{ "id": "nexus-sen-1-0007-1327714", "citation": "Res. 14025-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Municipalidad debe tutelar zona de protección del río Ipís", "title_en": "Municipality must protect Ipís River setback zone", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una asociación ambiental contra la Municipalidad de Vásquez de Coronado por la presunta invasión del área de protección del río Ipís y la falta de respuesta a una denuncia. La municipalidad argumentó que las construcciones cercanas al río son anteriores a la vigencia de la Ley Forestal N° 7575 (1996) y que, por tanto, no podía aplicarles retroactivamente sus restricciones. La Sala, por mayoría, estimó el recurso en cuanto a la infracción del derecho a un ambiente sano. Consideró que la protección de los cuerpos de agua no nace con la Ley Forestal de 1996, sino que ya existía en normativa anterior (Ley de Tierras y Colonización, Ley Forestal de 1969 y su reforma). Además, criticó la falta de un estudio técnico sobre el impacto ambiental de las construcciones. En consecuencia, anuló el oficio municipal denegatorio y ordenó ejercer sus competencias de tutela efectiva de la zona de protección del río Ipís. En cuanto a la falta de respuesta oportuna, se declaró con lugar pero sin condena en costas, salvo votos salvados.", "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo filed by an environmental association against the Municipality of Vásquez de Coronado for the alleged invasion of the protection area of the Ipís River and the lack of response to a complaint. The municipality argued that the buildings near the river predate the Forestry Law No. 7575 (1996) and, therefore, its restrictions could not be applied retroactively. The Chamber, by majority vote, granted the appeal regarding the violation of the right to a healthy environment. It held that the protection of water bodies does not originate with the 1996 Forestry Law, but already existed in earlier legislation (Ley de Tierras y Colonización, Forestry Law of 1969 and its reform). It also criticized the absence of a technical study on the environmental impact of the constructions. Consequently, it annulled the municipal ruling and ordered the exercise of its powers to effectively protect the Ipís River setback zone. Regarding the lack of timely response, the appeal was granted without awarding costs, except for dissenting votes.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "09/05/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "water-law", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "zona de protección", "retiro", "irretroactividad", "competencia municipal", "tutela del ambiente", "amparo ambiental", "artículo 33 Ley Forestal" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 34", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 33", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "Art. 7", "law": "Ley de Tierras y Colonización 2825" }, { "article": "Arts. 51-52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "zona de protección de ríos", "derecho a un ambiente sano", "irretroactividad de la ley", "competencia municipal", "río Ipís", "Vásquez de Coronado", "sentencia 14025-2025", "artículo 33 Ley Forestal", "tutela ambiental" ], "keywords_en": [ "amparo appeal", "river protection zone", "right to a healthy environment", "non-retroactivity of law", "municipal jurisdiction", "Ipís River", "Vásquez de Coronado", "ruling 14025-2025", "article 33 Forestry Law", "environmental protection" ], "excerpt_es": "VI. SOBRE EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Adicionalmente, la parte recurrente solicita “…proceder a realizar todas las gestiones necesarias para que se respete el área del río…”. Examinada la respuesta que brindó la autoridad recurrida, en el sentido de que, por la antigüedad de las obras, no podía adoptarse ninguna medida de salvaguarda del área de protección del río, difiere la mayoría de la Sala de ese enfoque y considera que la tutela del derecho a un medio ambiente sano, del cual forma parte esencial la protección de los cuerpos de aguas, impone una solución distinta.\n\nPara empezar, un somero repaso del ordenamiento jurídico protector de aguas permite concluir que el punto de partida temporal para la concretización de tal tutela difícilmente podría ser la Ley Forestal No. 7575, de 16 de abril de 1996. Dicho con otras palabras, jurídicamente resulta insostenible afirmar que las infracciones a los retiros tendientes a proteger las aguas solo pueden sancionarse con posterioridad a abril de 1996. Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización número 2825 de 14 de octubre de 1961 dispuso: ... Aún la Ley Forestal de 1996 ... tuvo varias versiones anteriores, que también reconocen márgenes de protección de los cauces...\n\nPor otra parte, se omite toda referencia al impacto de las construcciones ... sobre el recurso hídrico. No se efectuó ni se citó ningún estudio de carácter técnico o inspección sobre este aspecto, que permita entender si se trata de afectaciones inocuas o ambientalmente relevantes.", "excerpt_en": "VI. ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Additionally, the petitioner requests \"...to take all necessary steps to ensure the river area is respected...\". After examining the response provided by the respondent authority, stating that, due to the age of the structures, no safeguard measures for the river protection area could be adopted, the majority of the Chamber disagrees and considers that the protection of the right to a healthy environment, of which the protection of water bodies is an essential part, imposes a different solution.\n\nTo begin with, a brief review of the legal framework protecting waters leads to the conclusion that the temporal starting point for the realization of such protection can hardly be the Forestry Law No. 7575 of April 16, 1996. In other words, it is legally untenable to claim that violations of the setbacks intended to protect waters can only be sanctioned after April 1996. For example, Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961 provided: ... Even the 1996 Forestry Law ... had several previous versions, which also recognized protection margins for watercourses...\n\nMoreover, no reference is made to the impact of the constructions ... on the water resource. No technical study or inspection was conducted or cited on this aspect to understand whether the effects are innocuous or environmentally relevant.", "outcome": { "label_en": "Granted (partial)", "label_es": "Con lugar (parcial)", "summary_en": "The appeal is granted for violation of the right to a healthy environment; municipal order AL-200-0180-2025 is annulled, and the municipality is ordered to exercise its powers to effectively protect the Ipís River setback zone.", "summary_es": "Se declara con lugar el recurso por infracción al derecho a un ambiente sano, se anula el oficio municipal AL-200-0180-2025 y se ordena ejercer competencias de tutela efectiva de la zona de protección del río Ipís." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI", "quote_en": "the protection of the right to a healthy environment, of which the protection of water bodies is an essential part, imposes a different solution.", "quote_es": "la tutela del derecho a un medio ambiente sano, del cual forma parte esencial la protección de los cuerpos de aguas, impone una solución distinta." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "it is legally untenable to claim that violations of the setbacks intended to protect waters can only be sanctioned after April 1996.", "quote_es": "jurídicamente resulta insostenible afirmar que las infracciones a los retiros tendientes a proteger las aguas solo pueden sancionarse con posterioridad a abril de 1996." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "the renunciation of the municipal powers whose exercise the petitioner urged is unacceptable.", "quote_es": "resulta inaceptable la renuncia de las competencias municipales cuyo ejercicio instó el actor." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1327714", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 14025 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 09 de Mayo del 2025 a las 13:05\n\nExpediente: 25-006945-0007-CO\n\nRedactado por: Ingrid Hess Herrera\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\nSentencias Relacionadas Sentencias del mismo expediente\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*CO*\n\nExp: 25-006945-0007-CO\n\nRes. Nº 2025-014025\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y cinco minutos del nueve de mayo de dos mil veinticinco.