{ "id": "nexus-sen-1-0007-1326887", "citation": "Res. 26522-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Acceso al agua potable y proyecto de ampliación en Linda Vista", "title_en": "Access to potable water and expansion project in Linda Vista", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por vecinos de la comunidad de La Ganga en Linda Vista de Siquirres, Limón, contra la ASADA de Linda Vista y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Los recurrentes alegaron la falta de suministro de agua potable en su comunidad, debido a la incapacidad hidráulica y de infraestructura del acueducto, que tiene más de 40 años. Aunque existía un proyecto de mejora y ampliación del acueducto liderado por el ICAA en conjunto con JAPDEVA, este se encontraba detenido por falta de recursos económicos y técnicos. La Sala determinó que, si bien en 2021 la ASADA había denegado justificadamente una solicitud similar, en el momento actual la existencia del proyecto de mejora y la falta de acciones concretas para su ejecución vulneraban el derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos a la salud, la vida y un ambiente sano. Se ordenó al ICAA y a la ASADA implementar de inmediato un plan remedial para brindar el servicio de agua potable en la comunidad y finalizar el proyecto de ampliación en un plazo máximo de dieciocho meses. La magistrada Garro Vargas salvó el voto parcialmente en cuanto a la ejecución de la sentencia, considerando que debía realizarse ante la vía contencioso-administrativa.", "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo filed by residents of La Ganga community in Linda Vista, Siquirres, Limón, against the ASADA of Linda Vista and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA). The claimants argued lack of potable water supply due to hydraulic and infrastructure incapacity of the over-40-year-old aqueduct. Although a project for improvement and expansion was planned by ICAA and JAPDEVA, it was stalled due to lack of funding and technical resources. The Chamber held that while the ASADA's 2021 denial was justified, the current situation—with a planned project but no concrete actions—violated the fundamental right to water, derived from the rights to health, life, and a healthy environment. It ordered ICAA and the ASADA to immediately implement a remedial plan to provide potable water and to complete the expansion project within eighteen months. Judge Garro Vargas dissented in part regarding enforcement, arguing it should be handled by the contentious-administrative court.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "22/08/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "water-law", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "ASADA", "ICAA", "amparo", "derecho humano al agua", "servicio público", "plan remedial", "ente rector", "infraestructura hidráulica" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Arts. 1 y 2", "law": "Ley Constitutiva del ICAA" }, { "article": "Arts. 11 y 12", "law": "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" } ], "keywords_es": [ "agua potable", "derecho humano al agua", "ASADA", "ICAA", "amparo", "servicio público", "infraestructura hidráulica", "plan remedial", "proyecto de ampliación", "Linda Vista", "Siquirres" ], "keywords_en": [ "drinking water", "human right to water", "ASADA", "ICAA", "amparo", "public service", "hydraulic infrastructure", "remedial plan", "expansion project", "Linda Vista", "Siquirres" ], "excerpt_es": "Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como a Jorge Jesús Camacho Valverde, en su condición de presidente de la Asociación de Acueducto de Linda Vista, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y se realice la coordinación interinstitucional que corresponda, para que: a) DE INMEDIATO se ejecute un plan remedial para brindar el servicio de agua potable en la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, en el tanto se finaliza el proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de Dirección6058”; b) dentro del plazo máximo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se finalice el proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de Dirección6058”, que permita dotar de agua potable a la comunidad La Ganga, ubicado en Dirección6059, de manera que una vez finalizado este, se brinde el servicio de agua potable a las viviendas de la zona que cumplan los requisitos de conformidad con el ordenamiento infraconstitucional, de forma eficiente, eficaz y continua. Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.", "excerpt_en": "The appeal is granted. Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and Jorge Jesús Camacho Valverde, in his capacity as president of the Linda Vista Aqueduct Association, are ordered to issue the relevant orders and carry out all actions within their competences and coordinate inter-institutionally as appropriate, so that: a) IMMEDIATELY a remedial plan is executed to provide potable water service in the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, while the project \"Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of Dirección6058\" is completed; b) within a maximum period of EIGHTEEN MONTHS from notification of this judgment, the project \"Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of Dirección6058\" is completed, enabling the provision of potable water to the community of La Ganga, located in Dirección6059, so that once completed, potable water service is provided to homes in the area that meet the requirements under the infra-constitutional legal framework, efficiently, effectively, and continuously. The respondents, or those occupying their positions, are warned that pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order issued in an amparo proceeding and fails to comply with it or have it complied with, provided the offense is not more severely punished.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Chamber granted the appeal, ordering an immediate remedial plan and completion of the expansion project within 18 months, with costs awarded.", "summary_es": "La Sala declaró con lugar el recurso, ordenando un plan remedial inmediato y la finalización del proyecto de ampliación en 18 meses, con condena en costas." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "there is a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be given the possibility of accessing drinking water services under equal conditions", "quote_es": "existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable" }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "the ICAA, as the governing body for drinking water supply, is obliged to oversee and ensure the proper functioning of community aqueduct systems", "quote_es": "el ICAA, como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales" }, { "context": "Considerando IX", "quote_en": "this Chamber cannot accept the argument that they bear no responsibility for the problems with the local ASADA", "quote_es": "no es de recibo para esta Sala el alegato de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de la zona" }, { "context": "Considerando IX", "quote_en": "in the case at hand, it is evident that there is a structural problem in providing the service to the community of La Ganga", "quote_es": "en el sub lite queda en evidencia que existe un problema estructural para procurar la prestación del servicio a la comunidad de La Ganga" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1326887", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 26522 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 22 de Agosto del 2025 a las 09:15\n\nExpediente: 25-017675-0007-CO\n\nRedactado por: Jorge Araya Garcia\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-017675-0007-CO\n\nRes. Nº 2025026522\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de agosto de dos mil veinticinco .\n\nGestión posterior presentada por Nombre48296   , cédula de identidad No. CED37575.               \n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:03 horas del 31 de julio de 2025, la recurrente solicita corrija la sentencia No. 2025023206 de las 9:20 horas del 24 de julio de 2025, por cuanto no se consignaron todos los nombres de los recurrentes. Señala que la ejecutoria debe realizarse ante el área de ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; sin embargo, no queda claro si aplica únicamente para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues en el caso de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados de Linda Vista, al ser un sujeto de derecho privado, la ejecutoria debe realizarse en la vía civil.\n\n2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\n Considerando:\n\nI.- Sobre la gestión presentada. En el presente asunto, la recurrente solicita corrija la sentencia No. 2025023206 de las 9:20 horas del 24 de julio de 2025, por cuanto, en el encabezado, no se consignaron todos los nombres de los recurrentes.\n\nSeñala también que la ejecutoria debe realizarse ante el área de ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; sin embargo, no queda claro si aplica únicamente para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues en el caso de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados de Linda Vista, al ser un sujeto de derecho privado, la ejecutoria debe realizarse en la vía civil.\n\nII.- Sobre la cita íntegra de todos los recurrentes. La recurrente primeramente consulta por qué no se indicaron todos los nombres de todos los petentes en el encabezado de la sentencia. Si bien no se indicaron todos los nombres de los accionantes en el encabezado de la sentencia No. 2025023206, esto no representa, en el fondo, ningún tipo de afectación. Lo anterior, pues en el libelo de interposición y en el expediente de amparo, como tal, sí consta el nombre de todas la partes promoventes. En todo caso, se dispone emitir nuevamente el encabezado de la sentencia con todas las partes requeridas.\n\nIII.- En cuanto a la condenatoria la ASADA y la ejecución de la sentencia. Por error material, en la sentencia No. 2025023206 se indicó, en lo que respecta a la ASADA recurrida, que las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirvieron de base a la declaratoria con lugar, se deben liquidar en ejecución de sentencia en la vía contenciosa administrativa, cuando, lo correcto, es en la vía civil.\n\nIV.- En virtud de lo anterior, conociendo esta Sala el error apuntado, lo que corresponde es corregir dicha situación, para que la sentencia No. 2025023206 de las 9:20 horas del 24 de julio de 2025, se lea de la forma que se indica a continuación:\n\n“Recurso de amparo interpuesto por Nombre48297  , cédula de identidad CED37576, Nombre48298  , cédula de identidad CED37577, Nombre48296   , cédula de identidad CED37578, Nombre48299  , cédula de identidad CED37579, Nombre48300   , cédula de identidad CED37580, Nombre48301  , cédula de identidad CED37581, Nombre48302  , cédula de identidad CED37582, FREDDY ROMERO ARAYA, cédula de identidad CED37583, Nombre48303  , cédula de identidad CED37584, Nombre48304  , cédula de identidad CED37585, Nombre48305   , cédula de identidad CED37586, Nombre48306   , cédula de identidad CED37587, Nombre48307  , cédula de identidad CED37588, Nombre48308   , cédula de identidad CED37589, Nombre48309  , cédula de identidad CED37590, Nombre48310  , cédula de identidad CED37591, Nombre48311   , cédula de identidad CED37592, Nombre48312  , cédula de identidad CED37593, Nombre48313  , cédula de identidad CED37594, RODOLFO CAMACHO VALVERDE, cédula de identidad CED37595, Nombre48314  , cédula de identidad CED37596, y Nombre48315   , cédula de identidad CED37597, contra la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE LINDA VISTA y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).\n\nResultando:\n\n1.- Mediante escrito recibido el 18 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que son vecinos y propietarios de fincas del sector La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista. Reclaman que actualmente no cuentan con el servicio de agua potable. Indican que la Asociación Administradora de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados -ASADA- de Linda Vista provee agua potable a los terrenos que se encuentran hasta un kilómetro desde la entrada sobre la calle principal, dejando al resto de las propiedades sin ese servicio fundamental, alegando que, con el grosor de la tubería actual, no es posible abastecer a los demás predios. Señalan que el 17 de mayo de 2021, un grupo de vecinos plantearon una solicitud formal ante la ASADA de Linda Vista para el suministro del servicio de agua potable, fundamentando la petición en el artículo 50 de la Constitución Política. Explican que el 3 de julio de 2023, se creó, a petición del señor Carlos Matamoros, funcionario de ICAA, un grupo en WhatsApp denominado “Grupo interesados acueducto La Ganga”, en donde se les citó a reunión para exponerles el proyecto \"Mejora y Ampliación del Acueducto de Linda Vista y sector La Ganga.\". Acotan que el 19 de julio de 2023, se les remitió por ese mismo medio la invitación para esa reunión, a efectuarse: en el Dirección6056      , el 28 de julio de 2023, a las 04:00 p.m. Explican que, el día señalado, se llevó a cabo la reunión con todos los vecinos interesados en la dotación de agua potable. Señalan que, en esa reunión, el señor Carlos Matamoros, de ICAA, en coordinación con el señor Jorge Camacho Valverde, funcionario de la ASADA, presentaron el proyecto denominado “Ampliación del Sistema de agua potable para el proyecto Linda Vista a 52 Millas de Siquirres”. Narran que ese proyecto consistía, citan textualmente: “…realizar una mejora al sistema de acueducto de la ASADA Linda Vista, debido a que es un acueducto que tiene más de 40 años de existencia, y a partir de esa mejora, realizar la construcción de un nuevo sistema que lleve agua a la comunidad de La Ganga y, además, a la comunidad de 52 Millas, con el fin de garantizar agua de calidad, cantidad y cobertura. Esto vendría a resolver la problemática que se presentó en el año 2019 con la contaminación por hidrocarburos, que los dejó sin opciones de contar con un sistema de acueducto para suplir sus necesidades diarias de agua potable”. Además, agregan que el proyecto indicaba la instalación de un total de 185 previstas para beneficiar a una población de 759 personas, ya que son muchas las personas afectadas con esta situación. Mencionan que, en esa reunión, el señor Matamoros indicó que era necesaria la construcción de dos tanques adicionales y que las etapas contempladas para el proyecto eran las siguientes: 1. Instalación de 7.000 metros de tubería de distribución. 2. Reparaciones generales del tanque de almacenamiento existente. 3. Construcción de un tanque semi-enterrado de almacenamiento de 100 m³. 4. Construcción de una caseta de cloración. 5. Instalación de equipo productor de hipoclorito de sodio. 6. Construcción de cinco cajas de concreto para sistemas de válvulas reductoras de presión. 7. Construcción de un tanque de almacenamiento semi-enterrado de 30 m³, con sus respectivas cajas de válvulas. 8. Instalación de válvulas de purga, de aire y de combinación. 9. Instalación de 34 previstas nuevas con perforación horizontal tipo “topo” sobre la Dirección6057 . 10. Instalación de 43 previstas nuevas con excavación sobre la Dirección6057 . 11. Modificación de 34 previstas domiciliarias instaladas en tubo existente a reutilizar. 12. Instalación de 108 previstas domiciliarias nuevas con su respectivo hidrómetro. 13. Suministro de 12 hidrómetros. 14. Instalación de 28 m³ de concreto para bloques de anclaje. 15. Instalación de una prevista para hidrante frente a la escuela de Linda Vista. 16. Construcción de dos cruces de tubería por calle de asfalto con perforación horizontal tipo “topo”. 17. Construcción de pasos de tubería por bajo y pasos autosoportantes. 18. Construcción de un monumento conmemorativo. 