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  "id": "nexus-sen-1-0007-1340038",
  "citation": "Res. 30035-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Improcedencia de amparo por perturbaciones de plantel municipal de recolección de residuos",
  "title_en": "Amparo Dismissed for Disturbances from Municipal Waste Collection Facility",
  "summary_es": "Una persona adulta mayor de 79 años interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Heredia y la empresa recolectora de residuos por perturbaciones ambientales provenientes de un plantel cercano al Cementerio de Heredia. Alegó contaminación sónica por motocicletas, emisión de gases y olores de camiones recolectores, y trasvase de residuos en vía pública, afectando su derecho a un ambiente sano y a la salud. La Sala Constitucional desestimó el recurso al no acreditarse una conducta omisiva, negligente o arbitraria de las autoridades recurridas. Determinó que el inmueble no era un depósito de basura sino bodega de equipos, que las operaciones se ajustaban a parámetros regulares y que la recurrente no reportó a la Municipalidad la reanudación de la problemática, impidiendo atribuir inacción actualizada. Tampoco se demostró que los niveles de ruido o emisiones fueran desproporcionados, y la zona es de uso mixto. Se declara sin lugar el recurso.",
  "summary_en": "A 79-year-old senior filed an amparo action against the Municipality of Heredia and a waste collection company, alleging environmental disturbances from a facility near the Heredia Cemetery: noise from motorcycles, fumes and odors from garbage trucks, and waste transfer in public streets. She claimed violation of the right to a healthy environment and health. The Constitutional Chamber dismissed the amparo, finding no evidence of omission, negligence, or arbitrary conduct. The court determined the property was not a landfill but an equipment storage shed, operations were regular, and the petitioner failed to report the resumption of the problem to the Municipality. Noise and emission levels were not proven disproportionate, and the area is mixed-use. The amparo was denied.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "19/09/2025",
  "year": "2025",
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    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
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    "recurso de amparo",
    "derecho a un ambiente sano",
    "contaminación sónica",
    "servicio público esencial",
    "inacción administrativa",
    "carga de la prueba",
    "uso mixto residencial/comercial"
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  "keywords_es": [
    "amparo ambiental",
    "derecho a un ambiente sano",
    "contaminación sónica",
    "residuos sólidos",
    "Municipalidad de Heredia",
    "Sala Constitucional",
    "recolección de basura",
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    "servicio público esencial",
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  "keywords_en": [
    "environmental amparo",
    "right to a healthy environment",
    "noise pollution",
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    "Municipality of Heredia",
    "Constitutional Chamber",
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  "excerpt_es": "En el presente asunto, esta Sala no verifica la violación de los derechos fundamentales de la parte amparada, pues del análisis del expediente no se desprende una conducta atribuible a las autoridades y empresa recurridas que, por su entidad y efectos, amerite la intervención de este Tribunal. [...] No obstante, del escrito de interposición se desprende que ella misma reconoció que había experimentado una mejora tras gestiones anteriores realizadas ante la Oficina de Limpieza de Vías. Sin embargo, no se tiene por demostrado que haya acudido nuevamente a la Administración cuando, según afirma, la problemática se reanudó con igual intensidad desde hace seis meses. Esta omisión resulta determinante, en tanto impide atribuir a la autoridad recurrida un conocimiento actualizado del supuesto agravamiento de los hechos y, por ende, cualquier inacción frente a esa situación.",
  "excerpt_en": "In the present case, this Chamber does not find a violation of the petitioner's fundamental rights, since the analysis of the record does not reveal conduct attributable to the respondent authorities and company that, by its nature and effects, warrants this Court's intervention. [...] Nonetheless, from the initial filing it appears that she herself acknowledged having experienced an improvement after previous steps taken before the Street Cleaning Office. However, it has not been proven that she again approached the Administration when, as she claims, the problem resumed with equal intensity six months ago. This omission is decisive, as it prevents attributing updated knowledge of the alleged worsening to the respondent authority and, therefore, any inaction in the face of that situation.",
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    "label_en": "Denied",
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    "summary_en": "The amparo action is dismissed as no violation of fundamental rights by the respondent authorities was proven.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de amparo al no acreditarse violación de derechos fundamentales por las autoridades recurridas."
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      "quote_es": "Esta omisión resulta determinante, en tanto impide atribuir a la autoridad recurrida un conocimiento actualizado del supuesto agravamiento de los hechos y, por ende, cualquier inacción frente a esa situación."
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      "quote_en": "the actions described by the petitioner, insofar as they derive from the ordinary functioning of an essential public service, are not per se contrary to the Constitution nor do they show a deviation from the legal framework governing its execution.",
      "quote_es": "las actuaciones descritas por la parte recurrente, en tanto se derivan del funcionamiento ordinario de un servicio público esencial, no resultan per se contrarias a la Constitución ni evidencian una desviación del marco legal que rige su ejecución."
