{ "id": "nexus-sen-1-0007-1326093", "citation": "Res. 25664-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Habilitación de calle pública contiguo al Parque de Montezuma no lesiona derechos fundamentales", "title_en": "Public road enabling adjacent to Montezuma Park does not violate fundamental rights", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto por una vecina y una sociedad anónima contra el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, por la colocación de un rótulo sobre un proyecto de habilitación de calle pública contiguo al Parque de Montezuma. Los recurrentes alegaban que la obra implicaría la destrucción del parque, carecía de evaluación ambiental adecuada y ponía en riesgo la estabilidad de un hotel en construcción. La Sala determinó que el proyecto cuenta con viabilidad ambiental (resolución 0631-2021-SETENA), que el área no califica como bosque ni área protegida, y que el rótulo cumple con la normativa. Además, señaló que las disconformidades sobre el sustento del proyecto en planes reguladores deben ventilarse en la vía de legalidad ordinaria, no en amparo. Tampoco se acreditó gestión previa ante la recurrida sobre el riesgo al hotel. La Sala reiteró que el amparo es una vía sumaria que no permite diligencias probatorias complejas.", "summary_en": "The Constitutional Chamber dismissed the amparo action filed by a resident and a corporation against the Cóbano District Municipal Council regarding a sign for a public road project adjacent to Montezuma Park. The plaintiffs claimed the project would destroy the park, lack proper environmental assessment, and destabilize a hotel under construction. The Chamber found the project has environmental feasibility (resolution 0631-2021-SETENA), the area does not qualify as forest or protected area, and the sign complies with regulations. It also held that disputes about the project's basis in regulatory plans must be pursued in ordinary courts, not amparo. No prior complaint about the hotel risk was shown. The Chamber reaffirmed that amparo is a summary proceeding unsuitable for complex evidence.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "14/08/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "environmental-law-7554" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "viabilidad ambiental", "SETENA", "formulario D1", "competencia de la Sala Constitucional", "vía de legalidad ordinaria", "parque público como bien demanial", "participación ciudadana" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 13", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 17", "law": "Ley Orgánica del Ambiente" }, { "article": "Art. 132", "law": "Ley General de Administración Pública" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "parque público", "viabilidad ambiental", "SETENA", "calle pública", "participación ciudadana", "legalidad ordinaria", "Sala Constitucional", "Montezuma", "Cóbano" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "public park", "environmental feasibility", "SETENA", "public road", "citizen participation", "ordinary legality", "Constitutional Chamber", "Montezuma", "Cóbano" ], "excerpt_es": "Así, debido a la viabilidad ambiental antedicha, fue que, el 15 de enero de 2025, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano colocó un letrero en las inmediaciones del parque de Montezuma... Así las cosas, lo correspondientes es declarar sin lugar este extremo del recurso. En este sentido, la parte accionante sostiene que esa viabilidad otorgada es improcedente, pues corresponde a otro plan regulador. Empero, tal y como ya se dispuso en la supracitada sentencia nro. 2021000176 de las 9:15 horas del 8 de enero de 2021, en caso de existir alguna disconformidad respecto al sustento que justifica el proyecto de la calle por el parque de Montezuma, deberá ser alegada en la vía ordinaria de legalidad, donde se podrá determinar si se incluyó o no en alguno de los dos planes reguladores indicados, bajo qué condiciones técnicas y legales específicas y si cumple con las disposiciones correspondientes a la zona donde se ubica.\n\nAdemás, respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no constan elementos en autos que permitan acreditar una lesión de relevancia constitucional residenciable en la vía sumaria del amparo.", "excerpt_en": "Thus, due to the aforementioned environmental feasibility, on January 15, 2025, the Cóbano District Municipal Council placed a sign in the vicinity of Montezuma Park... Therefore, this part of the claim must be dismissed. In this regard, the plaintiff argues that the feasibility granted is improper, since it corresponds to another regulatory plan. However, as already decided in the aforementioned ruling no. 2021000176 of 9:15 a.m. on January 8, 2021, any disagreement regarding the basis that justifies the road project through Montezuma Park must be raised in the ordinary courts, where it can be determined whether it was included or not in either of the two indicated regulatory plans, under what specific technical and legal conditions, and whether it complies with the provisions for the area where it is located.\n\nFurthermore, with respect to the right to a healthy and ecologically balanced environment, there are no elements in the record to prove a constitutional injury cognizable in the summary amparo proceeding.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Chamber denied the amparo, finding no violation of fundamental rights; the project has environmental approval and disputes over regulatory plans belong in ordinary courts.", "summary_es": "La Sala declaró sin lugar el amparo al no evidenciar lesión a derechos fundamentales; el proyecto cuenta con viabilidad ambiental y las controversias sobre planes reguladores deben resolverse en sede ordinaria." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "Any disagreement regarding the basis that justifies the road project through Montezuma Park must be raised in the ordinary courts.", "quote_es": "En caso de existir alguna disconformidad respecto al sustento que justifica el proyecto de la calle por el parque de Montezuma, deberá ser alegada en la vía ordinaria de legalidad." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, there are no elements in the record to prove a constitutional injury cognizable in the summary amparo proceeding.", "quote_es": "Respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no constan elementos en autos que permitan acreditar una lesión de relevancia constitucional residenciable en la vía sumaria del amparo." }, { "context": "Hecho probado e)", "quote_en": "The area covered by Montezuma Park does not qualify as forest, nor is it a protected wilderness area or water protection area.", "quote_es": "El área cubierta por el parque de Montezuma no califica como bosque, ni es un área silvestre protegida o de protección hídrica." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1326093", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 25664 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 14 de Agosto del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-001778-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-001778-0007-CO\n\nRes. Nº 2025025664\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco .\n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente número 25-001778-0007-CO, interpuesto por Nombre46161 , cédula de residencia CED36235, a favor de sí misma y de SOCIEDAD LAS BRISAS DE DELICIAS DE CÓBANO S.A. contra el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a el 21 de enero de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo. Expone que, el 17 de enero de 2025, un rótulo fue colocado contiguo al parque Montezuma, en el que se indicó la ejecución de un proyecto para la habilitación de calle pública. Arguye que esa información tergiversa la verdad. Asevera que la calle que se pretende construir no tiene un sentido lógico por su ubicación y realizarla implica la destrucción del único parque donde existe densidad boscosa. Asevera que la autoridad accionada debe realizar una evaluación ambiental y la información debe ser compartida con la población afectada, para así determinar la necesidad de destruir una zona ambiental. Arguye que la sociedad que representa es concesionaria de un terreno, donde se ha invertido una gran suma para la construcción de un hotel; empero, está ubicada en suelos arenosos y, la excavación a realizarse para la construcción de la calle implica la desestabilización para el terreno en el que se está construyendo el hotel.\n\n2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 8:38 horas del 23 de enero de 2025, se le previno a la recurrente indicar: “Si ha planteado de manera formal y por escrito la gestión correspondiente a efecto de denunciar ante la autoridad accionada la situación que expone en el memorial de interposición de este recurso; • De ser afirmativa su respuesta, deberá aportar copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de la denuncia que formuló; • De haber recibido alguna resolución, deberá indicar claramente cuál fue el resultado obtenido y aportar la documentación generada con ocasión de tales diligencias; • Si dicha denuncia se encuentran pendiente de resolución a la fecha de interposición de este recurso, también deberá indicarlo expresamente a esta Sala; • Igualmente si no ha planteado por escrito y de manera formal su denuncia, así deberá aclararlo. De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho”.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 28 de enero de 2025, la recurrente expone: “· Si ha planteado de manera formal y por escrito la gestión correspondiente a efecto de denunciar ante la autoridad accionada la situación que expone en el memorial de interposición de este recurso Respuesta: El día 29 de junio de 2020, varios vecinos de la comunidad, incluida la suscrita folio 2, línea 18), presentamos una gestión ante el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, oponiéndonos a que se autorizara la apertura de la calle dentro del parque, porque se afectaría nuestro derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El parque es la única área verde para el disfrute de la publicación. · De ser afirmativa su respuesta, deberá aportar copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de la denuncia que formuló Se aporta copia del documento con el sello de recibido en el Concejo Municipal de Cóbano a las trece horas con treinta y tres minutos del 29 de junio del 2020 · De haber recibido alguna resolución, deberá indicar claramente cuál fue el resultado obtenido y aportar la documentación generada con ocasión de tales diligencias El documento presentado al Concejo Municipal de Cóbano a las trece horas con treinta y tres minutos del 29 de junio del 2020, no fue resuelto hasta el día de hoy · Si dicha denuncia se encuentra pendiente de resolución a la fecha de interposición de este recurso, también deberá indicarlo expresamente a esta Sala Efectivamente la gestión ante el Concejo Municipal de Cóbano nunca fue resuelto, a pesar de que era una solicitud firmada por gran cantidad de ciudadanos”.\n\n 3.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 9:33 horas del 29 de enero de 2025 se dio curso al amparo. Asimismo, se requirió informe al alcalde y al presidente del Concejo Municipal de Distrito, ambos de Cóbano.\n\n4.- Informan Ronny José Montero Orozco y Minor Centeno Sandí, por su orden, intendente municipal y presidente del Concejo de Concejales, ambos del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. Exponen: “PRIMERO: NO ES CIERTO. Como requisito en el procedimiento de la apertura de calle que se realizará en sector costero Plan Regulador Integral Cabuya Montezuma contiguo al parque, el rótulo fue colocado por esta Administración el miércoles 15 de enero del 2025, con amparo en la Resolución de Viabilidad Ambiental 0631-2021-SETENA, tal y como consta en la prueba documental que se aquí se aporta (folio 027 expediente Proyecto Apertura Calle Montezuma).  SEGUNDO: NO ES CIERTO. El rótulo colocado como parte del procedimiento de apertura de calle sector costero Plan Regulador Integral Cabuya Montezuma, cuenta con los requisitos esenciales contemplados en la resolución 1834-2016 del Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Ambiental, sobre Acuerdo de Comisión Plenaria Rotulación de Proyectos de Viabilidad Ambiental, la cual indica en su por tanto segundo; No lleva en razón las manifestaciones hechas por la recurrente, siendo que la información es clara y precisa tal y como señala la resolución antes mencionada, asimismo, sobre el significado de la palabra \"continuo\" el Diccionario de la Real Academia Española indica lo siguiente;  \"Del lat. contiguus. adj. Que está tocando a otra cosa. Sin: inmediato, adyacente, colindante, anejo, lindante, rayano, fronterizo, limítrofe, vecino, pegado, próximo, confinante, adosado\"1 (negrita no es del original). El termino usado en la descripción del rotulo no tergiversa la información, como se desprende del Diccionario de la Real Academia la palabra contiguo significa \"está tocando otra cosa\" o bien los sinónimos que la recurrente no indicó inmediato, adyacente, colindante, anejo, lindante, rayano, fronterizo, limítrofe, vecino, pegado, próximo, confinante, adosado, sinónimos que la recurrente no tomó en cuenta pero que describen el proyecto de apertura calle contiguo al parque de Montezuma, como se demuestra en la imagen correspondiente al Plano Catastro número 6-2077267-2018, que consta como prueba visible a folio 005 del expediente titulado Proyecto Apertura Calle Montezuma; ya que dicha calle se encuentra de manera adyacente al parque de la comunidad  TERCERO: NO ES CIERTO. El Proyecto Apertura Calle Montezuma NO DESTRUYE el Parque de Montezuma, tal y como muestra la imagen mencionada en el hecho segundo, la calle bordea dicho parque, lo cual se encuentra contemplado en lámina del Plan Regulador Integral Cabuya Montezuma, la apertura de esta calle es necesaria para la comunidad a fin de descongestionar el paso vehicular que por muchos años ha sido un problema en este sector lo cual el mismo pueblo de Montezuma lo ha gestionado. CUARTO: NO ES CIERTO. El Proyecto Apertura Calle Pública Montezuma cuanta la visibilidad ambiental resolución número 0631-2021-SETENA de las 13:00 horas del 22 de abril del 2021, emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, visible a folio 027 del expediente Proyecto Apertura Calle Montezuma; el cual es y siempre ha sido público para toda la población del distrito de Cóbano y ha estado en custodia del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de este Concejo Municipal de Distrito, conforme a derecho corresponde en amparo del artículo 132 de la Ley General de Administración Pública.  QUINTO: NO ES CIERTO. Como se describió en el hecho tercero, la apertura de la calle pública en Montezuma no toca el parque, asimismo, como se señala en el hecho cuarto cuenta con la viabilidad ambiental de Nombre3456 y de manera efectiva resulta muy necesario para descongestionar el tráfico vehicular en la zona; la argumentación de la recurrente nace de un interés particular siendo que cuenta con solicitud de concesión en este sector tal y como se desarrollará en el siguiente hecho, es de conocimiento que la Administración debe necesariamente perseguir el interés público entendiéndose cómo las necesidades colectivas dē una comunidad y que son legalmente tuteladas por el Estado, razón por la cual la manifestaciones realizadas por la recurrente son con evidente mala fe siendo que busca un interés particular, en beneficio propio por la parcela que pretende concesionar y desde el año 2021 no ha ajustado el plano presentado porque no cumple con los retiros correspondientes. SEXTO: Como se mencionó anteriormente, existe un evidente interés particular por parte de la recurrente, siendo que cuenta con solicitud de concesión que al día de hoy no ha logrado ajustar el plano porque no cumple con los retiros, no se tiene de recibido el fundamento legal de conformidad al artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, toda vez que, como se ha indicado reiteradas veces este proyecto cuenta con viabilidad ambiental tal y como indica el mismo rotulo supra indicado.  No lleva en razón al indicar que paga derechos, siendo de conocimiento de conformidad a la Ley 6043 sobre Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento que el pago del canon por concesión corresponde al momento de ser aprobado el trámite por este Concejo Municipal de Distrito para el respectivo otorgamiento por parte del Instituto Costarricense de Turismo y al día de hoy el proceso de solicitud de concesión se encuentra detenido por parte de sociedad Las Brisas de las Delicias de Cóbano S. A., expediente 3963-2020, siendo que no ha ajustado el plano presentado en el trámite, asimismo, si ha permanecido en la parcela solicitada en concesión de previo a entrada en evidencia del Plan Regulador Integral Cabuya Montezuma según publicación de la Gaceta 184 del día miércoles 14 de setiembre del año 2016, y de previo ha (sic) esta fecha ha pagado algún impuestos, corresponde al representante legal de la sociedad apersonarse a este Concejo Municipal de Distrito a realizar el trámite correspondiente.  Existen intereses propios de la recurrente respecto al terreno solicitado en concesión por su representada porque no ha ajustado los retiros correspondientes de las construcciones de conformidad al piano aportado en la solicitud de concesión y el Plan Regulador Integral Cabuya Montezuma y no por un tema ambiental siendo que el proyecto que aquí recurre cuanta con la respectiva viabilidad ambiental y estudios correspondientes, como consta en la prueba que aquí se adjunta.  No es cierto que su representada se coloca en estado de indefensión siendo que cuenta con la posibilidad de ajustar las construcciones de conformidad a la Ley 9242 para la regulación de las construcciones existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre, que la misma recurrente no ha gestionado al no querer ajustar los retiros de la parcela solicitada en concesión. según resolución 0631-2021, no existe quebranto alguno al medio ambiente siendo que este Administración ha realizado las diligencias correspondientes.  OCTAVO: Sobre la prevención según resolución de las ocho horas treinta y ocho minutos del veintitrés de enero del dos mil veinticinco. Se aporta como prueba expediente 20-011494-007-CO sobre Recurso de Amparo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cual mediante resolución de las nueve horas quince minutos del ocho de enero de los dos mil veintiunos que declara sin lugar dicho recurso con la advertencia del considerando VI lo cual al día de hoy se encuentra subsanado con la viabilidad ambiental aprobada.  También se aporta expediente 20-003932-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo, procedo control no jerárquico, en el cual consta mediante acta del Concejo de Concejales de este Concejo Municipal de Distrito el procedimiento de conformidad al debido proceso sobre la denuncia mencionada por la recurrente, cumpliendo conforme a derecho corresponde todas sus etapas y fases recursivas hasta llegar al Tribunal Contencioso Administrativo, el cual mediante sentencia 131-2021 de las quince horas del veinticinco de marzo del dos mil veintiuno, declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto”.\n\n5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 3 de marzo de 2025, la recurrente expone: “Visto el apersonamiento y contestación del recurso por parte del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano se evidencias claras inconsistencias en los hechos que sirven de fundamento la oposición presentada por la recurrida, he considerado relevante analizar la exposición. En principio resulta palpable y congruente en la jurisprudencia de la Sala Constitucional la defensa de la existencia de los parques como espacios necesarios como zonas de esparcimiento de las comunidades, siendo que en el caso que nos ocupa se pretende destruir una zona que fue trasladada por administración por la arquidiócesis para su uso como parque único en la ciudad. Consecuente con lo antes expuesto podemos ver el dictamen rendido por la Procuraduría General de la Republica C-418-2020 de fecha 27 de octubre de 2020 que indica \"Esta Procuraduría en anteriores pronunciamientos se ha referido sobre la naturaleza jurídica de los parques públicos. Específicamente, en el dictamen C-232-2015 del 28 de agosto de 2015 indicamos lo siguiente: \"En relación con la naturaleza de los bienes, el artículo 261 del Código Civil dispone que: \"Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes, en el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona\". Asi el demanio puede derivar del hecho de que un bien esté entregado al uso público, sea al uso común general que permite que cualquiera pueda utilizarlo sin necesidad de título especial, como sucede con calles, jardines, plazas públicas. O bien, esté destinado a la prestación de un servicio público o afectos por ley a un fin público determinado. Carácter público por naturaleza que puede predicarse de los parques públicos, en cuanto se encuentran entregados al uso público, según lo dispone el artículo 37 de la Ley de Construcciones, No. 833 de 4 de noviembre de 1949, a cuyo tenor: \"Los parques, jardines y paseos públicos son de libre acceso a todos los habitantes del país, los que al usarlos tienen la obligación de conservarlos en el mejor estado posible. (...) Como consecuencia de la afectación al fin o al uso público, los bienes demaniales están sujetos a un régimen jurídico particular en orden a su adquisición, uso, disfrute y, en su caso, enajenación. Tradicionalmente se prohíbe respecto de dichos bienes el hipotecarlos, gravarlos, embargarlos o enajenarlos, salvo desafectación al fin público. En efecto, generalmente se predica de bienes su inembargabilidad, imprescriptibilidad y enajenabilidad, prohibiciones que, como dijimos anteriormente, tienden a la protección y uso de los bienes demaniales.\" Conforme lo anterior, la Ley de Construcciones dispone que los parques son considerados bienes de dominio público, y, por ende, resultan -en principio- inembargables, imprescriptibles y no enajenables. De allí que, ostentan una naturaleza especial que le permite a todos los habitantes del país tener libre acceso a ellos, sin excepción alguna, bajo el entendido que existe la obligación de conservarlos en el mejor estado posible (en ese sentido, también ver dictámenes C-162-2004 de 27 de mayo del 2004 y C-089-2016 del 26 de abril de 2016).