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  "id": "nexus-sen-1-0007-1326176",
  "citation": "Res. 25757-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por falta de respuesta a solicitud de información sobre manipulación genética",
  "title_en": "Amparo for failure to respond to request for genetic manipulation information",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una persona que solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía los nombres de personas físicas y jurídicas que realizaron labores de manipulación genética e inscritas en el registro de la CONAGEBIO entre 2020 y 2025, amparándose en la Ley de Biodiversidad N.° 7788. La autoridad recurrida no brindó la información solicitada antes de la presentación del amparo. Durante el proceso, la Directora Ejecutiva de la Oficina Técnica de CONAGEBIO respondió mediante oficio OT-0526-2025, notificado el 24 de julio de 2025, explicando que no existe un registro funcional porque el reglamento de los artículos 46, 47 y 48 de la Ley de Biodiversidad aún no ha sido aprobado, lo que impide generar esa información. Debido a que la respuesta se emitió después de notificado el curso del amparo, la Sala declaró con lugar el recurso, aplicando el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin embargo, la mayoría no impuso condenatoria en costas, daños y perjuicios, generando votos salvados parciales que abogaban por dicha condena.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by an individual who requested from the Ministry of Environment and Energy the names of natural and legal persons who had performed genetic manipulation activities and were registered with CONAGEBIO's Technical Office between 2020 and 2025, based on Biodiversity Law No. 7788. The requested authority did not provide the information before the amparo was filed. During the proceedings, CONAGEBIO's Executive Director responded through official memorandum OT-0526-2025, notified on July 24, 2025, explaining that a functional registry does not exist because the regulation for Articles 46, 47, and 48 of the Biodiversity Law is still pending approval, making it impossible to generate such information. Since the response was issued after the amparo was admitted, the Chamber granted the amparo under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. However, the majority did not award costs, damages, or losses, prompting partial dissenting votes arguing for such an award.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "14/08/2025",
  "year": "2025",
  "topic_ids": [
    "biodiversity-law-7788",
    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "CONAGEBIO",
    "en abstracto",
    "condenatoria en costas",
    "voto salvado",
    "Oficina Técnica",
    "manipulación genética",
    "Ley de Biodiversidad 7788"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 52",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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      "article": "Arts. 17, 18, 46",
      "law": "Ley de Biodiversidad 7788"
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    {
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "Ley de Biodiversidad 7788",
    "CONAGEBIO",
    "manipulación genética",
    "derecho de petición",
    "Artículo 52 LJC",
    "información pública"
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  "keywords_en": [
    "amparo appeal",
    "Biodiversity Law 7788",
    "CONAGEBIO",
    "genetic manipulation",
    "right to petition",
    "Article 52 LJC",
    "public information"
  ],
  "excerpt_es": "III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente reclama que, el 16 de mayo de 2025, remitió al correo electrónico ...1063, un oficio mediante el cual solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía una información de su interés. Sin embargo, acusa que, a la fecha de presentación de este recurso, dicha información no le ha sido brindada, lo que estiman lesivo de sus derechos fundamentales.\n\nDe igual forma, se tiene por acreditado que, con ocasión al amparo el 24 de julio de 2025 mediante oficio No. OT-0526-2025, la Directora Ejecutiva de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO), le dio respuesta a la gestión presentada por el amparado, lo cual fue notificado en esa misma fecha a la dirección electrónica brindada para el efecto, sea,  ...2012.\n\nPartiendo de lo anterior y tomando en cuenta que la respuesta fue emitida y notificada con ocasión a la notificación de la resolución de curso del presente amparo, lo procedente es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.",
  "excerpt_en": "III.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner claims that on May 16, 2025, they sent to the email address ...1063 a communication requesting information of interest from the Ministry of Environment and Energy. However, they allege that as of the date of filing this appeal, such information has not been provided, which they consider detrimental to their fundamental rights.\n\nLikewise, it is established that, on the occasion of the amparo, on July 24, 2025, through official memorandum No. OT-0526-2025, the Executive Director of the Technical Office of the National Commission for Biodiversity Management (CONAGEBIO) responded to the petition submitted by the petitioner, which was notified on that same date to the electronic address provided for this purpose, i.e., ...2012.\n\nBased on the foregoing and considering that the response was issued and notified following the notification of the admission resolution of this amparo, it is appropriate to grant the appeal without special award of costs, damages, or losses.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The amparo is granted without award of costs, damages or losses because the response to the information request was issued and notified after the amparo was admitted, applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso de amparo, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, porque la respuesta a la solicitud de información se emitió y notificó después de notificado el curso del amparo, aplicando el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Informe de la Directora Ejecutiva de CONAGEBIO, punto 7",
      "quote_en": "The Technical Office does not yet have a registry of natural and legal persons, national and foreign, who have carried out genetic manipulation activities.",
      "quote_es": "La Oficina Técnica no cuenta todavía con un registro de las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, que hayan realizado labores de manipulación genética."