19. Prueba de funcionamiento general del sistema. Exponen que el señor Matamoros también señaló que la primera etapa del proyecto estaba prevista para iniciar en el 2024 e incluso les indicó el sobre el costo de la paja de agua y la tarifa según la tabla de ARESEP que tendrían que pagar una vez estuviera avanzado el proyecto y aprobada la dotación del agua. Comentan que el 5 de agosto de 2024, el señor Carlos Matamoros, funcionario del ICAA, indicó al grupo de WhatsApp, lo siguiente: “Buenas tardes, espero que todos se encuentren bien, el proyecto ya cuenta con la viabilidad ambiental, se espera que el otro año se inicien las obras. Ya cuenta con las viabilidades”. Arguyen que el 9 de abril de 2025, mediante un mensaje al grupo de WhatsApp, la ASADA comunicó lo siguiente: “Buenas tardes estimados vecinos, este proyecto ha sido un largo proceso y en estos proyectos siempre pasan cosas que alargan el proceso, de momento, el proyecto ya se encuentra en licitación sin embargo todo lleva un debido proceso, según la última conversación con @Carlos Matamoros se estima que el proyecto daría inicio aproximadamente el segundo trimestre del 2026…”. Señalan que, revisado el Sistema de Compras SICOP, aún no se encuentra esa licitación en curso. También mencionan que, a la fecha, ni el ICAA ni la ASADA les han informado de alguna novedad o convocado a otra reunión de seguimiento. Alegan que la falta de dotación de agua potable constituye un riesgo al goce de los derechos humanos, especialmente al derecho a un ambiente sano, a la salud, a una alimentación adecuada y a la vida. En otras palabras, afirman que atenta contra la salud, toda vez que la población se encuentra expuesta a contraer enfermedades debido a la falta de este bien jurídicamente tutelado. Por lo expuesto, solicita la intervención de la Sala.\n\n2.-Mediante resolución de las 19:04 horas de 19 de junio de 2025, se dio curso al proceso y se solicitó informe al gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; además, se le dio traslado a Jorge Jesús Camacho Valverde, cédula de identidad CED37598, en su condición de presidente de la Asociación de Acueducto de Linda Vista, sobre los hechos alegados.\n\n3.- Informa bajo juramento María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo siguiente: “Según refiere el informe N° GSD-UEN-AP-2025-00869: “Por el tipo de topografía del lugar, el acueducto existente no tiene la capacidad para abastecer a este sector de La Ganga. Cabe indicar que se verificó con la ASADA sobre la emisión de constancias de disponibilidad de agua para los vecinos de este sector, indicando la ASASA que se han rechazado las solicitudes de disponibilidad de agua presentadas por los interesados debido a que no se cuenta con infraestructura de agua potable, por lo presume que la edificación de viviendas se realizó sin los permisos de construcción reglamentarios, situación que sería conveniente se consulte a la Municipalidad de la zona” (…) se creó un grupo de WhatsApp en el que fue incluido el funcionario del Nombre48308 Carlos Matamoros, con el propósito de informar a los propietarios sobre los avances del proyecto y mantener un canal de comunicación efectivo. Esta medida se tomó considerando que varios de los propietarios no residen en el sector de La Ganga, y que son pocas las personas que habitan actualmente en las viviendas existentes. En total, en este sector se contabilizan únicamente siete viviendas habitadas y ocho parcelas sin edificaciones, es decir, la mayoría de los recurrentes no habita en el sector sino en Cartago y San José. (…) “La reunión se llevó a cabo el día 28 de Julio de 2023, se expuso el proyecto y la descripción de las obras a construir, así como los requisitos que deben cumplir los nuevos usuarios al sistema. En dicha reunión estuvieron presentes por parte del Nombre48308 el funcionario Carlos Matamoros, el presidente de la ASADA, vecinos y propietarios del sector de La Ganga según consta en la minuta adjunta. Cabe señalar que el funcionario de Nombre48308 no informó sobre la fecha de inicio del proyecto. Respecto al estado del proyecto, se indica lo siguiente: 1. Se cuenta con el diseño del proyecto terminado. 2. Se elaboraron los términos de referencia correspondientes para la contratación de la construcción de las mejoras el acueducto. 3. Nombre48308 está en la búsqueda de financiamiento para el proyecto, debido a que la institución en este momento no dispone de los fondos necesarios para llevarlo a cabo. El pasado 23 de junio, el Nombre48308 envió solicitud a Nombre415 para postular varios proyectos para financiamiento mediante el Canon de Desarrollo Regional, entre ellos el proyecto: “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.” (el destacado no es del original) (…) aún no se ha iniciado el proceso de licitación para este proyecto, el estado del mismo fue referido en el hecho quinto del presente informe…” (sic).\n\n4.- Contesta audiencia Jorge Jesús Camacho Valverde, cédula de identidad CED37598, en su condición de presidente de la Asociación de Acueducto de Linda Vista y manifiesta lo siguiente: “Respecto de los hechos denunciados, el suscrito representante de la ASADA recurrida me permito referirme puntualmente a los mismos de la siguiente forma: a) es cierto que mi representada preste el servicio de suministro de agua potable para la comunidad de Linda Vista de Siquirres, siendo que el acueducto e infraestructura tienen a hoy día más de cuarenta años de haberse establecido, ocurriendo que cuatro décadas atrás, no era de suponer la demanda de agua potable que enfrentamos a hoy día para nuevos servicios y principalmente de comunidades alejadas que no forman parte del sector para el cual inicialmente fue creado el acueducto y del cuanto contamos con la capacidad hidráulica, es decir con la infraestructura sino de un problema de incapacidad hidráulica y de infraestructura que requiere de una enorme mejora previa e inversión millonaria, para proveer de nuevos servicios. Es así que el acueducto no cuenta con los recursos económicos, siendo resorte de la entidad rectora Instituto de Acueductos y Alcantarillados, verificar la viabilidad y factibilidad del proyecto de ampliación y mejora del acueducto, y ante nuestra insuficiencia económica, la búsqueda de los recursos para llevarlo adelante, en tanto las comunidades en cuestión, no forman parte del territorio competencial actual de la ASADA. Además, no existe un estudio hídrico actualizado que determine la capacidad hídrica e hidráulica (de infraestructura), del acueducto, como para conocer a ciencia cierta, la posibilidad de proveer de más servicios y cuántos, sin afectar a los actuales abonados. La ASADA es ajena a este proyecto en el sentido de que no tiene ni la capacidad ni los recursos como para comprometerse a llevarlo a la práctica por sí sola, nótese las disposiciones técnicas para las mejoras y magnitud de las obras necesarias a realizar expuestas por los mismos recurrentes, principalmente ante las características topográficas del sector para el cual solicitan los recurrentes los servicios, lo cual supera enormemente la capacidad limitada del acueducto; b) Otro aspecto importante de señalar es el hecho de que de los 11 recurrentes del presente recurso de amparo, ya tienen desde años atrás su servicio de agua potable para su casa de habitación, los señores: Nombre48299  , Nombre48310   (esposa de Nombre48299), Nombre48309  , Rodolfo Camacho Valverde y Freddy Romero Araya, lo cual es improcedente que refieran verse afectados por una eventual negativa de la disponibilidad de agua si ya la están disfrutando, a no ser que, presumiblemente, requieran de otro servicio, quizás de una finca agrícola, no constando en el Acueducto, la solicitud formal de carta de disponibilidad alguna por parte de ellos de un nuevo servicio, ni el aporte de requisitos tales como certificación de propiedad, copia de plano, formulario de solicitud, etc. Por su parte, respecto de los demás recurrentes no consta en archivos de la Asada, haber recibido individualmente solicitud formal personal alguna, ni aporte de requisitos, desconociendo la ASADA, si tienen propiedad en el sector, en tanto no han entregado prueba de titularidad, certificación, planos, etc. Únicamente existe un oficio fechado del 17 de mayo de 2021, “eventualmente” suscrito por vecinos de Bajo de Tigre, el cual no tiene ninguna formalidad, carece de nombres, cédulas de identidad, firmas ni medio de notificaciones, entregado por un tercero, y al cual se le dio copia con sello de recibido, siendo las únicas firmas de dicho documento, las de personeros de la ASADA, documento que ha sido presentado por los recurridos, como prueba. De dicha solicitud colectiva, la Asada resolvió mediante oficio del 19 de mayo de 2021, el no aprobar la solicitud, por cuanto el acueducto no cuenta con disponibilidad hidráulica por las razones apuntadas en dicho oficio, y se les hace saber del eventual proyecto de mejoras y ampliación del ramal propuesto por AYA. Reiteramos, la solicitud presentada por los recurrentes fue hecha de manera informal y en forma colectiva, las cuales fueron rechazadas en razón de que el acueducto no cuenta con la infraestructura suficiente, ocurriendo que incluso, eventualmente y para algunos casos, se habrían levantado edificaciones de viviendas sin los permisos de construcción municipales, siendo responsabilidad de sus propietarios el haber incurrido eventualmente en anomalías. No omitimos en indicar, que ninguno de los solicitantes, han presentado prueba de titularidad de los inmuebles, plano catastrado ni usos de suelo, es decir omiten los procedimientos y requisitos reglamentarios y de ley; c) Es de sorprender que varios de los recurrentes ni tan siquiera habitan en el lugar, incluso en otra provincia, y pareciera que pretenden exigir el suministro de agua potable para su finca de vacacionar o para regadío de cultivos o para actividad pecuaria, sin tener consideración de la afectación negativa que generaría a los actuales usuarios que tienen años de contar con el suministro de agua potable para sus hogares, dada la falta de capacidad hidráulica (de infraestructura) y técnica, que enfrenta actualmente la Asada, máxime tratándose de una ampliación considerable de la red de tuberías y problemas de topografía que supera su capacidad actual; d) Ahora bien, respecto del proyecto de mejora y ampliación del acueducto, se trata de un proyecto liderado por Nombre48308 en conjunto con Nombre415, y la ASADA, no tiene ni la competencia ni la capacidad económica como para llevar adelante un proyecto de tal magnitud, por lo que no somos responsables de la supuesta “eventual demora” de la cual hacen referencia los recurrentes, quienes indican en el recurso, que se tenía proyectado para el segundo semestre del año 2026 el inicio del referido proyecto propuesto por Nombre48308 en conjunto con IAPDEVA. Aclaramos que, el inicio del proyecto no depende de la ASADA, depende de que Nombre48308 obtenga los recursos necesarios para su inicio, reiterando, que no es competencia de mi representada dicha situación, siendo que la ASADA no puede comprometerse a otorgar nuevos servicios de agua potable a nuevas comunidades, por falta de capacidad hidráulica técnica, y si no se realizan, de previo, las mejoras que los mismos recurrentes exponen en su recurso, máxime la situación de topografía de los terrenos, caso contrario, lejos de mejorar, nos obligarían a perjudicar usuarios que por décadas, tienen el suministro de agua, de allí que la ASADA no ha extendido ni aprobado la disponibilidad de agua a ningún solicitante; e) Por su parte, respecto de la afectación en la salud, a la vida, a la sana alimentación, etc; en perjuicio de los recurridos, dicha afirmación no tiene fundamento alguno, dado que en su mayoría los recurrentes solicitan el agua no para su casa de habitación, sino para sus fincas, y si alguno ya tiene casa construida en el lugar en cuestión, habrían construido al margen de la ley, sin carta de disponibilidad de agua potable, sin uso de suelo, sin permiso de construcción, etc; y no es responsabilidad de la ASADA haber construido eventualmente en forma irregular, siendo su obligación, ponerse en regla con la municipalidad respectiva, previo a cualquier gestión. TERCERO: Aunque la ASADA tenga buena voluntad de poder ayudar a usuarios nuevos para el suministro del agua, ofreciendo su colaboración en el caso eventual de concretarse las mejoras y ampliación del acueducto, es de tener en cuenta que actualmente (sin dichas mejoras y ampliación), no podemos proveer de más servicios si no se cuenta con la capacidad hidráulica de infraestructura para ello, de lo cual los recurrentes tienen muy en claro, caso contrario, desmejoraría la cantidad y calidad de agua para los actuales usuarios. Es necesario un estudio hídrico para determinar la capacidad del acueducto, la necesidad de mejoras, y que el ente rector, Nombre48308, autorice, lidere y provea de recursos económicos para llevar a cabo las obras. Además, los recurrentes no han gestionado como en derecho corresponde, la solicitud formal de carta de disponibilidad de agua, ni han presentado los requisitos de ley, entre ellos, certificación de propiedad que demuestre ser propietarios de un terreno apto para construir, plano catastrado, etc, habiéndolo hecho de forma muy informal, en un escrito colectivo, carente de nombres, identidad, firmas y cumplimiento de requisitos [oficio del 17 mayo 2021),por lo que se les rechazó la gestión, por motivos de no contar el acueducto con capacidad hídrica y técnica, además, los recurrentes no aportaron los referidos requisitos. De igual manera, los recurrentes no han sido claros en informar, si el servicio lo requieren para uso de vivienda, o bien, su propósito es regadío de fincas para cultivos, industria o actividad pecuaria, debiendo la ASADA atender en forma privilegiada, las solicitudes para consumo humano ante nuestra falta de capacidad hidráulica y técnica. (…) Se está en espera de una prueba técnica necesaria y de la efectiva mejora y ampliación del acueducto. QUINTO: Los recurrentes hablan de una solicitud de \"vecinos\" y de un chat de Whats app, el cual no es un medio idóneo para gestiones administrativas, y no han presentado solicitud formal de la llamada \"Solicitud de \"Carta de Disponibilidad de Agua Potable\", ya sea para que estos inicien los trámites ante la Municipalidad correspondiente, de una eventual construcción de vivienda, debiendo entregar al Municipio, requisitos como: certificación literal de propiedad, plano catastrado, aprobación de uso de suelo, planos de construcción, constancia del servicio de electricidad, etc, y en otros casos, de haber construido sin permisos municipales, no es responsabilidad ni competencia de la ASADA ante dicha irregularidad, sin olvidar que la ASADA no puede ni debe poner en riesgo el actual servicio, si las solicitudes (las cuales no se han hecho formalmente), no son para habitación de los recurrentes ni familia, sino, eventualmente tratándose de algún lugar de esparcimiento, actividades sociales, regadío de cultivos, actividad pecuaria, industrial, o algún tipo de actividad comercial, por lo que es necesario establecer con claridad para qué es el servicio de agua que eventualmente solicitan y no podemos tampoco dar excepciones a persona alguna. Para ello son estrictamente necesarios los estudios técnicos por parte de Nombre48308 para la aprobación del eventual proyecto de mejora y ampliación del acueducto, pero, reiteramos, para el caso en particular, no es competencia de la ASADA. SEXTO: De la aseveración de los recurrentes en cuanto a que la ASADA provee del suministro de agua potables a los terrenos que se encuentran hasta un kilómetro desde la entrada sobre la calle principal, dejando al resto de las propiedades sin ese servicio fundamental, parecieran insinuar un trato discriminatorio, sin embargo, los recurrentes omiten en indicar a esta Honorable Sala, que los actuales abonados propietarios de dichos terrenos, tienen décadas de haber realizado sus trámites, y sobre ellos ya construyeron años atrás, y en aquél entonces, no solo debieron cumplir con todos los requisitos establecidos, sino, que para ese tiempo no existía la cantidad de servicios que a hoy día existen, lo cual no podrían alegar que se les dé un trato desigual dado que la capacidad del acueducto a hoy día ha disminuido considerablemente en comparación con hace diez, veinte, treinta o cuarenta años atrás. Sin olvidar que las comunidades para las cuales los recurrentes solicitan el recurso, está alejadas del territorio para el cual se construyó el acueducto, ocurriendo que no sólo es necesario mejorar el calibre de toda la tubería, sino realizar una extensión del ramal hacia esas comunidades, colocación de nuevos tanques de almacenamiento, superar deficiencias en la topografía y por supuesto, constitución de servidumbres de acueducto. Siendo que los interesados conforme a la ley, deberían a costa suya, realizar las respectivas mejoras y ampliación del ramal. Por su parte, igualmente deberán los recurrentes, aclarar la situación de sus terrenos, y deberán aportar los requisitos exigidos para poder ser, previa mejora del acueducto, eventuales acreedores de la aprobación de la carta de disponibilidad del agua, caso contrario, el acueducto tendrá la facultad de rechazar la gestión por incumplimiento de los requisitos y procedimientos legales que los recurrentes no pueden evadir. SÉTIMO: Finalmente, respecto del derecho a la información, cabe rescatar que el día 17 de mayo de 2021, a través de un tercero, algunos recurrentes presentaron una carta de solicitud de suministro de agua por parte de “vecinos de la comunidad\" (se adjunta), sin nombre, sin firmas, ni identidad de los solicitantes, sin requisitos tales como certificación de propiedad, plano catastrado, etc (no se trata de una solicitud formal individual de carta de disponibilidad de agua potable) sin indicar medio para notificaciones, para lo cual se les dio respuesta mediante oficio del 19 de mayo de 2021, en donde se les explica que no se les puede proveer del servicio por falta de capacidad hidráulica del acueducto, y se les informa del eventual proyecto de mejora del acueducto propuesto por Nombre48308, ocurriendo que, en tanto los referidos recurrentes no son vecinos del lugar, abrieron un chat con tal de recibir información, mediante el cual, tal y como ellos lo demuestran, se les ha estado informando sobre el proyecto de mejoras del acueducto liderado por el AYA. Por su parte, aclaramos, los recurrentes han omitido realizar la solicitud en forma, no han presentado los requisitos, y no se han preocupado por indicar medio de notificaciones, y al no ser vecinos cercanos al acueducto, y en tanto no han señalado medio de notificaciones, se les ha informado a través del chat. Cabe destacar que en ningún momento se les ha girado cartas de disponibilidad hídrica, ni para segregaciones, ventas o construcción de viviendas, por lo que la ASADA no tiene la obligación de suministrar nuevos servicios no solo por carecer de capacidad hidráulica, sino por la falta de cumplimiento de requisitos, ocurriendo que los recurrentes no han hecho tan siquiera una solicitud formal de disponibilidad de agua, como para ampliar el número de usuarios, sin afectar los actuales usuarios. La Asada no puede comprometerse a satisfacer una demanda de solicitudes de disponibilidad de agua, si no cuenta con la capacidad para satisfacerla tanto en cantidad como en calidad. Tal y como lo afirman los propios recurrentes, la red de tuberías e infraestructura es insuficiente e incapaz para el suministro de nuevos servicios, los cuales podrían superar enormemente el ya existente, poniendo en grave riesgo a los actuales usuarios. No se trata de una situación de discriminación…”.