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      "quote_en": "the record does not show the existence of an omission, negligence, or arbitrary conduct attributable to the respondent municipal authority that would justify granting this amparo.",
      "quote_es": "no se acredita en autos la existencia de una conducta omisiva, negligente o arbitraria imputable a la autoridad municipal recurrida que justifique la estimatoria del presente recurso."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1340038",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 30035 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 19 de Setiembre del 2025 a las 09:30\n\nExpediente: 25-021293-0007-CO\n\nRedactado por: Ileana Sánchez Navarro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-021293-0007-CO\n\nRes. Nº 2025030035\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil veinticinco .\n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente número 25-021293-0007-CO, interpuesto por Nombre122140   , cédula de identidad CED96829, contra la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA y la RECOLECTORA AMBIENTAL DE BASURA SOCIEDAD ANÓNIMA -RABSA-.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito presentado ante esta Sala a las 11:57 horas del 21 de julio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Heredia y RABSA. Manifiesta que es una persona adulta mayor de 79 años. Indica que 13 de julio de 2024, fue testigo directa de un vaciado de residuos desde un camión pequeño a uno de mayor capacidad al costado oeste del Cementerio de Heredia, lo cual generó un hedor intenso que impedía el tránsito peatonal y evidenciaba condiciones insalubres en la operación de la empresa RABSA en ese lugar. Narra que, desde hace bastante tiempo, ha experimentado perturbaciones derivadas del funcionamiento de un plantel ubicado aproximadamente a 50 metros al oeste de la entrada principal del Cementerio de Heredia, perteneciente a la empresa RABSA, contratada por la Municipalidad de Heredia para la recolección de residuos sólidos. En ese sitio, los colaboradores resguardan utensilios de trabajo y estacionan motocicletas y camiones recolectores al finalizar sus jornadas. Diariamente, desde alrededor de las 5:30 horas, motocicletas pertenecientes a empleados de la empresa generan contaminación sónica al acelerar reiteradamente sus motores, interrumpiendo el descanso y afectando la tranquilidad de quienes habitan la zona. Además, dichas motocicletas obstruyen el espacio vehicular frente al plantel, impidiendo el ingreso y salida de los camiones recolectores, los cuales deben ser parqueados en la vía pública, directamente frente a las viviendas, a menos de 20 metros del plantel. Durante las mañanas, los camiones recolectores permanecen encendidos por períodos prolongados, emitiendo gases contaminantes como dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados, lo que produce olores nauseabundos derivados de residuos orgánicos recolectados en días anteriores, obligando a mantener puertas y ventanas cerradas desde temprano para evitar que dichos olores penetren en los hogares. Asimismo, se realiza la manipulación de residuos en plena vía pública mediante trasvases de basura desde camiones pequeños a otros de mayor capacidad en horario diurno, afectando directamente el ambiente, la salud pública y el libre tránsito por aceras y calles. Aduce que, hace aproximadamente un año, la recurrente se apersonó ante la Oficina de Limpieza de Vías de la Municipalidad de Heredia, la cual reconoció que la empresa RABSA es un contratista externo y que la municipalidad tiene facultades limitadas de control sobre sus operaciones. Como resultado de esa gestión, se logró una reducción temporal en las revoluciones de los motores, mejora que se sostuvo por aproximadamente cuatro meses (véase prueba aportada). Sin embargo, desde hace seis meses el problema ha regresado con la misma intensidad. Señala que existe otro plantel municipal, ubicado a tan solo 200 metros al sureste del cementerio, con mayor capacidad y condiciones más adecuadas para el manejo y operación de este tipo de vehículos, sin afectar de forma directa a la población vecina. Afirma que la comunidad local ha discutido esta situación, la cual representa una amenaza a la salud, especialmente en personas adultas mayores, personas menores de edad y personas con condiciones respiratorias, y constituye una posible transgresión a sus derechos constitucionales, en especial, dada su condición de doble vulnerabilidad. Solicita declarar con lugar el recurso.\n\n2.- Por resolución de las 20:01 horas del 22 de agosto de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso constitucional y se le confirió audiencia a Miguel González Rodríguez, pasaporte Placa22308, en su condición de presidente y representante judicial y extrajudicial de RABSA, asimismo se le solicitó informe al alcalde de Heredia, para que se refieran sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n3.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 12:36 horas del 05 de setiembre de 2025, informa bajo juramento Ángel Ileana Aguilar Vargas, en su condición de alcaldesa de Heredia, lo siguiente:\n\n“I. SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE. Indica la recurrente que el 7 de julio de 2024 (Hace un año y un mes aproximadamente) fue testigo de un vaciado de residuos de un camión pequeño a uno más grande al costado oeste del cementerio de Heredia, lo cual generó un hedor intenso que – en su opinión- impedía el paso peatonal y generaba condiciones insalubres en la operación de RABSA. Indica que experimentó perturbaciones derivadas del funcionamiento de un plantel ubicado a 50 metros de la entrada al cementerio en donde se resguardan utensilios de trabajo y estacionan motocicletas y camiones al finalizar sus jornadas. Manifiesta que los trabajadores encienden las motocicletas lo que le genera contaminación sónica y obstrucción. Indica que se apersonó en la Oficina de Limpieza de Vías de la Municipalidad y se logró una reducción en las revoluciones de las motocicletas, pero que se sostuvo por cuatro meses. Indica que hay un plantel a 200 metros del cementerio con mejores condiciones para este procedimiento. II. SOBRE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA RECOLECTORA DE RESIDUOS EN VÍAS PÚBLICAS. De previo a referirnos a los alegatos del recurso es fundamental aclarar que la Municipalidad no es responsable del local o establecimiento que utiliza la empresa que brinda el servicio de recolección de residuos en las calles del cantón. En efecto, el propietario o el arrendatario del inmueble utilizado por la empresa prestataria del servicio, es responsable del uso y aprovechamiento del local, sin que este Gobierno Local pueda restringir o disponer de los implementos o bienes que ahí se resguarden, o de las personas que llegan al sitio; consecuentemente, si al lugar acuden empleados o proveedores, mi representada no puede impedir dicha situación que es ajena totalmente a la relación contractual que mantiene y que se origina de un proceso licitatorio. Cómo y dónde se resguardan los equipos de limpieza por parte de la empresa, no forma parte de las obligaciones o condiciones reguladas en la licitación, siendo responsabilidad exclusiva de la contratista velar por sus activos. De igual forma, la presunta contaminación sónica por las motocicletas que acuden al lugar no es de resorte de la administración municipal, ni tenemos competencia para hacer prevenciones o regulaciones de esa naturaleza, siendo competente en ese campo el Ministerio de Salud. Otro detalle es que el inmueble que utiliza la empresa en cuestión se localiza al costado norte del Cementerio y se asienta en un sector mixto, sea, en la zona confluye el uso comercial y residencial, situación que conlleva no solo la presencia de diferentes actividades comerciales en el sito, sino también la existencia de viviendas. Adicionalmente, es fundamental aclarar que el local en cuestión no es un relleno sanitario, parque ambiental o depósito de residuos recolectados, siendo únicamente un inmueble donde se resguardan los equipos de los empleados de la empresa que nos brinda el servicio. […] Como puede apreciarse, el local no es destinado al depósito de basura y serviría de bodega u oficinas de la empresa. III. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE AMPARO 1. Mediante oficio CARTA-MH-AMH-DSC-OA-085-2025 que se adjunta en autos, el Sr. Nombre122141  , Encargado de Aseo de Vías, informa que se le cedió a la empresa prestataria del servicio un espacio dentro del plantel municipal para que realicen transferencias de residuos; dicho terreno se localiza a 400 metros aproximadamente de la vivienda de la amparada. El señor Nombre122141  informa que, en el eventual caso de no puedan utilizar el plantel para realizar alguna transferencia de residuos, estas se efectúan al costado oeste del cementerio a una distancia aproximada de 150 metros de la vivienda de la recurrente y nunca frente a las instalaciones de la empresa. […] […] […] 2. En relación con la contaminación sónica que indica la recurrente que se produce por las motocicletas de los colaboradores, cabe indicar que la Municipalidad no tiene control sobre el uso de esos medios de transporte por parte de los colaboradores de la empresa. Este medio de transporte se ha incrementado sustancialmente, sin que mi representada pueda impedirlo o restringirlo por lo que resulta improcedente pretender atribuirnos una responsabilidad por tal circunstancia. Los trabajadores de la empresa estacionan sus vehículos en la acera de al frente del local donde laboran; este un sector donde no existe restricción ya que es una vía amplia y no estacionan frente a la vivienda de la amparada. Esto nos lleva igualmente a indicar que no existen elementos de prueba, al menos que hagan presumir, que la presencia de esos vehículos en el sector generan contaminantes de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono en una excesiva o alta proporción. Para los efectos debe considerarse que la recolección de residuos que realiza esta empresa es de alcantarillado, cordón de caño y aceras, por lo que no se utilizan camiones durante el recorrido sino que se movilizan con barriles donde depositan lo recogido; estos desechos se trasladan luego a un camión que se retira del sitio sin denotarse al menos con algún grado de probanza una contaminación de tal magnitud como presume la recurrente. Indica el área técnica que los procesos de traslado de los funcionarios a diversos sitios es rápida dado que deben iniciar con la prestación del servicio por lo que no se aprecia tampoco elementos probatorios que acrediten lo alegado por la amparada. 3. En relación con la obstrucción del espacio vehicular por el estacionamiento de motocicletas el sitio, se puede apreciar en las siguientes fotografías, que los colaboradores de la empresa privada estacionan sus motocicletas y vehículos al costado del cementerio y a una distancia considerable de las viviendas. La vía pública en ese sector es amplia y no se aprecia obstrucción de viviendas o el paso vehicular, precisamente por las dimensiones de la carretera. Como Gobierno Local somos responsables de atender y velar por las necesidades de la comunidad, en el caso que nos ocupa se nos atribuyen actuaciones ajenas a nuestro control; sin embargo, hemos adoptado acciones de colaboración con la empresa prestataria del servicio para que no se causen afectaciones a los vecinos y nuestro compromiso es mantener esa constante comunicación, sin que podamos tener control de las actuaciones a cargo de terceros. […] […] 4. En relación con la contaminación ambiental y el hedor que se genera, no se observan elementos de prueba al menos de naturaleza sumaria que evidencie tal circunstancia. La operación a cargo de la empresa privada debe ajustarse a las normas sanitarias correspondientes y la fiscalización a cargo del área técnica ha permitido ejercer mayores controles al punto que se les ha facilitado un espacio en el plantel municipal para que realicen el transbordo de los desechos; en cuanto a la obstrucción del paso peatonal indica el funcionario Viquez Morera que este se realiza de forma normal, los camiones no las obstruyen y las operaciones de recolección de los desechos se ha coordinado con la empresa para que no se cause ningún tipo de afectación. Las fotografías aportadas por la amparada resultan ilegibles, sin que exista posibilidad de constatar algún tipo de anomalía en la actuación municipal, objeto de verificación a través de este recurso. De la misma prueba aportada por la amparada se denota que mi representada siempre ha procurado atender las gestiones que realiza y se les han buscado soluciones cuando ha expuesto problemas como los que originan el presente recurso, por lo que no existe inacción de ningún tipo por parte de este Gobierno Local. Puede apreciarse, que derivado de las gestiones que realizamos la empresa a cargo de la prestación del servicio realizó ajustes al proceso de recolección de residuos, […] […]”\n\n4.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 16:35 horas del 05 de setiembre de 2025, Carlos López Alvarado, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa Costa Rica Waste Service S.A, con cédula jurídica CED96830, se apersonó al proceso y señaló lo siguiente:\n\n“II. SOBRE LA VERACIDAD DE LOS HECHOS\n\n1)   Grupo Empresarial Rabsa es un conglomerado que incluye distintas razones sociales, entre ellas Costa Rica Waste Service S.A., encargada del Servicio de Aseo de Vías y Limpieza de la Municipalidad de Heredia. Es pertinente reiterar que Recolectora Ambiental de Basura RABSA S.A. no es la operadora del servicio en cuestión.\n\n2)   Costa Rica Waste Service S.A. cuenta con todas las autorizaciones municipales y sanitarias vigentes, entre ellas:\n\na)    Permiso Sanitario de Funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud.\n\nb)   Patente Municipal al día emitida por la Municipalidad de Heredia. Documentación que se aporta en el Anexo I.\n\n3)   En el plantel sí se dispone de todo el equipo y herramientas necesarias para la prestación del servicio (moto guadañas, sopladoras, escobas, palas, entre otros), oficinas administrativas requeridas y una unidad pequeña tipo adrall correspondiente a la unidad L-85 de nuestra flotilla, la cual es la única unidad que duerme dentro de las instalaciones aquí descritas.\n\n4)   Los colaboradores de la empresa están capacitados para iniciar labores a las 6:00 a.m. y, en algunos casos, algunos de ellos ingresan antes a las instalaciones utilizando motocicletas de su propiedad personal. Dichos vehículos no forman parte de la flotilla de la empresa, por lo que no es posible atribuirle a esta la responsabilidad sobre su uso. Asimismo, no resulta correcto afirmar que tales unidades generen contaminación sónica que afecte la tranquilidad de la zona, pues no se realizan operaciones indebidas en la vía pública, toda vez que se estacionan en un sitio permitido por la ley. Para mayor claridad, se aportan fotografías de la ubicación de las unidades en el Anexo II.\n\n5)   En el sitio solamente pernoctare durante la noche una unidad tipo Adrall, identificada en nuestra flotilla como L-85, la cual corresponde a un vehículo de carga liviana. Esta unidad no genera ruidos significativos, ya que puede compararse con el de un automóvil convencional. Asimismo, cuenta con la Revisión Técnica Vehicular (RTV), Marchamo y demás permisos al día, lo cual garantiza el cumplimiento de los parámetros legales en materia de ruidos y emisiones.\n\n Por otra parte, la unidad recolectora carga pesada que normalmente realiza la recolección de residuos sólidos en el sitio corresponde a la 2147. Esta unidad no duerme en las instalaciones de Heredia, sino en nuestra estación destinada para parqueo de nuestra flotilla ubicada en Montecillos de Alajuela. Al igual que la anterior, se encuentra al día con RTV, marchamo y demás permisos, lo que asegura su cumplimiento con la normativa vigente en cuanto a emisiones y ruido. Se aporta documentación de ambas unidades en el Anexo III.\n\n6.    El arranque de los camiones en sitio, solamente se da cuando ellos van a las oficinas para iniciar las labores o bien a realizar algún trámite administrativo, esta maniobra se realiza en un lapso muy breve y como se indicó siempre cumpliendo con toda la documentación reglamentaria del vehículo, puesto que las pruebas de frenado y otros puntos que se realizan al inicio de la jornada laboral se llevan a cabo en nuestro plantel principal ubicado en Alajuela.\n\n7.    Respecto a la alegada manipulación de residuos en la vía pública, ello no corresponde a la realidad fáctica. El plantel se utiliza únicamente para el resguardo de equipo y personal administrativo. La recolección y disposición de residuos se realiza en los sitios autorizados por la Municipalidad, en cumplimiento con la normativa sanitaria y ambiental vigente.\n\n8.    El inicio de labores a tempranas horas obedece al carácter de servicio público esencial que representa la recolección de residuos, en aras de la protección de la salud pública y la salubridad ambiental. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha señalado que estos servicios deben garantizarse en forma continua y eficiente, siendo razonable que su inicio se dé en horarios que permitan cumplir las rutas diarias antes de que el tránsito vehicular y peatonal incremente.