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  "id": "nexus-sen-1-0007-1326833",
  "citation": "Res. 26456-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Seguimiento de órdenes en amparo por contaminación de aguas negras en Tamarindo",
  "title_en": "Follow-up on amparo orders for black water contamination in Tamarindo",
  "summary_es": "Esta resolución da seguimiento a la sentencia 2023032275 de la Sala Constitucional, que había declarado con lugar un recurso de amparo por la contaminación de aguas negras en la comunidad de Tamarindo, Guanacaste. El Área Rectora de Salud de Santa Cruz solicitó una ampliación del plazo otorgado para completar las obras del sistema de saneamiento, argumentando que la construcción tiene fecha final estimada para el 18 de mayo de 2026. La Sala niega la ampliación por considerarla desproporcionada, ya que el plazo original venció el 9 de febrero de 2024 y aceptarla implicaría una extensión de más de dos años. Además, se agregan al expediente los informes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sobre avances del proyecto. Se reitera la orden de cumplir con lo dispuesto en la sentencia anterior y se advierte sobre posibles consecuencias penales por desobediencia, incluyendo la apertura de un procedimiento administrativo y el testimonio de piezas al Ministerio Público. La resolución reafirma la vulneración de los derechos a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.",
  "summary_en": "This resolution follows up on Constitutional Chamber judgment 2023032275, which had granted an amparo action concerning black water contamination in the community of Tamarindo, Guanacaste. The Santa Cruz Health District requested an extension of the deadline to complete the sanitation system works, arguing that construction is estimated to finish by May 18, 2026. The Chamber denies the extension as disproportionate, since the original deadline expired on February 9, 2024, and accepting it would mean an additional delay of over two years. Reports from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers on project progress are added to the record. The order to comply with the previous ruling is reiterated, with a warning of potential criminal consequences for disobedience, including the initiation of administrative proceedings and referral to the Public Prosecutor's Office. The resolution reaffirms the violation of the rights to health and a healthy and ecologically balanced environment.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "22/08/2025",
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    "procedural-environmental"
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    "orden sanitaria",
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    "derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado",
    "artículo 71 Ley de la Jurisdicción Constitucional",
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    "Ministerio de Salud - Área Rectora",
    "Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)"
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  "excerpt_es": "Al respecto, esta Sala tiene por demostrado que las autoridades recurridas ciertamente han realizado una serie de acciones tendentes a dar cumplimiento a lo ordenado en el voto No. 2023032275. En ese sentido, este órgano constitucional comprende los esfuerzos realizados, así como las dificultades que se les ha presentado, pero la solicitud planteada para que se amplíe el plazo hasta el 18 de mayo de 2026, es a todas luces desproporcionada, ya que de los autos consta que el plazo otorgado en la sentencia venció el 9 de febrero de 2024, y a la fecha, el aceptar lo requerido generaría un plazo adicional de dos años y tres meses, desde que se presentó la gestión, hasta la fecha requerida.\n\nEn virtud de lo expuesto, no se estima procedente ampliar el plazo otorgado.",
  "excerpt_en": "In this regard, this Chamber finds it established that the respondent authorities have indeed carried out a series of actions aimed at complying with the order in ruling No. 2023032275. In that sense, this constitutional body understands the efforts made, as well as the difficulties they have faced, but the request to extend the deadline until May 18, 2026 is clearly disproportionate, since the record shows that the deadline granted in the judgment expired on February 9, 2024, and at this point, accepting the request would result in an additional period of two years and three months, from the filing of the request until the requested date.\n\nBy virtue of the foregoing, it is not considered appropriate to extend the granted deadline.",
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    "label_es": "No ha lugar a la gestión",
    "summary_en": "The Chamber denies the deadline extension as disproportionate and reiterates the order to comply with judgment 2023032275, warning of possible initiation of administrative proceedings and referral to the Public Prosecutor's Office for disobedience.",
    "summary_es": "La Sala niega la ampliación del plazo por considerarla desproporcionada y reitera la orden de cumplir con la sentencia 2023032275, bajo apercibimiento de abrir procedimiento administrativo y testimoniar piezas al Ministerio Público por posible desobediencia."