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Sobre la admisibilidad. De previo a conocer el fondo del asunto planteado, debe tenerse presente que en este amparo se tiene entre las partes recurridas a la ASADA de Linda Vista quien, aunque es un sujeto de derecho privado, se encuentra en los supuestos establecidos en el ordinal 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En el caso concreto, la Asociación recurrida es un sujeto de derecho privado que está ejerciendo potestades públicas al prestar un servicio público como lo es el suministro de agua potable. Así las cosas, resulta admisible este amparo.\n\nII.- Objeto del recurso. Los recurrentes estiman lesionados sus derechos fundamentales, pues en su comunidad La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, no hay suministro de agua potable. Ante ello, refieren que solicitaron, el 17 de mayo de 2021, un grupo de vecinos plantearon una solicitud formal ante la ASADA de Linda Vista para el suministro del servicio de agua potable, pero no obtuvieron respuesta.\n\nII.-Hechos probados. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes hechos:\n\n1.     La ASADA de Linda Vista es la encargada de prestar el servicio de suministro de agua potable para la comunidad de Linda Vista de Siquirres (ver informes).\n\n2.     La comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, tiene un acueducto de más de 40 años, el cual cuenta con una problemática de incapacidad hidráulica y de infraestructura (ver informes).\n\n3.     En la comunidad de marras, el ICAA, en conjunto con el JAPDEVA, planea ejecutar el proyecto \"Mejora y Ampliación del Acueducto de Linda Vista y sector La Ganga.\", el cual tiene como fin la mejora y ampliación del acueducto, el cual está proyectado para iniciar en 2026 (ver informes).\n\n4.     De conformidad con el ICAA, para la ejecución del proyecto se “está en la búsqueda de financiamiento para el proyecto, debido a que la institución en este momento no dispone de los fondos necesarios para llevarlo a cabo. El pasado 23 de junio, el Nombre48308 envió solicitud a Nombre415 para postular varios proyectos para financiamiento mediante el Canon de Desarrollo Regional, entre ellos el proyecto: “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.” (…) aún no se ha iniciado el proceso de licitación para este proyecto” (ver informe).\n\n5.     Según la ASADA, esta es “ajena a este proyecto en el sentido de que no tiene ni la capacidad ni los recursos como para comprometerse a llevarlo a la práctica por sí sola (…) de los 11 recurrentes del presente recurso de amparo, ya tienen desde años atrás su servicio de agua potable para su casa de habitación, los señores: Nombre48299  , Nombre48310   (esposa de Nombre48299), Nombre48309  , Rodolfo Camacho Valverde y Freddy Romero Araya, lo cual es improcedente que refieran verse afectados por una eventual negativa de la disponibilidad de agua si ya la están disfrutando, a no ser que, presumiblemente, requieran de otro servicio, quizás de una finca agrícola, no constando en el Acueducto, la solicitud formal de carta de disponibilidad alguna (…) no podemos proveer de más servicios si no se cuenta con la capacidad hidráulica de infraestructura para ello, de lo cual los recurrentes tienen muy en claro, caso contrario, desmejoraría la cantidad y calidad de agua para los actuales usuarios. Es necesario un estudio hídrico para determinar la capacidad del acueducto, la necesidad de mejoras, y que el ente rector, Nombre48308, autorice, lidere y provea de recursos económicos para llevar a cabo las obras.” (ver contestación).\n\nSobre la solicitud planteada por los recurrentes:\n\n6.     El 17 de mayo de 2021, vecinos de la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista enviaron un oficio a la ASADA de Linda Vista en el cual plantearon el suministro del servicio de agua potable (ver prueba aportada).\n\n7.     El 19 de mayo de 2021, la ASADA recurrida informó a los vecinos de la zona que no se podía aprobar la solicitud “por cuanto el acueducto no cuenta con disponibilidad hidráulica por las razones apuntadas en dicho oficio, y se les hace saber del eventual proyecto de mejoras y ampliación del ramal propuesto por Nombre48308.“ (ver contestación y prueba aportada).\n\nIII.- Hecho no probado. No se tuvo por acreditado que las autoridades del ICAA y de la ASADA de Linda Vista hayan implementado un sistema de suministro del servicio provisional o alternativo para solventar la problemática aquejada.\n\nIV.- Sobre el derecho al agua potable. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:\n\n“(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).\n\nPor su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del Nombre48308 en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que \"el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un prerequisito para la realización de otros derechos humanos\". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.\n\nPor su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.\n\nEl concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que \"al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a “emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua”, sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).\n\nDe lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc (…)” (véase la sentencia No. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).\n\n \n\nAdicionalmente, a partir de la vigencia de la ley No. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:\n\n“(…) ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.\n\nToda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.\n\nEl Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.\n\nLa ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.\n\nToda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones (…)” (el destacado fue agregado).\n\n \n\nSobre el particular, en la sentencia No. 2020-03982 de las 11:50 hrs. de 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:\n\n“(…) VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:\n\n“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:\n\nArtículo 50.-\n\n(…)\n\nToda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.\n\nARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:\n\nArtículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.\n\nLa propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.\n\nLa Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».\n\nEn este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.\n\nEs importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.\n\nAsimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.\n\nEs importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.\n\nPor otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.\n\nEs por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:\n\n“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original-\n\nEsta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido-\n\nDe tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nEs por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.\n\nEn este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución (…)”.\n\nDe igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:\n\n“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.\n\n3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, \"incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados\", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra \"incluso\" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.\n\nAdemás, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)\n\n10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.\n\n11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma\n\nrestrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.\n\n12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:\n\na) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.\n\nb) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.\n\nc) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:\n\ni) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.\n\nii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.\n\niii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.\n\niv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)\n\n25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados\n\nPartes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.\n\n26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.\n\n27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.\n\n28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)\n\n37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:\n\na) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;\n\nb) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;\n\nc) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;\n\nd) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;\n\ne) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;\n\nf) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;\n\ng) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;\n\nh) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;\n\ni) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)” (el destacado fue agregado).\n\n \n\nLo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.\n\nPor otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:\n\n“(…) 121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.\n\n122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.\n\n123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.\n\n124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.\n\n125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado fue agregado).\n\nVI.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable. Sobre el particular, en la sentencia No. 2016-12058 de las 9:30 hrs. de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:\n\n“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.\n\nAl efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:\n\n“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:\n\n“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que: “(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)\n\nEn consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:\n\n“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al Nombre48308 para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)\n\nCon lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original)\n\n“V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho\n\nservicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la\n\ninfraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida\n\npara el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse\n\nmientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima\n\nvulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.\n\nAl respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FAORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes. Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir. Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).\n\nEn adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: “Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos (…)”.\n\n \n\nVII.-Sobre el fondo. En la especie, la parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, pues en la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, tiene un acueducto de más de 40 años, el cual cuenta con una problemática de incapacidad hidráulica y de infraestructura, lo cual imposibilita el suministro de agua potable, por parte de la ASADA de Linda Vista, quien es la encargada de prestar tal servicio.\n\nDebido a la problemática de marras, el ICAA, en conjunto con el JAPDEVA, planea ejecutar el proyecto \"Mejora y Ampliación del Acueducto de Linda Vista y sector La Ganga.\", el cual tiene como fin la mejora y ampliación del acueducto, el cual está proyectado para iniciar en 2026.\n\nDe conformidad con el ICAA, para la ejecución del proyecto se “está en la búsqueda de financiamiento para el proyecto, debido a que la institución en este momento no dispone de los fondos necesarios para llevarlo a cabo. El pasado 23 de junio, el Nombre48308 envió solicitud a Nombre415 para postular varios proyectos para financiamiento mediante el Canon de Desarrollo Regional, entre ellos el proyecto: “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.” (…) aún no se ha iniciado el proceso de licitación para este proyecto”.\n\nPor su parte, según la ASADA, esta es “ajena a este proyecto en el sentido de que no tiene ni la capacidad ni los recursos como para comprometerse a llevarlo a la práctica por sí sola (…) de los 11 recurrentes del presente recurso de amparo, ya tienen desde años atrás su servicio de agua potable para su casa de habitación, los señores: Nombre48299  , Nombre48310   (esposa de Nombre48299), Nombre48309  , Rodolfo Camacho Valverde y Freddy Romero Araya, lo cual es improcedente que refieran verse afectados por una eventual negativa de la disponibilidad de agua si ya la están disfrutando, a no ser que, presumiblemente, requieran de otro servicio, quizás de una finca agrícola, no constando en el Acueducto, la solicitud formal de carta de disponibilidad alguna (…) no podemos proveer de más servicios si no se cuenta con la capacidad hidráulica de infraestructura para ello, de lo cual los recurrentes tienen muy en claro, caso contrario, desmejoraría la cantidad y calidad de agua para los actuales usuarios. Es necesario un estudio hídrico para determinar la capacidad del acueducto, la necesidad de mejoras, y que el ente rector, Nombre48308, autorice, lidere y provea de recursos económicos para llevar a cabo las obras.”.\n\nVIII.- Se acredita que es en virtud de la falta de recursos económicos y técnicos por parte de la del ICAA que aún no se ha siquiera iniciado con la primera etapa del proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”.\n\nDe conformidad con la recurrida, la falta de recursos obedece a que los ingresos que se perciben son de las tarifas establecidas por ARESEP y son para la operación del servicio actual. Sin embargo, de los autos se constata que la prestación del servicio no se está dando, pues no hay agua potable en la zona.\n\nPor lo anterior, se está coordinando con Nombre415 la gestión de recursos para la ejecución de la primera etapa del proyecto y se espera que el mismo inicie en 2026.