades Comunales\"), coupled with the poor management of accumulated materials, further aggravates the environmental impact and the safety of residents. The elimination of natural vegetation increases the risk of soil erosion, landslides, and loss of biodiversity, affecting the balance of the local ecosystem. For its part, the reduction of tree cover decreases the absorption capacity of rainwater, which can generate flooding and polluting runoff toward nearby homes. It is essential to halt this deforestation and guarantee responsible management of the environment to protect both the environment and the quality of life of the community. (...) vii. As you are aware, according to the 2011 census, that is, 14 years ago; therefore, it must currently be much higher, the district of Santa Lucía, in the canton of Barva, had a population of around 8000 inhabitants and more than 2 thousand homes. This district covers an area of 2.87 km2 and is primarily a residential zone, with several urbanizations such as the stages of Urbanización Antiesquivo. For all the foregoing, we urgently demand from this Municipality: 1. To render a written account to the residents of Urbanización Antiesquivo (a request that has already been made on previous occasions without receiving a clear and detailed response to this day), regarding the activity and use being given to that communal area of the Residencial (de Facilidades Comunales) AND also indicate within what timeframe the residents would be informed about this matter. 2. Furthermore, we urgently request the cessation of the poor management of materials accumulated in the communal area (\"Área de Facilidades Comunales\") of our Residencial, as it represents a serious environmental and health risk. The discharge of sand, ballast, stones, and waste extracted from sewers generates air and soil contamination, in addition to the proliferation of pests and bad odors. The excessive accumulation of these materials has exceeded the level of nearby homes, increasing the danger of landslides and structural damage, especially in rainy seasons. This problem has been aggravated by the indiscriminate felling of trees, which increases soil erosion. The elimination of natural vegetation also affects biodiversity and the quality of life of residents, by reducing protection against dust and pollution. 3. For all these reasons, we reiterate our disagreement, as we have done on multiple occasions in previous years, with the poor management being carried out in the communal area (\"Área de Facilidades Comunales\") belonging to this Residencial, and we demand immediate measures to halt these actions and relocate the materials to an adequate site, guaranteeing the safety and well-being of our community. We take the liberty of reminding the Mayor of the Constitutional Chamber Resolution of 2022 on the subject matter herein, No. 2022014177, File No. 21-009158-0007-CO, in which the Chamber clearly indicated \\\"...that the fundamental rights of the appellant and the neighboring community have been disregarded, since the danger and contamination caused by allowing the use of a municipal land for a purpose that was not authorized is unquestionable, to the detriment of people's health and the environment. Therefore, from a constitutional perspective, in the sub lite the Chamber concludes that the actions carried out by the Municipality of Barva, within the framework of its competencies, have been clearly inadequate...\\\" We also highlight, and in view of this precedent dating from 2022, and in view of what is described in this official communication, that the activities being carried out by the Municipality in the aforementioned communal area (Área de Facilidades) are not framed within an urgent, temporary, and exceptional practice, but on the contrary, within a recurring and permanent practice. For the receipt of a response to the present claim and request, and the time frame for doing so by the Mayor, we also bear in mind the rights that assist us, provided for in the Political Constitution, the Public Administration Law, the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Procedures, the Law Regulating the Right of Petition, and the interpretations of the Constitutional Chamber. (...) (see in this regard evidence provided to the file by the appellant).\n\n2) On May 20, 2025, the appellant filed a written submission before the respondent authority, requesting that notifications be sent to the email address: ...1762 (see in this regard the report rendered under oath by the respondent authority and evidence provided to the digital file).\n\n3) The decision issued at 3:31 p.m. on May 27, 2025, which initiates the present proceeding, was notified to the respondent authority on June 5, 2025 (see notification certificate).\n\n4) On the occasion of the notification of this appeal, the respondent authority issued official communication No. MB-AMB-0444-2025 dated June 9, 2025, signed by the Mayor of the Municipality of Barva, stating: “... Receive a cordial greeting. In response to the claim and request regarding the use being given to the Communal Area (área de facilidades comunales), located in the district of Santa Lucia, Urbanización Antiesquivo. In view of the foregoing, the official communications MB-ING-PINV-026-2025, signed by colleagues Arch. Andrés Alfaro Cambronero, Head of Investment Projects, and Eng. Yency Montero González of the Works Department, MB-UTGVM-0106-2025 signed by Eng. Fabio Barrantes Morales, Head of the Road Management Technical Unit, DCBIV-0126-2025 signed by Eng. Luis Rodríguez Salas, Head of Cadastre, Real Estate, and Valuation, and GAM-071-2025 signed by Licda. Carolina Morales Sánchez of Environmental Management, are attached for your knowledge.” Likewise, said official communication was sent on the same date to the email address: ...1762 (see in this regard the report rendered under oath by the respondent authority and evidence provided to the digital file).