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      "quote_es": "la solicitud planteada para que se amplíe el plazo hasta el 18 de mayo de 2026, es a todas luces desproporcionada, ya que de los autos consta que el plazo otorgado en la sentencia venció el 9 de febrero de 2024, y a la fecha, el aceptar lo requerido generaría un plazo adicional de dos años y tres meses"
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      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "if disobedience is proven, the opening of an administrative proceeding may be ordered against the official who fails to comply with this Chamber's ruling, and additionally, referral of documents to the Public Prosecutor's Office for the possible commission of the crime of disobedience may be ordered",
      "quote_es": "de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, ordenar testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia"
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 26456 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 22 de Agosto del 2025 a las 09:15\n\nExpediente: 23-015383-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 23-015383-0007-CO\n\nRes. Nº 2025026456\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de agosto de dos mil veinticinco .\n\nGestiones posteriores presentadas por WARREN CHAVARRÍA VENEGAS, en su condición de DIRECTOR DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SANTA CRUZ, y por ROOSEVELT ALVARADO RAMÍREZ y ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, por su orden SUB GERENTE GENERAL y DIRECTOR DE LA REGION CHOROTEGA, AMBOS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.               \n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala e incorporado al expediente digital a las 10:49 horas del 19 de enero de 2024, Warren Chavarría Venegas, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, manifiesta lo siguiente: “En referencia al expediente mencionado en el asunto, remito en respuesta el informe técnico MS-RCH-ARS-SC-ERS-IT-07-2024 y anexos, el cual resume las acciones realizadas por estas Área Rectora de Salud, por lo tanto, les solicito se brinde el plazo ya establecido hasta que se completen las obras necesarias de la construcción del proyecto “Construcción del sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo Guanacaste”, el cual, se encuentra en etapa de ejecución y cuenta como fecha final de las obras para el 18 de mayo de 2026”.\n\n2.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala e incorporado al expediente digital a las 15:51 horas del 26 de febrero de 2024, Roosevelt Alvarado Ramírez y Eliecer Edgardo Robles Vargas, por su orden Sub Gerente General y Director de la Región Chorotega, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, manifiestan lo siguiente: “Al efecto mediante los oficios GSP-RCHO-2024-00335 y GSP-RCHO-2024-00396 con fecha del 06 y 12 de febrero 2024, suscrito por el Director de la Región Chorotega se remiten los informes N° UEN-PC-2024-00167 y N° UEN-PC-2024-00234, en el cual se le comunica al Ministerio de Salud los nuevos avances generados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en torno al “Proyecto Construcción del Sistema de Saneamiento para la comunidad de Tamarindo, Guanacaste En lo atinente al ´Proyecto supra indicado es importante resaltar que se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con el número 002500, luego de cumplir con una serie de requerimientos para la formulación de proyectos que impone MIDEPLAN a los proyectos de inversión pública, así mismo en el cronograma de avances se informa que el mismo ha concluido en las etapas de perfil y prefactibilidad del Proyecto (se adjunta cuadro)\n\nTabla 2: Cronograma Saneamiento Tamarindo\n\nEtapa\n\n\t\n\nInicio\n\n\t\n\nFin\n\n\n\n\nPre-Inversión - Perfil\n\n\t\n\nIII T / 2020\n\n\t\n\nIV T / 2020\n\n\n\n\nPre-Inversión - Prefactibilidad\n\n\t\n\nIII T / 2020\n\n\t\n\nII T / 2021\n\n\n\n\nPre-Inversión - Factibilidad\n\n\t\n\nII T / 2021\n\n\t\n\n1 T / 2026\n\n\n\n\nDiseño Final\n\n\t\n\nIV T / 2021\n\n\t\n\nIV T / 2027\n\n\n\n\nFinanciamiento\n\n\t\n\nI T / 2026\n\n\t\n\nII T / 2027\n\n\n\n\nLicitación / Adjudicación\n\n\t\n\nIV T / 2027\n\n\t\n\nII T / 2029\n\n\n\n\nEjecución\n\n\t\n\nII T / 2029\n\n\t\n\nI T / 2031\n\n \n\nSeguidamente se realizó una estimación del costo inicial del proyecto, al dividir el alcance de la cobertura de dos a tres etapas para reducir las inversiones iniciales. Finalmente, se está coordinando con el Dr. Warren Chavarría Venegas del Área Rectora de Salud del MINSA de Santa Cruz, para que se proceda a restaurar las reuniones interinstitucionales que se sostuvieron en el periodo 2023, para dar una solución al problema del agua residual tratada por lo que se está a la espera de la reunión solicitada”.