\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-006945-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, en representación de la ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL VALLE VERDE, contra la MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido e incorporado al expediente a las 09:36 horas del 11 de marzo de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO, y manifiesta que, el 09 de septiembre de 2024 planteó una denuncia ante la autoridad recurrida, donde manifestó \"Realizar todas las gestiones necesarias para que se respete el área protegida que debe tener los ríos de Costa Rica. Viendo el oficio AL-200- 764-2024, con fecha 26 de junio de 2024, en el que comprobó que se está invadiendo el área de protección del Río Ipís, violentando el artículo 33 de la Ley Forestal, por lo tanto, proceda la Alcaldía Municipal, a cumplir con el ordenamiento jurídico y realice todas las gestiones necesarias para que se respete el área protegida que deben tener los ríos de Costa Rica\". Añade que, pese al tiempo transcurrido acusa que no ha recibido respuesta a su gestión, ni tampoco se ha procedido de conformidad.\n\n 2.- Mediante resolución de Presidencia de las 09:19 horas del 12 de marzo de 2025, se le dio curso al presente recurso de amparo y se le solicitó informes al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Vásquez de Coronado.\n\n 3.- Informa bajo juramento Yamilet Quesada Zúñiga, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, informa de manera sucinta que:\n\n “(…) Primero: El hecho primero, se rechaza parcialmente. Tal y como se puede apreciar en la prueba que adjunta el actor, efectivamente él presentó gestión ante el municipio el pasado 9 de setiembre, donde solicita que mi representada tome acciones pertinentes, para la recuperación de las zonas de protección del rio Ipis, justificándose en el oficio AL-200-764-2024. Sobre este particular quiero aclarar que no es cierto que en el referido oficio la suscrita haya indicado que existían zonas de protección invadidas, por el contrario, se le explicó al señor Nombre01, que las propiedades que él menciona estaban constituidas previo a la entrada en vigor de la Ley 7575, por lo que no se le puede aplicar las restricciones contenidas en ese cuerpo normativo.\n\n Segundo: El hecho segundo lo rechazo, se rechaza por inexacto. En este hecho el actor hace referencia, principalmente, a que mi representada no a procedido a cumplir con el ordenamiento jurídico, en proteger las áreas de protección del rio, en cumplimiento a la protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tal y como se le aclaró al actor, que las construcciones que existen en la zona de protección del rio Ipis, fueron edificadas previo a la entrada en vigor de la Ley 7575, que fue el 16 de abril de 1996. Sobre este particular, es trascendental traer a colación que el artículo 34 de la Constitución Política establece que ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Es claro que las restricciones contenidas en el artículo 33 de la Ley 7575, no se le puede exigir a las construcciones existentes antes de la entrada en vigor de la ley, sino que se aplican para el futuro, para las nuevas edificaciones a construir. “… por definición, las leyes rigen siempre hacia el futuro, por ser ésta la única forma de concebirlas como reglas o normas de conducta…”, y que “…la aplicación retroactiva de una norma sólo procede por mandato expreso de la ley, y cuando con ello no se infrinja el precepto constitucional establecido en su artículo 34; es decir, la aplicación retroactiva de la ley procede únicamente cuando con ello no se afecte persona alguna, derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, y por el contrario, se beneficie al interesado con esa aplicación retroactiva”. (Dictámenes C-198-99 de 5 de octubre de 1999 y C-132-2019 de 14 de mayo de 2019 Procuraduría General de la República). (…)\n\nSegún la información catastral de la zona, y como se deriva del montaje facilitado por el Departamento de Catastro Municipal y Topografía, se observa lo siguiente:\n\n 1. Al costado Este del puente, aguas arriba del cuerpo de aguas, se ubican terrenos municipales de la Urbanización Don Trino, conformados por área de parque, juegos infantiles, Facilidades Comunales, así como un área destinada a la Zona de Protección del río, con 10m de ancho, descrita según plano SJ-314699-1996. Los terrenos son de carácter público, inscritos a Nombre02 de la Municipalidad, y se encuentran libres de construcciones, por tanto, no se manifiesta incumplimiento en cuanto al retiro del río.\n\n2. Al costado Oeste del puente, aguas abajo del cuerpo de aguas, se ubican terrenos de terceros, en colindancia con el río\n\na) Finca 1-364882, plano catastrado SJ-772634-1988, presenta construcciones cercanas cauce del cuerpo de aguas.\n\nb) Finca 1-341563, plano catastrado SJ-599609-1985, presenta construcciones cercanas cauce del cuerpo de aguas.\n\nc) Finca 1-178519, Plano catastrado SJ-771910-1988, presenta construcciones cercanas cauce del cuerpo de aguas.\n\nd) Finca 1-337591, Plano catastrado SJ-599607-1985, ésta no posee colindancia al sur con el cuerpo de aguas, por lo que se descarta del análisis.\n\ne) Finca Terreno sin inscripción en Registro Nacional, Inscripción por Información Posesoria, referencia de plano SJ-636926-1986. Según imágenes satelitales de la zona, obtenidas a partir de consulta pública por medio de los servicios Open Geospatial Consortium (OGC) a través de la plataforma Google Earth, tomadas con fecha 23 de febrero 2024, en este terreno no se observa ninguna construcción en las cercanías del cuerpo de aguas, por lo que se descarta del presente análisis. En el contexto del análisis, debe considerarse además que la Ley Forestal que entra en vigencia a partir del 16 de abril de 1996.\n\nDe previo a dicha normativa, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), comúnmente señalaba para proyectos urbanísticos y desarrollos un retiro de 5m del cauce (…) Según los registros municipales se advierte que las obras construidas en sitio poseen más de 30 años de antigüedad, siendo previas a la entrada en vigencia de la Ley Forestal; para ese entonces no se registra un retiro de zona de protección, tal como lo establece la normativa hoy día, por lo que resulta imposible aplicar la legislación actual a casos consolidados previamente a su entrada en vigencia (…)” Solicita se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Informa bajo juramento María Jimena Alvarado Zúñiga, en calidad de Presidente del Concejo Municipal de Vásquez de Coronado, quien indica que la Alcaldía no procedió a darle el debido curso y atención a la denuncia que se hace a favor de la Asociación de Protección Ambiental Valle Verde. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n\n 5. En fecha 1° de abril de 2025, se reciben manifestaciones de Nombre03, en favor de la amparada.\n\n 6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la magistrada Hess Herrera; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- CUESTIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a la denuncia por un procedimiento ambiental por supuestamente no respetarse el debido retiro de un río para la construcción de inmuebles, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo lo descrito, esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de las solicitudes de este tipo. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este recurso de amparo.\n\n II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que, realizó una denuncia en fecha 09 de septiembre de 2024, por la falta de retiro de unas construcciones respecto del Río Ipís, en la Municipalidad de Vásquez de Coronado, sin que a la fecha haya obtenido respuesta, ni la autoridad recurrida haya procedido de conformidad.\n\nIII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) El 09 de septiembre de 2024 el recurrente presentó el trámite 132626 en la plataforma de servicios de la Municipalidad de Vázquez de Coronado (ver prueba aportada).\n\nb) La resolución de curso del presente recurso de amparo fue notificada a la alcaldesa de Coronado, el 14 de marzo de 2025 (ver actas de notificación).\n\nc) En fecha 17 de marzo de 2025, la alcaldesa de Vázquez de Coronado remitió al correo  ...01  el oficio Telf01, para dar respuesta al Trámite Municipal 132626 (ver informe rendido y prueba aportada).\n\n IV.- SOBRE EL DERECHO A UNA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA. En el sub lite, el recurrente manifiesta que, acude en amparo contra la Alcaldesa del cantón Vázquez de Coronado, por cuanto presentó una denuncia en fecha 09 de septiembre de 2024, sobre la posible inobservancia de los espacios de retiro en algunos inmuebles en las cercanías al Río Ipís, en la jurisdicción de esa municipalidad. Explica que, la recurrida no solo no le ha brindado respuesta, sino que tampoco ha actuado para atender lo denunciado.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado que, en fecha 14 de marzo de 2025, la autoridad municipal fue notificada del presente recurso de amparo y que en fecha 17 de marzo del presente año, le brindó respuesta al recurrente mediante el envió del oficio AL-200-0180-2025 al tutelado, donde le respondió:\n\n“Referencia: Trámite Municipal 132626\n\nEn atención a la referencia, donde su persona, manifiesta lo siguiente:\n\nSobre este particular, considero que se tergiversó o se malinterpretó lo señalado en el oficio AL-200- 764-2024, ya que en el referido documento no se indicó que el área de protección del Rio Ipís, estuviera invadida.