\n\nIX. De lo expuesto, en primer lugar, indicar que respecto a la gestión planteada el 17 de mayo de 2021 por los vecinos de la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, consta que en esa fecha remitieron un oficio a la ASADA de Linda Vista en el cual plantearon el suministro del servicio de agua potable. Al respecto, consta que el 19 de mayo de 2021, la ASADA recurrida informó a los vecinos de la zona que no se podía aprobar la solicitud “por cuanto el acueducto no cuenta con disponibilidad hidráulica por las razones apuntadas en dicho oficio, y se les hace saber del eventual proyecto de mejoras y ampliación del ramal propuesto por AYA.” En ese sentido, consta que la gestión fue atendida por parte de la ASADA dentro de un plazo razonable, siendo que se les explicó la problemática que tiene el acueducto de la zona y la imposibilidad del suministro de agua por esa misma razón.\n\nSin embargo, si bien la Sala ha avalado que cuando existe un problema como la falta de capacidad hídrica o de infraestructura, ni el ICCA ni las ASADAS se encuentran obligadas a brindar un servicio que no puede satisfacer y esa denegatoria no es arbitraria, tal y como sucedió en la gestión planteada en 2021; lo cierto es que en el caso bajo estudio y en este momento, este Tribunal considera que sí existe una lesión a los derechos del tutelado, pues consta que actualmente ya existen los proyectos de mejora que permitirán solucionar la situación aquejada.\n\nAsí las cosas, en el sub lite queda en evidencia que existe un problema estructural para procurar la prestación del servicio a la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, por parte de la ASADA de Linda Vista,\n\nlo cual ha ocasionado que la zona no tenga suministro de agua potable.\n\nAhora bien, a pesar de que consta que el ICAA planea ejecutar el proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”, con la colaboración de JAPDEVA; lo cierto es que de los propios informes rendidos se desprende que el proyecto actualmente está detenido, pues existe una imposibilidad material por la falta de recursos técnicos y económicos para iniciar el proyecto y así poder suministrar agua potable a la zona.\n\nAsimismo, se echa de menos que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector del servicio de agua potable, coordinara junto con la ASADA de Linda Vista, encargada de la prestación del servicio de agua potable en la zona, la ejecución de un plan remedial para brindar el servicio de agua potable a la comunidad tutelada, a fin de procurar el acceso a agua potable.\n\nEn ese sentido, es menester reiterarle al ICAA que, como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales; así como de coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de Río Frío, por lo que no es de recibo para esta Sala el alegato de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de la zona. Por el contrario, le compete al ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de Linda Vista ajuste su funcionamiento a derecho y se logre suplir de agua potable a la zona.\n\nAdemás, se aclara que, si bien la ASADA recurrida manifestó que algunos recurrentes sí cuentan con la disponibilidad de agua potable, lo cierto es que de los informes rendidos se constató que en realidad sí existe una problemática para la prestación del servicio en la zona.\n\nEn ese orden de ideas, este Tribunal estima que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales de la comunidad de Linda Vista, pues, en este proceso, si bien se acreditó que se han tomado algunas medidas respecto a la problemática denunciada, lo cierto es que actualmente la zona no tiene acceso a agua potable. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.\n\nX.--VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que, en el plazo máximo de dieciocho meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se concluya el proyecto de ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, en el cantón de Siquirres, con el fin de garantizar el acceso efectivo a ese servicio esencial. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.\n\nXI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como a Jorge Jesús Camacho Valverde, cédula de identidad CED37598, en su condición de presidente de la Asociación de Acueducto de Linda Vista, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y se realice la coordinación interinstitucional que corresponda, para que: a) DE INMEDIATO se ejecute un plan remedial para brindar el servicio de agua potable en la comunidad de La Ganga, ubicado en Limón, Siquirres, Linda Vista, en el tanto se finaliza el proyecto ““Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de Dirección6058 ,   ”; b) dentro del plazo máximo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se finalice el proyecto “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de Dirección6058 ,   ”, que permita dotar de agua potable a la comunidad La Ganga, ubicado en Dirección6059, ,  , de manera que una vez finalizado este, se brinde el servicio de agua potable a las viviendas de la zona que cumplan los requisitos de conformidad con el ordenamiento infraconstitucional, de forma eficiente, eficaz y continua. Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a la ASADA de Linda Vista al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa y en la vía civil, respectivamente. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese”.\n\nPor tanto:\n\nSe corrige el error material consignado en la sentencia No. 2025023206 de las 9:20 horas del 24 de julio de 2025, para que, en adelante, esta sea lea íntegramente conforme se consigna en el cuarto considerando de esta resolución. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre137  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNombre138  .\n\n\n\n\nNombre139  V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlejandro Delgado F.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n ZL6I9OEU647K61\n\nEXPEDIENTE N° 25-017675-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:06:18.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nResolution No. 26522 - 2025\n\nDate of Resolution: August 22, 2025, at 09:15\n\nCase File: 25-017675-0007-CO\n\nDrafted by: Jorge Araya Garcia\n\nType of matter: Amparo remedy\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-017675-0007-CO\n\nRes. No. 2025026522\n\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes of the twenty-second of August of two thousand twenty-five.\n\nSubsequent filing submitted by Nombre48296, identification card No. CED37575.\n\nWhereas:\n\n1.- By filing received in the Secretariat of the Chamber at 16:03 hours on July 31, 2025, the appellant requests correction of judgment No. 2025023206 of 9:20 hours on July 24, 2025, because not all the names of the appellants were recorded. She points out that enforcement (ejecutoria) must be carried out before the enforcement division of the Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda); however, it is not clear whether this applies only to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, since in the case of the Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados of Linda Vista, being a private law entity, enforcement must be carried out in the civil jurisdiction (vía civil).\n\n2.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Regarding the filing submitted. In the present matter, the appellant requests correction of judgment No. 2025023206 of 9:20 hours on July 24, 2025, because, in the heading, not all the names of the appellants were recorded.\n\nShe also points out that enforcement (ejecutoria) must be carried out before the enforcement division of the Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda); however, it is not clear whether this applies only to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, since in the case of the Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados of Linda Vista, being a private law entity, enforcement must be carried out in the civil jurisdiction (vía civil).\n\nII.- Regarding the full citation of all appellants. The appellant first asks why not all the names of all the petitioners were indicated in the heading of the judgment. Although not all the names of the claimants were indicated in the heading of judgment No. 2025023206, this does not represent, in substance, any type of impairment. The foregoing, because the initial complaint (libelo de interposición) and the amparo case file, as such, do contain the names of all the moving parties. In any case, it is ordered to issue the heading of the judgment again with all the required parties.\n\nIII.- Regarding the cost award against the ASADA and the execution of the judgment. Due to a clerical error (error material), judgment No. 2025023206 indicated, regarding the respondent ASADA, that the costs, damages, and losses caused by the facts that served as the basis for the ruling in favor, must be liquidated in the execution of judgment phase (ejecución de sentencia) in the administrative litigation jurisdiction (vía contenciosa administrativa), when, correctly, it is in the civil jurisdiction (vía civil).\n\nIV.- By virtue of the foregoing, this Chamber being aware of the noted error, what is appropriate is to correct said situation, so that judgment No. 2025023206 of 9:20 hours on July 24, 2025, reads as indicated below:\n\n“Amparo remedy filed by Nombre48297, identification card CED37576, Nombre48298, identification card CED37577, Nombre48296, identification card CED37578, Nombre48299, identification card CED37579, Nombre48300, identification card CED37580, Nombre48301, identification card CED37581, Nombre48302, identification card CED37582, FREDDY ROMERO ARAYA, identification card CED37583, Nombre48303, identification card CED37584, Nombre48304, identification card CED37585, Nombre48305, identification card CED37586, Nombre48306, identification card CED37587, Nombre48307, identification card CED37588, Nombre48308, identification card CED37589, Nombre48309, identification card CED37590, Nombre48310, identification card CED37591, Nombre48311, identification card CED37592, Nombre48312, identification card CED37593, Nombre48313, identification card CED37594, RODOLFO CAMACHO VALVERDE, identification card CED37595, Nombre48314, identification card CED37596, and Nombre48315, identification card CED37597, against the ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE LINDA VISTA and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA).\n\nWhereas:\n\n1.- By filing received on June 18, 2025, the appellants file an amparo remedy and state that they are residents and owners of properties in the La Ganga sector, located in Limón, Siquirres, Linda Vista. They claim that they currently do not have potable water service. They indicate that the Asociación Administradora de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados -ASADA- of Linda Vista provides potable water to the lands located up to one kilometer from the entrance along the main road, leaving the rest of the properties without this fundamental service, arguing that, with the thickness of the current piping, it is not possible to supply the remaining properties. They point out that on May 17, 2021, a group of residents filed a formal request before the ASADA of Linda Vista for the provision of potable water service, basing the petition on Article 50 of the Political Constitution. They explain that on July 3, 2023, at the request of Mr. Carlos Matamoros, an ICAA official, a WhatsApp group was created called “Grupo interesados acueducto La Ganga”, where they were summoned to a meeting to present the project \"Improvement and Expansion of the Linda Vista Aqueduct and La Ganga sector.\" They note that on July 19, 2023, the invitation for that meeting was sent to them through the same medium, to be held: at the Dirección6056, on July 28, 2023, at 04:00 p.m. They explain that, on the designated day, the meeting was held with all the residents interested in the provision of potable water. They point out that, at that meeting, Mr. Carlos Matamoros, from ICAA, in coordination with Mr. Jorge Camacho Valverde, an ASADA official, presented the project called “Expansion of the Potable Water System for the Linda Vista project at 52 Miles from Siquirres”. They recount that this project consisted of, they quote verbatim: “…making an improvement to the ASADA Linda Vista aqueduct system, because it is an aqueduct that is over 40 years old, and based on that improvement, carrying out the construction of a new system to bring water to the community of La Ganga and, in addition, to the community of 52 Millas, in order to guarantee quality, quantity, and coverage water. This would solve the problem that arose in 2019 with hydrocarbon contamination, which left them without options to have an aqueduct system to meet their daily potable water needs.” They also add that the project indicated the installation of a total of 185 service connections (previstas) to benefit a population of 759 people, since many people are affected by this situation. They mention that, at that meeting, Mr. Matamoros indicated that the construction of two additional tanks was necessary and that the stages contemplated for the project were the following: 1. Installation of 7,000 meters of distribution piping. 2. General repairs to the existing storage tank. 3. Construction of a semi-buried storage tank of 100 m³. 4. Construction of a chlorination booth. 5. Installation of sodium hypochlorite production equipment. 6. Construction of five concrete boxes for pressure-reducing valve systems. 7. Construction of a semi-buried storage tank of 30 m³, with its respective valve boxes. 8. Installation of purge, air, and combination valves. 9. Installation of 34 new service connections (previstas) with horizontal directional drilling (“mole” type) on Dirección6057. 10. Installation of 43 new service connections (previstas) with excavation on Dirección6057. 11. Modification of 34 residential service connections (previstas domiciliarias) installed on existing pipe to be reused. 12. Installation of 108 new residential service connections (previstas domiciliarias) with their respective water meter (hidrómetro). 13. Supply of 12 water meters (hidrómetros). 14. Installation of 28 m³ of concrete for anchor blocks. 15. Installation of one service connection (prevista) for a fire hydrant in front of the Linda Vista school. 16. Construction of two pipeline crossings under asphalt road with horizontal directional drilling (“mole” type). 17. Construction of pipeline undercrossings and self-supporting crossings. 18. Construction of a commemorative monument. 19. General system operation test. They explain that Mr. Matamoros also indicated that the first stage of the project was scheduled to begin in 2024 and even informed them about the cost of the water connection (paja de agua) and the tariff according to the ARESEP table that they would have to pay once the project was advanced and the water provision was approved. They comment that on August 5, 2024, Mr. Carlos Matamoros, an ICAA official, indicated to the WhatsApp group the following: “Good afternoon, I hope everyone is well, the project already has environmental viability (viabilidad ambiental), it is expected that the works will begin next year. It already has the viabilities (viabilidades).” They argue that on April 9, 2025, through a message to the WhatsApp group, the ASADA communicated the following: “Good afternoon dear residents, this project has been a long process and in these projects things always happen that lengthen the process, at the moment, the project is already in the bidding phase (licitación), however, everything follows due process, according to the last conversation with @Carlos Matamoros it is estimated that the project would begin approximately in the second quarter of 2026…”. They point out that, upon reviewing the SICOP Public Procurement System, that bidding process is not yet underway. They also mention that, to date, neither ICAA nor the ASADA has informed them of any updates or convened another follow-up meeting. They allege that the lack of potable water provision constitutes a risk to the enjoyment of human rights, especially the right to a healthy environment, health, adequate food, and life. In other words, they affirm that it violates health, as the population is exposed to contracting diseases due to the lack of this legally protected right. For the reasons stated, they request the Chamber's intervention.\n\n2.- By resolution of 19:04 hours on June 19, 2025, the proceeding was commenced and a report was requested from the general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; in addition, a transfer was given to Jorge Jesús Camacho Valverde, identification card CED37598, in his capacity as president of the Asociación de Acueducto de Linda Vista, regarding the alleged facts.\n\n3.