\n\n3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\n Considerando:\n\nI.- Sobre lo dispuesto por esta Sala. Mediante la sentencia No. 2023032275 de las 9:20 horas del 15 de diciembre de 2023, este Tribunal resolvió lo siguiente:\n\n“VI.- Caso concreto. En el presente asunto, el accionante alega que desde el 2018 se ha coordinado con el instituto recurrido para resolver el problema del sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad de Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste; sin embargo, han transcurrido 5 años y no hay avance ni solución a la problemática denunciada. Precisa que en la comunidad de Tamarindo la contaminación de aguas negras continúa.\n\nSobre el particular, este Tribunal Constitucional, de conformidad con hechos que constan en autos, así como de los informes rendidos por las autoridades recurridas -los cuales son dados bajo juramento con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, estima que lleva razón el recurrente en su alegato. Lo anterior, dado que, aún y cuando se tiene por constatado que las citadas autoridades recurridas (Ministerio de Salud y Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) han realizado –de previo a la notificación de este amparo-, una serie de acciones tendentes a buscar una solución al problema denunciado por Nombre48231 , no hay una solución definitiva.\n\nEn el 2020, se interpuso un recurso de amparo por parte del señor Nombre48232 , en el cual se denunció la contaminación de aguas y cauce de dominio público en la ciudad de Tamarindo, abarcando temas de aguas residuales, negras, pluviales, malos olores y además sobre descargas de lixiviados. La Sala Constitucional por sentencia No. 2020015129 de las 9:15 horas del 14 de agosto de 2020, dispuso:\n\nV.- SOBRE EL FONDO. …De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala tiene por acreditado que luego de cinco meses desde que se presentó la denuncia, la autoridad recurrida no ha brindado una solución definitiva a los problemas denunciados, ni ha mantenido al recurrente al tanto del estado de sus denuncias. Comprende este Tribunal, que algunos problemas ambientales requieren coordinación entre diversas instancias estatales; sin embargo, ello no impide que el Ministerio de Salud, dentro del ámbito de sus competencias y en atención a las denuncias de los administrados, dicte las órdenes necesarias y coordine las instancias que corresponda a fin de brindar soluciones. Bajo esta inteligencia, esta Sala estima que en la especie, se han quebrantado el derecho a una justicia administrativa pronta y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del recurrente, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia… POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, contra el Ministerio de Salud. Se ordena a Warren Chavarría Venegas, en su condición de Director del Área Rectora del Ministerio de Salud en Santa Cruz, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que gire las órdenes necesarias y tomen las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental interpuesta por el recurrente. Además, que mientras se resuelva su denuncia, se mantenga al recurrente informado del avance de las actuaciones. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Santa Cruz -Carrillo-Guanacaste, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota”.\n\n \n\nDebido a lo anterior, el 27 de agosto de 2020, el Área Rectora de Salud-Santa Cruz dictó la orden sanitaria No. MS-RCH-ARS-SC-ERS-OS-0089-2020, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con fecha de vencimiento 11 de febrero de 2021. Se ordenó: “1. Realizar las obras necesarias para que en el plazo otorgado por la Sala Constitucional en la Resolución No. 2020015129, se construya el Alcantarillado Sanitario en la localidad de Playa Tamarindo. 2. Presentar e implementar por escrito dentro del plazo establecido ante el Área Rectora de Salud de Santa Cruz, el cronograma de actividades por desarrollar en cada una de las etapas del proyecto”. Sin embargo, no se aportó prueba alguna que se haya cumplido con lo ordenado y posteriormente se haya dictado acciones concretas con el fin de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para la comunidad de Tamarindo.