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  "id": "nexus-sen-1-0007-1332453",
  "citation": "Res. 29132-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Rechazo de inconstitucionalidad por omisión ambiental en Torre de la Esperanza",
  "title_en": "Rejection of unconstitutionality claim for environmental omission in Torre de la Esperanza",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano una acción de inconstitucionalidad presentada contra supuestas omisiones administrativas en el proyecto \"Torre de Cuidados Críticos – Torre de la Esperanza\" del Hospital Nacional de Niños. La parte actora alegó que la falta de estudios ambientales, geotécnicos e hidrogeológicos vulneraba el derecho a un ambiente sano, el principio precautorio y otros principios constitucionales. Sin embargo, la Sala consideró que la acción no cumplía con los requisitos para una inconstitucionalidad por omisión, ya que las omisiones alegadas eran de carácter fáctico y técnico, no el incumplimiento de un mandato expreso de la Constitución Política por parte del legislador. El tribunal reitera que la vía de inconstitucionalidad por omisión solo procede cuando existe un deber impuesto directamente por la Constitución que ha sido desatendido. El magistrado Rueda Leal emite razones diferentes, señalando la necesidad de precisar los contornos de esta figura, pero coincide en el rechazo. La resolución no ingresa al fondo de las omisiones ambientales planteadas, limitándose a un análisis de admisibilidad.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismissed a claim of unconstitutionality filed against alleged administrative omissions in the 'Critical Care Tower – Tower of Hope' project at the National Children's Hospital. The plaintiff argued that the lack of environmental, geotechnical, and hydrogeological studies violated the right to a healthy environment, the precautionary principle, and other constitutional principles. However, the Chamber found that the claim did not meet the requirements for an unconstitutionality by omission, since the alleged omissions were factual and technical in nature, not the failure to comply with an express mandate of the Political Constitution by the legislator. The court reiterated that the unconstitutionality by omission only applies when there is a duty directly imposed by the Constitution that has been disregarded. Judge Rueda Leal issued a concurring opinion, noting the need to clarify the contours of this legal figure, but agreed on the dismissal. The ruling does not address the merits of the alleged environmental omissions, limiting itself to an admissibility analysis.",
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  "excerpt_es": "III.- SOBRE EL PRESENTE ASUNTO. La omisión que la Ley de la Jurisdicción permite impugnar mediante la acción de inconstitucionalidad, artículo 73 inciso f), es aquella que proviene de un mandato expreso del constituyente contenido en la Constitución Política, que ha sido ignorado por el legislador. En este caso, el representante de la actora acusa omisiones fácticas y técnicas. Esto hace referencia a problemas en el cumplimiento de normativa menor y posible falta de ejecución de actos administrativos, nada de lo cual deriva de una disposición constitucional inobservada por el legislador. Ciertamente, el principio de legalidad, según el cual, los funcionarios están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone, irradia todo el ordenamiento. Sin embargo, no llega a configurar una inconstitucionalidad de esta naturaleza. Así las cosas, la acción debe rechazarse.\n\nIV.- CONCLUSIÓN. La acción es inadmisible en razón del objeto, en tanto lo cuestionado no es una disposición general. Además, las omisiones acusadas son de naturaleza legal. Por tales motivos, procede su rechazo de plano. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes con respecto a la inconstitucionalidad por omisión.",
  "excerpt_en": "III.- REGARDING THE PRESENT MATTER. The omission that the Law of Constitutional Jurisdiction allows to be challenged through an unconstitutionality claim, Article 73(f), is one that arises from an express mandate of the constituent power contained in the Political Constitution, which has been ignored by the legislator. In this case, the plaintiff's representative accuses factual and technical omissions. This refers to problems in compliance with lesser regulations and possible failure to execute administrative acts, none of which derive from a constitutional provision disregarded by the legislator. Certainly, the principle of legality, according to which public officials are obligated to fulfill the duties imposed by law, permeates the entire legal system. However, it does not give rise to an unconstitutionality of this nature. Thus, the claim must be dismissed.