- María Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath, the following: “According to report No. GSD-UEN-AP-2025-00869: 'Due to the type of topography of the place, the existing aqueduct does not have the capacity to supply this La Ganga sector. It should be noted that it was verified with the ASADA regarding the issuance of water availability certifications (constancias de disponibilidad de agua) for the residents of this sector, with the ASADA indicating that the requests for water availability (disponibilidad de agua) submitted by interested parties have been rejected because there is no potable water infrastructure, so it is presumed that the construction of homes was carried out without the regulatory construction permits, a situation that would be advisable to consult with the Municipality of the area' (…) a WhatsApp group was created in which the official Nombre48308 Carlos Matamoros was included, with the purpose of informing the owners about the project's progress and maintaining an effective communication channel. This measure was taken considering that several of the owners do not reside in the La Ganga sector, and that there are few people currently living in the existing homes. In total, in this sector, only seven inhabited homes and eight parcels without buildings are counted, meaning that the majority of the appellants do not live in the sector but rather in Cartago and San José. (…) 'The meeting was held on July 28, 2023, the project and the description of the works to be built were presented, as well as the requirements that new users to the system must meet. Present at this meeting on behalf of Nombre48308 were official Carlos Matamoros, the president of the ASADA, residents and owners of the La Ganga sector as stated in the attached minutes. It should be noted that the Nombre48308 official did not report the project start date. Regarding the status of the project, the following is indicated: 1. The project design is completed. 2. The corresponding terms of reference were prepared for contracting the construction of the aqueduct improvements. 3. Nombre48308 is seeking financing for the project, because the institution currently does not have the necessary funds to carry it out. On June 23, Nombre48308 sent a request to Nombre415 to nominate several projects for financing through the Canon de Desarrollo Regional, among them the project: “Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, canton of Siquirres – Stage I. BPIP Code: 002372.” (emphasis not from the original) (…) the bidding process (licitación) for this project has not yet begun; its status was referred to in the fifth fact of this report…' (sic).”\n\n4.- Jorge Jesús Camacho Valverde, identification card CED37598, responds to the hearing in his capacity as president of the Asociación de Acueducto de Linda Vista and states the following: “Regarding the facts denounced, the undersigned representative of the respondent ASADA allows me to refer specifically to them as follows: a) It is true that my client provides the potable water supply service to the community of Linda Vista de Siquirres, with the aqueduct and infrastructure being now over forty years old since its establishment, it happening that four decades ago, the demand for potable water that we face today for new services and mainly from remote communities that are not part of the sector for which the aqueduct was initially created and of which we have the hydraulic capacity, that is to say, it is not a problem of hydraulic incapacity and infrastructure that requires a huge prior improvement and million-dollar investment, to provide new services. Thus, the aqueduct does not have the economic resources, it being the responsibility of the governing entity Instituto de Acueductos y Alcantarillados to verify the viability and feasibility of the aqueduct expansion and improvement project, and given our economic insufficiency, the search for resources to carry it out, while the communities in question are not part of the current jurisdictional territory of the ASADA. Furthermore, there is no updated hydrological study to determine the hydrological and hydraulic capacity (infrastructure) of the aqueduct, so as to know with certainty the possibility of providing more services and how many, without affecting current subscribers. The ASADA is not involved with this project in the sense that it has neither the capacity nor the resources to commit to carrying it out on its own; note the technical provisions for the improvements and magnitude of the necessary works to be carried out as set forth by the appellants themselves, mainly given the topographic characteristics of the sector for which the appellants request the services, which enormously exceeds the limited capacity of the aqueduct; b) Another important aspect to point out is the fact that of the 11 appellants in this amparo remedy, the following already have had their potable water service for their home for years: Mr. Nombre48299, Nombre48310 (wife of Nombre48299), Nombre48309, Rodolfo Camacho Valverde and Freddy Romero Araya, making it improper for them to claim to be affected by a possible denial of water availability (disponibilidad de agua) if they are already enjoying it, unless, presumably, they require another service, perhaps for an agricultural property, with no record in the Aqueduct of a formal request for a certificate of availability (carta de disponibilidad) from any of them for a new service, nor the provision of requirements such as property certification, copy of the plan, application form, etc. For their part, regarding the other appellants, there is no record in the ASADA's files of having individually received a formal request from any person, or the provision of requirements, with the ASADA unaware if they own property in the sector, as they have not provided proof of title, certification, plans, etc. There is only a letter dated May 17, 2021, 'eventually' signed by residents of Bajo de Tigre, which has no formality, lacks names, identification card numbers, signatures, or means of notification, delivered by a third party, and to which a copy was given with a received stamp, with the only signatures on said document being those of ASADA representatives, a document that has been presented by the respondents as evidence. Regarding that collective request, the ASADA resolved via letter of May 19, 2021, not to approve the request, because the aqueduct does not have hydraulic availability (disponibilidad hidráulica) for the reasons stated in said letter, and they are informed of the eventual project for improvements and expansion of the branch line proposed by AYA. We reiterate, the request submitted by the appellants was made informally and collectively, which was rejected because the aqueduct does not have sufficient infrastructure, it happening that even, eventually and for some cases, housing constructions would have been erected without municipal building permits (permisos de construcción), it being the responsibility of their owners for having possibly incurred irregularities. We do not fail to state that none of the applicants have presented proof of title to the properties, a cadastral plan, or land uses (usos de suelo), meaning they omit the regulatory and legal procedures and requirements; c) It is surprising that several of the appellants do not even live in the place, even in another province, and they appear to seek to demand potable water supply for their vacation property or for crop irrigation or livestock activity, without considering the negative impact it would generate for current users who have had potable water supply for their homes for years, given the lack of hydraulic capacity (infrastructure) and technical capacity that the ASADA currently faces, especially as this involves a considerable expansion of the pipeline network and topography problems that exceed its current capacity; d) Now, regarding the aqueduct improvement and expansion project, it is a project led by Nombre48308 together with Nombre415, and the ASADA has neither the competence nor the economic capacity to carry out a project of such magnitude, so we are not responsible for the alleged 'eventual delay' referred to by the appellants, who indicate in the appeal that the start of the aforementioned project proposed by Nombre48308 together with IAPDEVA was projected for the second semester of the year 2026. We clarify that the start of the project does not depend on the ASADA; it depends on Nombre48308 obtaining the necessary resources for its commencement, reiterating that this situation is not the competence of my client, and the ASADA cannot commit to granting new potable water services to new communities due to a lack of technical hydraulic capacity, and if the improvements that the appellants themselves describe in their appeal are not carried out first, especially given the topography situation of the lands, otherwise, far from improving, we would be forced to harm users who, for decades, have had water supply; hence the ASADA has not issued or approved water availability (disponibilidad de agua) to any applicant; e) For its part, regarding the impact on health, life, healthy eating, etc.; to the detriment of the respondents, such assertion has no basis whatsoever, given that the majority of the appellants request water not for their home, but for their properties, and if any have already built a house in the place in question, they would have built outside the law, without a potable water availability certificate (carta de disponibilidad de agua potable), without land use (uso de suelo), without a building permit (permiso de construcción), etc.; and it is not the ASADA's responsibility for having possibly built in an irregular manner, it being their obligation to regularize their situation with the respective municipality, prior to any procedure. THIRD: Although the ASADA has good will to be able to help new users for water supply, offering its collaboration in the eventual case that the aqueduct improvements and expansion are realized, it must be taken into account that currently (without said improvements and expansion), we cannot provide more services if we do not have the infrastructure hydraulic capacity for it, of which the appellants are very aware; otherwise, it would deteriorate the quantity and quality of water for current users. A hydrological study is necessary to determine the aqueduct's capacity, the need for improvements, and for the governing entity, Nombre48308, to authorize, lead, and provide economic resources to carry out the works. Furthermore, the appellants have not processed, as legally appropriate, the formal request for a water availability certificate (carta de disponibilidad de agua), nor have they submitted the legal requirements, including property certification proving ownership of land suitable for construction, cadastral plan, etc., having done so very informally, in a collective writing, lacking names, identity, signatures, and fulfillment of requirements [letter of May 17, 2021], for which the procedure was rejected on the grounds that the aqueduct does not have hydrological and technical capacity; in addition, the appellants did not provide the referred requirements. Likewise, the appellants have not been clear in informing whether they require the service for residential use, or rather, their purpose is irrigation of properties for crops, industry, or livestock activity, with the ASADA needing to preferentially address requests for human consumption given our lack of hydraulic and technical capacity. (…) We are awaiting a necessary technical test and the effective improvement and expansion of the aqueduct. FIFTH: The appellants speak of a 'residents' request and a WhatsApp chat, which is not a suitable medium for administrative procedures, and they have not submitted a formal request for the so-called 'Request for Potable Water Availability Certificate' (Carta de Disponibilidad de Agua Potable), either for them to initiate procedures before the corresponding Municipality, for a possible home construction, needing to deliver to the Municipality requirements such as: literal property certification, cadastral plan, land use approval (aprobación de uso de suelo), construction plans, proof of electricity service, etc., and in other cases, having built without municipal permits, it is not the ASADA's responsibility or competence regarding that irregularity, without forgetting that the ASADA cannot and must not put the current service at risk if the requests (which have not been formally made) are not for the dwelling of the appellants or their families, but rather, eventually involve some place of recreation, social activities, crop irrigation, livestock activity, industrial, or some type of commercial activity, so it is necessary to clearly establish what the water service is for that they eventually request and we cannot grant exceptions to anyone either. For this, technical studies by Nombre48308 are strictly necessary for the approval of the possible aqueduct improvement and expansion project, but, we reiterate, for this particular case, it is not the ASADA's competence. SIXTH: Regarding the appellants' assertion that the ASADA provides potable water supply to lands located up to one kilometer from the entrance along the main road, leaving the rest of the properties without this fundamental service, they appear to insinuate discriminatory treatment; however, the appellants omit to indicate to this Honorable Chamber that the current subscribers who own said lands have been processing their procedures for decades, and they already built on them years ago, and at that time, they not only had to meet all the established requirements, but also, at that time there were not the number of services that exist today, so they cannot claim they are given unequal treatment given that the aqueduct's capacity today has considerably decreased compared to ten, twenty, thirty, or forty years ago. Without forgetting that the communities for which the appellants request the remedy are far from the territory for which the aqueduct was built, it happening that it is not only necessary to improve the caliber of all the piping, but also to extend the branch line to those communities, install new storage tanks, overcome deficiencies in the topography, and, of course, establish aqueduct easements (servidumbres de acueducto). Given that the interested parties, according to the law, should, at their own cost, carry out the respective improvements and branch line expansion. For their part, the appellants must also clarify the situation of their lands, and must provide the requirements demanded to be, after aqueduct improvement, eventual beneficiaries of the approval of the water availability certificate (carta de disponibilidad del agua); otherwise, the aqueduct will have the authority to reject the procedure for failure to comply with the legal requirements and procedures that the appellants cannot evade. SEVENTH: Finally, regarding the right to information, it is worth noting that on May 17, 2021, through a third party, some appellants submitted a letter requesting water supply from 'community residents' (attached), without name, without signatures, nor identity of the applicants, without requirements such as property certification, cadastral plan, etc. (it is not a formal individual request for a potable water availability certificate (carta de disponibilidad de agua potable)) without indicating a means for notifications, to which a response was given via letter of May 19, 2021, where it is explained that they cannot be provided the service due to lack of hydraulic capacity of the aqueduct, and they are informed of the possible aqueduct improvement project proposed by Nombre48308, it happening that, insofar as the referred appellants are not residents of the place, they opened a chat in order to receive information, through which, as they themselves demonstrate, they have been kept informed about the aqueduct improvement project led by AYA. For our part, we clarify, the appellants have omitted to make the request formally, have not submitted the requirements, and have not concerned themselves with indicating a means of notification, and not being residents near the aqueduct, and insofar as they have not indicated a means of notification, they have been informed through the chat. It should be noted that at no time have water availability certificates (cartas de disponibilidad hídrica) been issued to them, not for segregations, sales, or construction of homes, so the ASADA has no obligation to supply new services not only due to lacking hydraulic capacity, but also due to the lack of fulfillment of requirements, it happening that the appellants have not even made a formal request for water availability (disponibilidad de agua), in order to expand the number of users, without affecting current users. The ASADA cannot commit to satisfying a demand for water availability (disponibilidad de agua) requests, if it does not have the capacity to satisfy it both in quantity and quality. As the appellants themselves state, the pipeline and infrastructure network is insufficient and incapable of supplying new services, which could enormously exceed the existing one, putting current users at serious risk. It is not a situation of discrimination…”.