\n\nEn el oficio señalado se indica de forma clara, que la Ley Forestal #7575, comenzó a regir 16 de abril de 1996 de previo a dicha normativa, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), comúnmente señalaba para proyectos urbanísticos y desarrollos un retiro de 5m del cauce. Las fincas indicadas, Folio Real 1-364882, 1-341563, y 1-178519, son propiedades con mucha antigüedad, cuyos planos datan de los años 1985 – 1988. Considerando lo anterior, se consultaron además las declaraciones de valor de propiedad, presentadas por los contribuyentes ante la oficina de Bienes Inmuebles, para estas fincas:\n\n \n\n \n\n \n\nSegún los registros municipales se advierte que las obras construid\nas en sitio poseen más de 30 años de antigüedad, siendo previas a la entrada en vigor de la Ley Forestal; para ese entonces no se registra un retiro de zona de protección, tal como lo establece la normativa hoy día, por lo que resulta imposible aplicar la legislación actual a casos consolidados previamente a su entrada en vigor.\n\nA partir de un análisis catastral para las fincas indicadas, se realizó la proyección de un retiro a 5m y 10m de la colindancia con el cuerpo de aguas. Se observa que, considerando un retiro a 5m, en el caso de las fincas 1-178519 y 1-341563, las edificaciones construidas se encontrarían fuera de la presunta área de retiro; para el caso de la finca 1-364882, algunas construcciones estarían parcialmente dentro de esta zona de retiro, sin embargo, debido a su antigüedad no habría forma de aplicar una legislación que no existía para entonces.\n\nAhora bien, redundando en el asunto, teniendo claridad que las construcciones que existen en el sitio en estudio fueron edificadas previo a la entrada en vigor de la Ley Forestal, no les son aplicables las restricciones contenidas en ella; en este sentido el artículo 34 de la Constitución Política establece:\n\nARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.\n\nNótese que existe una restricción por ley, no se puede aplicar la ley de forma retroactiva en perjuicio de los ciudadanos, esto se da en resguardo del principio de seguridad jurídica.\n\nEn atención a lo anterior, quiero hacer propias lo señalado por la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-076-2005 del 21 de febrero de 2005, que cito: “Uno de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico es la seguridad jurídica. En efecto, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha recogido la seguridad como valor fundamental del Estado Social de Derecho (así, en resoluciones N.°. 5402- 94, 169-95 y 4192-95, entre otras). Y esa caracterización no es de extrañar, ya que la seguridad jurídica es una conditio sine qua non para el logro de otros valores constitucionales: “En el Estado de Derecho la seguridad jurídica asume unos perfiles definidos como: presupuesto del Derecho, pero no de cualquier forma de legalidad positiva, sino de aquella que dimana de los derechos fundamentales, es decir, los que fundamentan el entero orden constitucional; y, función del Derecho que ‘asegura’ la realización de las libertades. Con ello, la seguridad jurídica no sólo se inmuniza frente al riesgo de su manipulación, sino que se convierte en un valor jurídico ineludible para el logro de los restantes valores constitucionales.”, A, PÉREZ LUÑO: La Seguridad Jurídica, Barcelona, Editorial Ariel S.A., 1991, p.20.\n\nDel principio de seguridad se derivan distintos corolarios. Entre ellos, la claridad y no confusión normativa, la publicidad de las normas y sobre todo la irretroactividad de estas. El Derecho debe promover la certeza y ésta se afecta cuando la norma es confusa, impide al administrado conocer a qué debe atenerse o bien, si se le aplica retroactivamente incidiendo sobre situaciones consolidadas. La Sala Constitucional ha indicado al respecto:\n\n“La seguridad jurídica...es la situación del sujeto del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta...” (Sala Constitucional, resolución N° 8390-97 de 16:21 hrs. del 9 de diciembre de 1997).\n\nEl principio no postula la intangibilidad del ordenamiento, pero sí que las modificaciones no sean brutales ni retroactivas, se adopten en su caso medidas transitorias que permitan la evolución de la legislación en un marco de certeza para los destinatarios. Diversos mecanismos procuran su salvaguardia, entre ellos el principio de irretroactividad de las normas jurídicas.\n\nEl principio general en materia de aplicación de las normas jurídicas es que la norma jurídica se aplica hacia el futuro, cuando se produce el presupuesto de hecho previsto por la norma. Empero, la norma puede comprender hechos producidos con anterioridad a su eficacia hechos acaecidos durante su vigencia y hechos producidos con posterioridad a su vigencia. En el primer caso, se produce una situación de retroactividad, en el segundo de irretroactividad y el tercero determina la ultractividad de la norma. Interesa aquí la retroactividad.\n\nLa retroactividad se presenta cuando una norma jurídica nueva pretende invadir el dominio de aplicación de la anterior, aplicándose a hechos que se han producido antes de su entrada en vigor. Por el contrario, la irretroactividad implica que la ley nueva se ajuste a su período de vigencia, de modo que solo se aplique a los hechos que se produzcan tras su entrada en vigor, pero no a los anteriores, que habían surgido bajo el dominio de la ley derogada. De allí que para establecer si una norma es retroactiva debe establecerse si su aplicación es hacia el futuro o bien, si pretende incidir en hechos o situaciones ya acontecidos o, en su caso, en curso de ejecución.\n\n Como tesis de principio, podría afirmarse que toda norma retroactiva por el hecho de serlo es susceptible de lesionar la seguridad jurídica; esta lesión, no obstante, es de diversa intensidad en cada caso y no siempre provoca un problema de regularidad jurídica.\n\nEl principio de irretroactividad de las normas jurídicas tiene en Costa Rica valor constitucional. Dispone el artículo 34 de la Carta Política:\n\n“A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.\n\nAhora bien, no toda situación de irretroactividad está prohibida. La Constitución prohíbe dar efecto retroactivo a las normas cuando esta retroactividad produce perjuicio a una persona, afecta sus derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. A contrario sensu, la norma jurídica puede ser retroactiva cuando beneficia a una persona, sin perjudicar a terceros. En ese sentido, la norma tributaria o penal que establezca una situación más favorable para el contribuyente o para los imputados puede ser retroactiva”.\n\nEn atención a lo anterior, lo solicitado por el señor Nombre01, no puede ser acogido, ya que las construcciones existentes en la zona de protección del Rio Ipís, son previas a la entrada en vigor de la Ley 7575, por lo que no se les puede aplicar las restricciones contenidas en esta normativa, con base al artículo 34 de la Constitución Política”\n\nAl respecto, esta Sala evidencia la falta de respuesta al trámite presentado por el recurrente en el mes de septiembre del pasado año, pero de igual manera se logra tener por acreditado que la recurrida brindó la información requerida al administrado en fecha 17 de marzo del año en curso, luego de la notificación de la resolución que dio curso al presente asunto, lo cual sucedió el 14 de marzo de 2025. Por lo que, en cuanto este aspecto particular el recurso debe estimarse, con las consecuencias que se indicarán en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nVI. SOBRE EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Adicionalmente, la parte recurrente solicita “…proceder a realizar todas las gestiones necesarias para que se respete el área del río…”. Examinada la respuesta que brindó la autoridad recurrida, en el sentido de que, por la antigüedad de las obras, no podía adoptarse ninguna medida de salvaguarda del área de protección del río, difiere la mayoría de la Sala de ese enfoque y considera que la tutela del derecho a un medio ambiente sano, del cual forma parte esencial la protección de los cuerpos de aguas, impone una solución distinta.\n\nPara empezar, un somero repaso del ordenamiento jurídico protector de aguas permite concluir que el punto de partida temporal para la concretización de tal tutela difícilmente podría ser la Ley Forestal No. 7575, de 16 de abril de 1996. Dicho con otras palabras, jurídicamente resulta insostenible afirmar que las infracciones a los retiros tendientes a proteger las aguas solo pueden sancionarse con posterioridad a abril de 1996. Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización número 2825 de 14 de octubre de 1961 dispuso:\n\n \n\n\"Artículo 7º. - Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes:\n\n(...)