\n\n5) By official communication No. MB-ING-PINV-026-2025 of June 9, 2025, signed by architect Andrés Alfaro Cambronero and Engineer Yency Montero González, the following is stated: \"Within the framework of procedure No. 2024LD-000019-0020300001, published through the SICOP platform and promoted by the Municipality of Barva under the modality of Reduced Tender, the project called “Let's Improve Our Parks, Extraordinary” was executed, aimed at the improvement and conditioning of the public space. In this context, the following interventions were carried out: 1. Installation of a children's play area (playground) with colored synthetic grass and prefabricated concrete curbing. 2. Construction of 15 linear meters of enclosure with cyclone mesh. 3. Comprehensive maintenance of seven existing exercise machines. 4. Supply and installation of solar lighting, including a pole and a luminaire. 5. Construction of 15 linear meters of sidewalk with access in accordance with Law 7600. 6. Construction of 25 linear meters of enclosure with a prefabricated concrete wall. The total investment executed in the municipal area corresponds to the amount of ₡29,172,085.00\" (see in this regard the report rendered under oath by the respondent authority and evidence provided to the digital file).\n\n6) Through official communication No. MB-UTGVM-0106-2025 of June 6, 2025, signed by engineer Fabio Barrantes Morales, the following was detailed: “since 2009, the area has functioned exclusively for the storage of materials required by contracts for road maintenance and the municipal aqueduct, likewise we have a sanitary operating permit through registration number MS-DRRSCN-DARSSRB 374-2021; the following are usually found: a. Sand and stone for simple concrete mixes. b. Graded Material, used in road stabilization. c. Concrete pipes in diameters ranging from 450 mm to 1000 mm, intended for the replacement or extension of storm drainage systems in the canton. d. Concrete blocks e. Granular base and subbase for the formation of asphalt layers and stabilization of embankments. Furthermore; regarding the questions raised about the entry of machinery during the early morning hours, the operation of the property is governed by the following guidelines: a. Only discharges of materials acquired by the Municipality or by duly authorized contractors under contracts signed in accordance with the General Public Procurement Law No. 9986 are permitted. B. The schedule for unloading and use of the materials is contractually restricted from 6:00 a.m. to 2:00 p.m., in order to mitigate impacts on the community, as well as to guarantee road safety on the access street. C. The deposit of bituminous inputs (hot or cold asphalt) is not carried out at this site…” (see in this regard the report rendered under oath by the respondent authority and evidence provided to the digital file).\n\n7) By official communication No. GAM-071-2025 of June 6, 2025, signed by the Environmental Management Department of the Municipality of Barva, the following is indicated: “… It is reported that the Environmental Management Department has not carried out the felling of any tree in the municipal yard of Santa Lucía. However, it has been involved in the following processes related to the situation: A complaint related to the felling of a tree was received, which was registered through Inspection Ballot No. 1825 corresponding to inspections for felling a tree. 2. The corresponding inspection was carried out and report GAM-INSP-005-2025 was issued, the conclusion of which indicates: “Pruning of the branches on the boundary side must be carried out to prevent damage to the infrastructure adjacent to the property where the tree is located.” Subsequently, an incident reported by the Municipal Emergency Commission (CME) was received under Form No. 2025-01-25-01391, in which the following is indicated: “Tree falls on two houses; there are no injuries. The tree, located in the Municipal yard of the Municipality of Barva, falls on the roof and back part of two dwellings due to strong winds.” 4. In response to said incident, the Civil Works Department proceeded only to cut up and remove the fallen plant material, as part of the response and cleaning efforts” (see in this regard the report rendered under oath by the respondent authority and evidence provided to the digital file).\n\nIV.- REGARDING THE PETITION FILED ON MARCH 11, 2025. In the sub lite matter, the appellant alleges that on March 11, 2025, several neighbors filed a complaint addressed to the mayor of the Municipality of Barva, related to the use being given to the communal area \"Área de Facilidades Comunales\" located in the District of Santa Lucía, Urbanización Antiesquivo. However, as of the date of filing this appeal, the petition had not been addressed.\n\nIn this regard, the respondent authority, in its report rendered under the solemnity of oath – with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – states that through official communication No. MB-AMB-0444-2025 of June 9, 2025, signed by the mayor of the Municipality of Barva, the queries raised by the appellant were addressed. It adds that said official communication was sent on that same date, to the means established for such purposes. Thus, this Court finds it proven, as is evident from the record, that it was not until the notification of the decision that initiated this amparo appeal, that the respondent authority responded to the appellant's requests. Said response was sent on June 9, 2025, while the decision initiating this proceeding was notified on June 5 prior. For the reasons stated, regarding this point, it is appropriate to grant the appeal, in the terms set forth in the operative part of this Judgment, but without a special award of costs, damages, or losses, in accordance with the provisions established in the operative part of this Judgment.\n\nNow, it is necessary to analyze each of the points indicated by the appellant in their complaint. Said analysis will be developed in the following recitals, as appropriate, in accordance with what was reported under oath by the respondent authority.\n\nV.