\n\n5.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Regarding admissibility. Before addressing the merits of the matter raised, it must be kept in mind that in this amparo, the respondent parties include the ASADA of Linda Vista, which, although it is a private law entity, falls within the assumptions established in Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In the specific case, the respondent Association is a private law entity that is exercising public powers by providing a public service such as the supply of potable water. As such, this amparo is admissible.\n\nII.- Purpose of the remedy.\n\nThe appellants consider their fundamental rights to be infringed, because in their community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, there is no drinking water (agua potable) supply. In light of this, they state that a group of neighbors submitted a formal request on May 17, 2021, to the ASADA of Linda Vista for the provision of drinking water service, but they did not receive a response.\n\nII.-Proven facts. The following facts are deemed accredited as relevant for resolving this amparo appeal:\n\n1. The ASADA of Linda Vista is responsible for providing the drinking water supply service for the community of Linda Vista de Siquirres (see reports).\n\n2. The community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, has an aqueduct that is over 40 years old, which has a problem of hydraulic and infrastructure incapacity (see reports).\n\n3. In the aforementioned community, the ICAA, together with JAPDEVA, plans to execute the project \"Improvement and Expansion of the Linda Vista and La Ganga Sector Aqueduct,\" which aims at the improvement and expansion of the aqueduct, and is projected to begin in 2026 (see reports).\n\n4. According to the ICAA, for the execution of the project, it “is seeking financing for the project, because the institution at this time does not have the necessary funds to carry it out. On June 23, Nombre48308 sent a request to Nombre415 to nominate several projects for financing through the Canon de Desarrollo Regional, among them the project: 'Expansion of the drinking water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, Siquirres canton – Phase I. BPIP Code: 002372.' (…) the bidding process for this project has not yet begun” (see report).\n\n5. According to the ASADA, it “is not involved in this project in the sense that it has neither the capacity nor the resources to commit to carrying it out on its own (…) of the 11 appellants in this amparo appeal, the following individuals have already had their drinking water service for their dwelling house for years: Nombre48299, Nombre48310 (wife of Nombre48299), Nombre48309, Rodolfo Camacho Valverde, and Freddy Romero Araya, which makes it improper for them to claim to be affected by a possible denial of water availability if they are already enjoying it, unless, presumably, they require another service, perhaps for an agricultural farm, there being no record in the Aqueduct of a formal request for any availability letter (…) we cannot provide more services if we do not have the infrastructure's hydraulic capacity for it, which the appellants are very clear about; otherwise, it would worsen the quantity and quality of water for current users. A hydrological study is necessary to determine the aqueduct's capacity, the need for improvements, and for the governing body, Nombre48308, to authorize, lead, and provide economic resources to carry out the works.” (see response).\n\nRegarding the request made by the appellants:\n\n6. On May 17, 2021, residents of the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, sent a communication to the ASADA of Linda Vista in which they requested the supply of drinking water service (see evidence provided).\n\n7. On May 19, 2021, the respondent ASADA informed the residents of the area that the request could not be approved “because the aqueduct does not have hydraulic availability for the reasons stated in said communication, and they were made aware of the eventual project for improvements and expansion of the branch line proposed by Nombre48308.” (see response and evidence provided).\n\nIII.- Unproven fact. It was not deemed accredited that the authorities of the ICAA and the ASADA of Linda Vista have implemented a provisional or alternative service supply system to resolve the problem complained of.\n\nIV.- On the right to drinking water. First, it should be noted that the right of access to drinking water has been recognized by this Court in multiple judgments and its conventional and constitutional support has been emphasized:\n\n“(…) V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment (medio ambiente), food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international Human Rights instruments applicable in Costa Rica: thus, it figures explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); in addition, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ('Protocol of San Salvador' of 1988), which provides that: 'Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.' The lack of resources does not justify the failure of public administrations to fulfill their duties in providing this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).\n\nFurthermore, as both the Procuraduría and the representative of Nombre48308 rightly acknowledge in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also majority. It is held that without equitable access to a minimum requirement of drinking water, other established rights would be unattainable—such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate amounts of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that 'the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.' It is also emphasized that the Member States of the International Covenant have the duty to fulfill progressively, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.\n\nFurthermore, several international conferences have been held, notably the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977, which recognized that all peoples have the right to access to drinking water to meet their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equality of opportunity for all to enjoy basic resources.\n\nThe concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that 'in developing and using water resources, priority must be given to satisfying basic needs and protecting ecosystems.' Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to 'employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services,' without the cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. There are also dozens of international instruments that directly and indirectly deal with water as a human right of all persons and peoples, such that it is not only a matter that by its nature tends towards nationalization, but also towards the internationalization of its use and utilization” (see judgment number 2006-5606 of 3:21 p.m. on April 26, 2006).\n\nFrom the foregoing, we can affirm that there is a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under conditions of equality, since it is essential for life and human health. Likewise, access to drinking water has been classified as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that 'the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. In this way, Member States of the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.' Similarly, regarding this issue, we can find a vast array of international instruments that refer to the right of access to drinking water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on drinking water supply and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Program of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Point 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, approved by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, approved by the United Nations General Assembly in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc. (…)” (see judgment No. 2019017397 of 12:54 p.m. on September 11, 2019).\n\n\nAdditionally, since the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, the right to drinking water is expressly recognized at the constitutional level in Costa Rica in the following terms:\n\n“(…) ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.\n\nEvery person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.\n\nThe State shall guarantee, defend, and preserve that right.\n\nThe law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.\n\nEvery person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a national asset (bien de la nación), indispensable for protecting such human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by the provisions of the law that shall be created for these purposes, and the supply of drinking water for consumption by persons and populations shall have priority (…)” (emphasis added).\n\n\nOn this matter, in judgment No. 2020-03982 of 11:50 a.m. on February 26, 2020, this Court processed the legislative consultation related to the mentioned partial amendment to Article 50 of the Political Constitution and stated:\n\n“(…) VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional amendment bill submitted by all 57 Deputies to the Legislative Assembly consists of two articles that seek the addition of a final paragraph to Article 50 of the Political Constitution, as well as the incorporation of a new transitory provision (transitorio) in Title XVIII, Sole Chapter, Transitory Provisions of the Political Constitution, as follows:\n\n'ARTICLE 1.- A paragraph is added to the end of Article 50 of the Political Constitution, of November 7, 1949. The text is as follows:\n\nArticle 50.-\n\n(…)\n\nEvery person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a national asset, indispensable for protecting such human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by the provisions of the law that shall be created for these purposes, and the supply of drinking water for consumption by persons and populations shall have priority.\n\nARTICLE 2.- A new transitory provision is added to Title XVIII, sole chapter, Transitory Provisions, of the Political Constitution, related to Article 50. The text is as follows:\n\nArticle 50 – XX. Current laws, concessions, and use permits, granted in accordance with the law, as well as the rights derived therefrom, shall remain in force until a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water enters into force.'\n\nThe proposal thus formulated, and already approved in the first debate, refers not only to the express recognition of access to water as a human right but is directly related to the fact that this human right that is positively recognized therein is regarding access to drinking water, since it is based on the consideration of water—and especially drinking water—as an essential and intrinsic element for the life and health of persons, thus being in accordance with what is stated in Article 21 and in the first part of Article 50 itself of the Political Constitution, and the jurisprudential developments of this same Chamber that derive from such norms.\n\nThe Chamber notes that the right of access to water, and especially to drinking water, forms part of various enunciations in the field of international human rights law, through different instruments with varying scope or legal nature, but which, by their very condition and pursuant to the provisions of Article 48 of the Political Constitution, must necessarily be considered regarding this matter. Thus, this right has been related and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment of the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions are found in subsection 1) of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights – Protocol of San Salvador –, and even in Convention 169 of the International Labour Organization. And regarding general resolutions, there is, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution: E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution 70/169 of December 17, 2015, which expressly state that water must be 'safe and of acceptable quality for personal and domestic uses,' and access to 'drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner.'\n\nIn this sense, it is valid to affirm that the proposed addition to Article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to drinking water, is in accordance with the legal developments on the matter shown at the international level and embodied in declarations, conventions, and resolutions of different natures, hence its conformity with the legal progress shown in this regard at the international level, and by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact on the internal sphere of States, just as this proposed constitutional amendment seeks to formalize at that level.\n\nIt is important to point out that reference is made to the fact that the proposal seeks to formalize the situation at the constitutional level, since indeed the issue of access to water, and to drinking water, is regulated in our country within the framework of legality, by a profuse normative framework that ranges from the Water Law (Ley de Aguas) of 1942, the General Law of Potable Water (Ley General de Agua Potable) of 1953, the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) of 1961, the General Health Law (Ley General de Salud) of 1973, the Law for the Creation of SENARA of 1983, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) of 1995, and the Forestry Law (Ley Forestal) of 1996, among others.\n\nLikewise, the protection of the environment and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life but also the intrinsic and necessary protection that must be provided to it by the institutional framework in general, from specialized agencies such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), and the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), to others of a broader nature such as the Water Directorate (Dirección de Aguas) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) itself, the Ministry of Health (Ministerio de Salud), and the Municipalities of the country, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of water resources (recurso hídrico), but also their legitimate provision for human consumption in compliance with the established parameters and the real possibilities of their effective supply – see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791-.\n\nIt is important to note the emphasis that the amendment proposes not only in terms of recognizing access to drinking water as a human right, but also its particular condition as public domain asset (bien demanial), in the same sense that the diverse legislation here enunciated already refers. Note that the normative proposal states that 'water is a national asset', that is, an asset that belongs in general to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, an asset that is diffused among all of society and its actors, a public domain asset that requires not only all protection due to its condition of being essential for life, but also to allow its use for the diverse areas that may be required, provided that due sustainability and its comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are addressed. Note that the recognition of the human right is regarding drinking water, stating subsequently that water—thus, in general terms—is indispensable for protecting the human right recognized in the first part of the paragraph, without this implying in any way the impossibility of using the resource for other types of purposes—agricultural, industrial, or development—, provided it is done in a manner consistent with the provisions on the aforementioned right to the environment and guaranteeing the existence of adequate resources for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and above it, a human right of access to drinking water, from which it follows that the normative formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to drinking water as a human right.\n\nOn the other hand, it must be taken into consideration that, according to what has already been stated, this access must be sought and provided in accordance with the prior fulfillment of the established parameters and according to the real possibilities of supply. That is, as has been established in the copious jurisprudence of this Chamber on the matter, although the recognition of access to drinking water is configured as a human right, its effective provision may be subject to the concrete and certain possibilities of granting, from which it follows that this access, recognized as fundamental, may well be subject to the fulfillment of specific conditions that in turn allow for guaranteeing the existence and preservation of this asset.