\n\nPor su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados gestionó en el plan de inversiones en saneamientos 2016-2045, el Proyecto de construcción de sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo. El proyecto se matriculó en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación, bajo el No. BPIP 00250. En el 2019 se publicó la licitación pública internacional No. 2019-LI-000001-PRI. En el 2022 concluyó la contratación, dando como resultado la etapa I) Evaluación y diagnóstico, etapa II) Estudios de factibilidad y priorización de obras; etapa III) Diseños finales de la obra, para el saneamiento de Tamarindo. Actualmente, está pendiente por parte del ICAA las inversiones en la adquisición de bienes inmuebles, tramitar la viabilidad ambiental del proyecto y obtener el financiamiento para proceder con la ejecución del saneamiento para la comunidad de Tamarindo. No obstante, las autoridades del instituto recurrido no informaron de actos concretos que se estén llevando en la actualidad con el fin de cumplir con lo que se encuentran pendiente. Asimismo, ha transcurrido un plazo desproporcionado para brindar una solución a la comunidad de Tamarindo.\n\nEn consecuencia, lo cierto es que, se encuentra, plenamente, acreditado que, a la fecha, tales actuaciones no han sido suficientes. Esto, ya que, las aguas negras provenientes de la comunidad de Tamarindo no tienen un tratamiento adecuado y no existe un alcantarillado sanitario. Evidentemente, hace que las referidas aguas - al no ser reconducidas a un sistema sanitario de recolección adecuado-, se desborden y produzcan la contaminación que aduce el recurrente, la cual, incluso, en los informes por las autoridades recurridas no se descarta. Asimismo, deben de tomar en consideración las autoridades del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, que, en virtud de la materia bajo estudio, se encuentran en la obligación de estar pendientes –a través de las respectivas labores de fiscalización y vigilancia-, del cumplimiento estricto y permanente de las medidas de parte de los vecinos de Tamarindo para que haga un tratamiento adecuado a las aguas negras. Lo anterior, habida cuenta que, desde el 2018 -tal y como se acreditó en autos-, conocen del problema bajo estudio, así como de las constantes denuncias de distintos vecinos a ciertos establecimientos en Tamarindo y cuentan con mecanismos legales para hacer efectivas las medidas al respecto. Bajo tal orden de consideraciones, este Tribunal estima que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues, en este proceso, si bien se acreditó que se han tomado algunas medidas respecto a la problemática denunciada, lo cierto es que éstas no han sido suficientes para brindar una solución definitiva y, en ese sentido, erradicar la contaminación en cuestión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia. (…)\n\nPor tanto:\n\n Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Warren Chavarría Venegas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, o a quien en su lugar ocupe tal cargo, que dentro del plazo máximo de UN MES – contado a partir de la notificación de esta sentencia–, se realice la evaluación de la situación en torno a los problemas de contaminación evidenciados desde el 2018, por lo que deberá emitir las órdenes sanitarias a quienes corresponda y se brinde seguimiento hasta su debido cumplimiento. Asimismo, se ordena a Alejandro Guillén Guardia y Eliecer Edgardo Robles Vargas, por su orden presidente ejecutivo y director de la región Chorotega, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como a Warren Chavarría Venegas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que dentro del plazo máximo de QUINCE DÍAS –contado a partir de la notificación de esta sentencia–, se establezcan las instancias de coordinación necesarias para dar seguimiento al plan diseñado por el ICAA, Proyecto de construcción de sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo, para lo cual el Ministerio de Salud podrá girar las indicaciones necesarias al ICAA que se encuentren dentro de su ámbito de competencia, darle seguimiento a lo ordenado, y el ICAA deberá cumplir dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud al efecto. Se les advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese”.\n\nLa anterior sentencia le fue notificada a las autoridades recurridas el 18 de diciembre de 2023.\n\nII.- Sobre la solicitud de ampliación del plazo. En el presente asunto, el Director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz solicita a la Sala la ampliación del plazo otorgado en la sentencia No. 2023032275 de las 9:20 horas del 15 de diciembre de 2023, a fin de que se completen las obras necesarias de la construcción del proyecto “Construcción del sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo Guanacaste”, el cual, se encuentra en etapa de ejecución y cuenta como fecha final de las obras para el 18 de mayo de 2026.\n\nAl respecto, esta Sala tiene por demostrado que las autoridades recurridas ciertamente han realizado una serie de acciones tendentes a dar cumplimiento a lo ordenado en el voto No. 2023032275. En ese sentido, este órgano constitucional comprende los esfuerzos realizados, así como las dificultades que se les ha presentado, pero la solicitud planteada para que se amplíe el plazo hasta el 18 de mayo de 2026, es a todas luces desproporcionada, ya que de los autos consta que el plazo otorgado en la sentencia venció el 9 de febrero de 2024, y a la fecha, el aceptar lo requerido generaría un plazo adicional de dos años y tres meses, desde que se presentó la gestión, hasta la fecha requerida.\n\nEn virtud de lo expuesto, no se estima procedente ampliar el plazo otorgado.\n\nIII.- Sobre las manifestaciones del Sub Gerente General y del Director de la Región Chorotega, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Al respecto, consta que las autoridades del instituto recurrido informan sobre las acciones realizadas con el fin de cumplir con lo ordenado en la sentencia No. 2023032275 de las 9:20 horas del 15 de diciembre de 2023.\n\nEn consecuencia, lo procedente es agregar a sus antecedentes el escrito recibido en la Secretaría de la Sala e incorporado al expediente digital a las 15:51 horas del 26 de febrero de 2025.\n\nIV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe reitera a Warren Chavarría Venegas, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, o a quien ocupe el cargo, que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia No. 2023032275 de las 9:20 horas del 15 de diciembre de 2023, en el sentido de dar seguimiento al plan diseñado por el ICAA, Proyecto de construcción de sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo y ejecutar las acciones correspondientes para su cumplimiento. Lo anterior, bajo la advertencia que, de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, ordenar testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia (artículos 53 y 71 de la ley de la jurisdicción constitucional). En cuanto a la solicitud de ampliación del curso por parte del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, se declara no ha lugar a la gestión formulada. En cuanto a las manifestaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, recibidas en la Secretaría de la Sala e incorporado al expediente digital a las 15:51 horas del 26 de febrero de 2024, agréguense a sus antecedentes. Notifíquese en forma personal a Warren Chavarría Venegas, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, o a quien ocupe el cargo.\n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre137  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNombre138  .\n\n\n\n\nNombre139  V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlejandro Delgado F.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n WBWF43PKZ43LC61\n\nEXPEDIENTE N° 23-015383-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:06:41.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes of the twenty-second of August, two thousand twenty-five .\n\nSubsequent filings submitted by WARREN CHAVARRÍA VENEGAS, in his capacity as DIRECTOR OF THE SANTA CRUZ HEALTH GOVERNING AREA (ÁREA RECTORA DE SALUD DE SANTA CRUZ), and by ROOSEVELT ALVARADO RAMÍREZ and ELIECER EDGARDO ROBLES VARGAS, in order, DEPUTY GENERAL MANAGER and DIRECTOR OF THE CHOROTEGA REGION, BOTH OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS).\n\nWhereas:\n\n1.- By document received at the Secretariat of the Chamber and incorporated into the digital case file at 10:49 a.m. on January 19, 2024, Warren Chavarría Venegas, in his capacity as Director of the Santa Cruz Health Governing Area, states the following: \"In reference to the case file mentioned in the subject, I submit in response the technical report MS-RCH-ARS-SC-ERS-IT-07-2024 and annexes, which summarizes the actions taken by this Health Governing Area; therefore, I request that the already established term be granted until the necessary works for the construction of the project 'Construction of the sanitation system for the community of Tamarindo Guanacaste' are completed, which is in the execution stage and has a final completion date for the works of May 18, 2026.\"\n\n2.- By document received at the Secretariat of the Chamber and incorporated into the digital case file at 3:51 p.m. on February 26, 2024, Roosevelt Alvarado Ramírez and Eliecer Edgardo Robles Vargas, in order, Deputy General Manager and Director of the Chorotega Region, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, state the following: \"To this effect, through official communications GSP-RCHO-2024-00335 and GSP-RCHO-2024-00396 dated February 6 and 12, 2024, signed by the Director of the Chorotega Region, reports No. UEN-PC-2024-00167 and No. UEN-PC-2024-00234 are submitted, in which the Ministry of Health is informed of the new progress made by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers regarding the 'Project for the Construction of the Sanitation System for the community of Tamarindo, Guanacaste.' Regarding the aforementioned Project, it is important to highlight that it is registered in the Public Investment Project Bank (Banco de Proyectos de Inversión Pública, BPIP) of the Ministry of National Planning and Economic Policy (MIDEPLAN) under number 002500, after complying with a series of requirements for project formulation imposed by MIDEPLAN on public investment projects. Likewise, the progress schedule reports that the project has completed the Profile and Prefeasibility stages (a table is attached).\n\nTable 2: Tamarindo Sanitation Schedule\n\n| Stage | Start | End |\n| --- | --- | --- |\n| Pre-Investment - Profile | III Q / 2020 | IV Q / 2020 |\n| Pre-Investment - Prefeasibility | III Q / 2020 | II Q / 2021 |\n| Pre-Investment - Feasibility | II Q / 2021 | 1 Q / 2026 |\n| Final Design | IV Q / 2021 | IV Q / 2027 |\n| Financing | I Q / 2026 | II Q / 2027 |\n| Bidding / Award | IV Q / 2027 | II Q / 2029 |\n| Execution | II Q / 2029 | I Q / 2031 |\n\nSubsequently, an initial project cost estimate was made by dividing the coverage scope into two to three stages to reduce initial investments. Finally, coordination is underway with Dr. Warren Chavarría Venegas of the Santa Cruz Health Governing Area of the MINSA to resume the inter-institutional meetings that were held during the 2023 period, to provide a solution to the treated wastewater problem, and we are therefore awaiting the requested meeting.\"\n\n3.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Regarding what this Chamber ordered. Through judgment No. 2023032275 at 9:20 a.m. on December 15, 2023, this Court resolved the following:\n\n\"VI.- Specific case. In the present matter, the petitioner claims that since 2018, coordination has taken place with the respondent institute to resolve the problem of the sanitary sewer system in the community of Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste; however, 5 years have passed and there is no progress or solution to the reported problem. He specifies that in the community of Tamarindo, the contamination from black water continues.\n\nOn this matter, this Constitutional Court, in accordance with the facts on record, as well as the reports rendered by the respondent authorities—which are given under oath with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional)—believes that the petitioner is correct in his argument. The foregoing, given that, even though it is established that the cited respondent authorities (Ministry of Health and Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers) have carried out—prior to the notification of this amparo—a series of actions aimed at finding a solution to the problem reported by Nombre48231, there is no definitive solution.\n\nIn 2020, an amparo remedy was filed by Mr. Nombre48232, in which contamination of waters and public domain channels in the city of Tamarindo was reported, covering issues of residual, black, and rainwater, foul odors, and also leachate discharges. The Constitutional Chamber, by judgment No. 2020015129 at 9:15 a.m. on August 14, 2020, ordered:\n\nV.- ON THE MERITS. …In accordance with the considerations set forth, the Chamber finds it proven that five months after the complaint was filed, the respondent authority has not provided a definitive solution to the reported problems, nor has it kept the petitioner informed of the status of his complaints. This Court understands that some environmental problems require coordination among various state agencies; however, this does not prevent the Ministry of Health, within the scope of its competencies and in response to citizens' complaints, from issuing the necessary orders and coordinating with the appropriate agencies to provide solutions. Under this reasoning, this Chamber believes that in the present case, the petitioner's right to prompt administrative justice and the right to a healthy and ecologically balanced environment have been violated, and therefore the remedy must be granted, with the considerations stated in the operative part of this judgment… THEREFORE: The remedy is partially granted, solely, against the Ministry of Health. Warren Chavarría Venegas, in his capacity as Director of the Health Governing Area of the Ministry of Health in Santa Cruz, or whoever holds the position in his stead, is ordered to issue the necessary orders and take the pertinent measures within the scope of his competencies, so that within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the environmental complaint filed by the petitioner is definitively resolved. Furthermore, while his complaint is being resolved, the petitioner must be kept informed of the progress of the proceedings. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy, and fails to comply with it or enforce it, provided that the offense is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative court. Regarding the Municipality of Santa Cruz and the Ministry of Environment and Energy (MINAE) of Santa Cruz-Carrillo-Guanacaste, the remedy is declared without merit. Magistrate Hernández López makes a note. Magistrate Salazar Alvarado makes a note.\"\n\nDue to the foregoing, on August 27, 2020, the Health Governing Area-Santa Cruz issued sanitary order No. MS-RCH-ARS-SC-ERS-OS-0089-2020 to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, with an expiration date of February 11, 2021. It ordered: \"1. Carry out the necessary works so that, within the period granted by the Constitutional Chamber in Resolution No. 2020015129, the Sanitary Sewer System is built in the town of Playa Tamarindo. 2. Submit and implement in writing, within the established period before the Santa Cruz Health Governing Area, the schedule of activities to be carried out in each of the project stages.\" However, no proof was provided that the order was complied with and subsequently that concrete actions were taken to guarantee a healthy and ecologically balanced environment for the community of Tamarindo.\n\nFor its part, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers managed, within the 2016-2045 sanitation investment plan, the Construction Project of a sanitation system for the community of Tamarindo. The project was registered in the Public Investment Project Bank of the Ministry of Planning, under No. BPIP 00250. In 2019, international public tender No. 2019-LI-000001-PRI was published. In 2022, the contracting process concluded, resulting in Stage I) Evaluation and diagnosis, Stage II) Feasibility studies and prioritization of works; Stage III) Final designs for the work, for the sanitation of Tamarindo. Currently, pending for the ICAA are the investments in the acquisition of real estate, processing the proyecto's environmental viability (viabilidad ambiental), and obtaining financing to proceed with the execution of the sanitation project for the community of Tamarindo. However, the authorities of the respondent institute did not report any concrete actions currently being undertaken to fulfill what is pending. Likewise, a disproportionate period has elapsed to provide a solution to the community of Tamarindo.\n\nConsequently, the fact is that it is fully proven that, to date, such actions have not been sufficient. This is because the black water coming from the community of Tamarindo does not receive adequate treatment and there is no sanitary sewer system. Evidently, this causes the referenced waters—not being redirected to an adequate sanitary collection system—to overflow and produce the contamination alleged by the petitioner, which, even in the reports by the respondent authorities, is not ruled out. Likewise, the authorities of the Santa Cruz Health Governing Area must take into consideration that, by virtue of the matter under study, they are obligated to monitor—through respective inspection and surveillance duties—the strict and permanent compliance with measures by the residents of Tamarindo so that the black water receives adequate treatment. The foregoing, considering that since 2018—as proven in the record—they have been aware of the problem under study, as well as the constant complaints from various residents against certain establishments in Tamarindo, and they have legal mechanisms to enforce measures in this regard. Under this order of considerations, this Court believes that the respondent authorities have violated the fundamental rights to health and to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, because, in this process, although it was proven that some measures have been taken regarding the reported problem, the fact is that these have not been sufficient to provide a definitive solution and, in that sense, eradicate the contamination in question. By virtue of the foregoing, it is imperative to declare the filed remedy granted, with the consequences detailed in the operative part of this judgment. (…)\n\nTherefore:\n\nThe remedy is granted. Warren Chavarría Venegas, in his capacity as director of the Santa Cruz Health Governing Area, Guanacaste, or whoever holds such position in his stead, is ordered to, within a maximum period of ONE MONTH—counted from the notification of this judgment—, carry out the evaluation of the situation regarding the contamination problems evidenced since 2018, for which he must issue the sanitary orders (órdenes sanitarias) to the relevant parties and provide follow-up until their due compliance. Likewise, Alejandro Guillén Guardia and Eliecer Edgardo Robles Vargas, in order, executive president and director of the Chorotega region, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as well as Warren Chavarría Venegas, in his capacity as director of the Santa Cruz Health Governing Area, Guanacaste, or whoever holds such positions in their stead, are ordered to, within a maximum period of FIFTEEN DAYS—counted from the notification of this judgment—, establish the necessary coordination bodies to follow up on the plan designed by the ICAA, Construction Project of a sanitation system for the community of Tamarindo, for which the Ministry of Health may issue the necessary instructions to the ICAA that fall within its scope of competence, follow up on what was ordered, and the ICAA must comply within the parameters established by the Ministry of Health to that effect. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy, and fails to comply with it or enforce it, provided that the offense is not more severely penalized. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative court. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notify.\"\n\nThe aforementioned judgment was notified to the respondent authorities on December 18, 2023.\n\nII.- Regarding the request for extension of the term. In the present matter, the Director of the Santa Cruz Health Governing Area requests from the Chamber an extension of the term granted in judgment No. 2023032275 at 9:20 a.m. on December 15, 2023, so that the necessary works for the construction of the project \"Construction of the sanitation system for the community of Tamarindo Guanacaste\" may be completed, which is in the execution stage and has a final completion date for the works of May 18, 2026.\n\nIn this regard, this Chamber finds it proven that the respondent authorities have indeed carried out a series of actions aimed at complying with what was ordered in ruling No. 2023032275. In that sense, this constitutional body understands the efforts made, as well as the difficulties they have encountered, but the request filed for the term to be extended until May 18, 2026, is clearly disproportionate, since the record shows that the term granted in the judgment expired on February 9, 2024, and to date, accepting the request would generate an additional period of two years and three months, from the time the filing was submitted until the requested date.\n\nBy virtue of the foregoing, extending the granted term is not considered appropriate.\n\nIII.- Regarding the statements of the Deputy General Manager and the Director of the Chorotega Region, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. In this regard, the record shows that the authorities of the respondent institute report on the actions taken to comply with what was ordered in judgment No. 2023032275 at 9:20 a.m. on December 15, 2023.\n\nConsequently, the proper course of action is to add to their records the document received at the Secretariat of the Chamber and incorporated into the digital case file at 3:51 p.m. on February 26, 2025.\n\nIV.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or produced by new technologies, these must be picked up from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not picked up within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch,\" approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nWarren Chavarría Venegas, in his capacity as Director of the Santa Cruz Health Governing Area, or whoever holds the position, is reiterated that he must proceed to comply with what this Chamber ordered in judgment No. 2023032275 at 9:20 a.m. on December 15, 2023, in the sense of following up on the plan designed by the ICAA, Construction Project of a sanitation system for the community of Tamarindo, and executing the corresponding actions for its fulfillment. The foregoing, under the warning that, should disobedience be proven, the opening of administrative proceedings may be ordered against the official who fails to comply with what was resolved by this Chamber, and also, testimonies of documents may be ordered to be forwarded to the Public Ministry for the possible commission of the crime of disobedience (Articles 53 and 71 of the Constitutional Jurisdiction Law). Regarding the request for extension of the time limit by the Santa Cruz Health Governing Area, the filed request is declared without merit. Regarding the statements of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, received at the Secretariat of the Chamber and incorporated into the digital case file at 3:51 p.m. on February 26, 2024, let them be added to their records. Notify personally Warren Chavarría Venegas, in his capacity as Director of the Santa Cruz Health Governing Area, or whoever holds the position.\n\nNombre137 V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nNombre138 .\n\nNombre139 V.\n\nAlejandro Delgado F.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n*WBWF43PKZ43LC61**\n\nEXPEDIENTE N° 23-015383-0007-CO\n\nTelephone: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:06:41."
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