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "Based on the foregoing and considering that the response was issued and notified following the notification of the admission resolution of this amparo, it is appropriate to grant the appeal without special award of costs, damages, or losses.",
      "quote_es": "Partiendo de lo anterior y tomando en cuenta que la respuesta fue emitida y notificada con ocasión a la notificación de la resolución de curso del presente amparo, lo procedente es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios."
    },
    {
      "context": "Artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional",
      "quote_en": "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.",
      "quote_es": "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
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  "references": {
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1326176",
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  "regulations_by_article": null,
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 25757 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 14 de Agosto del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-019967-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-019967-0007-CO\n\nRes. Nº 2025025757\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre9405   , cédula de identidad CED5393, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 9 de julio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía. Manifiesta que mediante correo electrónico enviado el 16 de mayo de 2025 a la dirección “...1063”, le solicitó a la autoridad recurrida: “(…) los nombres de las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, que han realizado labores de manipulación genética, inscritas en el registro de la Oficina Técnica de la Comisión, entre el 2020 y el 2025, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 (punto 3), 18 (punto 4), y 46 (último párrafo) de la Ley de Biodiversidad N.° 7788 (…)” (documento aportado como prueba). Manifiesta que el 19 de mayo de 2025 se le respondió lo siguiente: “(…) estoy trasladando su solicitud a la Conagebio para que le brinde lo solicitado (…)” (documento aportado como prueba). Aduce que, a pesar de lo anterior, a la fecha en la que formula este recurso de amparo no ha recibido una respuesta concreta a la petición.\n\n2.- Mediante resolución de las dieciséis horas treinta y seis minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco, se le da curso al proceso y se solicita informe al Ministro y al Director de la Comisión Nacional para Gestión de la Biodeversidad, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados por el recurrente. \n\n3.-Informa bajo juramento Franz Tattenbach Capra, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, en los siguientes términos: “(…)  Que mediante oficio OT-0526-2025, suscrito por la Directora de la Directora Ejecutiva de la Oficina Técnica de la CONAGEBIO, se atendió lo solicitado por el recurrente sobre los nombres de las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras que han realizado labores de manipulación genética entre 2020 y 2025, inscritas en el registro de la oficina citada, notificado al medio señalado por el recurrente: ...186 (ver prueba adjunta) (…) En cuanto al mecanismo al que fue remitida la solicitud, conviene aclarar que el correo electrónico ...1063 es el medio oficial de comunicación para recibir las gestiones. Por lo tanto, conforme a los hechos y las pruebas expuestas considero improcedente y solicito sea declarada sin lugar el presente recurso o en su defecto sea declarado sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios (…)”.\n\n4.- Informa bajo juramento Ivonne Montero Vásquez, en su condición de Directora Ejecutiva de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO), en los siguientes términos: “(…) En relación con el alegato del recurrente, esta Dirección Ejecutiva procede a rendir informe en los siguientes términos: Que mediante oficio OT-0526-2025, firmado por la suscrita en calidad de directora ejecutiva de la Oficina Técnica de la CONAGEBIO, se atendió lo solicitado por el recurrente sobre los nombres de las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras que han realizado labores de manipulación genética entre 2020 y 2025, inscritas en el registro de la oficina citada, notificado al medio señalado por el recurrente: ...186, en los siguientes términos: “(…) “Mediante el oficio OT-044-2024 de fecha 31 de enero 2024, se procedió a dar respuesta a esta misma consultada, y a manera de antecedentes, se detallan los aspectos más relevantes comunicados en esa oportunidad y se actualiza sobre la situación de este trámite para el año 2025: 1. Desde el año 2007, la Oficina Técnica de la CONAGEBIO y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), identificaron la necesidad de reglamentar los artículos número 46 47 y 48 de la Ley de Biodiversidad Nº7788 mediante la coordinación de acciones entre ambas instituciones, por lo que se convocó a partir del año 2007 a una Comisión de Trabajo con la participación de los funcionarios del Programa de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y funcionarios de la Oficina Técnica (OT) de la CONAGEBIO con el objetivo de redactar en forma conjunta dicho Reglamento, respetando las competencias de ambas instituciones. 2. Esta Comisión ha funcionado de manera intermitente durante varios años y a lo largo de estas sesiones de trabajo han surgido algunas interrogantes y discrepancias respecto a las competencias sobre la responsabilidad institucional en materia de seguridad ambiental vinculada a los organismos vivos modificados. 3. En fecha 10 de octubre del 2022, se concluyó con la elaboración de un borrador de reglamento, sin embargo, el Servicio Fitosanitario del Estado siguió manifestando su inquietud sobre las competencias de ambas instituciones según lo indicado en el punto anterior. Por tanto, la CONAGEBIO decidió hacer una consulta formal a la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de obtener su criterio al respecto y determinar el ámbito de competencias de ambas instituciones, según consta en el Acta de la Sesión Virtual Ordinaria Nº7-2021 celebrada por la Comisión Plenaria. 