\n\nIV.- CONCLUSION. The claim is inadmissible based on its object, insofar as what is challenged is not a general provision. Furthermore, the alleged omissions are of a legal nature. For these reasons, its summary dismissal is appropriate. Judge Rueda Leal provides different reasons regarding unconstitutionality by omission.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 29132 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 10 de Setiembre del 2025 a las 09:45\n\nExpediente: 25-025170-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-025170-0007-CO\n\nRes. Nº 2025029132\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diez de setiembre de dos mil veinticinco .\n\n Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001],  mayor de edad, casado, abogado, vecino de Alajuela, Grecia, portador de la cédula de identidad [...],  en su condición de apoderado especial judicial de [Nombre 002],  mayor, soltera, psicóloga clínica, vecina de San José,  Mata Redonda, portadora de la cédula de identidad número uno-cero setecientos ochenta-cero ciento sesenta y siete contra las omisiones administrativas en materia ambiental en el Proyecto de la Torre de Cuidados Críticos \"Torre de la Esperanza\" del Hospital Nacional de Niños de la CCSS.\n\nResultando:\n\n    1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:44 horas del 21 de agosto de 2025, el actor manifiesta que en su condición de apoderado especial judicial de la señora [Nombre 002],  impugna las omisiones administrativas en materia ambiental vinculadas al proyecto “Torre de Cuidados Críticos – Torre de la Esperanza” del Hospital Nacional de Niños, promovido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Considera que tales omisiones,  vulneran principios y normas constitucionales y del derecho internacional ambiental —entre otros, la Declaración de Río, la Declaración de Estocolmo, el principio de legalidad, la vinculación a la ciencia y la técnica, el principio precautorio, la justicia intergeneracional, la responsabilidad estatal y los principios pro natura e indubio pro ambiente—. Manifiesta que la acción se dirige formalmente contra la inercia, omisiones y abstenciones de las autoridades públicas responsables del referido proyecto, señalándose como hechos relevantes que  el proyecto fue declarado de interés público y nacional por el Decreto Ejecutivo N.º 42217-S (17 de febrero de 2020), lo que dio lugar a procesos de adquisición y expropiación de múltiples inmuebles. Refiere las siguientes omisiones ambientales: 1.- Falta de estudios previos ambientales: Se señala que el Proyecto Torre de la Esperanza carece de estudios ambientales, geotécnicos e hidrogeológicos integrales y actualizados, necesarios para garantizar que no exista riesgo de daño ambiental o impacto a la salud pública. 2.- Ausencia de evaluación de riesgos en propiedades cercanas: No se han realizado estudios específicos sobre las propiedades expropiadas o cercanas al proyecto, lo cual vulnera principios de precaución y desarrollo sostenible, además de poner en riesgo recursos hídricos y biodiversidad. 3.- Omisión en la gestión y control de recursos hídricos: Se destaca la falta de informes y valoraciones hidrogeológicas (supervisión por SENARA), lo que impide verificar el impacto sobre acuíferos y aguas subterráneas, especialmente en un área con presencia de escorrentía y caudal subterráneo- 4.- Falta de evaluación del impacto en la biodiversidad y ecosistemas: Se menciona la necesidad de recuperar vegetación y evaluar el impacto en ecosistemas como el Bosque Seco Tropical, sin haber realizado estudios que garantizan la no afectación de estos recursos. 5.- Omisión en la evaluación de riesgos geotécnicos y hidrogeológicos: La ausencia de estudios técnicos relacionados con las condiciones del terreno, saturación del suelo y riesgos asociados a escorrentía y flujo freático, compromete la seguridad y sostenibilidad del proyecto. 6.- No se han establecido medidas cautelares efectivas: Se solicita que se suspendan las actividades relacionadas hasta que se realicen estos estudios, ya que su ausencia implica un riesgo de daño ambiental irreversible y afectaciones a la salud de la población menor del hospital. Según el actor, estas omisiones reflejan una incumplimiento de los principios constitucionales y ambientales, en especial el principio de precaución y desarrollo sostenible, poniendo en riesgo tanto los recursos naturales como el bienestar colectivo.