- REGARDING THE STORAGE OF MATERIALS REQUIRED BY CONTRACTS FOR ROAD MAINTENANCE AND THE MUNICIPAL AQUEDUCT. Regarding this point, the respondent authority reports that since 2009, the area has functioned exclusively for the storage of materials required by contracts for road maintenance and the municipal aqueduct, likewise they have a sanitary operating permit through registration No. MS-DRRSCN-DARSSRB 374-2021. In addition, they point out that the respondent municipality has implemented internal protocols to counteract the impacts caused by the loading and unloading activities of aggregates. Likewise, as established in the contractual conditions, aggregate discharges are restricted to an exclusive schedule from 6:00 hours to 14:00 hours, from Thursday to Friday, thereby seeking to take advantage of the hours of greatest natural ventilation and limit the population's exposure to truck traffic and associated noise. The location of the aggregate points that may release dust particles, according to measurements taken, are more than fifty meters from the nearest homes; this distance, added to the orientation of prevailing winds from the northeast to the southwest, practically minimizes any dust drift toward the residential area.\n\nConsequently, this Court considers that the respondent authority has implemented effective mitigation mechanisms that nullify any significant risk to the health or quality of life of the inhabitants of Urbanización Antiesquivo. Likewise, regarding the alleged discharge of bituminous waste, it is proven that no type of bituminous waste is deposited in said area; the management of asphalt and derived by-products is carried out through an asphalt plant subcontracted by the municipality, and they do not produce or store them. Now, regarding the issue of sewer cleaning, there is no record in the Road Management Technical Unit indicating the transfer of trucks with mud or similar waste to the Santa Lucia property. For the reasons stated, the appeal is denied regarding this point.\n\nVI.- REGARDING THE FELLING OF TREES IN THE COMMUNAL AREA. The respondent authority, under oath, reports that the Environmental Management Department has not carried out the felling of any tree within the municipal yard of Santa Lucía. However, it has participated in certain processes related to this subject. Such is the case of a complaint related to the felling of a tree, which was duly addressed through an inspection. Furthermore, they received a report from the Municipal Emergency Commission regarding a tree falling on two dwellings; in response to said incident, the Civil Works Department proceeded exclusively to cut up and remove the fallen plant material, as part of the response and cleaning efforts. In conclusion, it is accredited that the respondent authority has provided the required support and accompaniment in the cases where it was requested. For the reasons stated, the appeal is denied regarding this point.\n\nVII.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Upon better consideration, the majority of the Chamber is of the view that the granting that operates ex lege, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (LJC), which provides: \"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted (…)\", must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the appeal is granted, it is also true that the first paragraph of Article 52 of the cited law states that the granting is dictated \"solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.\" It is emphasized that the Law states \"if they are applicable,\" which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Court. In cases like this, where an abnormal termination of the proceeding occurs, akin to withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority view that it is not appropriate to award costs, nor damages and losses, because the economic consequences of the judgment are similar to those of an archiving of the file. Furthermore, the content of the claimant's demand and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo, there are no elements of judgment suggesting otherwise. Nothing prevents, in exceptional cases, the Chamber from considering the applicability of compensation. When laws present omissions or deficiencies, it is up to the judges to rectify those shortcomings; if laws lack clarity in certain aspects, there is no other recourse but to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of the Constitutional Jurisdiction, when it provides that: \"any decision granting the appeal shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,\" refers to a natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the proceeding. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as the case may be, those of International or Community Law, and furthermore, in their order, the General Public Administration Law and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other Procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of the Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. To the foregoing are added factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by nearly three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which an abusive exercise of vicarious action in the amparo appeal has been generated, for purposes of wealth through compensation, insofar as the alleged victims do not directly participate. Based on the foregoing, it is the majority view to resolve this appeal without an award of costs, damages, or losses.\n\nVIII.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court, that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, must exclusively define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the juridical order.\n\nIX.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as this omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements with greater scope. However, when from such administrative conduct (omissive or not) a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived, or when groups considered vulnerable are affected, I do agree to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, just as happens in this case, in which the appellant assures that they have denounced, before the respondent authorities, the use being given to the communal area \"Área de Facilidades Comunales\" located in the District of Santa Lucía, Urbanización Antiesquivo, which allegedly has not been resolved within a prudential timeframe, putting their physical integrity and that of the neighbors in the area at risk, by eliminating the natural barriers that prevented floods and landslides.\n\n X.- DISSENTING VOTE OF JUDGE RUEDA LEAL. In the sub examine matter, I deem it pertinent that the competent Governing Health Area inspect and rule on the denounced problem, regarding the health of the community, given that it is alleged that suspended dust, noise, and waste accumulation are being generated, all to the detriment of the neighbors.\n\nXI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, I separate myself from the majority view insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of the Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable.”\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n“...any decision granting the appeal shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nThis last norm establishes the general system that regulates matters related to compensation and the payment of costs, and which the majority calls a “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated the fundamental rights…”.\n\nIn the majority's view, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has verified the grievance; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the appeal, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the full enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo - a situation contemplated in the referenced Article 52 -, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the violator for compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal.\n\nThis rule is nothing more than the recognition, for the party that has suffered a violation of its fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences arising from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not again engage in the actions that gave rise to the granting of the recurso, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to address the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), in either of these scenarios, the imperative need for an award of costs (costas), damages (daños), and losses (perjuicios) against the infringer necessarily arises, the foundation of which lies in the principles of protection of individuals' rights and that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not vitiate the appropriateness of an award of costs (costas), damages (daños), and losses (perjuicios), since such a case forms an integral part of the general system of mandatory awards on those points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nFurthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor ruled on, the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an \"abnormal termination of the process\".\n\nThe legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, meaning that the Administration has been duly notified of the ruling that admitted the amparo; and 2) that there exists an administrative or judicial decision that indisputably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged conduct that violated fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of mandatory awards of costs (costas), damages (daños), and losses (perjuicios), despite the granting of the recurso, by providing that, in the cases regulated therein, the recurso will be granted \"solely for purposes of indemnification (indemnización) and costs (costas), if they are appropriate (procedentes)\". As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection regarding the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my opinion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs (costas), damages (daños), and losses (perjuicios) in the face of a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate (procedente), even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial decision that revokes, ceases, or suspends the challenged conduct, unless it is established in an indubitable and clear manner that in the specific case no loss capable of being indemnified was caused. Only and exclusively in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. Since in this case there is no element whatsoever to rebut the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages (daños) and losses (perjuicios) derived from the challenged actions—the specific determination of which does not fall within this jurisdiction—the granting of this recurso must necessarily entail the award of costs (costas), damages (daños), and losses (perjuicios), and I so declare.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the dynamics and very essence of amparo processes do not have as their primary purpose the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach in the system of individuals' fundamental rights. From this perspective, the analysis carried out by this venue focuses on such verification; however, it does not enter into the weighing of whether those issues have generated injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said award (for damages, losses, and costs) operates, if appropriate (procedentes), the undersigned does not consider that such examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of process, to the extent that it is within another ordinary process that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the recurso de amparo, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, as applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally indemnifiable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), Law No. 8508, define a special process whose purpose is the definition of the economic effects derived from awards dictated in these processes. In light of canon 179 of the same law, that process has the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo) is responsible for the execution of judgments handed down by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications (indemnizaciones pecuniarias).”\n\nIt is clear that that process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in abstracto on those items, as that type of claim would not proceed within that type of case when the judgment handed down within the amparo process expressly established the inappropriateness of damages (daños), losses (perjuicios), and/or costs (costas), as well as when there is no express pronouncement on this particular point. That is, the special process in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In this regard, in my judgment, under the terms of the aforementioned numeral 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which an assessment is made, with reasons given, of the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceedings, the Administration issues a decision or a court judgment is rendered that revokes, ceases, or suspends the challenged conduct does not rule out, per se, that prior to that cessation, whether by the respondent entity's own action or by an external cause, the accused inaction or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their quantification, timely claim, etc., are assessments that are beyond the nature of these processes and regarding which, in accordance with what is regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of an award in abstracto that subsequently forms the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional processes does not require the demonstration of damages and losses, since, it is reiterated, that is not their object or primary ratio. Thus, the protected person is not responsible for the claim or demonstration of damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have produced injuries to them is a point that, in principle and save for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis for this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not perform a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, one does not proceed to evaluate whether or not there is an infraction, therefore, much less can one define whether, based on what was reported by the claimant, there can be or not be situations of possible civil reparation. In this way, the dispensation from award referred to in that norm is exceptional, not a matter of principle. Therefore, in those scenarios, the norm imposes an award in abstracto, so that it is within another plenary process that its appropriateness is analyzed. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, one would be jeopardizing the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution (Constitución Política), and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 of the same law. Furthermore, one should not overlook that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conduct that, in theory, threatens or violates the fundamental rights of the individual. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the individual opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation, insofar as it was made to cease by the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses is a matter that, absent proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary process, but which, it is reiterated, should in no way be denied as a presupposition, solely due to the materialization of the factual scenario regulated in the aforementioned numeral 52 of the LJC. Therefore, with the respect always owed to the majority position, I cast my vote and reiterate that the granting of this recurso must necessarily entail the award in abstracto for costs (costas), damages (daños), and losses (perjuicios).\n\nXII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial decision is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged conduct, the recurso will be granted solely for purposes of indemnification (indemnización) and costs (costas), if they are appropriate (procedentes).”\n\nMy interpretation of that norm is the following: That “decision” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate (procedentes)” refers to the costs (costas). Moreover, Article 197 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: the costs (costas).\n\nCertainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the recurso de amparo is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Every ruling that grants the recurso shall award, in abstracto, the indemnification (indemnización) of the damages and losses caused and the payment of the costs (costas) of the recurso, reserving their liquidation for the execution of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, an award in abstracto for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not issued, in the event that they had occurred, there would be no title—derived from this process—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. Even if an award in abstracto is made, if no damages and losses occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only the judge is responsible for deeming proven their actual existence and magnitude.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with the existence of a recurso de amparo. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs (costas), even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the dispositiva and order the award of damages (daños) and losses (perjuicios), but not costs (costas).\n\nXIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (Regulation on the Electronic Court File before the Judiciary), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe recurso is partially granted, without a special award for costs (costas), damages (daños), and losses (perjuicios) caused, solely regarding the delay in providing a response to the complaint filed by the petitioner since November 25, 2024. In all other respects, the recurso is denied. Judges Castillo Víquez and Salazar Alvarado append separate notes. Judge Rueda Leal dissents, orders the continuation of the processing of the recurso, and orders as further evidence (prueba para mejor) that the competent Rector Health Area (Área Rectora de Salud) inspect and issue a pronouncement on the reported problem. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages (daños), losses (perjuicios), and costs (costas). Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages (daños) and losses (perjuicios), but not costs (costas).-\n\nNombre137 V.\n\nPresidente\n\nNombre152 C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\nP9O0A4RDGA461\n\nEXPEDIENTE N° 25-014534-0007-CO\n\nTeléfonos: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:57:25.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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