\n\nc) Los terrenos de las islas, los situados en las márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de todas las fuentes que estén en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales, o en que tengan sus orígenes o cabeceras cualesquiera cursos de agua de los cuales se surta alguna población, o que convenga reservar con igual fin. En terrenos planos o de pequeño declive se considerará inalienable una faja de doscientos metros a uno y otros lados de dichos ríos, manantiales o arroyos; y en las cuencas u hoyas hidrográficas, una faja de terreno de trescientos metros a uno y otros lados de la depresión máxima, en toda la línea, a contar de la mayor altura inmediata; (...)\"\n\n \n\nAún la Ley Forestal de 1996, en la que se apoya la respuesta del ente local accionado, tuvo varias versiones anteriores, que también reconocen márgenes de protección de los cauces: la Ley Forestal de 1969 establecía 5 metros de protección a partir del margen en su artículo 84, mientras que la reforma de 1990 establecía una protección de 10 metros del margen del río.\n\nPor otra parte, se omite toda referencia al impacto de las construcciones a las que se refiere el recurrente sobre el recurso hídrico. No se efectuó ni se citó ningún estudio de carácter técnico o inspección sobre este aspecto, que permita entender si se trata de afectaciones inocuas o ambientalmente relevantes.\n\nDe esta forma, a la luz del derecho a un medio ambiente sano, resulta inaceptable la renuncia de las competencias municipales cuyo ejercicio instó el actor y corresponde, por ende, estimar el amparo y anular el oficio AL-200-0180-2025. Deberá la autoridad recurrida ejercer sus competencias de tutela efectiva del área de protección del río Ipís, así como aquellas de coordinación con las autoridades correspondientes, de conformidad con la normativa ambiental aplicable.\n\nVI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO Y DE LA MAGISTRADA JARA VELÁSQUEZ, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. \n\nSi bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.  \n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:  \n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.  \n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:   \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  \n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.  \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.  \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:   \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.  \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. \n\n VIII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:\n\n La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de treinta días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO: \n\n Por mayoría, se declara con lugar el recurso, en cuanto a la infracción del derecho a un medio ambiente sano. Se anula el oficio AL-200-0180-2025 y se ordena a Yamilet Quesada Zúñiga, alcaldesa de Vázquez de Coronado, o a quien ocupe su cargo, ejercer sus competencias de tutela efectiva del área de protección del río Ipís, así como aquellas de coordinación con las autoridades correspondientes, de conformidad con la normativa ambiental aplicable. En cuanto a la falta de respuesta de la gestión presentada por el recurrente en fecha 09 de septiembre de 2024 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se estima el amparo, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado y la Magistrada Jara Velásquez salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, al estimar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i.\n\n \n\n \n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A.                                Jorge Araya G.\n\n \n\n                         \n\nIngrid Hess H.                                    Aracelly Pacheco S.\n\n \n\n \n\nAna Cristina Fernández A.                        Nombre04.\n\n \n\nExp: 25-006945-0007-CO\n\nRes. Nº 2025015276\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintitres de mayo de dos mil veinticinco .\n\n  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 23-018989-0007-CO, interpuesto por [NOMBRE02 001], CÉDULA DE IDENTIDAD [CED01], EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL VALLE VERDE, CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO.\n\nRESULTANDO:\n\nÚNICO.- Por Sentencia N° 2025-014025 de las 13:05 horas del 09 de mayo de 2025, se resolvió el presente proceso de amparo, declarando con lugar el recurso, con el voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado y de la magistrada Jara Velásquez.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- DE PREVIO. La Ley de Jurisdicción Constitucional faculta a esta Sala para adicionar y aclarar sus sentencias, en aquellos casos en que resulte procedente, al disponer:\n\n“Artículo 12.- Las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio\n\nen cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo”.\n\nAsí, la adición de un pronunciamiento procede cuando un punto del planteamiento original del recurso no fue resuelto en el fallo, y la aclaración cuando dicho fallo fue resuelto en términos oscuros o ambiguos, implicando de esta forma una difícil comprensión de este. La adición y la aclaración son, entonces, formas para complementar una sentencia o de explicar los alcances que tiene el fallo.\n\nII.- Analizada la Sentencia N° 2025-014025 de las 13:05 horas del 09 de mayo de 2025, este Tribunal observa que existe un error en su parte dispositiva, ya que no se relaciona de forma íntegra con el análisis de los hechos y las pruebas que realizó este Tribunal en la parte considerativa de la sentencia. Visto lo anterior, en este acto se procede a subsanar el error material, detectado en la parte dispositiva y en su registro de resolución, para que se lea la parte dispositiva en los siguientes términos:\n\n“Por mayoría, se declara con lugar el recurso, en cuanto a la infracción del derecho a un medio ambiente sano. Se anula el oficio AL-200-0180-2025 y se ordena a Yamilet Quesada Zúñiga, alcaldesa de Vázquez de Coronado, o a quien ocupe su cargo, ejercer sus competencias de tutela efectiva del área de protección del río Ipís, así como aquellas de coordinación con las autoridades correspondientes, de conformidad con la normativa ambiental aplicable. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se condena a la MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO al pago de las costas daños y perjuicios causados con los hechos de sirven de base a la presente declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de Sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, al estimar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. En lo demás, se mantiene incólume la sentencia de cita.\n\nPOR TANTO:\n\nSe corrige el error material contenido en la parte dispositiva y en el registro de resolución de la Sentencia N° 2025-014025 de las 13:05 horas del 09 de mayo de 2025, para que se lea según se estableció en el Considerando II de esta resolución.-\n\n \n\n \n\n\t\n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\n \n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\nRosibel Jara V.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nObservaciones de SALA CONSTITUCIONAL\n\nvotado con boletaSe adjunta la sentencia 2025015276 del expediente 25-006945-0007-CO\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:07:58.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Sala Constitucional**\n\n**Resolution No. 14025 - 2025**\n\n**Date of Resolution:** May 9, 2025 at 1:05 p.m.\n\n**Case File:** 25-006945-0007-CO\n\n**Drafted by:** Ingrid Hess Herrera\n\n**Type of Matter:** Amparo appeal\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Related Rulings** Rulings from the same case file\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\n**Text of the resolution**\n\n*CO*\n\nExp: 25-006945-0007-CO\n\nRes. No. 2025-014025\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at one hour and five minutes past noon on May ninth, two thousand twenty-five.\n\n Amparo appeal processed in case file number 25-006945-0007-CO, filed by Nombre01, identity card number CED02, representing the ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL VALLE VERDE, against the MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO.\n\n**Resultando (Whereas):**\n\n 1.- By a writing received and incorporated into the case file at 9:36 a.m. on March 11, 2025, the appellant files an amparo appeal against the MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO, and states that, on September 9, 2024, he filed a complaint before the respondent authority, in which he stated: \"Take all necessary steps to ensure the protected area that Costa Rican rivers must have is respected. Seeing official letter AL-200-764-2024, dated June 26, 2024, in which it was verified that the protection area of the Río Ipís is being invaded, violating Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal), therefore, the Municipal Mayor's Office must proceed to comply with the legal system and take all necessary steps to ensure the protected area that Costa Rican rivers must have is respected.\" He adds that, despite the time elapsed, he asserts that he has not received a response to his request, nor has the matter been addressed accordingly.\n\n 2.