\n\nConsidera que los antecedentes históricos del sitio —incluida la existencia pretérita de una laguna, la presencia de aguas subterráneas y edificaciones elevadas sobre pedestales por inundaciones recurrentes— refuerzan la necesidad de una evaluación ambiental integral omitida por la Administración, todo lo cual, a juicio de la parte accionante, encarece y compromete la sostenibilidad técnica, ambiental y económica del proyecto, afectando el erario, la salud pública y el derecho fundamental a un ambiente sano de la niñez y de la colectividad en general. En relación con el fondo, la parte sostiene que  existe una omisión estructural en la debida diligencia técnica previa —estudios hidrogeológicos, mapa de vulnerabilidad hídrica, nivel freático, tipo de suelo, evaluación de impacto hídrico y participación de SENARA/MINAE— indispensable para decidir la localización y diseño de una infraestructura crítica de salud. Por otra parte,  se desatendieron lineamientos técnicos y de gestión del riesgo, tanto de la CNE —cuyas competencias incluyen coordinación, emisión de resoluciones vinculantes y deber de control permanente sobre condiciones de riesgo— como de pautas internacionales especializadas (OPS) para la reducción de vulnerabilidad en nuevos establecimientos de salud, referentes a ubicación, accesibilidad, riesgos comunes, peligros naturales, factores topográficos y geotécnicos, así como a la continuidad operativa ante eventos severos. Asimismo, se ignoró evidencia institucional que advertía sobre el altísimo riesgo de afectación a la bóveda de la Quebrada Lantisco y de contaminación por aguas servidas a pocos metros del internamiento de pacientes, lo que impone canalizaciones costosas y no exentas de fugas. Indica que se incorporaron nueve propiedades adicionales sin estudios de respaldo ni justificación técnica concluyente. Acusa que la Administración habría invocado estudios desactualizados (2011-2012) para sustentar decisiones de 2019-2020, pese a haberlos relativizado internamente, contrariando los principios de vinculación a la ciencia y a la técnica, precaución, prevención, planificación y eficacia administrativa. En cuanto al fundamento jurídico, invoca la supremacía constitucional (art. 10 CPol), el derecho fundamental al ambiente (art. 50 CPol) y el principio de legalidad (art. 11 CPol y doctrina), en conexión con la LJC (arts. 73 y 75) y con el bloque de convencionalidad ambiental. En particular,  destaca, la doctrina del principio precautorio: cuando exista peligro de daño grave o irreversible y no haya certeza científica, las autoridades deben adoptar medidas eficaces e, incluso, abstenerse o suspender actuaciones hasta despejar la duda, reforzándose la protección de aguas subterráneas y de áreas de recarga; se agrega que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por lo que debe priorizarse la prevención; y se vincula todo ello a la responsabilidad estatal por inactividad formal y a los principios de planificación y eficacia del Título XIII constitucional (Hacienda Pública) por el riesgo al erario. En apoyo de sus argumentos cita varios votos de la Sala Constitucional: el voto n.º 04283-2015 se refiere a la naturaleza jurídica y competencias de la CNE (coordinación, resoluciones vinculantes y deber de control permanente sobre condiciones de riesgo, incluida la asesoría a municipalidades y el control de su accionar);  el voto n.º 01923-2004 (principio precautorio e indubio pro natura, con especial protección de aguas subterráneas); así como los precedentes 1250-99, 9773-00, 1711-01 y 6322-03 (preeminencia de prevención y medidas cautelares frente a incertidumbre científica), y a la línea jurisprudencial en materia de intereses difusos (votos 3750-93, 55-2007, 8239-2001 y 6351-2011) que habilita a cualquier habitante a accionar en defensa del ambiente como bien jurídico colectivo. Solicita que se admita la acción y que esta Sala declare la inconstitucionalidad de las omisiones administrativas imputadas —por infracción de los artículos 7, 11, 45, 50 y 176 de la Constitución Política y de los principios rectores ambientales—, restablezca la regularidad constitucional, disponga las medidas necesarias para asegurar la evaluación técnico-científica integral del proyecto (incluida la gestión del riesgo y la protección de aguas subterráneas), y ordene a las autoridades competentes adecuar su actuación al orden constitucional y a la ciencia y técnica aplicables antes de continuar con cualquier fase decisoria o ejecutiva del proyecto, en tutela del derecho difuso a un ambiente sano y del interés público comprometido.\n\n 2.