\n\n9.    En cuanto a la carga de residuos, es necesario precisar que la recolección se ejecuta en la vía pública (donde se encuentran los usuarios) y que, en algunas ocasiones, se realizan maniobras de trasbordo entre unidades de distinta capacidad. Esta constituye una práctica operativa completamente regular en este tipo de servicios. Se debe considerar que los residuos que se recolectan en este servicio no se dejan en las vías públicas, por lo que no es lo mismo que los residuos que se dejan en la vía en los casos así, así mismo, si bien este tipo de transbordo o carga de residuos puede resultar notorio para los ciudadanos en este sitio y se cambió la forma de la operación, siendo que, en caso de requerirse un tipo de trasbordo se realiza dentro del Plantel Municipal del sector, el cual se encuentra alejado de nuestras oficinas, tomándose en cuenta medidas importantes para minimizar el impacto de la práctica tales como:\n\n• Los trasbordos se realizan de forma rápida y controlada, evitando la permanencia prolongada de residuos en la vía.\n• El personal operativo está capacitado para realizar la maniobra sin derrames y en cumplimiento con las normas de higiene ocupacional y sanitaria.\n• Posterior a cada jornada, las unidades son sometidas a procesos de limpieza y desinfección, lo cual evita la acumulación de residuos en las carrocerías y la generación de olores persistentes.\n\nDe esta forma, la operación se desarrolla dentro de parámetros normales de un servicio público esencial, con controles efectivos que previenen impactos negativos en la comunidad.\n\n10. Sobre la supuesta afectación a menores, adultos mayores o personas con condiciones respiratorias, la parte recurrente no aporta prueba técnica ni médica que demuestre un vínculo causal con las operaciones del plantel, en donde repetimos que solamente se guardan los equipos y se maneja la parte administrativa. Al carecer de sustento probatorio, dicho señalamiento no puede ser acogido.”\n\n5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente señala que, en su condición de persona adulta mayor de 79 años, ha sido víctima de perturbaciones ambientales graves ocasionadas por las operaciones de la empresa RABSA, contratada por la Municipalidad de Heredia para la recolección de residuos. Aduce que, desde hace seis meses, se reanudaron prácticas nocivas que afectan su entorno y su salud, tales como contaminación sónica desde tempranas horas, emisión de gases y olores fétidos provenientes de camiones recolectores, así como el trasvase de residuos en vía pública. Destaca que el 13 de julio de 2024 fue testigo directa de una de estas maniobras, que generó un hedor insoportable. Indica que, aunque en el pasado las gestiones realizadas ante la Municipalidad produjeron mejoras temporales, el problema persiste con igual intensidad, sin que se adopten medidas definitivas, a pesar de que existe un plantel alternativo en condiciones más adecuadas. Solicita que se declare con lugar el recurso, al considerar lesionados sus derechos fundamentales.\n\nII.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a entrar a analizar por el fondo -por la presunta violación a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-2545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículo 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte – como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta por diversos factores contaminantes que presuntamente no han sido atendidos.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)      La recurrente tiene 79 años (véase el escrito de interposición).\n\nb)      El 10 de julio de 2024, la tutelada presentó una denuncia ante la Municipalidad de Heredia, donde se asignó el número de caso 4832763. En dicha gestión, reportó lo siguiente: “En la empresa Rabsa de la entrada del Cementerio 50 metros al oeste, se queja de que reciclen la basura, además, hay un camión que deja mucho el rato el motor prendido ella cuida a unos adultos mayores, una hermana enferma y ella es adulta mayor, también, enfermo y eso le llena la casa de humo y los cuartos. Solicita le colaboran con lo del carro y lo del reciclaje.” (véase el informe de la autoridad recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\nc)      La amparada reside al costado norte del cementerio central de Heredia (véase el informe de la autoridad recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\nd)      La Municipalidad de Heredia cedió a la empresa recolectora de residuos un espacio dentro del plantel municipal, ubicado a aproximadamente 400 metros de la vivienda de la recurrente, para realizar transbordos de residuos. En caso de no poder usar dicho espacio, estos transbordos se realizan al costado oeste del cementerio, a unos 150 metros de la vivienda de la accionante (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\ne)      El inmueble utilizado por la empresa recolectora no constituye un relleno sanitario ni un depósito de residuos, sino una bodega u oficina donde se resguardan equipos y vehículos de trabajo, y se ubica en un sector de uso mixto, tanto comercial como residencial (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\nf)       La empresa Service Waste S.A. opera desde un centro ubicado 50 metros al oeste de la entrada principal del cementerio de Heredia (véase el informe de la autoridad recurrida y la prueba aportada al expediente digital)\n\ng)      Los colaboradores de la empresa estacionan motocicletas y camiones recolectores en la vía pública, frente a las instalaciones de la empresa, y no frente a la vivienda de la accionante. Asimismo, dichos colaboradores empiezan a llegar alrededor de las 5:30 a.m., se estacionan y luego se trasladan en camiones o a pie a otros sectores para iniciar sus labores diarias (véase el informe de la autoridad recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\nh)      La recolección de residuos que realiza la empresa consiste en limpieza de alcantarillado, cordón de caño y aceras, sin utilización de camiones durante el recorrido, pues los desechos se colocan en barriles y luego se trasladan a un camión que se retira del sitio (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital).\n\nIV.- HECHO NO PROBADO. No se estima debidamente demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:\n\nÚnico: Que la tutelada haya presentado alguna gestión administrativa reportando la reanudación de problemática expuesta.  \n\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. La parte recurrente sostiene que el amparado, una persona adulta mayor de 79 años ha experimentado afectaciones constantes en su derecho a un ambiente sano y a la tranquilidad por las actividades desarrolladas por la empresa RABSA, contratada por la Municipalidad de Heredia para la recolección de residuos sólidos. Indica que dicha empresa utiliza un plantel ubicado a escasos 50 metros de la entrada principal del Cementerio de Heredia, en donde se almacenan utensilios y se estacionan camiones y motocicletas. Señala que diariamente, desde tempranas horas, las motocicletas generan contaminación sónica al acelerar repetidamente, mientras que los camiones recolectores permanecen encendidos durante largos períodos emitiendo gases contaminantes, además de propagar olores nauseabundos provenientes de residuos acumulados. Agrega que también se realizan trasvases de basura en plena vía pública y que las condiciones de operación provocan obstrucción del paso peatonal y vehicular. Aduce que, pese a gestiones realizadas ante la Municipalidad de Heredia, la situación persiste con igual intensidad desde hace seis meses, afectando su salud y calidad de vida, así como la de otras personas en condición de vulnerabilidad. Por tales razones, estima que se han vulnerado sus derechos constitucionales y solicita declarar con lugar el recurso.\n\nEn el presente asunto, esta Sala no verifica la violación de los derechos fundamentales de la parte amparada, pues del análisis del expediente no se desprende una conducta atribuible a las autoridades y empresa recurridas que, por su entidad y efectos, amerite la intervención de este Tribunal.\n\nEn primer término, consta que la amparada reportó ante la Municipalidad de Heredia varias de las circunstancias denunciadas en este proceso, tales como el funcionamiento del plantel ubicado a escasos metros del Cementerio de Heredia, la emisión de gases y humos por parte de camiones encendidos por largos períodos, la contaminación sónica producida por motocicletas a tempranas horas, y la ejecución de maniobras operativas vinculadas al reciclaje o manipulación de residuos. No obstante, del escrito de interposición se desprende que ella misma reconoció que había experimentado una mejora tras gestiones anteriores realizadas ante la Oficina de Limpieza de Vías. Sin embargo, no se tiene por demostrado que haya acudido nuevamente a la Administración cuando, según afirma, la problemática se reanudó con igual intensidad desde hace seis meses. Esta omisión resulta determinante, en tanto impide atribuir a la autoridad recurrida un conocimiento actualizado del supuesto agravamiento de los hechos y, por ende, cualquier inacción frente a esa situación.