- By a Presidency resolution at 9:19 a.m. on March 12, 2025, this amparo appeal was processed and reports were requested from the Mayor and the Council President, both of the Municipalidad de Vásquez de Coronado.\n\n 3.- Yamilet Quesada Zúñiga, in her capacity as Mayor of the Municipalidad de Vásquez de Coronado, reports under oath, succinctly stating that:\n\n “(…) First: The first fact is partially rejected. As can be seen in the evidence provided by the plaintiff, he indeed filed a request with the municipality on September 9, where he requests that my client take appropriate actions for the recovery of the protection zones of the Río Ipis, based on official letter AL-200-764-2024. On this particular matter, I want to clarify that it is not true that in the referred official letter the undersigned indicated that there were invaded protection zones; on the contrary, it was explained to Mr. Nombre01 that the properties he mentions were established prior to the entry into force of Law 7575, and therefore, the restrictions contained in that regulatory body cannot be applied to them.\n\n Second: I reject the second fact as inaccurate. In this fact, the plaintiff refers mainly to my client not having proceeded to comply with the legal system in protecting the river's protection areas, in compliance with the protection of a healthy and ecologically balanced environment. As was clarified to the plaintiff, the constructions that exist in the protection zone of the Río Ipis were built prior to the entry into force of Law 7575, which was April 16, 1996. On this particular matter, it is crucial to bring up that Article 34 of the Political Constitution establishes that ARTICLE 34.- No law shall be given retroactive effect to the detriment of any person, or their acquired property rights or consolidated legal situations. It is clear that the restrictions contained in Article 33 of Law 7575 cannot be demanded of constructions existing before the law's entry into force, but rather apply for the future, to new buildings to be constructed. ‘… by definition, laws always govern towards the future, as this is the only way to conceive them as rules or norms of conduct…’, and that ‘…the retroactive application of a rule only proceeds by express mandate of the law, and when such does not infringe the constitutional precept established in its Article 34; that is, the retroactive application of the law proceeds only when it does not affect any person, acquired property rights or consolidated legal situations, and on the contrary, benefits the interested party with that retroactive application’. (Legal Opinions C-198-99 of October 5, 1999 and C-132-2019 of May 14, 2019 Procuraduría General de la República). (…)\n\nAccording to the cadastral information of the area, and as derived from the assembly provided by the Department of Municipal Cadastre and Topography, the following is observed:\n\n 1. On the East side of the bridge, upstream of the water body, municipal lands of the Urbanización Don Trino are located, consisting of a park area, children's playgrounds, Community Facilities, as well as an area designated for the River Protection Zone, 10m wide, described according to plan SJ-314699-1996. The lands are public, registered to Nombre02 of the Municipality, and are free of constructions; therefore, no breach regarding the river setback is manifested.\n\n2. On the West side of the bridge, downstream of the water body, third-party lands are located, adjacent to the river.\n\na) Property 1-364882, cadastral plan SJ-772634-1988, presents constructions near the water body's channel.\n\nb) Property 1-341563, cadastral plan SJ-599609-1985, presents constructions near the water body's channel.\n\nc) Property 1-178519, Cadastral plan SJ-771910-1988, presents constructions near the water body's channel.\n\nd) Property 1-337591, Cadastral plan SJ-599607-1985, this one does not border the water body to the south, so it is discarded from the analysis.\n\ne) Property Land without registration in the National Registry, Registration by Possessory Information, plan reference SJ-636926-1986. According to satellite images of the area, obtained from public consultation through Open Geospatial Consortium (OGC) services via the Google Earth platform, taken on February 23, 2024, no construction is observed on this land near the water body, so it is discarded from this analysis. In the context of the analysis, it must also be considered that the Forest Law came into effect as of April 16, 1996.\n\nPrior to this regulation, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), commonly required a setback of 5m from the channel for urban projects and developments (...) According to municipal records, it is noted that the works built on site are over 30 years old, being prior to the entry into force of the Forest Law; at that time, a protection zone setback was not registered, as established by the regulations today, making it impossible to apply current legislation to cases consolidated prior to its entry into force (...)” She requests that the appeal be dismissed.\n\n4.- María Jimena Alvarado Zúñiga reports under oath, in her capacity as President of the Concejo Municipal de Vásquez de Coronado, who indicates that the Mayor's Office did not proceed to give due process and attention to the complaint filed on behalf of the Asociación de Protección Ambiental Valle Verde. She requests that the appeal be dismissed.\n\n 5. On April 1, 2025, statements from Nombre03 are received, in favor of the protected party.\n\n 6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\n Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- PRELIMINARY ISSUE. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on Ruling No. 2008-02545, of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve an administrative procedure by final act – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the case at hand, an exception scenario is raised, as it concerns a complaint regarding an environmental procedure for allegedly not respecting the due setback from a river for the construction of buildings, which, presumably, has not been resolved within a reasonable period. Considering what has been described, this Chamber will assess possible delays in the resolution of requests of this type. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo appeal.\n\n II.- SUBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that he filed a complaint on September 9, 2024, regarding the lack of a setback for certain constructions from the Río Ipís at the Municipalidad de Vásquez de Coronado, without having received a response to date, nor has the respondent authority proceeded accordingly.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been proven or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:\n\na) On September 9, 2024, the appellant filed procedure 132626 on the service platform of the Municipalidad de Vázquez de Coronado (see evidence provided).\n\nb) The resolution processing this amparo appeal was notified to the mayor of Coronado on March 14, 2025 (see notification records).\n\nc) On March 17, 2025, the mayor of Vázquez de Coronado sent official letter Telf01 to the email ...01 , to respond to Municipal Procedure 132626 (see report rendered and evidence provided).\n\n IV.- ON THE RIGHT TO A PROMPT ADMINISTRATIVE JUSTICE. In the case at hand, the appellant states that he seeks amparo against the Mayor of the cantón Vázquez de Coronado, since he filed a complaint on September 9, 2024, about the possible non-observance of setback spaces on some buildings near the Río Ipís, within the jurisdiction of that municipality. He explains that the respondent has not only failed to provide him with a response but has also failed to act to address what was reported.\n\nFrom the study of the case file, it has been demonstrated that on March 14, 2025, the municipal authority was notified of this amparo appeal and that on March 17 of this year, it provided a response to the appellant by sending official letter AL-200-0180-2025 to the protected party, where it responded:\n\n“Reference: Municipal Procedure 132626\n\nIn response to the reference, where you state the following:\n\nOn this particular matter, I believe that what was indicated in official letter AL-200-764-2024 was distorted or misinterpreted, since the referred document did not indicate that the protection area of the Río Ipís was invaded.\n\nThe indicated official letter clearly states that Forest Law #7575 came into effect on April 16, 1996; prior to this regulation, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), commonly required a setback of 5m from the channel for urban projects and developments. The indicated properties, Real Folio 1-364882, 1-341563, and 1-178519, are very old properties, whose plans date back to the years 1985 – 1988. Considering the above, the property value declarations submitted by taxpayers to the Bienes Inmuebles office were also consulted for these properties:\n\n| Finca Folio Real | Año de Construcción |\n| --- | --- |\n| 1-178519 | 1990 |\n| 1-341563 | 1988 |\n| 1-364882 | Construcción consolidada previo a entrada en vigor de Ley 7575 |\n\nAccording to municipal records, it is noted that the works built on site are over 30 years old, being prior to the entry into force of the Forest Law; at that time, a protection zone setback was not registered, as established by the regulations today, making it impossible to apply current legislation to cases consolidated prior to its entry into force.