4. Se realizó consulta formal a la PGR mediante el oficio número OT-228-2021 de fecha 30 de agosto de 2021, y se recibió respuesta mediante el oficio PGR-C-42-2022 del 25 de febrero de 2022. Posteriormente, se solicitó adición y aclaración de conformidad a la respuesta emitida, mediante el oficio OT-258-2022, y se recibió la respuesta mediante el oficio PGR-C-183-2022 del 26 de agosto de 2022. 5. No obstante, y a pesar de la emisión de estos criterios por parte de la PGR, no se ha concluido con la revisión final y aprobación del Reglamento para la aplicación de los artículos número 46, 47 y 48. 6. Es importante aclarar que esta propuesta de reglamento incluye el procedimiento para el registro por parte de la Oficina Técnica de las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, que hayan realizado labores de manipulación genética, entonces al no tener aún la normativa procesal que detalle cómo debe hacerse este registro, la CONAGEBIO se ve imposibilitada a generar este tipo de información 7. Por lo anterior descrito, la Oficina Técnica no cuenta todavía con un registro de las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, que hayan realizado labores de manipulación genética. 8. Actualmente, ambas instituciones se encuentran retomando el tema para tener la claridad (…) Conforme la normativa de rango constitucional y legal que rige la materia, solicito a su honorable autoridad, que se DECLARE SIN LUGAR el recurso de amparo, o en su defecto que sea declarado sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, necesaria respecto al efecto práctico de la normativa.” Por lo tanto, conforme a los hechos y las pruebas expuestas considero improcedente y solicito sea declarado sin lugar el presente recurso o en su defecto sea declarado sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios (…)”.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. Alega el recurrente que el 16 de mayo de 2025, remitió al correo electrónico ...1063, un oficio mediante el cual solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía una información de su interés. Sin embargo, acusa que, a la fecha de presentación de este recurso, dicha información no le ha sido brindada, lo que estiman lesivo de sus derechos fundamentales.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, porque así han sido acreditados:\n\n1)   El 16 de mayo de 2025, el recurrente remitió a la dirección electrónica ...1063, un oficio en el que solicitó ante el Ministerio de Ambiente y Energía lo siguiente: “(…)los nombres de las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, que han realizado labores de manipulación genética, inscritas en el registro de la Oficina Técnica de la Comisión, entre el 2020 y el 2025, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 (punto 3), 18 (punto 4), y 46 (último párrafo) de la Ley de Biodiversidad N.° 7788 (…)” (hecho no controvertido)\n\n2)   El 19 de mayo de 2025 la autoridad recurrida le informó al recurrente lo siguiente: “(…) estoy trasladando su solicitud a la Conagebio para que le brinde lo solicitado (…)” (hecho no controvertido)\n\n3)   El correo electrónico ...1063 es el medio oficial de comunicación para recibir las gestiones (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).\n\n4)   La resolución de curso de este amparo fue notificada al Ministro de Ambiente y Energía el 21 de julio de 2025 y a la Directora Ejecutiva de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO) el 29 de julio de 2025 (ver actas de notificación agregadas al expediente electrónico)\n\n5)   Mediante oficio No. OT-0526-2025 de fecha 24 de julio de 2025 la Directora Ejecutiva de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional le brindó respuesta al recurrente indicándole lo siguiente: “(…)1. Desde el año 2007, la Oficina Técnica de la CONAGEBIO y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), identificaron la necesidad de reglamentar los artículos número 46, 47 y 48 de la Ley de Biodiversidad Nº7788 mediante la coordinación de acciones entre ambas instituciones, por lo que se convocó a partir del año 2007 a una Comisión de Trabajo con la participación de los funcionarios del Programa de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y funcionarios de la Oficina Técnica (OT) de la CONAGEBIO con el objetivo de redactar en forma conjunta dicho Reglamento, respetando las competencias de ambas instituciones. 2. Esta Comisión ha funcionado de manera intermitente durante varios años y a lo largo de estas sesiones de trabajo han surgido algunas interrogantes y discrepancias respecto a las competencias sobre la responsabilidad institucional en materia de seguridad ambiental vinculada a los organismos vivos modificados. 3. En fecha 10 de octubre del 2022, se concluyó con la elaboración de un borrador de reglamento, sin embargo, el Servicio Fitosanitario del Estado siguió manifestando su inquietud sobre las competencias de ambas instituciones según lo indicado en el punto anterior. Por tanto, la CONAGEBIO decidió hacer una consulta formal a la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de obtener su criterio al respecto y determinar el ámbito de competencias de ambas instituciones, según consta en el Acta de la Sesión Virtual Ordinaria Nº7-2021 celebrada por la Comisión Plenaria. 4. Se realizó consulta formal a la PGR mediante el oficio número OT-228-2021 de fecha 30 de agosto de 2021, y se recibió respuesta mediante el oficio PGR-C-42-2022 del 25 de febrero de 2022. Posteriormente, se solicitó adición y aclaración de conformidad a la respuesta emitida, mediante el oficio OT-258-2022, y se recibió la respuesta mediante el oficio PGR-C-183-2022 del 26 de agosto de 2022. 5. No obstante, y a pesar de la emisión de estos criterios por parte de la PGR, no se ha concluido con la revisión final y aprobación del Reglamento para la aplicación de los artículos número 46, 47 y 48. 