- Para efectos de admisibilidad, señala que deriva del artículo 75, párrafo 2° en cuanto acude en defensa de intereses difusos, como es la protección al medio ambiente. Señala que el artículo 75, que reconoce legitimación cuando se trata de bienes o intereses difusos o colectivos y no exige lesión individual y directa.\n\n 3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DE LA ACCIÓN.- El propósito de la acción de inconstitucionalidad es que se realice control de constitucionalidad sobre la inercia y omisiones de la Administración en el “Proyecto Torre de la Esperanza”, a fin de garantizar la supremacía constitucional, la vigencia efectiva del principio precautorio y la plena protección del derecho fundamental a un ambiente sano de la población, particularmente de la niñez usuaria del Hospital Nacional de Niños.\n\nII.- SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN.- El artículo 73 de la Ley de Jurisdicción Constitucional señala en el inciso f), que cabe la acción de inconstitucionalidad contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas. Con sustento en dichas normas es posible afirmar que por la vía de la acción o de la consulta de constitucionalidad puede legítimamente plantearse un problema de inconstitucionalidad por omisión. Sin embargo, no toda omisión normativa puede ser objeto de impugnación ante la jurisdicción constitucional. En el caso de las leyes y otras disposiciones de alcance general, este Tribunal ha reiterado que las omisiones que pueden impugnarse en esta sede son solo aquellas que se producen al ser confrontadas con un deber u obligación prevista directa y expresamente en el Derecho de la Constitución o cuando se trate de una norma implícita que conlleva una discriminación contra un sujeto (véanse entre otras, sentencias No. 2002-04394, de las 16:24 hrs. del 14 de mayo de 2002, No. 2005-05649, de las 14:39 hrs. del 11 de mayo de 2005, No. 2012-014167, de las 16:00 hrs. del 10 de octubre de 2012, y No. 2015-017330, de las 9:30 hrs. del 4 de noviembre de 2015).\n\nIII.- SOBRE EL PRESENTE ASUNTO.-  La omisión que la Ley de la Jurisdicción permite impugnar mediante la acción de inconstitucionalidad, artículo 73 inciso f), es aquella que proviene de un mandato expreso del constituyente contenido en la Constitución Política, que ha sido ignorado por el legislador. En este caso, el representante de la actora acusa omisiones fácticas y técnicas. Esto hace referencia a problemas en el cumplimiento de normativa menor y posible falta de ejecución de actos administrativos, nada de lo cual deriva de una disposición constitucional inobservada por el legislador. Ciertamente, el principio de legalidad, según el cual, los funcionarios están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone, irradia todo el ordenamiento. Sin embargo, no llega a configurar una inconstitucionalidad de esta naturaleza. Así las cosas, la acción debe rechazarse.\n\nIV.- CONCLUSIÓN.- La acción es inadmisible en razón del objeto, en tanto lo cuestionado no es una disposición general. Además, las omisiones acusadas son de naturaleza legal. Por tales motivos, procede su rechazo de plano. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes con respecto a la inconstitucionalidad por omisión.\n\n V.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Considero que una tarea pendiente para la jurisprudencia constitucional es precisar adecuadamente los contornos de la inconstitucionalidad por omisión, a efectos de materializar su ejercicio en la práctica procesal. En mi criterio, una inconstitucionalidad por omisión ocurre también cuando se puede frustrar el ejercicio o la protección de un derecho fundamental a través de la inacción legislativa. No en vano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el deber de los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades de ese instrumento (artículo 2). De manera análoga, los derechos fundamentales reconocidos por nuestro Constituyente -originario o derivado- deben instrumentalizarse a través de normas de rango inferior, lo que impone una obligación al legislador que puede ser conocida por este Tribunal. En el caso de marras, empero, no se visualiza un mandato expreso o tácito para el legislador que pueda llenar las pretensiones de la parte accionante o limitar la libre configuración que le corresponde. En ese tanto, rechazo la acción.\n\n VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano la acción.- El magistrado Rueda Leal da razones diferentes con respecto a la inconstitucionalidad por omisión.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nPaul Rueda L.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAnamari Garro V.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n NVHK4FB47L7C61\n\nEXPEDIENTE N° 25-025170-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:12:02.