\n\nBased on a cadastral analysis for the indicated properties, a projection of a 5m and 10m setback from the boundary with the water body was carried out. It is observed that, considering a 5m setback, in the case of properties 1-178519 and 1-341563, the buildings constructed would be outside the alleged setback area; for property 1-364882, some constructions would be partially within this setback zone, however, due to their age, there would be no way to apply legislation that did not exist at that time.\n\nNow, reiterating the matter, having clarity that the constructions that exist on the site under study were built prior to the entry into force of the Forest Law, the restrictions contained therein are not applicable to them; in this sense, Article 34 of the Political Constitution establishes:\n\nARTICLE 34.- No law shall be given retroactive effect to the detriment of any person, or their acquired property rights or consolidated legal situations.\n\nNote that there is a restriction by law; the law cannot be applied retroactively to the detriment of citizens; this is done to safeguard the principle of legal certainty.\n\nIn response to the above, I wish to adopt the statements made by the Procuraduría General de la República, in opinion C-076-2005 of February 21, 2005, which I quote: \"One of the fundamental values of the legal system is legal certainty. Indeed, the jurisprudence of the Sala Constitucional has assimilated certainty as a fundamental value of the Social Rule of Law (as in resolutions No. 5402-94, 169-95, and 4192-95, among others). And this characterization is not surprising, since legal certainty is a conditio sine qua non for the achievement of other constitutional values: ‘In the Rule of Law, legal certainty assumes defined profiles as: a presupposition of Law, but not of just any form of positive legality, but of that which emanates from fundamental rights, that is, those that support the entire constitutional order; and, a function of Law that ‘ensures’ the realization of liberties. Thereby, legal certainty not only becomes immune to the risk of its manipulation but becomes an inescapable juridical value for the achievement of the remaining constitutional values.’ A. PÉREZ LUÑO: La Seguridad Jurídica, Barcelona, Editorial Ariel S.A., 1991, p.20.\n\nVarious corollaries derive from the principle of certainty. Among them, normative clarity and non-confusion, the publicity of norms, and above all the non-retroactivity of these. Law must promote certainty, and this is affected when a norm is confusing, prevents the administered party from knowing what to expect, or if it is applied retroactively, impacting consolidated situations. The Sala Constitucional has indicated in this regard:\n\n‘Legal certainty...is the situation of the subject, of the individual as an active and passive subject of social relations, who, knowing or being able to know what the valid juridical norms are, has fundamental expectations that they will be fulfilled. This juridical value seeks to provide certainty against modifications to the Law, seeks to avoid the uncertainty of valid Law, that is, arbitrary juridical modifications made without prior study and consultation...’ (Sala Constitucional, resolution No. 8390-97 of 4:21 p.m. on December 9, 1997).\n\nThe principle does not postulate the intangibility of the legal system but does require that modifications not be brutal or retroactive, adopting, where appropriate, transitional measures that allow the evolution of legislation within a framework of certainty for its recipients. Various mechanisms seek its safeguarding, among them the principle of non-retroactivity of juridical norms.\n\nThe general principle regarding the application of juridical norms is that a juridical norm is applied towards the future, when the legal factual assumption provided for by the norm occurs. However, a norm can encompass facts produced prior to its effectiveness, facts occurring during its validity, and facts produced after its validity. In the first case, a situation of retroactivity occurs, in the second, non-retroactivity, and the third determines the ultractivity of the norm. Retroactivity is of interest here.\n\nRetroactivity occurs when a new juridical norm seeks to invade the application domain of the previous one, applying to facts that have occurred before its entry into force. On the contrary, non-retroactivity implies that the new law adjusts to its period of validity, only applying to facts that occur after its entry into force, but not to previous ones that had arisen under the domain of the repealed law. Hence, to establish if a norm is retroactive, it must be determined whether its application is towards the future or whether it seeks to affect already occurred facts or situations, or, as the case may be, those in the process of execution.\n\n As a principle thesis, it could be affirmed that every retroactive norm, by the very fact of being so, is susceptible to harming legal certainty; this harm, however, is of varying intensity in each case and does not always cause a problem of juridical regularity.\n\nThe principle of non-retroactivity of juridical norms has constitutional value in Costa Rica. Article 34 of the Political Charter provides:\n\n‘No law shall be given retroactive effect to the detriment of a person, or their acquired property rights or consolidated legal situations.’\n\nNow, not every situation of non-retroactivity is prohibited. The Constitution prohibits giving retroactive effect to norms when this retroactivity causes harm to a person, affects their acquired property rights, or consolidated legal situations. A contrario sensu, a juridical norm can be retroactive when it benefits a person, without harming third parties. In that sense, a tax or criminal norm that establishes a more favorable situation for the taxpayer or for the defendants can be retroactive.”\n\nIn light of the foregoing, what is requested by Mr. Nombre01 cannot be accepted, since the existing constructions in the protection zone of the Río Ipís are prior to the entry into force of Law 7575, and therefore, the restrictions contained in this regulation cannot be applied to them, based on Article 34 of the Political Constitution.”\n\nIn this regard, this Chamber notes the lack of response to the procedure filed by the appellant in September of last year, but likewise, it is proven that the respondent provided the required information to the administered party on March 17 of the current year, following notification of the resolution that processed this matter, which occurred on March 14, 2025. Therefore, regarding this particular aspect, the appeal must be upheld, with the consequences that will be indicated in the operative part of this judgment.\n\nVI. ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Additionally, the appellant requests “…to proceed to take all necessary steps to ensure the river area is respected…”. Having examined the response provided by the respondent authority, in the sense that, due to the age of the works, no safeguard measure could be adopted for the river's protection area, the majority of the Chamber differs from that approach and considers that the protection of the right to a healthy environment, of which the protection of water bodies is an essential part, imposes a different solution.\n\nTo begin, a brief review of the legal system for water protection allows concluding that the temporal starting point for the realization of such protection could hardly be Forest Law No. 7575, of April 16, 1996. In other words, it is legally unsustainable to affirm that infractions regarding setbacks intended to protect waters can only be sanctioned after April 1996. For example, Article 7 of the Land and Colonization Law number 2825 of October 14, 1961, provided:\n\n“Article 7º. - As long as the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Lands and Colonization, addressing reasons of national convenience, does not determine the lands that must remain under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by reporting or possession, except for those that were under private domain, with legitimate title:\n\n(...)\n\nc) The lands of the islands, those situated on the banks of rivers, streams, and, in general, of all the sources that are in basins or watersheds where springs (nacientes) originate, or where any water courses used to supply a population have their origins or headwaters, or that it is convenient to reserve for the same purpose. On flat land or gentle slope, a strip of two hundred meters on both sides of said rivers, springs (manantiales) or streams shall be considered inalienable; and in the basins or watersheds, a strip of land of three hundred meters on both sides of the maximum depression, along the entire line, counting from the highest immediate elevation; (...)”