\n\nPor otra parte, los informes rendidos por la Municipalidad de Heredia –bajo la solemnidad de juramento– descartan de manera categórica que los hechos denunciados configuren irregularidades susceptibles de afectar derechos fundamentales. En efecto, se indicó que el inmueble utilizado por la empresa contratista no constituye un relleno sanitario ni un centro de transferencia de residuos, sino que sirve exclusivamente como punto de resguardo de herramientas de trabajo y oficinas administrativas. Asimismo, se detalló que únicamente una unidad de carga liviana pernocta en el sitio y que, por las características del servicio que se presta, no se utilizan camiones durante los recorridos, sino que los desechos se acopian en barriles y luego se trasladan fuera del lugar. Este contexto permite descartar que las maniobras señaladas por la tutelada –como la emisión prolongada de gases o la presencia continua de residuos–tengan el grado de intensidad, permanencia o cercanía suficiente para configurar una lesión al derecho a un ambiente sano o a la salud.\n\nEn lo que respecta al ruido generado por motocicletas, si bien se admite que algunos colaboradores llegan al sitio desde horas tempranas utilizando este medio de transporte, lo cierto del caso es que no se acreditó que los niveles de sonido sean desproporcionados o incompatibles con el entorno, el cual corresponde a una zona de uso mixto donde confluyen residencias y actividades comerciales.\n\nEn relación con el alegado trasvase de residuos en la vía pública, se tiene por demostrado que la Municipalidad cedió un espacio dentro del plantel municipal –ubicado a unos 400 metros de la vivienda de la accionante– para realizar esas maniobras, y que solamente en casos excepcionales estas se efectúan al costado oeste del Cementerio de Heredia, lo cual, según el propio informe municipal, dista aproximadamente 150 metros del domicilio de la tutelada. Aunado a ello, la autoridad informó que tales procedimientos se realizan de manera rápida y coordinada, sin obstrucción del paso peatonal ni evidencia de derrames o acumulación de residuos en el sitio.\n\nDe esta manera, se aprecia las actuaciones descritas por la parte recurrente, en tanto se derivan del funcionamiento ordinario de un servicio público esencial, no resultan per se contrarias a la Constitución ni evidencian una desviación del marco legal que rige su ejecución. Por las razones expuestas, esta Sala concluye que no se acredita en autos la existencia de una conducta omisiva, negligente o arbitraria imputable a la autoridad municipal recurrida que justifique la estimatoria del presente recurso. En consecuencia, lo procedente es desestimar el amparo, como en efecto se hace.\n\nVI.- Tampoco se verifica una actuación lesiva por parte de la empresa recurrida, en tanto los informes rendidos por la autoridad municipal bajo juramento descartan circunstancias que puedan configurar una afectación a los derechos fundamentales de la accionante atribuible a dicha sociedad. Los elementos aportados permiten tener por demostrado que el inmueble utilizado no se destina al depósito de residuos, sino al resguardo de equipo de trabajo y oficinas administrativas, y que las operaciones de traslado y recolección se desarrollan conforme a parámetros regulares, sin evidencia de irregularidades. Así, en ausencia de prueba en contrario y considerando lo acreditado en autos, no se configura una conducta violatoria de derechos fundamentales atribuible a la empresa accionada.\n\nVII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre137  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNombre9290  .\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNombre151  N.\n\n\n\n\nNombre29921   A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n J3UL3P9SVCI61\n\nEXPEDIENTE N° 25-021293-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:22:10.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 30035 - 2025\n\nDate of Resolution: September 19, 2025, at 9:30 a.m.\n\nCase File: 25-021293-0007-CO\n\nDrafted by: Ileana Sánchez Navarro\n\nType of matter: Amparo action\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\nExp: 25-021293-0007-CO\n\nRes. No. 2025030035\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the nineteenth of September, two thousand twenty-five.\n\nAmparo action processed under case file number 25-021293-0007-CO, filed by Nombre122140, identity card CED96829, against the MUNICIPALITY OF HEREDIA and RECOLECTORA AMBIENTAL DE BASURA SOCIEDAD ANÓNIMA -RABSA-.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By written submission filed before this Chamber at 11:57 a.m. on July 21, 2025, the petitioner filed an amparo action against the Municipality of Heredia and RABSA. She states that she is an older adult, 79 years of age. She indicates that on July 13, 2024, she was a direct witness to the emptying of waste from a small truck into a larger capacity one on the west side of the Heredia Cemetery, which generated an intense stench that impeded pedestrian transit and evidenced unsanitary conditions in RABSA's operation at that location. She narrates that, for quite some time, she has experienced disturbances arising from the operation of a facility located approximately 50 meters west of the main entrance of the Heredia Cemetery, belonging to the company RABSA, contracted by the Municipality of Heredia for solid waste collection. At that site, employees store work tools and park motorcycles and collection trucks at the end of their workdays. Daily, from around 5:30 a.m., motorcycles belonging to company employees generate noise pollution (contaminación sónica) by repeatedly revving their engines, interrupting rest and affecting the tranquility of those living in the area. Additionally, these motorcycles obstruct the vehicular space in front of the facility, preventing the entry and exit of collection trucks, which must be parked on the public road, directly in front of homes, less than 20 meters from the facility. During the mornings, the collection trucks remain running for prolonged periods, emitting polluting gases such as carbon dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide, and unburned hydrocarbons, which produces nauseating odors derived from organic waste collected in previous days, forcing her to keep doors and windows closed from early morning to prevent these odors from entering homes. Likewise, waste handling is carried out on the public road via garbage transfers from small trucks to others of greater capacity during daytime hours, directly affecting the environment, public health, and free transit on sidewalks and streets. She argues that, approximately one year ago, the petitioner appeared before the Road Cleaning Office of the Municipality of Heredia, which acknowledged that the company RABSA is an external contractor and that the municipality has limited control powers over its operations. As a result of that effort, a temporary reduction in engine revolutions was achieved, an improvement that was sustained for approximately four months (see evidence provided). However, for the past six months, the problem has returned with the same intensity. She points out that there is another municipal facility, located just 200 meters southeast of the cemetery, with greater capacity and more suitable conditions for the management and operation of this type of vehicle, without directly affecting the neighboring population. She affirms that the local community has discussed this situation, which represents a threat to health, especially for older adults, minors, and individuals with respiratory conditions, and constitutes a possible transgression of their constitutional rights, particularly given her condition of double vulnerability. She requests that the action be granted.\n\n2.- By resolution at 8:01 p.m. on August 22, 2025, the Presidency of the Chamber admitted this constitutional proceeding and granted a hearing to Miguel González Rodríguez, passport Placa22308, in his capacity as president and judicial and extrajudicial representative of RABSA; likewise, a report was requested from the Mayor of Heredia, so that they may address the facts alleged by the petitioner.