6. Es importante aclarar que esta propuesta de reglamento incluye el procedimiento para el registro por parte de la Oficina Técnica de las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, que hayan realizado labores de manipulación genética, entonces al no tener aún la normativa procesal que detalle cómo debe hacerse este registro, la CONAGEBIO se ve imposibilitada a generar este tipo de información. 7. Por lo anterior descrito, la Oficina Técnica no cuenta todavía con un registro de las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, que hayan realizado labores de manipulación genética. 8. Actualmente, ambas instituciones se encuentran retomando el tema para tener la claridad necesaria respecto al efecto práctico de la normativa (…)” -oficio notificado al recurrente el 24 de julio de 2025 al correo electrónico: ...2012- (informes rendidos bajo fe de juramento y prueba aportada en autos)\n\nIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente reclama que, el 16 de mayo de 2025, remitió al correo electrónico ...1063, un oficio mediante el cual solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía una información de su interés. Sin embargo, acusa que, a la fecha de presentación de este recurso, dicha información no le ha sido brindada, lo que estiman lesivo de sus derechos fundamentales.\n\nAhora bien, de los informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades recurridas, bajo los apercibimientos, incluso penales, señalados en el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y la documentación aportada al expediente, se acredita que, en efecto, el 16 de mayo de 2025, el recurrente solicitó ante el Ministerio de Ambiente y Energía, la siguiente información: “(…)los nombres de las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, que han realizado labores de manipulación genética, inscritas en el registro de la Oficina Técnica de la Comisión, entre el 2020 y el 2025, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 (punto 3), 18 (punto 4), y 46 (último párrafo) de la Ley de Biodiversidad N.° 7788 (…)”.\n\nDe igual forma, se tiene por acreditado que, con ocasión al amparo el 24 de julio de 2025 mediante oficio No. OT-0526-2025, la Directora Ejecutiva de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO), le dio respuesta a la gestión presentada por el amparado, lo cual fue notificado en esa misma fecha a la dirección electrónica brindada para el efecto, sea,  ...2012.\n\nPartiendo de lo anterior y tomando en cuenta que la respuesta fue emitida y notificada con ocasión a la notificación de la resolución de curso del presente amparo, lo procedente es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nIV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nV.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\n Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:\n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\n  VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): \"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\".\n\n Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa \"resolución\" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase \"si fueren procedentes\" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\n Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: \"Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\".\n\n Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\n Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\n En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\n  VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n  Se declara con lugar el recurso con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.  El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.  Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre137  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNombre152  C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 3Y8JZCFZIXI61\n\nEXPEDIENTE N° 25-019967-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:03:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 25757 - 2025\n\nDate of Resolution: August 14, 2025 at 09:20\n\nExpediente: 25-019967-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Cruz Castro\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\nExp: 25-019967-0007-CO\n\nRes. No. 2025025757\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on August fourteenth, two thousand twenty-five.\n\nAmparo appeal filed by Nombre9405, identity card CED5393, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.\n\nResultando:\n\n1.- By document received at the Secretariat of the Sala on July 9, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Ministerio de Ambiente y Energía. They state that by email sent on May 16, 2025, to the address “...1063”, they requested the respondent authority: “(...) the names of the natural and legal persons, national and foreign, who have carried out genetic manipulation (manipulación genética) work, registered in the registry of the Oficina Técnica de la Comisión, between 2020 and 2025, in accordance with the provisions of articles 17 (point 3), 18 (point 4), and 46 (last paragraph) of the Ley de Biodiversidad No. 7788 (...)” (document provided as evidence). They state that on May 19, 2025, they received the following response: “(...) I am forwarding your request to CONAGEBIO so that it may provide you with what you have requested (...)” (document provided as evidence). They argue that, despite the above, as of the date on which they file this amparo appeal, they have not received a concrete response to the request.\n\n2.- By resolution at sixteen hours and thirty-six minutes on July eighteenth, two thousand twenty-five, the proceedings are admitted and a report is requested from the Minister and the Director of the Comisión Nacional para Gestión de la Biodiversidad, both of the Ministerio de Ambiente y Energía, regarding the facts alleged by the appellant.\n\n3.- Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Ambiente y Energía, reports under oath in the following terms: “(...) That by official communication OT-0526-2025, signed by the Executive Director of the Oficina Técnica of CONAGEBIO, the appellant's request regarding the names of the natural and legal persons, national and foreign, who have carried out genetic manipulation (manipulación genética) work between 2020 and 2025, registered in the registry of the cited office, was addressed, notified to the means indicated by the appellant: ...186 (see attached evidence) (...) Regarding the mechanism to which the request was sent, it is appropriate to clarify that the email address ...1063 is the official means of communication for receiving proceedings. Therefore, in accordance with the facts and evidence presented, I consider this appeal to be unfounded and request that it be declared without merit, or failing that, that it be declared without special condemnation for costs, damages, and losses (...)”.\n\n4.- Ivonne Montero Vásquez, in her capacity as Executive Director of the Oficina Técnica of the Comisión Nacional para la Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO), reports under oath in the following terms: “(...) Regarding the appellant's claim, this Executive Directorate proceeds to render a report in the following terms: That by official communication OT-0526-2025, signed by the undersigned in her capacity as executive director of the Oficina Técnica of CONAGEBIO, the appellant's request regarding the names of the natural and legal persons, national and foreign, who have carried out genetic manipulation (manipulación genética) work between 2020 and 2025, registered in the registry of the cited office, was addressed, notified to the means indicated by the appellant: ...186, in the following terms: “(...) 'By official communication OT-044-2024 dated January 31, 2024, a response was provided to this same query, and by way of background, the most relevant aspects communicated on that occasion are detailed and an update is provided on the situation of this procedure for the year 2025: 1. Since 2007, the Oficina Técnica of CONAGEBIO and the Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) identified the need to regulate Articles 46, 47, and 48 of the Ley de Biodiversidad No. 7788 by coordinating actions between both institutions, so a Working Commission was convened starting in 2007 with the participation of officials from the Biotechnology Program of the Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) and officials from the Oficina Técnica (OT) of CONAGEBIO with the objective of jointly drafting said Regulation, respecting the competencies of both institutions. 2. This Commission has functioned intermittently for several years, and throughout these working sessions, some questions and discrepancies have arisen regarding competencies over institutional responsibility in matters of environmental safety related to modified living organisms. 3. On October 10, 2022, the preparation of a draft regulation was concluded; however, the Servicio Fitosanitario del Estado continued to express its concern about the competencies of both institutions as indicated in the previous point. Therefore, CONAGEBIO decided to make a formal consultation to the Procuraduría General de la República (PGR), in order to obtain its opinion on the matter and determine the scope of competencies of both institutions, as recorded in the Minutes of Ordinary Virtual Session No. 7-2021 held by the Plenary Commission. 4. A formal consultation was made to the PGR by official communication number OT-228-2021 dated August 30, 2021, and a response was received by official communication PGR-C-42-2022 of February 25, 2022. Subsequently, an addition and clarification to the response issued was requested, by official communication OT-258-2022, and the response was received by official communication PGR-C-183-2022 of August 26, 2022. 5. Notwithstanding, and despite the issuance of these opinions by the PGR, the final review and approval of the Regulation for the application of Articles 46, 47, and 48 has not been concluded. 6. It is important to clarify that this proposed regulation includes the procedure for the registration by the Oficina Técnica of natural and legal persons, national and foreign, who have performed genetic manipulation (manipulación genética) work; therefore, not yet having the procedural regulation detailing how this registration should be done, CONAGEBIO finds itself unable to generate this type of information. 7. Based on the foregoing, the Oficina Técnica does not yet have a registry of the natural and legal persons, national and foreign, who have carried out genetic manipulation (manipulación genética) work. 8. Currently, both institutions are resuming the matter to obtain the necessary clarity regarding the practical effect of the regulation (...)' 'In accordance with the constitutional and legal regulations governing the matter, I request your honorable authority that the amparo appeal be DECLARED WITHOUT MERIT, or failing that, that it be declared without special condemnation for costs, damages, and losses, necessary regarding the practical effect of the regulation.' Therefore, in accordance with the facts and evidence presented, I consider it unfounded and request that this appeal be declared without merit, or failing that, that it be declared without special condemnation for costs, damages, and losses (...)”.\n\n5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Cruz Castro; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant claims that on May 16, 2025, they sent an official communication to the email address ...1063, by which they requested information of interest from the Ministerio de Ambiente y Energía. However, they complain that, as of the date of filing this appeal, said information has not been provided to them, which they consider infringes their fundamental rights.