\" En relación con la contestación del recurso por parte de la recurrida tenemos: PRIMERO: No es cierto, pues la apertura de la calle que se realizará en el sector costero plan regulador integral cabuya Montezuma indica nuevamente que se hará contigo al parque. Esto no es cierto pues esta calle nunca ha existido contigo al parque, por lo tanto, lo que se realizara es la construcción de una calle nueva atreves del parque. En la resolución número D1-0625-2020- Nombre3456 claramente indican que Nombre3456 recibió el formulario D1 del proyecto: Habilitación Calle. Publica contigo al Parque de Montezuma, presentado a nombre de Consejo Municipal de Distrito de Cóbano, cedula jurídica CED36236, representado por el señor Favio José López Chacón, documento de identificación número CED20666, se le asigno el expediente número D1- 0625-2020-SETENA. En calidad de consultor ambiental responsable el señor Alberto Vásquez Granados, documento de identificación número CED36234- , quien cuenta con su registro de consultor al día. Esta viabilidad claramente indica que es la habilitación calle publica contigo al parque de Montezuma, expediente número D1- 0625-2020-SETENA lo cual nuevamente indicamos no concuerda con el proyecto que planea ejecutar el consejo distrital de Cóbano. Puesto que lo que construirá es una calle publica atreves del parque existente; parque en el cual nunca ha existido una calle publica desde el momento en que la junta eclesiástica de la iglesia católica dono este terreno como parque público al pueblo de Montezuma, Cóbano y Costa rica en el año 1985. Además, en el plano topográfico numero 6-2077267-2018 se indica un estacionamiento publico sin definir el área total de construcción, área que también será cercenada del parque público existente actualmente. Esta área del parqueo tampoco está incluida en el estudio que se realizó de esta viabilidad ambiental en la resolución número 0631-2021- SETENA. Estas son las Incoherencias o carencias de esta viabilidad ambiental realizada con respecto al proyecto a ejecutar. Aspectos incoherentes de esta Viabilidad Ambiental: La viabilidad otorgada lo es para la habilitación de una calle publica contiguo al parque de Montezuma. Esto no es cierto, porque lo que se pretende es la construcción de una calle a treves del parque de Montezuma, así lo demostramos con las fotografías que se aportan. El área del parqueo publico representado en el plano número 6- 2077267-2018 no está incluido en esta resolución número 0631- 2021-SETENA. Por lo cual es un área además del área de la calle que también seria cercenada del área total del parque público de Montezuma, que según, el plano. de catastro que adjuntamos del año 1991, el parque tiene un área de 3657.65 metros cuadrados de acuerdo a la donación que hizo el señor Nombre46162  , cedula CED36237 como parque público desde el año 1985. En cuanto a las observaciones indicadas en la viabilidad ambiental: C.1 Indica la viabilidad que en cuanto a las medidas ambientales cumple. Pero sabemos que en el terreno de este parque pasan y viven animales como armadillos, cari blancos, congos, martilla, zorros, zarigüeyas, mapaches, pizotes, ardillas que es posible observar normalmente en la noche y muchas veces inclusive en el día (fotos). También existen grandes arboles decenarios y arboles jóvenes en crecimiento donde pasan y conviven pájaros como garza blanca, martinpena, loros, macaos, tucanes, urracas, carpinteros, zanates, pijos, lechuzas, gavilanes, come maíz y otros. Por todo lo anterior, no es cierto que cumple con las medidas ambientales. En cuanto a oficios (SENARA, MOPT; SINAC etc.), indica N/A lo cual no es cierto, pues si aplica, puesto que en el área en que se pretende construir la calle existen algunos de los árboles indicados que deberán cortarse para poder ejecutar el proyecto. De lo anterior tenemos constancia con los permisos otorgados por el SINAC de Cóbano (permisos) los cuales solicitamos a esta honorable Sala, sean solicitados al consejo del distrito de Cóbano. Con respecto a los estudios técnicos contemplados en la evaluación del impacto ambiental indicamos lo siguiente: D.1. Estudio geotécnico: se indica en la viabilidad que no es necesario dicho estudio. Lo cual no es cierto puesto que esta calle se construirá muy cerca de la edificación del Hotel Aurora, como a 3 metros bajo el nivel del piso del Hotel Aurora. Siendo Montezuma una zona de alta vulnerabilidad sísmica, donde constantemente se han sucedido terremotos como el ultimo que fue el 12 de Octubre 2021, cuando se presentó un terremoto con magnitud de 5.3 que afecto fuertemente Montezuma. (presentar prueba) Al no haberse realizado que el estudio geotécnico, y no haberse indicado, tampoco, la distancia entre el borde de la calle a construir y la edificación de mi representada, (El Hotel Aurora). Lo anterior implica que no se realizaron estudios de los ángulos necesarios para la estabilización de los taludes, que quedarían entre el nivel de la calle y el nivel del piso de la edificación, por lo cual, la estructura de la edificación quedaría vulnerable, durante la construcción, es por esto por lo que no sabemos en qué forma se prevendrían futuros impactos por deslizamiento de taludes que afectarían al edificio. Esto ya, aun, con el mero hecho de la construcción de la calle, y especialmente si se produjera un nuevo terremoto en la zona como es común, lo cual podría ser altamente impactante para la edificación del Hotel Aurora. Solicitamos que se exija al consejo distrital de Cóbano el estudio geotécnico puesto en la misma viabilidad ambiental se indica que no aplica y que no es necesario realizarlo. En un párrafo siguiente se indica que en caso de que se ubiquen cuerpos de agua superficial deberá aplicarse la legislación vigente en materia de zonas de protección, por lo cual, esto solo es posible aplicarlo, habiéndose hecho el estudio geotécnico correspondiente. En la misma viabilidad ambiental se indica: (Del análisis de la Georreferenciación que realizara la Unidad de Geografía de esta Secretaría, -análisis que consta en el expediente administrativo, así establecido según Decreto Ejecutivo Numero 37803-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, articulo 2; se reconoce lo siguiente: Se registra una naciente aproximadamente a 130 m, al Oeste de la propiedad. Seguidamente en el capítulo de la inspección de campo Nombre3456 indica que el departamento de evaluación ambiental determino no realizar la inspección de campo. Esto hace aun mayor la necesidad de realizar el estudio geotécnico. D.2. estudio hidrológico: se indica que no se realizó por la naturaleza del proyecto. Este estudio es necesario puesto que el nivel de tierra del parque está a 100 metros de distancia del mar y como a 5 metros sobre el nivel del mar. Por lo cual la profundidad del nivel del agua freática es muy superficial y normalmente en la época de lluvias el parque se satura totalmente con el agua, al no poder la tierra filtrar el agua llovida que se contrapone con el agua freática existente, por lo cual el proyecto de la construcción de la calle amplificara los riesgos de inundación por las aguas de escorrentía sobre las edificaciones aledañas. Por este consideramos el estudio hidrológico, también debe realizarse. D.3. Certificación de riesgo antrópico. (El riesgo antrópico se define como\" el estudio de las relaciones entre el ser humano y el entorno\"). Siendo que este parque es visitado por turistas de Costa Rica y de muchísimos países del mundo, los cuales, interactúan constantemente con la flora y fauna existente en el parque, además de que, lo utilizan como área recreativa, y que también, en este parque, constantemente se realizan, actividades como, la feria orgánica, todas las semanas, conciertos de música, reuniones de la comunidad o de vecinos para tratar temas del pueblo. Y muy importante, lo que es, la existencia de un play de juego para niños y jóvenes el cual no fue indicado en el plano de catastro que se presentó a los honorables jueces de la sala constitucional. Play del cual adjuntamos fotografías. El plano no indica la distancia entre el lindero de la calle y del parqueo público que se construirá en relación con el play de para los niños y jóvenes, esto es una posible causa, que impactaría la seguridad de los niños y jóvenes que disfrutan de este parque. D.4. Biológico rápido: claramente indica en las observaciones el ingeniero Daniel Loria Sims CI-188-19-SETENA, que dentro el AP(área del proyecto), se identificaron tanto en fauna como flora especies bajo categoría de protección como roble de sabana, guácimo, madroño entre otros, mono Congo en categoría vulnerable. En este caso el desarrollador debe contar con los permisos del SINAC ya que se estima que para el desarrollo de la AOP se requiere cortar 8 árboles. Solicitamos que se presenten los permisos del SINAC para la corta de estos 8 árboles y se verifique el impacto ambiental que esto tendrá en la flora y la fauna, y si al respecto, se hicieron los estudios necesarios referentes al impacto ambiental que produciría en la flora y la fauna, los permisos otorgados para la corta de estos árboles. SEGUNDO: La información que contiene la viabilidad ambiental es tergiversada, puesto que los hechos reales que se relacionan con el origen y existencia del parque público de Montezuma es que fue un terreno cedido por el señor Nombre46163  , a la diócesis de Tilarán y luego esta lo cedió en administración a la diócesis de Puntarenas, y finalmente cedido al pueblo de Montezuma con fines de parque público, inicialmente existía una plaza de deportes y en el transcurso del tiempo se reacomodo ubicando la plaza en un espacio y el parque para uso de la comunidad, todo en el mismo terreno.  Resulta importante mencionar que la propiedad del señor Nombre46163  , era anterior a la Ley N° 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre de 2 de marzo de 1977. Igualmente comprobamos que la información que contiene la viabilidad Ambiental es tergiversada en base al documento que se describe a continuación en que la intendencia municipal de Cóbano se dirige a la Procuraduría General de la Republica. Documento el cual adjuntamos y en el que se indica lo siguiente: (COBANO 14 de Mayo 2007, CMDCI-064-2007, Sr. Lic. Mauricio Castro Lizano, procurador adjunto- Procuraduría General de la Republica. Documento, en el cual, entre otros, el intendente del consejo municipal del distrito de Cóbano, José Eladio Cortez Castrillo en su contestación a la Procuraduría de la república en el apartado cuarto indica lo siguiente: que como una de las posibles soluciones se pensó en utilizar parte del parque que se encuentra totalmente subutilizado, pues lo que hay son varios árboles grandes que afean el lugar, además de la gran humedad en el área. También se propuso por parte de algunas personas de la comunidad que se hiciera una carretera que traspasara el parque al costado norte del mismo y salir al cruce de entrada a la ciudad y que obviamente no es para parqueo sino para dar un nuevo acceso a la ciudad. Aquí nuevamente podemos constatar que el proyecto que se indica en esta viabilidad ambiental no es habilitar una calle publica sino construir una calle o carretera nueva que traspasara el parque al costado norte del mismo como lo reconoce el Sr. José Eladio Cortez Castrillo intendente del consejo distrital de Cóbano el 14 de Mayo 2007. Con esto demostramos que nunca existido una carretera que atravesara el parque por lo cual demostramos que la información que se presenta en la viabilidad ambiental de Nombre3456 es tergiversada porque indica que se habilitara una calle contigo al parque de Montezuma. TERCERO: Si es cierto, puesto que en el apartado contenido (biológico rápido) en la evaluación ambiental elaborada por Daniel Loria Sims CI- 188-19-SETENA se indica que dentro del área AP se identificaron tanto en fauna como en flora especies bajo categoría de protección como son: roble de sabana, guácimo, madroño entre otros, y nosotros podemos agregar que también existen arboles de corteza amarilla, Ron Ron, Caoba, Higuerón, Laurel de la India, Jícara, Mango, Panamá, los cuales pueden ser verificados en sitio. También indica que hay especies de fauna como mono Congo en categoría vulnerable, y además nosotros agregamos que también hay Cariblancos, martilla, armadillos, ardillas, mapaches, zarigüeyas, zorros, pizotes, lapas, loros, macao, tucanes, gavilanes, lechuzas, urracas, zanates, carpinteros, come maíz, garzas, martinpena, que pasan por este parque y también lo habitan, lo cual pudo haber sido verificado por Nombre3456, si hubiera hecho la inspección de campo correspondiente, pero esta no se hizo, tal como lo indica Nombre3456, en la viabilidad realizada (agregar copia de la resolución) CUARTO: Es cierto que se destruye en gran parte el hábitat y la flora del parque de Montezuma y además se pone en peligro la seguridad de los niños y jóvenes que disfrutan del play de juegos. Puesto que de un área de 3.657.65 metros cuadrados que tiene actualmente el parque, lo cual demostramos, mediante el plano topográfico de fecha Mayo 1991 y que adjuntamos, se reduce el área del parque a 1698 metros cuadrados de acuerdo al plano catastrado 6-2077-267-2018 elaborado por el consejo municipal del distrito de Cóbano. Plano en el cual cercena áreas indicadas como A para consejo municipal del distrito de Cóbano y además de las áreas de parqueo y proyecto de calle pública. También es muy tergiversada la información de este plano pues no indica los colindantes noroeste dentro de los cuales se encuentra la edificación del Hotel Aurora ni la distancia del borde de la calle en esta dirección a esta edificación del Hotel Aurora. Además, no se indica la ubicación del play para juego de niños y jóvenes ni la distancia que separaría este play del borde sureste del proyecto del parqueo que se indica. Si es cierto que existe una viabilidad ambiental con información tergiversada sobre la realidad que ha existido en este parque, desde el año 1985, año en el cual Nombre46163  , cedula CED36237 lo dio como área de parque público de Montezuma, lo dio en uso a la diócesis de Tilarán, luego la administración fue trasladada a la diócesis de Puntarenas, y después fue cedido a la comunidad de Montezuma con el uso de parque público que ha tenido desde 1985 y que tiene hasta la fecha. Esto se hizo en el periodo 2004-2008 en que la diócesis de Puntarenas cedió la administración al consejo municipal del distrito de Cóbano. QUINTO: Es cierto que el parque público de Montezuma es el único parque público que existe en todo el distrito de Cóbano y que, si es cierto que se destruye la fauna y la flora existente, además que se pone en peligro la seguridad de los niños y jóvenes y demás ciudadanos de Montezuma, Cóbano y turistas de Costa Rica y de muchísimos países del mundo que diariamente visitan Montezuma y que disfrutan de este parque público, y de su flora y fauna e infraestructura recreativa que existe en el parque. Es cierto que la administración le fue cedida al consejo municipal del distrito de Cóbano, pero, esta administración nunca la ha ejercido, este consejo, pues el play que existe fue una donación de la fundación por la vida de Nombre46164    en 1989, y la demás infraestructura que existe como bancas, mesas, arboles sembrados y rotulados, fueron aportados y realizados por los vecinos de Montezuma. También existe una fuente de agua publica que lograron los vecinos que se instalara por parte de la asada de Montezuma. Al contrario, el Consejo Distrital de Cóbano, nunca recoge la basura del parque, nunca poda los árboles, nunca ha instalado ni una silla ni recoge los restos de ramas y hojas que se desprende de los árboles, tampoco recoge los árboles derribados por la naturaleza, pero si siempre ha tratado de cercenar áreas de este parque publico logrando una viabilidad ambiental con información tergiversada y realizando un plano topográfico 6-2077267-2018 con información incompleta y tergiversada también. SEXTO: Si es cierto que existe un evidente interés particular y comunitario de nuestro país y de muchos países, como lo demostramos con muchas firmas que hemos recogido y que ya el mismo consejo del distrito de Cóbano presento a los Honorables Jueces de esta Sala Constitucional , firmas en defensa del parque de Montezuma, de su flora y fauna, del play de juego para niños y demás áreas de recreación para ciudadanos de Montezuma, Cóbano y turistas de Costa Rica y muchos países del mundo entero que lo visitan diariamente. Como se demuestra con las mismas firmas. Es cierto que en el caso de la sociedad que represento y que es concesionaria de un terreno desde el año 1987, año desde el cual se ha pagado derechos y los impuestos correspondientes, además de la inversión importante en la construcción autorizada con la recurrida, de un hotel, que a su vez genera fuente de empleo en esta zona. Y si defiendo también el derecho a mantener la seguridad de la edificación existente de mi representada por los posibles danos colaterales que podrían afectar a esta edificación si se construyera este proyecto. Todo de acuerdo al punto 6 en el recurso de amparo que presentamos a esta honorable sala. SETIMO: Es cierto que el proyecto en que se indica apertura calle publica de Montezuma cuenta con estudios, pero como ya lo hemos demostrado, esta resolución ambiental 0631-2021 se realizó con información tergiversada e incompleta. También, como ya se indicó, en el plano topográfico de catastro número 6-2077267- 2018 la información que se indica es tergiversada e incompleta de acuerdo a la realidad que ha existido y que existe hasta el día de hoy en este parque público de Montezuma. Además, si existiría quebranto al medio ambiente siendo que la administración tergiversa, al decir que ha realizado las diligencias correspondientes con respecto al medio ambiente que se solicitan en la Viabilidad Ambiental, pues a los vecinos, no se nos ha mostrado ningún plan de compensación para la flora y la fauna que destruiría, ni ninguna medida de mitigación para disminuir el quebranto al medio ambiente, ni la posible afectación a la seguridad de los niños, jóvenes y demás personas que visitan diariamente el parque de Montezuma. PRETENSION: Con fundamento en los motivos expuestos y apegándonos a los dispuesto por el artículo 50 de nuestra Constitución Política solicito a esta honorable Sala se acoja el recurso de amparo y ordene suspender cualquier obra que dañe el parque como lo es construir una carretera que ni siquiera se conoce la necesidad de la misma en un terreno que fue dado en administración por la Arquidiócesis para uso de parque”.\n\n6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 3 de marzo de 2025, Victoria Eugenia Quirós Ramírez, en su condición de presidenta de la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica solicita ser coadyuvante dentro del presente recurso de amparo. Expone: “1. Desde el año 2020 el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano en la figura de la Vice Intendenta Ana Silvia Lobo, diseñó y presentó, el proyecto de hacer en la comunidad de MONTEZUMA, una carretera y área de parqueo, destruyendo el ÚNICO parque, zona de recreación para locales y visitantes, en particular de los niños y las niñas que disfrutan del patio de juego, donado en el año 1989, por el Programa Nacional de Parques y Recreación y de mantenimiento permanente a cargo de la comunidad. 2. La Señora ex-viceintendente Ana Silvia Lobo tiene intereses legítimos en la propiedad del Hotel NyA, por donde atraviesa en colindancia, la carretera que por años hizo corrección desde el interior de la comunidad de Montezuma con la ruta nacional 624. Dicha carretera está en desuso, pero es fácilmente recuperable, por lo que no es de recibo el pretender destruir un parque comunal a cambio de salvar intereses parIculares de un hotel. 3. El Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, tiene tan solo autonomía funcional lo cual le limita las acciones en las cuales puede actuar, por lo que consideramos se extralimita en su capacidad constitucional para irrumpir en la vida social que se genera alrededor del parque de Montezuma, y violenta el derecho a un ambiente equilibrado, y a la protección a la abundante fauna y flora del parque. 4. El Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, pretende hacer una carretera en un área que por sus características de suelo marino terrestre, y el declive que presenta el área eventualmente impactada, amenazaría a los ocupantes de la zona baja con eventuales inundaciones y afectación por la inminente erosión que ocurría si se cortara los árboles del parque de Montezuma. Todo lo cual confirma la incapacidad instrumental y constitucional de las acciones del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano. 5. El Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, no tiene ni el aval de la Municipalidad de Puntarenas, ni los estudios de suelo, ni los eventuales diseños de contención, y ni siquiera cumple con la medida de al menos cuarenta metros de distancia que debe tener una carretera nueva en relación al punto de vértice en colindancia con el cruce de calle ya existente, según establece así el Reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones (INVU 2021 ) con lo cual se atenta contra un ambiente equilibrado y el derecho a la protección de la salud e integridad de los habitantes. La calle que pretenden hacer conecta en donde están los rótulos de la fotografía, con lo cual se estaría potenciando la congestión vial y los accidentes de tránsito, dado la ausencia de un correcto diseño geométrico y las condiciones nada técnicas de la pretendida calle, que obligarían a los conductores a maniobrar peligrosamente, para el giro hacia Cóbano y/o el giro hacia Cabuya y para el tránsito de entrada de ambas rutas. Esa situación evidencia la incapacidad técnica, jurídica, constitucional del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, para hacer una calle y destruir el parque de la Comunidad de Montezuma. 