\n\n3.- By written submission incorporated into the digital case file at 12:36 p.m. on September 5, 2025, Ángel Ileana Aguilar Vargas, in her capacity as Mayor of Heredia, reports under oath as follows:\n\n\"I. REGARDING THE PETITIONER'S ARGUMENTS. The petitioner indicates that on July 7, 2024 (approximately one year and one month ago) she witnessed the emptying of waste from a small truck into a larger one on the west side of the Heredia cemetery, which generated an intense stench that - in her opinion - impeded pedestrian passage and generated unsanitary conditions in RABSA's operation. She indicates that she experienced disturbances arising from the operation of a facility located 50 meters from the cemetery entrance where work tools are stored and motorcycles and trucks are parked at the end of their workdays. She states that workers start the motorcycles, which generates noise pollution (contaminación sónica) and obstruction. She indicates that she appeared before the Road Cleaning Office of the Municipality and a reduction in motorcycle revolutions was achieved, but it lasted for four months. She indicates that there is a facility 200 meters from the cemetery with better conditions for this procedure. II. REGARDING THE OPERATIONS OF THE WASTE COLLECTION COMPANY ON PUBLIC ROADS. Before addressing the allegations of the action, it is fundamental to clarify that the Municipality is not responsible for the premises or establishment used by the company providing the waste collection service on the canton's streets. Indeed, the owner or lessee of the property used by the company providing the service is responsible for the use and enjoyment of the premises, without this Local Government being able to restrict or dispose of the implements or goods stored there, or of the people who come to the site; consequently, if employees or suppliers come to the place, my represented entity cannot prevent this situation, which is entirely outside the contractual relationship it maintains and which originates from a bidding process. How and where the company stores its cleaning equipment does not form part of the obligations or conditions regulated in the bidding process, and the contractor is exclusively responsible for safeguarding its assets. Similarly, the alleged noise pollution (contaminación sónica) from the motorcycles that come to the place is not within the purview of the municipal administration, nor do we have the competence to make preventions or regulations of that nature, the competent entity in that field being the Ministry of Health. Another detail is that the property used by the company in question is located on the north side of the Cemetery and is situated in a mixed-use sector, meaning that commercial and residential use converge in the area, a situation that entails not only the presence of different commercial activities at the site but also the existence of dwellings. Additionally, it is fundamental to clarify that the premises in question is not a landfill (relleno sanitario), an environmental park, or a repository for collected waste, being only a property where the equipment of the employees of the company that provides us the service is stored. [...] As can be seen, the premises is not intended for garbage disposal and serves as a warehouse or offices for the company. III. REGARDING THE GROUNDS FOR THE AMPARO ACTION 1. By official letter CARTA-MH-AMH-DSC-OA-085-2025, which is attached to the case file, Mr. Nombre122141, Head of Street Cleaning, reports that a space within the municipal facility was ceded to the company providing the service so that they can carry out waste transfers; this land is located approximately 400 meters from the protected party's home. Mr. Nombre122141 reports that, in the event they cannot use the facility to carry out a waste transfer, these are performed on the west side of the cemetery at an approximate distance of 150 meters from the petitioner's home and never in front of the company's installations. [...] [...] [...] 2. In relation to the noise pollution (contaminación sónica) that the petitioner indicates is produced by the employees' motorcycles, it should be noted that the Municipality has no control over the use of those means of transport by the company's employees. This means of transport has increased substantially, without my represented entity being able to impede or restrict it, so it is inappropriate to intend to attribute responsibility to us for such a circumstance. The company's workers park their vehicles on the sidewalk in front of the premises where they work; this is a sector where there is no restriction since it is a wide road, and they do not park in front of the protected party's home. This also leads us to indicate that there are no evidentiary elements, at least that would lead one to presume, that the presence of those vehicles in the sector generates pollutants like carbon dioxide, nitrogen oxides, and carbon monoxide in an excessive or high proportion. For these purposes, it must be considered that the waste collection carried out by this company is from sewers, gutters (cordón de caño), and sidewalks, so trucks are not used during the route but rather they move with barrels where they deposit what is collected; this waste is then transferred to a truck that leaves the site, without any contamination of such magnitude as presumed by the petitioner being evident, at least with any degree of proof. The technical area indicates that the processes of transferring personnel to various sites are quick given that they must begin providing the service, so no evidentiary elements are observed that prove what the protected party alleges. 3. In relation to the obstruction of vehicular space by the parking of motorcycles at the site, it can be seen in the following photographs that the private company's employees park their motorcycles and vehicles on the side of the cemetery and at a considerable distance from the homes. The public road in that sector is wide, and no obstruction of homes or vehicular passage is observed, precisely because of the dimensions of the road. As a Local Government, we are responsible for attending to and ensuring the needs of the community; in the case at hand, actions beyond our control are attributed to us; however, we have adopted collaborative actions with the company providing the service so that no impacts are caused to the neighbors, and our commitment is to maintain that constant communication, without us being able to have control over the actions of third parties. [...] [...] 4. In relation to environmental contamination and the stench that is generated, no evidentiary elements, at least of a summary nature, are observed that demonstrate this circumstance. The operation carried out by the private company must comply with the corresponding sanitary regulations, and the oversight by the technical area has allowed for greater controls to be exercised, to the point that they have been provided a space in the municipal facility to carry out the waste transfer (transbordo); regarding the obstruction of pedestrian passage, official Viquez Morera indicates that this occurs normally, the trucks do not obstruct them, and the waste collection operations have been coordinated with the company so as not to cause any type of impact. The photographs provided by the protected party are illegible, with no possibility of verifying any type of anomaly in the municipal action, which is the object of verification through this action. From the same evidence provided by the protected party, it is evident that my represented entity has always sought to attend to the efforts she makes, and solutions have been sought when she has exposed problems such as those that originate the present action, so there is no inaction of any kind on the part of this Local Government. It can be seen that, derived from the efforts we made, the company in charge of providing the service made adjustments to the waste collection process, [...] [...]\"\n\n4.- By written submission incorporated into the digital case file at 4:35 p.m. on September 5, 2025, Carlos López Alvarado, in his capacity as general attorney-in-fact of the company Costa Rica Waste Service S.A., with legal identification number CED96830, appeared in the proceeding and stated the following:\n\n\"II. REGARDING THE VERACITY OF THE FACTS\n\n1) Grupo Empresarial Rabsa is a conglomerate that includes different corporate names, among them Costa Rica Waste Service S.A., responsible for the Street and Road Cleaning Service of the Municipality of Heredia. It is pertinent to reiterate that Recolectora Ambiental de Basura RABSA S.A. is not the operator of the service in question.\n\n2) Costa Rica Waste Service S.A. has all valid municipal and sanitary authorizations, among them:\n\na) Sanitary Operating Permit issued by the Ministry of Health.\n\nb) Municipal License (Patente Municipal) up to date, issued by the Municipality of Heredia. Documentation provided in Annex I.\n\n3) The facility does have all the equipment and tools necessary for providing the service (brushcutters (moto guadañas), blowers, brooms, shovels, among others), the required administrative offices, and a small adrall-type unit corresponding to unit L-85 of our fleet, which is the only unit that stays overnight within the installations described here.\n\n4) The company's employees are trained to start work at 6:00 a.m., and, in some cases, some of them arrive earlier at the installations using their personal motorcycles. These vehicles are not part of the company's fleet, so it is not possible to attribute responsibility for their use to the company. Likewise, it is not correct to affirm that such units generate noise pollution (contaminación sónica) that affects the tranquility of the area, since no improper operations are carried out on the public road, given that they park in a site permitted by law. For greater clarity, photographs of the units' location are provided in Annex II.\n\n5) Only one Adrall-type unit, identified in our fleet as L-85, which corresponds to a light-duty vehicle, stays overnight at the site. This unit does not generate significant noise, as it can be compared to a conventional automobile. Likewise, it has the Vehicle Technical Inspection (Revisión Técnica Vehicular, RTV), road tax (Marchamo), and other permits up to date, which guarantees compliance with legal parameters regarding noise and emissions.\n\nOn the other hand, the heavy-duty collection unit that normally performs the solid waste collection at the site corresponds to 2147. This unit does not stay overnight at the Heredia installations, but at our station designated for parking our fleet located in Montecillos de Alajuela. Like the previous one, it is up to date with RTV, road tax (Marchamo), and other permits, which ensures its compliance with current regulations regarding emissions and noise. Documentation for both units is provided in Annex III.\n\n6. The starting of the trucks at the site only occurs when they come to the offices to begin work or to carry out some administrative procedure. This maneuver is carried out very briefly and, as indicated, always in compliance with all the vehicle's regulatory documentation, since the braking tests and other checks performed at the start of the workday are carried out at our main facility located in Alajuela.\n\n7. Regarding the alleged handling of waste on the public road, this does not correspond to the factual reality. The facility is used solely for the storage of equipment and administrative personnel. The collection and disposal of waste is carried out at sites authorized by the Municipality, in compliance with current sanitary and environmental regulations.\n\n8. The start of work in the early hours is due to the essential public service nature of waste collection, for the sake of protecting public health and environmental sanitation (salubridad ambiental). The jurisprudence of the Constitutional Chamber has indicated that these services must be guaranteed continuously and efficiently, it being reasonable for their start to occur at times that allow the daily routes to be completed before vehicular and pedestrian traffic increases.\n\n9. Regarding the loading of waste, it is necessary to specify that collection is carried out on the public road (where the users are) and that, on some occasions, transfer maneuvers are performed between units of different capacities. This constitutes a completely regular operational practice in this type of service. It must be considered that the waste collected in this service is not left on public roads, so it is not the same as waste left on the road in other cases; likewise, while this type of transfer (transbordo) or loading of waste may be noticeable to citizens at this site, the form of operation was changed, such that, if a transfer is required, it is carried out inside the Municipal Facility of the sector, which is located away from our offices, taking into account important measures to minimize the impact of the practice, such as:\n\n• Transfers (Transbordos) are carried out quickly and in a controlled manner, avoiding the prolonged presence of waste on the road.\n• The operating personnel are trained to perform the maneuver without spills and in compliance with occupational and sanitary hygiene standards.\n• After each workday, the units are subjected to cleaning and disinfection processes, which prevents the accumulation of waste in the vehicle bodies and the generation of persistent odors.\n\nIn this way, the operation is carried out within normal parameters of an essential public service, with effective controls that prevent negative impacts on the community.\n\n10. Regarding the alleged impact on minors, older adults, or persons with respiratory conditions, the petitioner does not provide technical or medical evidence demonstrating a causal link with the operations of the facility, where, we repeat, only equipment is stored and administrative matters are handled. Lacking probative support, said claim cannot be accepted.\"\n\n5.- The legal requirements have been observed in the procedures followed.\n\nDrafted by Magistrate Sánchez Navarro; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner states that, in her condition as a 79-year-old older adult, she has been the victim of serious environmental disturbances caused by the operations of the company RABSA, contracted by the Municipality of Heredia for waste collection. She argues that, for the past six months, harmful practices that affect her environment and health have resumed, such as noise pollution (contaminación sónica) from early hours, the emission of gases and foul odors from collection trucks, as well as the transfer of waste on public roads. She highlights that on July 13, 2024, she was a direct witness to one of these maneuvers, which generated an unbearable stench. She indicates that, although in the past the efforts made before the Municipality produced temporary improvements, the problem persists with the same intensity, without definitive measures being adopted, despite the existence of an alternative facility under more suitable conditions. She requests that the action be granted, considering her fundamental rights violated.\n\nII.- PRELIMINARY ISSUE. Before proceeding to an analysis on the merits - regarding the alleged violation of a prompt and complete procedure - it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-2545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve an administrative procedure by final act – initiated ex officio or at the request of a party – and to hear admissible administrative appeals. Precisely, this action raises a case of exception, as it involves a complaint filed regarding various contaminating factors that have presumably not been addressed.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent party has omitted to refer to them as provided for in the initial order:\n\na) The petitioner is 79 years old (see the filing document).\n\nb) On July 10, 2024, the protected party filed a complaint before the Municipality of Heredia, where case number 4832763 was assigned. In that effort, she reported the following: \"At the Rabsa company at the entrance of the Cemetery 50 meters west, she complains that they recycle garbage, also, there is a truck that leaves the engine running for a very long time, she cares for some older adults, a sick sister, and she is an older adult, also sick, and that fills her house with smoke and the rooms. She requests assistance with the car and the recycling issue.\" (see the report of the respondent authority and the evidence provided in the digital case file).\n\nc) The protected party resides on the north side of the central cemetery of Heredia (see the report of the respondent authority and the evidence provided in the digital case file).\n\nd) The Municipality of Heredia ceded to the waste collection company a space within the municipal facility, located approximately 400 meters from the petitioner's home, to carry out waste transfers (transbordos). In the event this space cannot be used, these transfers are carried out on the west side of the cemetery, about 150 meters from the petitioner's home (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided in the digital case file).\n\ne) The property used by the collection company does not constitute a landfill (relleno sanitario) or a waste repository, but rather a warehouse or office where work equipment and vehicles are stored, and it is located in a mixed-use sector, both commercial and residential (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided in the digital case file).\n\nf) The company Service Waste S.A. operates from a center located 50 meters west of the main entrance of the Heredia cemetery (see the report of the respondent authority and the evidence provided in the digital case file).\n\ng) The company's employees park motorcycles and collection trucks on the public road, in front of the company's installations, and not in front of the petitioner's home. Likewise, these employees start arriving around 5:30 a.m., park, and then move by trucks or on foot to other sectors to begin their daily work (see the report of the respondent authority and the evidence provided in the digital case file).\n\nh) The waste collection performed by the company consists of cleaning sewers, gutters (cordón de caño), and sidewalks, without the use of trucks during the route, as the waste is placed in barrels and then transferred to a truck that leaves the site (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided in the digital case file).\n\nIV.- UNPROVEN FACT. The following fact of relevance for this resolution is not deemed duly demonstrated:\n\nOnly: That the protected party has filed any administrative action reporting the resumption of the problems presented.\n\nV.- ON THE SPECIFIC CASE. The petitioner maintains that the protected party, a 79-year-old older adult, has experienced constant impacts on her right to a healthy environment and tranquility due to the activities carried out by the company RABSA, contracted by the Municipality of Heredia for solid waste collection. She indicates that said company uses a facility located a scant 50 meters from the main entrance of the Heredia Cemetery, where tools are stored and trucks and motorcycles are parked. She points out that daily, from early hours, the motorcycles generate noise pollution (contaminación sónica) by repeatedly revving, while the collection trucks remain running for long periods, emitting polluting gases, in addition to spreading nauseating odors from accumulated waste. She adds that garbage transfers are also carried out on the public road and that the operating conditions cause obstruction of pedestrian and vehicular passage. She argues that, despite efforts made before the Municipality of Heredia, the situation persists with the same intensity for the past six months, affecting her health and quality of life, as well as that of other persons in vulnerable conditions. For these reasons, she considers that her constitutional rights have been violated and requests that the action be granted.\n\nIn the present matter, this Chamber does not verify a violation of the fundamental rights of the protected party, since the analysis of the case file does not reveal any conduct attributable to the respondent authorities and company that, due to its nature and effects, warrants the intervention of this Court.\n\nIn the first place, it is recorded that the protected party reported to the Municipality of Heredia several of the circumstances denounced in this proceeding, such as the operation of the facility located a few meters from the Heredia Cemetery, the emission of gases and smoke from trucks left running for long periods, the noise pollution (contaminación sónica) produced by motorcycles in the early hours, and the execution of operational maneuvers related to the recycling or handling of waste. However, it is evident from the filing document that she herself acknowledged having experienced an improvement after previous efforts made before the Road Cleaning Office. Nevertheless, it has not been demonstrated that she again approached the Administration when, according to her, the problems resumed with the same intensity six months ago. This omission is decisive, as it prevents any updated knowledge of the alleged worsening of the facts from being attributed to the respondent authority and, therefore, any inaction in the face of that situation.\n\nOn the other hand, the reports rendered by the Municipality of Heredia – under the solemnity of oath – categorically rule out that the denounced facts constitute irregularities capable of affecting fundamental rights. Indeed, it was indicated that the property used by the contractor company does not constitute a landfill (relleno sanitario) or a waste transfer center (centro de transferencia de residuos), but rather serves exclusively as a storage point for work tools and administrative offices. Likewise, it was detailed that only one light-duty unit stays overnight at the site and that, due to the characteristics of the service provided, trucks are not used during the routes; instead, the waste is collected in barrels and then transferred away from the place. This context allows us to rule out that the maneuvers pointed out by the protected party – such as the prolonged emission of gases or the continuous presence of waste – have the degree of intensity, permanence, or proximity sufficient to constitute an injury to the right to a healthy environment or to health.\n\nRegarding the noise generated by motorcycles, although it is admitted that some employees arrive at the site from early hours using this means of transport, the truth of the matter is that it was not proven that the sound levels are disproportionate or incompatible with the environment, which corresponds to a mixed-use zone where residences and commercial activities converge.\n\nIn relation to the alleged waste transfer on the public road, it has been demonstrated that the Municipality ceded a space within the municipal facility – located about 400 meters from the petitioner's home – to carry out these maneuvers, and that only in exceptional cases are these performed on the west side of the Heredia Cemetery, which, according to the municipal report itself, is approximately 150 meters from the protected party's domicile. In addition to this, the authority reported that such procedures are carried out quickly and in a coordinated manner, without obstruction of pedestrian passage or evidence of spills or accumulation of waste at the site.\n\nIn this way, it is observed that the actions described by the petitioner, insofar as they derive from the ordinary functioning of an essential public service, are not per se contrary to the Constitution, nor do they evidence a deviation from the legal framework governing its execution.\n\nFor the reasons stated, this Chamber concludes that the record does not demonstrate the existence of an omissive, negligent, or arbitrary conduct attributable to the appellant municipal authority that would justify granting this appeal. Consequently, the appropriate course is to dismiss the amparo, as is hereby done.\n\nVI.- Nor is any harmful action verified on the part of the appellant company, as the reports rendered by the municipal authority under oath rule out circumstances that could constitute an impact on the fundamental rights of the claimant attributable to said company. The evidence provided allows it to be taken as demonstrated that the property used is not destined for waste deposits, but rather for the safeguarding of work equipment and administrative offices, and that the transfer and collection operations are carried out in accordance with regular parameters, with no evidence of irregularities. Thus, in the absence of proof to the contrary and considering what has been demonstrated in the record, no conduct violating fundamental rights attributable to the respondent company is established.\n\nVII.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, the entities that must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it corresponds exclusively to this Court to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch,\" approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is declared without merit. Judge Castillo Víquez sets down a note.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre137  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNombre9290  .\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNombre151  N.\n\n\n\n\nNombre29921   A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlexandra Alvarado P.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n J3UL3P9SVCI61\n\nEXPEDIENTE N° 25-021293-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:22:10.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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