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed as duly proven, as they have been accredited:\n\n1) On May 16, 2025, the appellant sent to the email address ...1063 an official communication in which they requested from the Ministerio de Ambiente y Energía the following: “(...) the names of the natural and legal persons, national and foreign, who have carried out genetic manipulation (manipulación genética) work, registered in the registry of the Oficina Técnica de la Comisión, between 2020 and 2025, in accordance with the provisions of articles 17 (point 3), 18 (point 4), and 46 (last paragraph) of the Ley de Biodiversidad No. 7788 (...)” (uncontested fact)\n\n2) On May 19, 2025, the respondent authority informed the appellant of the following: “(...) I am forwarding your request to CONAGEBIO so that it may provide you with what you have requested (...)” (uncontested fact)\n\n3) The email address ...1063 is the official means of communication for receiving proceedings (see report rendered by the respondent authority and evidence provided in the case file).\n\n4) The resolution admitting this amparo was notified to the Minister of Ambiente y Energía on July 21, 2025, and to the Executive Director of the Oficina Técnica of the Comisión Nacional para la Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO) on July 29, 2025 (see notification records added to the electronic case file).\n\n5) By official communication No. OT-0526-2025 dated July 24, 2025, the Executive Director of the Oficina Técnica of the Comisión Nacional provided a response to the appellant indicating the following: “(...) 1. Since 2007, the Oficina Técnica of CONAGEBIO and the Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) identified the need to regulate Articles 46, 47, and 48 of the Ley de Biodiversidad No. 7788 by coordinating actions between both institutions, so a Working Commission was convened starting in 2007 with the participation of officials from the Biotechnology Program of the Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) and officials from the Oficina Técnica (OT) of CONAGEBIO with the objective of jointly drafting said Regulation, respecting the competencies of both institutions. 2. This Commission has functioned intermittently for several years, and throughout these working sessions, some questions and discrepancies have arisen regarding competencies over institutional responsibility in matters of environmental safety related to modified living organisms. 3. On October 10, 2022, the preparation of a draft regulation was concluded; however, the Servicio Fitosanitario del Estado continued to express its concern about the competencies of both institutions as indicated in the previous point. Therefore, CONAGEBIO decided to make a formal consultation to the Procuraduría General de la República (PGR), in order to obtain its opinion on the matter and determine the scope of competencies of both institutions, as recorded in the Minutes of Ordinary Virtual Session No. 7-2021 held by the Plenary Commission. 4. A formal consultation was made to the PGR by official communication number OT-228-2021 dated August 30, 2021, and a response was received by official communication PGR-C-42-2022 of February 25, 2022. Subsequently, an addition and clarification to the response issued was requested, by official communication OT-258-2022, and the response was received by official communication PGR-C-183-2022 of August 26, 2022. 5. Notwithstanding, and despite the issuance of these opinions by the PGR, the final review and approval of the Regulation for the application of Articles 46, 47, and 48 has not been concluded. 6. It is important to clarify that this proposed regulation includes the procedure for the registration by the Oficina Técnica of natural and legal persons, national and foreign, who have performed genetic manipulation (manipulación genética) work; therefore, not yet having the procedural regulation detailing how this registration should be done, CONAGEBIO finds itself unable to generate this type of information. 7. Based on the foregoing, the Oficina Técnica does not yet have a registry of the natural and legal persons, national and foreign, who have carried out genetic manipulation (manipulación genética) work. 8. Currently, both institutions are resuming the matter to obtain the necessary clarity regarding the practical effect of the regulation (...)” –official communication notified to the appellant on July 24, 2025, to the email address: ...2012- (reports rendered under oath and evidence provided in the proceedings)\n\nIII.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the appellant claims that on May 16, 2025, they sent an official communication to the email address ...1063, by which they requested information of interest from the Ministerio de Ambiente y Energía. However, they complain that, as of the date of filing this appeal, said information has not been provided to them, which they consider infringes their fundamental rights.\n\nNow, from the reports rendered under oath by the respondent authorities, under the warnings, including criminal ones, indicated in section 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and the documentation provided in the case file, it is accredited that, in fact, on May 16, 2025, the appellant requested from the Ministerio de Ambiente y Energía the following information: “(...) the names of the natural and legal persons, national and foreign, who have carried out genetic manipulation (manipulación genética) work, registered in the registry of the Oficina Técnica de la Comisión, between 2020 and 2025, in accordance with the provisions of articles 17 (point 3), 18 (point 4), and 46 (last paragraph) of the Ley de Biodiversidad No. 7788 (...)”.\n\nSimilarly, it is held as accredited that, on the occasion of the amparo, on July 24, 2025, by official communication No. OT-0526-2025, the Executive Director of the Oficina Técnica of the Comisión Nacional para la Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO) responded to the proceeding filed by the protected party, which was notified on that same date to the email address provided for that purpose, that is, ...2012.\n\nBased on the foregoing and taking into account that the response was issued and notified on the occasion of the notification of the resolution admitting this amparo, the appropriate course is to declare the appeal granted with merit without special condemnation for costs, damages, and losses.\n\nIV.- ON THE CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Sala considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted with merit solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the granting of the appeal must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an explicit text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the appeal is declared granted with merit when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered “solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.” It is underscored that the Law states “if they are applicable,” which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Court. In cases such as this, the content of the protected person's claim and the conduct of the respondent authority in recognizing it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently economic nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “any resolution upholding the appeal shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether compensation and costs are applicable or not is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law, or, as applicable, those of International or Community Law, and, additionally, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite case retains the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority opinion to resolve this appeal without condemnation for costs, damages, and losses.\n\nV.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.\n\nWhile I concur with the rest of the Sala in declaring the appeal granted with merit, I disagree with the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from condemnation for the payment of costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted with merit solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.”\n\nMoreover, article 51 ibidem establishes that:\n\n“...any resolution upholding the appeal shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nThis last rule establishes the general system regulating the matter of compensation and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority's opinion, the cited article 51 regulates the cases in which the Sala has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court finds an injury to a fundamental right and, therefore, declares the appeal granted with merit, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person's enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo - a situation contemplated in the referred article 52 -, by mandate of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to compensate for the damages and losses caused and to pay the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not again incur in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Sala has found the grievance proven and has addressed the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceeding, with restoration of the aggrieved party's enjoyment of fundamental rights (article 52), always, in any of those cases, the imperative need arises for a condemnation of the infringer for costs, damages, and losses, the basis of which lies in the principles of protection of individuals' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, at the time of hearing and resolving the amparo by granting it with merit, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of condemnation for costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of mandatory condemnation on those points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nFurthermore, it is clear that the aforementioned article 52 applies solely in cases where the Sala, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has found the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration of the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Sala, implies an “abnormal termination of the process.”\n\nThe legislator precisely established and delimited the conditions under which this Sala may decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and 2) that there is an administrative or judicial resolution that orders, in an unmistakable manner, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violative of fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated there, the appeal shall be declared granted with merit “solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn my opinion, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, such condemnation is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is shown in an unmistakable and clear manner that in the specific case no compensable injury was caused whatsoever. Only and solely in such cases may the respondent Administration be exempted from paying said items. As in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions - the specific determination of which does not fall to this jurisdiction -, the granting of this appeal with merit must necessarily entail condemnation for costs, damages, and losses, and that is how I declare it.\n\nAs an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary purpose the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From that perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on that verification, but does not enter into the consideration of whether those issues have or have not generated injuries in the eminently economic sphere of the protected persons. While the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said condemnation (for damages, losses, and costs) operates if applicable, we, the undersigned, do not believe that such an examination of pertinence can be, a priori, automatically excluded in this type of process, to the extent that it is within another ordinary process that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted an adequate cause of economic injuries that are legally compensable. By way of reference, sections 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special process whose purpose is the definition of the economic effects derived from condemnations ordered in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has the following purpose:\n\n“ARTÍCULO 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo has jurisdiction over the enforcement of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely regarding the demonstration, liquidation, and satisfaction of pecuniary compensations.”\n\nIt is clear that this process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Sala regarding an abstract condemnation for those items, as such type of claims would not be applicable within those types of cases if the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, or if there is no express pronouncement on this particular point. That is, the special process in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non condition, a condemnation or express pronouncement by this Sala Constitucional. In that order, in our judgment, under the terms of the mentioned section 52 of the LJC, the exemption from that financial condemnation requires proof, in each case, of situations based on which it is reasonably estimated that there are no economic injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation due to the defendant entity's own cause or an external one, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that go beyond the nature of these proceedings, and regarding which, as regulated by the aforementioned mandate 52, are inherent to an abstract condemnation that later constitutes a basis for analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, it is insisted, that is not its purpose or primary ratio. Thus, the protected person is not responsible for claiming or demonstrating damages, as what they seek is the protection of their fundamental rights. Then, whether those administrative conducts have caused them injuries is a point that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis of analysis in this type of case. Note that, in the situation regulated by that mandate, the Sala Constitucional does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infringement, and consequently, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the exemption from condemnation referred to in that rule is exceptional, not a matter of principle. Therefore, in such cases, the rule imposes an abstract condemnation, so that its applicability may be analyzed within another plenary proceeding.\n\nOtherwise, were that release from damages, losses, and costs to be applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered harm in their patrimonial sphere would be placed at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Moreover, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a course of conduct was adopted that puts an end to the conduct that, in theory, threatens or infringes the fundamental rights of the person. That is to say, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted: whether the persistence of the threat or deterioration of their situation, insofar as it was made to cease due to the causes alluded to in the provision under examination, generated damages and losses, is an issue that, barring proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere materialization of the factual scenario regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the respect always held for the majority position, I render my vote and reiterate that the granting of this remedy must necessarily entail an abstract condemnation in costs, damages, and losses.\n\n  VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: \"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if these are appropriate.\"\n\n My interpretation of that provision is the following: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restitutes the enjoyment of the infringed right. The phrase \"if these are appropriate\" refers to costs. Furthermore, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: costs.\n\n Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: \"Every resolution that grants the remedy shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and their liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\n If the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages and losses could have arisen. For that reason, an abstract condemnation of these is appropriate. If this were not done, if such a condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title —derived from this proceeding— to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, for it falls solely to him to find proven the actual existence and the magnitude of the same.\n\n With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.\n\n For the foregoing reasons, I partially dissent from the vote with respect to the operative part and order condemnation in damages and losses, but not in costs.\n\n  VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The appellant is forewarned that, should any paper document have been provided, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n  The remedy is declared with merit based on the provisions of Article 52, first paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, without special condemnation in costs, damages, and losses. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation in damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders condemnation in damages and losses, but not in costs. Notify.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\t\n\nNombre137  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNombre152  C.\n\n\t\n\n \n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 3Y8JZCFZIXI61\n\nEXPEDIENTE N° 25-019967-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:03:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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