\n\nEven the 1996 Forest Law, upon which the respondent local entity's response relies, had several prior versions, which also recognize protective margins for watercourses: the 1969 Forest Law established 5 meters of protection from the bank in its Article 84, while the 1990 reform established protection of 10 meters from the river bank.\n\nFurthermore, any reference to the impact of the constructions referred to by the appellant on the water resource is omitted. No technical study or inspection on this aspect was conducted or cited, which would allow understanding whether these are innocuous or environmentally relevant impacts.\n\nThus, in light of the right to a healthy environment, the waiver of the municipal competencies whose exercise the plaintiff urged is unacceptable, and it is therefore appropriate to uphold the amparo and annul official letter AL-200-0180-2025. The respondent authority must exercise its competencies for the effective protection of the Río Ipís protection area, as well as those of coordination with the corresponding authorities, in accordance with applicable environmental regulations.\n\nVI.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO AND MAGISTRATE JARA VELÁSQUEZ, SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES AND PREJUDICES TO THE RESPONDENT PARTY.\n\nWhile we agree with the rest of the Chamber in upholding the appeal, we dissent from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.”\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n“...any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nThis last norm establishes the general system that regulates the matter of indemnification and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal way of concluding the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs, damages and prejudices arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to some fundamental right, and therefore upholds the appeal, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it learns of the amparo – a scenario contemplated in Article 52, referred to – by imperative of Articles 50 and 51, of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the offender to the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the upholding of the appeal, a matter regulated in Article 50, of the law that governs this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it learned of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for a condemnation for costs, damages and prejudices against the offender, the basis of which is found in the principles of protection of individuals' rights and in that the Administration must be responsible for the damages and prejudices caused by its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that at the time of hearing and resolving the amparo by upholding it, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms of the provisions of Articles 50 and 52, of the cited law, does not negate the appropriateness of the condemnation for costs, damages and prejudices, since such a case is an integral part of the general system of necessary condemnation on those points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nOn the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even when it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of their fundamental rights that the protected party has suffered, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has granted in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the process”.\n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that processed the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that provides, in an indubitable manner, the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages and prejudices, notwithstanding the upholding of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be declared with merit “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”. As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only proceeds in the cases strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the individuals' fundamental right to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn our opinion, such exception should be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages and prejudices in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is established in an indubitable and clear manner that in the specific case no compensable prejudice was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items.\n\nAs in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the amparo-applicant party, of economic damages and losses derived from the challenged actions —the concrete determination of which is not for this jurisdiction to make—, the granting of this recurso must necessarily entail an award of costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of persons’ fundamental rights. From that angle, the analysis carried out by this venue focuses on said verification; however, it does not enter into the weighing of whether those issues have or have not generated injuries in the strictly proprietary sphere of the amparo-protected persons. While the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, provides that said award (in damages, losses, and costs) operates, if appropriate, the undersigned does not consider that this examination of pertinence may, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the recurso de amparo, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private-law subject, where applicable), have constituted an adequate cause of proprietary injuries that are legally indemnifiable. By way of reference, numerals 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from awards issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has as its object the following:\n\n“ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo has jurisdiction over the execution of the sentences delivered by the Jurisdicción Constitucional, in hábeas corpus and amparo proceedings against public-law subjects, solely with respect to the demonstration, liquidation, and satisfaction of pecuniary indemnifications.”\n\nIt is clear that that proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Sala regarding an abstract award of said items, since that type of claims would not be proper within that type of causes when the sentence issued within the amparo proceeding expressly established the impropriety of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular point. That is, the special proceeding in the contencioso-administrativa venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Sala Constitucional. In that order, in our judgment, pursuant to the cited ordinal 52 of the LJC, the dispensation from said proprietary award requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of proprietary injuries —even potential ones— derived from or associated with the analyzed facts, is reasonably deemed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, in the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial sentence is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation due to the respondent entity’s own cause or a cause external to it, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such substantive question, with respect to the effectiveness of the injuries, their quantum, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and with respect to which, pursuant to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an abstract award that later constitutes the basis for analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa. The protection sought in these constitutional-order proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is reiterated, that is not its object or primary ratio. Thus, it is not for the amparo-protected person to claim or demonstrate damages; what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have caused them injuries is an extreme that, by a principle thesis and save for exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of cause. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Sala Constitucional does not carry out a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or hábeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, one does not proceed to assess whether or not there is an infringement, for which reason, much less can it be defined whether, based on what the requester has denounced, there may or may not be situations of potential civil reparation. In that way, the dispensation from an award to which that norm refers is of an exceptional order, not a principle one. Therefore, in those scenarios, the norm imposes the abstract award, so that its propriety is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their proprietary sphere would be jeopardized, to the detriment of what is established by precept 45 of the Constitución Política, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Moreover, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate persons’ fundamental rights. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance was produced. It is reiterated, whether the permanence of the threat or the deterioration of their situation —to the extent it was caused to cease by the causes referenced in the norm under examination— generated damages and losses, is a matter that, save for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is repeated, must in no way be denied as a premise solely due to the materialization of the factual scenario regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the always-present respect for the majority position, we express our vote and reiterate that the granting of this recurso must necessarily entail the abstract award of costs, damages, and losses.\n\nVIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. With all due respect, I dissent from the majority vote that declares the recurso well-founded, based on the following reasons:\n\nThe protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is protected not only in Article 50 of the Constitución Política, but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 of October 21, 1992; and the Decreto Ejecutivo N° 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this regard, it is the undersigned’s criterion that this Sala, by way of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality venue. Therefore, the mere non-fulfillment of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is proper to be heard in the legality venue —administrative or jurisdictional—, where, with much greater breadth, the alleged non-fulfillments or omissions can be scrutinized. It must be kept in mind that the recurso de amparo is a summary, informal, simple, and rapid proceeding, in such a way that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in exercise of its powers, and processes a procedure, with the issuance of administrative acts, its cognizance is extraneous to the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its proper assessment, a full-knowledge proceeding, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo proceeding is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria elaborated under the protection of current legal or regulatory norms or with the taking of new and additional elements of conviction necessary for contrasting or reviewing the criteria already contained in the administrative file of the case. The contrary would entail transforming the amparo into an ordinary full-knowledge proceeding, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it has been designed, whereby it would lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I deem that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight correspond to the contencioso-administrativa jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls within the competence of the legality venue. Consequently, this recurso should have been rejected outright, since its object is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality venue. However, as that was not done, the proper course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the substance of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contencioso-administrativa jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal-order provisions of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. This Sala must warn the parties that, should they have provided any documents in paper form, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or means produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of thirty business days after receiving notification of this sentence, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session N°27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial N°19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N°43-12 held on May 03, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nBy majority, the recurso is declared well-founded, regarding the infringement of the right to a healthy environment. Official communication AL-200-0180-2025 is annulled and Yamilet Quesada Zúñiga, mayor of Vázquez de Coronado, or whoever holds her office, is ordered to exercise her powers of effective protection of the protection area of the río Ipís, as well as those of coordination with the corresponding authorities, in accordance with the applicable environmental regulations. Regarding the lack of response to the petition filed by the applicant on September 09, 2024, and in accordance with the provisions of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the amparo is granted, without a special award of costs, damages, and losses. Magistrate Salazar Alvarado and Magistrate Jara Velásquez partially dissent and order the award of damages, losses, and costs. Magistrate Salazar Alvarado dissents and declares the recurso without merit, deeming that it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contencioso-administrativa jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal-order provisions of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i.\n\nLuis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.\n\nIngrid Hess H. Aracelly Pacheco S.\n\nAna Cristina Fernández A. Nombre04.\n\nExp: 25-006945-0007-CO\n\nRes. Nº 2025015276\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty-five minutes on the twenty-third of May of two thousand twenty-five.\n\nRecurso de amparo processed in file number 23-018989-0007-CO, filed by [NOMBRE02 001], IDENTITY CARD [CED01], IN REPRESENTATION OF THE ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL VALLE VERDE, AGAINST THE MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO.\n\nRESULTANDO:\n\nÚNICO.- By Sentencia N° 2025-014025 of 13:05 hours on May 09, 2025, the present amparo proceeding was resolved, declaring the recurso well-founded, with the partial dissenting vote of magistrate Salazar Alvarado and magistrate Jara Velásquez.\n\nMagistrada Hess Herrera writes; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- PRELIMINARY. The Ley de Jurisdicción Constitucional empowers this Sala to supplement and clarify its sentences, in those cases where it is proper, by providing:\n\n“Article 12.- The sentences issued by the Sala may be clarified or supplemented, at the request of a party, if requested within three days, and on its own motion at any time, even in execution proceedings, to the extent necessary to give full compliance to the content of the ruling.”\n\nThus, the supplementation of a pronouncement is proper when a point of the original pleading of the recurso was not resolved in the ruling, and clarification is proper when said ruling was resolved in obscure or ambiguous terms, thus making its comprehension difficult. Supplementation and clarification are, then, forms to complement a sentence or to explain the scope that the ruling has.\n\nII.- After analyzing Sentencia N° 2025-014025 of 13:05 hours on May 09, 2025, this Tribunal observes that there is an error in its operative part, given that it does not fully relate to the analysis of the facts and evidence that this Tribunal carried out in the considerative part of the sentence. In view of the foregoing, at this act we proceed to correct the material error, detected in the operative part and in its resolution registry, so that the operative part reads in the following terms:\n\n“By majority, the recurso is declared well-founded, regarding the infringement of the right to a healthy environment. Official communication AL-200-0180-2025 is annulled and Yamilet Quesada Zúñiga, mayor of Vázquez de Coronado, or whoever holds her office, is ordered to exercise her powers of effective protection of the protection area of the río Ipís, as well as those of coordination with the corresponding authorities, in accordance with the applicable environmental regulations. In all other respects, the recurso is declared without merit. The MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the Sentence of the contencioso administrativo jurisdiction. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed upon anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued within a recurso de amparo, and does not fulfill it or have it fulfilled, provided that the offense is not more severely penalized. Magistrate Salazar Alvarado dissents and declares the recurso without merit, deeming that it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contencioso-administrativa jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal-order provisions of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.” In all other respects, the cited sentence remains unaltered.\n\nPOR TANTO:\n\nThe material error contained in the operative part and in the resolution registry of Sentencia N° 2025-014025 of 13:05 hours on May 09, 2025 is corrected, so that it reads as established in Considerando II of this resolution.\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nIngrid Hess H.\n\nIleana Sánchez N.\n\nRosibel Jara V.\n\nObservaciones de SALA CONSTITUCIONAL\n\nvotado con boleta Se adjunta la sentencia 2025015276 del expediente 25-006945-0007-CO\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:07:58.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }