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  "id": "nexus-sen-1-0007-1336608",
  "citation": "Res. 30906-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Coordinación interinstitucional para ejecutar orden sanitaria de inmueble inhabitable",
  "title_en": "Inter-agency coordination to enforce sanitary order on uninhabitable property",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un amparo presentado por la hija de una adulta mayor, cuyas condiciones de vida se veían afectadas por las filtraciones, vertidos de aguas servidas y el estado ruinoso de una propiedad colindante del IMAS, presuntamente usada como cuartería irregular. La recurrente alegó omisiones de la Municipalidad de Santa Ana, el Ministerio de Salud y el IMAS, ante gestiones para solucionar la insalubridad y el peligro para la amparada. El Tribunal acreditó que, pese a inspecciones iniciales, la Municipalidad se inhibió al calificar el conflicto como 'problema entre privados' y temer una 'aprobación indirecta' de la cuartería; el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria de desalojo por inhabitabilidad pero no garantizó su ejecución ni la remoción del riesgo; y el IMAS, propietario registral, no realizó obras correctivas. La Sala declaró parcialmente con lugar el amparo, ordenando a las tres entidades coordinar y ejecutar en tres meses las acciones necesarias para cumplir la orden sanitaria, remediar los daños y eliminar los riesgos a la salud, el ambiente sano y la integridad física de la amparada, considerando este caso como una excepción al principio de remisión a la vía contencioso-administrativa por tratarse de una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo filed by the daughter of an elderly person whose living conditions were affected by leaks, sewage discharges and the dilapidated state of an adjacent property owned by IMAS, allegedly used as an irregular boarding house. The petitioner claimed omissions by the Municipality of Santa Ana, the Ministry of Health and IMAS in addressing the unsanitary and dangerous conditions. The Court found that, despite initial inspections, the Municipality had abstained by labelling the conflict a 'dispute between private individuals' and fearing 'indirect approval' of the boarding house; the Ministry of Health issued a sanitary eviction order due to uninhabitability but failed to ensure its enforcement or the removal of the risk; and IMAS, the registered owner, did not carry out corrective works. The Chamber partially granted the amparo, ordering the three agencies to coordinate and execute within three months the necessary actions to comply with the sanitary order, remedy the damage and eliminate risks to health, a healthy environment and physical integrity, considering this an exception to the rule of remitting to the administrative courts due to the petitioner being an elderly person in a vulnerable situation.",
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  "date": "26/09/2025",
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    "art-50-constitution"
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  "primary_topic_id": "art-50-constitution",
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    "adulta mayor en situación de vulnerabilidad",
    "insalubridad y peligrosidad",
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    "policía administrativa",
    "deber de custodia del propietario público"
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      "article": "Art. 50",
      "law": "Constitución Política de Costa Rica"
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
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  "keywords_en": [
    "amparo appeal",
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    "health risk"
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  "excerpt_es": "Cuando concurren potestades municipales (policía de construcción, control de usos y obras, fiscalización de cánones urbanos básicos), sanitarias (rectoría, policía sanitaria, órdenes correctivas) y dominicales (propietario público del inmueble generador del riesgo), la obligación es conjunta: identificar la causa del daño, ordenar y ejecutar las obras correctivas, y verificar su eficacia hasta la remoción del riesgo, dejando constancia técnica. Así las cosas, se estima que la omisión municipal mantuvo el riesgo y afectó los derechos a la salud, a un ambiente sano y a la integridad física de la amparada. En consecuencia, el amparo debe declararse con lugar contra esta autoridad, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.",
  "excerpt_en": "When municipal powers (building police, use and works control, supervision of basic urban canons), sanitary powers (stewardship, sanitary police, corrective orders) and proprietary powers (public owner of the property generating the risk) concur, the obligation is joint: identify the cause of the damage, order and execute corrective works, and verify their effectiveness until the risk is removed, leaving a technical record. Thus, it is considered that the municipal omission maintained the risk and affected the rights to health, a healthy environment and physical integrity of the protected person. Consequently, the amparo must be granted against this authority, as indicated in the operative part of this judgment.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The amparo is partially granted, ordering the Municipality of Santa Ana, the Ministry of Health and IMAS to coordinate and execute within three months the necessary actions to comply with the sanitary order and eliminate the risks to the health and environment of the protected person.",
    "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el amparo, condenando a la Municipalidad de Santa Ana, al Ministerio de Salud y al IMAS a coordinar y ejecutar en tres meses las acciones necesarias para cumplir la orden sanitaria y eliminar los riesgos para la salud y el ambiente de la amparada."
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      "quote_es": "cuando concurren potestades municipales, sanitarias y dominicales, la obligación es conjunta: identificar la causa del daño, ordenar y ejecutar las obras correctivas, y verificar su eficacia hasta la remoción del riesgo"
    },
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      "context": "Considerando IX",
      "quote_en": "the mere issuance of the act does not satisfy the duty of protection if the order is not notified, executed and verified until the source of risk and its effects on the protected person's property are removed",
      "quote_es": "la sola emisión del acto no satisface el deber de tutela si la orden no se notifica, ejecuta y verifica hasta remover la fuente de riesgo y sus efectos en la propiedad de la amparada"
    },
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      "context": "Considerando X",
      "quote_en": "the status of owner is not diluted by occupation or by the eventual titling process: IMAS retains duties of custody and damage prevention derived from public property",
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1336608",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 30906 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 26 de Setiembre del 2025 a las 09:25\n\nExpediente: 24-030881-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental,Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales,Grupos Vulnerables\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nTema: PODER EJECUTIVO\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\nORDEN SANITARIA..\n\nTema: MINORÍAS\n\nSubtemas:\n\nADULTO MAYOR.\n\n030906-25. MUNICIPALIDAD. PODER EJECUTIVO. MINORÍAS. SE ACUSA QUE, UNA CASA DEL IMAS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ABANDONO EN SANTA ANA Y, AFECTA LA PROPIEDAD DE UNA PERSONA ADULTA MAYOR. SE ORDENA A LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, AL DIRECTOR DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SANTA ANA, Y, A LA JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL PAVAS DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, COORDINEN Y EJECUTEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTOS DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN SANITARIA MS-DRRSCS-DARSSA-OS-123-2024, REALIZANDO LAS MEJORAS CORRESPONDIENTES Y NECESARIAS PARA EVITAR LA AFECTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE LA VIVIENDA EN LA CUAL RESIDE LA AMPARADA. ASIMISMO, SI SURGIEREN OBSTÁCULOS POR LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE, EL IMAS DEBERÁ COORDINAR CON LAS INSTANCIAS SOCIALES INDICADAS EN SUS PROPIOS OFICIOS (BANHVI, CONAPAM, MIVAH, MUNICIPALIDAD, ETC.) PARA ALTERNATIVAS HABITACIONALES SIN PARALIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS. VCG10/2025\n\n“(…) VIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON LA MUNICIPALIDA DE SANTA ANA. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, aunque la inspección del 03 de mayo de 2024 constató ausencia de canoas y estado ruinoso de la pared colindante, la Municipalidad se desentendió alegando tratarse de “problemas entre privados” y que la colocación de canoas podría implicar “aprobación indirecta” de una supuesta cuartería. En ese sentido, se estima que tal postura desconoce el deber de policía administrativa local sobre obras, seguridad constructiva y salubridad urbana y su deber de coordinación con la autoridad sanitaria. Aun cuando la edificación no colinde con la vía pública (límite del art. 84 CM respecto de canoas), la Municipalidad conserva potestades para: fiscalizar y sancionar obras sin permiso ordenar medidas de mitigación y seguridad; clausurar, en su caso, usos clandestinos o peligrosos; requerir y supervisar obras correctivas coordinadas con Salud y con el propietario. Debe recordarse que, la Administración no satisface el derecho de petición ni el estándar del ordinal 50 constitucional con meros oficios de “traslado” o “seguimiento” si el peligro persiste. Cuando concurren potestades municipales (policía de construcción, control de usos y obras, fiscalización de cánones urbanos básicos), sanitarias (rectoría, policía sanitaria, órdenes correctivas) y dominicales (propietario público del inmueble generador del riesgo), la obligación es conjunta: identificar la causa del daño, ordenar y ejecutar las obras correctivas, y verificar su eficacia hasta la remoción del riesgo, dejando constancia técnica. Así las cosas, se estima que la omisión municipal mantuvo el riesgo y afectó los derechos a la salud, a un ambiente sano y a la integridad física de la amparada. En consecuencia, el amparo debe declararse con lugar contra esta autoridad, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nIX.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SANTA ANA. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, si bien consta actuación inicial (apertura de denuncia, visitas, inspección e Informe Técnico MS-DRRSCS-DARSSA-IT-0407-2024), que declara la vivienda insalubre y peligrosa, la vivienda colindante a la propiedad de la amparada, también se acreditan vertidos de aguas servidas a la vía pública; lo que culminó en la emisión de la Orden Sanitaria MS-DRRSCS-DARSSA-OS-123-2024 para desalojar por inhabitabilidad y oficios de articulación social. Al respecto, debe indicarse que, la sola emisión del acto no satisface el deber de tutela si la orden no se notifica, ejecuta y verifica hasta remover la fuente de riesgo y sus efectos en la propiedad de la amparada. Del acervo se desprende que, a la fecha de autos, persistían los escurrimientos y el estado ruinoso; por tanto, la actuación resulta insuficiente. Consecuentemente, debe declararse con lugar el proceso de amparo en contra el Ministerio de Salud, ordenándole completar, ejecutar y supervisar las medidas sanitarias correctivas hasta la eliminación del riesgo, en coordinación con el IMAS y la Municipalidad, lo anterior de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nX.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el propio IMAS reconoce ser propietario registral de la finca colindante (finca 1-212498-000) y la ocupación por terceros (Vilma Chaves), así como trámites internos de titulación pendientes por “situación registral”. La condición de propietario no se diluye por la ocupación ni por el eventual proceso de titulación: el IMAS mantiene deberes de custodia y prevención del daño derivados de la propiedad pública (custodia del bien, evitar que su bien sea foco de insalubridad/vertidos, ejecutar obras mínimas de corrección y seguridad, permitir inspecciones y facilitar la ejecución sanitaria). De esta manera, la existencia de una orden sanitaria vigente refuerza su obligación de realizar las obras correctivas que le correspondan como dueño, sin perjuicio de los derechos de la ocupante. En el caso, los oficios remitidos por el IMAS no acreditan acciones materiales eficaces para suprimir la fuente del daño (p. ej., canalización provisoria de pluviales, reparación de cubiertas, sustitución de cerramientos ruinosos, corrección de descargas), ni coordinación técnica para ejecutar la orden sanitaria. Por lo anterior, procede declarar con lugar contra el proceso de amparo en contra del Instituto Mixto de Ayuda Social, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nXI.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, la Defensoría informó y orientó de manera presencial, advirtiendo impedimento legal de conocer mientras pendía resolución judicial (art. 19.2 Ley N.° 7319 y art. 34 de su Reglamento). En ese sentido, no se acredita omisión ilegítima. En consecuencia, el amparo debe declararse sin lugar respecto de la Defensoría de los Habitantes. (…)”\n\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta a favor de una persona adulta mayor por problemas de insalubridad provocados a su vivienda. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG10/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 045- Omisión del envío del informe\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 45 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL\n\n“(…) II.- CONSECUENCIA DE NO RENDIR EL INFORME SOLICITADO POR LA SALA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si la autoridad recurrida no rinde su informe, se tienen por ciertos los hechos alegados por la parte recurrente. La Sala entra a estudiar la procedencia del amparo, con la base fáctica expuesta, lo que no implica que automáticamente se acoja el recurso. En el caso concreto, Presidente del Concejo Municipal de Santa Ana no rindió el informe solicitado. Por lo anterior, se tiene por no rendido el informe y esta Sala resuelve el caso valorando los otros informes aportados los hechos denunciados, la prueba que se adjunta al escrito de interposición del amparo y la jurisprudencia de este Tribunal aplicable al caso concreto. (…)” VCG10/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) V.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.\n\nVI.- RESPECTO A LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL. Tal y como ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Sala, la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente. Se ha sostenido también, que la procedencia del recurso de amparo está condicionada a que se acredite la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, toda vez que es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece. Ante esta situación, no resulta procedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) en estos casos, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales primero se debe resolver dicho conflicto en el plano de la legalidad. (…)” VCG10/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 021- Vida humana\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) VI.- SOBRE LA OBLIGACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DE TUTELAR LA VIDA HUMANA. Este Tribunal Constitucional ha reconocido la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana y se ha pronunciado sobre las omisiones administrativas que atentan contra la seguridad vial y la integridad física de las personas. Sobre el particular, cabe referir lo dispuesto en sentencia Nº2008-18443 de las 18:01 horas del 11 de diciembre de 2008, donde se indicó:\n\n“Previo análisis del caso concreto, conviene indicar lo dicho por esta Sala en cuanto a la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana, en el sentido que ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado junto con el derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, que su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado de que se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo, la tortura o la pena de muerte, o bien, que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través del sistema penal. No obstante, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que no debe perturbar la existencia física de las personas y, además, debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza. De ahí que, por ejemplo, los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. En consecuencia, se trata de que el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente. Así, la posibilidad de exigir judicialmente, a través de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas, de forma tal que si, por ejemplo, una determinada comunidad estimara necesario contar con un hospital para la atención de sus pobladores (o de cualquier otra obra pública) no es por la vía del amparo que se debe exigir, sino a través de los mecanismos previamente establecidos y ante los órganos y entes competentes, quienes deberán atender la petición y resolver su  procedencia técnica, que no implica necesariamente una respuesta positiva. De lo anterior, se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (ver en este sentido la sentencia número 2003-11519 de las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil tres)”. (…)” VCG10/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 169- Gobierno municipal\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) VII.- SOBRE EL DEBER DE LAS MUNICIPALIDADES DE ATENDER LOS INTERESES Y SERVICIOS LOCALES. La actuación de las instituciones públicas debe ser célere y eficiente, sobre todo cuando se trata de proveer los servicios que les competen. En el caso de las municipalidades, al asignárseles la labor genérica de atender los intereses y servicios locales, se abarca un amplio conjunto de actividades. En la sentencia No. 2011-012886, de las 12:44 horas del 23 de setiembre de 2011, se abordó esta materia, y en esa oportunidad la Sala indicó:\n\n“…Conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población. (…) Por consiguiente, a juicio de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión, así como el derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, reconocidos en los artículos 27 y 50 de la Constitución Política, por lo que, en cuanto a esta entidad, el presente recurso deberá ser declarado con lugar…”. (…)” VCG10/2025\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nXII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVCG10/2025\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-030881-0007-CO\n\nRes. Nº 2025030906\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintiseis de setiembre de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 24-030881-0007-CO interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, EL MINISTERIO DE SALUD, EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 15:00 hrs. del 12 de noviembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, la amparada, es una persona adulta mayor que hace muchos años fue diagnosticada con bipolaridad y un problema de afectividad, enfermedades de las que sus hijos se han aprovechado para abusar de ella. Señala que se reencontró con ella hace solo 4 años, hallándola en pésimas condiciones físicas, sanitarias y mentales. Menciona que de parte de sus hijos prácticamente no recibe ayuda, ante lo que, la amparada ahora asiste al Hogar Diurno Joaquín y Ana en Santa Ana, donde ella se encarga de irla a recoger en las tardes. Ahora bien, reclama que nadie se ha preocupado por las condiciones en que vive su madre, pues, la casa que es una propiedad sumamente pequeña y, está llena de agua por donde ella camina. Expone que por esta situación, desde hace más de 4 meses han accionado ante las autoridades recurridas para que arreglen la propiedad contigua que causa daños al inmueble de su representada, pero no les han hecho caso. Indica que en Barrio Corazón de Jesús, ubicado en Pozos de San Ana, la propiedad 30, de la amparada, colinda con la 29, que está registrada a nombre del IMAS. El IMAS, acusa, nunca se preocupó por verificar el estado de ese inmueble, ni a quien se lo facilitó y, ahora este bien causa daños a la propiedad de la amparada. Requiere que se coloquen canoas para que las aguas llovidas no invadan la casa de su madre, pues, estas caen en el pasillo por donde su representada debe caminar a diario, lo que la coloca en un potencial peligro de caerse. Así las cosas, detalla que fue a la Municipalidad, al IMAS y al Ministerio accionado a buscar soluciones, sin haber recibido a la fecha, respuesta a sus gestiones. Apunta que la Municipalidad de Santa Ana, dice que el problema es de vecinos, aun cuando, el bien es del IMAS y funciona como una cuartería donde los cuartos son alquilados por extranjeros en estado de pobreza, con instalaciones eléctricas en mal estado, sin permisos de construcción, paredes de latas viejas y otras muchas irregularidades más, que ponen en peligro a la amparada. De parte del Ministerio de Salud, no se ha hecho nada al respecto. Incluso, las aguas negras de allí desfogaban en la propiedad de su madre, por lo que, se requiere que se edifique una tapia que logre separar ambas propiedades. De parte del IMAS no han encontrado auxilio, pues, les dicen que la vivienda será entregada a la persona que ha vivido en ella por muchos años, sin tomar en cuenta que lo que se está haciendo allí es explotar a otras personas. Agrega que ha presentado varias gestiones ante las autoridades recurridas, en el caso de la Municipalidad de Santa Ana, los días 2 de mayo, 13 de junio y 18 de septiembre, todas de 2024, donde lo que se le ha dicho es que estos temas no son de su competencia y que lo tocante a la cuartería, no se puede demostrar que la misma exista -ver autos-. En el caso del Ministerio de Salud, no han querido contestarle, dice que ella ha ido muchas veces y sus visitas están registradas en el registro que tiene el guarda, pero allí, se negaron a recibir su documentación, solo 2 veces se le aceptaron los papeles, pero en sus demás visitas ha sido ignorada. También, ha llamado por teléfono, pero nunca le contestan. Es más, en una de las oportunidades, dijo que acudiría a la Sala, momento en el que la atendió un inspector, quien le aseguró que la Municipalidad pudo haber demolido la estructura, pues, esta no cuenta con permisos de construcción. También le indicó que, aun cuando, la propiedad está habitada, ellos no pueden actuar en ese caso. Las denuncias incoadas son del 2 de mayo, 29 de mayo, 13 de junio, 1 de julio -no le quisieron recibir la documentación-, 18 de septiembre -misma que fue recibida por su insistencia- y el 19 de septiembre, todas de 2024, donde nuevamente llenó un formulario que no se le recibió -ver autos-. También, ha planteado gestiones ante el IMAS, según consta en las recibida el 17 de junio, 22 de agosto y, 18 de septiembre de 2024 -ver autos-. Del IMAS recibió una respuesta según oficio IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0288-2024 de 16 agosto de 2024, en el que se le informó que su caso se trasladaría al Área Regional de Desarrollo Social Suroeste. Agrega que también fue a CONAPAM, pero de allí las remitieron a otro sitio alegando que el caso era contra el IMAS, es decir, contra el Estado. Finalmente, arguye que fue a la Defensoría de los Habitantes, donde le dijeron que ellos eran muy respetuosos de lo que dijera la Sala Constitucional y que esperarían a ver que se resolvería en esta sede. Hasta acudió a la Presidencia de la República, según nota recibida el 30 de mayo de 2024 -ver autos-. Por todo lo anterior, detalla que decidió volver a la Sala a pedir ayuda, pues, de previo, había planteado otros recursos de amparo que fueron desestimados. Con base en los alegatos expuestos, estima que con las actuaciones acusadas, se han vulnerado derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante auto de las 09:32 hrs. del 13 de noviembre de 2024 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 25 de noviembre de 2024.\n\n3.- Por escrito presentado el 28 de noviembre de 2024, informa bajo juramento JUAN JOSÉ VARGAS FALLAS, en condición de Alcalde de la Municipalidad de Santa Ana que: “(…) el informe oficio MSA-GOT-PPU-UCU-CIN-01-001-2024 (mayo 2024) del inspector Carlos Obando Azofeifa, indicó: (...) \"Por este medio, le hago conocimiento de la inspección realizada en Barrio Corazón de Jesús el viernes 03 de mayo por denuncia realizada por [Nombre 001]. La denuncia de la señora afectada es por varias razones, en las cuales indica, problemas de insalubridad como malas salidas de aguas grises y pluviales, instalaciones eléctricas inadecuadas y en muy malas condiciones, latas viejas y podridas como pared colindante, e invasión a su propiedad, todo lo anterior por parte de sus vecinos colindantes al costado sur de su propiedad. En la inspección realizada en el lugar se pudo constatar que los vecinos denunciados no cuentan con canoas ni con sus bajantes correspondientes, y también que la pared colindante se encuentra en muy mal estado, siendo de latas de sin viejas, prácticamente sin emplantillado, ya que la madera del emplantillado se pudrió y prácticamente están sueltas, (no sé como siguen de pie esas latas). Sobre las situaciones de ser cuarterías a extranjeros, no se pudo constatar ya que no vi a nadie en ese inmueble, tampoco pude constatar del estado de la instalación eléctrica, ni de las aguas grises ni de los desechos que menciona la denuncia. No es competencia municipal), así como tampoco pude constatar de la invasión a su propiedad, ya que la denunciante debe de contratar un topógrafo para tales fines. Toda lo anterior son problemas entre propiedades privadas, que no son competencia de este gobierno local, por lo que deben de presentar las denuncias correspondientes por la vía judicial y al Ministerio de Salud, excepto el tema de las canoas que por el Código Municipal, sí es competencia de este gobierno local y también del Ministerio de Salud, ya que se basa en la Ley General de Salud Pública, pero no se notificó por recomendación a que se agoten todas las vías de denuncias correspondientes para que se termine el proceso o procesos legales que fallen o indiquen una invasión, un estado de inhabitable de la vivienda o las viviendas denunciadas, si fuese el caso de ser cuarterías, nunca contaron con el permiso municipal, por lo que notificar la colocación de canoas y sus bajantes, estaría dando de forma indirecta la aprobación de las supuestas cuarterías, y afectaría también la decisión de alguna autoridad pertinente de alguna invasión a su propiedad u otra situación, y que además no hay donde colocar la canoa por falta de una pared maciza y en buen estado.\"(...) Es importante indicar que el fondo de las denuncias presentadas por la parte recurrente en representación de la adulta mayor, versan sobre asuntos que no son competencia directa de este Gobierno Local, sin embargo, en cuanto al tema de las canoas, el artículo 84 del Código Municipal expresamente indica que las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir ciertas obligaciones, dentro de lo que interesa, la de Instalar bajantes y canoas para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, cuyas paredes externas colinden inmediatamente con la vía pública. Sin embargo, como se muestra en las fotografías del informe MSA-GOT-PPU-UCU-CIN-01-001-2024, la problemática no versa sobre edificaciones que colindan inmediatamente con la vía pública: (…) Tal y como indicó anteriormente el funcionario Daniel Sánchez Méndez, se le brindó atención y respuesta a la administrada, lo cual se refleja en el documento denominado \"Respuestas a Trámites de la Sra. Jiménez\", en donde se evidencia el seguimiento realizado a esta: (…) En virtud de lo anterior, muy respetuosamente, solicito que se declare sin lugar el recurso, por cuanto, se ha demostrado que se brindó respuesta a la recurrente aún y cuando los asuntos que se ventilaron dentro de sus gestiones escapan de la competencia directa de este Gobierno Local se brindó información, atención y seguimiento oportuno. Finalmente, se informa que se consultó al proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social y no se cuenta con registros, atención o solicitud de que tanto la recurrente como la señora [Nombre 002] hayan sido atendidas desde la Red de Cuido u otro programa social a cargo de dicho proceso.”\n\n4.- Por escrito presentado el 28 de noviembre de 2024, informa bajo juramento ANGIE CRUICKSHANK LAMBERT, en condición de Defensora de los Habitantes de la República que: “(…) PRIMERO: El 23 de agosto de 2024, la señora [Nombre 001] se presentó en la Oficina Regional Central, ubicada en las instalaciones de la Sede Central de la Defensoría de los Habitantes, en Barrio México, San José. En dicha ocasión, se procedió a la apertura del registro de intervención número 451923-2024-RI. SEGUNDO: En el marco de las funciones de atención y asesoría a la parte interesada, se recibió por parte de la recurrente una manifestación verbal, la cual fue registrada por la profesional del proceso de admisión María Fernanda Álvarez, quien procedió a dejar constancia en la carátula del expediente de los siguientes datos: Hechos Desde hace 22 años ha vivido debajo de un puente que limita entre Santa Ana y Belén, ha solicitado ayuda a las Municipalidades para obtener una vivienda digna. Adicionalmente es la encargada de su madre adulta mayor, la casa de al lado no tiene canoa y le cae el agua al pasillo de su madre la cual puede incurrir en una caída, por lo cual ha solicitado al IMAS quien es dueño registral de la propiedad hacerse responsable, así como a la Municipalidad realizar su función de fiscalizar que los dueños cumplan con los requisitos establecidos. Al no recibir respuesta de las instituciones recurrió a la Sala Constitucional para interponer un recurso de amparo el 19 de julio de 2024 bajo el expediente 24-0197790007-CO, el cual no ha recibido respuesta. Pretensión Solicita la intervención de la Defensoría ante la omisión de respuesta de las instituciones. TERCERO: Conforme con la información proporcionada en su momento por la habitante, se constató que el asunto había sido previamente judicializado y que se encontraba a la espera de resolución por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la interposición de un recurso de amparo, siendo registrado bajo el número de expediente 24- 019779-0007-CO. CUARTO: En el análisis de la información proporcionada, se observó que la situación descrita guardaba una notable similitud con el hecho que se intentaba denunciar ante la Defensoría de los Habitantes de la República. QUINTO: En respuesta a la información verbal recibida, se informó en ese mismo momento a la persona usuaria en primer lugar, que a partir de la normativa que regula las condiciones de ejercicio de la competencia de la Defensoría de los Habitantes, obligatoriamente debía aguardarse la resolución jurisdiccional correspondiente. SEXTO: Asimismo, se precisó que la Ley de creación de la Defensoría de los Habitantes (Ley N.º 7319) establece lo siguiente: “ A rtículo 19.- No interrupción de plazos. (…) 2.- La Defensoría de los Habitantes de la República no podrá conocer las quejas sobre las cuales esté pendiente una resolución judicial. Suspenderá su actuación, si el interesado interpone, ante los Tribunales de Justicia, una demanda o un recurso respecto del mismo objeto de la queja, lo cual no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. Igualmente, el artículo 34 del Reglamento de la Defensoría de los Habitantes, establece lo siguiente: “(…) El Defensor de los Habitantes no podrá conocer de los asuntos sobre los cuales esté pendiente una resolución judicial . Tampoco podrá conocer de aquellos sobre los que se haya producido un fallo con autoridad de cosa juzgada, siempre que este se hubiera pronunciado sobre el fondo de los hechos u omisiones reclamados.” SÉTIMO: Posteriormente, se reiteró la naturaleza de la intervención de la Defensoría de los Habitantes frente a las distintas administraciones públicas, indicando que, conforme al artículo 12 de la Ley Nº 7319, la institución no sustituye los actos, actuaciones materiales ni omisiones de la actividad administrativa del sector público. En cambio, sus competencias se enfocan, para todos los efectos, hacia el control de la legalidad de las conductas de los entes y órganos que integran el sector público. Igualmente, en el acto de atención personal, se brindó la orientación verbal del trámite que correspondía, así como se aclararon las dudas sobre el trámite del asunto. En este contexto, se le indicó que debía esperar la resolución correspondiente de la jurisdicción constitucional. Asimismo, se le informó que, en caso de obtener una resolución desfavorable, tendría la opción de acudir nuevamente a la Defensoría de los Habitantes con el fin de analizar el contenido de la información, así como las pruebas y documentos relacionados con las gestiones realizadas ante la administración activa. Lo anterior, con el propósito de definir la posible atención administrativa por parte de las instituciones involucradas, conforme con sus competencias y naturaleza jurídica, y en caso procedente, la intervención técnica y jurídica. OCTAVO: La parte interesada no se ha presentado ante la Defensoría de los Habitantes para manifestar necesidad de intervención ni ha presentado documentación adicional posterior. En consecuencia, no se ha reactivado un proceso de defensa debido a la falta de presentación de los escritos probatorios pertinentes y demostración de interés actual de la parte involucrada. CONCLUSIONES SOBRE LA ATENCIÓN BRINDADA: 1. La señora [Nombre 001] se presentó el 23 de agosto de 2024 en la Oficina Regional Central de la Defensoría de los Habitantes, procediéndose a abrir el registro de intervención N° 451923-2024-RI. 2. A partir del planteamiento verbal realizado, se brindó la orientación pertinente, informando sobre la naturaleza de la intervención de la Defensoría de los Habitantes. Se le indicó que debía esperar la resolución jurisdiccional de la Sala Constitucional, en virtud de que en ese acto la habitante informó sobre la presentación de un recurso de amparo de forma previa. 3. Se le indicó a la parte interesada que, una vez resuelto el asunto jurisdiccional, y si persistían dudas o se requería la intervención de la Defensoría de los Habitantes, debía comunicar lo sucedido para valorar la situación específica del caso. 4. A la fecha, la parte interesada no ha presentado información probatoria sobre gestiones previas ni ha solicitado intervención alguna por parte de la Defensoría de los Habitantes, en relación con la evolución de la situación expuesta. III. SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Del análisis del escrito de interposición del recurso de amparo incoado por la señora [Nombre 001] se extrae que su pretensión es que la Municipalidad de Santa Ana, el Ministerio de Salud y el IMAS, ejerzan su competencia legal e intervengan en la propiedad contigua a la casa de su madre que es una persona adulta mayor, ya que esa propiedad ocasiona daños a la vivienda, pero no ha obtenido respuesta de esas instituciones; en tal sentido, refiere que ha acudido a esas instituciones en busca de soluciones pero no ha obtenido respuesta. En lo concerniente a este Órgano Defensor señala el auto de traslado del recurso de amparo que: “…fue a la Defensoría de los Habitantes, donde le dijeron que ellos eran respetuosos de lo que dijera la Sala Constitucional y que es perarían a ver qué se resolvería en esa sede…” Al respecto, como se indicó en la relación de hechos expuesta en el acápite anterior, la Oficina Regional Central recibió a la recurrente, quien acudió de manera presencial y fue atendida de manera personal por una profesional de admisibilidad. En el proceso de atención la recurrente expuso que había acudido ante el IMAS -como dueño registral de la propiedad colindante a la de su madre- para que efectuara las reparaciones correspondientes y cesar el daño a la propiedad. En el mismo sentido, refirió haber acudido a la Municipalidad de Santa Ana como órgano fiscalizador, pero que no había obtenido respuesta, por lo que había interpuesto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional tramitado mediante expediente N°24-019779- 0007-CO y que -a ese momento- tampoco había recibido respuesta. Ante el panorama detallado, y conforme a las competencias legales establecidas en la Ley de la Defensoría de los Habitantes, se le explicó a la recurrente que el legislador estableció varias limitaciones para el ejercicio de las competencias de este Órgano Defensor, entre las que se encuentra, la imposibilidad de conocer quejas sobre las cuales se encuentre pendiente una resolución judicial; así lo establece expresamente el numeral 19.2 de la Ley N°7319: “ Artículo 19.- No interrupción de plazos. … 2.- La Defensoría de los Habitantes de la República no podrá conocer las quejas sobre las cuales esté pendiente una resolución judicial . Suspenderá su actuación, si el interesado interpone, ante los Tribunales de Justicia, una demanda o un recurso respecto del mismo objeto de la queja, lo cual no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas …” Es por ello que, ante la información brindada en la atención presencial a la recurrente, en la cual señaló que había interpuesto un recurso de amparo por la omisión de esas instituciones de brindarle respuesta, es que la profesional de admisibilidad que atendió a la recurrente, advirtió una de las causales de excepción de la competencia institucional y así se lo explicó a la señora [Nombre 001], no sin antes manifestarle que una vez resuelto el recurso de amparo por parte de la Sala Constitucional y de persistir dudas o si requería nuestra intervención, debía comunicarlo para valorar el asunto. De mérito señalar que la atención de la recurrente fue presencial y personal, siendo que la señora [Nombre 001] expuso de viva voz la situación que la aquejaba, sin presentar ningún documento por escrito, razón por la cual, se procedió a la asesoría respectiva, en los términos establecidos en el Manual de Macroproceso de Defensa de los Derechos e Intereses de la Defensoría de los Habitantes, Acuerdo N°2268, que establece: “ Artículo 6.- Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento (*), se establecen las siguientes definiciones: … v.- Orientación y Asesoría al Habitante: Es una estrategia de defensa mediante la cual la institución evacúa consultas, inquietudes e informa a una persona o grupo sobre las gestiones que debe realizar ante la institución pública que denuncia de previo a la admisibilidad del caso. ” … Es decir, se evacuó la consulta e inquietudes de la recurrente, de la misma manera en que las formuló, a decir, de manera verbal. Valga señalar que la línea de la jurisprudencia constitucional respecto al deber de brindar respuesta por escrito al habitante, se ha circunscrito a aquellos supuestos en que la solicitud se hubiese planteado de esa misma manera, sea por escrito, de lo cual se deriva que las consultas verbales se evacúan de la misma manera. En ese sentido, se observa la resolución N°17795- 2018: “…si bien la Defensoría recurrida asesoró al denunciante respecto a la gestión planteada y le indicó que lo pretendido está fuera de sus competencias, esta Sala, acredita que lo anterior se realizó de manera verbal, a pesar que, la denuncia fue presentada por escrito, ante dicha autoridad… es menester indicar que este Tribunal, en reiteradas ocasiones ha indicado, que una gestión por la vía escrita, debe ser resuelta de la misma forma, actuación que no se tiene por demostrado en el presente recurso, lo cual desvirtúa el sentido natural del derecho de obtener una respuesta directa…”. En el mismo sentido se puede consultar la sentencia N°34990-2024. Así las cosas, de la normativa señalada y la vertiente jurisprudencial, se demuestra que la Defensoría de los Habitantes bajo ninguna circunstancia ha vulnerado los derechos humanos de la persona recurrente, toda vez que no ha existido por parte de la Defensoría de los Habitantes la desatención de la situación de la recurrente, sino más bien, una abstracción de nuestra competencia por disposición expresa de nuestra ley constitutiva, toda vez que el asunto planteado por la señora [Nombre 001], en ese momento se encontraba siendo conocido por la Sala Constitucional, mediante expediente N°24-019779-0007-CO, lo que impedía a tenor del artículo 19.2 de la Ley N°7319, el conocimiento e intervención de este Órgano Defensor.”\n\n5.- Por escrito presentado el 01 de diciembre de 2024, informa bajo juramento RICARDO OCAMPO SALAS, en condición de Director del Área Rectora de Salud de Santa Ana que: “(…) la señora [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 001], en contra del Ministerio de Salud argumentando lo siguiente: 1. “(…) sobre los hechos alegados por el recurrente, en resumen: De parte del Ministerio de Salud, no se ha hecho nada al respecto. Incluso, las aguas negras de allí desfogaban en la propiedad de su madre, por lo que, se requiere que se edifique una tapia que logre separar ambas propiedades (…)”. 2. “(…) En el caso del Ministerio de Salud, no han querido contestarle, dice que ella ha ido muchas veces y sus visitas están registradas en el registro que tiene el guarda, pero allí, se negaron a recibir su documentación, solo 2 veces se le aceptaron los papeles, pero en sus demás visitas ha sido ignorada. También, ha llamado por teléfono, pero nunca le contestan. Es más, en una de las oportunidades, dijo que acudiría a la Sala, momento en el que la atendió un inspector, quien le aseguró que la Municipalidad pudo haber demolido la estructura, pues, esta no cuenta con permisos de construcción. También le indicó que, aun cuando, la propiedad está habitada, ellos no pueden actuar en ese caso. Las denuncias incoadas son del 2 de mayo, 29 de mayo, 13 de junio, I de julio -no le quisieron recibir la documentación-, 18 de septiembre -misma que fue recibida por su insistencia- y el 19 de septiembre, todas de 2024, donde nuevamente llenó un formulario que no se le recibió (…)”. Página 2 de 8 II. ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL CASO DE MARRAS. 1. El jueves 02 de mayo de 2024 al ser las 14:50 horas ingreso ante esta Área Rectora de Salud Santa Ana, la denuncia bajo consecutivo N°124-2024, interpuesta por la señora [Nombre 002] contra el lote que colinda al costado sur de la propiedad, denunciada: Nida Chaves, dirección: San José, Santa Ana, Pozos, Barrió Corazón de Jesús, de la escuela Página 3 de 8 Honduras 150 metros Oeste y 175 metros norte, casa #30 al final de la 3ra entrada. (folios 1 al 18). En la denuncia la señora [Nombre 002] adjunta los siguientes documentos: • Un escrito con fecha de 29 de mayo de 2024, brindando datos más específicos de la denuncia, junto con acta de inspección del gobierno local de Santa Ana Número :393986 de la problemática y detallando el sitio de afectación. • Informe MSA-GOT-PPU-UCU-CIN-01-001-2024, por el gobierno local de Santa Ana. • Escrito con fecha 18 de septiembre del 2024 dirigido al Ministerio de Salud. 2. El viernes 17 de mayo de 2024 al ser las 19:45 horas conforme al Acta de Inspección GSA-52-2024 funcionario de esta Área Rectora de Salud Santa Ana se presentó al sitio donde se presenta la problemática, donde se corrobora que se disponen las aguas servidas al cordón de caño vía pública y se recomendó realizar inspección en conjunto con ingeniero del Ministerio de Salud para dar seguimiento y a su vez la valoración de la estructura debido a que la vivienda se observaba deteriorada al momento de realizar la visita. (folios 19 al 20 ). 3. El lunes 17 de junio del 2024 al ser las 10:40 am, se realizo visita a casa de habitación denunciada, no obstante, no fue posible ubicar a la señora Nida Chaves, los vecinos señalan que en la vivienda de cita habita la señora Vilma Emérita Del Carmen Chaves Araya, sin embargo, al momento de llegar a casa de habitación, se encontraba cerrado, nadie atendió. (folios 21 al 22). 4. El lunes 15 de julio del 2024 al ser las 9:05 am, se realizó nueva visita a casa de habitación denunciada y que se encuentra ocupada por la señora Vilma Emérita Del Carmen Chaves Araya para dar seguimiento a la denuncia, y al momento de llegar a casa de habitación, se encontraba cerrado, nadie atendió. (folios 23 al 24). 5. El lunes 07 de agosto del 2024 al ser las 13:20 am, se realizó visita a casa de habitación denunciada de la señora Vilma Emérita Del Carmen Chaves Página 4 de 8 Araya para dar seguimiento a la denuncia, y al momento de llegar a casa de habitación, se encontraba cerrado, nadie atendió. (folios 25 al 26). 6. El viernes 23 de agosto de 2024 según Constancia de Autorización de Ingreso al Inmueble KAHG-16-2024, se realiza la inspección. (folio 27). 7. El viernes 20 de setiembre de 2024 mediante el Informe Técnico N° MS- DRRSCS-DARSSA-IT-0407-2024, ( folios 28 al 38), se concluye que: • “Según los hechos descritos, se extrae de la vivienda principal analizada en el presente informe técnico, reúne condiciones de insalubridad y peligrosidad; lo anterior por cuanto la edificación ofrece peligro a los ocupantes, su sistema eléctrico es deficiente y pone en riesgo de incendio la edificación, por otro lado, sumado a esto se observa que la edificación cuenta con serias fallas de estructuración sismo resistente. • En cuanto a la insalubridad no se observa en adecuadas condiciones sanitarias, la falta de ventilación es un factor común para los cuartos, a lo que se suma el mal orden interior, se concluye que la ventilación es deficiente tanto en piezas habitables como no habitables. No se realiza una correcta disposición de aguas residuales, obteniéndose un resultado positivo en la prueba técnica de coloración con fluoresceína sódica realizada en aguas residuales servidas, observándose la salida del colorante por vertido directo hacia el cordón de caño vía pública, ocasionando el escurrimiento de aguas residuales servidas hacia la vía pública. Dicho vertido de aguas residuales funge como fuente de infección, foco de contaminación ambiental, o en criadero y/o albergue de fauna nociva, generando un riesgo para la salud de los vecinos y personas que habitan en la propiedad de cita.” • Mediante informe técnico MS-DRRSCS-DARSSA-IT-0407-2024, se Página 5 de 8 corrobora que dicha vivienda no cumple a cabalidad con lo contenido en el artículo 313 y sucesivos de la Ley General de Salud. Por lo anteriormente mencionado, se determina que el inmueble se encuentra en un estado riesgoso representando un peligro considerable para las personas que habitan en la misma, y en general para la salud pública. Las situaciones observadas en medida representan problemas que pueden afectar la salud de las personas, por lo que de acuerdo con las competencias del Ministerio de Salud es su responsabilidad garantizar y tomar acciones preventivas en beneficio de la Salud Pública y bajo fundamento en los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 39, 319, 320, 321, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de la Salud, Ley de Construcciones y su Reglamento, a saber: Según los hallazgos encontrados durante la inspección la vivienda de la señora denunciada Bienvenida Chaves Araya se encuentra en condiciones peligrosas e insalubres que atentan contra la seguridad de sus habitantes y de los vecinos. ” 8. Dado lo anterior se emitió la Orden Sanitaria N° MS-DRRSCS-DARSSA-OS- 123-2024, donde se le ordeno al ocupante del inmueble la señora Vilma Emérita Del Carmen Chaves Araya, un plazo de 45 días hábiles a partir de la notificación de la presente orden sanitaria debe desalojar su vivienda ubicado en Santa Ana, Pozos, Barrio Corazón de Jesús, de la Pulpería La Margarita, 75 norte casa #29, debido a que la misma se encuentra declarada INHABITABLE por INSALUBRIDAD Y PELIGROSA, la cual actualmente se encuentra en proceso de notificación. 9. Mediante oficios MS-DRRSCS-DARSSA-1658-2024, MS-DRRSCS- Página 6 de 8 DARSSA-1659-2024, MS-DRRSCS-DARSSA-1660-2024, MS-DRRSCS- DARSSA-1661-2024 y MS-DRRSCS-DARSSA-1662-2024, se realizó la solicitud del estudio de ayuda social para la señora Vilma Emérita Del Carmen Chaves Araya en calidad de ocupante de la vivienda denunciada, ante Gobierno Local De Santa Ana, Banco Hipotecario de la Vivienda, Consejo Nacional Para la Persona Adulta Mayor, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y el Instituto Mixto de Ayuda Social.( folios 39 al 48, 50 al 54) 10. Mediante número oficio MS-DRRSCS-DARSSA-1663-2024, se le brinda respuesta a la señora [Nombre 002], sobre lo actuado. (folios 49, 55). III. ASPECTOS DE DERECHO. Resulta importante aclarar al Hornorable Magistrado constitucional que en este nivel local, Área Rectora de Salud Santa Ana del Ministerio de Salud, nos esmeramos en atender de manera célere y oportuna todas y cada una de las gestiones que nos presentan los administrados (as), y brindar, como corresponde, la atención debida, en pro de garantizar el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social de los habitantes, mediante el ejercicio de la Rectoría del Sistema Nacional de Salud, todo ello con el fin de garantizar la salud de los habitantes y por ende su derecho fundamental a la vida. Siendo de apreciar según se desprende del acervo probatorio que consta en Autos, y como lo comprueba el expediente administrativo que se adjunta como prueba; que, mediante actas de inspección, informe técnico, los funcionarios asignados al caso procedieron en tiempo y forma a realizar la atención de la denuncia por las aguas residuales y el estado estructural de la vivienda. La prueba técnica de coloración con fluoresceína sódica es empleada para conocer el recorrido de las aguas residuales (trazabilidad) por arrastre del colorante desde su punto de generación, hasta los diferentes sitios de desfogue de estas. Al ser precisamente un trazador permite determinar e identificar el tránsito, patrones de difusión y dispersión, o áreas de infiltración de las aguas. Así las cosas, el colorante debe ser vertido en pilas, lavamanos, inodoros, desagües de lavadoras (entre otros, que fungen como punto de generación), de la o las propiedades denunciadas a efecto de evidenciar técnicamente su trazabilidad hasta los sitios de desfogue. Resulta imperativo acotar que el actuar del Ministerio de Salud, particularmente de esta Área Rectora de Salud Santa Ana, no es desinteresado y mucho menos intencionado en vulnerar derechos fundamentales a las personas, por el contrario, siempre está dirigido en atender de manera atenta, responsable y diligente, todas las gestiones planteadas, por tanto, en atención a lo argumentado por la señora [Nombre 002] en el presente recurso de amparo; queda evidenciado que esta Área Rectora de Salud Santa Ana, no presentó una conducta omisiva con relación a la denuncia interpuesta por la señora [Nombre 002] máxime cuando la denuncia ha sido atendida de manera pronta y cumplida por esta Área Rectora de Salud, siendo que las actuaciones para el caso de cita siempre han sido respetuosas y acordes con el marco constitucional y legal, máxime cuando queda demostrado que en reiteradas ocasiones y en diferentes horarios se realizaron visitas de inspección al inmueble denunciado, para atender lo correspondiente. IV. PETITORIA. En virtud de lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Honorable Tribunal Constitucional DECLARAR SIN LUGAR, el presente recurso de amparo, pues resulta claro de lo informado, que se ha atendido como corresponde y dentro de nuestras competencias lo denunciado, donde insistimos en afirmar que el actuar de esta Área Rectora de Salud Santa Ana, no es desinteresado y mucho menos intencionado en vulnerar derechos fundamentales de las personas, y en particular del aquí recurrente, por el contrario, siempre está dirigido en atender de manera atenta, responsable y diligente todas sus gestiones, con en efecto se ha hecho y se continúa haciendo, por lo que reiteramos la solicitud respetuosa de que se declare sin lugar el recurso de amparo que nos ocupa.”\n\n6.- Por escrito presentado el 03 de diciembre de 2024, informa bajo juramento VANESSA HIDALGO CÁRDENAS, en condición de jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social Pavas del Instituto Mixto de Ayuda Social: “(…) HECHO PRIMERO: Que la amparada, es una persona adulta mayor que hace muchos años fue diagnosticada con bipolaridad y un problema de afectividad, enfermedades de las que sus hijos se han aprovechado para abusar de ella. Respuesta al hecho: Inexacto. Según consulta del Registro Civil Sipo, la señora [Nombre 002], fecha nacimiento 21/02/1945, actualmente tiene 79 años, es una adulta ma- yor. Como Instituto Mixto de Ayuda Social no consta, información referente a su estado médico de salud y tampoco a las relaciones personales de su familia. (Folio Digital N.1: Reporte del Registro Civil). HECHO SEGUNDO: Señala que se reencontró con ella hace solo 4 años, hallándola en pésimas condiciones físicas, sanitarias y mentales. Respuesta al hecho: No consta, esta información. HECHO TERCERO: Menciona que de parte de sus hijos prácticamente no recibe ayuda, ante lo que, la amparada ahora asiste al Hogar Diurno Joaquín y Ana en Santa Ana, donde ella se encarga de irla a recoger en las tardes. Respuesta al hecho: No consta, esta información, actualmente, revisando el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) la señora [Nombre 002] solo refleja datos del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), según Reporte de personas de Ficha Inclusión Social SINIRUBE. (Folio Físico N. 2: Reporte de personas de Ficha de Inclusión Social SINIRUBE). HECHO CUARTO: Ahora bien, reclama que nadie se ha preocupado por las condiciones en que vive su madre, pues, la casa que es una propiedad sumamente pequeña y, está llena de agua por donde ella camina. Respuesta al hecho: No consta, esta información, referente al estado de las condiciones actuales de la vivienda. HECHO QUINTO: Expone que, por esta situación, desde hace más de 4 meses han accio- nado ante las autoridades recurridas para que arreglen la propiedad contigua que causa daños al inmueble de su representada, pero no les han hecho caso. Respuesta al hecho: No consta, la información. HECHO SEXTO: Indica que, en Barrio Corazón de Jesús, ubicado en Pozos de San Ana, la propiedad 30, de la amparada, colinda con la 29, que está registrada a nombre del IMAS. Respuesta al hecho: Cierto. Según Oficio IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0287-2024, con fecha 16 de agosto de la Unidad Local de Desarrollo Social Heredia, en el párrafo N.3 indica textualmente lo siguiente: “Es importante mencionar que, según la información facilitada por Daniel Rojas, enlace del Departamento de Desarrollo Socio Productivo y Comunal (DDSPS) del ARDS Suroeste, la propiedad en estudio corresponde al proyecto de Titulación Barrio Corazón de Jesús en Pozos de Santa Ana, de acuerdo con información catastral y registral del proyecto, el lote efectivamente corresponde a una finca propiedad del IMAS (No. Finca 1-212498-000); no obstante, el mismo se encuentra actualmente ocupado por parte de Vilma Chaves, según visita de campo realizada en julio 2023.” (Folio Digital N.3: Oficio IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH- 0287-2024). HECHO SÉTIMO: El IMAS, acusa, nunca se preocupó por verificar el estado de ese inmue- ble, ni a quien se lo facilitó y, ahora este bien causa daños a la propiedad de la amparada. Respuesta al hecho: No consta, esta información. Según Oficio IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH- 0287-2024, con fecha 16 de agosto de la Unidad Local de Desarrollo Social Heredia, en el párrafo N.4 y N.5 indica textualmente lo siguiente: “En relación con la solicitud de la señora [Nombre 001], lo correspondiente es realizar el proceso de titulación en primera instancia con las personas ocupantes y validar los supuestos indicados mediante el debido procedimiento institucional para el otorgamiento de Titulación a favor de las personas ocupantes de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No.29531-MTSS. Antes de iniciar el proceso de titulación de tierras sobre el lote mencionado, para determinar si procede o no la titulación a favor de la ocupante actual (Vilma Chaves) se debe corregir situación registral porque posee 30,40 metros cuadrados, área con la que es imposible realizar cualquier tipo de trámite hasta no rectificar la medida.” (Folio Digital N.3: Oficio IMAS-DDS- ARDSH-ULDSH- 0287-2024). HECHO OCTAVO: Requiere que se coloquen canoas para que las aguas llovidas no inva- dan la casa de su madre, pues, estas caen en el pasillo por donde su representada debe caminar a diario, lo que la coloca en un potencial peligro de caerse. Respuesta al hecho: No consta, esta información HECHO NOVENO: Así las cosas, detalla que fue a la Municipalidad, al IMAS y al Ministerio accionado a buscar soluciones, sin haber recibido a la fecha, respuesta a sus gestiones. Respuesta al hecho: Falso. Por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se le ha brindado tres oficios de respuesta: ➢ Oficio IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH- 0287-2024, fecha 16 agosto del 2024. ➢ Oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024, fecha 17 setiembre del 2024. ➢ Oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024, fecha 01 octubre del 2024. No obstante, no consta si la Municipalidad, el Ministerio de Salud ha brindado respuesta de notas presentadas por la señora [Nombre 001]. (Folio Digital N.4: Oficio IMAS-DDS- ARDSS-ULDSPV-0592-2024 y Oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024). HECHO DÉCIMO: Apunta que la Municipalidad de Santa Ana, dice que el problema es de vecinos, aun cuando, el bien es del IMAS y funciona como una cuartería donde los cuartos son alquilados por extranjeros en estado de pobreza, con instalaciones eléctricas en mal estado, sin permisos de construcción, paredes de latas viejas y otras muchas irregulari- dades más, que ponen en peligro a la amparada. Respuesta al hecho: No consta, esta información. HECHO UNDECIMO: De parte del Ministerio de Salud, no se ha hecho nada al respecto. Respuesta al hecho: No consta, esta información. HECHO DUODÉCIMO: Incluso, las aguas negras de allí, desfogaban en la propiedad de su madre, por lo que, se requiere que se edifique una tapia que logre separar ambas propie- dades. Respuesta al hecho: No consta, esta información. HECHO DÉCIMO TERCERO: De parte del IMAS no han encontrado auxilio, pues, les dicen que la vivienda será entregada a la persona que ha vivido en ella por muchos años, sin tomar en cuenta que lo que se está haciendo allí es explotar a otras personas. Respuesta al hecho: Inexacto: Según oficio IMAS-DDS-DDSPC-0657-2024 del Departamento de Desarrollo Socio Productivo y Comunal, el cual fue fundamento para dar respuesta al oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024, en el párrafo cuarto y quinto indica textualmente: “Una vez resuelta la situación registral de la finca madre, se podrá iniciar el Trámite ejecución del beneficio Titulación de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°29531-MTSS y sus reformas, considerando en primera instancia a las personas ocupantes del inmueble; en este caso la señora Vilma Chaves. Se aclara que el Decreto Ejecutivo N°29531-MTSS y sus reformas, las condiciones para ser considerada como persona beneficiaria de Titulación. Asimismo, establece que en caso de presentarse conflicto entre eventuales cesionarios se podrá establecer un proceso de determinación de mejor derecho, con aquellas personas que presenten un interés y derecho legítimo sobre el inmueble”. (Folio Digital N.5: Oficio IMAS-DDS-DDSPC-0657-2024). HECHO DÉCIMO CUARTO: Agrega que ha presentado varias gestiones ante las autorida- des recurridas, en el caso de la Municipalidad de Santa Ana, los días 2 de mayo, 13 de junio y 18 de septiembre, todas de 2024, donde lo que se le ha dicho es que estos temas no son de su competencia y que lo tocante a la cuartería, no se puede demostrar que la misma exista -ver autos- . Respuesta al hecho: No consta, esta información. HECHO DÉCIMO QUINTO: En el caso del Ministerio de Salud, no han querido contestarle, dice que ella ha ido muchas veces y sus visitas están registradas en el registro que tiene el guarda, pero allí, se negaron a recibir su documentación, solo 2 veces se le aceptaron los papeles, pero en sus demás visitas ha sido ignorada. También, ha llamado por telé- fono, pero nunca le contestan. Respuesta al hecho: No consta, esta información. HECHO DÉCIMO SEXTO: Es más, en una de las oportunidades, dijo que acudiría a la Sala, momento en el que la atendió un inspector, quien le aseguró que la Municipalidad pudo haber demolido la estructura, pues, esta no cuenta con permisos de construcción. Tam- bién le indicó que, aun cuando, la propiedad está habitada, ellos no pueden actuar en ese caso. Respuesta al hecho: No consta, esta información. HECHO DÉCIMO SÉTIMO: Las denuncias incoadas son del 2 de mayo, 29 de mayo, 13 de junio, 1 de julio -no le quisieron recibir la documentación-, 18 de septiembre -misma que fue recibida por su insistencia- y el 19 de septiembre, todas de 2024, donde nuevamente llenó un formulario que no se le recibió -ver autos- . Respuesta al hecho: No consta, esta información. Únicamente lo presentado por la señora [Nombre 001], en el escrito. HECHO DÉCIMO OCTAVO: También, ha planteado gestiones ante el IMAS, según consta en las recibida el 17 de junio, 22 de agosto y, 18 de septiembre de 2024 -ver autos- . Respuesta al hecho: Cierto. Por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se le ha brindado tres oficios de respuesta, mediante correo electrónico pame_pj@hotmail.com). ➢ Oficio IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH- 0287-2024, fecha 16 agosto del 2024. ➢ Oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024, fecha 17 setiembre del 2024. ➢ Oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024, fecha 01 octubre del 2024. (Folio Digital N.3: Oficio IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH- 0287-2024). (Folio Digital N.4: Oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024 y Oficio IMAS-DDS- ARDSS-ULDSPV-0627-2024). HECHO DÉCIMO NOVENO: Del IMAS recibió una respuesta según oficio IMAS-DDS- ARDSH-ULDSH-0288-2024 de 16 agosto de 2024, en el que se le informó que su caso se trasladaría al Área Regional de Desarrollo Social Suroeste. Respuesta al hecho: Cierto. Por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se le brindo respuesta vía correo electrónico de la señora [Nombre 001] (pame_pj@hotmail.com) mediante estos dos oficios del Área Regional de Desarrollo Social Suroeste, Unidad Local de Desarrollo Social Pavas. ➢ Oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024, fecha 17 setiembre del 2024. ➢ Oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024, fecha 01 octubre del 2024. (Folio Digital N.4: Oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024 y Oficio IMAS-DDS- ARDSS-ULDSPV-0627-2024). (Folio Digital N.6: Correo de respuesta enviados al correo de la señora [Nombre 001]) HECHO VIGESIMO: Agrega que también fue a CONAPAM, pero de allí las remitieron a otro sitio alegando que el caso era contra el IMAS, es decir, contra el Estado. Respuesta al hecho: No consta, esta información. HECHO VIGESIMO PRIMERO: Finalmente, arguye que fue a la Defensoría de los Habitan- tes, donde le dijeron que ellos eran muy respetuosos de lo que dijera la Sala Constitucio- nal y que esperarían a ver que se resolvería en esta sede. Respuesta al hecho: No consta, esta información. HECHO VIGESIMO SEGUNDO: Hasta acudió a la Presidencia de la República, según nota recibida el 30 de mayo de 2024 -ver autos- . Respuesta al hecho: No consta, esta información. Únicamente lo presentado por la señora [Nombre 001], en el escrito. HECHO VIGESIMO TERCERO: Por todo lo anterior, detalla que decidió volver a la Sala a pedir ayuda, pues, de previo, había planteado otros recursos de amparo que fueron des- estimados. Respuesta al hecho: No consta, esta información. HECHO VIGESIMO CUARTO: Con base en los alegatos expuestos, estima que con las ac- tuaciones acusadas, se han vulnerado derechos fundamentales. Respuesta al hecho: Falso, es importante indicar que, desde el IMAS no se han lesionado sus derechos porque a todos sus trámites se le ha brindado respuesta, según oficios indicados en este informe. Anexos: Folio Digital N.1: Reporte del Registro Civil Folio Físico N. 2: Reporte de personas de Ficha de Inclusión Social SINIRUBE. Folio Digital N.3: Oficio IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH- 0287-2024 Folio Digital N.4: Oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024 y Oficio IMAS-DDS-ARDSS- ULDSPV-0627-2024 Folio Digital N.5: Oficio IMAS-DDS-DDSPC-0657-2024 Folio Digital N.6: Correo de respuesta enviados al correo pame_pj@hotmail.com de la señora [Nombre 001]). SOBRE EL FONDO: El Instituto Mixto de Ayuda Social está sujeto al principio de legalidad vigente en nuestro Estado de Derecho. Por lo anterior, de conformidad con el ordenamiento jurídico, debe verificar que los beneficiarios a quienes se destinan los fondos públicos sean sujetos de nuestros beneficios y, además, distribuir dichos fondos públicos (que son limitados) de la manera que mejor se satis- faga el fin público. En este caso, estamos ante una propiedad que pertenece al IMAS y como parte del beneficio de la titulación, deben de cumplirse una serie de requisitos para otorgar la propiedad a nombre de una persona y en este caso de doña Vilma Chaves. En el Reglamento a las Leyes N°4760 y sus Reformas y Leyes N° 7083, 7151 y 7154 para el Otorgamiento de Escrituras de Propiedad a los Adjudicatarios de Proyectos de Vivienda IMAS En su Artículo 4°-De los beneficiarios de la titulación: Serán beneficiarios de una titulación por su orden y con carácter prelativo: c) Las personas que tuvieren mayor antigüedad de habitar en forma ininterrumpida en el inmueble, excepto si hubiesen renunciado o cedido sus derechos. e) Las personas que en el momento de la solicitud de titulación estén habitando el inmueble, si no se demostrase la existencia de terceros de mejor derecho. En todos estos casos, en situación de igual, el IMAS buscará proteger, ante todo, el interés superior de los niños y niñas que habiten el inmueble, los adultos mayores y las personas que posean una discapacidad.\" (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43492 del 17 de febrero del 2022) Artículo 19.-Del registro de profesionales, control seguimiento del programa: El Área de Titulación de Tierras, establecerá los mecanismos y procedimientos de control y seguimiento que permitan una pronta, oportuna y eficaz ejecución de la titulación de inmuebles del IMAS, de la adquisición de inmuebles y de confección de planos topográficos y para tal efecto, deberá: • Realizar los trámites para sacar a concurso la contratación de servicios profesionales, en Trabajo Social, Notariado, y Topografía, de acuerdo con los procedimientos de la contra- tación administrativa. • Establecer los mecanismos y procedimientos de control, seguimiento e inscripción de es- crituras, planos de catastro y estudios socio económicos, que permitan una pronta opor- tuna y eficaz ejecución. • Informar a la Gerencia General de los incumplimientos en la realización, tramitación e inscripción de los documentos asignados, dentro del marco del Programa, a los profesio- nales en Notariado, Trabajo Social y Topografía. • Coordinar con las organizaciones comunales, sectores organizados y en las entidades públicas locales, todo lo referente la ejecución del Programa de Titulación del IMAS, de conformidad con las políticas y lineamientos dictados por este Instituto. Con base a esta normativa, que es aplicable al caso en concreto. Se extrae, hay un procedimiento que debe seguirse para el otorgamiento de una titulación a un usuario. Es lo que se le ha dado respuesta a la recurrente [Nombre 001] a favor de [Nombre 002]. (se anexan a este informe). Sin embargo, la Sra. Vilma Chaves cuenta con responsabilidades y debe cumpli en no dañar la propiedad colindante; solo es responsabilidad de nuestra Institución el otorgar la propiedad mediante titulación a la persona que demuestre tener el derecho. Y esto es mediante un proceso legal correspondiente y el acuerdo ante el Consejo Directivo cuando ya ha pasado por el Departamento Socioproductivo, Dirección Desarrollo Social y mediante acuerdo presentado ante el Consejo Directivo. En este tema deben participar el gobierno local de Santa Ana y el Ministerio de Salud verificar dentro de sus facultades lo que les atañe en cuanto lo que denuncia la recurrente [Nombre 001] a favor de [Nombre 002]. Asimismo, debe quedar claro para la Sala Constitucional nos encontramos ante un amparo de legalidad que debe presentarte ante la instancia Contenciosa Administrativa y no procede como un recurso de amparo. Por cuanto el amparo de legalidad indica a partir del año 2008 los conflictos por justicia pronta y cumplida entre las instituciones públicas y los ciudadanos y aquellas referencias al artículo 41 constitucional ya no son resueltos por la Sala Constitucional. La nueva normativa, a través del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) establece que estos asuntos deben ser presentados ante el Tribunal Contencioso Administrativo.”\n\n7.- Según constancia agregada a los autos, entre el 13 de noviembre y el 03 de diciembre de 2024, el Presidente del Concejo Municipal de San Ana no presentó escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las 09:32 horas del 13 de noviembre de 2024.\n\n 8.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta a favor de una persona adulta mayor por problemas de insalubridad provocados a su vivienda. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- CONSECUENCIA DE NO RENDIR EL INFORME SOLICITADO POR LA SALA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si la autoridad recurrida no rinde su informe, se tienen por ciertos los hechos alegados por la parte recurrente. La Sala entra a estudiar la procedencia del amparo, con la base fáctica expuesta, lo que no implica que automáticamente se acoja el recurso. En el caso concreto, Presidente del Concejo Municipal de Santa Ana no rindió el informe solicitado. Por lo anterior, se tiene por no rendido el informe y esta Sala resuelve el caso valorando los otros informes aportados los hechos denunciados, la prueba que se adjunta al escrito de interposición del amparo y la jurisprudencia de este Tribunal aplicable al caso concreto.\n\nIII.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, la amparada es una persona adulta mayor con diagnóstico de bipolaridad y problemas de afectividad, ha sido víctima de abuso y abandono por parte de sus hijos, encontrándose en condiciones precarias de salud y vivienda. Actualmente asiste a un hogar diurno en Santa Ana, pero su casa ubicada en Barrio Corazón de Jesús de Pozos, colindante con una propiedad del IMAS, sufre constantes inundaciones y daños ocasionados por ese inmueble, utilizado como cuartería en malas condiciones sanitarias y eléctricas. La recurrente ha gestionado soluciones sin éxito ante la Municipalidad de Santa Ana, el Ministerio de Salud, el IMAS y otras instituciones como CONAPAM, la Defensoría de los Habitantes y hasta la Presidencia de la República, sin que se adoptaran medidas efectivas. Reclama la instalación de canoas y la construcción de una tapia para evitar filtraciones y riesgos a la integridad de su madre. Alega que las omisiones de las autoridades recurridas han vulnerado los derechos fundamentales de la amparada y solicita que se declare con lugar el recurso.\n\nIV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\n \n\nHechos relacionados con la Municipalidad de Santa Ana:\n\nEl 03 de mayo de 2024, el inspector municipal Carlos Obando Azofeifa realizó una inspección en Barrio Corazón de Jesús, Santa Ana, a raíz de la denuncia presentada por la señora [Nombre 001]. La denunciante señaló problemas de insalubridad como malas salidas de aguas grises y pluviales, instalaciones eléctricas inadecuadas, uso de latas viejas y podridas como pared colindante, así como invasión a la propiedad de su madre. En la inspección se constató que los vecinos denunciados no contaban con canoas ni bajantes, y que la pared colindante estaba en muy mal estado; sin embargo, no se pudo comprobar la existencia de cuarterías, el estado de las instalaciones eléctricas ni de las aguas grises. Se indicó que las denuncias sobre invasión debían ventilarse en sede judicial y ante el Ministerio de Salud, salvo lo relativo a canoas que sí constituye competencia municipal y sanitaria (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nLa recurrente recibió atención y respuesta mediante el documento denominado “Respuestas a Trámites de la Sra. Jiménez”, en el que se refleja el seguimiento de sus gestiones. No existen registros de que la amparada ni su representante hayan sido atendidas por la Red de Cuido u otro programa social a cargo del proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social de la Municipalidad (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\n\nHechos relacionados con la Defensoría de los Habitantes de la República:\n\nEl 23 de agosto de 2024, la recurrente se presentó en la Oficina Regional Central de la Defensoría de los Habitantes, ubicada en Barrio México, San José. En esa ocasión se procedió a la apertura del registro de intervención N.° 451923-2024-RI, en el cual la recurrente expuso de manera verbal que desde hace 22 años ha vivido debajo de un puente, que está a cargo del cuido de su madre adulta mayor y que la vivienda colindante, propiedad del IMAS, provoca daños a la casa de su madre al carecer de canoas, generando riesgo de caídas. Indicó además que no había recibido respuesta de las instituciones competentes y que había acudido a la Sala Constitucional (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nEn esa misma fecha, 23 de agosto de 2024, la profesional de admisibilidad de la Defensoría de los Habitantes brindó atención y asesoría verbal a la recurrente, informándole que la normativa aplicable —artículo 19.2 de la Ley N.° 7319 y artículo 34 de su Reglamento— impide conocer asuntos que estén pendientes de resolución judicial. Se le indicó que debía esperar la resolución del recurso de amparo y que, en caso de resultar desfavorable, podría acudir nuevamente a la Defensoría con documentación y pruebas para valorar una eventual intervención (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nLa atención a la recurrente fue presencial y personal, se evacuó verbalmente su consulta conforme a la forma en que fue planteada, y se le brindó la orientación correspondiente. Agregó que la interesada no ha aportado documentos adicionales ni solicitado una nueva intervención, por lo que no se ha reactivado el proceso (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\n\nHechos relacionados con el Área Rectora de Salud de Santa Ana:\n\nEl 02 de mayo de 2024, a las 14:50 horas, ingresó ante el Área Rectora de Salud de Santa Ana la denuncia consecutivo N.°124-2024, presentada por la señora [Nombre 002] contra la propiedad colindante al costado sur de su vivienda. En dicha denuncia adjuntó documentación adicional, entre ellos un escrito del 29 de mayo, un acta de inspección del Gobierno Local de Santa Ana y un informe municipal sobre la problemática (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nEl 17 de mayo de 2024, a las 19:45 horas, funcionarios del Área Rectora realizaron una primera inspección (Acta GSA-52-2024), corroborando la disposición de aguas servidas al cordón de caño vía pública. Se recomendó una inspección conjunta con ingeniero del Ministerio de Salud, ante el deterioro visible de la vivienda (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nEl 17 de junio de 2024, a las 10:40 horas, se efectuó visita a la casa denunciada, sin lograr ubicar a la propietaria. Vecinos indicaron que allí habitaba la señora Vilma Emérita del Carmen Chaves Araya, pero el inmueble se encontraba cerrado (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nEl 15 de julio de 2024, a las 9:05 horas, se realizó nueva visita al inmueble ocupado por la señora Vilma Emérita del Carmen Chaves Araya, sin obtener atención (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nEl 07 de agosto de 2024, a las 13:20 horas, se efectuó otra visita de seguimiento a la vivienda denunciada, nuevamente sin ser atendida (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nEl 23 de agosto de 2024, mediante Constancia de Autorización de Ingreso KAHG-16-2024, se efectuó la inspección formal de la vivienda denunciada (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nEl 20 de septiembre de 2024, se emitió el Informe Técnico N.° MS-DRRSCS-DARSSA-IT-0407-2024, concluyendo que la vivienda presenta condiciones de insalubridad y peligrosidad, deficiencia en el sistema eléctrico, fallas estructurales, ventilación inadecuada y disposición incorrecta de aguas residuales, generando riesgo para la salud pública y contraviniendo los artículos 313 y siguientes de la Ley General de Salud (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nComo consecuencia, se dictó la Orden Sanitaria N.° MS-DRRSCS-DARSSA-OS-123-2024, otorgando un plazo de 45 días hábiles a la ocupante Vilma Emérita del Carmen Chaves Araya para desalojar la vivienda ubicada en Santa Ana, Pozos, Barrio Corazón de Jesús, declarada inhabitable por insalubre y peligrosa (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nEl Ministerio de Salud remitió oficios MS-DRRSCS-DARSSA-1658-2024 a MS-DRRSCS-DARSSA-1662-2024 a distintas instituciones —Municipalidad de Santa Ana, BANHVI, CONAPAM, MIVAH e IMAS— solicitando estudios de ayuda social para la ocupante de la vivienda denunciada (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\nMediante oficio MS-DRRSCS-DARSSA-1663-2024, el Ministerio de Salud brindó respuesta formal a la señora [Nombre 002] sobre lo actuado en el trámite de su denuncia (ver informe rendido por parte de la autoridad recurrida).\n\nHechos relacionados con la Unidad Local de Desarrollo Social Pavas del Instituto Mixto de Ayuda Social:\n\nLa amparada [Nombre 002], tiene 79 años (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEn julio de 2023, según visita de campo referida por el IMAS, se constató que el lote colindante (finca 1-212498-000 del IMAS) está ocupado por Vilma Chaves (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEl 16 de agosto de 2024, mediante oficio IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0287-2024, el IMAS indicó que la propiedad colindante pertenece al IMAS y que existe situación registral (área 30,40 m²) que debe rectificarse antes de cualquier trámite de titulación; además, que el proceso debe iniciarse considerando en primera instancia a las personas ocupantes conforme al Decreto Ejecutivo N.° 29531-MTSS (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEl 16 de agosto de 2024, por oficio IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0288-2024, se informó el traslado del caso al Área Regional de Desarrollo Social Suroeste (ARDS Suroeste) (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEl 17 de septiembre de 2024, por oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024, el IMAS respondió a la gestionante vía correo electrónico, con alcances sobre el procedimiento de titulación aplicable (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\nEl 01 de octubre de 2024, por oficio IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024, el IMAS remitió nueva respuesta a la gestionante, manteniendo lo señalado sobre el trámite y requisitos de titulación (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\n \n\nV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.\n\nVI.- RESPECTO A LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL. Tal y como ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Sala, la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente. Se ha sostenido también, que la procedencia del recurso de amparo está condicionada a que se acredite la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, toda vez que es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece. Ante esta situación, no resulta procedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) en estos casos, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales primero se debe resolver dicho conflicto en el plano de la legalidad.\n\nVI.- SOBRE LA OBLIGACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DE TUTELAR LA VIDA HUMANA. Este Tribunal Constitucional ha reconocido la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana y se ha pronunciado sobre las omisiones administrativas que atentan contra la seguridad vial y la integridad física de las personas. Sobre el particular, cabe referir lo dispuesto en sentencia Nº2008-18443 de las 18:01 horas del 11 de diciembre de 2008, donde se indicó: \n\n“Previo análisis del caso concreto, conviene indicar lo dicho por esta Sala en cuanto a la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana, en el sentido que ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado junto con el derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, que su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado de que se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo, la tortura o la pena de muerte, o bien, que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través del sistema penal. No obstante, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que no debe perturbar la existencia física de las personas y, además, debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza. De ahí que, por ejemplo, los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. En consecuencia, se trata de que el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente. Así, la posibilidad de exigir judicialmente, a través de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas, de forma tal que si, por ejemplo, una determinada comunidad estimara necesario contar con un hospital para la atención de sus pobladores (o de cualquier otra obra pública) no es por la vía del amparo que se debe exigir, sino a través de los mecanismos previamente establecidos y ante los órganos y entes competentes, quienes deberán atender la petición y resolver su  procedencia técnica, que no implica necesariamente una respuesta positiva. De lo anterior, se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (ver en este sentido la sentencia número 2003-11519 de las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil tres)”.\n\n \n\nVII.- SOBRE EL DEBER DE LAS MUNICIPALIDADES DE ATENDER LOS INTERESES Y SERVICIOS LOCALES. La actuación de las instituciones públicas debe ser célere y eficiente, sobre todo cuando se trata de proveer los servicios que les competen. En el caso de las municipalidades, al asignárseles la labor genérica de atender los intereses y servicios locales, se abarca un amplio conjunto de actividades. En la sentencia No. 2011-012886, de las 12:44 horas del 23 de setiembre de 2011, se abordó esta materia, y en esa oportunidad la Sala indicó:\n\n“…Conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población. (…) Por consiguiente, a juicio de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión, así como el derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, reconocidos en los artículos 27 y 50 de la Constitución Política, por lo que, en cuanto a esta entidad, el presente recurso deberá ser declarado con lugar…”.\n\n \n\nVIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON LA MUNICIPALIDA DE SANTA ANA. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, aunque la inspección del 03 de mayo de 2024 constató ausencia de canoas y estado ruinoso de la pared colindante, la Municipalidad se desentendió alegando tratarse de “problemas entre privados” y que la colocación de canoas podría implicar “aprobación indirecta” de una supuesta cuartería. En ese sentido, se estima que tal postura desconoce el deber de policía administrativa local sobre obras, seguridad constructiva y salubridad urbana y su deber de coordinación con la autoridad sanitaria. Aun cuando la edificación no colinde con la vía pública (límite del art. 84 CM respecto de canoas), la Municipalidad conserva potestades para: fiscalizar y sancionar obras sin permiso ordenar medidas de mitigación y seguridad; clausurar, en su caso, usos clandestinos o peligrosos; requerir y supervisar obras correctivas coordinadas con Salud y con el propietario. Debe recordarse que, la Administración no satisface el derecho de petición ni el estándar del ordinal 50 constitucional con meros oficios de “traslado” o “seguimiento” si el peligro persiste. Cuando concurren potestades municipales (policía de construcción, control de usos y obras, fiscalización de cánones urbanos básicos), sanitarias (rectoría, policía sanitaria, órdenes correctivas) y dominicales (propietario público del inmueble generador del riesgo), la obligación es conjunta: identificar la causa del daño, ordenar y ejecutar las obras correctivas, y verificar su eficacia hasta la remoción del riesgo, dejando constancia técnica. Así las cosas, se estima que la omisión municipal mantuvo el riesgo y afectó los derechos a la salud, a un ambiente sano y a la integridad física de la amparada. En consecuencia, el amparo debe declararse con lugar contra esta autoridad, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\n \n\nIX.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SANTA ANA. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, si bien consta actuación inicial (apertura de denuncia, visitas, inspección e Informe Técnico MS-DRRSCS-DARSSA-IT-0407-2024), que declara la vivienda insalubre y peligrosa, la vivienda colindante a la propiedad de la amparada, también se acreditan vertidos de aguas servidas a la vía pública; lo que culminó en la emisión de la Orden Sanitaria MS-DRRSCS-DARSSA-OS-123-2024 para desalojar por inhabitabilidad y oficios de articulación social. Al respecto, debe indicarse que, la sola emisión del acto no satisface el deber de tutela si la orden no se notifica, ejecuta y verifica hasta remover la fuente de riesgo y sus efectos en la propiedad de la amparada. Del acervo se desprende que, a la fecha de autos, persistían los escurrimientos y el estado ruinoso; por tanto, la actuación resulta insuficiente. Consecuentemente, debe declararse con lugar el proceso de amparo en contra el Ministerio de Salud, ordenándole completar, ejecutar y supervisar las medidas sanitarias correctivas hasta la eliminación del riesgo, en coordinación con el IMAS y la Municipalidad, lo anterior de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\n \n\nX.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el propio IMAS reconoce ser propietario registral de la finca colindante (finca 1-212498-000) y la ocupación por terceros (Vilma Chaves), así como trámites internos de titulación pendientes por “situación registral”. La condición de propietario no se diluye por la ocupación ni por el eventual proceso de titulación: el IMAS mantiene deberes de custodia y prevención del daño derivados de la propiedad pública (custodia del bien, evitar que su bien sea foco de insalubridad/vertidos, ejecutar obras mínimas de corrección y seguridad, permitir inspecciones y facilitar la ejecución sanitaria). De esta manera, la existencia de una orden sanitaria vigente refuerza su obligación de realizar las obras correctivas que le correspondan como dueño, sin perjuicio de los derechos de la ocupante. En el caso, los oficios remitidos por el IMAS no acreditan acciones materiales eficaces para suprimir la fuente del daño (p. ej., canalización provisoria de pluviales, reparación de cubiertas, sustitución de cerramientos ruinosos, corrección de descargas), ni coordinación técnica para ejecutar la orden sanitaria. Por lo anterior, procede declarar con lugar contra el proceso de amparo en contra del Instituto Mixto de Ayuda Social, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\n \n\nXI.- SOBRE EL CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, la Defensoría informó y orientó de manera presencial, advirtiendo impedimento legal de conocer mientras pendía resolución judicial (art. 19.2 Ley N.° 7319 y art. 34 de su Reglamento). En ese sentido, no se acredita omisión ilegítima. En consecuencia, el amparo debe declararse sin lugar respecto de la Defensoría de los Habitantes.\n\nXII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nXIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso, únicamente, en contra de la Municipalidad de Santa Ana, el Área Rectora de Salud de Santa Ana y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Consecuentemente, se ordena a JUAN JOSÉ VARGAS FALLAS, en condición de Alcalde de la Municipalidad de Santa Ana y al PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA, a RICARDO OCAMPO SALAS, en condición de Director del Área Rectora de Salud de Santa Ana, y a VANESSA HIDALGO CÁRDENAS, en condición de jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social Pavas del Instituto Mixto de Ayuda Social o a quienes ocupen esos cargos que, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen y ejecuten las acciones necesarias a efectos de dar cabal cumplimiento a la Orden Sanitaria MS-DRRSCS-DARSSA-OS-123-2024, realizando las mejoras correspondientes y necesarias para evitar la afectación de seguridad y salubridad de la vivienda en la cual reside la amparada. Asimismo, si surgieren obstáculos por la ocupación del inmueble, el IMAS deberá coordinar con las instancias sociales indicadas en sus propios oficios (BANHVI, CONAPAM, MIVAH, Municipalidad, etc.) para alternativas habitacionales sin paralizar en la ejecución de las obras sanitarias. Se advierte a la autoridades recurridas que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En relación con la Defensoría de los Habitantes de la República, se desestima el recurso. Se condena a la Municipalidad de Santa Ana, al Instituto Mixto de Ayuda Social y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo pone nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nFernando Enrique Lara G.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 40FSYSK047VW61\n\nEXPEDIENTE N° 24-030881-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:59:31.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "VIII.- ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE MUNICIPALITY OF SANTA ANA. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court finds a violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are given under oath with the consequences, including criminal ones, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that, although the inspection of May 3, 2024, verified the absence of gutters (canoas) and the ruinous state of the adjoining wall, the Municipality disengaged, arguing it was a matter of \"problems between private individuals\" and that the placement of gutters (canoas) could imply \"indirect approval\" of a supposed tenement house (cuartería). In this regard, it is considered that such a stance disregards the duty of local administrative police power over works, construction safety, and urban health, and its duty of coordination with the health authority. Even if the building does not adjoin the public road (limit of Art. 84 CM regarding gutters (canoas)), the Municipality retains powers to: inspect and sanction unpermitted works; order mitigation and safety measures; close, as appropriate, clandestine or dangerous uses; and require and supervise corrective works coordinated with Health authorities and the owner. It must be remembered that the Administration does not satisfy the right to petition nor the standard of Article 50 of the Constitution with mere \"transfer\" or \"follow-up\" memos if the danger persists. When municipal powers (construction police, control of uses and works, oversight of basic urban standards), health powers (governance, health police, corrective orders), and dominical powers (public owner of the property generating the risk) concur, the obligation is joint: to identify the cause of the damage, order and execute the corrective works, and verify their effectiveness until the risk is removed, leaving a technical record. Thus, it is considered that the municipal omission maintained the risk and affected the rights to health, a healthy environment, and the physical integrity of the protected party. Consequently, the amparo must be granted against this authority, as indicated in the operative part of this judgment.\n\nIX.- ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE GOVERNING HEALTH AREA OF SANTA ANA. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court finds a violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are given under oath with the consequences, including criminal ones, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that, although there is an initial action (opening of the complaint, visits, inspection and Technical Report MS-DRRSCS-DARSSA-IT-0407-2024), which declares the dwelling adjoining the property of the protected party to be unhealthy and dangerous, and the discharge of wastewater onto the public road is also proven; which culminated in the issuance of Health Order MS-DRRSCS-DARSSA-OS-123-2024 for eviction due to uninhabitability and social coordination memos. In this regard, it must be stated that the mere issuance of the act does not satisfy the duty of protection if the order is not notified, executed, and verified until the source of risk and its effects on the protected party's property are removed. From the body of evidence, it is clear that, as of the date of these proceedings, the runoff and ruinous condition persisted; therefore, the action is insufficient. Consequently, the amparo proceeding must be granted against the Ministry of Health, ordering it to complete, execute, and supervise the corrective health measures until the elimination of the risk, in coordination with the IMAS and the Municipality, in accordance with what is indicated in the operative part of this judgment.\n\nX.- ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court finds a violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are given under oath with the consequences, including criminal ones, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that IMAS itself acknowledges being the registered owner of the adjoining property (property 1-212498-000) and its occupation by third parties (Vilma Chaves), as well as internal titling procedures pending due to the \"registry situation.\" The condition of owner is not diluted by the occupation or by the eventual titling process: IMAS maintains duties of custody and prevention of damage derived from public property (custody of the asset, preventing its property from being a source of unsanitary conditions/discharges, executing minimum corrective and safety works, allowing inspections, and facilitating health execution). Thus, the existence of a valid health order reinforces its obligation to carry out the corrective works incumbent upon it as owner, without prejudice to the rights of the occupant. In this case, the memos sent by IMAS do not prove effective material actions to eliminate the source of the damage (e.g., provisional rainwater channeling, repair of roofs, replacement of ruinous enclosures, correction of discharges), nor do they prove technical coordination to execute the health order. Therefore, it is appropriate to grant the amparo proceeding against the Instituto Mixto de Ayuda Social, as indicated in the operative part of this judgment.\n\nXI.- ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses the violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are given under oath with the consequences, including criminal ones, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that the Defensoría provided information and guidance in person, warning of the legal impediment to hear the matter while a judicial resolution was pending (Art. 19.2 Law No. 7319 and Art. 34 of its Regulations). In this sense, no illegitimate omission is proven. Consequently, the amparo must be declared without merit with respect to the Defensoría de los Habitantes. (…)\n\n[It is not a municipal matter], nor could I verify any invasion of her property, since the complainant must hire a surveyor for such purposes. All of the foregoing are problems between private properties, which are not within the jurisdiction of this local government, and therefore the corresponding complaints must be filed through the judicial system and with the Ministry of Health, except for the issue of the roof gutters (canoas), which under the Municipal Code does fall within the jurisdiction of this local government and also the Ministry of Health, as it is based on the General Public Health Law, but no notice was given based on the recommendation to exhaust all corresponding complaint channels so that the ongoing legal process or processes may conclude, ruling on or indicating an invasion, a state of uninhabitability of the dwelling or dwellings reported, if they were indeed tenement houses (cuarterías), they never had municipal permits, so giving notice regarding the installation of roof gutters (canoas) and their downspouts would be indirectly approving the alleged tenement houses (cuarterías), and would also affect the decision of any relevant authority regarding an invasion of her property or another situation, and furthermore, there is nowhere to place the roof gutter (canoa) due to the lack of a solid wall in good condition.\" (...) It is important to note that the substance of the complaints filed by the appellant on behalf of the elderly adult concern matters that are not under the direct jurisdiction of this Local Government; however, regarding the issue of roof gutters (canoas), Article 84 of the Municipal Code expressly states that natural or legal persons, owners or possessors, by any title, of real estate, must comply with certain obligations, among which, of relevance here, is the obligation to install downspouts and roof gutters (canoas) to collect rainwater from buildings whose exterior walls immediately adjoin the public thoroughfare. However, as shown in the photographs of report MSA-GOT-PPU-UCU-CIN-01-001-2024, the problem does not involve buildings that immediately adjoin the public thoroughfare: (...) As official Daniel Sánchez Méndez previously indicated, attention and a response were provided to the citizen, which is reflected in the document called \"Responses to Procedures of Mrs. Jiménez,\" which demonstrates the follow-up carried out: (...) By virtue of the foregoing, I respectfully request that the appeal be dismissed without merit, since it has been demonstrated that a response was provided to the appellant, even though the matters raised in her procedures fall outside the direct jurisdiction of this Local Government; information, attention, and timely follow-up were provided. Finally, it is reported that the Vulnerability and Social Risk process was consulted, and there are no records, attention, or requests indicating that either the appellant or Mrs. [Name 002] have been assisted through the Care Network (Red de Cuido) or any other social program under the responsibility of said process.\"\n\n4.- By document filed on November 28, 2024, ANGIE CRUICKSHANK LAMBERT, in her capacity as Defender of the Inhabitants of the Republic, reports under oath that: \"(...) FIRST: On August 23, 2024, Mrs. [Name 001] appeared at the Central Regional Office, located in the facilities of the Headquarters of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), in Barrio México, San José. On that occasion, intervention record number 451923-2024-RI was opened. SECOND: Within the framework of the duties of assistance and advice to the interested party, a verbal statement was received from the appellant, which was recorded by the admissions process professional María Fernanda Álvarez, who proceeded to record the following data on the file cover: Facts: For 22 years she has lived under a bridge on the border between Santa Ana and Belén, she has requested help from the Municipalities to obtain decent housing. Additionally, she is the caregiver for her elderly mother; the house next door has no roof gutter (canoa) and water falls onto her mother's hallway, which could cause her to fall, for which reason she has requested the IMAS, who is the registered owner of the property, to take responsibility, as well as the Municipality to perform its oversight function to ensure the owners comply with established requirements. Not receiving a response from the institutions, she appealed to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to file an amparo appeal (recurso de amparo) on July 19, 2024, under case file 24-0197790007-CO, to which she has not received a response. Claim: Requests the intervention of the Ombudsman's Office (Defensoría) regarding the institutions' failure to respond. THIRD: In accordance with the information provided at the time by the inhabitant, it was confirmed that the matter had previously been brought before the courts and was awaiting a resolution from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, by virtue of the filing of an amparo appeal (recurso de amparo), registered under case file number 24-019779-0007-CO. FOURTH: In analyzing the information provided, it was observed that the described situation bore a notable similarity to the matter she was attempting to report to the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes de la República). FIFTH: In response to the verbal information received, the user was informed at that same moment, firstly, that based on the regulations governing the conditions for exercising the competence of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), it was mandatory to await the corresponding jurisdictional resolution. SIXTH: Likewise, it was specified that the Law creating the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) (Law No. 7319) establishes the following: \"Article 19.- Non-interruption of deadlines. (...) 2.- The Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes de la República) may not hear complaints on which a judicial resolution is pending. It shall suspend its actions if the interested party files a lawsuit or an appeal before the Courts of Justice regarding the same subject matter of the complaint, which shall not, however, prevent the investigation of general problems raised in the complaints filed.\" Similarly, Article 34 of the Regulation of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) establishes the following: \"(...) The Defender of the Inhabitants may not hear matters on which a judicial resolution is pending. Nor may he hear those on which a ruling with the authority of res judicata (cosa juzgada) has been issued, provided that it has ruled on the merits of the claimed acts or omissions.\" SEVENTH: Subsequently, the nature of the intervention of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) regarding the different public administrations was reiterated, indicating that, pursuant to Article 12 of Law No. 7319, the institution does not substitute the acts, material actions, or omissions of the administrative activity of the public sector. Instead, its powers are focused, for all purposes, on controlling the legality of the conduct of the entities and bodies that make up the public sector. Likewise, during the in-person assistance, verbal guidance was provided on the corresponding procedure, and doubts about the processing of the matter were clarified. In this context, she was told that she had to wait for the corresponding resolution from the constitutional jurisdiction. Furthermore, she was informed that, should she receive an unfavorable resolution, she would have the option of returning to the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) to analyze the content of the information, as well as the evidence and documents related to the procedures carried out before the active administration. The foregoing, with the purpose of defining possible administrative action by the institutions involved, in accordance with their competencies and legal nature, and if applicable, technical and legal intervention. EIGHTH: The interested party has not appeared before the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) to express a need for intervention, nor has she submitted any additional documentation subsequently. Consequently, a defense process has not been reactivated due to the failure to submit the pertinent evidentiary documents and demonstration of current interest by the involved party. CONCLUSIONS ON THE ASSISTANCE PROVIDED: 1. Mrs. [Name 001] appeared on August 23, 2024, at the Central Regional Office of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), and intervention record No. 451923-2024-RI was opened. 2. Based on the verbal statement made, pertinent guidance was provided, informing her about the nature of the intervention of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes). She was told that she had to await the jurisdictional resolution of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), given that during that act, the inhabitant reported having previously filed an amparo appeal (recurso de amparo). 3. The interested party was told that once the jurisdictional matter was resolved, and if doubts persisted or the intervention of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) was required, she should communicate what had occurred to assess the specific situation of the case. 4. To date, the interested party has not presented evidentiary information regarding prior procedures nor has she requested any intervention from the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) concerning the evolution of the situation described. III. ON THE ALLEGED VIOLATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS From the analysis of the filing document for the amparo appeal (recurso de amparo) brought by Mrs. [Name 001], it can be deduced that her claim is that the Municipality of Santa Ana, the Ministry of Health, and the IMAS exercise their legal authority and intervene regarding the property adjacent to her mother's house, an elderly adult, as that property causes damage to the dwelling, but she has not received a response from those institutions; in this regard, she states that she has approached those institutions seeking solutions but has not received a response. Regarding this Oversight Body, the order transferring the amparo appeal (recurso de amparo) states that: \"...she went to the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), where they told her that they respected whatever the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) decided and that they would wait to see what was resolved in that venue...\" In this respect, as indicated in the statement of facts set forth in the preceding section, the Central Regional Office received the appellant, who came in person and was assisted personally by an admissibility professional. During the assistance process, the appellant explained that she had approached the IMAS—as the registered owner of the property adjacent to her mother's—so that it would carry out the necessary repairs and stop the damage to the property. In the same vein, she stated that she had approached the Municipality of Santa Ana as the oversight body, but had not received a response, which is why she had filed an amparo appeal (recurso de amparo) before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), processed under case file No. 24-019779-0007-CO, and that—at that time—she had also not received a response. Given the detailed scenario, and in accordance with the legal competencies established in the Law of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), it was explained to the appellant that the legislature established several limitations on the exercise of the competencies of this Oversight Body, among which is the impossibility of hearing complaints on which a judicial resolution is pending; this is expressly established in numeral 19.2 of Law No. 7319: \"Article 19.- Non-interruption of deadlines. ... 2.- The Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes de la República) may not hear complaints on which a judicial resolution is pending. It shall suspend its actions if the interested party files a lawsuit or an appeal before the Courts of Justice regarding the same subject matter of the complaint, which shall not, however, prevent the investigation of general problems raised in the complaints filed...\" This is why, given the information provided during the in-person assistance to the appellant, in which she indicated that she had filed an amparo appeal (recurso de amparo) due to those institutions' failure to respond, the admissibility professional who assisted the appellant identified one of the grounds for exception from the institutional competence and explained this to Mrs. [Name 001], after first informing her that once the amparo appeal (recurso de amparo) was resolved by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), and if doubts persisted or if she required our intervention, she should communicate this to assess the matter. It is worth noting that the assistance provided to the appellant was in-person and personal: Mrs. [Name 001] verbally explained the situation afflicting her, without presenting any written document, which is why the respective advice was provided under the terms established in the Manual for the Macro-Process of Defense of Rights and Interests of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), Agreement No. 2268, which establishes: \"Article 6.- Definitions. For the purposes of this Regulation (*), the following definitions are established: ... v.- Orientation and Advice to the Inhabitant: A defense strategy through which the institution answers queries and concerns and informs a person or group about the steps they must take before the public institution they are denouncing, prior to the admissibility of the case.\" ... That is, the query and concerns of the appellant were answered in the same manner in which she formulated them, that is, verbally. It is worth noting that the line of constitutional jurisprudence regarding the duty to provide a written response to the inhabitant has been limited to those cases where the request itself was made in that manner, i.e., in writing, from which it follows that verbal queries are answered in the same manner. In this sense, ruling No. 17795-2018 is observed: \"...although the respondent Ombudsman's Office (Defensoría) advised the complainant regarding the matter raised and indicated that what was sought was outside its competencies, this Chamber verifies that the foregoing was done verbally, despite the complaint having been filed in writing before said authority... it is necessary to state that this Tribunal has repeatedly indicated that a procedure initiated in writing must be resolved in the same manner, an action which is not demonstrated in this appeal, which distorts the natural meaning of the right to obtain a direct response...\". In the same vein, ruling No. 34990-2024 can be consulted. Thus, from the cited regulations and jurisprudential aspect, it is demonstrated that the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) has under no circumstances violated the human rights of the appellant, as there has been no disregard by the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) of the appellant's situation, but rather, an abstention from our competence by express provision of our constituent law, since the matter raised by Mrs. [Name 001] was, at that time, being heard by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), under case file No. 24-019779-0007-CO, which prevented, according to Article 19.2 of Law No. 7319, the cognizance and intervention of this Oversight Body.\"\n\n5.- By document filed on December 1, 2024, RICARDO OCAMPO SALAS, in his capacity as Director of the Health Governing Area of Santa Ana, reports under oath that: \"(…) Mrs. [Name 002], identity card [Value 001], against the Ministry of Health, arguing the following: 1. \"(...) regarding the facts alleged by the appellant, in summary: The Ministry of Health has done nothing about it. Even the blackwater from there discharged onto her mother's property, so it is required that a dividing wall be built to separate both properties (…)\". 2. \"(...) In the case of the Ministry of Health, they have not wanted to answer her; she says she has gone many times and her visits are recorded in the log kept by the guard, but there, they refused to receive her documentation; only twice were her papers accepted, but on her other visits she has been ignored. She has also called by phone, but they never answer. What is more, on one occasion, she said she would go to the Chamber, at which point she was seen by an inspector, who assured her that the Municipality could have demolished the structure, as it does not have construction permits. He also told her that, even though the property is inhabited, they cannot act in that case. The complaints filed are from May 2, May 29, June 13, July 1—they did not want to accept her documentation—, September 18—which was received through her insistence—, and September 19, all in 2024, where she again filled out a form that was not accepted (…)\". Page 2 of 8 II. ACTIONS BY THE MINISTRY OF HEALTH IN THE CASE AT HAND. 1. On Thursday, May 2, 2024, at 2:50 p.m., complaint under consecutive number N°124-2024 was filed with this Health Governing Area Santa Ana, filed by Mrs. [Name 002] against the lot adjacent to the south side of the property, reported party: Nida Chaves, address: San José, Santa Ana, Pozos, Barrio Corazón de Jesús, from the Honduras school, 150 meters west and 175 meters north, house #30 at the end of the 3rd entrance. (folios 1 to 18). In the complaint, Mrs. [Name 002] attaches the following documents: • A document dated May 29, 2024, providing more specific details of the complaint, together with the inspection report from the local government of Santa Ana Number: 393986 regarding the problem and detailing the affected site. • Report MSA-GOT-PPU-UCU-CIN-01-001-2024, by the local government of Santa Ana. • Document dated September 18, 2024, addressed to the Ministry of Health. 2. On Friday, May 17, 2024, at 7:45 p.m., pursuant to Inspection Report GSA-52-2024, an official from this Health Governing Area Santa Ana visited the site where the problem occurs, where it was corroborated that wastewater is discharged onto the public gutter/curb (cordón de caño) and it was recommended to conduct a joint inspection with an engineer from the Ministry of Health for follow-up, as well as an assessment of the structure because the dwelling appeared deteriorated at the time of the visit. (folios 19 to 20). 3. On Monday, June 17, 2024, at 10:40 a.m., a visit was made to the reported dwelling; however, it was not possible to locate Mrs. Nida Chaves; neighbors indicated that Mrs. Vilma Emérita Del Carmen Chaves Araya lives in the cited dwelling, however, upon arrival at the dwelling, it was closed, and no one answered. (folios 21 to 22). 4. On Monday, July 15, 2024, at 9:05 a.m., a new visit was made to the reported dwelling, which is occupied by Mrs. Vilma Emérita Del Carmen Chaves Araya, to follow up on the complaint, and upon arrival at the dwelling, it was closed, and no one answered. (folios 23 to 24). 5. On Monday, August 7, 2024, at 1:20 p.m., a visit was made to the reported dwelling of Mrs. Vilma Emérita Del Carmen Chaves Araya to follow up on the complaint, and upon arrival at the dwelling, it was closed, and no one answered. (folios 25 to 26). 6. On Friday, August 23, 2024, according to Certificate of Authorization to Enter the Property KAHG-16-2024, the inspection was conducted. (folio 27). 7. On Friday, September 20, 2024, through Technical Report No. MS-DRRSCS-DARSSA-IT-0407-2024 (folios 28 to 38), it is concluded that: • \"Based on the facts described, it is determined that the main dwelling analyzed in this technical report meets conditions of unsanitariness and dangerousness; the foregoing because the building poses a danger to its occupants, its electrical system is deficient and puts the building at risk of fire; furthermore, in addition to this, it is observed that the building has serious earthquake-resistant structural failures. • Regarding unsanitariness, adequate sanitary conditions are not observed; the lack of ventilation is a common factor for the rooms, to which is added the poor interior order; it is concluded that ventilation is deficient in both habitable and non-habitable rooms. Proper disposal of wastewater is not carried out, resulting in a positive result in the technical fluorescein sodium dye test conducted on discharged wastewater, observing the exit of the dye through direct discharge towards the public gutter/curb (cordón de caño), causing wastewater to flow onto the public thoroughfare. Said wastewater discharge acts as a source of infection, a focus of environmental contamination, or a breeding ground and/or shelter for harmful fauna, generating a risk to the health of neighbors and people living on the cited property.\" • Through technical report MS-DRRSCS-DARSSA-IT-0407-2024, it is corroborated that said dwelling does not fully comply with the provisions of Article 313 and subsequent articles of the General Health Law. Based on the aforementioned, it is determined that the property is in a hazardous state, representing a considerable danger to the people living in it and to public health in general. The situations observed represent problems that can affect people's health; therefore, in accordance with the competencies of the Ministry of Health, it is its responsibility to guarantee and take preventive actions for the benefit of Public Health, based on Articles 1, 2, 4, 7, 8, 39, 319, 320, 321, 340, 341, 355, and 356 of the General Health Law, the Construction Law, and its Regulation, namely: According to the findings during the inspection, the dwelling of the reported Mrs. Bienvenida Chaves Araya is in dangerous and unsanitary conditions that threaten the safety of its inhabitants and neighbors.\" 8. Given the foregoing, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-123-2024 was issued, ordering the occupant of the property, Mrs. Vilma Emérita Del Carmen Chaves Araya, a period of 45 business days from the notification of this sanitary order to vacate her dwelling located in Santa Ana, Pozos, Barrio Corazón de Jesús, from La Margarita Grocery Store, 75 north, house #29, because it has been declared UNINHABITABLE due to UNSANITARY AND DANGEROUS CONDITIONS, which is currently in the process of notification. 9. Through official letters MS-DRRSCS-DARSSA-1658-2024, MS-DRRSCS-DARSSA-1659-2024, MS-DRRSCS-DARSSA-1660-2024, MS-DRRSCS-DARSSA-1661-2024, and MS-DRRSCS-DARSSA-1662-2024, a social assistance study was requested for Mrs. Vilma Emérita Del Carmen Chaves Araya, in her capacity as occupant of the reported dwelling, from the Local Government of Santa Ana, Banco Hipotecario de la Vivienda, Consejo Nacional Para la Persona Adulta Mayor, Ministry of Housing and Human Settlements, and the Instituto Mixto de Ayuda Social. (folios 39 to 48, 50 to 54) 10. Through official letter number MS-DRRSCS-DARSSA-1663-2024, a response was provided to Mrs. [Name 002] regarding the actions taken. (folios 49, 55). III. LEGAL ASPECTS. It is important to clarify to the Honorable Constitutional Magistrate that at this local level, the Health Governing Area Santa Ana of the Ministry of Health, we strive to address promptly and expeditiously each and every one of the procedures presented to us by the citizens, and to provide, as appropriate, due attention, in order to guarantee the development of actions that protect and improve the physical, mental, and social health of the inhabitants, through the exercise of the Stewardship (Rectoría) of the National Health System, all for the purpose of guaranteeing the health of the inhabitants and, therefore, their fundamental right to life. It can be appreciated from the body of evidence in the case file, and as proven by the administrative file attached as evidence, that through inspection reports and a technical report, the officials assigned to the case proceeded in a timely manner to address the complaint regarding wastewater and the structural condition of the dwelling. The technical fluorescein sodium dye test is used to trace the path of wastewater (traceability) by carrying the dye from its point of generation to its various discharge points. Precisely being a tracer allows for the determination and identification of the transit, diffusion and dispersion patterns, or infiltration areas of the water. Thus, the dye must be poured into sinks, washbasins, toilets, washing machine drains (among others, which serve as points of generation) of the reported property or properties in order to technically demonstrate its traceability to the discharge points. It is imperative to note that the actions of the Ministry of Health, particularly of this Health Governing Area Santa Ana, are not disinterested, nor much less intended to violate people's fundamental rights; on the contrary, they are always aimed at addressing, in a diligent, responsible, and courteous manner, all procedures filed. Therefore, in response to what was argued by Mrs. [Name 002] in this amparo appeal (recurso de amparo), it is evidenced that this Health Governing Area Santa Ana did not display omissive conduct regarding the complaint filed by Mrs. [Name 002], especially considering that the complaint has been addressed promptly and fully by this Health Governing Area, with the actions in the case at hand always being respectful and in accordance with the constitutional and legal framework, especially when it is demonstrated that on repeated occasions and at different times, inspection visits were made to the reported property to address the matter accordingly. IV. PETITION. By virtue of the foregoing, we respectfully request that the Honorable Constitutional Tribunal DECLARE WITHOUT MERIT this amparo appeal (recurso de amparo), as it is clear from the information provided that the matter reported has been addressed as appropriate and within our competencies; we insist on affirming that the actions of this Health Governing Area Santa Ana are not disinterested, nor much less intended to violate the fundamental rights of individuals, and in particular of the appellant herein; on the contrary, they are always directed towards addressing all procedures in a diligent, responsible, and courteous manner, as has indeed been done and continues to be done. Therefore, we reiterate the respectful request that the amparo appeal (recurso de amparo) at hand be declared without merit.\"\n\n6.- By document filed on December 3, 2024, VANESSA HIDALGO CÁRDENAS, in her capacity as head of the Pavas Local Social Development Unit of the Instituto Mixto de Ayuda Social, reports under oath: \"(...) FACT ONE: That the amparo applicant (amparada) is an elderly adult who many years ago was diagnosed with bipolar disorder and an affectivity problem, illnesses her children have taken advantage of to abuse her. Response to the fact: Inaccurate. According to a query of the Civil Registry Sipo, Mrs. [Name 002], date of birth 02/21/1945, is currently 79 years old, an elderly adult. At the Instituto Mixto de Ayuda Social, there is no record of information regarding her medical health status, nor concerning her family's personal relationships. (Digital Folio No. 1: Civil Registry Report). FACT TWO: She states that she reconnected with her only 4 years ago, finding her in deplorable physical, sanitary, and mental conditions. Response to the fact: This information is not on record. FACT THREE: She mentions that she receives practically no help from her children, and in response, the amparo applicant (amparada) now attends the Joaquín y Ana Day Center (Hogar Diurno) in Santa Ana, where she is responsible for picking her up in the afternoons. Response to the fact: This information is not on record; currently, upon reviewing the Target Population Information System (SIPO), Mrs. [Name 002] only reflects data from the Unique Digital Health Record (EDUS), according to the SINIRUBE Social Inclusion Form Person Report. (Physical Folio No. 2: SINIRUBE Social Inclusion Form Person Report). FACT FOUR: Now, she claims that no one has been concerned about the conditions in which her mother lives, as the house, which is an extremely small property, is full of water where she walks. Response to the fact: This information regarding the current condition of the dwelling is not on record. FACT FIVE: She explains that, due to this situation, for more than 4 months they have taken action before the respondent authorities so that they would repair the adjacent property causing damage to her represented party's property, but they have been ignored. Response to the fact: The information is not on record. FACT SIX: She indicates that in Barrio Corazón de Jesús, located in Pozos de Santa Ana, property 30, belonging to the amparo applicant (amparada), adjoins property 29, which is registered in the name of the IMAS. Response to the fact: True. According to Official Letter IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0287-2024, dated August 16, from the Heredia Local Social Development Unit, in paragraph No. 3 it literally states the following: \"It is important to mention that, according to information provided by Daniel Rojas, liaison of the Socio-Productive and Communal Development Department (DDSPS) of the ARDS Suroeste, the property under study corresponds to the Barrio Corazón de Jesús Titling project in Pozos de Santa Ana; according to cadastral and registry information for the project, the lot indeed corresponds to a property owned by IMAS (Property No. 1-212498-000); however, it is currently occupied by Vilma Chaves, according to a field visit conducted in July 2023.\" (Digital Folio No. 3: Official Letter IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0287-2024).\n\nFACTUAL ALLEGATION SEVEN: She accuses that IMAS never bothered to verify the condition of that property, nor to whom it was provided, and now this asset causes damage to the protected party's property. Response to the fact: This information is not on record. According to Official Letter IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0287-2024, dated August 16 from the Heredia Local Social Development Unit, paragraphs 4 and 5 state verbatim the following: \"In relation to the request of Mrs. [Name 001], the corresponding action is to carry out the titling process in the first instance with the occupying persons and validate the assumptions indicated through the due institutional procedure for the granting of Titling in favor of the occupying persons in accordance with Executive Decree No. 29531-MTSS. Before initiating the land titling process on the mentioned lot, in order to determine whether or not titling in favor of the current occupant (Vilma Chaves) is appropriate, the registry situation must be corrected because it possesses 30.40 square meters, an area with which it is impossible to carry out any type of procedure until the measurement is rectified.\" (Digital Folio No. 3: Official Letter IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0287-2024).\n\nFACTUAL ALLEGATION EIGHT: She requests that gutters (canoas) be installed so that rainwater does not invade her mother's house, since it falls into the hallway through which her represented party must walk daily, placing her in potential danger of falling. Response to the fact: This information is not on record.\n\nFACTUAL ALLEGATION NINE: Thus, she details that she went to the Municipality, to IMAS, and to the respondent Ministry seeking solutions, without having received, to date, a response to her efforts. Response to the fact: False. The Joint Institute for Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS) has provided her with three response letters: ➢ Official Letter IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0287-2024, dated August 16, 2024. ➢ Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024, dated September 17, 2024. ➢ Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024, dated October 1, 2024. However, it is not on record whether the Municipality or the Ministry of Health have provided a response to the notes submitted by Mrs. [Name 001]. (Digital Folio No. 4: Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024 and Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024).\n\nFACTUAL ALLEGATION TEN: She points out that the Municipality of Santa Ana says the problem is between neighbors, even though the asset belongs to IMAS and functions as a tenement (cuartería) where rooms are rented by foreigners in a state of poverty, with electrical installations in poor condition, without construction permits, walls of old tin sheets, and many other irregularities that endanger the protected party. Response to the fact: This information is not on record.\n\nFACTUAL ALLEGATION ELEVEN: Nothing has been done about it by the Ministry of Health. Response to the fact: This information is not on record.\n\nFACTUAL ALLEGATION TWELVE: Even the black water from there discharged onto her mother's property, so it is required that a wall (tapia) be built to separate the two properties. Response to the fact: This information is not on record.\n\nFACTUAL ALLEGATION THIRTEEN: They have found no help from IMAS, as they are told that the dwelling will be handed over to the person who has lived in it for many years, without considering that what is being done there is the exploitation of other people. Response to the fact: Inaccurate: According to official letter IMAS-DDS-DDSPC-0657-2024 from the Socio-Productive and Community Development Department, which was the basis for responding to official letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024, the fourth and fifth paragraphs state verbatim: \"Once the registry situation of the parent property is resolved, the process for executing the Titling benefit may be initiated in accordance with the provisions of Executive Decree No. 29531-MTSS and its amendments, considering in the first instance the persons occupying the property; in this case, Mrs. Vilma Chaves. It is clarified that Executive Decree No. 29531-MTSS and its amendments establish the conditions for being considered a beneficiary of Titling. Likewise, it establishes that in the event of a conflict between eventual assignees, a process for determining the superior right may be established with those persons who present a legitimate interest and right over the property.\" (Digital Folio No. 5: Official Letter IMAS-DDS-DDSPC-0657-2024).\n\nFACTUAL ALLEGATION FOURTEEN: She adds that she has submitted several efforts before the respondent authorities; in the case of the Municipality of Santa Ana, on May 2, June 13, and September 18, all in 2024, where she has been told that these matters are not within their jurisdiction and that regarding the tenement (cuartería), it cannot be demonstrated that it exists - see case file -. Response to the fact: This information is not on record.\n\nFACTUAL ALLEGATION FIFTEEN: In the case of the Ministry of Health, they have not wanted to answer her; she says she has gone many times and her visits are registered in the log kept by the guard, but there, they refused to receive her documentation; only 2 times were her papers accepted, but on her other visits she has been ignored. She has also called by phone, but they never answer. Response to the fact: This information is not on record.\n\nFACTUAL ALLEGATION SIXTEEN: What is more, on one of the occasions, she said she would appeal to the Constitutional Chamber (Sala), at which point an inspector attended to her, who assured her that the Municipality could have demolished the structure, as it does not have construction permits. He also indicated that, even though the property is inhabited, they cannot act in that case. Response to the fact: This information is not on record.\n\nFACTUAL ALLEGATION SEVENTEEN: The complaints lodged are from May 2, May 29, June 13, July 1 - they refused to receive the documentation -, September 18 - which was received due to her insistence - and September 19, all in 2024, where she again filled out a form that was not received - see case file -. Response to the fact: This information is not on record. Only that presented by Mrs. [Name 001] in the brief.\n\nFACTUAL ALLEGATION EIGHTEEN: She has also filed efforts before IMAS, as evidenced by receipts dated June 17, August 22, and September 18, 2024 - see case file -. Response to the fact: True. The Joint Institute for Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS) has provided her with three response letters, via email (pame_pj@hotmail.com). ➢ Official Letter IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0287-2024, dated August 16, 2024. ➢ Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024, dated September 17, 2024. ➢ Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024, dated October 1, 2024. (Digital Folio No. 3: Official Letter IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0287-2024). (Digital Folio No. 4: Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024 and Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024).\n\nFACTUAL ALLEGATION NINETEEN: From IMAS she received a response per official letter IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0288-2024 of August 16, 2024, in which she was informed that her case would be transferred to the Southwest Regional Social Development Area. Response to the fact: True. The Joint Institute for Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS) provided a response via email to Mrs. [Name 001] (pame_pj@hotmail.com) through these two letters from the Southwest Regional Social Development Area, Pavas Local Social Development Unit. ➢ Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024, dated September 17, 2024. ➢ Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024, dated October 1, 2024. (Digital Folio No. 4: Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024 and Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024). (Digital Folio No. 6: Response emails sent to Mrs. [Name 001]'s email).\n\nFACTUAL ALLEGATION TWENTY: She adds that she also went to CONAPAM, but from there they referred her elsewhere, claiming the case was against IMAS, that is, against the State. Response to the fact: This information is not on record.\n\nFACTUAL ALLEGATION TWENTY-ONE: Finally, she argues that she went to the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), where they told her they were very respectful of what the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) said and that they would wait to see what was resolved in this venue. Response to the fact: This information is not on record.\n\nFACTUAL ALLEGATION TWENTY-TWO: She even went to the Presidency of the Republic, according to a note received on May 30, 2024 - see case file -. Response to the fact: This information is not on record. Only that presented by Mrs. [Name 001] in the brief.\n\nFACTUAL ALLEGATION TWENTY-THREE: Due to all of the above, she details that she decided to return to the Constitutional Chamber (Sala) to ask for help, since previously, she had filed other amparo remedies that were dismissed. Response to the fact: This information is not on record.\n\nFACTUAL ALLEGATION TWENTY-FOUR: Based on the arguments presented, she believes that with the accused actions, fundamental rights have been violated. Response to the fact: False. It is important to indicate that her rights have not been harmed by IMAS because responses have been provided to all her procedures, according to the official letters indicated in this report.\n\nAnnexes:\nDigital Folio No. 1: Civil Registry Report\nPhysical Folio No. 2: Report of persons from the SINIRUBE Social Inclusion File.\nDigital Folio No. 3: Official Letter IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0287-2024\nDigital Folio No. 4: Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024 and Official Letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024\nDigital Folio No. 5: Official Letter IMAS-DDS-DDSPC-0657-2024\nDigital Folio No. 6: Response emails sent to the email pame_pj@hotmail.com of Mrs. [Name 001]).\n\nON THE MERITS: The Joint Institute for Social Assistance is subject to the principle of legality in force in our Rule of Law. Therefore, in accordance with the legal system, it must verify that the beneficiaries to whom public funds are destined are eligible for our benefits and, in addition, distribute said public funds (which are limited) in the manner that best satisfies the public purpose. In this case, we are dealing with a property that belongs to IMAS and as part of the titling benefit, a series of requirements must be met to grant the property in the name of a person, and in this case, to Mrs. Vilma Chaves. In the Regulation to Laws No. 4760 and its Amendments and Laws No. 7083, 7151, and 7154 for the Granting of Property Deeds to the Awardees of IMAS Housing Projects, in its Article 4 - Of the titling beneficiaries: The following shall be beneficiaries of a titling, in order and with preferential character: c) Persons who have the longest antiquity of living uninterruptedly on the property, except if they have waived or assigned their rights. e) Persons who, at the time of the titling request, are living on the property, if the existence of third parties with a superior right is not demonstrated. In all these cases, in a situation of equality, IMAS will seek to protect, above all, the best interest of the children living on the property, the elderly, and persons with a disability.\" (As amended by article 1 of executive decree No. 43492 of February 17, 2022) Article 19.- Of the registry of professionals, control, and program follow-up: The Land Titling Area shall establish the control and follow-up mechanisms and procedures that allow a prompt, timely, and effective execution of the titling of IMAS properties, the acquisition of properties, and the preparation of topographical plans, and for this purpose, it must: • Carry out the procedures to put out to tender the contracting of professional services in Social Work, Notary Services, and Topography, in accordance with the administrative contracting procedures. • Establish the control, follow-up, and registration mechanisms and procedures for deeds, cadastral plans, and socio-economic studies that allow a prompt, timely, and effective execution. • Report to the General Management any non-compliance in the completion, processing, and registration of the documents assigned, within the framework of the Program, to the professionals in Notary Services, Social Work, and Topography. • Coordinate with community organizations, organized sectors, and local public entities everything related to the execution of the IMAS Titling Program, in accordance with the policies and guidelines issued by this Institute.\n\nBased on this regulation, which is applicable to the specific case, it is inferred that there is a procedure that must be followed for the granting of a titling to a user. This is the response that has been given to the appellant [Name 001] in favor of [Name 002]. (they are annexed to this report). However, Mrs. Vilma Chaves has responsibilities and must comply to not damage the adjoining property; it is only the responsibility of our Institution to grant the property through titling to the person who demonstrates they have the right. And this is through a corresponding legal process and the agreement before the Board of Directors once it has passed through the Socio-Productive Department, the Social Development Directorate, and by means of an agreement submitted to the Board of Directors. In this matter, the local government of Santa Ana and the Ministry of Health must participate to verify, within their powers, what pertains to them regarding the complaint made by the appellant [Name 001] in favor of [Name 002]. Likewise, it must be clear to the Constitutional Chamber that we are facing a legality amparo that must be presented before the Administrative Litigation instance and does not proceed as an amparo remedy. Since the legality amparo indicates that, as of 2008, conflicts regarding prompt and complete justice between public institutions and citizens, and those referring to Article 41 of the Constitution, are no longer resolved by the Constitutional Chamber. The new regulation, through the Code of Administrative Litigation Procedure (Ley No. 8508 of April 24, 2006), establishes that these matters must be presented before the Administrative Litigation Tribunal.\"\n\n7.- According to certification added to the case file, between November 13 and December 3, 2024, the President of the Municipal Council of Santa Ana did not present any brief or document in order to render the report requested in the resolution issued at 09:32 hours on November 13, 2024.\n\n8.- In the substantiation of this process, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Judge Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY MATTER. Prior to analyzing the merits of the matter – for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure – it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by the sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – and to hear the corresponding administrative remedies. Precisely, this case raises a supposed exception, as it involves a complaint filed on behalf of an elderly person due to unsanitary problems caused to her dwelling. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- CONSEQUENCE OF NOT RENDERING THE REPORT REQUESTED BY THE CHAMBER. In accordance with the provisions of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, if the respondent authority does not render its report, the facts alleged by the appellant are taken as true. The Chamber proceeds to study the admissibility of the amparo based on the factual basis presented, which does not imply that the remedy is automatically granted. In this specific case, the President of the Municipal Council of Santa Ana did not render the requested report. Therefore, the report is considered not rendered, and this Chamber resolves the case by evaluating the other reports provided, the reported facts, the evidence attached to the amparo filing brief, and the jurisprudence of this Tribunal applicable to the specific case.\n\nIII.- PURPOSE OF THE REMEDY. The appellant files an amparo remedy and states that the protected party is an elderly person diagnosed with bipolarity and affectivity problems, has been a victim of abuse and abandonment by her children, and is in precarious health and housing conditions. She currently attends a day home in Santa Ana, but her house located in Barrio Corazón de Jesús, Pozos, adjacent to a property belonging to IMAS, suffers constant flooding and damage caused by that property, which is used as a tenement (cuartería) in poor sanitary and electrical conditions. The appellant has sought solutions without success before the Municipality of Santa Ana, the Ministry of Health, IMAS, and other institutions such as CONAPAM, the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), and even the Presidency of the Republic, without effective measures being adopted. She demands the installation of gutters (canoas) and the construction of a wall (tapia) to prevent leaks and risks to her mother's integrity. She alleges that the omissions of the respondent authorities have violated the fundamental rights of the protected party and requests that the remedy be granted.\n\nIV.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\nFacts related to the Municipality of Santa Ana:\n\nOn May 3, 2024, municipal inspector Carlos Obando Azofeifa conducted an inspection in Barrio Corazón de Jesús, Santa Ana, following the complaint filed by Mrs. [Name 001]. The complainant pointed out unsanitary problems such as poor gray water and stormwater drainage, inadequate electrical installations, use of old and rotten tin sheets as an adjoining wall, as well as encroachment on her mother's property. During the inspection, it was verified that the reported neighbors did not have gutters or downspouts, and that the adjoining wall was in very poor condition; however, the existence of tenement housing (cuarterías), the state of the electrical installations, or the gray water could not be verified. It was indicated that complaints regarding encroachment should be ventilated in the judicial venue and before the Ministry of Health, except for matters relating to gutters, which do fall within municipal and health jurisdiction (see report rendered by the respondent authority).\nThe appellant received attention and a response through the document titled \"Responses to Procedures of Mrs. Jiménez,\" which reflects the follow-up on her efforts. There are no records that the protected party or her representative were attended to by the Care Network or another social program in charge of the Municipality's Social Vulnerability and Risk process (see report rendered by the respondent authority).\n\nFacts related to the Ombudsman's Office of the Republic (Defensoría de los Habitantes de la República):\n\nOn August 23, 2024, the appellant appeared at the Central Regional Office of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), located in Barrio México, San José. On that occasion, intervention record No. 451923-2024-RI was opened, in which the appellant verbally stated that she has lived under a bridge for 22 years, that she is responsible for the care of her elderly mother, and that the adjoining dwelling, property of IMAS, causes damage to her mother's house due to the lack of gutters, creating a risk of falls. She also indicated that she had not received a response from the competent institutions and that she had appealed to the Constitutional Chamber (see report rendered by the respondent authority).\nOn that same date, August 23, 2024, the admissibility professional of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) provided verbal attention and advice to the appellant, informing her that the applicable regulations — article 19.2 of Law No. 7319 and article 34 of its Regulation — prevent them from hearing matters that are pending judicial resolution. She was told she must wait for the resolution of the amparo remedy and that, if unfavorable, she could return to the Ombudsman's Office with documentation and evidence to assess a potential intervention (see report rendered by the respondent authority).\nThe attention to the appellant was in person and direct; her consultation was verbally processed according to the manner in which it was raised, and she was provided with the corresponding guidance. She added that the interested party has not provided additional documents or requested a new intervention, so the process has not been reactivated (see report rendered by the respondent authority).\n\nFacts related to the Governing Health Area of Santa Ana (Área Rectora de Salud de Santa Ana):\n\nOn May 2, 2024, at 2:50 p.m., complaint number 124-2024 was filed with the Governing Health Area of Santa Ana (Área Rectora de Salud de Santa Ana), submitted by Mrs. [Name 002] against the property adjoining the south side of her dwelling. In said complaint, she attached additional documentation, including a brief dated May 29, an inspection report from the Local Government of Santa Ana, and a municipal report on the issue (see report rendered by the respondent authority).\nOn May 17, 2024, at 7:45 p.m., officials from the Governing Area conducted a first inspection (Record GSA-52-2024), corroborating the discharge of sewage onto the public street curb. A joint inspection with an engineer from the Ministry of Health was recommended, given the visible deterioration of the dwelling (see report rendered by the respondent authority).\nOn June 17, 2024, at 10:40 a.m., a visit was made to the denounced house without being able to locate the owner. Neighbors indicated that Mrs. Vilma Emérita del Carmen Chaves Araya lived there, but the property was closed (see report rendered by the respondent authority).\nOn July 15, 2024, at 9:05 a.m., a new visit was made to the property occupied by Mrs. Vilma Emérita del Carmen Chaves Araya, without receiving attention (see report rendered by the respondent authority).\nOn August 7, 2024, at 1:20 p.m., another follow-up visit was made to the denounced dwelling, again without being attended (see report rendered by the respondent authority).\nOn August 23, 2024, by means of Entry Authorization Certificate KAHG-16-2024, the formal inspection of the denounced dwelling was carried out (see report rendered by the respondent authority).\nOn September 20, 2024, Technical Report No. MS-DRRSCS-DARSSA-IT-0407-2024 was issued, concluding that the dwelling presents unsanitary and dangerous conditions, deficiency in the electrical system, structural failures, inadequate ventilation, and incorrect disposal of wastewater, generating a risk to public health and contravening articles 313 and following of the General Health Law (see report rendered by the respondent authority).\nAs a consequence, Health Order No. MS-DRRSCS-DARSSA-OS-123-2024 was issued, granting a period of 45 working days to the occupant, Vilma Emérita del Carmen Chaves Araya, to vacate the dwelling located in Santa Ana, Pozos, Barrio Corazón de Jesús, declared uninhabitable for being unsanitary and dangerous (see report rendered by the respondent authority).\nThe Ministry of Health sent official letters MS-DRRSCS-DARSSA-1658-2024 through MS-DRRSCS-DARSSA-1662-2024 to different institutions — Municipality of Santa Ana, BANHVI, CONAPAM, MIVAH, and IMAS — requesting social assistance studies for the occupant of the denounced dwelling (see report rendered by the respondent authority).\nBy official letter MS-DRRSCS-DARSSA-1663-2024, the Ministry of Health provided a formal response to Mrs. [Name 002] regarding the actions taken in processing her complaint (see report rendered by the respondent authority).\n\nFacts related to the Pavas Local Social Development Unit of the Joint Institute for Social Assistance:\n\nThe protected party, [Name 002], is 79 years old (see report rendered by the respondent authorities).\nIn July 2023, according to a field visit referenced by IMAS, it was verified that the adjoining lot (IMAS property 1-212498-000) is occupied by Vilma Chaves (see report rendered by the respondent authorities).\nOn August 16, 2024, by official letter IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0287-2024, IMAS indicated that the adjoining property belongs to IMAS and that there is a registry situation (area 30.40 m²) that must be rectified before any titling process; in addition, that the process must begin by considering in the first instance the occupying persons in accordance with Executive Decree No. 29531-MTSS (see report rendered by the respondent authorities).\nOn August 16, 2024, by official letter IMAS-DDS-ARDSH-ULDSH-0288-2024, the transfer of the case to the Southwest Regional Social Development Area (ARDS Suroeste) was communicated (see report rendered by the respondent authorities).\nOn September 17, 2024, by official letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0592-2024, IMAS responded to the petitioner via email, with details on the applicable titling procedure (see report rendered by the respondent authorities).\nOn October 1, 2024, by official letter IMAS-DDS-ARDSS-ULDSPV-0627-2024, IMAS sent a new response to the petitioner, maintaining what was stated regarding the procedure and requirements for titling (see report rendered by the respondent authorities).\n\nV.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Tribunal has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. Environmental protection is an appropriate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of Public Powers over factors that can alter its balance and hinder the person from developing and thriving in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this sense, the control and supervision of environmental matters and activities constitute an essential function of the State; therefore, in matters of environmental protection, the functions of stewardship, control, and supervision of environmental matters correspond to the State, in charge of various administrative agencies.\n\nVI.- REGARDING CONSTITUTIONAL JURISDICTION IN ENVIRONMENTAL MATTERS. As has been reiterated in the jurisprudence of this Chamber, constitutional jurisdiction in environmental matters cannot be extended to the point of becoming a verifier of the technical criteria expressed in regulations or by administrative authorities on environmental matters; rather, it is limited to verifying whether the competent state agencies have fulfilled the obligation imposed on them by Article 50 of the Political Constitution to assume responsible and timely action regarding environmental protection. It has also been held that the admissibility of the amparo remedy is conditioned on accrediting the existence of a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Political Charter or in the international human rights instruments ratified by the country. This latter circumstance highlights the eminently summary nature of the amparo process, whose processing does not accommodate the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or the need to first examine – with declaratory effect – whether there are, in reality or not, rights of an infra-constitutional nature that the parties cite as part of the factual set of the amparo remedy or the law report, as the case may be, since it is evident that this is a jurisdiction that this Chamber lacks. Faced with this situation, it is not appropriate for the Chamber to make any pronouncement (positive or negative) in these cases, because to determine whether or not there has been an infringement of fundamental rights, this conflict must first be resolved at the legality level.\n\nVI.- ON THE OBJECTIVE OBLIGATION OF THE STATE TO PROTECT HUMAN LIFE. This Constitutional Tribunal has recognized the objective obligation of the State to protect human life and has ruled on administrative omissions that threaten road safety and the physical integrity of persons. In this regard, it is pertinent to refer to the provisions of judgment No. 2008-18443 of 18:01 hours on December 11, 2008, where it was stated:\n\n\"Prior to analyzing the specific case, it is appropriate to indicate what this Chamber has said regarding the objective obligation of the State to protect human life, in the sense that it has been usual for the right to life, frequently analyzed together with the right to physical integrity, to have been understood as a right of negative content, that is, that its object was limited to the claim against the State to refrain from carrying out actions aimed at eliminating the physical existence of persons, for example, torture or the death penalty, or to punish persons, public and private, who threaten the life and integrity of others, through the penal system. However, the current trend is to impose various positive conducts on the State, in the sense that it must not disturb the physical existence of persons and, additionally, must act to protect them from the multiple dangers that threaten them, whether they come from actions of the State itself or from other persons, and even from nature itself.\"\n\nHence, for example, environmental matters have become, at least in our country, a matter of constitutional import, since the right to a healthy and ecologically balanced environment was elevated to the rank of a fundamental right. That said, it is necessary to clarify that the objective existence of a State obligation regarding the protection of the right to life does not necessarily entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail a right to have suitable measures taken in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities. Consequently, the issue is that the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, whether through law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and individuals acquire the subjective right to have this done diligently. Thus, the possibility of judicially demanding, through an amparo action, a specific type of State service-providing activity in compliance with its duty to protect the life and physical integrity of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of individuals, so that if, for example, a specific community deemed it necessary to have a hospital for the care of its residents (or any other public work), it is not through the amparo action that this should be demanded, but through the mechanisms previously established and before the competent organs and entities, who must address the petition and resolve its technical feasibility, which does not necessarily imply a positive response. From the foregoing, it follows that the intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of the proven inertia of the State, through its competent organs, in addressing the demands that the country's inhabitants make in the exercise of their rights (see in this regard judgment number 2003-11519 of ten hours thirty minutes of October tenth, two thousand three).”\n\n\nVII.- ON THE DUTY OF MUNICIPALITIES TO ATTEND TO LOCAL INTERESTS AND SERVICES. The actions of public institutions must be swift and efficient, especially when it comes to providing the services for which they are responsible. In the case of municipalities, the generic task of attending to local interests and services encompasses a broad set of activities. In Judgment No. 2011-012886, of 12:44 hours on September 23, 2011, this matter was addressed, and on that occasion the Chamber indicated:\n\n“…As established by Article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, it is the responsibility of the municipalities to administer local services and interests, in order to promote the comprehensive development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees -at least- efficient electrification and communication services; good systems for providing potable water and disposing of wastewater, adequate aqueduct and sewer systems, lighting and city beautification systems; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the life of the population comfortable and safe. (…) Therefore, in the judgment of this Tribunal, by its omission, the Municipality has placed the free movement of the petitioners and neighbors of the community in question in a dangerous situation, as well as the right to enjoy a healthy and balanced environment, recognized in Articles 27 and 50 of the Political Constitution, and therefore, regarding this entity, the present recourse must be granted…”.\n\n\nVIII.- ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE MUNICIPALITY OF SANTA ANA. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal certifies the violation of the fundamental rights of the amparo petitioner. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities -which are considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly certified that, although the inspection of May 3, 2024, noted the absence of gutters (canoas) and the ruinous state of the adjoining wall, the Municipality disregarded it, alleging it was a “problem between private parties” and that placing gutters (canoas) could imply “indirect approval” of an alleged tenement house (cuartería). In this regard, it is considered that such a stance disregards the duty of local administrative police over works, construction safety, and urban sanitation, and its duty of coordination with the health authority. Even if the building does not border the public road (limit of Art. 84 CM regarding gutters (canoas)), the Municipality retains powers to: inspect and sanction unpermitted works; order mitigation and safety measures; close down, where appropriate, clandestine or dangerous uses; require and supervise corrective works coordinated with Health authorities and with the property owner. It must be recalled that the Administration does not satisfy the right of petition or the standard of constitutional Article 50 with mere “referral” or “follow-up” official letters if the danger persists. When municipal powers (construction police, control of uses and works, inspection of basic urban standards), health powers (stewardship, health police, corrective orders), and proprietary powers (public owner of the property generating the risk) concur, the obligation is joint: identify the cause of the damage, order and execute the corrective works, and verify their effectiveness until the removal of the risk, leaving a technical record. Accordingly, it is considered that the municipal omission maintained the risk and affected the rights to health, a healthy environment, and the physical integrity of the amparo petitioner. Consequently, the amparo must be granted against this authority, as indicated in the operative part of this judgment.\n\n\nIX.- ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE GOVERNING HEALTH AREA OF SANTA ANA. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal certifies the violation of the fundamental rights of the amparo petitioner. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities -which are considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly certified that, although an initial action is recorded (opening of complaint, visits, inspection, and Technical Report MS-DRRSCS-DARSSA-IT-0407-2024), which declares the dwelling adjoining the amparo petitioner’s property unsanitary and dangerous, discharges of wastewater onto the public road are also certified; which culminated in the issuance of Sanitary Order MS-DRRSCS-DARSSA-OS-123-2024 to vacate for uninhabitability and official letters for social coordination. In this regard, it must be stated that the mere issuance of the act does not satisfy the duty of protection if the order is not served, executed, and verified until the source of risk and its effects on the amparo petitioner’s property are removed. The record reveals that, as of the date of these proceedings, the runoff and ruinous condition persisted; therefore, the action is insufficient. Consequently, the amparo proceeding must be granted against the Ministry of Health, ordering it to complete, execute, and supervise the corrective health measures until the elimination of the risk, in coordination with IMAS and the Municipality, in accordance with what is indicated in the operative part of this judgment.\n\n\nX.- ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal certifies the violation of the fundamental rights of the amparo petitioner. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities -which are considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly certified that IMAS recognizes itself as the registered owner of the adjoining property (finca 1-212498-000) and the occupation by third parties (Vilma Chaves), as well as pending internal titling procedures due to a “registry situation”. The condition of owner is not diluted by the occupation or by the eventual titling process: IMAS maintains duties of custody and damage prevention derived from public property (custody of the asset, preventing its asset from becoming a source of unsanitary conditions/discharges, executing minimum corrective and safety works, allowing inspections and facilitating health execution). Thus, the existence of a valid Sanitary Order reinforces its obligation to carry out the corrective works incumbent upon it as owner, without prejudice to the rights of the occupier. In this case, the official letters sent by IMAS do not certify effective material actions to eliminate the source of the damage (e.g., provisional channeling of stormwater, roof repair, replacement of ruinous enclosures, correction of discharges), nor technical coordination to execute the sanitary order. Based on the foregoing, the amparo proceeding must be granted against the Instituto Mixto de Ayuda Social, as indicated in the operative part of this judgment.\n\n\nXI.- ON THE SPECIFIC CASE IN RELATION TO THE DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal dismisses the violation of the fundamental rights of the amparo petitioner. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities -which are considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly certified that the Defensoría provided information and guidance in person, noting the legal impediment to hear the case while a judicial resolution was pending (Art. 19.2 Law No. 7319 and Art. 34 of its Regulation). In this sense, no illegitimate omission is certified. Consequently, the amparo must be denied with respect to the Defensoría de los Habitantes.\n\nXII.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Tribunal that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Administrative-Contentious Courts and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is amenable to judicial protection through the amparo recourse established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, as it is incumbent upon it, based on numeral 7 of its Law, to exclusively define its own jurisdiction. Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in other cases, and for the reasons this Tribunal has provided (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and rules), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nXIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any document was provided in paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the “Regulation on the Electronic Case File in the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe recourse is declared PARTIALLY GRANTED, solely, against the Municipality of Santa Ana, the Governing Health Area of Santa Ana, and the Instituto Mixto de Ayuda Social. Consequently, JUAN JOSÉ VARGAS FALLAS, in his capacity as Mayor of the Municipality of Santa Ana, and the PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF SANTA ANA, RICARDO OCAMPO SALAS, in his capacity as Director of the Governing Health Area of Santa Ana, and VANESSA HIDALGO CÁRDENAS, in her capacity as head of the Local Social Development Unit Pavas of the Instituto Mixto de Ayuda Social, or whoever holds those positions, are ordered to, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, coordinate and execute the necessary actions to fully comply with Sanitary Order MS-DRRSCS-DARSSA-OS-123-2024, making the corresponding and necessary improvements to prevent the affectation of safety and sanitation of the dwelling in which the amparo petitioner resides. Likewise, if obstacles arise from the occupation of the property, IMAS must coordinate with the social entities indicated in its own official letters (BANHVI, CONAPAM, MIVAH, Municipality, etc.) for housing alternatives without paralyzing the execution of sanitary works. The respondent authorities are warned that, pursuant to Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo recourse, and does not comply with it or does not enforce its compliance, provided the crime is not more severely punished. Regarding the Defensoría de los Habitantes de la República, the recourse is dismissed. The Municipality of Santa Ana, the Instituto Mixto de Ayuda Social, and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the administrative-contentious jurisdiction. Justice Castillo places a note. Notify.\n\n\n\n\n\n\n\n\t\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n \n\n\t\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\t\n \n\n\t\nIngrid Hess H.\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n \n\n\t\nFernando Enrique Lara G.\n\n \n\n \nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n\n\n\n 40FSYSK047VW61\n\nEXPEDIENTE N° 24-030881-0007-CO\n\n \nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:59:31.\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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