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Resolution No. 29132 - 2025\n\nDate of Resolution: September 10, 2025, at 09:45\n\nFile: 25-025170-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of matter: Acción de inconstitucionalidad\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-025170-0007-CO\n\nRes. No. 2025029132\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours forty-five minutes on September tenth, two thousand twenty-five.\n\nAn acción de inconstitucionalidad filed by [Name 001], of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, Grecia, bearer of identity card [...], in his capacity as special judicial representative of [Name 002], of legal age, single, clinical psychologist, resident of San José, Mata Redonda, bearer of identity card number one-zero seven hundred eighty-zero one hundred sixty-seven against the administrative omissions in environmental matters regarding the Critical Care Tower Project \"Torre de la Esperanza\" of the Hospital Nacional de Niños of the CCSS.\n\nResultando:\n\n1.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber at 17:44 hours on August 21, 2025, the petitioner states that, in his capacity as special judicial representative of Ms. [Name 002], he challenges the administrative omissions in environmental matters linked to the project “Torre de Cuidados Críticos – Torre de la Esperanza” of the Hospital Nacional de Niños, promoted by the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). He considers that such omissions violate constitutional principles and norms and international environmental law —among others, the Rio Declaration, the Stockholm Declaration, the principle of legality, the obligation to follow science and technique, the precautionary principle, intergenerational justice, state responsibility, and the pro natura and indubio pro ambiente principles—. He states that the action is formally directed against the inertia, omissions, and abstentions of the public authorities responsible for the referenced project, indicating as relevant facts that the project was declared of public and national interest by Decreto Ejecutivo No. 42217-S (February 17, 2020), which gave rise to acquisition and expropriation processes for multiple properties. He refers to the following environmental omissions: 1.- Lack of prior environmental studies: It is noted that the Torre de la Esperanza Project lacks comprehensive and updated environmental, geotechnical, and hydrogeological studies necessary to ensure there is no risk of environmental damage or impact on public health. 2.- Absence of risk assessment for nearby properties: Specific studies have not been conducted on the properties expropriated or near the project, which violates principles of precaution and sustainable development, in addition to putting water resources and biodiversity at risk. 3.- Omission in the management and control of water resources: The lack of hydrogeological reports and assessments (supervision by SENARA) is highlighted, which prevents verification of the impact on aquifers and groundwater, especially in an area with the presence of runoff and underground flow. 4.- Lack of assessment of the impact on biodiversity and ecosystems: The need to recover vegetation and assess the impact on ecosystems such as the Tropical Dry Forest (Bosque Seco Tropical) is mentioned, without having conducted studies that guarantee these resources will not be affected. 5.- Omission in the assessment of geotechnical and hydrogeological risks: The absence of technical studies related to terrain conditions, soil saturation, and risks associated with runoff and water table flow compromises the safety and sustainability of the project. 6.- Effective precautionary measures have not been established: The suspension of related activities is requested until these studies are carried out, since their absence implies a risk of irreversible environmental damage and effects on the health of the hospital's child population. According to the petitioner, these omissions reflect a breach of constitutional and environmental principles, especially the principle of precaution and sustainable development, putting both natural resources and collective well-being at risk.\n\nHe considers that the historical background of the site —including the past existence of a lagoon, the presence of groundwater, and buildings elevated on pedestals due to recurrent flooding— reinforces the need for a comprehensive environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) omitted by the Administration, all of which, in the opinion of the petitioner, makes the project more expensive and compromises its technical, environmental, and economic sustainability, affecting the public treasury (erario), public health, and the fundamental right to a healthy environment of children and the community in general. Regarding the merits, the party maintains that there is a structural omission in the prior technical due diligence —hydrogeological studies, water vulnerability map, water table, soil type, water impact assessment (evaluación de impacto hídrico), and participation of SENARA/MINAE— essential for deciding the location and design of critical health infrastructure. Furthermore, technical and risk management guidelines were disregarded, both from the CNE —whose competencies include coordination, issuance of binding resolutions, and a duty of permanent control over risk conditions— and from specialized international guidelines (PAHO) for reducing vulnerability in new health facilities, concerning location, accessibility, common risks, natural hazards, topographic and geotechnical factors, as well as operational continuity during severe events. Likewise, institutional evidence was ignored that warned of the extremely high risk of affecting the vault of the Quebrada Lantisco and of contamination by sewage a few meters from patient hospitalization, which imposes costly channelizations that are not free from leaks. He indicates that nine additional properties were incorporated without supporting studies or conclusive technical justification. He accuses that the Administration would have invoked outdated studies (2011-2012) to support decisions from 2019-2020, despite having internally relativized them, contradicting the principles of the obligation to follow science and technique, precaution, prevention, planning, and administrative effectiveness. Regarding the legal basis, he invokes constitutional supremacy (Art. 10 CPol), the fundamental right to the environment (Art. 50 CPol), and the principle of legality (Art. 11 CPol and doctrine), in connection with the LJC (Arts. 73 and 75) and the environmental conventionality block. In particular, he highlights the doctrine of the precautionary principle: when there is danger of serious or irreversible damage and there is no scientific certainty, authorities must adopt effective measures and even refrain from or suspend actions until the doubt is cleared, reinforcing the protection of groundwater and recharge areas; it is added that in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, so prevention must be prioritized; and all this is linked to state responsibility for formal inactivity and the principles of planning and effectiveness of Title XIII of the Constitution (Hacienda Pública) due to the risk to the public treasury. In support of his arguments, he cites several rulings (votos) of the Constitutional Chamber: voto No. 04283-2015 refers to the legal nature and competencies of the CNE (coordination, binding resolutions, and a duty of permanent control over risk conditions, including advising municipalities and controlling their actions); voto No. 01923-2004 (precautionary principle and indubio pro natura, with special protection of groundwater); as well as precedents 1250-99, 9773-00, 1711-01, and 6322-03 (preeminence of prevention and precautionary measures in the face of scientific uncertainty), and the jurisprudential line on diffuse interests (votos 3750-93, 55-2007, 8239-2001, and 6351-2011) that enables any inhabitant to take action in defense of the environment as a collective legal good. He requests that the action be admitted and that this Chamber declare the unconstitutionality of the alleged administrative omissions —for infringement of articles 7, 11, 45, 50, and 176 of the Political Constitution and the guiding environmental principles—, restore constitutional regularity, order the necessary measures to ensure the comprehensive technical-scientific evaluation of the project (including risk management and protection of groundwater), and order the competent authorities to adapt their actions to the constitutional order and applicable science and technique before continuing with any decision-making or executive phase of the project, in protection of the diffuse right to a healthy environment and the compromised public interest.\n\n2.- For the purposes of admissibility, he points out that it derives from article 75, paragraph 2, insofar as he appears in defense of diffuse interests, such as environmental protection. He notes that article 75 recognizes standing when it concerns diffuse or collective legal goods or interests and does not require individual and direct harm.\n\n3.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any motion submitted to its consideration that is manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of an equal or similar previous rejected motion.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION.- The purpose of the acción de inconstitucionalidad is for a constitutional review (control de constitucionalidad) to be carried out on the inertia and omissions of the Administration in the “Proyecto Torre de la Esperanza”, in order to guarantee constitutional supremacy, the effective validity of the precautionary principle, and the full protection of the fundamental right to a healthy environment for the population, particularly the children who use the Hospital Nacional de Niños.\n\nII.- ON UNCONSTITUTIONALITY BY OMISSION.- Article 73 of the Ley de Jurisdicción Constitucional indicates in subsection f), that the acción de inconstitucionalidad is applicable against the inertia, omissions, and abstentions of public authorities. Based on said norms, it is possible to affirm that, by means of the acción de inconstitucionalidad or the constitutional query, a problem of unconstitutionality by omission may legitimately be raised. However, not every normative omission can be challenged before the constitutional jurisdiction. In the case of laws and other provisions of general scope, this Tribunal has reiterated that the omissions that can be challenged in this venue are only those that occur when confronted with a duty or obligation provided directly and expressly in constitutional law, or when it involves an implicit norm that results in discrimination against a subject (see, among others, judgments No. 2002-04394, of 16:24 hrs. on May 14, 2002, No. 2005-05649, of 14:39 hrs. on May 11, 2005, No. 2012-014167, of 16:00 hrs. on October 10, 2012, and No. 2015-017330, of 9:30 hrs. on November 4, 2015).\n\nIII.- ON THE PRESENT MATTER.- The omission that the Ley de la Jurisdicción allows to be challenged through the acción de inconstitucionalidad, article 73 subsection f), is that which arises from an express mandate of the constituent authority contained in the Political Constitution, which has been ignored by the legislator. In this case, the petitioner's representative accuses factual and technical omissions. This refers to problems in complying with lower-level regulations and a possible failure to execute administrative acts, none of which derives from a constitutional provision overlooked by the legislator. Certainly, the principle of legality, according to which officials are obligated to fulfill the duties the law imposes on them, permeates the entire legal system. However, it does not amount to configuring an unconstitutionality of this nature. Thus, the action must be dismissed.\n\nIV.- CONCLUSION.- The action is inadmissible due to its object, as what is being challenged is not a general provision. Moreover, the alleged omissions are of a legal nature. For these reasons, its outright rejection proceeds. Judge Rueda Leal gives different reasons regarding the unconstitutionality by omission.\n\nV.- DIFFERENT REASONS OF JUDGE RUEDA LEAL. I consider that a pending task for constitutional jurisprudence is to adequately define the contours of unconstitutionality by omission, in order to actualize its exercise in procedural practice. In my view, an unconstitutionality by omission also occurs when the exercise or protection of a fundamental right can be frustrated through legislative inaction. Not in vain, the American Convention on Human Rights establishes the duty of States to adopt domestic legal provisions to make the rights and freedoms of that instrument effective (article 2). Analogously, the fundamental rights recognized by our Constituent —original or derived— must be implemented through lower-ranking norms, which imposes an obligation on the legislator that can be reviewed by this Tribunal. In the instant case, however, no express or tacit mandate for the legislator is discernible that could fulfill the petitioner's claims or limit the discretion that corresponds to it. On that basis, I dismiss the action.\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, along with objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe action is rejected outright.- Judge Rueda Leal gives different reasons regarding the unconstitutionality by omission.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nAlexandra Alvarado P.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nNVHK4FB47L7C61\n\nFILE No. 25-025170-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:12:02."
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