6. El Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, falta a la verdad ante la Secretaría Técnica Ambiental y utiliza la viabilidad ambiental que le fue otorgada a un plan regulador denominado Plan Regulador Integral del Centro Turístico Montezuma-Cabuya. Expediente EAE-001-2008 Nombre3456, cuya características de zonificación y otras, son muy diferentes a las del Plan Regulador aprobado por el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano. Esa situación se ha denunciado ante Nombre3456 desde hace varios años, irregularidades evidenciadas en el informe de evaluación de la incorporación de la variable ambiental a POT, Formulario de revisión Técnica FR-DT-EAE-011-2020, cuyos requerimientos, el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, no entrega a Nombre3456. 7. En la lámina del plan regulador al cual Nombre3456 otorgó la viabilidad ambiental, NO EXISTE ninguna calle en el parque de Montezuma, y contrariamente, se previene por parte de Nombre3456 a recuperar la permeabilidad de terreno no a compartir con una calle. 8. Falta a la verdad el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano al insistir que la calle iría contiguo al parque, si se observa el plano que indica el proyecto de hacer una calle y parqueo, el mismo abarca casi la totalidad del parque PRETENCIONES: 1. Que la Honorable Sala Constitucional en aras de prevenir un desastre socio-ambiental, dicte medida cautelar que evite que el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, corte árboles ni haga movimiento de tierra en el área del parque donde pretenden hacer una calle. 2. Que la Honorable Sala Constitucional valore todos los elementos aportados y de ser posible lleve a cabo una valoración en sitio, para su mejor resolución final. 3. Que la Honorable Sala Constitucional ordene a Nombre3456 hacer la valoración ajustada a la verdad y cancele el permiso otorgado al proyecto de la calle en el parque de Montezuma y que actúe en concordancia y con celeridad en las demandas establecidas en el informe Formulario de revisión Técnica FR-DT-EAE-011-2020, con el fin de dar la protección ambiental parIcularmente al parque de Montezuma. 4. Que la Honorable Sala Constitucional valore la importancia que Iene el PARQUE DE MONTEZUMA en la vida social, psicológica, en la convivencia con la naturaleza, en la salud y bienestar integral de la población, como derechos consagrados en la Constitución Política de Costa Rica y ordene al Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, eliminar sus pretenciones de hacer una calle y destruir ese espacio boscoso pulmón de paz y frescura. 5. Todas las pretenciones establecidas en el Recurso de Amparo”.\n\n7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Sobre las coadyuvancias planteadas. Por escrito del 3 de marzo de 2025, Victoria Eugenia Quirós Ramírez, en su condición de presidenta de la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica planteó una coadyuvancia.\n\nLa coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimada para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de esta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter de \"erga omnes \" que tiene la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nEn este caso, la Sala procede a admitir la coadyuvancia planteada, pues Victoria Eugenia Quirós Ramírez, en su condición de presidenta de la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica tiene un claro interés en el resultado de este proceso.\n\nII.- Objeto del recurso. La recurrente reclama: 1) que, el 17 de enero de 2025, un rótulo fue colocado contiguo al parque Montezuma, en el que se indicó la ejecución de un proyecto para la habilitación de calle pública; empero, reclamara que esa obra no tiene un sentido lógico por su ubicación y realizarla implica la destrucción del único parque donde existe densidad boscosa; además, la autoridad accionada debe realizar una evaluación ambiental y la información debe ser compartida con la población afectada, para así determinar la necesidad de destruir una zona ambiental; y, 2) arguye que la sociedad que representa es concesionaria de un terreno, donde se ha invertido una gran suma para la construcción de un hotel; empero, está ubicada en suelos arenosos y, la excavación a realizarse para la construcción de la calle implica la desestabilización para el terreno en el que se está construyendo el hotel.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)    En el artículo VIII, inciso c, de la sesión ordinaria nro. 9-20 del 30 de junio de 2020, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano acordó autorizar a la Intendencia a tramitar ante el MINAE-SINAC la corta de ocho árboles ubicados “en los alrededores del parque de la comunidad de Montezuma exactamente por donde pasa la calle diseñada y aprobada en el plan regulador Cabuya- Montezuma y que se habilitara (sic.) con el finde descongestionar el centro de la comunidad”. (Ver expediente 20-011494-0007-CO- ad effectum videndi et probandi).\n\nb)   Mediante oficio INT-2020-156, recibido el 6 de julio de 2020, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano solicitó al Área de Conservación Tempisque-SINAC la autorización para la corta de ocho árboles ubicados en el parque de la comunidad en el parque de la comunidad, a efectos de habilitar la calle que pasará por ese sector. (Ver expediente 20-011494-0007-CO- ad effectum videndi et probandi).\n\nc)    Mediante resolución n.° 26-2020 de las 15:00 horas del 16 de julio de 2020 (notificado al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano el 24 de julio de 2020), la Oficina Subregional de Cóbano del Área de Conservación Tempisque del SINAC, posterior a la inspección in situ efectuada el 9 de julio de 2020, autorizó a tal concejo municipal de distrito para talar los árboles que había solicitado mediante oficio INT-2020-156. (Ver expediente 20-011494-0007-CO- ad effectum videndi et probandi).\n\nd)   Mediante oficio n.° INT-2020-316 del 18 de setiembre de 2020, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano solicitó al SINAC la ampliación del plazo de vigencia del permiso para la corta de los árboles ubicados en el Parque de Montezuma debido a que el trámite para la autorización por parte de Nombre3456 se encontraba paralizado, ya que se habían presentado problemas con el pago del formulario D1. (Ver expediente 20-011494-0007-CO- ad effectum videndi et probandi).\n\ne)    Según el Área de Conservación Tempisque-SINAC, el área cubierta por el parque de Montezuma no califica como bosque, ni es un área silvestre protegida o de protección hídrica. (Ver expediente 20-011494-0007-CO- ad effectum videndi et probandi).\n\nf)     Mediante resolución nro. 0631-2021-SETENA del 22 de abril de 2021, la Secretaría Técnica Ambiental resolvió la solicitud del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano para la “Habilitación Calle Pública Contiguo al Parque de Montezuma”. En tal documento se dispuso: “PRIMERO: Aprobar el Documento de Evaluación Ambiental D1 Declaración Jurada de Compromisos Ambientales sometido a evaluación ambiental por el proyectista.  SEGUNDO: Comunicar al interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto \"Habilitación Calle Pública Contiguo al Parque de Montezuma\", con expediente administrativo D1- 0625-2020-SETENA, según se describe a continuación. TERCERO: De acuerdo al Decreto N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, la vigencia de esta viabilidad será por un período de CINCO AÑOS para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente.  CUARTO: Se le ordena al señor FAVIO JOSE LOPEZ CHACON documento de identificación número CED20666 en calidad de representante legal de la sociedad CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO con cédula jurídica CED20667, expediente número D1-0625-2020-SETENA: (…) QUINTO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las actividades que realizará el proyecto, se establece una periodicidad de presentación de informes regenciales para periodos de cada SEIS MESES durante la fase constructiva y un informe final consolidado.  Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Plenaria CP-036-2011-SETENA del 28 de febrero del 2011. Los Informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren. En el momento de iniciar actividades se inicia el periodo del primer informe de regencia ambiental. Para la elaboración de estos informes, de acuerdo al formato establecido por esta Secretaría, será responsabilidad del regente ambiental realizar el número de visitas necesarias, dependiendo de las características del proyecto. Con base en estos informes y al programa de monitoreo, la Nombre3456 podrá ajustar el monto de garantía y dictar medidas al interesado su compromiso por cumplir con todas las  de acatamiento obligatorio para mantener al proyecto, obra o actividad dentro de un margen de impacto ambiental controlado. El responsable y el propietario deberán brindar apoyo a las labores de la SETENA, en las inspecciones que esta efectúe.  Recordar que el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental es un paso dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y que luego de otorgada ésta, inicia la etapa de gestión ambiental que debe realizar esta Secretaría, por medio del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (ASA), lo anterior de conformidad con el acuerdo de la Comisión Plenaria, No. 015-2014, del 26 de agosto de 2014.  SEXTO: Cumplir con lo establecido en la Resolución N° 1834-2016-SETENA, \"Rotulación de Proyectos con Viabilidad Ambiental\", del 29 de septiembre del 2016.  SÉTIMO: Advertir al desarrollador que si se llegare a verificar el incumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 31849, o de comprobarse falsedad o manipulación de la información aportada, por el carácter de Declaración Jurada que tiene el instrumento presentado, esta Secretaría podrá proceder conforme a lo señalado en el artículo 15 de ese mismo Decreto, dejando sin efecto la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada mediante este documento, debiendo presentar la documentación correspondiente, independientemente de la facultad de presentar las denuncias penales correspondientes por cualquier delito cometido, o de aplicar cualesquiera de las sanciones de las enumeradas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente.  OCTAVO: Recordar recomendaciones/prevenciones, que se desprenden de los estudios técnicos complementarios y lo descrito en el CONSIDERANDO TERCERO anterior.  NOVENO: Recordar al desarrollador que de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC-Alcance del trámite de EIA ante la SETENA, el cumplimiento del procedimiento de EIA, no lo exime del trámite a cumplir ante otras autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades que de su gestión deriven.  DÉCIMO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública N° 6227, y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554.  DÉCIMO PRIMERO: Toda documentación que sea presentada ante la Nombre3456 deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría.  DÉCIMO SEGUNDO: El expediente completo, así como los documentos que la Nombre3456 ha emitido durante el proceso de Evaluación estarán a disposición del desarrollador en la dirección web”. (Ver prueba aportada).\n\ng)   El 15 de enero de 2025, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano colocó un letrero en las inmediaciones del parque de Montezuma, en el que se lee: “PROYECTO HABILITACIÓN CALLE PÚBLICA CONTIGUO AL PARQUE DE MONTEZUMA DESARROLLADOR: CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO ÁREA DEL PROYECTO 704 m EXPEDIENTE NÚMETO D1-0625-2020-SETENA RESULUCIÓN DE VIABILIDAD AMBIENTAL N° 0631-2021-SETENA 22 DE ABRIL DEL 2021”. (Ver prueba aportada e informe rendido).\n\nIV.- Antecedente de relevancia. En sentencia nro. 2021000176 de las 9:15 horas del 8 de enero de 2021 se resolvió:\n\n“V.- Sobre el caso concreto. La recurrente aduce que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano pretende construir una calle nueva atravesando el parque infantil de Montezuma.\n\nEn un primer orden de ideas, es menester indicar que, de los elementos que constan en autos, se aprecia que las partes procesales indican que el proyecto de esa nueva calle obedece al cumplimiento de lo ordenado por la Sala en la sentencia n.° 2020-8437 de las 9:20 horas del 8 de mayo de 2020 (expediente n.° 20-3867-007-CO). Sin embargo, es preciso dejar en claro que en tal sentencia, este tribunal ordenó la solución al problema de paso que se presenta en el centro de Montezuma, de modo que se garantice el libre paso de vehículos de emergencia, mas no se impuso una forma específica en que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano debía solventar la problemática. En este sentido, la parte dispositiva de ese fallo estableció lo siguiente: “Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Cynthia María Rodríguez Quesada, en su condición de Intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano de Puntarenas, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones requeridas dentro del ámbito de sus competencias para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione el problema de paso al centro de Montezuma, de modo que se garantice el libre paso de vehículos de emergencia. En el ínterin, deberá adoptar las medidas viales temporales necesarias para asegurar, en el plazo máximo de tres días contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, el tránsito de los vehículos de emergencia por la calle que da acceso al centro de la comunidad. (…)” (énfasis agregado).\n\nAhora bien, la recurrente aduce que el proyecto de esa nueva calle en el parque de Montezuma implicará la corta de árboles y la disminución del área de esparcimiento comunal. Acusa que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano en ningún momento ha participado a la población en la toma de decisiones al respecto.\n\nSin embargo, sobre un agravio similar, en sentencia n.° 2017-1163 de las 9:40 horas del 27 de enero de 2017, esta Sala indicó lo siguiente:\n\n“V.- Sobre la participación ciudadana en el caso concreto (redacción del Magistrado Salazar Alvarado). Además, los amparados acusan que los recurridos no han garantizado la participación ciudadana en el proceso de extracción de agua del manto acuífero de Sardinal, ni tampoco se les ha brindado información sobre los acuerdos y convenios firmados. En relación con este punto, como en otras ocasiones lo ha manifestado el Magistrado Jinesta Lobo, la mayoría de la Sala considera que la participación ciudadana directa en los asuntos públicos o el manejo de la cosa pública, es un evidente principio constitucional (artículo 9° de la Constitución) que debe ser actuado por el ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional. La participación ciudadana, como principio general del Derecho Constitucional, se proyecta en el terreno político o de gobierno y el meramente administrativo, para la toma de decisiones fundamentales. En la dimensión política o de gobierno, el tema se desarrolla a través de instrumentos como la regulación de los procesos de elección popular, el referéndum legislativo y la iniciativa popular en la formación de la ley. En el plano estrictamente administrativo, el principio de participación de los administrados debe ser desarrollado de manera paulatina y según la materia y sector, por cuanto, no toda decisión administrativa fundamental, debe estar, necesariamente, precedida, de participación ciudadana, puesto que de ser así se ralentizaría la gestión administrativa que debe ser, por aplicación de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia, fluida y dinámica. Nuestra Constitución política, no enuncia ni señala los mecanismos de participación de los administrados en la adopción de las decisiones administrativas fundamentales, esto es, no se ocupa de tal extremo. El ordenamiento infraconstitucional, esencialmente, legal será el que vaya determinando aquellos sectores y materias donde debe haber una mayor participación (v. gr. en materia de elaboración de reglamentos, ambiental, de protección del consumidor, de planificación urbana, regulación y fijación de tarifas en servicios de interés general, realización de consultas populares a nivel municipal como cabildos abiertos y referendos, etc.). Habrá situaciones en las que el legislador ordinario ha configurado tal participación como un verdadero, acabado y perfecto derecho, plenamente exigible, en determinadas circunstancias y bajo ciertos presupuestos y condiciones que habrá que verificar. En tales casos, determinar si se ha quebrantado o no tal derecho de configuración legislativa es una cuestión de legalidad que se debe discutir ante la jurisdicción ordinaria o común y no en esta jurisdicción constitucional. En definitiva, lo que contemplan la Constitución vigente y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es un principio de participación, que por razones obvias no alcanza el carácter preceptivo y exigible de un derecho fundamental o humano. No resulta posible extraer del texto fundamental y de los instrumentos de Derechos Humanos un supuesto derecho a la participación que rija de manera incondicional para la adopción de cualquier o toda decisión administrativa fundamental que justifique acoger todo amparo siempre que se alegue que se violó el mismo. Es el legislador ordinario el que paulatinamente, va configurando y desarrollando tal derecho de participación en ciertas materias y en determinados sectores del ordenamiento jurídico infraconstitucional, por lo que, reitero, no le corresponde a la jurisdicción constitucional, por ser una cuestión de legalidad ordinaria, establecer cuándo se ha infringido un derecho de configuración legal. En razón de lo expuesto, no resulta posible hablar, desde una perspectiva constitucional o convencional, de un derecho perfecto a la participación, debiendo, en su lugar, hacerse referencia al principio constitucional de la participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales, sean políticas o administrativas.” (énfasis agregado).\n\nAsí las cosas, respecto a este extremo, procede la desestimatoria de este recurso.\n\nVI.- La tutelada también alega que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano sustentó el proyecto de la calle que pasará por el parque de Montezuma en el Plan Regulador Integral Cabuya Montezuma; sin embargo, tal plan carece de viabilidad ambiental. Reclama que el proyecto también se sustenta en la resolución n.° 327-2010- SETENA; empero esta corresponde a otro plan regulador, específicamente al Plan Regulador Centro Turístico Montezuma Cabuya, que tiene una diferente zonificación al Plan Regulador Integral Cabuya Montezuma. Además, acusa que en esa resolución no se aprobó la apertura de una calle nueva dentro del parque infantil.\n\nEmpero, en caso de existir alguna disconformidad respecto al sustento que justifica el proyecto de la calle por el parque de Montezuma, deberá ser alegada en la vía ordinaria de legalidad, donde, en vía plenaria, se podrá determinar si se incluyó o no en alguno de los dos planes reguladores indicados, bajo qué condiciones técnicas y legales específicas y si cumple con las disposiciones correspondientes a la zona donde se ubica. En este sentido, “recuérdese que el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. De allí que esta vía no sea apta para hacer amplias investigaciones en materia ambiental, puesto que éstas harían necesario abrir el proceso a pruebas” (sentencia n.° 2017-3417 de las 9:05 horas del 3 de marzo de 2017).\n\nAunado a lo anterior, respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no constan elementos en autos que permitan acreditar una lesión de relevancia constitucional residenciable en la vía sumaria del amparo. En esta línea, según el informe rendido por el Director del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), se descarta que el área del parque de Montezuma califique como bosque, área silvestre protegida o de protección hídrica. Además, se verifica que, mediante oficio n.º INT-2020-156, recibido el 6 de julio de 2020, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano solicitó al Área de Conservación Tempisque-SINAC la autorización para la corta de ocho árboles ubicados en el parque de la comunidad a efectos de habilitar la calle que atravesará ese sector. Luego, mediante resolución n.° 26-2020 de las 15:00 horas del 16 de julio de 2020 (notificada al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano el 24 de julio de 2020), la Oficina Subregional de Cóbano del Área de Conservación Tempisque del SINAC, posterior a la inspección in situ efectuada el 9 de julio de 2020, autorizó a tal concejo la tala de los árboles. Asimismo, se colige que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano está tramitando el permiso correspondiente ante el Nombre3456 para las obras de habilitación de la calle aludida; sin embargo, los trámites se han visto retrasados por un problema de pago, debido a lo cual el proyecto no se ha iniciado en espera de la resolución de este inconveniente y el respectivo pronunciamiento de la SETENA. En consonancia con ello, se aprecia en autos que, el 22 de julio de 2020, a la recurrente se le notificó el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano en la sesión ordinaria n.° 11-20 del 14 de julio de 2020, donde, en respuesta a una gestión planteada ante el concejo municipal de distrito contra la apertura de la referida calle, se indicó lo siguiente: “De una manera responsable desde la administración se están llevando las gestiones necesarias para la apertura de la calle, entre otros tramites (sic.) ya ha sido enviada la solicitud de autorización para la corta de los árboles, por otro lado se está (sic.) llevando a cabo la (sic.) gestiones para dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaría Técnica Nacional, por lo que una vez se obtenga visto bueno por parte de estas dos instituciones este Concejo Municipal deberá dar marcha a la materialización de la calle (…)Es importante destacar y reiterar que no se realizara (sic.) la corta de ningún árbol sin contar con las autorizaciones y visto bueno por parte de las instituciones correspondientes”. Asimismo, en acuerdo adoptado en la sesión ordinaria n.