\n\nIt is for this reason that the already mentioned United Nations General Assembly Resolution 70-169 of December 17, 2015, states in its paragraph 5 the exhortation to States to:\n\n'Guarantee the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, in particular for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on the grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other grounds, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as the disparity between rural and urban areas, residence in slums, income levels and other relevant factors.' – emphasis not in original-\n\nThis progressivity referred to in this resolution develops the analogous provision that in conventional terms is enshrined in the first paragraph of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, stating that: 'Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.' – emphasis added-\n\nIn this way, the legitimate regulation that allows for the adequate and orderly access to drinking water recognized here as a human right is valid, because it is about promoting its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nIt is for this reason that the legislation that regulates the matter—as could be the one thus proposed in the same paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposed transitory provision XX—, must, in due course, necessarily be consistent with the set of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to drinking water also as a human right, so that certainly that legislation indicated there must adjust to Constitutional Law and the provisions contemplated therein on the matter.\n\nIn this sense, in accordance with what is stated herein, it is appreciated that the bill processed under legislative file 21.382 is in direct consonance with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, for which reason it fits adequately into the same provision of Article 50 of the Constitution, and is consistent with the constitutional values and principles that guide it, without there being in any way any friction with those essential or core elements that inform and make up Constitutional Law (…)”.\n\nSimilarly, it is worth highlighting what is established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights made at the 29th session held in Geneva between November 11 and 29, 2002, in which it stated:\n\n“(…) 2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.\n\n3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living 'including adequate food, clothing and housing'. The use of the word 'including' indicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival.\n\nMoreover, the Committee has previously recognized that water is a human right protected by article 11, paragraph 1, (see General Comment No. 6 (1995)).2 The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1)3 and the rights to adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1).4 The right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity (…)\n\n10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to existing water supplies necessary for the right to water, and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water.\n\n11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with article 11, paragraph 1, and article 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future generations.\n\n12. While the adequacy of water required for the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:\n\na) Availability. The water supply for each person must be sufficient and continuous for personal and domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work conditions.\n\nb) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person's health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.\n\nc) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has four overlapping dimensions:\n\ni) Physical accessibility. Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, lifecycle and privacy requirements.\n\nPhysical safety must not be threatened during access to water services and facilities.\n\nii) Economic accessibility. Water and water services and facilities must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with water supply must be affordable and must not compromise or threaten the exercise of other rights recognized in the Covenant.\n\niii) Non-discrimination. Water and water services and facilities must be accessible to all in fact and in law, including the most vulnerable and marginalized sectors of the population, without discrimination on any of the prohibited grounds.\n\niv) Access to information. Accessibility includes the right to seek, receive, and disseminate information concerning water issues (…)\n\n25. The obligation to fulfill can be subdivided into the obligations to facilitate, promote, and ensure. The obligation to facilitate requires States Parties to adopt positive measures that enable and assist individuals and communities to exercise the right. The obligation to promote imposes on the State Party the adoption of measures to ensure that adequate information is disseminated regarding the hygienic use of water, the protection of water sources, and methods to reduce water waste. States Parties also have the obligation to make effective (ensure) the right in cases where individuals or groups are unable, for reasons beyond their control, to exercise that right themselves with the means at their disposal.\n\n26. The obligation to fulfill requires States Parties to adopt the necessary measures for the full exercise of the right to water. This obligation includes, among other things, the need to sufficiently recognize this right in the national political and legal order, preferably through the implementation of laws; to adopt a national water resources strategy and action plan for the exercise of this right; to ensure that water is affordable for all; and to facilitate greater and sustainable access to water, particularly in rural areas and disadvantaged urban areas.\n\n27. To ensure that water is affordable, States Parties must adopt the necessary measures, which could include: a) the use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; b) adequate pricing policies, such as the provision of water free of charge or at low cost; and c) income supplements. All payments for water supply services shall be based on the principle of equity, in order to ensure that these services, whether public or private, are within the reach of all, including socially disadvantaged groups. Equity requires that poorer households should not bear a disproportionate burden of water expenses compared to wealthier households.\n\n28. States Parties must adopt comprehensive and integrated strategies and programs to ensure that present and future generations have sufficient and safe water21. These strategies and programs could include: a) reduction of the depletion of water resources through extraction, diversion, or containment; b) reduction and elimination of contamination of watersheds and water-related ecosystems by radiation, harmful chemical substances, and human excrement; c) monitoring of water reserves; d) ensuring that any proposed improvement does not obstruct access to potable water; e) examination of the impact that certain measures may have on water availability and on natural ecosystems' watersheds, such as climate change, desertification and increased soil salinity, deforestation, and loss of biodiversity22; f) increased efficient use of water by consumers; g) reduction of water waste during distribution; h) response mechanisms for emergency situations; and i) creation of competent institutions and establishment of appropriate institutional arrangements to implement the strategies and programs (…)\n\n37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States Parties have a fundamental obligation to ensure, at a minimum, the satisfaction of essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee's view, at least some core obligations in relation to the right to water can be identified, which have immediate effect:\n\na) To guarantee access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and suitable for personal and domestic use and to prevent diseases;\n\nb) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially with respect to vulnerable or marginalized groups;\n\nc) To guarantee physical access to water facilities or services that provide a sufficient and regular supply of safe water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are located at a reasonable distance from the household;\n\nd) To ensure that personal security is not threatened when people have to go to obtain water;\n\ne) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;\n\nf) To adopt and implement a national water strategy and action plan for the entire population; the strategy and action plan shall be developed and periodically reviewed through a participatory and transparent process; they shall provide methods, such as the establishment of indicators and benchmarks, to closely monitor progress; the process by which the strategy and action plan are conceived, as well as their content, shall pay special attention to all vulnerable or marginalized groups;\n\ng) To monitor the degree of realization, or non-realization, of the right to water;\n\nh) To adopt water programs oriented toward concrete goals and of relatively low cost to protect vulnerable and marginalized groups;\n\ni) To adopt measures to prevent, treat, and control diseases associated with water, in particular by ensuring access to adequate sanitation services (…)” (emphasis added).\n\nThe foregoing is relevant insofar as the content of the right to water is detailed by outlining its characteristics, among them, quality, accessibility, and availability, since it is established that the human right to water implies a sufficient supply for each person for personal and domestic use.\n\nOn the other hand, in the judgment of November 27, 2023, issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Habitantes de la Oroya vs Perú, that court ordered:\n\n“(…) 121. Likewise, persons enjoy the right for water to be free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes the obligation on States consisting of: a) designing standards and policies that define water quality standards and, reinforcedly, in treated and residual waters that are compatible with human health and the health of ecosystems; b) monitoring contamination levels of water bodies and, if applicable, informing of possible risks to human health and the health of ecosystems; c) carrying out plans and, in general, undertaking any practice for the purpose of controlling water quality that includes the identification of its main causes of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards, and e) adopting actions that ensure the management of water resources in a sustainable manner. The Court equally considers that States must design their standards, plans, and water quality control measures in accordance with the best available science, attentive to the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability and, even, from the basis of international cooperation.\n\n122. As a complement to the above, the Court recalls that in the case of Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This derives from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow deriving rights from which, in turn, the right to water derives. In this regard, the Court pointed out that among those are the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its Article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its Article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.\n\n123. Regarding its normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that “access to water […] comprises ‘consumption, sanitation, laundry, food preparation, and personal and domestic hygiene’, as well as for some individuals and groups also […] ‘additional water resources due to health, climate, and working conditions’”. Likewise, that “access to water” implies “obligations of progressive realization”, but that “however, States have immediate obligations, such as guaranteeing [said access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization”. Furthermore, that States must provide protection against acts of private individuals, so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, as well as “guarantee an essential minimum of water”, in those “particular cases of persons or groups of persons who are not in a position to access water by themselves […], for reasons beyond their control”.\n\n124. At this point, the Court specifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects water bodies as elements of the environment that have value in themselves, as a universal interest, and for their importance for other living organisms including human beings. The second facet recognizes the determining role that water has in human beings and their survival, and, therefore, protects their access, use, and utilization by human beings. In this way, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component starts from an ecocentric premise, while -for example- the right to potable water and its sanitation is grounded in an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but, not in all cases, the violation of one necessarily implies the violation of the other.\n\n125. Moreover, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligation to respect and to ensure, provided for in Article 1.1 of the Convention, one of whose forms of observance consists of preventing violations. This obligation projects to the private sphere to prevent third parties from violating protected legal interests, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and ensure that their eventual violations are effectively considered and treated as an illicit act. Along these lines, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and oversee certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct and its non-compliance is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)” (emphasis added).\n\nVI.- Regarding the right to the proper functioning of public services and the role of ICAA as the governing body in the area of potable water supply. On this matter, in judgment No. 2016-12058 of 9:30 a.m. of August 26, 2016, this Chamber indicated:\n\n“(…) in the sub judice it is determined that the ICAA, as the governing body in the matter, has breached its duties of oversight and supervision regarding the provision of the public service of potable water and sewerage, and, therefore, has violated the rights of the petitioners. According to Articles 1 and 2 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, the ICAA is responsible, among other functions, for resolving everything related to the supply of potable water and the sanitary sewerage service; for directing and supervising everything concerning providing the inhabitants with potable water service; and for administering and directly operating the aqueduct and sewerage systems throughout the country; for which reason it is inexcusable that the ICAA has not acted in order to prevent and remedy a situation like the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without signing any delegation agreement.\n\nTo this effect, it is worth recalling what the Chamber, in judgment No. 2014-012971 of 2:45 p.m. of August 8, 2014, indicated in relation to the ICAA and its duties to supervise and guarantee the proper functioning of the public services in question:\n\n“IV.