° 14-20 del 4 de agosto de 2020 (notificado el 6 de agosto de 2020), el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano reiteró a la accionante que las obras para la habilitación de la aludida calle “serán puestas en marcha cuando se obtenga tanto la autorización de corta por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y la viabilidad de la calle por parte de SETENA, de lo cual la recurrente tiene pleno conocimiento siendo que le fue notificado junto con el acuerdo de respuesta a la solicitud de no apertura de la calle de Montezuma”. Además, no sobra indicar que la parte recurrente no alega haber interpuesto gestión alguna ante la Nombre3456 acusando la presunta inviabilidad ambiental del proyecto de la calle en el parque de Montezuma.\n\nAsí las cosas, se impone la desestimatoria de este recurso en lo concerniente a este extremo, no sin antes advertir al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano que, antes de comenzar la ejecución de las obras de la calle en el Parque de Montezuma, deberá haber recibido las autorizaciones correspondientes.\n\nVII.-Por otro lado, la amparada acusa que el proyecto de construcción de la nueva calle que pasará por el parque de Montezuma no cuenta con la aprobación del Concejo Municipal de Puntarenas, ni la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo que contraviene el artículo 15 de la Ley de Administración Vial.\n\nNo obstante, es menester indicar que no es resorte de esta Sala determinar el cumplimiento de requisitos dispuestos en la normativa infraconstitucional. En esta línea, este Tribunal Constitucional no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la autoridad recurrida. Así las cosas, cualquier inconformidad al respecto, deberá alegarla la recurrente, si a bien lo tiene, ante la vía de legalidad ordinaria, donde también deberá plantear las disconformidades de mera legalidad que esgrime respecto a la resolución administrativa n.° 26-2020, mediante la que la Oficina Subregional de Cóbano del Área de Conservación Tempisque autorizó al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano para talar los árboles del parque público de Montezuma.\n\nEn mérito de las consideraciones expuestas, se impone declarar sin lugar el recurso en lo que a este agravio atañe.\n\nVIII.- Voto salvado del Magistrado Rueda en relación con la participación ciudadana. Tal como lo consigné en la sentencia n.° 2017-1163 de las 9:40 horas del 27 de enero de 2017, a diferencia de la mayoría, estimo que el ordinal 9 de la Constitución Política no solo recoge un principio de rango constitucional, sino que la participación ciudadana debe ser considerada como un derecho fundamental, con todas las garantías y protección que ello implica. Conforme esta línea, en la aludida sentencia indiqué lo siguiente:\n\n“A.- Sobre la relevancia constitucional del derecho a la participación ciudadana y su impulso mediante la jurisprudencia de esta Sala. En la sentencia número 2013-017305 de las 11:32 horas del 20 de diciembre de 2013, este Tribunal tuvo la oportunidad de analizar un recurso de amparo en el que se potenciaba la participación ciudadana como derecho fundamental. En esa oportunidad, se explicó lo siguiente: “El derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. En nuestro país, el legislador constitucional recogió este derecho en el artículo 9 de la Constitución Política al disponer que el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Este mandato de la Ley Fundamental ha orientado un posterior desarrollo normativo constitucional e infraconstitucional. Así, se ha establecido una serie de mecanismos que buscan que el derecho al gobierno participativo pueda ser aplicado en forma efectiva, y no quede únicamente en el papel, tales como el referéndum para la aprobación o derogación de leyes y reformas parciales a la Constitución, o la iniciativa popular en la formación de leyes (véase, entre otras, la sentencia número 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005). El derecho al gobierno participativo, elevado a rango constitucional mediante la reforma propiciada por Ley N° 8364 de 01 de julio de 2003, publicada en La Gaceta N° 146 de 31 de julio de 2003, no solo significa un reconocimiento del más alto rango normativo a la función del control político, sino que, además, constituye una revalorización del papel del ciudadano en los procesos de toma de decisión. Por voluntad del legislador constituyente, que esta Sala no debe ni puede desconocer, el derecho al gobierno participativo se erige como pilar fundamental de nuestro régimen democrático -cuestión erróneamente desconocida por el voto de minoría, que le baja la categoría a la participación ciudadana de derecho a principio general, en clara contraposición a la línea jurisprudencial de esta Sala como más adelante se demuestra-, lo que resulta conteste con un sistema político basado en la tolerancia, el pluralismo y el respeto a la libertad. Este derecho al gobierno participativo, también denominado derecho a la participación ciudadana, se encuentre cobijado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. De este modo, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que \"toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos\". Concordante con lo anterior, el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos: “(…) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. En igual sentido, la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 5° que: “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”. De manera más vehemente, el numeral 6 de dicha Carta estatuye que: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”. Este reconocimiento convencional y constitucional al mencionado derecho representa un aspecto fundamental del modelo democrático de este siglo, en el que el control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas destacan como factores inherentes al sistema republicano, lo que a su vez dota la toma de decisiones políticas de mucha mayor legitimidad, aspecto clave cuando de verdadera gobernabilidad se trata. Precisamente, uno de los mecanismos ideados para cumplir lo dispuesto en el artículo 9 constitucional es la audiencia pública, que constituye en un medio a través del cual las personas interesadas pueden hacer valer sus derechos, participando activamente en temas de relevancia nacional o local, y poniendo en conocimiento de la Administración todas aquellas anomalías o disconformidades en relación con el proyecto que se pretenda desarrollar. Así las cosas, la audiencia pública es un instrumento típico de una democracia madura, mediante el cual se fomente la participación activa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Por su significado, la audiencia debe efectuarse de tal forma que garantice la mayor participación de las personas que puedan verse afectadas, de ahí que cualquier acción u omisión que evite lo anterior, implica una abierta vulneración a los derechos fundamentales de los participantes (véase, entre otras, la sentencia número 2009-018223). En cuanto al carácter participativo de la audiencia pública, la propia Constitución Política obliga a ello, pues con la reforma vigente desde el 31 de julio de 2003 al numeral 9 de la Ley Fundamental quedó estatuido que el Gobierno de la República tiene que ser, entre otros aspectos, participativo, lo que implica que el gobierno de turno es un articulador de lo establecido por deliberación popular. En otras palabras, en la democracia actual, los ciudadanos gozan, por mandato constitucional, ya no solo del derecho al voto para ejercer su derecho al gobierno participativo, sino de cantidad de instrumentos de diversa naturaleza para coadyuvar en la toma de decisiones políticas, lo que propicia que puedan ejercer influencia directa en las grandes decisiones públicas. Este derecho fundamental de participación ciudadana establece que el pueblo debe estar habilitado para manifestarse por igual en puntos de vista tanto mayoritarios como minoritarios. Así, serán importantes tanto los mecanismos de participación nacionales como el referéndum o plebiscito, como los locales. Durante la audiencia pública se les deben otorgar a los participantes todas las facilidades para que se encuentren informados y puedan hacerse escuchar, todo dentro de lo razonable, pues tampoco puede convertirse la audiencia en un obstáculo o un recurso para impedir que se dé oportuna resolución a determinada gestión (…)”. Así las cosas, estimamos necesario consignar esta nota con el fin de reiterar la relevancia constitucional del numeral 9 de la Constitución Política, no solo como principio general sino como un claro y legítimo derecho fundamental, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones.”\n\n Ahora bien, en el sub lite, la recurrente acusa que no se dio la debida participación ciudadana en relación con la habilitación de una nueva calle en el parque de Montezuma y las implicaciones ambientales que ello conlleva (verbigracia, la corta de árboles). Por su parte, las autoridades recurridas del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano aducen que el proyecto de esa calle estaba incluido en el plan regulador expuesto a la ciudadanía en la audiencia pública celebrada el 22 de junio de 2012; pese a ello, lo cierto es que no aportan los elementos probatorios idóneos a los efectos de comprobar este hecho. Advierta la corporación accionada que, de acuerdo con la doctrina de la carga dinámica de la prueba, aquella parte que esté en mejores condiciones de agregar prueba al proceso se encuentra aun más obligada a hacerlo (ver sentencias n.os 2018008396 de las 12:40 horas del 25 de mayo de 2018, 2017015028 de las 9:15 horas del 22 de setiembre de 2017 y 2013014504  de las 9:05 horas del 1º de noviembre de 2013). En la especie, tal carga recae en la recurrida, puesto que ella es responsable de resguardar el derecho a la participación de los habitantes del cantón en la tramitación del referido plan regulador, en virtud de lo cual recae sobre ella la obligación de contar y aportar los medios probatorios que acrediten el respeto al gobierno participativo, cobijado en los artículos 9 de la Constitución Política y 5 del Código Municipal. En mérito de lo expuesto, estimo procedente la estimatoria de este recurso por la lesión al derecho fundamental a la participación ciudadana. (…)\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. Tomen nota Favio José López Chacón y Ana Silvia Lobo Prada, por su orden Intendente y Viceintendente, ambos del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano de la advertencia indicada en el considerando VI in fine de esta sentencia. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y declara con lugar el recurso por la vulneración al derecho fundamental a la participación ciudadana”.\n\nV.- Sobre el caso concreto: En el sub iudice, la recurrente reclama: 1) que, el 17 de enero de 2025, un rótulo fue colocado contiguo al parque Montezuma, en el que se indicó la ejecución de un proyecto para la habilitación de calle pública; empero, reclamara que esa obra no tiene un sentido lógico por su ubicación y realizarla implica la destrucción del único parque donde existe densidad boscosa; además, la autoridad accionada debe realizar una evaluación ambiental y la información debe ser compartida con la población afectada, para así determinar la necesidad de destruir una zona ambiental; y, 2) arguye que la sociedad que representa es concesionaria de un terreno, donde se ha invertido una gran suma para la construcción de un hotel; empero, está ubicada en suelos arenosos y, la excavación a realizarse para la construcción de la calle implica la desestabilización para el terreno en el que se está construyendo el hotel.\n\nAl respecto, la Sala tiene por acreditado que, en el artículo VIII, inciso c, de la sesión ordinaria nro. 9-20 del 30 de junio de 2020, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano acordó autorizar a la Intendencia a tramitar ante el MINAE-SINAC la corta de ocho árboles ubicados “en los alrededores del parque de la comunidad de Montezuma exactamente por donde pasa la calle diseñada y aprobada en el plan regulador Cabuya- Montezuma y que se habilitara (sic.) con el finde descongestionar el centro de la comunidad”. Posteriormente, mediante oficio INT-2020-156, recibido el 6 de julio de 2020, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano solicitó al Área de Conservación Tempisque-SINAC la autorización para la corta de ocho árboles ubicados en el parque de la comunidad en el parque de la comunidad, a efectos de habilitar la calle que pasará por ese sector. Asimismo, en resolución n.° 26-2020 de las 15:00 horas del 16 de julio de 2020 (notificado al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano el 24 de julio de 2020), la Oficina Subregional de Cóbano del Área de Conservación Tempisque del SINAC, posterior a la inspección in situ efectuada el 9 de julio de 2020, autorizó a tal concejo municipal de distrito para talar los árboles que había solicitado mediante oficio INT-2020-156. De igual forma, mediante oficio n.° INT-2020-316 del 18 de setiembre de 2020, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano solicitó al SINAC la ampliación del plazo de vigencia del permiso para la corta de los árboles ubicados en el Parque de Montezuma debido a que el trámite para la autorización por parte de Nombre3456 se encontraba paralizado, ya que se habían presentado problemas con el pago del formulario D1. Según el Área de Conservación Tempisque-SINAC, el área cubierta por el parque de Montezuma no califica como bosque, ni es un área silvestre protegida o de protección hídrica.\n\nPor su parte, la Sala tiene por demostrado que, mediante resolución nro. 0631-2021-SETENA del 22 de abril de 2021, la Secretaría Técnica Ambiental resolvió la solicitud del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano para la “Habilitación Calle Pública Contiguo al Parque de Montezuma”. En tal documento se dispuso: “PRIMERO: Aprobar el Documento de Evaluación Ambiental D1 Declaración Jurada de Compromisos Ambientales sometido a evaluación ambiental por el proyectista.  SEGUNDO: Comunicar al interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto \"Habilitación Calle Pública Contiguo al Parque de Montezuma\", con expediente administrativo D1- 0625-2020-SETENA, según se describe a continuación. TERCERO: De acuerdo al Decreto N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, la vigencia de esta viabilidad será por un período de CINCO AÑOS para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente.  CUARTO: Se le ordena al señor FAVIO JOSE LOPEZ CHACON documento de identificación número CED20666 en calidad de representante legal de la sociedad CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO con cédula jurídica CED20667, expediente número D1-0625-2020-SETENA: (…) QUINTO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las actividades que realizará el proyecto, se establece una periodicidad de presentación de informes regenciales para periodos de cada SEIS MESES durante la fase constructiva y un informe final consolidado.  Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Plenaria CP-036-2011-SETENA del 28 de febrero del 2011. Los Informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren. En el momento de iniciar actividades se inicia el periodo del primer informe de regencia ambiental. Para la elaboración de estos informes, de acuerdo al formato establecido por esta Secretaría, será responsabilidad del regente ambiental realizar el número de visitas necesarias, dependiendo de las características del proyecto. Con base en estos informes y al programa de monitoreo, la Nombre3456 podrá ajustar el monto de garantía y dictar medidas al interesado su compromiso por cumplir con todas las  de acatamiento obligatorio para mantener al proyecto, obra o actividad dentro de un margen de impacto ambiental controlado. El responsable y el propietario deberán brindar apoyo a las labores de la SETENA, en las inspecciones que esta efectúe.  Recordar que el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental es un paso dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y que luego de otorgada ésta, inicia la etapa de gestión ambiental que debe realizar esta Secretaría, por medio del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (ASA), lo anterior de conformidad con el acuerdo de la Comisión Plenaria, No. 015-2014, del 26 de agosto de 2014.  SEXTO: Cumplir con lo establecido en la Resolución N° 1834-2016-SETENA, \"Rotulación de Proyectos con Viabilidad Ambiental\", del 29 de septiembre del 2016.  SÉTIMO: Advertir al desarrollador que si se llegare a verificar el incumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 31849, o de comprobarse falsedad o manipulación de la información aportada, por el carácter de Declaración Jurada que tiene el instrumento presentado, esta Secretaría podrá proceder conforme a lo señalado en el artículo 15 de ese mismo Decreto, dejando sin efecto la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada mediante este documento, debiendo presentar la documentación correspondiente, independientemente de la facultad de presentar las denuncias penales correspondientes por cualquier delito cometido, o de aplicar cualesquiera de las sanciones de las enumeradas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente.  OCTAVO: Recordar recomendaciones/prevenciones, que se desprenden de los estudios técnicos complementarios y lo descrito en el CONSIDERANDO TERCERO anterior.  NOVENO: Recordar al desarrollador que de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC-Alcance del trámite de EIA ante la SETENA, el cumplimiento del procedimiento de EIA, no lo exime del trámite a cumplir ante otras autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades que de su gestión deriven.  DÉCIMO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública N° 6227, y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554.  DÉCIMO PRIMERO: Toda documentación que sea presentada ante la Nombre3456 deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría.  DÉCIMO SEGUNDO: El expediente completo, así como los documentos que la Nombre3456 ha emitido durante el proceso de Evaluación estarán a disposición del desarrollador en la dirección web”.\n\nAsí, debido a la viabilidad ambiental antedicha, fue que, el 15 de enero de 2025, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano colocó un letrero en las inmediaciones del parque de Montezuma, en el que se lee: “PROYECTO HABILITACIÓN CALLE PÚBLICA CONTIGUO AL PARQUE DE MONTEZUMA DESARROLLADOR: CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO ÁREA DEL PROYECTO 704 m EXPEDIENTE NÚMETO D1-0625-2020-SETENA RESULUCIÓN DE VIABILIDAD AMBIENTAL N° 0631-2021-SETENA 22 DE ABRIL DEL 2021”.\n\nAsí las cosas, lo correspondientes es declarar sin lugar este extremo del recurso. En este sentido, la parte accionante sostiene que esa viabilidad otorgada es improcedente, pues corresponde a otro plan regulador. Empero, tal y como ya se dispuso en la supracitada sentencia nro. 2021000176 de las 9:15 horas del 8 de enero de 2021, en caso de existir alguna disconformidad respecto al sustento que justifica el proyecto de la calle por el parque de Montezuma, deberá ser alegada en la vía ordinaria de legalidad, donde se podrá determinar si se incluyó o no en alguno de los dos planes reguladores indicados, bajo qué condiciones técnicas y legales específicas y si cumple con las disposiciones correspondientes a la zona donde se ubica.\n\nAdemás, respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no constan elementos en autos que permitan acreditar una lesión de relevancia constitucional residenciable en la vía sumaria del amparo. Así, como se indicó en sentencia 2021000176 de las 9:15 horas del 8 de enero de 2021, se descartó que el área del parque de Montezuma califique como bosque, área silvestre protegida o de protección hídrica. Además, se verifica que mediante resolución nro. 0631-2021-SETENA del 22 de abril de 2021, la Secretaría Técnica Ambiental emitió la viabilidad ambiental respectiva.\n\nY, por último, no está de más señalar que la parte recurrente no alega haber interpuesto gestión alguna ante la Nombre3456 acusando la presunta inviabilidad ambiental del proyecto de la calle en el parque de Montezuma.\n\nVI.- Por otra parte, la accionante reclama que la sociedad que representa es concesionaria de un terreno, donde se ha invertido una gran suma para la construcción de un hotel; empero, está ubicada en suelos arenosos y, la excavación a realizarse para la construcción de la calle implica la desestabilización para el terreno en el que se está construyendo el hotel.\n\nAl respecto, en primer lugar, no se verifica que la parte amparada haya formulada gestión alguna para denunciar tal situación ante la autoridad accionada. Además, del informe rendido, con las responsabilidades y solemnidades que ello conlleva, se desprende que: “No lleva en razón al indicar que paga derechos, siendo de conocimiento de conformidad a la Ley 6043 sobre Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento que el pago del canon por concesión corresponde al momento de ser aprobado el trámite por este Concejo Municipal de Distrito para el respectivo otorgamiento por parte del Instituto Costarricense de Turismo y al día de hoy el proceso de solicitud de concesión se encuentra detenido por parte de sociedad Las Brisas de las Delicias de Cóbano S. A., expediente 3963-2020, siendo que no ha ajustado el plano presentado en el trámite, asimismo, si ha permanecido en la parcela solicitada en concesión de previo a entrada en vigencia del Plan Regulador Integral Cabuya Montezuma según publicación de la Gaceta 184 del día miércoles 14 de setiembre del año 2016, y de previo a esta fecha ha pagado algún impuestos, corresponde al representante legal de la sociedad apersonarse a este Concejo Municipal de Distrito a realizar el trámite correspondiente.  Existen intereses propios de la recurrente respecto al terreno solicitado en concesión por su representada porque no ha ajustado los retiros correspondientes de las construcciones de conformidad al plano aportado en la solicitud de concesión y el Plan Regulador Integral Cabuya Montezuma y no por un tema ambiental siendo que el proyecto que aquí recurre cuanta con la respectiva viabilidad ambiental y estudios correspondientes, como consta en la prueba que aquí se adjunta.  No es cierto que su representada se coloca en estado de indefensión siendo que cuenta con la posibilidad de ajustar las construcciones de conformidad a la Ley 9242 para la regulación de las construcciones existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre, que la misma recurrente no ha gestionado al no querer ajustar los retiros de la parcela solicitada en concesión”.\n\nAsí las cosas, a priori, la Sala no cuenta con elemento alguno que permita verificar conculcación alguna a los derechos fundamentales de la sociedad amparada. En consecuencia, se desestima este extremo del amparo.\n\nVII.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Considero pertinente advertir que, desde la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:\n\n“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre238 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.\n\n \n\nEn la especie, de los autos se colige que existe una relación esencial entre la persona natural y la persona jurídica, toda vez que la recurrente también señala que la actuación reclamada le afecta (como persona física), en tanto atañe a una situación ambiental. En virtud de ello, estimo procedente analizar por el fondo el asunto.             \n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.  \n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal consigna nota.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre137  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNombre152  C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 2SXON0Q47HTG61\n\nEXPEDIENTE N° 25-001778-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:02:23.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 25664 - 2025\n\nDate of Resolution: 14 August 2025 at 09:20\n\nCase File: 25-001778-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nType of Matter: Amparo Action\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-001778-0007-CO\n\nRes. No. 2025025664\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of August, two thousand twenty-five.\n\nAmparo action processed in case file number 25-001778-0007-CO, filed by Nombre46161, identity card CED36235, on her own behalf and on behalf of SOCIEDAD LAS BRISAS DE DELICIAS DE CÓBANO S.A., against the CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO.\n\nWhereas:\n\n1.- By brief filed with the Secretariat of the Chamber on 21 January 2025, the petitioner files this amparo action. She states that, on 17 January 2025, a sign was placed adjacent to the Montezuma park, indicating the execution of a project for the opening of a public street. She argues that this information distorts the truth. She asserts that the street intended to be built lacks logical sense due to its location and that carrying it out implies the destruction of the only park where there is dense forest cover (densidad boscosa). She asserts that the respondent authority must conduct an environmental impact assessment (evaluación ambiental) and the information must be shared with the affected population, in order to determine the necessity of destroying an environmental zone. She argues that the company she represents is a concessionaire of a piece of land, where a large sum has been invested for the construction of a hotel; however, it is located on sandy soils and the excavation to be carried out for the construction of the street implies destabilization of the land on which the hotel is being built.\n\n2.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 8:38 a.m. on 23 January 2025, the petitioner was warned to indicate: \"Whether she has formally and in writing filed the corresponding petition to denounce before the respondent authority the situation described in the brief filing this action; • If her answer is affirmative, she must provide a complete, legible copy with the respective proof of receipt or email transmission of the complaint she filed; • If she has received any resolution, she must clearly indicate what the outcome was and provide the documentation generated on the occasion of such proceedings; • If said complaint is pending resolution as of the date of filing this action, she must also expressly indicate this to this Chamber; • Likewise, if she has not filed her complaint in writing and formally, she must so clarify. Similarly, she must provide any additional evidence on which she bases her claim.\"\n\n3.- By brief added to the digital case file on 28 January 2025, the petitioner states: \"· Whether she has formally and in writing filed the corresponding petition to denounce before the respondent authority the situation described in the brief filing this action. Answer: On 29 June 2020, several community neighbors, including the undersigned (folio 2, line 18), filed a petition before the Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, opposing the authorization of the opening of the street inside the park, because our right to a healthy and ecologically balanced environment would be affected. The park is the only green area for public enjoyment. · If her answer is affirmative, she must provide a complete, legible copy with the respective proof of receipt or email transmission of the complaint she filed. A copy of the document is provided with the receipt stamp of the Concejo Municipal de Cóbano at thirteen hours thirty-three minutes on 29 June 2020. · If she has received any resolution, she must clearly indicate what the outcome was and provide the documentation generated on the occasion of such proceedings. The document presented to the Concejo Municipal de Cóbano at thirteen hours thirty-three minutes on 29 June 2020 was not resolved to this day. · If said complaint is pending resolution as of the date of filing this action, she must also expressly indicate this to this Chamber. Indeed, the petition before the Concejo Municipal de Cóbano was never resolved, even though it was a request signed by a large number of citizens.\"\n\n3.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 9:33 a.m. on 29 January 2025, the amparo action was admitted. Likewise, a report was requested from the mayor and the president of the Concejo Municipal de Distrito, both of Cóbano.\n\n4.- Ronny José Montero Orozco and Minor Centeno Sandí, in their order, municipal intendant (intendente municipal) and president of the Council of Councilors (Concejo de Concejales), both of the Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, report. They state: \"FIRST: IT IS NOT TRUE. As a requirement in the procedure for the opening of the street to be carried out in the coastal sector of the Cabuya Montezuma Integral Regulatory Plan (Plan Regulador Integral Cabuya Montezuma) adjacent to the park, the sign was placed by this Administration on Wednesday, 15 January 2025, under the protection of the Environmental Viability Resolution (Resolución de Viabilidad Ambiental) 0631-2021-SETENA, as recorded in the documentary evidence provided herewith (folio 027 of case file Proyecto Apertura Calle Montezuma). SECOND: IT IS NOT TRUE. The sign placed as part of the procedure for the opening of the street in the coastal sector of the Integral Regulatory Plan Cabuya Montezuma meets the essential requirements set forth in resolution 1834-2016 of the Ministry of Environment and Energy, Technical Environmental Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental), regarding the Plenary Commission Agreement on Signage for Environmental Viability Projects, which indicates in its second operative clause (por tanto segundo); The statements made by the petitioner are unfounded, given that the information is clear and precise as indicated by the aforementioned resolution; likewise, regarding the meaning of the word 'contiguo,' the Dictionary of the Royal Spanish Academy indicates the following; 'From Lat. contiguus. adj. That is touching another thing. Syn: inmediato, adyacente, colindante, anejo, lindante, rayano, fronterizo, limítrofe, vecino, pegado, próximo, confinante, adosado'1 (bold is not in the original). The term used in the description of the sign does not distort the information, as is clear from the Dictionary of the Royal Spanish Academy, the word contiguo means 'is touching another thing' or the synonyms that the petitioner did not indicate: inmediato, adyacente, colindante, anejo, lindante, rayano, fronterizo, limítrofe, vecino, pegado, próximo, confinante, adosado, synonyms that the petitioner did not take into account but which describe the street opening project adjacent to the Montezuma park, as demonstrated in the image corresponding to Cadastral Plan (Plano Catastro) number 6-2077267-2018, which appears as visible evidence on folio 005 of the case file titled Proyecto Apertura Calle Montezuma; since said street is located adjacent to the community park. THIRD: IT IS NOT TRUE. The Proyecto Apertura Calle Montezuma DOES NOT DESTROY the Montezuma Park, as shown in the image mentioned in the second fact, the street borders said park, which is contemplated in the plan of the Integral Regulatory Plan Cabuya Montezuma; the opening of this street is necessary for the community in order to decongest vehicular traffic, which for many years has been a problem in this sector, which the people of Montezuma themselves have petitioned for. FOURTH: IT IS NOT TRUE. The Proyecto Apertura Calle Pública Montezuma has environmental viability resolution number 0631-2021-SETENA from 1:00 p.m. on 22 April 2021, issued by the Ministry of Environment and Energy, the National Technical Environmental Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), visible on folio 027 of the case file Proyecto Apertura Calle Montezuma; which is, and always has been, public for the entire population of the district of Cóbano and has been in the custody of the Maritime Terrestrial Zone Department of this Concejo Municipal de Distrito, as legally corresponds under the protection of Article 132 of the General Public Administration Law (Ley General de Administración Pública). FIFTH: IT IS NOT TRUE. As described in the third fact, the opening of the public street in Montezuma does not touch the park; likewise, as noted in the fourth fact, it has the environmental viability from Nombre3456 and is indeed very necessary to decongest vehicular traffic in the area; the petitioner's argument arises from a private interest, given that she has a concession application in this sector as will be elaborated on in the following fact; it is known that the Administration must necessarily pursue the public interest, understood as the collective needs of a community that are legally protected by the State, which is why the statements made by the petitioner are with evident bad faith, as she seeks a private interest for her own benefit regarding the parcel she intends to concession and since 2021 has not adjusted the presented plan because it does not comply with the corresponding setbacks (retiros). SIXTH: As previously mentioned, there is an evident private interest on the part of the petitioner, given that she has a concession application which to this day she has not managed to adjust the plan because it does not comply with the setbacks; the legal basis in accordance with Article 50 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica has not been received, inasmuch as, as has been repeatedly indicated, this project has environmental viability as indicated by the sign mentioned above. Her indication that she pays fees lacks basis, it being known in accordance with Law 6043 on the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) and its Regulations that the payment of the concession fee (canon por concesión) corresponds at the time the procedure is approved by this Concejo Municipal de Distrito for the respective granting by the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), and to this day the concession application process is halted on the part of the company Las Brisas de las Delicias de Cóbano S. A., case file 3963-2020, given that it has not adjusted the plan presented in the procedure; likewise, if it has remained on the parcel requested in concession prior to the entry into effect of the Integral Regulatory Plan Cabuya Montezuma according to publication in Gazette (Gaceta) 184 on Wednesday, 14 September 2016, and prior to this date has paid any taxes, it is up to the legal representative of the company to appear before this Concejo Municipal de Distrito to carry out the corresponding procedure. There are private interests of the petitioner regarding the land requested in concession by her represented company because it has not adjusted the corresponding setbacks of the constructions in accordance with the plan provided in the concession application and the Integral Regulatory Plan Cabuya Montezuma, and not due to an environmental issue, given that the project appealed here has the respective environmental viability and corresponding studies, as recorded in the evidence attached herewith. It is not true that her represented company is placed in a state of defenselessness (indefensión), given that it has the possibility of adjusting the constructions in accordance with Law 9242 for the regulation of existing constructions in the Restricted Zone of the Maritime Terrestrial Zone (Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre), which the petitioner herself has not pursued as she does not want to adjust the setbacks of the parcel requested in concession. According to resolution 0631-2021, there is no harm whatsoever to the environment, given that this Administration has carried out the corresponding proceedings. EIGHTH: Regarding the warning according to the resolution at eight hours thirty-eight minutes on twenty-three January two thousand twenty-five. Provided as evidence is case file 20-011494-007-CO regarding an Amparo Action of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, which, by resolution at nine hours fifteen minutes on eight January two thousand twenty-one, declares said action without merit with the warning of Considerando VI, which to this day has been remedied with the approved environmental viability. Also provided is case file 20-003932-1027-CA of the Administrative Litigation Court (Tribunal Contencioso Administrativo), a non-hierarchical review proceeding (procedo control no jerárquico), in which the procedure in accordance with due process regarding the complaint mentioned by the petitioner is recorded via the minutes of the Council of Councilors of this Concejo Municipal de Distrito, complying with all its stages and appellate phases as legally corresponds, until reaching the Administrative Litigation Court, which, by judgment 131-2021 at fifteen hours on twenty-five March two thousand twenty-one, declares the filed appeal inadmissible.\"\n\n5.- By brief added to the digital case file on 3 March 2025, the petitioner states: \"In view of the appearance and response to the action by the Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, clear inconsistencies are evident in the facts that serve as the basis for the opposition presented by the respondent; I have considered it relevant to analyze the submission. In principle, the defense of the existence of parks as necessary spaces for community recreation areas is palpable and consistent with the jurisprudence of the Constitutional Chamber, given that in the case before us, the intent is to destroy an area that was transferred for administration by the archdiocese for its use as the only park in the city. Consistent with the foregoing, we can see the opinion (dictamen) rendered by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la Republica) C-418-2020 dated 27 October 2020, which indicates 'This Office of the Attorney General in previous pronouncements has referred to the legal nature of public parks. Specifically, in opinion C-232-2015 of 28 August 2015, we indicated the following: \"In relation to the nature of goods, Article 261 of the Civil Code provides that: 'Public things are those that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those that everyone can utilize by being delivered for public use. All other things are private and objects of private property, even if they belong to the State or the Municipalities, who, in such case, as civil persons, are no different from any other person.\" Thus, the public domain (demanio) can derive from the fact that a good is delivered for public use, that is, for general common use that allows anyone to utilize it without need of a special title, as is the case with streets, gardens, public squares. Or, it is destined for the provision of a public service or designated by law for a determined public purpose. A public character by nature that can be predicated of public parks, insofar as they are delivered for public use, as provided by Article 37 of the Construction Law (Ley de Construcciones), No. 833 of 4 November 1949, according to which: \"Parks, gardens, and public promenades are of free access to all inhabitants of the country, who, upon using them, have the obligation to conserve them in the best possible state. (...) As a consequence of designation for public purpose or use, public domain goods are subject to a particular legal regime regarding their acquisition, use, enjoyment, and, where applicable, alienation. It is traditionally prohibited with respect to such goods to mortgage, encumber, seize, or alienate them, except by removal of the public purpose designation (desafectación). In effect, the inalienability, imprescriptibility, and unattachability of these goods is generally predicated, prohibitions which, as we stated previously, tend towards the protection and use of public domain goods.\"' Pursuant to the foregoing, the Construction Law provides that parks are considered public domain goods, and, therefore, are -in principle- unattachable, imprescriptible, and inalienable. Hence, they hold a special nature that allows all inhabitants of the country free access to them, without any exception, under the understanding that there is an obligation to conserve them in the best possible state (in this sense, also see opinions C-162-2004 of 27 May 2004 and C-089-2016 of 26 April 2016).' In relation to the response to the action by the respondent, we have: FIRST: It is not true, as the opening of the street to be carried out in the coastal sector of the integral regulatory plan Cabuya Montezuma again indicates that it will be done adjacent (contigo) to the park. This is not true because this street has never existed adjacent to the park; therefore, what will be carried out is the construction of a new street through the park. In resolution number D1-0625-2020- Nombre3456, they clearly indicate that Nombre3456 received the D1 form for the project: Habilitación Calle. Publica contigo al Parque de Montezuma, presented in the name of Consejo Municipal de Distrito de Cóbano, legal ID CED36236, represented by Mr. Favio José López Chacón, identification document number CED20666, and was assigned case file number D1- 0625-2020-SETENA. As the responsible environmental consultant, Mr. Alberto Vásquez Granados, identification document number CED36234-, who has his consultant registration up to date. This viability clearly indicates that it is for the opening of a public street adjacent to the Montezuma park, case file number D1- 0625-2020-SETENA, which we again indicate does not match the project that the district council of Cóbano plans to execute. Since what it will build is a public street through the existing park; a park in which a public street has never existed since the ecclesiastical board of the Catholic church donated this land as a public park to the people of Montezuma, Cóbano, and Costa Rica in the year 1985. Furthermore, topographic plan number 6-2077267-2018 indicates a public parking area without defining the total construction area, an area that will also be cut off from the currently existing public park. This parking area is also not included in the study conducted for this environmental viability in resolution number 0631-2021- SETENA. These are the Incoherencies or deficiencies of this environmental viability carried out with respect to the project to be executed. Incoherent aspects of this Environmental Viability: The viability granted is for the opening of a public street adjacent to the Montezuma park. This is not true, because what is intended is the construction of a street through the Montezuma park, as we demonstrate with the photographs provided. The public parking area represented in plan number 6- 2077267-2018 is not included in this resolution number 0631- 2021-SETENA. Therefore, it is an area, in addition to the street area, that would also be cut off from the total area of the Montezuma public park, which, according to the cadastre plan we attach from 1991, the park has an area of 3657.65 square meters according to the donation made by Mr. Nombre46162, ID CED36237 as a public park since 1985. Regarding the observations indicated in the environmental viability: C.1 The viability indicates that it complies with environmental measures. But we know that on the land of this park, animals such as armadillos, white-faced capuchins (cari blancos), howler monkeys (congos), mantled howler monkeys (martilla), foxes, opossums (zarigüeyas), raccoons, coatis (pizotes), and squirrels pass through and live, which can normally be observed at night and often even during the day (photos). There are also large decades-old trees and young growing trees where birds such as great egret (garza blanca), bare-throated tiger-heron (martinpena), parrots (loros), scarlet macaws (macaos), toucans, crested jays (urracas), woodpeckers (carpinteros), great-tailed grackles (zanates), woodrails (pijos), owls, hawks (gavilanes), seedeaters (come maíz), and others pass through and coexist. For all of the above, it is not true that it complies with environmental measures. Regarding official letters (SENARA, MOPT; SINAC etc.), it indicates N/A, which is not true, as it does apply, since in the area where the street is intended to be built, there are some of the indicated trees that will have to be cut down to execute the project. Of the foregoing, we have proof with the permits granted by the SINAC of Cóbano (permits) which we request this honorable Chamber to order requested from the district council of Cóbano. Regarding the technical studies contemplated in the environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental), we indicate the following: D.1. Geotechnical study: The viability indicates that such study is not necessary. This is not true, since this street will be built very close to the Aurora Hotel building, about 3 meters below the floor level of the Aurora Hotel. Montezuma being a zone of high seismic vulnerability, where earthquakes have constantly occurred, like the last one on 12 October 2021, when an earthquake with magnitude 5.3 occurred that strongly affected Montezuma. (present evidence) Not having conducted the geotechnical study, and not having indicated, either, the distance between the edge of the street to be built and the building of my represented company, (The Aurora Hotel). The foregoing implies that studies of the necessary angles for the stabilization of the slopes (taludes) that would remain between the street level and the building's floor level were not conducted, for which reason the building structure would be vulnerable during construction; this is why we do not know in what way future impacts from slope slides that would affect the building would be prevented. This already, even, with the mere fact of the street's construction, and especially if a new earthquake were to occur in the area as is common, which could be highly impactful for the Aurora Hotel building. We request that the district council of Cóbano be required to provide the geotechnical study, given that the environmental viability itself indicates it is not applicable and that it is not necessary to conduct it. In a following paragraph, it is indicated that if surface water bodies are located, the legislation in force regarding protection zones must be applied; therefore, this is only possible to apply having conducted the corresponding geotechnical study. In the same environmental viability, it is indicated: (From the analysis of the Georeferencing to be conducted by the Geography Unit of this Secretariat, - analysis recorded in the administrative file, as established per Executive Decree (Decreto Ejecutivo) Number 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Article 2; the following is recognized: A spring (naciente) is registered approximately 130 m to the West of the property. Next, in the chapter on the field inspection, Nombre3456 indicates that the environmental assessment department determined not to conduct the field inspection. This makes the need to conduct the geotechnical study even greater. D.2. Hydrological study: It is indicated that it was not conducted due to the nature of the project. This study is necessary given that the land level of the park is 100 meters from the sea and about 5 meters above sea level. Therefore, the depth of the groundwater level is very superficial, and normally in the rainy season, the park becomes completely saturated with water, as the soil cannot filter the rainwater that clashes with the existing groundwater; thus, the street construction project will amplify the flood risks from runoff waters over the surrounding buildings. For this reason, we consider the hydrological study must also be conducted. D.3. Anthropic risk certification. (Anthropic risk is defined as 'the study of the relationships between the human being and the environment'). Given that this park is visited by tourists from Costa Rica and many countries around the world, who constantly interact with the flora and fauna existing in the park, in addition to using it as a recreational area, and that also, in this park, activities such as the weekly organic fair, music concerts, community or neighborhood meetings to discuss town issues are constantly held. And very importantly, the existence of a playground (play de juego) for children and youth, which was not indicated on the cadastre plan presented to the honorable judges of the Constitutional Chamber. Playground for which we attach photographs. The plan does not indicate the distance between the boundary of the street and the public parking lot to be built in relation to the playground for children and youth; this is a possible cause that would impact the safety of the children and youth who enjoy this park. D.4. Rapid biological assessment (Biológico rápido): Clearly indicates in the observations of engineer Daniel Loria Sims CI-188-19-SETENA, that within the PA (project area), species under protection category such as oak savanna (roble de sabana), guácimo, madroño among others were identified in both fauna and flora, along with howler monkey (mono Congo) in vulnerable category. In this case, the developer must have SINAC permits, since it is estimated that for the development of the AOP, 8 trees need to be cut down. We request that the SINAC permits for the cutting of these 8 trees be presented and the environmental impact that this will have on flora and fauna be verified, and whether, in this regard, the necessary studies concerning the environmental impact on flora and fauna were conducted for the permits granted for the cutting of these trees. SECOND: The information contained in the environmental viability is distorted, since the real facts relating to the origin and existence of the Montezuma public park are that it was land ceded by Mr. Nombre46163 to the diocese of Tilarán, and then the latter ceded it in administration to the diocese of Puntarenas, and finally ceded to the people of Montezuma for public park purposes. Initially, there was a sports field, and over time it was rearranged, placing the sports field in one space and the park for community use, all on the same land. It is important to mention that the property of Mr. Nombre46163 predated Law No. 6043, Law on the Maritime Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre) of 2 March 1977. We also confirm that the information contained in the Environmental Viability is distorted based on the document described below, in which the municipal intendant of Cóbano addresses the Office of the Attorney General. Document which we attach and in which the following is indicated: (COBANO 14 May 2007, CMDCI-064-2007, Mr. Lic. Mauricio Castro Lizano, deputy attorney general - Office of the Attorney General. Document in which, among others, the intendant of the municipal council of the district of Cóbano, José Eladio Cortez Castrillo, in his response to the Office of the Attorney General in the fourth section indicates the following: that as one of the possible solutions, it was thought to use part of the park that is totally underutilized, as what is there are several large trees that beautify the place, in addition to the great humidity in the area. It was also proposed by some people from the community that a road be made crossing the park on its north side and exiting at the entrance crossroads to the city, and that obviously it is not for parking but to provide new access to the city. Here we can again confirm that the project indicated in this environmental viability is not to open a public street but to build a new street or road that would cross the park on its north side, as recognized by Mr. José Eladio Cortez Castrillo, intendant of the district council of Cóbano, on 14 May 2007. With this, we demonstrate that a road crossing the park never existed, thus demonstrating that the information presented in the environmental viability of Nombre3456 is distorted because it indicates that a street adjacent to the Montezuma park will be opened. THIRD: It is true, since in the content section (rapid biological assessment) of the environmental assessment prepared by Daniel Loria Sims CI- 188-19-SETENA, it is indicated that within the PA area, species under protection category were identified in both fauna and flora, such as: oak savanna, guácimo, madroño among others, and we can add that there are also trees of yellow bark, Ron Ron, Mahogany (Caoba), Higuerón, Indian Laurel, Jícara, Mango, Panama (Panamá), which can be verified on site. It also indicates that there are fauna species such as howler monkey in vulnerable category, and we further add that there are also White-faced Capuchins (Cariblancos), mantled howler monkeys (martilla), armadillos, squirrels, raccoons, opossums (zarigüeyas), foxes, coatis (pizotes), scarlet macaws (lapas), parrots (loros), scarlet macaw (macao), toucans, hawks (gavilanes), owls, crested jays (urracas), great-tailed grackles (zanates), woodpeckers (carpinteros), seedeaters (come maíz), egrets (garzas), bare-throated tiger-herons (martinpena), that pass through this park and also inhabit it, which could have been verified by Nombre3456 if they had conducted the corresponding field inspection, but it was not done, as indicated by Nombre3456 in the viability conducted (attach copy of the resolution). FOURTH: It is true that the habitat and flora of the Montezuma park are largely destroyed, and furthermore, the safety of the children and youth who enjoy the playground is endangered. Given that from an area of 3,657.65 square meters that the park currently has, which we demonstrate through the topographic plan dated May 1991 and which we attach, the park area is reduced to 1,698 square meters according to cadastral plan 6-2077-267-2018 prepared by the municipal council of the district of Cóbano.\n\nPlan in which it cuts off areas indicated as A for the municipal council of the district of Cóbano and in addition the parking areas and public street project. The information on this plan is also highly distorted because it does not indicate the northwestern abutting properties within which the Hotel Aurora building is located nor the distance from the edge of the street in this direction to this Hotel Aurora building. Furthermore, the location of the playground (play) for children and youth is not indicated, nor the distance that would separate this playground from the southeastern edge of the parking project that is indicated. It is true that there exists an environmental feasibility (viabilidad ambiental) with distorted information about the reality that has existed in this park since 1985, the year in which Nombre46163, identification number CED36237, designated it as a public park area for Montezuma, gave it in use to the Diocese of Tilarán, then the administration was transferred to the Diocese of Puntarenas, and later it was ceded to the community of Montezuma with the public park use that it has had since 1985 and that it has to date. This was done in the 2004-2008 period in which the Diocese of Puntarenas ceded the administration to the municipal council of the district of Cóbano. FIFTH: It is true that the Montezuma public park is the only public park that exists in the entire district of Cóbano and that, it is true that the existing fauna and flora are destroyed, in addition to endangering the safety of the children and youth and other citizens of Montezuma, Cóbano and tourists from Costa Rica and from very many countries of the world who daily visit Montezuma and who enjoy this public park, and its flora and fauna and recreational infrastructure that exists in the park. It is true that the administration was ceded to the municipal council of the district of Cóbano, but, this administration has never been exercised by this council, since the playground that exists was a donation from the foundation for life of Nombre46164 in 1989, and the other infrastructure that exists such as benches, tables, trees planted and labeled, were contributed and carried out by the residents of Montezuma. There also exists a public water source that the residents managed to have installed by the Montezuma ASADA. On the contrary, the District Council of Cóbano never collects the trash from the park, never prunes the trees, has never installed even a chair nor collects the remains of branches and leaves that fall from the trees, nor does it collect the trees felled by nature, but it has always tried to cut off areas of this public park obtaining an environmental feasibility with distorted information and preparing a topographic plan 6-2077267-2018 with incomplete and distorted information as well. SIXTH: It is true that there exists an evident private and community interest of our country and of many countries, as we demonstrate with many signatures that we have collected and that the council of the district of Cóbano itself presented to the Honorable Judges of this Constitutional Chamber, signatures in defense of the Montezuma park, of its flora and fauna, of the children's playground and other recreation areas for citizens of Montezuma, Cóbano and tourists from Costa Rica and many countries of the entire world who visit it daily. As demonstrated by the signatures themselves. It is true in the case of the company that I represent and that is a concessionaire of a piece of land since 1987, year since which fees and corresponding taxes have been paid, in addition to the significant investment in the construction, authorized with the appealed decision, of a hotel, which in turn generates a source of employment in this zone. And I also defend the right to maintain the safety of the existing building of my represented party from the possible collateral damages that could affect this building if this project were built. All in accordance with point 6 in the amparo appeal (recurso de amparo) that we filed before this honorable chamber. SEVENTH: It is true that the project that indicates the opening of a public street in Montezuma has studies, but as we have already demonstrated, this environmental resolution 0631-2021 was carried out with distorted and incomplete information. Also, as already indicated, in the cadastral topographic plan number 6-2077267-2018 the information indicated is distorted and incomplete according to the reality that has existed and that exists to this day in this Montezuma public park. Furthermore, there would be an impairment to the environment given that the administration distorts, by saying that it has carried out the corresponding steps with respect to the environment that are requested in the Environmental Feasibility, since the residents have not been shown any compensation plan for the flora and fauna that it would destroy, nor any mitigation measure to reduce the impairment to the environment, nor the possible impact on the safety of the children, youth and other persons who daily visit the Montezuma park. CLAIM: Based on the grounds set forth and adhering to the provisions of Article 50 of our Political Constitution, I request this honorable Chamber to grant the amparo appeal and order the suspension of any work that damages the park such as building a road for which the necessity is not even known on land that was given in administration by the Archdiocese for park use.\"\n\n6.- By brief incorporated into the digital case file on March 3, 2025, Victoria Eugenia Quirós Ramírez, in her capacity as president of the National Association of Inhabitants of the Coastal Zones of Costa Rica (Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica) requests to be a coadjuvant (coadyuvante) in this amparo appeal. She states: \"1. Since 2020, the Municipal Council of the District of Cóbano in the figure of Deputy Mayor (Vice Intendenta) Ana Silvia Lobo, designed and presented, in the community of MONTEZUMA, a project to build a road and parking area, destroying the ONLY park, recreation area for locals and visitors, particularly for the children who enjoy the playground, donated in 1989 by the National Program of Parks and Recreation and permanently maintained by the community. 2. The former Deputy Mayor Ana Silvia Lobo has legitimate interests in the property of the Hotel NyA, through which the road abuts, a road that for years made a correction from the interior of the community of Montezuma to national route 624. Said road is in disuse, but is easily recoverable, so it is not acceptable to intend to destroy a community park in exchange for saving private interests of a hotel. 3. The Municipal Council of the District of Cóbano has only functional autonomy which limits the actions in which it can act, for which we consider it exceeds its constitutional capacity by disrupting the social life that is generated around the Montezuma park, and violates the right to a balanced environment, and to the protection of the abundant fauna and flora of the park. 4. The Municipal Council of the District of Cóbano intends to build a road in an area that, due to its characteristics of marine-terrestrial soil, and the slope that the potentially impacted area presents, would threaten the occupants of the lower zone with eventual flooding and impact from the imminent erosion that would occur if the trees of the Montezuma park were cut down. All of which confirms the instrumental and constitutional incapacity of the actions of the Municipal Council of the District of Cóbano. 5. The Municipal Council of the District of Cóbano does not have the endorsement of the Municipality of Puntarenas, nor the soil studies, nor the eventual containment designs, and does not even comply with the measure of at least forty meters distance that a new road must have in relation to the vertex point abutting the existing street crossing, as established by the Subdivisions and Urbanizations Regulation (INVU 2021), thereby attacking a balanced environment and the right to the protection of the health and integrity of the inhabitants. The street they intend to build connects where the signs in the photograph are located, thereby enhancing traffic congestion and traffic accidents, given the absence of a correct geometric design and the non-technical conditions of the intended street, which would force drivers to maneuver dangerously for the turn towards Cóbano and/or the turn towards Cabuya and for the incoming traffic of both routes. This situation demonstrates the technical, legal, constitutional incapacity of the Municipal Council of the District of Cóbano to build a street and destroy the Montezuma Community park. 6. The Municipal Council of the District of Cóbano lacks truthfulness before the National Technical Environmental Secretariat (SETENA) and uses the environmental feasibility that was granted to a regulatory plan called \"Integral Regulatory Plan of the Montezuma-Cabuya Tourist Center\" (Plan Regulador Integral del Centro Turístico Montezuma-Cabuya). File EAE-001-2008 Nombre3456, whose zoning and other characteristics are very different from those of the Regulatory Plan approved by the Municipal Council of the District of Cóbano. This situation has been denounced before Nombre3456 for several years, irregularities evidenced in the evaluation report of the incorporation of the environmental variable to the POT, Technical Review Form FR-DT-EAE-011-2020, whose requirements, the Municipal Council of the District of Cóbano, does not deliver to Nombre3456. 7. In the sheet of the regulatory plan to which Nombre3456 granted environmental feasibility, THERE DOES NOT EXIST any street in the Montezuma park, and conversely, Nombre3456 warns to recover the permeability of the land not to share it with a street. 8. The Municipal Council of the District of Cóbano lacks truthfulness by insisting that the street would be adjacent to the park; if one observes the plan that indicates the project to build a street and parking lot, it covers almost the entirety of the park. CLAIMS: 1. That the Honorable Constitutional Chamber, in order to prevent a socio-environmental disaster, issue a precautionary measure to prevent the Municipal Council of the District of Cóbano from cutting trees or performing earthworks (movimientos de tierra) in the area of the park where they intend to build a street. 2. That the Honorable Constitutional Chamber evaluate all the elements provided and, if possible, carry out an on-site assessment, for its better final resolution. 3. That the Honorable Constitutional Chamber order Nombre3456 to carry out the assessment adjusted to the truth and cancel the permit granted for the street project in the Montezuma park and that it act in accordance and with celerity regarding the demands established in the report Technical Review Form FR-DT-EAE-011-2020, in order to provide environmental protection particularly to the Montezuma park. 4. That the Honorable Constitutional Chamber evaluate the importance that the MONTEZUMA PARK has in social and psychological life, in coexistence with nature, in the health and integral well-being of the population, as rights enshrined in the Political Constitution of Costa Rica and order the Municipal Council of the District of Cóbano to eliminate its claims to build a street and destroy that wooded space, a lung of peace and freshness. 5. All the claims established in the Amparo Appeal.\"\n\n7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Regarding the coadjuvancies (coadyuvancias) raised. By brief dated March 3, 2025, Victoria Eugenia Quirós Ramírez, in her capacity as president of the National Association of Inhabitants of the Coastal Zones of Costa Rica, raised a coadjuvancy.\n\nCoadjuvancy is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding by adhering to the claims of one of the main parties; consequently, anyone who has a direct interest in the outcome of the appeal is legally entitled to act as a coadjuvant (coadyuvante), but not being a principal actor, the coadjuvant will not be directly affected by the judgment, that is, its effectiveness will not be able to reach them directly and immediately, nor will the condition of res judicata of the ruling affect them, although in amparo matters, the effectiveness of what is resolved may benefit them, due to the \"erga omnes\" character that the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction have (Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction).\n\nIn this case, the Chamber proceeds to admit the coadjuvancy raised, since Victoria Eugenia Quirós Ramírez, in her capacity as president of the National Association of Inhabitants of the Coastal Zones of Costa Rica, has a clear interest in the outcome of this process.\n\nII.- Object of the appeal. The appellant claims: 1) that, on January 17, 2025, a sign was placed adjacent to the Montezuma park, on which the execution of a project for the enabling of a public street was indicated; however, they claim that this work has no logical sense due to its location and carrying it out implies the destruction of the only park where there is forested density; furthermore, the respondent authority must carry out an environmental assessment and the information must be shared with the affected population, in order to determine the need to destroy an environmental zone; and, 2) they argue that the company they represent is a concessionaire of a piece of land, where a large sum has been invested for the construction of a hotel; however, it is located on sandy soils and the excavation to be carried out for the construction of the street implies the destabilization of the land on which the hotel is being built.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed as duly demonstrated:\n\na) In Article VIII, subsection c, of ordinary session No. 9-20 of June 30, 2020, the Municipal District Council of Cóbano agreed to authorize the Mayor's Office (Intendencia) to process before MINAE-SINAC the felling of eight trees located \"in the surroundings of the park of the community of Montezuma exactly where the street designed and approved in the Cabuya-Montezuma regulatory plan passes and that will be enabled (sic.) with the purpose of decongesting the center of the community\". (See file 20-011494-0007-CO- ad effectum videndi et probandi).\n\nb) Through official communication INT-2020-156, received on July 6, 2020, the Municipal District Council of Cóbano requested the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque)-SINAC for authorization to fell eight trees located in the community park, for the purpose of enabling the street that will pass through that sector. (See file 20-011494-0007-CO- ad effectum videndi et probandi).\n\nc) Through resolution No. 26-2020 at 3:00 p.m. on July 16, 2020 (notified to the Municipal District Council of Cóbano on July 24, 2020), the Cóbano Subregional Office of the Tempisque Conservation Area of SINAC, following the on-site inspection carried out on July 9, 2020, authorized said municipal district council to fell the trees it had requested through official communication INT-2020-156. (See file 20-011494-0007-CO- ad effectum videndi et probandi).\n\nd) Through official communication No. INT-2020-316 of September 18, 2020, the Municipal District Council of Cóbano requested SINAC for an extension of the validity period of the permit for the felling of the trees located in the Montezuma Park because the procedure for authorization by Nombre3456 was paralyzed, since problems had arisen with the payment of form D1. (See file 20-011494-0007-CO- ad effectum videndi et probandi).\n\ne) According to the Tempisque Conservation Area-SINAC, the area covered by the Montezuma park does not qualify as forest (bosque), nor is it a protected wildlife area (área silvestre protegida) or a water protection area. (See file 20-011494-0007-CO- ad effectum videndi et probandi).\n\nf) Through resolution No. 0631-2021-SETENA of April 22, 2021, the National Technical Environmental Secretariat resolved the request of the Municipal District Council of Cóbano for the \"Enabling of Public Street Adjacent to the Montezuma Park\". In that document it was ordered: \"FIRST: To approve the Environmental Assessment Document D1 Sworn Declaration of Environmental Commitments submitted for environmental assessment by the project developer. SECOND: To inform the interested party that, in accordance with Articles 17, 18 and 19 of the Organic Environmental Law, the environmental assessment procedure for the project \"Enabling of Public Street Adjacent to the Montezuma Park\" has been completed, with administrative file D1- 0625-2020-SETENA, as described below. THIRD: According to Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the validity of this feasibility will be for a period of FIVE YEARS for the start of works. In case the works do not begin within the established time, the provisions of current legislation shall be applied. FOURTH: Mr. FAVIO JOSE LOPEZ CHACON, identification document number CED20666, in his capacity as legal representative of the company MUNICIPAL DISTRICT COUNCIL OF COBANO with legal identification number CED20667, file number D1-0625-2020-SETENA, is ordered to: (...) FIFTH: Based on the environmental characteristics of the AP and its interaction with the activities that the project will carry out, a frequency of submission of regency reports is established for periods of every SIX MONTHS during the construction phase and a consolidated final report. This in accordance with the provisions of Plenary Agreement CP-036-2011-SETENA of February 28, 2011. Environmental Reports must be submitted within a maximum period of 10 days after the end of the period they cover. At the start of activities, the period for the first environmental regency report begins. For the preparation of these reports, according to the format established by this Secretariat, it will be the responsibility of the environmental regent (regente ambiental) to carry out the necessary number of visits, depending on the characteristics of the project. Based on these reports and the monitoring program, Nombre3456 may adjust the guarantee amount and issue mandatory compliance measures to the interested party to keep the project, work, or activity within a margin of controlled environmental impact. The responsible party and the owner must provide support for the work of SETENA, in the inspections it carries out. Remember that the granting of Environmental Feasibility is one step within the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process and that after it is granted, the environmental management stage begins that must be carried out by this Secretariat, through the Department of Environmental Auditing and Follow-up (ASA), in accordance with the agreement of the Plenary Commission, No. 015-2014, of August 26, 2014. SIXTH: Comply with the provisions of Resolution No. 1834-2016-SETENA, \"Signage of Projects with Environmental Feasibility\", of September 29, 2016. SEVENTH: Warn the developer that if non-compliance with the acquired environmental obligations is verified, in accordance with Article 14 of Executive Decree 31849, or if falsehood or manipulation of the information provided is proven, due to the Sworn Declaration nature of the instrument presented, this Secretariat may proceed as indicated in Article 15 of that same Decree, rendering the Environmental Feasibility (License) granted through this document null and void, and must submit the corresponding documentation, independently of the power to file the corresponding criminal complaints for any crime committed, or to apply any of the sanctions listed in Article 99 of the Organic Environmental Law. EIGHTH: Remind recommendations/precautions arising from the complementary technical studies and what is described in the THIRD CONSIDERING clause above. NINTH: Remind the developer that according to Article 11 of Executive Decree No. 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC-Scope of the EIA procedure before SETENA, compliance with the EIA procedure does not exempt them from the procedures to be fulfilled before other Administration authorities, in accordance with the competences and regulations in force, nor from complying with their obligations or responsibilities that derive from their management. TENTH: Against this resolution, within a period of three business days, counted from the business day following the notification, the ordinary remedies of revocation before SETENA, and appeal before the Minister of Environment and Energy, may be filed, in accordance with Articles 342 et seq. of the General Law of Public Administration No. 6227, and 87 of the Organic Environmental Law No. 7554. ELEVENTH: All documentation presented before Nombre3456 must clearly indicate the file number, the resolution number, and the full name of the project. An email address must also be indicated to receive notifications from this Secretariat. TWELFTH: The complete file, as well as the documents that Nombre3456 has issued during the Evaluation process, will be available to the developer at the web address\". (See evidence provided).\n\ng) On January 15, 2025, the Municipal District Council of Cóbano placed a sign in the vicinity of the Montezuma park, which reads: \"PROJECT ENABLING OF PUBLIC STREET ADJACENT TO THE MONTEZUMA PARK DEVELOPER: MUNICIPAL DISTRICT COUNCIL OF CÓBANO PROJECT AREA 704 m FILE NUMBER D1-0625-2020-SETENA ENVIRONMENTAL FEASIBILITY RESOLUTION No. 0631-2021-SETENA APRIL 22, 2021\". (See evidence provided and report rendered).\n\nIV.- Relevant antecedent. In judgment No. 2021000176 at 9:15 a.m. on January 8, 2021, it was resolved:\n\n\"V.- Regarding the specific case. The appellant argues that the Municipal District Council of Cóbano intends to build a new street crossing the Montezuma children's park.\n\nFirst of all, it is necessary to indicate that, from the elements in the record, it appears that the procedural parties indicate that the project for this new street is in compliance with what was ordered by the Chamber in judgment No. 2020-8437 at 9:20 a.m. on May 8, 2020 (case file No. 20-3867-007-CO). However, it is necessary to make it clear that in such judgment, this court ordered the solution to the access problem that exists in the center of Montezuma, so as to guarantee the free passage of emergency vehicles, but it did not impose a specific way in which the Municipal District Council of Cóbano had to solve the problem. In this sense, the operative part of that ruling established the following: 'The appeal is granted. Cynthia María Rodríguez Quesada, in her capacity as Mayor (Intendente) of the Municipal District Council of Cóbano de Puntarenas, or whoever occupies the position in her place, is ordered to issue the pertinent orders and carry out all the actions required within the scope of her competences so that within six months, counted from the notification of this judgment, the problem of access to the center of Montezuma is solved, so as to guarantee the free passage of emergency vehicles. In the interim, she must adopt the necessary temporary road measures to ensure, within a maximum period of three days counted from the notification of this ruling, the transit of emergency vehicles through the street that gives access to the center of the community. (...)' (emphasis added).\n\nNow, the appellant argues that the project for this new street in the Montezuma park will entail the felling of trees and the reduction of the community recreation area. She accuses that the Municipal District Council of Cóbano has at no time involved the population in the decision-making in this regard.\n\nHowever, regarding a similar grievance, in judgment No. 2017-1163 at 9:40 a.m. on January 27, 2017, this Chamber indicated the following:\n\n'V.- Regarding citizen participation in the specific case (drafting of Magistrate Salazar Alvarado). Furthermore, the amparo petitioners accuse the respondents of not having guaranteed citizen participation in the process of extracting water from the Sardinal aquifer, nor have they been provided with information on the signed agreements and conventions. In relation to this point, as Magistrate Jinesta Lobo has stated on other occasions, the majority of the Chamber considers that direct citizen participation in public affairs or the management of public matters is an evident constitutional principle (Article 9 of the Constitution) that must be implemented by the constitutional and infra-constitutional legal system. Citizen participation, as a general principle of Constitutional Law, is projected in the political or governmental sphere and the merely administrative one, for making fundamental decisions. In the political or governmental dimension, the issue is developed through instruments such as the regulation of popular election processes, the legislative referendum, and popular initiative in the formation of law. On the strictly administrative level, the principle of participation of the administered must be developed gradually and according to the matter and sector, since not every fundamental administrative decision must necessarily be preceded by citizen participation, because if this were the case, administrative management would be slowed down, which must be, by application of the constitutional principles of efficacy and efficiency, fluid and dynamic. Our Political Constitution does not enunciate or indicate the mechanisms for the participation of the administered in the adoption of fundamental administrative decisions, that is, it does not deal with this aspect. The infra-constitutional legal system, essentially, legal, will be the one that gradually determines those sectors and matters where there must be greater participation (e.g., in matters of drafting regulations, environmental protection, consumer protection, urban planning, regulation and setting of tariffs in services of general interest, carrying out popular consultations at the municipal level such as open town halls and referendums, etc.). There will be situations in which the ordinary legislator has configured such participation as a true, complete, and perfect right, fully enforceable, in certain circumstances and under certain assumptions and conditions that must be verified. In such cases, determining whether or not such a right of legal configuration has been violated is a question of legality that must be discussed before the ordinary or common jurisdiction and not in this constitutional jurisdiction. In short, what the current Constitution and international instruments on human rights contemplate is a principle of participation, which for obvious reasons does not reach the preceptive and enforceable character of a fundamental or human right. It is not possible to extract from the fundamental text and from the Human Rights instruments a supposed right to participation that governs unconditionally for the adoption of any or every fundamental administrative decision that justifies granting every amparo whenever it is alleged that it was violated. It is the ordinary legislator who gradually configures and develops such a right of participation in certain matters and in certain sectors of the infra-constitutional legal system, therefore, I reiterate, it is not for the constitutional jurisdiction, because it is a matter of ordinary legality, to establish when a right of legal configuration has been infringed. For the reasons stated, it is not possible to speak, from a constitutional or conventional perspective, of a perfect right to participation, and reference should instead be made to the constitutional principle of citizen participation in making fundamental decisions, whether political or administrative.' (emphasis added).\n\nThus, with respect to this point, the dismissal of this appeal is in order.\n\nVI.- The protected party also alleges that the Municipal District Council of Cóbano based the project for the street that will pass through the Montezuma park on the Integral Regulatory Plan Cabuya Montezuma (Plan Regulador Integral Cabuya Montezuma); however, this plan lacks environmental feasibility (viabilidad ambiental). She claims that the project is also based on resolution No. 327-2010- SETENA; however, this corresponds to another regulatory plan, specifically the Montezuma Cabuya Tourist Center Regulatory Plan (Plan Regulador Centro Turístico Montezuma Cabuya), which has a different zoning than the Integral Regulatory Plan Cabuya Montezuma. Furthermore, she accuses that in that resolution the opening of a new street within the children's park was not approved.\n\nHowever, if there is any disagreement regarding the basis that justifies the project for the street through the Montezuma park, it must be alleged in the ordinary legal channel, where, in plenary proceedings, it may be determined whether or not it was included in any of the two indicated regulatory plans, under what specific technical and legal conditions, and whether it complies with the provisions corresponding to the zone where it is located. In this sense, 'it should be remembered that the amparo process is of an eminently summary nature —that is, brief and simple— and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine —with a declaratory character— whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual elements of the amparo appeal or of the legally mandated report, as the case may be, actually exist.\n\nHence, this avenue is not suitable for conducting broad environmental investigations, since these would necessitate opening the process to evidence.\" (ruling No. 2017-3417 of 9:05 a.m. on March 3, 2017).\n\nIn addition to the above, regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, the case file contains no elements that would allow a finding of a constitutionally relevant injury amenable to the summary amparo proceeding. Along these lines, according to the report issued by the Director of the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), it is ruled out that the Montezuma park area qualifies as forest (bosque), a protected wild area (área silvestre protegida), or a water protection area. Furthermore, it is verified that, through official letter No. INT-2020-156, received on July 6, 2020, the Cóbano District Municipal Council requested authorization from the Tempisque Conservation Area-SINAC for the cutting of eight trees located in the community park for the purpose of enabling the street that will cross that sector. Subsequently, through resolution No. 26-2020 of 3:00 p.m. on July 16, 2020 (notified to the Cóbano District Municipal Council on July 24, 2020), the Cóbano Subregional Office of the Tempisque Conservation Area of SINAC, following an in situ inspection conducted on July 9, 2020, authorized the said council to cut down the trees. Likewise, it is inferred that the Cóbano District Municipal Council is processing the corresponding permit before Nombre3456 for the works to enable the aforementioned street; however, the procedures have been delayed due to a payment issue, because of which the project has not begun, pending the resolution of this inconvenience and the respective pronouncement by SETENA. In accordance with this, it is noted in the case file that, on July 22, 2020, the appellant was notified of the agreement reached by the Cóbano District Municipal Council in ordinary session No. 11-20 of July 14, 2020, where, in response to an action filed before the district municipal council against the opening of the referenced street, the following was stated: \"In a responsible manner, the administration is undertaking the necessary steps for the opening of the street; among other procedures (sic.), the request for authorization for the cutting of the trees has already been sent, and on the other hand, steps are being taken (sic.) to comply with what was requested by the National Technical Secretariat, so once approval is obtained from these two institutions, this Municipal Council must proceed with the materialization of the street (…) It is important to highlight and reiterate that no tree cutting will be carried out (sic.) without having the authorizations and approval from the corresponding institutions.\" Furthermore, in the agreement adopted in ordinary session No. 14-20 of August 4, 2020 (notified on August 6, 2020), the Cóbano District Municipal Council reiterated to the plaintiff that the works for enabling the aforementioned street \"will be set in motion once both the cutting authorization from the National System of Conservation Areas and the feasibility of the street from SETENA are obtained, of which the appellant has full knowledge given that she was notified together with the agreement responding to the request for not opening the Montezuma street.\" Furthermore, it is not superfluous to indicate that the appellant does not allege having filed any action before Nombre3456 alleging the presumed environmental infeasibility of the street project in the Montezuma park.\n\nTherefore, the dismissal of this appeal with regard to this point is required, not without first warning the Cóbano District Municipal Council that, before commencing the execution of the street works in the Montezuma Park, it must have received the corresponding authorizations.\n\nVII.- On the other hand, the protected party alleges that the construction project for the new street that will pass through the Montezuma park does not have the approval of the Municipal Council of Puntarenas, nor that of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), which contravenes Article 15 of the Road Administration Law (Ley de Administración Vial).\n\nHowever, it is necessary to indicate that it is not within the purview of this Chamber to determine compliance with requirements set forth in infra-constitutional regulations. Along these lines, this Constitutional Court is not a controller of the legality of the actions or resolutions of the appealed authority. Therefore, any disagreement in this regard must be alleged by the appellant, if she so wishes, before the ordinary legality channel, where she must also raise the purely legality-based disagreements she asserts regarding administrative resolution No. 26-2020, through which the Cóbano Subregional Office of the Tempisque Conservation Area authorized the Cóbano District Municipal Council to cut down the trees in the public park of Montezuma.\n\nBy virtue of the considerations set forth, it is necessary to declare the appeal without merit with respect to this grievance.\n\nVIII.- Dissenting opinion of Judge Rueda regarding citizen participation. As I stated in ruling No. 2017-1163 of 9:40 a.m. on January 27, 2017, unlike the majority, I believe that Article 9 of the Political Constitution not only establishes a principle of constitutional rank, but that citizen participation must be considered a fundamental right, with all the guarantees and protection that this entails. In accordance with this line, in the aforementioned ruling, I stated the following:\n\n\"A.