- Regarding the right to the proper functioning of public services and the role of ICAA as the governing body in the area of water supply. In judgment number 2012-12009 of 09:05 a.m. of August 31, 2013, this Chamber ordered the following, which is of interest for the resolution of the sub lite:\n\n“This Chamber has held that the Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of the administered to the good and efficient functioning of public services, that is: that they be provided with high quality standards. This has, as a necessary corollary, the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, prompt, effective, and efficient manner. This latter obligation derives from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subsection 8 (which imposes on the Executive Branch the duty to “Monitor the proper functioning of services and administrative dependencies”), 139, subsection 4 (as it incorporates the concept of “good governance”) and 191 (insofar as it incorporates the principle of “efficiency of the administration”). This Court has also indicated that said atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as the supply of potable water, as such precious goods as health and human life are at stake, for which reason the principles of effectiveness, efficiency, promptness, continuity, and adaptation must prevail with greater rigor (see, in this sense, judgments number 2008-016405 of 7:04 p.m. of October 30, 2008, and 2008-017633 of 12:06 p.m. of December 5, 2008). In this context, the role of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing body in the matter, acquires particular importance. This Chamber has pointed out that: “(…) pursuant to the provisions of Article 1 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, said autonomous institution was created with the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting planning, financing, and development, and of resolving everything related to the supply of potable water. To fulfill this purpose, and pursuant to the provisions of Article 2 of that same normative body, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for directing and supervising everything concerning providing the inhabitants of the Republic with a potable water service, as well as utilizing, using, governing, or supervising, as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of the cited law. With this, it is verified that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the first called upon to ensure that all the inhabitants of the Republic can benefit from a potable water supply system, capable of supplying said liquid continuously and in sufficient quantity to duly satisfy the basic needs of all persons, in effective protection of their fundamental rights to life and health” (judgment number 2011005457 of 11:32 a.m. of April 29, 2011.)\n\nIn line with the above, this Chamber has emphasized that in those cases where the service of supplying water for human consumption is provided by an ASADA, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is called upon to exercise effective and efficient actions of surveillance and control over the respective water supply system, in terms of its operation, maintenance, administration, and development, in order to guarantee its proper functioning (judgment number 2011009487 of 9:15 a.m. of July 22, 2011). In fact, recently, in judgment number 2012006447 of 10:30 a.m. of May 18, 2012, this Chamber expressed:\n\n“(…) although Article 2 of Law 2726 empowers the Nombre48308 to agree with community organizations on the administration of aqueduct and sewerage systems, the appellant Institute, as the governing body in the matter, is responsible for all matters related to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for the supply of water to the populations. Based on the above, the Administration cannot excuse the nonexistence of an efficient potable water service on the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct by the licensed private body (…)\n\nWith this, the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to supervise and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems is verified” (the emphasis does not correspond to the original)\n\n“V.- On the specific case. In this case, the petitioner alleges that in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, the ICAA provides the potable water service through delegation to an ASADA; however, said service is provided deficiently and requires improvements in infrastructure, for which reason the Municipalidad de La Cruz allocated an item for the improvement of said aqueduct, which cannot be executed while the ICAA does not carry out the corresponding technical studies. She deems her fundamental right of access to potable water violated.\n\nIn this regard, the Chamber took as accredited that the Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, does not have a valid legal status, as it expired on July 31, 2007. Likewise, it is observed that the ASADA El Porvenir has not submitted to the ICAA the documentation required for the process of signing the delegation agreement. Furthermore, the ICAA does not have an updated diagnosis of the aqueduct system operated by the ASADA El Porvenir. From the case file it was verified that through official letter number SB-GSC-GA-FAORAC-CH-2014-1758 of July 3, 2014, the Head of the Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega of the ICAA suggested to the ASADA El Porvenir that it contract the services of a professional to carry out a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was demonstrated that the Municipalidad de La Cruz allocated an item of 3 million colones to make improvements to the aqueduct infrastructure, which will be executed once the corresponding technical studies are carried out. In light of this situation, the Chamber deems that the amparo must be partially granted, only against the ICAA. As explained in the preceding considerando, the ICAA is obligated to supervise and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems, and therefore cannot excuse itself by claiming that the nonexistence of an efficient potable water service is due to a lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct. As the governing body in the area of potable water supply, the ICAA is called upon to contribute to the prompt resolution of the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Thus, for the Chamber, the allegation of the respondent authorities of the ICAA, to the effect that they bear no type of responsibility for the problems presented with the ASADA of El Porvenir, is not acceptable. As long as the problem in the water supply continues, the most vulnerable party are the residents of the locality, who must tolerate the ineffectiveness of the responsible entities and, consequently, suffer from the deficient provision of the public potable water service. Under this rationale, the ICAA must supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of El Porvenir adjusts its functioning to the law and the necessary technical studies can be carried out to authorize the investment of the municipal budget already allocated for the improvement of the potable water supply in that community and, therefore, of the quality of life of all its citizens.” (The emphasis does not correspond to the original).\n\nIn addition, section 36 subsection 1) of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, points out as an obligation and right of the ICAA: “To sign and rescind Delegation Agreements for the management of aqueduct and sewerage systems with Administrating Associations, when so recommended by the Management and approved by its Board of Directors, for reasons of convenience, opportunity, or ineffectiveness in the provision of public services (…)”.\n\nVII.- On the merits. In this case, the petitioner deems their fundamental rights violated, as the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, has an aqueduct over 40 years old, which has problems of hydraulic and infrastructure incapacity, making the supply of potable water impossible by the ASADA of Linda Vista, which is the entity responsible for providing such service.\n\nDue to the aforementioned problems, the ICAA, together with JAPDEVA, plans to execute the project \"Mejora y Ampliación del Acueducto de Linda Vista y sector La Ganga.\" (\"Improvement and Expansion of the Aqueduct of Linda Vista and La Ganga sector\"), which aims at the improvement and expansion of the aqueduct, which is projected to begin in 2026.\n\nAccording to the ICAA, for the execution of the project it is “seeking financing for the project, because the institution at this time does not have the necessary funds to carry it out. Last June 23, the Nombre48308 sent a request to Nombre415 to nominate several projects for financing through the Canon de Desarrollo Regional, among them the project: “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres – I Etapa. Código BPIP: 002372.” (\"Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, canton of Siquirres – Stage I. BPIP Code: 002372.\") (…) the bidding process for this project has not yet started”.\n\nFor its part, according to the ASADA, it is “unrelated to this project in the sense that it has neither the capacity nor the resources to commit to carrying it out by itself (…) of the 11 petitioners of this recurso de amparo, the following have had their potable water service for their dwelling house since years ago: Mr. Nombre48299, Mrs. Nombre48310 (wife of Nombre48299), Mr. Nombre48309, Mr. Rodolfo Camacho Valverde and Mr. Freddy Romero Araya, which makes it improper for them to claim they are affected by an eventual denial of water availability if they are already enjoying it, unless, presumably, they require another service, perhaps for an agricultural farm, as there is no record in the Aqueduct of any formal request for an availability letter (…) we cannot provide more services if we do not have the hydraulic capacity of infrastructure for it, which the petitioners are very clear about, otherwise, the quantity and quality of water for the current users would deteriorate. A hydrological study is necessary to determine the capacity of the aqueduct, the need for improvements, and for the governing body, Nombre48308, to authorize, lead, and provide economic resources to carry out the works.”.\n\nVIII.- It is accredited that it is by virtue of the lack of economic and technical resources on the part of the ICAA that the first stage of the project “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres” has not even begun.\n\nAccording to the respondent, the lack of resources is because the income received is from the rates established by ARESEP and is for the operation of the current service. However, it is evident from the case file that the service provision is not taking place, as there is no potable water in the zone.\n\nDue to the above, resource management is being coordinated with Nombre415 for the execution of the first stage of the project and it is expected to begin in 2026.\n\nIX. From the foregoing, in the first place, to indicate that regarding the request filed on May 17, 2021, by the residents of the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, it is recorded that on that date they sent a letter to the ASADA of Linda Vista in which they requested the supply of potable water service. In this regard, it is recorded that on May 19, 2021, the respondent ASADA informed the residents of the zone that the request could not be approved “because the aqueduct does not have hydraulic availability for the reasons noted in said letter, and they are made aware of the eventual improvement and expansion project of the branch line proposed by AYA.” In that sense, it is recorded that the request was addressed by the ASADA within a reasonable time, as they were explained the problems that the aqueduct in the zone has and the impossibility of supplying water for that very reason.\n\nHowever, although the Chamber has endorsed that when there is a problem such as a lack of water capacity or infrastructure, neither the ICCA nor the ASADAs are obligated to provide a service that cannot be satisfied and that denial is not arbitrary, as happened in the request filed in 2021; the truth is that in the case under study and at this time, this Court considers that there is indeed a violation of the rights of the protected party, as it is documented that improvement projects that will allow the solution of the afflicted situation currently exist.\n\nThus, in the sub lite it becomes evident that there is a structural problem in seeking the provision of the service to the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, by the ASADA of Linda Vista, which has caused the zone to lack a supply of potable water.\n\nNow then, despite the fact that it is documented that the ICAA plans to execute the project “Ampliación del sistema de agua potable desde la comunidad de Linda Vista hacia la comunidad de 52 Millas, cantón de Siquirres”, with the collaboration of JAPDEVA; the truth is that from the reports rendered it is clear that the project is currently stalled, as there is a material impossibility due to the lack of technical and economic resources to start the project and thus be able to supply potable water to the zone.\n\nLikewise, it is noticeably absent that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing body of the potable water service, coordinated together with the ASADA of Linda Vista, responsible for the provision of the potable water service in the zone, the execution of a remedial plan to provide potable water service to the protected community, in order to obtain access to potable water.\n\nIn that sense, it is necessary to reiterate to the ICAA that, as the governing body in the area of potable water supply, it is obligated to supervise and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems; as well as to contribute to the prompt resolution of the problems affecting the community of Río Frío, for which reason the argument that they bear no type of responsibility for the problems presented with the ASADA of the zone is not acceptable to this Chamber.\n\nConversely, it is incumbent upon ICAA to supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of Linda Vista adjusts its operations to the law and can supply potable water to the area.\n\nFurthermore, it is clarified that, although the respondent ASADA stated that some petitioners do have potable water available, the truth is that from the reports rendered, it was verified that a problem does in fact exist for the provision of the service in the area.\n\nIn this line of reasoning, this Court considers that the respondent authorities have violated the fundamental rights of the community of Linda Vista, since, in this proceeding, although it was demonstrated that some measures have been taken regarding the denounced problem, the truth is that the area currently does not have access to potable water. By virtue of the foregoing, it is necessary to declare the filed appeal with merit, with the consequences that will be detailed in the operative part of this judgment.\n\nX.--PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal must be declared with merit, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving highly complex technical aspects, as is the case here, so that, within a maximum period of eighteen months, counted from the notification of this judgment, the project for the expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of 52 Millas, in the canton of Siquirres, is completed, in order to guarantee effective access to that essential service. Instead, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding enforcement (article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment enforcement rules of said Code.\n\nXI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is declared with merit. Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as Jorge Jesús Camacho Valverde, identity card CED37598, in his capacity as president of the Asociación de Acueducto de Linda Vista, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their powers, and to engage in the corresponding inter-institutional coordination, so that: a) IMMEDIATELY a remedial plan is executed to provide potable water service in the community of La Ganga, located in Limón, Siquirres, Linda Vista, while the project “Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of Dirección6058 , ” is completed; b) within a maximum period of EIGHTEEN MONTHS, counted from the notification of this judgment, the project “Expansion of the potable water system from the community of Linda Vista to the community of Dirección6058 , ” is completed, which will allow providing potable water to the community of La Ganga, located at Dirección6059, , , so that once this is completed, potable water service is provided to the homes in the area that meet the requirements in accordance with the infra-constitutional legal system, in an efficient, effective, and continuous manner. The respondents, or those who occupy their positions, are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the ASADA of Linda Vista are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment in the contentious-administrative venue and in the civil venue, respectively. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Enforcement Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the enforcement rules established in articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the enforcement procedures for this ruling may be initiated. Notify.”\n\nPor tanto:\n\nThe material error contained in judgment No. 2025023206 of 9:20 a.m. on July 24, 2025, is corrected, so that, henceforth, it shall be read in its entirety as set forth in the fourth considerando of this resolution. Notify.-" }