- On the constitutional relevance of the right to citizen participation and its promotion through the jurisprudence of this Chamber. In ruling number 2013-017305 of 11:32 a.m. on December 20, 2013, this Court had the opportunity to analyze an amparo appeal in which citizen participation was enhanced as a fundamental right. On that occasion, the following was explained: 'The right to citizen participation in decision-making has become one of the fundamental pillars upon which the democratic system rests. In our country, the constitutional legislator enshrined this right in Article 9 of the Political Constitution by providing that the Government of the Republic shall be popular, representative, participatory, alternative, and responsible. This mandate of the Fundamental Law has guided subsequent constitutional and infra-constitutional normative development. Thus, a series of mechanisms has been established that seek to ensure that the right to participatory government can be effectively applied, and not remain merely on paper, such as the referendum for the approval or repeal of laws and partial reforms to the Constitution, or the popular initiative in the formation of laws (see, among others, ruling number 2005-05649 of 2:39 p.m. on May 11, 2005). The right to participatory government, elevated to constitutional rank through the reform promoted by Law No. 8364 of July 1, 2003, published in La Gaceta No. 146 of July 31, 2003, not only signifies recognition of the highest normative rank for the function of political control, but also constitutes a revaluation of the citizen's role in decision-making processes. By the will of the constituent legislator, which this Chamber should not and cannot disregard, the right to participatory government stands as a fundamental pillar of our democratic regime—a matter erroneously disregarded by the minority vote, which lowers the category of citizen participation from a right to a general principle, in clear opposition to the jurisprudential line of this Chamber as demonstrated below—which is consistent with a political system based on tolerance, pluralism, and respect for freedom. This right to participatory government, also called the right to citizen participation, is sheltered in various international human rights instruments. In this way, Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 provides that \"everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.\" Consistent with the above, number 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights expressly recognizes the right of citizens: \"(…) to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.\" In the same sense, the Inter-American Democratic Charter indicates in its Article 5 that: \"Representative democracy is strengthened and deepened by permanent, ethical, and responsible participation of the citizenry within a framework of legality conforming to the respective constitutional order.\" More vehemently, number 6 of said Charter stipulates that: \"The participation of the citizenry in decisions relating to their own development is a right and a responsibility. It is also a necessary condition for the full and effective exercise of democracy. Promoting and fostering diverse forms of participation strengthens democracy.\" This conventional and constitutional recognition of the aforementioned right represents a fundamental aspect of this century's democratic model, in which citizen control, transparency, and accountability stand out as inherent factors of the republican system, which in turn endows political decision-making with much greater legitimacy, a key aspect when it comes to true governance. Precisely, one of the mechanisms devised to fulfill the provisions of Article 9 of the Constitution is the public hearing, which constitutes a means through which interested persons can assert their rights, actively participating in matters of national or local relevance, and bringing to the Administration's attention all those anomalies or disagreements in relation to the project intended to be developed. Thus, the public hearing is a typical instrument of a mature democracy, through which the active participation of the citizen in public decision-making is fostered. Due to its significance, the hearing must be conducted in such a way as to guarantee the greatest participation of the persons who may be affected, hence any action or omission that prevents the foregoing implies an open violation of the fundamental rights of the participants (see, among others, ruling number 2009-018223). Regarding the participatory nature of the public hearing, the Political Constitution itself requires it, since with the reform effective as of July 31, 2003, to number 9 of the Fundamental Law, it was stipulated that the Government of the Republic must be, among other aspects, participatory, which implies that the sitting government is an articulator of what is established by popular deliberation. In other words, in today's democracy, citizens enjoy, by constitutional mandate, not only the right to vote to exercise their right to participatory government, but a quantity of instruments of diverse nature to assist in political decision-making, which fosters their ability to exert direct influence on major public decisions. This fundamental right of citizen participation establishes that the people must be enabled to express themselves equally in both majority and minority points of view. Thus, both national participation mechanisms such as the referendum or plebiscite, as well as local ones, will be important. During the public hearing, participants must be granted all the facilities so that they are informed and can make themselves heard, all within reason, as the hearing cannot become an obstacle or a resource to prevent a timely resolution of a specific matter (…)\". Thus, we consider it necessary to record this note in order to reiterate the constitutional relevance of number 9 of the Political Constitution, not only as a general principle but as a clear and legitimate fundamental right, as we have done on previous occasions.\"\n\nNow, in the case at hand, the appellant alleges that due citizen participation was not provided regarding the enabling of a new street in the Montezuma park and the environmental implications it entails (for example, tree cutting). For their part, the appealed authorities of the Cóbano District Municipal Council argue that the project for that street was included in the regulatory plan (plan regulador) presented to the citizenry at the public hearing held on June 22, 2012; despite this, the truth is that they do not provide suitable evidentiary elements to prove this fact. The respondent corporation is warned that, according to the doctrine of the dynamic burden of proof, that party which is in a better position to add evidence to the process is even more obliged to do so (see rulings No. 2018008396 of 12:40 p.m. on May 25, 2018, 2017015028 of 9:15 a.m. on September 22, 2017, and 2013014504 of 9:05 a.m. on November 1, 2013). In this case, such burden falls on the respondent, since she is responsible for safeguarding the right to participation of the canton's inhabitants in the processing of the said regulatory plan, by virtue of which the obligation falls on her to have and provide the evidentiary means that prove respect for participatory government, sheltered in Articles 9 of the Political Constitution and 5 of the Municipal Code. By virtue of the foregoing, I consider the granting of this appeal appropriate due to the injury to the fundamental right to citizen participation. (…)\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is declared without merit. Favio José López Chacón and Ana Silvia Lobo Prada, in their respective roles as Mayor (Intendente) and Vice-Mayor (Viceintendente), both of the Municipal District Council of Cóbano, take note of the warning indicated in considering clause VI at the end of this ruling. Judge Rueda Leal dissents and declares the appeal with merit due to the violation of the fundamental right to citizen participation.\n\nV.- On the specific case: In the case at bar, the appellant claims: 1) that, on January 17, 2025, a sign was placed adjacent to the Montezuma park, on which the execution of a project for the enabling of a public street was indicated; however, she would claim that this work makes no logical sense due to its location and carrying it out implies the destruction of the only park where there is a density of forest cover (densidad boscosa); furthermore, the respondent authority must carry out an environmental assessment (evaluación ambiental) and the information must be shared with the affected population, in order to determine the need to destroy an environmental zone; and, 2) she argues that the company she represents is the concessionaire of a piece of land, where a large sum has been invested for the construction of a hotel; however, it is located on sandy soils, and the excavation to be carried out for the construction of the street implies destabilization for the land on which the hotel is being built.\n\nIn this regard, the Chamber has it as proven that, in Article VIII, subsection c, of ordinary session No. 9-20 of June 30, 2020, the Cóbano District Municipal Council agreed to authorize the Mayor's Office to process before MINAE-SINAC the cutting of eight trees located \"in the surroundings of the park of the community of Montezuma exactly where the street designed and approved in the Cabuya-Montezuma regulatory plan passes and that will be enabled (sic.) with the aim of relieving congestion in the community center.\" Subsequently, through official letter INT-2020-156, received on July 6, 2020, the Cóbano District Municipal Council requested authorization from the Tempisque Conservation Area-SINAC for the cutting of eight trees located in the community park in the community park, for the purpose of enabling the street that will pass through that sector. Likewise, in resolution No. 26-2020 of 3:00 p.m. on July 16, 2020 (notified to the Cóbano District Municipal Council on July 24, 2020), the Cóbano Subregional Office of the Tempisque Conservation Area of SINAC, following the in situ inspection carried out on July 9, 2020, authorized said district municipal council to cut down the trees it had requested through official letter INT-2020-156. Similarly, through official letter No. INT-2020-316 of September 18, 2020, the Cóbano District Municipal Council requested SINAC to extend the validity period of the permit for cutting the trees located in the Montezuma Park because the procedure for authorization from Nombre3456 was paralyzed, since problems had arisen with the payment of the D1 form. According to the Tempisque Conservation Area-SINAC, the area covered by the Montezuma park does not qualify as forest (bosque), nor is it a protected wild area (área silvestre protegida) or a water protection area.\n\nFor its part, the Chamber has it as demonstrated that, through resolution No. 0631-2021-SETENA of April 22, 2021, the National Technical Environmental Secretariat resolved the request of the Cóbano District Municipal Council for the \"Enabling of a Public Street Adjacent to the Montezuma Park.\" This document provided: \"FIRST: To Approve the Environmental Assessment Document D1 Sworn Declaration of Environmental Commitments submitted for environmental assessment by the project developer. SECOND: To Notify the interested party that, in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Organic Law of the Environment, the environmental assessment (evaluación ambiental) procedure has been completed for the project 'Enabling of a Public Street Adjacent to the Montezuma Park', with administrative file D1- 0625-2020-SETENA, as described below. THIRD: According to Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the validity of this feasibility (viabilidad) will be for a period of FIVE YEARS for the start of works. In the event that the works do not commence within the established time, what is established in the current legislation will be applied. FOURTH: Mr. FAVIO JOSE LOPEZ CHACON, identification document number CED20666, in his capacity as legal representative of the company CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO with legal identification number CED20667, file number D1-0625-2020-SETENA, is ordered: (…) FIFTH: Based on the environmental characteristics of the AP and its interaction with the activities the project will carry out, a periodicity for the submission of regency reports is established for periods of every SIX MONTHS during the construction phase and a final consolidated report. The foregoing in accordance with the provisions of Plenary Agreement CP-036-2011-SETENA of February 28, 2011. The Environmental reports must be submitted within a maximum period of 10 days after the end of the period they cover. At the moment of starting activities, the period of the first environmental regency report begins. For the preparation of these reports, according to the format established by this Secretariat, the environmental regent will be responsible for carrying out the necessary number of visits, depending on the characteristics of the project. Based on these reports and the monitoring program, Nombre3456 may adjust the guarantee amount and issue mandatory compliance measures to the interested party for their commitment to comply with all the conditions necessary to keep the project, work, or activity within a margin of controlled environmental impact. The responsible party and the owner must provide support to SETENA's work during the inspections it carries out. Recall that the granting of Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) is one step within the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process and that after it is granted, the stage of environmental management begins, which this Secretariat must carry out, through the Department of Environmental Auditing and Follow-up (ASA), the foregoing in accordance with the Plenary Commission agreement, No. 015-2014, of August 26, 2014. SIXTH: Comply with the provisions of Resolution No. 1834-2016-SETENA, 'Signage for Projects with Environmental Feasibility,' of September 29, 2016. SEVENTH: Warn the developer that if non-compliance with the environmental obligations acquired is verified, in accordance with Article 14 of Executive Decree 31849, or if falsehood or manipulation of the information provided is proven, due to the Sworn Declaration nature of the instrument presented, this Secretariat may proceed as indicated in Article 15 of that same Decree, rendering the Environmental Feasibility (License) granted through this document null and void, and must submit the corresponding documentation, regardless of the power to file the corresponding criminal complaints for any crime committed, or to apply any of the sanctions listed in Article 99 of the Organic Law of the Environment. EIGHTH: Recall recommendations/precautions arising from the complementary technical studies and what is described in CONSIDERING CLAUSE THIRD above. NINTH: Remind the developer that according to Article 11 of Executive Decree No. 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC-Scope of the EIA procedure before SETENA, compliance with the EIA procedure does not exempt it from the procedures to be completed before other Administration authorities, in accordance with current competencies and regulations, nor from fulfilling its obligations or responsibilities derived from its management. TENTH: Against this resolution, within a period of three business days, counted from the business day following notification, the ordinary appeals for revocation before SETENA, and for appeal before the Minister of Environment and Energy, may be filed, in accordance with Articles 342 et seq. of the General Law of Public Administration No. 6227, and 87 of the Organic Law of the Environment No. 7554. ELEVENTH: All documentation submitted to Nombre3456 must clearly indicate the file number, the resolution number, and the full name of the project. An email address must also be indicated, to receive notifications from this Secretariat. TWELFTH: The complete file, as well as the documents that Nombre3456 has issued during the Evaluation process, will be available to the developer at the web address.\"\n\nThus, due to the aforementioned environmental feasibility (viabilidad ambiental), it was that, on January 15, 2025, the Cóbano District Municipal Council placed a sign in the vicinity of the Montezuma park, which reads: \"PROJECT ENABLING PUBLIC STREET ADJACENT TO MONTEZUMA PARK DEVELOPER: CÓBANO DISTRICT MUNICIPAL COUNCIL PROJECT AREA 704 m FILE NUMBER D1-0625-2020-SETENA ENVIRONMENTAL FEASIBILITY RESOLUTION No. 0631-2021-SETENA APRIL 22, 2021\".\n\nTherefore, the corresponding course of action is to declare this part of the appeal without merit. In this sense, the plaintiff maintains that this granted feasibility (viabilidad) is improper, as it corresponds to another regulatory plan. However, as already provided in the above-cited ruling No. 2021000176 of 9:15 a.m. on January 8, 2021, if any disagreement exists regarding the justification that supports the street project through the Montezuma park, it must be alleged in the ordinary legality channel, where it may be determined whether or not it was included in either of the two indicated regulatory plans, under what specific technical and legal conditions, and whether it complies with the provisions corresponding to the area where it is located.\n\nFurthermore, regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, the case file contains no elements that would allow proving a constitutionally relevant injury amenable to the summary amparo proceeding. Thus, as indicated in ruling 2021000176 of 9:15 a.m. on January 8, 2021, it was ruled out that the Montezuma park area qualifies as forest (bosque), a protected wild area (área silvestre protegida), or a water protection area. In addition, it is verified that through resolution No. 0631-2021-SETENA of April 22, 2021, the National Technical Environmental Secretariat issued the respective environmental feasibility (viabilidad ambiental).\n\nAnd, finally, it is worth noting that the appellant does not allege having filed any action before Nombre3456 alleging the presumed environmental infeasibility of the street project in the Montezuma park.\n\nVI.- On the other hand, the plaintiff claims that the company she represents is the concessionaire of a piece of land, where a large sum has been invested for the construction of a hotel; however, it is located on sandy soils, and the excavation to be carried out for the construction of the street implies destabilization for the land on which the hotel is being built.\n\nIn this regard, first, it is not verified that the protected party has filed any action to denounce such situation before the respondent authority. Furthermore, from the report rendered, with the responsibilities and solemnities that this entails, it is inferred that: \"It is not correct to state that rights are being paid, since it is known, in accordance with Law 6043 on the Maritime Terrestrial Zone and its Regulations, that the payment of the concession fee corresponds to the moment the procedure is approved by this District Municipal Council for the respective granting by the Costa Rican Tourism Institute and as of today, the concession application process is halted by the company Las Brisas de las Delicias de Cóbano S. A., file 3963-2020, given that it has not adjusted the map submitted in the procedure. Likewise, if it has remained on the plot requested in concession prior to the entry into force of the Cabuya Montezuma Integral Regulatory Plan according to the publication of Gazette 184 on Wednesday, September 14, 2016, and prior to this date has paid any taxes, it is up to the legal representative of the company to appear before this District Municipal Council to carry out the corresponding procedure. There are private interests of the appellant regarding the land requested in concession by her represented company because it has not adjusted the corresponding setbacks of the constructions in accordance with the map provided in the concession application and the Cabuya Montezuma Integral Regulatory Plan, and not because of an environmental issue, given that the project appealed here has the respective environmental feasibility (viabilidad ambiental) and corresponding studies, as evidenced in the proof attached hereto. It is not true that her represented company is placed in a state of defenselessness, given that it has the possibility of adjusting the constructions in accordance with Law 9242 for the regulation of existing constructions in the Restricted Zone of the Maritime Terrestrial Zone, which the appellant herself has not managed as she does not wish to adjust the setbacks of the plot requested in concession.\"\n\nTherefore, a priori, the Chamber does not have any element that would allow verifying any violation of the fundamental rights of the protected company. Consequently, this part of the amparo is dismissed.\n\nVII.- NOTE FROM JUDGE RUEDA LEAL. I consider it pertinent to warn that, since ruling No. 2019002355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following regarding amparo appeals when they have been filed on behalf of a legal person:\n\n\"in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right to petition for legal persons with special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of physical persons, so legal persons are not holders of the rights enshrined in said treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain specific contexts, physical persons may exercise their rights through legal persons (for example, through a communication medium, as happened in the case Nombre238 and others v. Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal person must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal person through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of physical persons are effectively being protected and not those of legal persons. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities of the legal person, so that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.' (emphasis added) (OC. 22/16)\".\n\nIn this case, it is inferred from the case file that there is an essential relationship between the natural person and the legal person, since the appellant also indicates that the claimed action affects her (as a physical person), insofar as it concerns an environmental situation. By virtue of this, I deem it appropriate to analyze the matter on its merits.\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE.\n\nThe parties are warned that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is advised that any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is dismissed. Judge Rueda Leal records a note.\n\n \n\n \n\n \n\n\\t\n\nName137  V.\n\nPresidente\n\n\\t\n\n \n\n\n\nName152  C.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 2SXON0Q47HTG61\n\nEXPEDIENTE N° 25-001778-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:02:23.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }